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Nuevo POS, una pelea sin fin

Mientras el Gobierno insiste en que el sistema de salud comenzará a andar como un reloj entre marzo y abril, las asociaciones de pacientes se siguen quejando. ¿Quién tiene la razón?

11 de enero de 2012 - 10:16 p. m.
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El miércoles, desde el Instituto Nacional de Cancerología, que por varias décadas marcó la pauta en los tratamientos contra el cáncer en el país, pero luego decayó por culpa de la ley 100, el presidente Juan Manuel Santos presentó oficialmente el nuevo Plan Obligatorio de Salud (POS) y prometió la implementación de algunas medidas en el sector.

Santos recordó que con la actualización hecha al POS en diciembre del año pasado, en la que se añadieron 48 principios activos, 45 procedimientos y 4 dispositivos médicos, “el sistema de salud queda al día”. Se refería al cumplimiento de una orden impartida por la Corte Constitucional. El problema es que la más grande inclusión al POS que se ha hecho desde que se creó la ley 100 apareció en un momento en que prácticamente todos los actores del sistema ya están de acuerdo en que un plan de beneficios como se conoce hoy es un mecanismo obsoleto.

Por esto, Santos prefirió poner énfasis en una nueva promesa. “Estamos concentrando esfuerzos para entregarle al país un nuevo plan de beneficios universal que superará al que estamos presentando hoy”, indicó el mandatario.

No sólo eso. Santos anunció que en los próximos meses continuarán los esfuerzos para unificar los planes de beneficios de los ciudadanos entre 18 y 44 años, de tal suerte que para 2013 haya un mismo plan para toda la población. Otra de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional desde 2008 (sentencia T-760).

Santos señaló además que la atención en los hospitales y clínicas del país se debe dar simplemente con la presentación del documento de identidad, que la asignación de citas tienen un plazo máximo de tres días para medicina general y para odontología, que las EPS deben implementar herramientas eficientes para pedir citas por teléfono o por internet y que no se pueden exigir certificados de estudio para los menores de 25 años a la hora de mantener su afiliación. También pidió reducir a 48 horas el tiempo que tienen las EPS para entregar medicamentos.

“Además de todo esto, la salud tiene —este año— $2 billones adicionales a los que tenía el año pasado”, aseveró el mandatario.

Críticas de pacientes

Desde que la actualización del POS se conoció en diciembre, las asociaciones de pacientes han dejado claro que les sigue pareciendo insuficiente. Néstor Álvarez, quien representa a los pacientes de alto costo cree que “actualización” es una palabra demasiado ambiciosa para referirse a la reciente inclusión de medicamentos y tecnologías.

Álvarez asegura que la mayoría de peticiones que se hicieron al Gobierno no quedaron en el listado: pañales para pacientes en unidades de cuidado intensivo, algunos medicamentos para epilépticos, transporte en ambulancia hasta la clínica, entre otras.

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Dice que persiste una gran brecha entre lo que manda la ley, lo que promete el Gobierno y lo que ejecutan las EPS. En el caso de medicamentos, recordó que “cerca del 50% de tutelas que interponen los pacientes corresponden a reclamos de cosas incluidas en el POS”.

Defensoría insatisfecha

No sólo llovieron quejas sobre el nuevo POS desde el lado de los pacientes. Ayer, la Defensoría del Pueblo aseguró que la Comisión de Regulación en Salud (CRES) y el Ministerio de Salud “siguen en deuda con la salud de los colombianos”.

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La Defensoría consideró que para la actualización del POS, “no se tuvieron en cuenta los estudios de tutelas durante los últimos 10 años y en los cuales se identifican las actividades, los procedimientos, los medicamentos y demás servicios en salud más requeridos por los usuarios”.

Según estos estudios las solicitudes más frecuentes, no incluidas, son: medicamentos como pregabalina y memantina; citas médicas para neuropsicología; angiograma cerebral y estudio electrofisiológico cardíaco percutáneo; tratamientos para rehabilitación neuropsicológica y rehabilitación de adicciones; pañales para pacientes con patología que los requiera; exámenes de cariotipo y test de clonidina, y manometría esofágica.

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“Las autoridades del sector salud tendrán que hacer esfuerzos mayores para garantizar recursos suficientes y que el POS tenga un carácter integral, como lo ordena la Corte Constitucional”, concluyó la Defensoría del Pueblo.

Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación de Clínicas y Hospitales se unió a las críticas y en una carta al presidente Santos dijo en diciembre que “las señales que ha dado el Gobierno a través de diferentes voceros han generado en el sector prestador dudas sobre cuál es la modalidad de Plan Obligatorio de Salud que van a tener los ciudadanos en el mediano y largo plazo”. Según Giraldo, el Gobierno habla simultáneamente de un plan para tratar todas las enfermedades sin excepción, de actualizaciones y unificaciones del POS actual y de un plan basado en un listado de lo que definitivamente no pagará el sistema.

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¿Quién tiene la razón?

Llama la atención que mientras el Gobierno presenta la actualización del POS como uno de sus principales méritos en 2011, “un avance monumental”, las asociaciones de pacientes y de médicos continúan expresando su desacuerdo.

“El POS se ha convertido en el campo de batalla de intereses”, explica el médico y economista Fernando Ruiz. Mientras los laboratorios luchan para que sus fármacos entren en el listado, los pacientes que han conformado asociaciones presionan para que sus medicamentos también lo hagan y los médicos buscan más libertad.

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Como lo dejó saber el experto en una columna titulada El nuevo POS no convence, publicada por El Espectador en diciembre, “es necesario pensar un plan de beneficios donde se integren los aspectos preventivos como curativos y se estructure un modelo integrado de atención”. Algo que el Gobierno ha prometido, pero que aún no está claro cómo lo va a lograr.

En otras palabras, el esfuerzo del Gobierno por actualizar el POS constituye un avance, pero está lejos de resolver los miles de inconvenientes que genera el diseño mismo del sistema.

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Sandra Camacho, médica especialista en salud pública y actualmente vinculada al gremio de las EPS, considera que el nuevo POS tendrá sin duda varios impactos positivos en la salud de los colombianos. Especialmente en salud mental, atención en pediatría y pacientes diabéticos.

Lo cierto es que más allá de las opiniones de lado y lado, es temprano para evaluar con objetividad los impactos que tendrán las medidas tomadas por el Gobierno en cabeza del ex ministro Santa María y ahora Beatriz Londoño quien lo releva en el cargo (ver nota anexa). La buena voluntad con la que está afrontando los problemas del sector ha comenzado a generar por ahora un poco más de confianza entre los actores del sistema.

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