El juez Carlos Molina Portela fijó el 18 de diciembre, como la fecha de la subasta de Olivares de San Nicolás, a unos 700 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.
El pueblo, en el que viven unas 800 personas, ocupa unas 20 hectáreas de un campo de 2.216, la mayoría de ellas con plantaciones de olivo.
Los habitantes del lugar pidieron a la justicia que la superficie que ocupa el pueblo quede excluida de la subasta, cuestión que deberá resolver ahora un tribunal superior.
Eduardo De Luca, el abogado que los representa, dijo que los vecinos de Olivares de San Nicolás han apelado a tratados sobre derechos humanos para frenar la subasta e incluso ofrecido pagar al contado el valor de las 20 hectáreas que ocupa el pueblo.
Olivares de San Nicolás tiene una iglesia, un juzgado de paz, un destacamento policial, una escuela, una sala médica y un puñado de locales comerciales.