Que lo escuchen los organismos de justicia internacionales. Ese es uno de los caminos a los que le apuesta el alcalde Gustavo Petro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo invitó a dialogar el miércoles 18 de diciembre, como lo anunció el mandatario anoche ante miles de ciudadanos en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Este día también se cumple un año de la implementación del modelo de basuras por el cual fue destituido el alcalde por el procurador Alejandro Ordóñez. Sin embargo, para cumplir la cita el mandatario necesitará la aprobación del presidente Juan Manuel Santos.
Está por verse de que manera responde Santos ante el permiso pedido por el alcalde de Bogotá. De momento, éste sigue esperando un pronunciamiento directo de Santos a su favor.
Anoche, Petro además de hablar de la posibilidad que tiene ante las instancias internacionales y repetir sus críticas contra el procurador, insistió en que sólo el presidente Juan Manuel Santos es quien tiene la facultad para destituirlo, según la Constitución y la justicia. El alcalde busca a toda costa, una intervención del Gobierno. Incluso, aseguró que con la decisión del lunes, el procurador “le está vaciando las competencias constitucionales al Presidente de la República” y “se quiere tirar la posibilidad de la paz”.
Luego del revuelo político que generó el lunes la destitución de Petro y su inhabilidad para ejercer cargos públicos por 15 años, el presidente Juan Manuel Santos sólo se pronunció este viernes. Lo hizo minutos antes de que el alcalde comenzara su discurso en la Plaza de Bolívar y dijo que se reunirá individualmente con él y con los organismos de control, “para asegurarnos que las instituciones, como debe ser en una democracia fuerte, prevalezcan”.
En la comunicación de este viernes Santos no dio muestras de una posible intervención en el caso Petro como lo han pedido los Progresistas. Éstos argumentan que el artículo 323 de la Constitución Política limita al procurador para que termine con la carrera de un alcalde bogotano. En su mensaje el presidente apenas reiteró su papel como “guardián de la institucionalidad” a la vez que expresó su respeto al derecho del alcalde de “usar todos los recursos que la ley le compete”.
La decisión del procurador y la movilización emprendida por Petro, generaron tal revuelo político esta semana que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos en Colombia, Todd Howland le pidió una cita al procurador Ordóñez para hablar sobre los derechos de Petro a participar en política y además. También desató un choque entre la Fiscalía y la Procuraduría, que se agudizó en la tarde de ayer (ver página 4).
En cuanto a “la más grande movilización de la historia” agolpada en el centro de Bogotá, que pretendía lograr Petro ayer, los bogotanos marcharon desde las 11 de la mañana saliendo de las 20 localidades de la ciudad. Ésta fue la estrategia en la que se empeñaron esta semana los seguidores de la “Bogotá Humana” y acogió a líderes de diferentes sectores como la comunidad LGBTI, campesinos, hinchas de los equipos distritales e indígenas. Ayer la Guardia Indígena rodeó el Palacio Liévano y Luis Alfonso Acosta, líder del organismo, calificó la manifestación como «un juetazo al procurador».
Las movilizaciones, sin embargo, han generado críticas por la forma en que se ha volcado la administración a la convocatoria. Se sabe que el personero Ricardo Cañón envió derechos de petición a secretarios de la administración de Bogotá pidiendo cuentas sobre el número de funcionarios que participaron en las marchas y si hubo actos administrativos que ordenaran esta participación.
Por ahora, Petro quiere que los bogotanos acudan a su llamado de hacer las novenas en la Plaza de Bolívar y que el incipiente movimiento de indignados se mantenga hasta enero y sea nacional.