Un nuevo intento por reformar la educación superior en Colombia ya está en marcha. El Gobierno creó una urna virtual donde recibirá todos los aportes, los rectores han propuesto una metodología y los estudiantes aún no diefinen cómo será su participación. ¿Será posible lograr un acuerdo este año? El viceministro de Educación Superior, Javier Botero Álvarez, dice que las lecciones están aprendidas y esta vez la discusión se dará sin prisa pero sin pausa.
¿Cómo se va a concertar la nueva reforma?
Lo que está definido es que debe ser el resultado de un diálogo amplio. Creo que una de las razones de lo que pasó el año pasado fue que hubo personas que sintieron que no habían participado. Entonces, queremos propiciar ese diálogo. Que todo el que quiera aportar lo haga, pero de manera ordenada. Hemos planteado que se armen grupos de trabajo y hagan sus propuestas. Planteamos una manera de recoger los aportes. Una vez se recojan las propuestas habrá que definir con el mismo sector cómo se organiza todo. Los rectores han planteado crear una secretaría técnica que debe organizar los aportes.
¿Los interesados se pueden organizar como quieran?
Cada quien puede conformar un grupo y sentarse a trabajar. El producto de ese trabajo lo pueden poner en un casillero virtual que hemos creado (www.dialogoeducacionsuperior.edu.co). Los aportes serán organizados por una secretaría técnica. La idea es que de esto salga una política de Estado.
¿Cómo conformarían la secretaría técnica?
Con un equipo técnico. Con personas que sepan de gestión del conocimiento. No lo va a hacer el ministerio. Sólo lo financiamos. Lo mismo el casillero virtual. Consideramos que para que se de transparencia, debe operarlo un tercero. Estamos negociando con la universidad pública.
¿Qué garantía hay de que este proceso sí va a ser respaldado por el movimiento estudiantil?
Lo primero que hacemos es invitar a la MANE. Es una mesa protagonista. Pero no es la única. La educación superior no es de un grupo de estudiantes. Es de todo el país. El mensaje del presidente y la ministra es que construyamos entre todos esa política.
¿La discusión es sobre todo el modelo de educación superior?
La pregunta es qué educación queremos como país. Una de amplísimo acceso o una más concentrada. Queremos carreras más técnicas y tecnológicas o queremos, como lo plantean algunos grupos, una educación más profesional. En cuanto a financiación, los estudiantes piden gratuidad, pero hay que ver qué significa eso en términos de equidad, calidad, viabilidad y sostenibilidad fiscal.
Suena a que vamos a discutir hasta los orígenes de la universidad…
Hasta eso saldrá de las mesas (risas). Pero creo que el país debe dar esa discusión.
¿Qué enseñanza le dejó el proceso que fracasó el año pasado?
Muchas. Primero, que no basta con invitar a participar. Hay que lograr la participación. No basta con decir lo que uno piensa, porque el interlocutor puede entender cosas distintas. Y más en un sector público que debe garantizar que el mensaje llega y buscar las formas hasta que lo haga. Y ciertamente algo que nos dejó es que hay mucha gente que quiere opinar y hay que abrir esos espacios.
¿Cuánto tiempo va a tomar este proceso?
Uno quisiera ir rápido, pero creo que eso fue motivo de discordia y de reacción negativa el año pasado. Nosotros queríamos una ley, porque el marco legal de hoy no responde a las necesidades del siglo XXI. Pero por correr quedó el cansancio. Como dijo la ministra: esto lo afrontamos sin prisa, pero sin pausa.
¿Qué espera que salga?
Un proyecto de ley debe salir eventualmente. Pero por ahora tenemos lo que los ingleses llaman el white paper, un documento para poner allí las ideas de la política pública de educación superior.
¿La educación gratuita es posible?
Nosotros tenemos cálculos de eso. Serían mas de 60 billones de pesos. Eso significa tres veces todo lo que se invierte en educación hoy. Es una cifra descomunal que el país no tiene. Habría que partir de eso. Pero la primera pregunta que uno se hace es qué tan equitativa es esa idea. Uno puede decir que éso es equitativo, pero en el fondo no lo es. Porque hacer esa inversión es descuidar otros sectores, como la primera infancia, que es donde está el desarrollo del potencial de los niños.
¿No es una locura intentar poner de acuerdo a tantos grupos?
Estamos promoviendo que cada universidad tenga su mesa. Hay universidades que lo están haciendo. Pero esto no puede ser un consenso nacional. Al final, alguien seguirá pensando que debe haber gratuidad total. Al final, en caso de una ley hay un Gobierno democráticamente elegido y un Congreso que debe tomar las decisiones.