Cumpliendo órdenes del presidente electo, Juan Manuel Santos, los congresistas del gobierno de unidad nacional se posesionaron con la prioridad de presentar el proyecto que le da facultades especiales al Jefe de Estado para la creación de cinco ministerios y con el encargo (avalado también por el saliente gobierno de Álvaro Uribe) de aprobar el proyecto de regla fiscal que busca ahorrar recursos de la bonanza minero-energética para épocas de ‘vacas flacas’.
Los más confiados creen que en tres meses serían aprobadas las facultades extraordinarias por el Legislativo. Carlos Fernando Mottoa, de Cambio Radical, dijo que esas facultades son prioritarias para separar los ministerios del Trabajo y de Salud. “Creo que esas reformas son necesarias y vitales. Tengo la claridad que acompañaré como senador esas facultades”, dijo Mottoa, quien recordó que ya hay avances también para la separación del Ministerio del Interior y de Justicia.
En la legislatura que terminó, la Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto presentado por el saliente ministro Fabio Valencia. La iniciativa buscaba una reorganización de esta cartera, que en adelante sería denominada de Interior. Y una creación del Ministerio de Justicia y Derecho. La propuesta dice que en orden de precedencia, el de Interior sea el número uno y el de Justicia el tercero.
Pero los esfuerzos del nuevo Gobierno no se concentrarán exclusivamente en impulsar desde el Congreso los temas relacionados con la reorganización del Estado. Tal y como estaba previsto, este martes mismo los ministros saliente y entrante de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga y Juan Carlos Echeverry, radicaron en el Legislativo el proyecto de reforma constitucional que establece el derecho a la sostenibilidad fiscal, más conocido como la regla fiscal.
En términos más sencillos, la idea es que Colombia adopte un modelo similar al que la presidenta chilena Michelle Bachelet desarrolló para garantizar la estabilidad de la economía nacional a partir del ahorro de los recursos que ingresen al país como consecuencia del auge de la explotación minero-energética.
De acuerdo con los estudios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y con las masivas solicitudes de licencias para la explotación de minerales como el oro —y hasta coltán— Colombia estaría a punto de beneficiarse con un boom minero y la regla fiscal sería el camino para obligar al Gobierno a ahorrar parte de las millonarias inversiones que éste genere, con el objetivo de blindarse frente a las turbulencias de la economía global, el eventual deterioro de sectores no vinculados con la explotación en auge y la llamada ‘enfermedad holandesa’.