La controversia está abierta: en una decisión sin antecedentes el Tribunal Superior de Bogotá le pedirá a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue al expresidente Belisario Betancur para que determine su probable responsabilidad penal en la desaparición de 11 personas durante la retoma del Palacio de Justicia entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando fue atacado por un comando armado del M-19.
Al conocer la determinación, tanto el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, como el exviceministro de Justicia Rafael Nieto manifestaron que la CPI no tiene jurisdicción sobre crímenes cometidos en Colombia en 1985, año en el cual ocurrió el holocausto del Palacio de Justicia, porque ese organismo internacional sólo conoce de hechos ocurridos desde julio de 2002.
No obstante, para el Tribunal es importante que la CPI conozca del caso, pues los magistrados consideraron que Betancur nunca tuvo un juicio penal con relación a los desaparecidos, sino que afrontó un proceso político que fue asumido en su momento por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
En la misma providencia el Tribunal confirmó la sentencia de primera instancia en la que el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega fue condenado, en junio de 2010, a 30 años de prisión por desaparición forzada. La única diferencia, que no resultó ser de fondo, es que los magistrados lo hallaron responsable de la desaparición de dos de las 11 personas de las cuales no se tienen noticia desde el día de los hechos.
Por el fallo judicial quedaron abiertos tres nuevos frentes de investigación que deberán ser asumidos por la Fiscalía: al Consejo de Ministros de Betancur, a miembros de la Policía que hayan participado en acciones de recuperación del Palacio y a integrantes del DAS que hubieran participado en interrogatorios a rehenes y guerrilleros que salieron con vida de la toma.
Por otro, el Ministerio de Defensa y el Ejército deberán publicar en sus páginas web esta sentencia durante un año, “para que sirva de ejemplo de lo que no debe hacer la Fuerza Pública”.
Por último, el fallo ordena que dentro de los siguientes tres meses el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón; el comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas; el comandante del Ejército, general Sergio Mantilla, y el comandante de la Brigada XIII, general Gabriel Pinilla, celebren en la Plaza de Bolívar de Bogotá un evento público en el que pidan “perdón a la comunidad” por los actos de los que se derivaron las desapariciones de Carlos Augusto Rodríguez Vera, entonces administrador de la cafetería del Palacio, e Irma Franco Pineda, exintegrante del M-19. Sobre estas dos personas, el Tribunal Superior de Bogotá halló evidencia suficiente para mantener la condena contra Plazas Vega. Sobre los otros nueve pidió que se indagara más.
La responsabilidad de Plazas
“No se sabe aún quiénes ejecutaron directamente-materialmente la desaparición de Irma Franco Pineda y de Carlos Augusto Rodríguez Vera. Pero lo que sí es inequívoco es que ello no ocurrió como una conducta aislada de unos militares de bajo rango, desobedientes, indisciplinados y con desconocimiento de los comandantes de la operación (…) uno de los autores mediatos (de las desapariciones) es el coronel (r) Plazas Vega, pues estos delitos pueden adecuarse dentro de la instrucción dada y transmitida en el aparato organizado de poder, como lo fueron las fuerzas del Estado que intervinieron en la operación de recuperación del Palacio de Justicia”.
Así es como el Tribunal Superior de Bogotá confirmó que el coronel (r) Plazas Vega sí tenía responsabilidad en estos hechos. Pero al afirmar que el coronel en retiro sólo tuvo injerencia en las desapariciones de Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda, el Tribunal indicó que en los otros nueve casos “la investigación no reunía los requisitos de seriedad e integralidad”. Sin embargo, en el fallo quedó plasmado que, sin duda alguna, Plazas Vega era la persona encargada de los rehenes trasladados al Museo Casa del Florero y que la misión del Ejército era no dejar con vida a ninguno de los guerrilleros que se tomaron el Palacio.
En el tema de los otros nueve desaparecidos, el Tribunal, contrariando sentencias del Consejo de Estado y de otros despachos judiciales —incluido el reciente fallo absolutorio del general (r) Iván Ramírez—, pidió que se determinara si acaso “sus cuerpos reposan entre los cadáveres encontrados y evacuados del Palacio los días 6 y 7 de noviembre de 1985”. “Eso es muy preocupante, porque ya estaba probado suficientemente que esas personas sí desaparecieron”, refuta César Rodríguez Vera, hermano de Carlos Augusto Rodríguez. Alejandra Rodríguez Cabrera, quien tenía 35 días de nacida cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, agrega: “Es como volverlos a desaparecer”.
Hace unos días, la polémica alrededor del holocausto del Palacio fue por cuenta del esposo de la fiscal Viviane Morales, Carlos Alonso Lucio, quien exclamó desde el atrio de una iglesia cristiana que era injusto que Plazas Vega estuviera recluido mientras que los exguerrilleros del M-19 hoy ocupaban cargos públicos. Los Rodríguez dijeron que lo de Lucio no merecía siquiera una reacción, sin embargo, fueron enfáticos en señalar al M-19 como los primeros causantes de la desgracia de su familia. “El M-19 recibió amnistía, inició carrera política y se olvidó de sus víctimas. Pero hay que dejar claro que al coronel (r) Plazas no se le condenó por lo que hizo durante la operación militar, sino por lo que pasó con la gente fuera de combate”, asevera César Rodríguez.
Para el Tribunal Superior de Bogotá a todas luces el M-19 lideró un violento acto que causó la muerte de cientos de civiles. No obstante, criticó también la reacción “desproporcionada” de las Fuerzas Militares. Al explicar que no había pruebas suficientes para condenar a Plazas Vega por nueve de los 11 desaparecidos, los magistrados reiteraron que los militares “manejaron la escena (de los hechos) y los levantamientos (de los cadáveres) con el propósito de asegurar la impunidad o al menos para dificultar cualquier investigación posterior”. En aras de resolver el paradero de esas nueve personas, los magistrados le pidieron al Gobierno asignar presupuesto para que la Fiscalía cree una unidad especializada exclusivamente para este asunto.
En desacuerdo
Tres magistrados estudiaron el caso de Plazas Vega. De ellos, uno mostró varios desacuerdos: Hermens Darío Lara. Para este magistrado, la versión de Ricardo Gámez Mazuera y la de José Yesid Cardona eran inconsistentes. La declaración de Édgar Villamizar Espinel estaba llena de irregularidades y él ni siquiera estaba en servicio el día de los hechos. Las grabaciones presentadas por radioaficionados y Radio Todelar podrían haber sido manipuladas. Lara cuestionó la veracidad de los testimonios que afirmaron haber visto a Carlos Rodríguez salir con vida del Palacio y, además, que Plazas Vega fuera responsable de los rehenes sólo por línea de mando.