Hoy están en la misma acera política pero hace siete años, cuando Luis Eduardo Garzón sucedió en la Alcaldía de Bogotá a Enrique Peñalosa, decidió frenar uno de los programas estrellas de su antecesor: la entrega de colegios públicos a instituciones educativas privadas para que los administraran.
Los argumentos en contra de los colegios en concesión nunca estuvieron muy claros. Y como apenas habían transcurrido unos pocos años del programa no existían indicadores que demostraran cuál modelo era el más propicio para alcanzar la calidad educativa.
Más de 25.000 alumnos, el 3% del total de la matrícula del sistema público de educación en Bogotá, ingresaron a los 25 colegios concesionados. Por cada alumno, el Gobierno pagaba una suma aproximada de $1’140.000 por la jornada completa de un año.
El tiempo, y los análisis que se han realizado desde entonces, le dan la razón al espigado alcalde que creyó desde un principio que se lograban mejores resultados, académicos y administrativos, si se dejaba la educación en manos de quienes ya habían demostrado en el ámbito privado que eran los más destacados.
Felipe Barrera-Osorio, economista senior del Banco Mundial, ha realizado un seguimiento especial a los dos modelos de educación. En una de las evaluaciones encontró que los colegios en concesión lograron disminuir las tasas de deserción en 1,7% con respecto a las escuelas públicas. Lo que en su opinión constituyó un avance significativo.
Con respecto al nivel educativo que alcanzaban los estudiantes de los colegios en concesión comparados con otros de iguales características, pero funcionando en un esquema tradicional de administración pública, Barrera pudo establecer que los colegios en concesión provocaron un impacto positivo en los resultados de matemáticas y de lectura. Las calificaciones de lectura aumentaron en 1,94 puntos, es decir, un incremento del 2,4 a 4% en las calificaciones de los estudiantes.
Seis años después de iniciado el programa de colegios en concesión, de las 25 instituciones que formaban parte del experimento, cinco ocuparon el nivel alto en las Pruebas de Estado Icfes, 16 el medio y sólo uno figuraba en el bajo.
“Los colegios en concesión, como un medio para transferir la administración de la educación pública hacia instituciones privadas, es una respuesta innovadora para mejorar las condiciones de aprendizaje en las zonas urbanas”, concluyó el investigador.
Barrera, como otros investigadores, están a la espera de los resultados que exhiba la segunda generación de colegios en concesión que se entregaron a nivel nacional durante el ministerio de Cecilia María Vélez y el gobierno de Álvaro Uribe.
Pero mas allá de este aspecto puntual del modelo educativo, para el experto colombiano adscrito al Banco Mundial el plan de ruta que debe seguir el país, si quiere mejorar su sistema educativo, se resume en cuatro aspectos: consolidar sistemas de evaluación, reclutar mejores maestros, atender la primera infancia con programas integrales y prestar atención a las innovaciones pedagógicas que nacen desde los municipios. “Creo que si se le mete el hombro a estas cuatro cosas vamos a seguir mejorando”, dice Barrera desde Washington.
Hace un énfasis especial en los programas diseñados para acoger a la primera infancia desprotegida. Argumenta que todas las evaluaciones y estudios han demostrado con mucha consistencia que cada peso que se invierte en esta población da más resultados que en cualquier otro campo.