Con pancartas y arengas el comité promotor del referendo revocatorio de la reforma a la justicia y los ciudadanos rechazan las salidas del Gobierno y el Congreso para hundir o salvar la enmienda constitucional.
Aunque se augura el entierro de la reforma, las asociaciones ciudadanas afirmaron que seguirán con la recolección de firmas hasta tanto no haya una certeza jurídica de que la reforma será archivada o haya un pronunciamiento de la Corte Constitucional para avalar el procedimiento.
Para Pablo Bustos, director de la Red de Veedores y Veedurías Ciudadanas de Colombia, las sesiones extraordinarias son ilegales: “así se apruebe la reforma, no hay claridad jurídica. La justicia es la que tiene que decidir cómo enterrar esto. Si no da respuestas, será la participación ciudadana la que tome acciones”.
Para las organizaciones, la fórmula de convocar al Congreso en sesiones extraordinarias para decidir el hundimiento de la reforma no es posible, teniendo en cuenta que el artículo 149 de la Constitución establece que: “Toda reunión de miembros del Congreso que, con el propósito de ejercer funciones propias de la rama legislativa del poder público, se efectúe fuera de las condiciones constitucionales, carecerá de validez; a los actos que realice no podrá dárseles efecto alguno”.
Por su parte, Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales Plural, explicó a El Espectador que la ciudadanía seguirá con la recolección de firmas para referendo derogatorio porque teme, en caso de que pase la reforma, que metan nuevos micos.
“Dada la fragilidad de esa solución que está buscando el gobierno de forma inconstitucional, es posible que en cualquier momento la reforma reviva porque haya un pronunciamiento de la Corte Constitucional o bien porque se dé una circunstancia de acción de los jueces que pueden activar nuevamente la existencia de la reforma aunque no esté promulgada”, sostuvo Novoa.
Según información de la Misión de Observación Electoral (MOE), los departamentos donde más se han recolectado firmas son Cundinamarca, Bolívar, Valle, Risaralda y Antioquia. Se estima que al día de hoy haya alrededor de unas 90 mil firmas.
La directora ejecutiva del Observatorio Nacional Permanente de la Administración de Justicia, María del Pilar Arango Hernández, sostuvo que el gobierno objetó por conveniencia toda la reforma constitucional y que la vía más acertada para tumbarla es el movimiento ciudadano.
“Vamos a presionar para que firmemos y consigamos un número mayor de firmas. Es bueno que los Congresistas y el gobierno sientan que tienen una ciudadanía activa. Dependiendo de las circunstancias, vamos evaluando cómo traducir ese respaldo popular en vías legales”, dijo Arango.
A la convocatoria asistió Hermens Lara, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá de la sala penal y los Representantes del Polo Iván Cepeda y Alba Luz Pinilla y Ángela María Robledo para apoyar la recolección de firmas.
Según Robledo, el camino más certero constitucionalmente es el de la revocatoria: “le estamos poniendo el acelerador a las firmas. Estamos recibiendo el reporte de muchos lugares de Colombia de lo que está pasando. Hasta el gobierno terminará sumándose a este ejercicio”.
Por ahora el Comité de promotores y la ciudadanía seguirán su cita en la Plaza de Bolívar, donde se proyectarán las sesiones extraordinarias y se informará sobre los alcances de la reforma en la justicia. La colectividad espera que al final de la semana se de la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte o se continúe con el referendo.