Tal posición la sostiene a partir de lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 134 de 1994, el cual dispone que un número de ciudadanos no menor al diez por ciento del censo electoral nacional puede solicitar a esa entidad la convocatoria de un referendo para la aprobación de un proyecto de ley que haya sido negado por la corporación respectiva.
Sin embargo, olvida el promotor de esta iniciativa que el proyecto de ley que convoca a un referendo para reformar la Constitución tiene un tratamiento especial y diferenciado de los demás referendos aprobatorios o derogatorios de leyes ordinarias, por lo cual las reglas aplicables a estos últimos no son las mismas que se predican del primero.
En efecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-551/03 afirmó que la revisión anterior al pronunciamiento popular que a ella le corresponde de acuerdo con lo previsto en el artículo 241 numeral 2 de la Carta Política sobre los referendos constitucionales, recae sobre una ley y no sobre un proyecto de ley.
Ello significa que para que ese tribunal se ocupe del examen del referendo, previamente éste tiene que haberse incorporado a una ley y no simplemente a un proyecto de ley que haya sido negado en cualquiera de sus debates por el Congreso.
Como necesariamente el referendo constitucional debe ser examinado por la Corte Constitucional antes de ser sometido al pronunciamiento popular, si durante su trámite es negado por el Congreso, nunca llegaría a convertirse en ley y por lo tanto dicha corporación no podría emitir ningún pronunciamiento.
* Director de Estudios de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario