Fue una decisión unánime de los integrantes de la Corte Constitucional: el decreto 4975 de 2009, que declaró el estado de la emergencia social, es inexequible. El presidente del alto tribunal, magistrado Mauricio González, confirmó que la norma expedida por el Gobierno de manera extraordinaria para conjurar la crisis de la salud no tenía razón de ser, dado que la crítica situación financiera que afronta este sector no obedece a hechos recientes sino a fallas estructurales que se han advertido por largo rato. No obstante, aclaró González, en una cosa están de acuerdo la Corte y el Gobierno: el sistema de salud en Colombia se encuentra en cuidados intensivos.
Por esta razón la corporación, ya no unánimemente sino en un apretado 5-4, determinó que el decreto 127 de 2010, con el cual se introdujo una serie de reformas tributarias en busca de recaudar fondos para el lesionado sector, continuará vigente hasta el 16 de diciembre de este año. “El diferimiento de los efectos de la sentencia de inexequibilidad se funda justamente en la gravedad de la situación y en la conciencia que tiene la Corte Constitucional de que los recursos captados en virtud de los decretos tributarios son indispensables para evitar el agravamiento de la prestación de servicios para la población más vulnerable del país”, explicó González Cuervo.
Así las cosas, los gravámenes que se establecieron para la cerveza (14%), el vino y otros licores (entre $256 y $386 por producto), el cigarrillo y el tabaco ($650 por cajetilla) y los juegos de azar (15%) seguirán aplicándose a lo largo del año, en espera de que, a diciembre 16, Gobierno y parlamentarios hayan logrado tramitar y aprobar una ley que les dé continuidad a estos impuestos. De acuerdo con lo expuesto por González, es el Congreso de la República el escenario idóneo para “deliberar el rumbo que se le debe dar al sector salud” y no un recurso legal extraordinario como la declaración del estado de emergencia social.
La Corte Constitucional, no obstante, dejó claro que los dineros recaudados en virtud de estos gravámenes “deberán ser dirigidos a la red hospitalaria pública y a garantizar el derecho a la salud de las personas que están en el régimen subsidiado o a quienes no aparezcan en las bases de datos, es decir, la población más vulnerable de Colombia”. La Corte, que reiteró compartir el juicio de gravedad sobre el panorama de la salud destacado en los decretos, consideró que estos recursos permitirían al menos que la delicada condición del sistema de salud en el país no se agravara, perjudicando aún más a quienes no están inscritos ni en el régimen subsidiado ni en el contributivo. El Gobierno espera obtener más de $1 billón de esta manera.
Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), aplaudió el fallo del alto tribunal: “La red pública de hospitales, que al 31 de diciembre de 2009 tenía una deuda cercana a los $2 billones, tendrá un alivio por la indicación de la Corte”. Por su parte el presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Rodrigo Córdoba, también alabó la sentencia y manifestó que “la Corte se acogió a la Constitución y no se dejó presionar. Con la declaración de inexequibilidad, se respeta la autonomía médica y la posibilidad de que los pacientes que lo necesiten tengan acceso a tratamientos y medicamentos fuera del POS”.
El Gobierno Nacional también escuchó atentamente el mensaje. Así lo dejó ver el ministro de Protección Social, Diego Palacio, quien expresó que “el Gobierno respeta la decisión y entre el lunes y martes de la próxima semana presentará un proyecto de ley, con mensaje de urgencia, que garantice la prestación del servicio de salud. Los últimos detalles los puliremos el fin de semana, luego de estudiar a fondo el fallo”. Otras organizaciones, como la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), ya anunciaron, de igual forma, reuniones para analizar la sentencia, mientras médicos, pacientes y la sociedad en general celebraron la posición que la Corte mantuvo, en boca del magistrado González: “Vale la pena reiterar que el derecho a la salud es fundamental”.