Aunque sin definir si el presidente Álvaro Uribe se postulará o no para un tercer mandato, en este momento la continuidad en la financiación de la Seguridad Democrática, a través del Impuesto al Patrimonio, aparece como prioridad para este gobierno.
Uribe lo planteó el martes pasado en una ceremonia en la Escuela Militar y lo volvió a poner sobre la mesa al día siguiente en un foro de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) sobre perspectivas de la economía. “Queremos invitar a la academia y a los empresarios para que junto al equipo económico del Gobierno estructuren una propuesta que se lleve al Congreso el próximo 20 de julio”.
Lo cierto es que se quiere hacer permanente el impuesto al patrimonio, que en 2006 se había establecido como transitorio hasta el 2010. Se han recogido $5,5 billones, de 7.200 contribuyentes, personas naturales y jurídicas, con patrimonio neto superior a $3.000 millones, sobre el cual se estableció una tarifa del $1,2%. Se han pagado cinco cuotas, cada una representa cerca de $1 billón, y quedan tres, una este año y dos el entrante. Cómo el gravamen termina el próximo año, la propuesta del Gobierno es hacer permanente el impuesto para la Seguridad Democrática con la recolección de $1 billón anual. Se ha destinado, en su totalidad, al fortalecimiento del pie de fuerza y equipamiento de las Fuerzas Militares.
Pero en la memoria de los colombianos permanece el recuerdo de otro impuesto, que era transitorio. El 4 x 1.000 a las transacciones financieras y que primero se estableció como 2 x 1.000 en noviembre de 1998, el cual iría hasta el 31 de diciembre de 1999. El año pasado se recogieron por este concepto $3,2 billones.
Quien primero salió a fijar una posición fue la ANIF, cuyo presidente, Sergio Clavijo, propuso gravar a quienes tengan un patrimonio neto superior a $200 millones. Un carro y una casa.
Si bien la iniciativa tiene el sentido de que más colombianos aporten a un beneficio común, rompe el principio de equidad que debe tener un sistema tributario, esto es, que paguen quienes más tienen.
Incluso el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, dijo que es bienvenida la propuesta, pero que se debe mantener el principio de equidad. En este sentido, la DIAN revisa su base de contribuyentes para identificar quienes, a partir de 2006, se puedan incorporar a la lista de patrimonios superiores a $3.000 millones. Según Zuluaga, debió aumentar el número de colombianos que han incrementado su patrimonio en los años de crecimiento, que de igual manera se han beneficiado de las mejoras en seguridad.
Los pros y los contras
Ahora, es sano plantear el debate. Pero hay que ser conscientes de la realidad política. Este y el próximo son años electorales. Es muy difícil que el Congreso acoja iniciativas para aumentar impuestos. Es absolutamente impopular. El senador Gabriel Zapata dijo que el impuesto ha funcionado, pero no cree prudente apretar más el bolsillo de los colombianos.
En relación con el tributo, tiene de bueno que es, como dicen los expertos, progresivo, lo pagan los más pudientes. Pero tiene de malo que es distorsionante, crea incentivos a la evasión. Las empresas tienen la tentación de dejar sus patrimonios por fuera, para no ser sujeto del impuesto.
En este sentido, Roberto Steiner, director ejecutivo de Fedesarrollo, dice que hay que ser pragmáticos: “Se debe seguir financiando el gasto militar con este impuesto, no hay alternativa. La propuesta de ANIF va en el sentido correcto, que se involucre a más gente y bajar la tarifa. Aunque se me antoja que la cifra de $200 millones es demasiado baja”.
Para Eulalia Arboleda, presidenta del banco BCSC, es un tema que debe mirarse a fondo. “Cuando se instauró el Impuesto al Patrimonio, sólo abarcaba a los grandes capitales. Con la idea de que la clase media también lo pague, se pueden generar efectos nocivos en la compra de vivienda o las inversiones de este sector de la población”.
Pero el empresario Juan Alberto Castro, presidente de D’Vinni, piensa que la propuesta de ANIF es viable: “Todos debemos contribuir en la media de nuestro patrimonio porcentualmente”. Y Fabio Sánchez, presidente de la Compañía Colombiana Automotriz, afirma que la “inquietud surge tras conocerse la situación fiscal, pues de ella se deduce que el Gobierno tendrá que buscar alternativas de financiación y esa es tal vez la medida más lógica”.
Ahora, falta resolver las dudas sin saber qué esté pensando el Gobierno. ¿Se incluiría a las empresas y personas naturales, como ocurre hoy, o sólo a personas naturales? ¿Qué va a ocurrir con las empresas que han firmado acuerdos de estabilidad jurídica? Son 42 empresas, como Sofasa, Bavaria, Alpina, Nacional de Chocolates, Sodimac, entre otras, que no estarían sujetas a este impuesto.
Se crearía un problema de equidad muy serio. También habría que pensar en qué figura se estructuraría para que lo paguen todas las empresas. Aunque el impuesto podría tener formas distintas —se podría hablar de una contribución, como bonos, por ejemplo— preocupan la iniquidad entre empresas, algunas con beneficios y otras que no los tienen. Incluso, quedaría en tela de juicio lo que ofrece el Gobierno para estimular la inversión.
“Impuesto es necesario”
El viceministro de Defensa Juan Carlos Pinzón expresó que es necesaria la continuidad del Impuesto al Patrimonio, con la finalidad de mantener la política de Seguridad Democrática,
Según Pinzón, el impuesto fue bien programado al comienzo, pero ahora es necesario garantizarlo para el mantenimiento de los equipos adquiridos y completar algunos programas.
Sobre el uso del dinero colectado hasta ahora por medio de este gravamen, manifestó que con éste se financió la movilidad de las fuerzas, así mismo se invirtió en comunicaciones e inteligencia, se modernizaron algunos equipos y se incrementó el pie de fuerza en unos 36 mil hombres; 20 mil de ellos policías y unos 15 mil de las Fuerzas Militares.