Junto con la presentación de absurdas y millonarias demandas por la descarga de un puñado de mp3, esta industria ha utilizado el lobby legislativo como una eficaz herramienta de control y presión para la protección de sus obsoletos modelos de negocio.
Así, por ejemplo, en Estados Unidos se ha cercenado el dominio público a través de leyes que consecutivamente aumentan los plazos de protección de los derechos de autor y evitan que parte importante del patrimonio cultural de la humanidad pase a ser de libre acceso y disposición. Leyes que, gracias a acuerdos comerciales con países como el nuestro, se transforman en apuestas legales de carácter global.
Hoy, SOPA y PIPA son expresiones perfectas de dichas prácticas desproporcionadas. En ellas, y bajo la excusa de combatir eventuales infracciones a derechos de autor, se pretende legalizar la existencia de filtros y monitoreos constantes a servicios web, bloquear sistemas de pago online e intervenir el sistema de DNS, el que hace funcionar la WWW tal como la conocemos al día de hoy. Son propuestas que harán imposible la innovación, nuevos emprendimientos y la existencia de la colaboración en plataformas tecnológicas con el objeto de proteger ciertos intereses privados, poniendo en riesgo no sólo la estructura de internet sino también el ejercicio de derechos fundamentales en la red. Son bazucas para acabar con los molestos zancudos en la pared.
La naturaleza de internet es global y también lo son sus amenazas. Si bien los derechos de autor son un bien jurídico importante, su protección no puede tener como costo cercenar garantías constitucionales como la libertad de expresión y el debido proceso. PIPA y SOPA son ejemplos defectuosos y extremos que nos muestran cuán frágil es la defensa de nuestros derechos en internet, cuán cerca estamos de perderlos y lo importante que es luchar por ellos.
Director de la ONG Derechos Digitales de Chile, codirector regional de Creative Commons para Latinoamérica.