Después de 20 años de trabajar en diferentes cargos de la administración municipal de Palermo, un municipio del Huila que habitan cerca de 19.000 personas, Orlando Polo Pimentel decidió jugarse el todo por el todo presentando su nombre a la Alcaldía. Lo hizo por el Partido Verde. El eslogan que escogió para ganar simpatías entre los votantes fue “Juntos construyendo cambio”.
“Dios me favoreció y gané”, dice. Ganó con 6.764 votos y se convirtió por cuatro años en uno de los 450 alcaldes de la zona andina oriental colombiana, donde habita el 37% de la población del país.
Todos los días, al salir de su casa, Orlando Polo se estrella con una indiscutible verdad: la riqueza natural de Colombia. A su alrededor ve cómo crecen frondosos bosques andinos que purifican el aire. Es testigo de las quebradas y ríos que chorrean por las montañas y alimentan la cuenca del Cauca-Magdalena, de la que depende el 70% de los colombianos.
La biodiversidad se escucha en el croar de las ranas, en el canto de cientos de aves que surcan el cielo, o se palpa en las orquídeas que crecen bajo las ramas de árboles donde también se esconden mamíferos, reptiles y arañas.
A pesar de toda esa riqueza natural, cuando llega a su despacho lo golpea otra realidad: una tasa de desempleo del 28%, un flaco presupuesto de tan sólo $7.000 millones anuales, un índice de calidad de vida por debajo del promedio nacional, con decenas de familias atrapadas en la pobreza.
En el caso de Palermo, unas 400 familias dependen del gramo de oro que logra alguno de sus miembros barequeando en las orillas de los ríos Tune y Baché. Un gramo de oro se vende en $70.000, pero no todos los días la arena deja esa cantidad.
Richard Stone, uno de los economistas que tras la Segunda Guerra Mundial contribuyeron a crear el plan para rescatar a Europa y de paso el concepto de producto interno bruto, reconocería más tarde, en 1984, en la Conferencia Conmemorativa del Premio Nobel, que su labor se había centrado mayormente en la contabilidad económica y que no había podido dedicar mucho tiempo a su equivalente ambiental.
Ese “pequeño” descuido de los grandes economistas del siglo XX explica la tenaza que aprieta en cada decisión a un gobernante como Polo Pimentel: ¿cómo valorar la riqueza natural y conservarla frente a la tentación de otras actividades económicas más rentables en el corto plazo, como la minería?
Palermo es el segundo municipio del Huila, después de Neiva, su capital, con más títulos mineros. Un pequeño vagón de la locomotora. “En el cuento de minería desafortunamente no hay articulación entre los gobiernos nacional, departamental y local. Tampoco hay voluntad política. Muchos títulos mineros son otorgados sin entrar en contacto con gobiernos locales”, se queja William Fernando Tovar, encargado de los temas ambientales en Palermo.
El alcalde lo respalda en esa conclusión: “Me encantaría mucho que empezáramos de arriba hacia abajo. Desde el gobierno nacional. No es justo que saquen los recursos y dejen el problema ambiental. Uno va a hacer control y todos tienen licencias”.
Polo y su equipo saben bien que ser parte del Huila es ser parte de la despensa hídrica del país. Allí está parte del Macizo Colombiano. Lo que no termina por entender, y nadie se lo explica, es cómo convertir aquello en una fuente de riqueza diaria para los habitantes de Palermo y al mismo tiempo tener la financiación para conservarlo.
El país tiene varias respuestas a esta pregunta: la Ley 99 de 1993 creó varios instrumentos económicos para financiar la conservación. Por ejemplo, el artículo 111 obliga a alcaldes y gobernadores a invertir el 1% de sus ingresos corrientes en la compra de tierras o en iniciativas de pago por servicios ambientales.
Para Guillermo Rudas, economista y consultor, “se trata de un mecanismo poderoso. En 15 años se invirtió, en la adquisición de predios abastecedores de los acueductos, el 0,12% de los ingresos totales de los entes territoriales, frente al 1% fijado en la Ley. Pero esto ha sido ineficiente para el cuidado del recurso hídrico”.
Algunos mecanismos del mercado también fueron incorporados, como los esquemas de pago por servicios ambientales o incentivos. Por ejemplo, la Alcaldía de Cali acaba de firmar un convenio, junto con otras instituciones de la ciudad y el Valle del Cauca, para desarrollar un esquema de este tipo en el río Cali, del que toman agua más de 500.000 habitantes.
Estas y otras iniciativas, como reducir el impuesto predial a los habitantes que dediquen hectáreas a la protección ambiental y eventualmente participar en mercados internacionales de bonos de carbono, están en marcha en el país, pero el reto es su aplicación efectiva.
Para Alberto Galán, del Fondo Patrimonio Natural, “el gobierno nacional está llamado a cumplir un papel fundamental en ese sentido frente a los municipios pequeños, como Palermo. Las demoras en la reglamentación del destino del artículo 111 son un ejemplo de lo que no podemos seguir haciendo, porque se requiere de un trabajo organizado en todos los niveles del Gobierno”.