La captura de Ramiro Antury Larrahondo, fiscal 10 Antiterrorismo destacado ante las Fuerzas Militares —un curtido investigador con más de una década en el ente acusador, además responsable de delicados expedientes con incidencia en la seguridad nacional—, es inédita en la lucha de las autoridades contra el narcotráfico. En un hecho sin precedentes en la ya larga historia de la mafia en Colombia, el funcionario fue detenido con fines de extradición por requerimiento de una corte federal de los Estados Unidos que lo acusa de colaborar a quienes decía combatir.
Desde hace dos años, fiscales antimafia y agentes del DAS, en asocio con la DEA, recolectaron evidencias, más de 300 mil conversaciones y documentos que pusieron en evidencia una estructurada red de narcotráfico que movilizó más de 15 toneladas de droga a Panamá, Costa Rica, Estados Unidos y Holanda, en donde figuraba como piedra angular de la infiltración de estos capos en la justicia el nombre de Ramiro Antury Larrahondo. Natural de Cali, con 53 años de edad y una amplia trayectoria judicial, el fiscal fue aprehendido a las 6:45 de la mañana del martes, cuando se disponía a ingresar al complejo de Paloquemao en Bogotá.
“Si usted se porta bien en esta Navidad va a recibir un regalo bien grande del jefe”, reza una de las grabaciones interceptadas en las que Antury Larrahondo fue protagonista. Curiosamente, cuando el funcionario se percató de que estaba siendo interceptado, les manifestó a sus enlaces, como haciéndose el desentendido, que él era un hombre de bien. No obstante, existen récords de llamadas en las que contactaba a integrantes del denominado cartel de los hermanos Comba, Luis Enrique y Javier Antonio Calle Serna, nada más y nada menos que los capos más buscados por el Gobierno y por quienes se ofrece una recompensa de hasta $5.000 millones por información que conduzca a sus capturas.
El Espectador conoció detalles del operativo que terminó con la detención del fiscal y otros ocho sujetos en las ciudades de Bogotá, Cali y Fusagasugá (Cundinamarca). Paradójicamente, trascendió que el funcionario hacía lobby para ser nombrado como director seccional de Fiscalías. “En los últimos días preguntó en específico por la seccional de Armenia”, le dijo un investigador a este diario. Sus problemas judiciales no son un asunto menor, pues no se trataba de un fiscal cualquiera, fue director seccional del CTI en el Chocó y también en Cali, ambos centros neurálgicos del narcotráfico en el occidente del país.
Además, tuvo a cargo delicados procesos como la investigación de la presunta infiltrada de las Farc, Marilú Ramírez, quien puso en aprieto a las Fuerzas Militares. En octubre del año pasado, su nombre salió tangencialmente al revelarse que llevaba la investigación en contra del jefe del Eln Gustavo Aníbal Giraldo, conocido con el alias de Pablito, un peligroso guerrillero pedido en extradición también por Estados Unidos, que se fugó durante un traslado en Arauca. También adelantó pesquisas contra las Farc y su red de testaferros en los Llanos y Caquetá, y cómo lavaban dinero de su ilícito negocio a través de empresas fachada o indagaciones contra la Red Urbana Antonio Nariño de esa organización.
Sin embargo, al tiempo que desarrollaba estos expedientes, con el correr de las interceptaciones fue cobrando protagonismo en esta investigación. En esencia, la Corte Federal del Distrito de Columbia lo acusa de alertar a los miembros del cartel del norte del Valle de las pesquisas de la justicia en su contra, así como informarles que sus teléfonos estaban ‘chuzados’ o facilitarles los movimientos de narcóticos cuando los esquemas de seguridad se habían flexibilizado. En diciembre, las autoridades tienen información de que se hizo una consignación a nombre de una mujer que sería su novia, superior a los $300 millones, proveniente del cartel mexicano de los Zetas.
Sus cómplices
Carlos Alberto Gómez Reina, conocido con el alias de Carlitos, mantenía fluidos contactos con el curtido fiscal Antury Larrahondo y dentro de esta red tenía como función crear empresas de fachada para movilizar el dinero. Junto a Carlitos también cayó Marlon Valencia Portocarrero, alias Ketty o El Viejo, mano derecha de los hermanos Calle Serna, y ejercía el control sobre los puertos de Buenaventura y Tumaco, en el Pacífico, desde donde enviaba toneladas de cocaína en lanchas rápidas a través de una ruta con escalas en Centroamérica y destinos finales en Europa y Estados Unidos.
Igualmente, fue capturado Jorge Iván Perlaza Rayo, conocido en el mundo del hampa con el alias de El Carnicero. La investigación de la Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía, el DAS y la DEA ratificó que este delincuente era el encargado de acopiar la droga en el puerto de Buenaventura para movilizarla hacia otros puertos clandestinos a lo largo de la costa del departamento del Chocó, utilizando lanchas rápidas y desplegando una actividad de control que incluía los ajusticiamientos y la corrupción propia del ilícito negocio del narcotráfico.
También fueron arrestados Héiner Julián Arboleda Satizábal, alias Omelet, hombre de confianza del narcotraficante Silvio Montaño, otro integrante de la organización que ya había sido detenido el pasado 3 de enero. Los restantes capturados fueron David Orlando Andrade, Raúl Fernández, alias Don R y Erwin Arnulfo Moreno Ibarra, conocido con el alias de Georgina. Todos están pedidos en extradición con la desafortunada particularidad de que uno de sus principales contactos, el fiscal Antury, evidenció hasta dónde llegan las tenazas de los ilegales. Nunca antes la Fiscalía había sido tocada de esta manera.
Este golpe se suma al que 24 horas antes habían propinado agentes de la DEA, la Dijín de la Policía y la Fiscalía en contra de 22 señalados narcotraficantes o pilotos que también tendrían nexos con Los Comba, así como enlaces con carteles mexicanos, en particular el de Joaquín El Chapo Guzmán, considerado el capo de capos en ese país. Pero definitivamente lo que ya es motivo de escándalo y podría dejar al descubierto más infiltrados en el interior de los organismos de seguridad del Estado es, sin duda, la inclusión entre los requeridos por el gobierno norteamericano del fiscal Ramiro Anturi, un hombre del que se sabe tiene dos hijos abogados, es divorciado y hoy está en el pasillo de la extradición.
La Fiscalía ya anunció medidas. El fiscal (e) Guillermo Mendoza Diago manifestó que se llevará a cabo una investigación interna para establecer si otros funcionarios se vincularon con estos hechos, pues se teme que con Antury se haya creado una red paralela para suministrar delicada información a carteles del narcotráfico. En el pasado reciente se han extraditado algunos ex oficiales de la Policía o el Ejército por sus vínculos con el tráfico de estupefacientes, pero el único antecedente en este organismo era la captura del ex director de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, hoy en juicio, porque grabaciones y documentos lo relacionan con Daniel Rendón, alias Don Mario.
La Embajada de Estados Unidos y la Fiscalía formalizaban el martes los requerimientos judiciales para tramitar las extradiciones. Un escenario inimaginable para un fiscal que, sobre el papel, enfrentaba el crimen organizado.
Detenidos en la operación ‘Sea Clamp’
Marlon Valencia Portocarrero, alias ‘Ketty’ o ‘El Viejo’. Mano derecha de los hermanos Luis Enrique y Javier Antonio Calle Serna. Era el encargado en la organización de manejar grandes sumas de dinero y tenía fuertes nexos con el cartel de Los Zetas en México. El próximo sábado se iba a casar en Cali. Al ser capturado, ofreció a los agentes $2.000 millones a cambio de su escapatoria.
Ramiro Antury. Fiscal 10 antiterrorismo destacado ante las Fuerzas Militares. Entregaba información a la red con el fin de evitar que sus miembros fueran capturados. Llevaba 10 años de fiscal y fue director del CTI en Cali y Chocó. Según fuentes de la Fiscalía, recientemente había hecho ‘lobby’ para ser nombrado director seccional de Fiscalías. En la investigación se indica que le informaba al cartel qué líneas de celulares habían sido interceptadas por la Unidad Antimafia de la Fiscalía. Hay interceptaciones de llamadas en las que él se comunicaba con miembros de estas organizaciones delincuenciales y les ofrecía la información. Cuando se dio cuenta de que había sido interceptado, comenzó a decir por el teléfono que no entendía por qué había sido intervenido si él era un tipo de bien. Fue capturado en la mañana del martes cuando iba a solicitar una audiencia de control de garantías en los juzgados de Paloquemao en Bogotá.
Jorge Iván Perlaza Rayo, alias ‘Carnicero’. Era el encargado de acopiar la droga en Buenaventura para luego llevarla al Chocó en lanchas ‘Go fast’.
Héiner Julián Arboleda Satizábal, alias ‘Omelet’. Mano derecha de Silvio Montaño, otro de los integrantes de la organización, quien fue capturado el 3 de enero pasado junto con David Orlando Andrade y Raúl Fernández.
Erwin Arnulfo Moreno Ibarra, alias ‘Georgina’. Coordinaba los envíos de droga hacia Centroamérica.
Carlos Alberto Gómez Reina, alias ‘Carlitos’. Testaferro de alias ‘Silvio’ y quien tenía como función la creación de empresas de fachada. De acuerdo con las interceptaciones logradas por las autoridades, era el contacto con el fiscal Ramiro Anturi.