Lo primero que pide Ana Teresa Bernal al hablar de su trabajo es que le tengan paciencia. No es para menos. La mujer de izquierda, líder defensora de los derechos humanos, tiene sobre sus hombros nada más y nada menos que la tarea de liderar la implementación de la Ley de Víctimas en Bogotá. Una empresa en la que el alcalde Gustavo Petro no está dispuesto a ahorrar ningún esfuerzo.
Desde hace dos semanas, Bernal es la alta consejera para las víctimas en la capital y secretaria técnica del Comité Distrital de Justicia Transicional, que se instaló la semana pasada. En su primera entrevista lanza una propuesta de un pacto ciudadano y político por las víctimas, pues se necesitan $800 mil millones para repararlas. Con el fin de conseguir esos recursos, Petro presentará al Concejo la iniciativa de un nuevo impuesto para los estratos más altos.
¿Qué encontraron en el empalme con respecto a las víctimas del conflicto?
Que la mayoría de la población víctima no logra integrarse a la sociedad y mucho menos retornar a sus tierras. En consecuencia, se agranda la franja de miseria en la ciudad. Ahora tenemos la Ley de Víctimas que, aunque no es perfecta, es más integral que lo que estaba antes.
¿Y cómo aplicar esta ley?
En Bogotá no había una institucionalidad que fuera capaz de responder por la atención, la reparación integral y la protección de las víctimas. Por eso se crea la alta consejería. Incluso el alcalde tiene la idea de una secretaría. La idea es cambiar el modelo para superar la concepción miserabilista.
¿De qué manera?
Lo primero es que ya no vamos a tener la separación entre la población desplazada y las otras víctimas, sino que todos son víctimas y merecen la restitución de sus derechos. Lo segundo es que los centros de atención no pueden seguir siendo casas viejas, marginales, o bodegas adaptadas. Vamos a hacer siete grandes centros, llamados Dignificar, que van a integrar a esta población a la ciudadanía. El alcalde también habla de un gran contingente de abogados que defienda a las víctimas, porque la Defensoría no da abasto. Ya empezaron las convocatorias. Pero el alcalde va mucho más allá.
¿Cómo así?
Para conseguir los recursos para la reparación de las víctimas queremos proponer un pacto consensual entre todos los partidos políticos. El alcalde ha planteado que se logre un impuesto para que toda la sociedad se sienta parte de este compromiso.
¿De cuántos recursos estaríamos hablando?
Se pretende una modernización tributaria. Serían necesarios unos $800 mil millones. Aunque estamos mirando que el programa en general, dependiendo de los subsidios de la Nación y de cómo se genere el negocio con las constructoras para la vivienda de interés social, sería de $1,6 billones.
¿Sólo pagarían el impuesto los estratos altos?
Obviamente, la gente que tiene mayores ingresos paga más que la gente que tiene menos. Lo que vamos a hacer de modernización tributaria son impuestos progresivos. A la gente se le aumentan los impuestos de acuerdo a su capacidad de pago. Al final termina siendo una contribución de las capas más altas de la ciudad.
¿Cuándo se presentaría esta propuesta al Concejo?
Este mes. O en mes y medio. El mensaje al Concejo va a ser que necesitamos la solidaridad de la sociedad bogotana a través de impuestos a los más pudientes.
¿De cuánto es la población de víctimas que hay en Bogotá?
Tenemos más o menos 350 mil personas desplazadas y en otras situaciones de victimización, 50 mil ciudadanos que no se han contabilizado, además de las 60 familias que llegan desplazadas semanalmente.
Aparte de los desplazados, ¿qué tipo de víctimas llega a la ciudad?
De minas, mujeres amenazadas que han sufrido violencia sexual, familias de secuestrados, desaparición forzada; en este delito son unas dos mil personas.
¿Cuáles son las principales amenazas para los derechos humanos en la ciudad?
Hay desplazamiento interurbano, hay reclutamiento de jóvenes en algunas localidades como Bosa y Ciudad Bolívar. También, amenazas a reclamantes de tierras y a grupos de la sociedad civil que acompañan a las víctimas. Bosa, Ciudad Bolívar, Mártires, Suba y Rafael Uribe Uribe son las localidades más vulnerables.
¿Hay bacrim en Bogotá?
A mí me amenazaron las Águilas Negras, el bloque Urabá. Fluyen muchos tipos de amenazas, pero lo cierto es que no se ha identificado de dónde vienen.
En el tema de la restitución de tierras, sabemos que piensa ir hasta las regiones para ver los terrenos que perdieron las víctimas…
La idea es acompañar a las víctimas de principio a fin. El tema de los abogados tiene que ver con eso, pero ahí también tiene que estar el gobierno nacional. Otro tema clave es el tema de los embera. Tenemos en Bogotá casi mil personas pertenecientes a esta población, que han sufrido muchísimo. Ya constituimos una mesa con la Nación para lograr una solución pronta.