La depuración del censo electoral se ha convertido en una prioridad para el uribismo. Tanto que este martes el registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, comparecerá ante la plenaria del Senado para explicar las razones por las cuales no ha sido posible hacerla.
Una citación que genera suspicacias, teniendo en cuenta que dicho proceso bajaría el umbral de votos que requiere el referendo para una segunda reelección del presidente Álvaro Uribe, Sánchez habló con El Espectador.
¿Qué se necesita para depurar el censo electoral?
Lo que se necesitan son recursos. En 2008, el Departamento Nacional de Planeación asignó un presupuesto de $54.000 millones para adelantar el proyecto de fortalecimiento del Archivo Nacional de Identificación y del Registro de Votantes. Pero para este año solamente contamos con $11.700 millones, cifra con la que sólo podríamos adelantar el 22% de dicha depuración.
¿Qué implica exactamente esa depuración?
En el censo no pueden figurar muertos, ni personas que han perdido los derechos políticos ni miembros de la Fuerza Pública. Le doy un dato: de un inventario hecho en la misma Registraduría, existen en este momento 90.000 sentencias de personas que pueden haber perdido sus derechos civiles, cifra que sin duda afecta el censo electoral. Hay fácilmente cerca de medio millón de cédulas a las cuales no les corresponde un registro civil. En la Registraduría hay registros civiles desde 1970, como 26 millones de huellas decadactilares, y no hay un número igual de registros de defunción.
¿Cuántas personas podrían salir del censo?
Con mi experiencia, creo que pueden haber entre 1’200.000 ó 1’500.000 de personas que no han sido excluidas del censo.
¿La depuración que se pide lo que busca es favorecer el referendo para una segunda reelección presidencial?
No se puede pensar que el proceso de depuración es bueno o malo sólo porque beneficia o perjudica al referendo. Es un problema sistemático y no se nos puede olvidar que en 2003 también se puso en evidencia, después de que fracasara en las urnas el referendo del presidente Uribe. Son inconsistencias que aún permanecen.
¿La investigación del CNE puede afectar el trámite del referendo en el Congreso?
Pienso que el efecto de la rendición de cuentas sobre las contribuciones es un tema de orden constitucional. Por lo tanto, será la Corte Constitucional a la que le corresponderá decir el efecto de la posible violación de esas normas electorales.