El comunicado del ex presidente Álvaro Uribe, emitido en la noche del martes pasado, defendiendo el asilo otorgado en Panamá a la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado y expresando su apoyo a los ex funcionarios de su gobierno que decidan buscar refugio en otros países cuando sientan que la justicia no les da garantías, terminó de alborotar el avispero político que ya se encontraba alterado, no sólo por la decisión de la Cancillería panameña de aceptar la petición de Hurtado, sino también por la noticia de que el ex ministro del Interior Sabas Pretelt había solicitado refugio en Costa Rica, el cual le fue negado.
Desde el presidente Juan Manuel Santos hasta el procurador Alejandro Ordóñez —pasando por funcionarios del actual gobierno y la justicia, ex mandatarios, directores y voceros de los partidos— reaccionaron a la carta en la que Uribe arremete contra la Corte Suprema de Justicia. Y es que en criterio del ex mandatario, “el Estado de Derecho no se desfigura por el asilo, que forma parte de la normatividad internacional y doméstica”, sino que, por el contrario, “se anula cuando la justicia se pone al servicio de la política o cae en la trampa de la venganza de los criminales”. De paso, Uribe advierte que la justicia “está sometida a la presión permanente de algunos opinadores que inexplicablemente la extorsionan con la pluma difamadora”.
Al respecto, el presidente Santos —no sin antes reiterar que por el ex presidente Uribe sólo tiene admiración y respeto—, enfatizó que Colombia tienen una democracia que funciona y que, contrario a lo que afirman los ex funcionarios que han pedido asilo o protección en el extranjero, el Estado sí tiene capacidad de protegerlos: “Nadie puede sostener ante un tercer país que aquí no hay garantías suficientes para ser juzgado debidamente. Tenemos una democracia donde se respeta la independencia de los poderes”, declaró el Primer Mandatario, marcando sin duda distancia de la posición de su antecesor.
Pero además, en el punto ocho del comunicado, el ex presidente Uribe se refiere a la supuesta coacción de la Corte Suprema a la Procuraduría para decidir la destitución del ex secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno, palabras que fueron rechazadas por el jefe del Ministerio Público. “No es cierto, ya que cuando fui designado como procurador afirmé que actuaría con independencia y con carácter. Mi vida como funcionario judicial, mis principios y mi carácter me impiden que alguien me presione o me instrumentalice”, dijo Ordóñez, no sin antes calificar la afirmación del ex mandatario como “una irresponsabilidad”.
Las reacciones en el sector de la justicia tampoco se hicieron esperar. El presidente (e) del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros, aseguró que los jueces y operadores jurídicos han dado prendas de garantías para los procesados en Colombia y que aun cuando pueda haber excesos por parte de algunos funcionarios, en detrimento de los intereses de los procesados, sus conductas están siendo vigiladas y no se han escapado a las sanciones. Y el fiscal Guillermo Mendoza, subrayó que “no es posible sostener que las actuaciones judiciales sean caprichosas” y que, en el caso de la investigación contra María del Pilar Hurtado en el escándalo del DAS, las pruebas “se han sustentado en evidencias exhibidas públicamente”.
Otro que salió en defensa del Poder Judicial fue el actual ministro de la política, Germán Vargas Lleras: “Cualquier persona puede solicitar asilo donde quiera, pero en Colombia hay plenas garantías para juzgar a quien sea requerido. Prueba de ello fue la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de nombrar conjueces para que asuman el proceso de Sabas Pretelt”, expresó, agregando que si el ex ministro toma la decisión de regresar al país, “puede tener la certeza de que gozará de la protección necesaria”.
Incluso, el ex presidente Ernesto Samper aseguró que con el comunicado de Uribe se está poniendo en tela de juicio ante el mundo la institucionalidad del país: “Colombia es un Estado de Derecho y me sorprende que una persona que presidió durante ocho años el Estado, ahora venga a desconocer las instituciones colombianas en lo que constituye una deslegitimación internacional de las mismas”.
Con la polémica encendida, Uribe estará hoy en Panamá dictando una conferencia titulada: “Confianza: la sinergia entre el Estado y el sector privado”, invitado por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas. Mientras tanto, la Cancillería del vecino país reveló que está dispuesta a estudiar la viabilidad de una extradición de la ex directora del DAS en caso de recibir la solicitud de Colombia y los rumores sobre nuevas peticiones de refugio de funcionarios del anterior gobierno seguían a la orden del día, aunque todos dicen estar dispuestos a darle la cara a la justicia. Como quien dice, aún falta mucha tela por cortar.
Para ver cuáles son algunos de los funcionarios investigados de la era Uribe, haga clic AQUÍ