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Vicepresidencia rechaza informe

“La Ley de Justicia y Paz es la ley más exigente con los desmovilizados y más cuidadosa con los derechos de las víctimas en cualquier proceso de paz en el mundo”, sostuvo la Vicepresidencia de la República en un comunicado de respuesta al informe de Human Rights Watch que cuestiona los obstáculos que han tenido las investigaciones contra la mafia paramilitar en Colombia.

16 de octubre de 2008 - 09:44 p. m.
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La declaración de la Vicepresidencia califica de ridícula la afirmación de que el Gobierno no está interesado en el esclarecimiento de los hechos que rodearon la violencia contra la población y que, lejos de las críticas de HRW, hoy las instituciones colombianas “son un ejemplo de funcionamiento independiente, respetuoso y complementario entre ellas”. Y añadió: “Las diferencias propias del pluralismo se debaten públicamente”.

Según la Vicepresidencia, el informe contiene múltiples afirmaciones que no son ciertas. En consecuencia, aseguró que el Gobierno nunca ha pretendido quitar o sustraer a los parlamentarios del juzgamiento de la Corte Suprema, que la Corte Constitucional ni reformó ni ordenó reformar la Ley de Justicia y Paz y que otras falsedades seguramente obedecen a problemas de comprensión de lectura de quienes la redactaron.

“El Gobierno rechaza el uso chantajista de la aprobación del TLC con argumentos que desconocen la realidad y la voluntad de los colombianos”, añade la declaración de la Vicepresidencia, que además precisó que si bien el Gobierno y las instituciones tienen deficiencias y errores que nunca han ocultado, carecen de intenciones criminales. Y agregó: “Cuando se elaboran informes con sesgo y cargados de animadversión personal, se pierde la credibilidad y se debilita la lucha por los DD.HH.”.

Finalmente, la Vicepresidencia de la República concluyó que se han tomado dos decisiones fundamentales por parte de la sociedad y las instituciones colombianas: garantizar los derechos de las víctimas y combatir y juzgar a todos los grupos armados ilegales. “En este sentido”, agrega el documento, “preocupa al Estado colombiano que el informe reduzca el problema al juzgamiento de unos cuantos y olvide todos los derechos de las víctimas”.

El texto de la declaración fue leído por el director del programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, Carlos Franco, quien al ser consultado sobre las críticas expuestas por José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, se limitó a comentar: “Ese trabajo no nos merece particular consideración ni comentarios fuera del comunicado oficial. Estamos cansados de que el país sea señalado como el paraíso de las violaciones de los Derechos Humanos”.

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