Un grupo de 471 ingenieros forestales del país, además de varias mesas forestales y programas universitarios, le escribieron una carta abierta al presidente Duque y a los candidatos presidenciales, expresando su preocupación por “la destrucción incesante a la que están sometidos nuestros bosques naturales y por la pérdida de la enorme e invaluable biodiversidad que ellos albergan”. (Le puede interesar: La selva amazónica se acerca a un punto de inflexión crítico, ¿qué significa esto?)
En el documento, los expertos señalan que la ampliación de la frontera agropecuaria, la ganadería extensiva, el acaparamiento de tierras, la minería ilegal, los incendios, los cultivos de uso ilícito, y la tala ilegal, no han logrado ser controladas ni por este ni los últimos gobiernos de Colombia, debido a que “las leyes y normas existentes no se han aplicado en la forma debida, o en otros casos, simplemente porque las políticas en materia forestal no han sido implementadas o fueron abandonadas y dejadas en el olvido”.
De hecho, y al igual que lo han expresado otros actores del sector ambiental, advierten instrumentes recientemente expedidos, como la resolución de Zonas de Reserva Forestal publicada por el Ministerio de Ambiente, favorecen la actividad minera en estas zonas, afectado no solo los bosques en sí, sino el ecosistema en sí. (Le puede interesar: Colombia está perdiendo un parque nacional natural)
“Consideramos necesario y urgente que se replanteen a fondo las acciones para contrarrestar la deforestación, catalogado como el principal problema ambiental de Colombia, mediante la revisión y actualización de las políticas, leyes, planes, programas y proyectos aprobados tanto en este como en gobiernos anteriores, pero que desafortunadamente no se han cumplido”, señalan. Entre las leyes y programas que necesitan ser revisadas o actualizadas están:
- – El Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF), que debía ir hasta 2025, pero su implementación, explican, fue abandonada por el Ministerio de Ambiente.
- – El Servicio Forestal Nacional (SFN) que, actualmente, no existe, “a pesar de que su estructuración, implementación y coordinación son también una función expresamente asignada por la Ley 99 de 1993 al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”.
- – Tres directrices de la Política de Crecimiento Verde que no se han cumplido: un nuevo proyecto de ley de Reserva Forestal, formular una estrategia integral de financiación para la gestión forestal y, finalmente, fortalecer las capacidades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de las Corporaciones Autónomas Regionales para la administración forestal.
Además, resaltan debilidades en el Acuerdo de Competitividad de la Cadena Productiva Forestal y en la Política de Plantaciones Forestales con Fines Comerciales (2018-2038). (Acá también: Congreso, ¿rajado en temas ambientales?)
“Como Ingenieros Forestales, con los conocimientos y capacidades para investigar, planificar, ordenar y manejar sosteniblemente los bosques naturales y plantados, estamos dispuestos a colaborar activamente, junto con otros actores interesados entre los que resaltamos las Mesas Forestales Departamentales y la Mesa Forestal Nacional, -espacios de diálogo, articulación y concertación entre actores públicos y privados-, para llevar a cabo de manera conjunta la revisión, actualización y diseño de políticas, leyes, reglamentos, planes, programas y proyectos que contribuyan al mejoramiento de la gobernanza forestal y conduzcan a la conservación, manejo y administración sostenible de los bosques, como una alternativa de desarrollo para contrarrestar la grave destrucción del patrimonio forestal de todos los colombianos que, además de los graves y adversos efectos que ocasiona en múltiples dimensiones, implica un injustificable incumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por Colombia en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Convenio de Biodiversidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, concluyen.
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