El Pago por Servicios Ambientales (PSA) es uno de los instrumentos más usados para promover la restauración y conservación de ecosistemas estratégicos con servicios ambientales clave, gracias a un marco regulatorio que se ha desarrollado para ponerlo en marcha. Lo que inició con la modificación del Artículo 111-Ley 99/1993, en aras de habilitar una fuente de financiación estable para conservar áreas abastecedoras de acueductos, evolucionó con el Acuerdo de La Habana y el Decreto Ley 870/2017 como una apuesta de país para la construcción de paz, vía la Reforma Rural Integral.
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El PSA ha demostrado su valor en el fortalecimiento de la gobernanza territorial, pues la articulación de diversos actores en torno a la conservación ha dado voz y poder de negociación a las comunidades; otro acierto es su espíritu para priorizar como beneficiarios a pequeños productores y ayudar a reducir las desigualdades en la ruralidad, aunque esto depende del enfoque en su diseño. Y se destaca la corresponsabilidad de autoridades ambientales y entes territoriales en la financiación de la gestión ambiental en territorios rurales.
Por otro lado, la experiencia en la implementación de PSA deja algunos puntos por revisar:
- Tienen un alcance limitado frente a las necesidades territoriales, por ello se requiere engranar diferentes instrumentos a la conservación y fuentes de financiación en los planes de desarrollo departamentales y municipales, para posibilitar mayores beneficios.
- Deben ser un proceso transparente e incluyente, pero la responsabilidad y calidad de las autoridades ambientales y los operadores definen los resultados de su implementación. Así, ¿cómo regular a los operadores y definir mínimos condicionantes para garantizar la adecuada aplicación de criterios PSA?
- Velan por el cumplimiento de los acuerdos, pero pocas veces se evalúan los impactos de las acciones implementadas o se evalúan de manera fragmentada. Se debe considerar que el instrumento no es el único factor que incide sobre el servicio ecosistémico en un área, por lo que la visión del monitoreo debe articularse con procesos y apuestas regionales y nacionales.
- Exigen, en territorios colectivos, integrar una nueva dimensión a su definición y operatividad, la cual debe pasar por un ejercicio de gobernanza colectivo para pensar cuáles son los criterios diferenciadores.
- Buscan gestionar los conflictos de uso del suelo y aportar a la construcción de paz, pero su efectividad se mide en número de hectáreas y recursos invertidos. Entonces, ¿cómo identificar sus aportes a la paz y la conservación si no se mide su efectividad en procesos para la transformación de los territorios o el fortalecimiento y la diversificación de los modos de vida de las comunidades?
Ad-portas de la COP16, cuyo eje central de conversación es la Paz con la Naturaleza, vale la pena reflexionar sobre estos aprendizajes y revisar cómo podemos robustecer las oportunidades del PSA para la construcción de Paz en Colombia.
*Coordinadora Proyecto Implementación de PSA para la conservación de ecosistemas estratégicos, Fundación Natura.
**Magíster en gestión ambiental.
***Magíster en desarrollo rural.