Uno de los retos con los que se encontró el gobierno de Gustavo Petro durante el primer año de su mandato fue estructurar una política ambiental en línea con lo que fue su campaña política en elecciones. En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que regirá hasta 2026, cuando finalice su período presidencial, se plantearon varias metas con las que se busca atacar las principales problemáticas en esta materia. (Le puede interesar: Sembrar árboles sin conocer su origen puede perjudicar la biodiversidad, ¿por qué?)
Una de estas es la reducción de la deforestación, que se propone llegar a 100.000 hectáreas deforestadas en 2025 y dejar el camino trazado para reducir esta cifra al mínimo posible en 2030. También está la implementación del Acuerdo de Escazú, que involucra crear sistemas de información para hacer seguimiento a la producción y el impacto de las empresas en el medio ambiente.
Susana Muhamad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, destaca que su cartera ha conseguido avances para lograr estos objetivos. La protección de la Amazonia, la conservación de las áreas protegidas y la financiación para la protección de ecosistemas estratégicos del país, entre otros, son aspectos en los que durante el primer año de Gobierno se realizaron gestiones para sentar las bases de la política ambiental.
“Durante nuestra gestión hemos puesto a las comunidades y a los ecosistemas en el centro de nuestras prioridades para enfrentar la crisis climática que vive el planeta. Este ha sido un año de trabajo arduo, avanzamos significativamente en la conservación y preservación de nuestros ecosistemas, implementamos políticas y programas que han permitido reducir la deforestación y proteger áreas naturales claves para el presente y las futuras generaciones. Esto es tan solo un paso, somos conscientes de que aún hay desafíos por enfrentar y metas por alcanzar”, comentó la ministra Muhamad. (Le recomendamos: Con innovaciones avanzan hacia sistemas agroalimentarios y economías de base biológica)
Con un camino largo por recorrer en los tres años que restan de mandato, la ministra también reconoce que hay que trabajar en la implementación de otras de las propuestas planteadas, como el ordenamiento territorial alrededor del agua, la pedagogía sobre el cambio climático y la transición energética, que involucra a otros ministerios.
El pasado 12 de julio, el Minambiente presentó las cifras de deforestación correspondientes a 2022, registrando una disminución del 29 % en el total nacional. Con esto, se pasó de más de 174.000 hectáreas deforestadas en 2021, a 123.517 en 2022. Con esta cifra, el Ministerio logró superar la meta nacional planteada, que era reducir la deforestación en 20 % y llegar a menos de 140.000 hectáreas. Uno de los principales focos de la reducción fue el llamado arco amazónico, que comprende los departamentos de Guaviare, Putumayo, Caquetá y Meta, en donde históricamente se ha presentado la mayor deforestación.
Allí hubo una disminución del 36,4 % en la deforestación y las cifras preliminares del primer trimestre de 2023, en comparación con los mismos meses de 2022, muestran una reducción del 76 % en la problemática que se presenta en estos cuatro departamentos. (También puede leer: Descubrieron dos especies de topo que vivían hace 3 millones de años en la montaña)
“La deforestación es la principal fuente de gases de efecto invernadero del país; por eso, la protección del bosque es esencial como el punto más estratégico de conservación de la biodiversidad y regulación del clima”, afirmó la ministra.
A esto se unirá el trabajo comunitario en zonas protegidas como el Parque Nacional Natural Chiribiquete, en donde se espera integrar a las personas a la conservación del bosque. Al respecto, Norbey Rojas, de la Asociación Fantasías de Cerro Azul —agencia que promueve el turismo sostenible en las áreas de amortiguación de este parque— dijo: “Lo que tenemos que hacer es cuidar y preservar los entornos naturales. Si nosotros destruimos la Amazonia, cada vez estaremos sufriendo más los efectos del cambio climático”.
Por su parte, Yesid Pereira, representante de la Asociación de Productores y Comercializadores Agrícolas de La Carpa (Asocarpa), en San José del Guaviare, aseguró: “Nosotros como comunidad tenemos claro que debemos sacar adelante el medio ambiente; hoy, en vez de acabar con la Amazonia, debemos protegerla”. (Le puede interesar: Conservar el 30 % del área terrestre y marina: ¿lo logrará Colombia en siete años?)
Ahora el reto está en concentrarse en los focos en los que aún no disminuye la deforestación, como Chocó, Antioquia y Bolívar, en donde aumentó 23 %, 5 % y 2 %, respectivamente.
“Este año seguiremos trabajando con las comunidades, aumentando la cobertura en el programa de Pagos por Servicios Ambientales, con el cual esperamos llegar a 10.000 familias al final de 2023, e implementando la estrategia de contención en otros núcleos de deforestación fuera de la Amazonia, como Catatumbo y Chocó”, afirmó Muhamad sobre la estrategia para avanzar en este aspecto.
En esta misma línea, durante el primer año de este Ministerio de Ambiente se creó el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, una bolsa de recursos para la financiación de las políticas ambientales del país. Con este se busca garantizar “una mayor flexibilidad y traer más recursos internacionales para planes de largo plazo. Nos dará mayor trazabilidad de esos programas”, explicó Muhamad. (Le recomendamos: Los puntos claves del Tratado que busca proteger la biodiversidad de las aguas internacionales)
Para este fondo, el gobierno Petro firmó vigencias futuras por $600.000 millones, que se destinarán a la conservación de la Amazonia durante los próximos 20 años. Sumado a esto, en el marco de su propuesta en el PND de ordenar el territorio alrededor del agua, se gestionaron “$60.000 millones para la protección de 16 páramos, $1,2 billones para el Plan Integral de Restauración de La Mojana; $36.000 millones para recuperar la Ciénaga Grande de Santa Marta; 10 millones de euros para el desarrollo de 13 territorios estratégicos del país; $15.000 millones para la protección y conservación de los pastos marinos en La Guajira; $193.500 millones para el manejo sostenible de áreas protegidas y paisajes en Colombia, y $3.020 millones del plan maestro para la restauración de la bahía de Cartagena”, explicó el Ministerio.
En el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada por el presidente Gustavo Petro en La Guajira, el agua se determinó como un bien de especial protección ambiental para ese departamento. Con esto se espera dar prioridad a la protección del recurso para el consumo de las poblaciones y su seguridad alimentaria.
Otro de los aspectos que destaca Muhamad es que al inicio del Gobierno se logró la ratificación del Acuerdo de Escazú, luego de que estuviera tres años en discusión. “Esto lo logramos en un trabajo conjunto entre el Congreso, el Gobierno y la ciudadanía. La ratificación del Acuerdo de Escazú aumenta la participación ciudadana y la transparencia de los sectores productivos sobre sus impactos ambientales”, afirmó la ministra. (También puede leer: Agrobiodiversidad: una alternativa para garantizar la seguridad alimentaria)
Sobre este aspecto, el Minambiente espera trabajar durante los próximos años en la implementación de estrategias encaminadas a fortalecer la información ambiental, el acompañamiento a defensores ambientales, la participación ciudadana en las decisiones ambientales y las veedurías ciudadanas.
Por otra parte, se logró una ampliación de las áreas protegidas, entre las que destacan las 175.000 hectáreas que fueron adicionadas al área de protección de la Sierra Nevada de Santa Marta, con el fin de “garantizar la conservación del territorio y la pervivencia de los pueblos indígenas de esta zona”, explicó la entidad.
Finalmente, Muhamad resaltó el trabajo conjunto con otras carteras, como la de Minas y Energía, para trabajar en la propuesta de su Gobierno sobre la transición energética. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) licenció 15 proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable, que incluye un parque eólico, siete parques solares y siete líneas de transmisión. Con esto se espera lograr una capacidad de generación de 1,7 gigavatios, que sumarán a la meta de seis gigavatios planteada para 2026. (Le puede interesar: Colombia: potencia forestal de América Latina)
“Vamos en la senda correcta, acelerando el proceso de transición energética justa que requiere el país para pasar del extractivismo a diversificar nuestras fuentes de energías”, señaló Muhamad.
En varios escenarios, el Gobierno ha planteado la importancia de un canje de deuda externa por naturaleza. Con esto se busca “posicionar a Colombia como líder de la acción climática y establecer un mecanismo para obtener recursos que permitan financiar la adaptación y mitigación, y atender las pérdidas y los daños frente al cambio climático en nuestros territorios”, apunta la entidad.
La delegación colombiana que participó en la Cumbre Amazónica de Brasil, encabezada por el presidente Gustavo Petro y realizada del 6 al 9 de agosto, también logró poner en la agenda regional la propuesta de crear un tribunal de justicia ambiental para la Amazonia por delitos contra la humanidad. “El país manifestó la necesidad de salvar el 80 % la Amazonia al 2025 y llegar a la cero deforestación en 2030”, concluyó el ministerio.
*Este contenido fue financiado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.