El presidente Abelardo de la Espriella confirmó en la tarde de este jueves 3 de septiembre que ordenó inspeccionar la de Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira, en la cárcel de La Dorada (Caldas). Esto, luego de las recientes denuncias de magistrados de la Sala Penal del alto tribunal sobre posibles riesgos para su seguridad por decisiones tomadas en contra del parapolítico.

“Frente a la persona señalada como autora de las amenazas, a primera hora de la mañana, entramos con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a su celda, revisamos sus pertenencias, encontramos un celular y vamos a hacer la investigación”, señaló el presidente durante una reunión con la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

Contexto: “Ningún funcionario judicial debe afrontar amenazas”, presidente de Corte Suprema

Asimismo, el primer mandatario señaló que ha ordenado el traslado del exgobernador, de ser necesario. “Aquí nadie va a amenazar a la Corte. Cualquiera que se levante contra la Corte se levanta contra el Gobierno, y haré caer sobre él o ellos todo el peso de la ley”.

Las alertas por las supuestas amenazas contra los magistrados se hicieron públicas el pasado 2 de septiembre, a través de una carta enviada al presidente de la Sala Penal, el magistrado Carlos Roberto Solórzano. En la misiva, el togado José Joaquín Urbano expuso que, a partir de una de sus ponencias, la Sala Penal condenó al exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como Kiko Gómez.

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Esa condena fue de más de 31 años de cárcel por el delito de homicidio agravado. En su carta, el magistrado Urbano dijo que procuradores que tuvieron relación con el proceso se acercaron a su despacho para expresarle sus preocupaciones por temas de seguridad durante las últimas semanas.

A esto se sumó que, el pasado 1 de septiembre, se conoció que en el piso 26 del edificio de la Procuraduría fue encontrada una bala disparada y una ventana rota por donde habría ingresado el proyectil.

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Estas denuncias llevaron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Iván Mauricio Lenis, a referirse a los hechos denunciados por magistrados de la Sala Penal: “Hemos conocido unos hechos que están siendo materia de investigación y que pueden comprometer la seguridad de magistrados de esta corporación y de integrantes de la Procuraduría General de la Nación. Esperamos que la Fiscalía y la Policía puedan avanzar rápidamente en esas investigaciones, esclarecer el asunto y determinar lo ocurrido”.

Asimismo, agradeció a la Policía Nacional “por su intervención tan inmediata y por todas las gestiones que han tomado de manera preventiva para reforzar la seguridad de los magistrados y las instalaciones del Palacio de Justicia”.

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En su declaración, el presidente de la Corte resaltó que “ningún funcionario judicial que haga parte del sistema de justicia, juez, fiscal, defensor público, procurador o cualquier servidor judicial debe afrontar amenazas, riesgos, opresiones por cumplir con su función”.

Defensa de Kiko Gómez se pronuncia

Juan Felipe Criollo Figueroa, abogado de Kiko Gómez, se pronunció públicamente sobre los señalamientos que hizo el togado Urbano. Según dijo, él, la esposa e hija de Gómez y el propio exgobernador de La Guajira “rechazamos y repudiamos, de manera categórica, los hechos ocurridos. Se trata de conductas de la mayor gravedad, que lesionan la institucionalidad y no admiten justificación ni matiz alguno”.

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Sin embargo, dijo que Kiko Gómez es totalmente ajeno a los hechos. “Negamos de manera categórica cualquier participación, autoría, determinación, vínculo o relación suya con tales hechos, al punto de que ni siquiera tuvo conocimiento de su ocurrencia”. Agregó que “la divulgación irresponsable de acusaciones de esta gravedad por parte de unos medios de comunicación no solo afecta el buen nombre y la honra del señor Gómez Cerchar, sino que compromete seriamente la seguridad e integridad de todo su núcleo familiar”.

En ese sentido, señaló que pidió a “a las autoridades competentes que indaguen los hechos de manera pronta, seria y exhaustiva, pues es precisamente una investigación rigurosa y técnica la que permitirá identificar a los verdaderos responsables y acreditar la ajenidad del señor Gómez respecto de estos hechos”.

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El presidente Abelardo de la Espriella ya le dijo a su equipo diplomático cuál quiere que sea su carta de presentación con el mundo. Lo dejó claro este jueves en la tarde en una reunión que tuvo en la Casa de Nariño con quienes figuran como sus representantes ante Estados Unidos, María Consuelo Araújo, y las Naciones Unidas, Mauricio Gaona, con miras a la primera Asamblea General del organismo multilateral a la que asistirá este gobierno. Y todo coincide con la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a Barranquilla. Todo ocurrirá la próxima semana.

“Nuestra diplomacia tiene una misión clara: abrir puertas, construir alianzas, atraer inversión y defender los intereses de Colombia, mostrando con orgullo todo lo que nuestra patria tiene para ofrecer”, anunció De la Espriella tras la cita con sus diplomáticos.

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Aunque en la capital del Atlántico será el mandatario quien recibirá directamente al representante de la Casa Blanca de Donald Trump el 8 de septiembre, el vicepresidente José Manuel Restrepo tendrá la tarea de encabezar desde ese mismo martes la delegación que aterrizará en Nueva York en su primer viaje oficial al exterior, así como la del Consejo de Seguridad que se hará en octubre próximo.

Las tres líneas que definirán la participación en el pleno de la ONU están enmarcadas en las nuevas tecnologías, el desarrollo y la seguridad, no muy lejanas de los planteamientos que dejó De la Espriella en su propia campaña. Y la cara de la política exterior, junto al canciller Omar Bula, será el mismo Restrepo, quien antes de asumir las riendas del Estado el pasado 7 de agosto visitó Estados Unidos y tuvo un encuentro con el secretario de Estado. Ese fue el primer movimiento para reestablecer el diálogo de más alto nivel entre Bogotá y Washington.

Una reedición de ese apretón de manos ocurrirá en Barranquilla. De la Espriella recibiría a Rubio en la sede presidencial en la capital del Atlántico, que opera en el Batallón Paraíso, en lo que es la primera visita de un secretario de Estado estadounidense después de que Antony Blinken —quien ocupó ese cargo en la Presidencia de Joe Biden— hiciera lo propio en octubre de 2022.

Todo esto funcionará como la antesala de un posible encuentro entre Trump y De la Espriella. Así lo fue en 2022 y en este punto se suma que, además de la delegación colombiana en EE. UU., ya habrán asumido funciones tanto Araújo como Gaona. Sobre todo en la primera recaerá el relacionamiento necesario que luego hará posible un encuentro entre ambos jefes de Estado.

Además, parte de lo que discutirán Rubio y De la Espriella está enmarcado en la alianza en materia de narcotráfico y lucha contra el terrorismo. Varios pasos ya se han dado en esa vía y el último fueron las resoluciones que ordenaron la entrega a las autoridades estadounidenses del cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc Willinton Henao Gutiérrez, alias “Mocho Olmedo”; del líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) Carmen Evelio Castillo, alias “Muñeca”; y del jefe de los Comandos de la Frontera Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”.

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Todos salieron del país este jueves en un avión de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). La firma de sus extradiciones se había oficializado la semana pasada y marcaron la pauta del desmonte total de la política de “paz total” del expresidente Gustavo Petro. Eso se selló con la firma de nueve resoluciones ejecutivas con las que terminó, oficialmente, con las mesas de diálogo con las ACSN, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el autodenominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio (EMBF).

Junto con eso, el Gobierno presentará los operativos que se han realizado contra las estructuras criminales en todo el país como parte de los resultados de esa política de “mano dura” que se puso en marcha desde el 7 de agosto. Este mismo jueves, De la Espriella anunció que se había logrado la captura de dos cabecillas del Tren de Aragua, la estructura criminal transnacional de origen venezolano: Richard José Espinal Quintero, alias “El Coti”, y Henderzon Adrián Villarroel Luque, alias “El Patón”.

Las reuniones del canciller Bula con Amado Philip de Andrés, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) para la región andina y el cono sur, también van en esa vía. Esa organización es la encargada de la medición de los cultivos de uso ilícito en el país, cuya metodología intentó cambiar el “Gobierno del cambio”.

En su último informe de Monitoreo de Territorios con Presencia de Cultivos de Coca, que presenta cifras de 2024, el área sembrada con coca aumentó en un 3,5 % y pasó de 253.000 a 261.000 hectáreas. Aunque el próximo que salga será sobre el 2025, esos números serán claves en el intento para que Colombia vuelva a recibir el certificado en la lucha contra las drogas por parte de EE. UU. y servirán para reforzar el discurso de “mano dura” del actual Gobierno.

“Resulta fundamental mantener una coordinación estrecha y oportuna con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos, favorecer la coherencia entre las actividades desarrolladas por UNODC y las prioridades nacionales, optimizar el uso de los recursos disponibles y promover una planificación más eficiente y articulada”, precisó el canciller Bula al término de ese encuentro. Y agregó: “tenemos una nueva óptica de lucha contra el crimen organizado y tenemos que comenzar a alinearnos en esta nueva línea del Gobierno”.

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La visita del jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, Francis Donovan, la semana pasada ya había dejado unas líneas sobre lo que se venía en materia de cooperación militar tras la firma de la adhesión de Colombia al llamado “Escudo de las Américas”. Y no es menor que haya una mención explícita al país en la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 de Estados Unidos, en la que se detalla que el gigante norteamericano usará todas las herramientas para que los países desde los que operan las redes de narcotráfico tomen medidas contra la producción de drogas.

El Estado está encaminado en asegurar que haya resultados tangibles para mostrarle al mundo en esa visita a las Naciones Unidas y a la Casa Blanca de Trump. El magnate republicano dijo esta misma semana que considera que De la Espriella “ha hecho un buen trabajo” y reiteró que gracias a su respaldo fue que el ahora jefe de Estado logró ganar las elecciones.

La sede presidencial en Barranquilla se alista para el recibimiento de la delegación norteamericana. El presidente De la Espriella reunió a tres de los ministros claves para ese encuentro —Bula, Rodrigo Lara (Interior) e Iván Cancino (Justicia)— este jueves en la Casa de Nariño y ya se está planeando la agenda y la estructura de una de las visitas más importantes a nivel internacional del nuevo gobierno.

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Colombia cerró el gobierno de Gustavo Petro exportando más que un año atrás, pero con una dificultad que las cifras agregadas esconden: buena parte del crecimiento reciente proviene del petróleo, el oro y otros productos cuyo comportamiento depende más de los precios internacionales que de una transformación de la capacidad productiva del país.

Según el más reciente informe del DANE, entre enero y julio de 2026, las exportaciones llegaron a USD 32.489 millones, 12,7 % más que en el mismo periodo de 2025. El resultado luce favorable hasta que se mira qué se está vendiendo. Los combustibles y productos de las industrias extractivas crecieron 16,6 %, hasta USD 13.142 millones, mientras el grupo de otros sectores aumentó 90,1 %, impulsado casi por completo por el oro no monetario. Las manufacturas cayeron 2,5 % y el sector agropecuario retrocedió 2,4 %.

Esa composición resume buena parte del problema que recibe el nuevo gobierno: Colombia ha conseguido sostener el valor de sus exportaciones, pero todavía tiene dificultades para ampliar de manera consistente la cantidad de empresas, productos y mercados capaces de generar divisas.

Los números de los cuatro años anteriores muestran el recorrido.

En los últimos cinco meses de 2022, después de la llegada de Petro a la Casa de Nariño, las ventas externas todavía se movían en niveles elevados. En agosto alcanzaron USD 4.582 millones FOB; en septiembre fueron USD 4.779 millones; en octubre, USD 4.213 millones; en noviembre, USD 4.520 millones, y en diciembre cerraron en USD 4.498 millones.

Exportaciones para abajo

Después vino la caída.

En 2023, las exportaciones colombianas sumaron USD 49.543 millones, una reducción de 12,9 % frente al año anterior. Los combustibles y productos de las industrias extractivas explicaron buena parte del retroceso: sus ventas bajaron 18,6 %, con disminuciones de 25,4 % en hulla, coque y briquetas y de 16,6 % en petróleo y sus derivados.

El agro tampoco logró compensar la caída. Sus exportaciones disminuyeron 12,8 %, principalmente por el descenso de 29,4 % en las ventas de café sin tostar. Las manufacturas cayeron 3,8 %.

En 2024, el comercio exterior prácticamente se quedó quieto. Las exportaciones alcanzaron USD 49.552 millones, apenas 0,4 % menos que en 2023. Los combustibles volvieron a retroceder, esta vez 10,6 %, con caídas de 22,4 % en carbón y 5,1 % en petróleo.

El contrapeso apareció en el agro. Sus ventas aumentaron 14 %, impulsadas por el café sin tostar, que creció 21,8 %, y el banano, con un incremento de 33,9 %. Las manufacturas avanzaron 4,3 %.

También creció con fuerza el grupo de otros sectores, 20,4 %, aunque nuevamente con una particularidad: el aumento estuvo explicado por el oro no monetario.

En 2025 hubo una recuperación modesta. Las exportaciones llegaron a USD 50.200 millones, 1,3 % más que en 2024. El petróleo y el carbón volvieron a caer, esta vez 17,9%, mientras el agro aumentó 33,2 %. El café descafeinado creció 70,2 % y el aceite de palma 83,6 %. Las manufacturas subieron 4,8 % y el oro no monetario mantuvo su crecimiento.

Y así llegó el último tramo del gobierno.

Entre enero y julio de 2026, el aumento de 12,7 % parece romper la tendencia de estancamiento. Pero el detalle vuelve a importar. El petróleo creció 18,6 %, el carbón 1,5 % y el oro volvió a dispararse. En cambio, dos de los sectores sobre los que descansa la diversificación de la oferta colombiana tuvieron un comportamiento negativo.

Estados Unidos siguió siendo el principal destino, con 28,4 % del valor exportado, seguido por Panamá, con 8,5 %, e Italia, con 5,2 %. El crecimiento de las ventas hacia este último país fue particularmente alto, 367,2 %, impulsado por sus compras de oro y petróleo.

Acá, la gran pregunta: ¿cuánto de lo que Colombia está exportando responde a una mayor capacidad de producir y vender bienes y servicios competitivos, y cuánto depende del comportamiento de unos pocos productos?

Analdex llegó a su Congreso Nacional de Exportadores con esa preocupación sobre la mesa.

Un país que exporta poco y concentra mucho

Este jueves 3 de septiembre, en Cartagena, la Asociación Nacional de Comercio Exterior presentó su propuesta “Colombia Futuro Exportador: Ruta 2030″. El documento parte de una comparación poco favorable.

Durante el primer semestre de 2026, según las cifras presentadas por el gremio, las exportaciones llegaron a USD 27.844 millones y crecieron 14,2 %. Cerca del 95 % de ese incremento, señaló Analdex, estuvo concentrado en combustibles y oro.

La distancia con el máximo histórico también sigue siendo considerable. En 2012, Colombia exportó USD 60.125 millones. Catorce años después, el país todavía no ha conseguido superar esa marca.

La diferencia se hace más evidente cuando se mide por habitante.

Colombia exporta alrededor de USD 946 por persona, equivalente al 30,3 % del promedio mundial, que Analdex calcula en USD 3.114. El país ocupa el puesto 115 entre 190 economías y el decimoquinto entre 20 países latinoamericanos.

Chile exporta USD 5.388 por habitante; Costa Rica, USD 5.129, y México, USD 5.039. Para alcanzar el promedio regional, Colombia tendría que llevar sus exportaciones hasta unos USD 114.400 millones anuales.

El problema tampoco está repartido de manera uniforme entre las empresas.

En 2025 hubo 9.404 compañías exportadoras. Pero solo 460 vendieron más de USD 10 millones cada una y concentraron 88,9 % del valor exportado. Mientras tanto, 7.634 empresas exportaron menos de USD 1 millón y representaron apenas 2,4 % del total.

Además, la base de empresas que exportan de manera recurrente se redujo. Entre los trienios 2021-2023 y 2023-2025 se perdieron 395 exportadores constantes, una disminución de 7,4 %.

La concentración también aparece en los mercados. Estados Unidos, la Unión Europea y Panamá reúnen 52,3 % de las exportaciones colombianas.

Estados Unidos merece una atención particular. En 2025 recibió productos colombianos por USD 14.872 millones y, según Analdex, 2.490 empresas están relacionadas con productos afectados por medidas arancelarias estadounidenses como las secciones 301 y 232. El gremio calcula que un eventual aumento del arancel de 10 % a 12,5 % significaría unos USD 86 millones adicionales al año para los productos colombianos que ingresan a ese mercado.

Hay otro problema que atraviesa todas esas cifras y que el exportador siente antes de que aparezca en cualquier ranking internacional: el dólar.

Cuando el dólar deja menos pesos

El 12 de agosto de 2022, pocos días después de que Petro asumiera la presidencia, el dólar cerró en COP 4.162. En aquel momento, la tasa de cambio venía descendiendo desde niveles superiores y el mercado reaccionaba, entre otros factores, a señales provenientes de Estados Unidos.

Cuatro años después, la situación cambiaria se convirtió en uno de los principales dolores de cabeza para los exportadores colombianos.

La apreciación del peso reduce los ingresos que recibe en moneda local una empresa que vende en dólares. La cuenta es sencilla.

Analdex presentó un ejemplo durante su congreso: una exportación de US$1 millón liquidada a una tasa de COP 4.400 representaría ingresos por COP 4.400 millones. Con una tasa de COP 3.144,3, la misma venta produciría COP 3.144,3 millones.

La operación internacional no cambió. El producto vendido es el mismo, el cliente paga el mismo millón de dólares y la empresa entrega la misma mercancía. Lo que cambia es la cantidad de pesos que recibe al convertirlos.

En ese ejemplo, la diferencia es de COP 1.255,7 millones, equivalente a 28,5 % de los ingresos en pesos.

El efecto no se limita a una empresa concreta. Según las estimaciones presentadas por Analdex, por cada COP 100 de apreciación del peso, las exportaciones no minero-energéticas se reducen 0,8 %, mientras que las exportaciones de servicios disminuyen 3,3 %.

El problema es especialmente relevante para una economía que pretende diversificar sus ventas externas. Una empresa que exporta manufacturas, alimentos o servicios puede aumentar productividad, buscar nuevos clientes y abrir mercados, pero una apreciación fuerte de la moneda puede reducir en pesos el resultado de todo ese esfuerzo.

Por eso el gremio planteó medidas de corto plazo, entre ellas recuperar mecanismos como el Certificado de Abono Tributario, garantizar la devolución oportuna del IVA y establecer apoyos para las primas de cobertura cambiaria.

También llamó a las empresas a proteger su caja, aumentar productividad y utilizar herramientas de cobertura frente al riesgo cambiario.

Pero la propuesta de Analdex no se queda en contener el golpe.

La Ruta 2030

El objetivo que plantea el gremio es duplicar las exportaciones de bienes: pasar de los USD 50.200 millones de 2025 a más de USD 100.000 millones en 2030.

La cifra parece enorme porque lo es. Pero matemáticamente supone un crecimiento anual compuesto cercano a 14,8 % durante cinco años. Es una tasa exigente, aunque distinta de duplicar las exportaciones todos los años.

Para acercarse a esa meta, Analdex propone ampliar la base empresarial hasta llegar a 10.000 exportadores recurrentes. La definición del gremio contempla compañías que mantengan ventas internacionales superiores a USD 1.000 durante más de tres años consecutivos.

La propuesta también fija cinco prioridades para los primeros 100 días del nuevo gobierno.

La primera es definir prioridades claras entre sectores y mercados, de modo que los recursos públicos y las estrategias de promoción tengan objetivos concretos.

La segunda apunta a uno de los problemas que durante años han frenado la expansión agroexportadora: los estándares y los requisitos de admisibilidad sanitaria. Sin resolverlos, tener un producto competitivo no garantiza que pueda entrar a un mercado.

La tercera es digitalizar e interoperar al Estado para reducir los trámites que aumentan costos y tiempos para los exportadores.

La cuarta tiene que ver con financiación, capital de trabajo, garantías y logística.

Y la quinta combina defensa comercial y diplomacia económica. La apuesta es proteger el acceso al mercado estadounidense, pero al mismo tiempo abrir nuevos destinos.

La discusión, en últimas, no se reduce a si Colombia exportó más o menos durante el gobierno Petro. Las cifras muestran años de caídas, recuperación parcial y crecimiento reciente, pero también revelan una estructura que sigue dependiendo demasiado de unos cuantos productos, empresas y mercados.

El oro puede hacer crecer una estadística en un año. El petróleo puede sostenerla en otro. Un dólar favorable puede aliviar los márgenes de un exportador. Ninguno de esos factores, por sí solo, construye una base exportadora más grande.

El nuevo gobierno recibe una economía que necesita vender más al mundo y, sobre todo, conseguir que más empresas puedan hacerlo durante más tiempo.

Los USD 100.000 millones que propone la “Ruta 2030” deberán moverse a través de miles de empresas exportando, nuevos productos entrando a otros mercados y una estructura productiva capaz de resistir cuando el petróleo baje, el oro deje de brillar o el dólar vuelva a jugar en contra.

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Álvaro Uribe Vélez tiene este 4 de septiembre una nueva cita con la justicia. La Fiscalía lo convocó a las 9:00 de la mañana para que rinda indagatoria en el marco de tres expedientes que buscan responder preguntas que llevan décadas sin resolverse. La primera hipótesis que busca establecer es si, como gobernador de Antioquia, habría promovido la conformación ejércitos privados de paramilitares que perpetraron masacres en el departamento y si pudo haber participado en ellas. Y la segunda, si tuvo algo que ver en el asesinato del líder de derechos humanos, Jesús María Valle. Los hechos ocurrieron entre junio de 1996 y febrero de 1998 y, desde entonces, fiscales e investigadores han dado tumbos para avanzar en las investigaciones. Para entender el escenario judicial que ahora enfrenta el expresidente, El Espectador le explica las claves de este proceso.

¿Cuáles son los casos por los que es investigado Álvaro Uribe Vélez?

1. Masacre de San Roque

Entre el 13 y 17 de septiembre de 1996, ocurrió una masacre en el municipio de San Roque (Antioquia) perpetrada por un grupo paramilitar que, según la Corte Suprema de Justicia, habría usado como base de operaciones la hacienda Guacharacas, que en esa época era propiedad de la familia Uribe Vélez. La Fiscalía investiga si el entonces gobernador de Antioquia habría participado en la creación de esa organización criminal que, supuestamente, también desapareció a cuatro personas, a mediados de junio de 1996, y habría participado en la desaparición de ocho comerciantes el 14 de agosto de ese mismo año, entre Maceo y Puerto Berrío (Antioquia).

(En contexto: El Aro, La Granja y San Roque: las masacres por las que llaman a indagatoria a Álvaro Uribe)

1. Masacre de La Granja

El asesinato de cuatro jornaleros en ese corregimiento del municipio de Ituango fue el inicio de una estela de violencia paramilitar en esta región de Antioquia. El 11 de junio de ese año, más de 30 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), al mando de los hermanos Fidel y Vicente Castaño y Salvatore Mancuso, fuertemente armados y liderados por el jefe paramilitar alias “Doble Cero”, llegaron a la zona y obligaron a sus habitantes a salir a las calles, donde fueron acusados de ayudar a las Farc. Seleccionaron a cuatro pobladores, los torturaron y asesinaron. Sus nombres eran: William Villa García, Graciela Arboleda Rodríguez, Héctor Hernán García y Jairo de Jesús Sepúlveda Arias.

La Fiscalía sostiene que Uribe habría participado en esta incursión paramilitar, cuando era gobernador. En consecuencia, el delito en el que estaría involucrado es concierto para delinquir. Luego de la masacre, los criminales quemaron viviendas, hurtaron ganado y fueron desplazadas cientos de personas. En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado, al constatar que existió una relación entre la fuerza pública y los paramilitares que perpetraron la masacre, así como por no haber investigado. En 2018, la Corte Suprema declaró esta masacre como un crimen de lesa humanidad y por eso podrá investigarse y juzgarse sin importar cuánto tiempo haya pasado.

1. Masacre de El Aro

Más de un año después de los hechos en La Granja, a 34 kilómetros de ese corregimiento, ocurrió otra masacre en el poblado llamado El Aro. De acuerdo con la investigación judicial, 150 hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) llegaron a esta zona de Ituango el 22 de octubre y asesinaron a 17 personas, a quienes también acusaron de auxiliar a las Farc. Durante siete días sembraron el terror en la población: torturaron a sus víctimas, las sometieron a toda clase de vejámenes delante de sus vecinos, quemaron 42 de las 60 casas del caserío, se robaron más de 1.000 reses y desplazaron a los 700 habitantes de la zona.

(Le podría interesar: Masacre de El Aro y los documentos que alertaban de un ataque inminente en Ituango)

En este caso, el expediente contra Álvaro Uribe hace referencia a su posible participación en la incursión paramilitar, como exgobernador de Antioquia. Por eso, el delito por el que es investigado es concierto para delinquir. Por la masacre del Aro también la Corte IDH condenó al Estado colombiano en 2006, bajo las mismas consideraciones que tuvo en cuenta en el expediente de La Granja. Asimismo, fue declarado como un caso de lesa humanidad por la Corte Suprema en 2018. La justicia colombiana ya probó que la fuerza pública dejó desprotegida a la población de El Aro, pese que a que tenía todas las evidencias de que en esta región podía volver a pasar lo mismo que en La Granja.

1. Asesinato de Jesús María Valle

El abogado Jesús María Valle Jaramillo alertó una y otra vez a las autoridades sobre lo que estaba pasando en su natal Ituango, fue asesinado en Medellín el 27 febrero de 1998. Los campesinos desplazados de La Granja y El Aro le contaron todos los detalles de la incursión paramilitar en sus corregimientos y él trató de buscar ayuda para evitar que ese terror que vivía su tierra se siguiera esparciendo en Antioquia. No solo puso el dedo en la llaga con sus denuncias sobre la connivencia entre los paramilitares y militares de la Cuarta Brigada del Ejército, sino que denunció una supuesta omisión del entonces exgobernador Uribe Vélez frente a la escalada de terror que se gestó en Ituango.

En 1997, preguntado en una entrevista sobre qué era lo que lo motivaba a seguir con sus exigencias, Valle Jaramillo dijo: “No me mueven odios contra el gobernador (Uribe Vélez) o el comandante de la brigada. No tengo intereses políticos. Lo hago porque ese es mi pueblo y no quiero que siga sufriendo”. En agosto de ese año, cuando ya se habían perpetrado las masacres de La Granja y San Roque, Valle siguió denunciando. Su testimonio ante la Fiscalía es una de las piedras angulares del expediente contra Uribe Vélez por el que fue llamado a indagatoria este 4 de septiembre de 2026. En este caso, el ente investigador lo investiga por el delito de homicidio en persona protegida.

¿En qué consiste una indagatoria?

Como se trata de hechos ocurridos entre 1996 y 1998, el caso judicial contra el expresidente avanza con base al antiguo procedimiento penal, establecido en la Ley 600. Ese marco legal indica que la indagatoria es una diligencia de carácter reservado mediante la cual una persona —en este caso Uribe— tiene la oportunidad de dar su versión sobre los hechos y, luego, queda formalmente vinculada al proceso. Esa ley también contempla que la indagatoria no se rinde bajo juramento, que el investigado tiene derecho a guardar silencio y que no está obligado a declarar contra sí mismo.

¿Por qué la Fiscalía llamó a indagatoria a Uribe?

Entre los argumentos expuestos por la Fiscalía para llamar a indagatoria al expresidente están las presuntas actuaciones y omisiones en las que habría incurrido, como gobernador de Antioquia, en la manera en la que atendió la situación de orden público en el departamento. El ente investigador sostiene que Uribe “sabía del riesgo que corría la población de Ituango (Antioquia), dada la evidente e incuestionable presencia e incursiones de grupos paramilitares en ese lugar”. Pese a ese conocimiento, según el ente investigador, el mandatario departamental no habría adoptado las medidas suficientes para proteger a los habitantes del municipio.

En ese contexto, se lee en el documento con el que la Fiscalía llamó a indagatoria a Uribe y publicado por el diario El Tiempo, de haber “cumplido con los deberes como gobernador, probablemente se habría evitado la masacre de La Granja”. Ahora bien, sobre su presunta participación en la masacre de El Aro y en la creación de grupos armados ilegales, el ente investigador sostiene que, “por intermedio de su secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, (Uribe) pudo haber solicitado a los líderes paramilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, que en asocio con los integrantes del Ejército, planearan y coordinaran la incursión”.

Pedro Juan Moreno falleció en un accidente de helicóptero el 24 de febrero de 2006 y la justicia nunca esclareció si tuvo algo que ver en este contexto de violencia paramilitar en Antioquia. Sobre el posible vínculo de Uribe con la masacre de San Roque, la Fiscalía dice que el entonces gobernador estaría relacionado con la conformación del grupo al margen de la ley que perpetró este y otros crímenes en el nordeste antioqueño en 1996. Por último, sobre el supuesto rol del expresidente en el asesinato de Jesús María Valle en febrero de 1998, tampoco son claros los indicios que tiene la Fiscalía para llamarlo a indagatoria por el delito de homicidio en persona protegida.

¿Qué sigue después de la indagatoria en el caso contra Uribe?

La indagatoria no significa que el líder del Centro Democrático sea culpable ni que automáticamente quede acusado. Después de la diligencia, la Fiscalía puede continuar recolectando pruebas y, cuando considere que tiene elementos suficientes, cerrará el periodo de investigación. Posteriormente, tiene dos caminos: llamarlo a juicio, si encuentra material probatorio que vinculen a la persona investigada con los delitos. O, por el contrario, ordena archivar el caso si no encuentra fundamento para acusarlo. No es la primera vez que Uribe comparece a una indagatoria: en octubre de 2019, declaró durante siete horas ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema por el caso de presunta manipulación de testigos.

¿Cuál es la defensa del expresidente Uribe?

Desde hace años Uribe Vélez ha dicho que nada tienen que ver en los hechos por los que lo investigan. En octubre de 2012, su abogado Jaime Granados le dijo a la Fiscalía que las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve y alias “Alberto Guerrero” en contra de su cliente buscaban beneficios judiciales a favor de ellos y que no tienen ningún valor probatorio.

Uribe, por su parte, ha negado tajantemente cualquier vínculo con la creación o financiación de grupos paramilitares. Sobre la hacienda Guacharacas, que perteneció a su familia, aseguró: “Mi familia, ante la imposibilidad de tener la hacienda, la vendió. Y después aparece que dizque teníamos un grupo paramilitar (...) Si algo quedó claro es que mi familia nunca tuvo grupos paramilitares”. También afirmó que, como gobernador, no tuvo información anticipada sobre las masacres de La Granja y El Aro: “A mí me sorprendieron ambas masacres. No hay una sola prueba con la que puedan decir que yo tuve información anticipada”, señaló en junio, cuando la Fiscalía anunció que lo llamaría a indagatoria.

¿Qué tiene que ver este caso con el proceso en el que Uribe fue condenado y absuelto en 2025?

La Fiscalía de Luz Adriana Camargo fue también la que llevó a juicio a Uribe en tres delitos, soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, en el marco de la investigación en su contra por manipulación de testigos. El expresidente fue condenado en primera instancia en julio de 2025, absuelto en octubre del mismo año por el Tribunal Superior de Bogotá y hoy está en casación ante la Corte Suprema. Según la investigación en su contra, Uribe habría intentado manipular a testigos para que declararan a su favor, justamente en las pesquisas por supuestos vínculos con paramilitares en Antioquia.

Para lograrlo, Uribe habría usado al abogado Diego Cadena para que actuara como emisario en cárceles de Colombia y Estados Unidos, buscando declaraciones a favor del expresidente y en contra del senador. El abogado ya fue condenado y Uribe está a la espera de que la Corte deje en firme su absolución. No obstante, sobre la mesa quedaron las dudas sobre la veracidad de los testigos que vuelven a aparecer en la investigación en contra de Álvaro Uribe Vélez por concierto para delinquir y homicidio en persona protegida, como el exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra y el propio Juan Guillermo Monsalve, cuyas declaraciones el Tribunal cuestionó en segunda instancia por contradictorias y poco creíbles.

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“En casi dos mil años de inapelable existencia, el Santo Padre, sus purpúreos cardenales y sus diligentes monseñores han divulgado encíclicas, incinerado sabios, coronado vírgenes y canonizado mártires, con el fin único de reducir la sexualidad humana a un invento de Satanás para pervertir las almas; sobre todo, si esas almas nacen con cuerpo de mujer”.

A Silvia Galvis hay que leerla siempre. Eso lo saben de sobra en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y en la Universidad Industrial de Santander. Las dos instituciones se unieron en una alianza editorial cuyo primer fruto textual es este libro: Irónica, satírica y rebelde: Silvia Galvis Ramírez.

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Ocho investigadores releyeron ficciones y no ficciones de la obra de Galvis Ramírez. El resultado es un recorrido creativo y académico que cumple las veces de guía escrita para dialogar con una mujer ejemplar. El texto se lanzó en la agenda de Ulibro 2026 y del prólogo, escrito por Yaneth Lizarazo, extrajimos estas palabras: “los investigadores Érika Zulay Moreno Bueno y Ronald Salazar Carreño decidieron adentrarse en la novelística de Silvia Galvis y, desde sus aportaciones, se consolidó el primer capítulo: ‘Feminismos, memorias y narrativas híbridas’. En estas páginas, los personajes femeninos, sus formaciones y deformaciones se entrelazan con ese quehacer contemporáneo de la escritura literaria que, aunque mantiene el relato central como hilo conductor, también toma recursos y formas de otros géneros discursivos para fortalecer una poética que termina consolidando un género híbrido en relación directa con el pensamiento feminista y sus luchas por las libertades.

En cuanto al segundo capítulo, ‘Teatro con pasión y humor’, los profesores Claudia Patricia Mantilla Durán, Julián Mauricio Pérez Gutiérrez y Nicolás Gómez Rey decidieron enfocarse en la obra de teatro De la caída de un ángel puro por culpa de un beso apasionado. En estas tres perspectivas críticas y teóricas, el teatro de Silvia Galvis es comentado desde sus formalidades, relaciones con la historia contemporánea, intertextualidades con las tradiciones literarias universales, la risa, la ironía y una crítica social que busca, desde el humor, generar una catarsis que facilite la consolidación de una sociedad que garantice las libertades femeninas.

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Finalmente, en el capítulo tercero, Santiago Gómez Mejía, Juan Pablo Ferro y Farouk Caballero se centran en el compromiso que Silvia Galvis asumió desde su labor periodística. En estos párrafos, el análisis abarca la forma en la que las columnas de opinión desde los años ochenta fueron empleadas para construir y comunicar la memoria histórica, pero también se analiza el cruce entre periodismo literario y literatura periodística de Silvia Galvis y sus posturas ácidas, frenteras y críticas con la Colombia de finales de milenio”.

Ahora, van tres ñapas pensando en las y los lectores de Silvia Galvis Ramírez: los epígrafes, la contracarátula y un adelanto. El arranque tiene dos epígrafes que sirven de entraditas para degustar el plato fuerte que son sus letras. El primero es de su puño y letra, lo escribió en 1998 para Cambio 16 y tiene una vigencia innegable: “Hace 200 años, don José Celestino Mutis, sabio de las ciencias naturales y observador de la especie humana, escribía desde la Nueva Granada a un amigo en Madrid: la gente aquí, decía, es ‘rematadamente fatua, porfiadamente crédula, de una credulidad bobalicona, tenaz y dañina. Dé usted gracias al cielo de no hallarse aquí donde la racionalidad es tan escasa que corre el peligro de desaparecer’. Y como que al final desapareció, que si para algo han servido estas campañas, estos candidatos presidenciales, estos discursos fatigantes, estos debates televisados, ha sido para demostrar cómo, dos siglos después, pasada la Colonia, conseguida la Independencia, desvencijada la República, los habitantes de la Patria Boba, perdidamente irracionales, continuamos respondiendo, con exasperante exactitud, a las predicciones del sabio”.

El segundo es de su compañero de vida, Alberto Donadío: “Silvia habitaba las palabras y las palabras eran su día y su noche… Y no se trataba de adjetivos recónditos, ni de vocablos exóticos. Eran las palabras llanas y lozanas convertidas por ella en conversación encantadora, en habla magnética, en el embeleso de su plática”.

Por su parte, la contracarátula invita a lectura con estas frases: “Sus letras son historia, política, teatro, ficción y periodismo. No le temen a nada, porque se confeccionaron desde la investigación, la escritura comprometida y el humor. Silvia es dueña de una sátira que, por mordaz, no deja de ser estéticamente bella. Ella les mama gallo a todos los poderosos. Nos hace reír de nuestra estupidez como nación. Sus textos son exquisitos. Sus palabras remueven cimientos medievales. Sus frases irónicas se burlan de todos, desde el papa de turno, el presidente o el narco más nefasto, pero sus chistes necesitan que la risa genere conciencia. La burla y la crítica no son eficaces si los lectores no cumplimos con nuestra parte activa de receptores de un mensaje escrito de forma sencilla y comprensible sobre los temas más complejos de Colombia en particular y la humanidad en general. Leer a Silvia Galvis es una terapia introspectiva que hace que quien entre en sus páginas, sin duda, salga mejor persona. Por todo esto, ella con filigrana irónica se autoproclamó como: ‘comunista desaforada, pronazi sin entrañas y antiamericana filocastrista’”.

Y siguiendo el respeto, admiración y cariño que Silvia cultivó con El Espectador, compartimos un fragmento que analiza apartados de su obra periodística. Estamos seguros de que a ella le hubiese gustado este regalo para suscriptores y lectores al gratín.

Sexo, libertades, patria narca y otras infidelidades del periodismo

“Para decirlo en breve, bastaría remarcar que el trabajo de Silvia Galvis es en sí mismo una escuela de periodismo que tiene las realidades colombianas como trasfondo. Eso sí, el diálogo que ella mantuvo como característica particular a lo largo de sus textos se construyó basado en el uso de su enciclopedia universal como base para un estilo propio con fina ironía, lenguaje incluyente —‘sumercé’— vocación de iconoclasta por naturaleza informativa y democráticamente comprometida con las demandas de los ‘nadies’, los de abajo, nuestros campesinos, indígenas, trabajadores, mujeres y demás grupos históricamente golpeados y dominados. Para eso, empuñó la palabra periodística que germina de la ética y la investigación como progenitores innegociables.

Empecemos por Santa Teresa. La religiosa nació bajo el nombre de Agnes Gonxha Bojaxhiu, pero su fama internacional la rebautizó como Madre Teresa de Calcuta. Esa misma fama fue la que le otorgó el Premio Nobel de Paz en 1979, pero el exceso de reflectores y las versiones críticas despertaron en Silvia muchas dudas sobre las acciones en olor a santidad que le achacaban a este símbolo de una de las instituciones más tradicionales de la historia humana: la Iglesia católica. En el veredicto del Comité del Premio Nobel de 1979, se escribió lo siguiente: ‘Al otorgar el premio, el Comité Nobel en Noruega ha expresado su reconocimiento a la labor de la madre Teresa en favor de la humanidad doliente. Este año, el mundo ha centrado su atención en la difícil situación de los niños y los refugiados, y son precisamente estas las categorías por las que la madre Teresa trabajó durante tantos años con tanta generosidad’.

Desde la fecha de la obtención del Nobel, la duda quedó. Silvia investigó y décadas después pudo publicar una opinión contraria a la del Comité del Nobel. Teresa de Calcuta murió el 5 de septiembre de 1997. Las versiones oficiales, gratuitas y laudatorias, esas que sentencian que toda muerta religiosa es casi santa, inundaron el mundo de los medios de comunicación. Homenajes…, los que quieran, pero Silvia por esa época estaba culminando su lectura del libro The missionary position (1995), escrito por el periodista inglés Christopher Hitchens. Esa otra versión laica, crítica y seguramente merecedora de excomunión le encantó a Silvia; primero, porque era anticlerical y, segundo, porque hablaba de otras versiones que cuestionaban, con argumentos y pruebas, el fresco celestial creado por Teresa de Calcuta y su séquito. Una vez terminada la lectura, Silvia escribió en las páginas de Cambio 16 el 30 de marzo de 1998: ‘la finada madre Teresa de Calcuta significó más sufrimiento y agonía que alivio y alegría para los pobres del mundo’. En este caso, la imagen creada y vívida de Teresa de Calcuta no la hizo desistir de sus señalamientos. Eso sí, Silvia no escribía nada sin pruebas, con lo cual respetaba a sus lectores mientras se aferraba al innegociable abecé del periodismo, el mismo que remarca que no se puede publicar nada sin verificar. Con este proceso como caja de herramientas, Silvia subrayó: ‘¿Cuántas muertas de parto cargó en la conciencia esta anciana fanática que prohibía los anticonceptivos como inventos del demonio? En Irlanda, como una virgen necia, afirmó que ella no veía ninguna relación entre el exceso de hijos y la miseria… esta es la historia despiadada de una Premio Nobel de Paz, que, si no está ardiendo en las pailas del infierno, es porque la justicia divina no existe’.

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Los fragmentos anteriores empiezan a marcar dos huellas del periodismo que profesó Silvia Galvis. La primera es la de mantener una mente inquieta que lee, con pasión, por toneladas. La segunda es la de estar más del lado de los desfavorecidos, porque, aunque la imagen que se vendió de la religiosa de Calcuta estaba anclada en la misión, la solidaridad, la ayuda y el espíritu humanista sin ánimo de lucro, la verdad era otra. Esa imagen escondía una posición cero solidaria, menos empática y sí muy inquisidora en contra de las madres gestantes, muchas de ellas viviendo en pobreza extrema, víctimas de violaciones, cargadoras del peso de embarazos no deseados, y, en general, de los pobres de Calcuta. Por ellas, Silvia habló, porque las donaciones multimillonarias que Teresa recibía en nombre de los pobres del mundo no eran para curar los dolores y enfermedades de esos pobres, pues, según el discurso fundamentalista de Teresa, los pobres debían aceptar su sufrimiento y, antes de morir, pedir por llegar al cielo. Y hablar así, de frente, aún hoy es censurado por los poderosos radicados en el Vaticano. Son muy pocos los casos de críticas directas al catolicismo que emergen desde un país ultracatólico como Colombia. Silvia lo sabía, por eso reseñó el 13 de octubre de 1996 que Colombia era un país de ‘rodilleras y escapularios’.

Buscando las libertades femeninas, Silvia no decidió señalar poderes pequeños de la Iglesia en alguna región alejada, ella tomó el toro por los cachos y fue directo a la cabeza del cuerpo que amordaza las libertades: el Vaticano. Frente a esta situación fue directa y señaló que el Vaticano adoctrinaba a las mujeres desde los púlpitos para que no se liberaran y se mantuvieran pariendo y amamantando en casa. Ese mismo 13 de octubre de 1996 escribió para El Espectador sobre la fervorosa piedad femenina y el trato que la Santa Sede les da a las mujeres: ‘hace cerca de 2.000 años los herederos de San Pablo las discriminan y oprimen; el propio Juan Pablo II, el mismo que ayudó a liberar la sufrida Polonia de la dictadura comunista, ese mismo digo, mantiene una tiranía igualmente oprobiosa sobre la sexualidad femenina. Una tiranía que prohíbe la práctica del control natal, que condena el aborto aun el terapéutico, y las sentencia, bajo amenazas de fuego eterno, a parir hasta que la muerte se las lleve o la pobreza las consuma’.

Silvia opinaba, con ovarios bien puestos, sobre la libertad sexual femenina. Era la década de los noventa y la iglesia católica aún mantenía sus visiones retrógradas y promovía un discurso medieval. Ahí el sexo se volvió un tema central, particularmente, el derecho al placer femenino que el Vaticano cercenaba desde la ‘sagrada’ palabra y la interpretación ‘indiscutible’ de esa palabra. Silvia se enfocó en el sexo y en las nuevas sexualidades femeninas, tan actuales en el siglo XXI, para continuar su lucha por las libertades. Siguió con su batalla contra la Iglesia católica y resaltó en julio de 1992 en su columna “Eva y el recurso de la tutela”: ‘Y nadie puede negar —sin mentir— que la misión de la Iglesia sobre la tierra, más que salvar almas para gozar en el cielo, ha sido condenarlas al fuego eterno del infierno por el pecado vergonzoso de la carne, que es la forma eufemística de no llamar sexo al sexo’.

Ella no soportaba los eufemismos porque pronto descubrió que esa es una forma retórica muy tradicional de engañar y condenar al pueblo. Y en eso, como veremos, la Iglesia y los partidos políticos colombianos están en santa comunión. Por lo tanto, remarcó una de sus máximas el 16 de junio de 1996: ‘cuando usted escuche decir ‘por fin triunfó la verdad’, lo que debe entender es que sobornos y prebendas, finalmente, acallaron conciencias’.

Su batallar por las libertades sexuales femeninas continuó desde sus columnas de opinión. Silvia quería equiparar las libertades sexuales femeninas con las masculinas que, dicho sea de paso, sí están auspiciadas en la ‘sagrada’ palabra. Hoy los tiempos le dieron razón absoluta e incontrovertible. Hija de ese proceso que tiene nombres propios, como Virginia Woolf o Frida Kahlo, Silvia fue una adelantada de su tiempo y opinó, espero no cometer aquí un anacronismo insalvable, por el placer sexual de todes. En su columna “La pesadilla del Papa” de 1995 redactó: ‘Y esto del sexo sí es un mal que no hay Papa que aguante ni Vaticano que lo resista. La prueba está en que no hay una institución en el planeta y en la historia que haya vivido tan obsesionada con el sexo como la Iglesia de Roma. En casi dos mil años de inapelable existencia, el Santo Padre, sus purpúreos cardenales y sus diligentes monseñores han divulgado encíclicas, incinerado sabios, difundido doctrinas, redactado pastorales, enseñado catecismos, ejecutado mandamientos, predicado sermones, coronado vírgenes y canonizado mártires, con el fin único de reducir la sexualidad humana a un invento de Satanás para pervertir las almas; sobre todo, si esas almas nacen con cuerpo de mujer. Tanto ha sido así, que ya ni los propios católicos entienden por qué la Santa Madre Iglesia se preocupa tanto por la pelvis y tan poco por la justicia’.

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De las libertades sexuales femeninas pasamos al valor humano que, de forma inhumana, se le negaba (niega) a los homosexuales. Todavía, aunque gracias a todos los dioses cada vez un poco menos, declararse homosexual —salir del clóset— tiene una sentencia clerical y social despiadada. Silvia ya lo sabía y dio esa lucha, porque ser homosexual en los noventa en Colombia era ser maldecido por Dios, ser un enfermo depravado y, cómo no, portar el virus del VIH que acabaría con la humanidad por intermedio de un sentimiento que afloró gracias a ese regalo de ‘la culpa’ que nos trajeron los españoles y que nos obliga a merecer la muerte por no seguir los mandamientos de Moisés y compañía. Silvia, como lo hizo con los pobres y las madres gestantes abandonadas a su suerte por Teresa de Calcuta, como lo hizo con las mujeres del mundo, lo hizo también con los homosexuales.

Una vez más, Silvia se fijó en el papado y hacia allá dirigió sus dardos verbales y libertarios. Ante el trato rastrero que el papa y sus seguidores les daban (dan) a los homosexuales, Silvia reclamó el 13 de octubre de 1996: ‘Y, ¿a cuenta de qué habrían de rezar por el Papa los homosexuales? ¿Acaso son oligofrénicos para ponerse en el oficio inoficioso de rogar por la salud de quien, sin derecho ni razón los acusa de pervertidos, los persigue y los condena?’

El tema del clero vs. los homosexuales es un tema de interés nacional e internacional, Silvia lo sabe y usa su espacio de opinión para remarcar el anticristianismo que tiene el cristianismo católico con distintas comunidades de nuestra sociedad”.

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Ángela María Soto, nueva gerente de Inravisión, se refirió a la suspensión temporal del funcionamiento de las emisoras de paz —el único punto del Acuerdo de Paz de 2016 que se había cumplido totalmente— de los municipios de Buenaventura, Agustín Codazzi, Riosucio y Tierralta.

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Según argumentó Soto, “esas emisoras fueron puestas al aire antes de completar el procedimiento que legalmente las habilitaba para transmitir”. En un comunicado, Inravisión informó que, como parte de la revisión administrativa, jurídica y técnica adelantada, identificaron que estas cuatro emisoras comenzaron a operar antes de que hubiera culminado el trámite para la obtención de las concesiones necesarias para operar legalmente.

El Ministerio TIC confirmó, según señalaron, que “los actos administrativos correspondientes a estas cuatro concesiones aún se encuentran en proceso de revisión”. El comunicado no hace referencia, sin embargo, a las otras 16 emisoras suspendidas (en total son 20).

Hace dos semanas, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alertó sobre su suspensión y rechazó la medida tomada por el gobierno de Abelardo de la Espriella.

La fundación señaló entonces que frenar “de manera generalizada su programación informativa y territorial no resulta idóneo, necesario ni proporcional para revisar sus contenidos. Una reorganización puede hacerse con alternativas menos restrictivas y no puede desconocer su función de interés público”.

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La orden del Gobierno de frenar la operación de estos espacios ha sido interpretada como un golpe al Acuerdo de Paz, del que el presidente De la Espriella ha sido un crítico. Ante los cuestionamientos, Inravisión señaló que la medida es institucional y jurídica y no responde a ninguna posición política ni a censura. “Se trata de una decisión institucional orientada a garantizar que el uso del espectro radioeléctrico, que es un bien público de la Nación, se realice con todas las autorizaciones y garantías jurídicas exigidas”.

En la Ley 1341 de 2009 se estableció que el hecho de prestar el servicio de radiodifusión sonora de interés público sin la respectiva concesión constituye una operación no autorizada y puede ser considerada como una operación clandestina. Esto puede derivar en que se apliquen sanciones administrativas o penales y en el decomiso de los equipos.

Soto también fue enfática en que no se trata del cierre de las emisoras, sino de su suspensión. “Las emisoras de paz no se están acabando, al contrario, las estamos protegiendo y mejorando. Reconocemos profundamente el valor que tienen en territorios que durante décadas padecieron la violencia y el abandono”, expresó.

En el comunicado, Inravisión señaló además que continuará trabajando para resolver la situación jurídica que, según la institución, llevó a la suspensión y para garantizar que las voces de los territorios continúen llegando a los colombianos dentro del marco legal.

“No estamos apagando las voces de los territorios. Estamos garantizando que esas voces puedan seguir llegando a los colombianos con legitimidad, seguridad jurídica y dentro de la ley”, concluyó Mora.

Las emisoras de paz quedaron ubicadas en zonas históricamente golpeadas por el conflicto armado. Antes de la medida tomada por el gobierno De la Espriella, emitían contenidos las 24 horas del día con equipos periodísticos encargados de informar sobre sus regiones.

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Bogotá podría enfrentar dificultades en el suministro de energía si, durante los momentos de mayor consumo, la demanda supera la capacidad disponible del sistema eléctrico. Así lo advirtió el alcalde Carlos Fernando Galán, quien aseguró que se trata de un riesgo latente para la capital y la región Central del país.

La preocupación cobra relevancia en medio de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, que puede traer temperaturas más altas y periodos de sequía. En ese escenario, un aumento del consumo podría ejercer mayor presión sobre una infraestructura que, según el mandatario, tiene limitaciones para atender determinados picos de demanda.

“Existe ese riesgo sin lugar a dudas, es latente, precisamente porque hoy no tenemos la capacidad; el sistema está interconectado, pero no tiene la capacidad de abastecer, por ejemplo, la región central, para cumplir la demanda que estamos generando”, señaló Galán en entrevista con CityTV.

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¿Dónde está el riesgo?

El punto crítico estaría en aquellos momentos del día en los que muchos usuarios demandan energía al mismo tiempo. Si el sistema no tiene capacidad suficiente para responder a ese incremento, podrían presentarse dificultades en el abastecimiento.

“Cuando hay picos de demanda, si la capacidad no da para atender ese momento, tenemos graves problemas”, explicó el alcalde.

La advertencia no significa que Bogotá tenga un apagón programado ni que una interrupción del servicio sea inevitable. El escenario señalado por Galán corresponde a un riesgo que podría materializarse si el consumo aumenta por encima de la capacidad disponible.

Galán pide soluciones con el Gobierno Nacional

Ante este panorama, el mandatario aseguró que Bogotá deberá trabajar con el Gobierno Nacional para encontrar alternativas que permitan fortalecer la respuesta del sistema y reducir el riesgo en el corto plazo.

“Sin lugar a dudas, es un riesgo latente que tenemos en el corto plazo”, insistió.

El desafío será anticiparse a los periodos de mayor consumo y garantizar que Bogotá y la región Central tengan energía suficiente para responder a la demanda, especialmente mientras persistan las condiciones climáticas asociadas a El Niño.

Yo creo que así queda mucho más limpia, porque explicamos desde arriba qué tiene que ver El Niño, aterrizamos qué significa realmente el riesgo y dejamos claro que Galán no está anunciando que vaya a haber un apagón, sino advirtiendo sobre un posible escenario.

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La administración de Abelardo de la Espriella prepara una respuesta legal a la determinación de un juez de la República que le pidió a la Presidencia, el Ministerio de Defensa y las fuerzas armadas abstenerse de realizar bombardeos en zonas en las que exista información sobre posible presencia de niños, niñas y adolescentes. El encargado de anunciar la respuesta fue el jefe de la cartera política, Rodrigo Lara.

De acuerdo con el ministro, en el gobierno respetan los fallos de la justicia, pero también creen que puede ser objeto de críticas cuando lo consideren necesario. “Ordenar la abstención de una operación aérea cuando exista información ‘cierta, objetiva o razonablemente verificable’ sobre la presencia de menores reclutados establece un criterio de una amplitud extraordinaria”, dijo el funcionario.

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Para Lara, es complejo determinar qué significa “razonablemente verificable”. A su juicio, en un contexto en el que los grupos armados reclutan y utilizan criminalmente a los menores de edad, se hace “materialmente imposible” realizar las operaciones militares cuando la justicia determina esos límites.

“Si ese es el efecto práctico de la decisión, habría sido más sencillo prohibir los bombardeos. Los menores deben ser protegidos con el máximo rigor. Y así lo viene haciendo y lo hará este gobierno. Pero convertir su reclutamiento criminal en un mecanismo que termine otorgándoles inmunidad territorial a los narcoterroristas, termina siendo un incentivo perverso y peligrosísimo”, aseguró el ministro.

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Finalmente, el integrante del gabinete del presidente Abelardo de la Espriella calificó la decisión del Juzgado 34 de Familia de Bogotá como “absurdo e inconstitucional”. Lo cierto es que, por ahora, lo que hizo ese despacho fue admitir una tutela y ordenar medidas cautelares mientras se pronuncia de fondo.

En la decisión también se advirtió a las autoridades que “deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento inmediato de esta determinación, observando el interés superior y la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los principios de distinción, precaución y proporcionalidad y las obligaciones constitucionales e internacionales aplicables a la protección de la niñez en contextos de conflicto armado”.

Esta determinación se conoce en el marco de la polémica por la muerte de cuatro menores de edad, tres en un bombardeo en Guaviare y el cuarto en el Catatumbo. El ministro de Defensa, Jorge Mora, señaló que los menores “eran combatientes”. El presidente De la Espriella apoyó el accionar de la fuerza pública y responsabilizó a los grupos armados del reclutamiento y muerte de los menores de edad. “Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas”, dijo en su cuenta de X.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue llamado por la Fiscalía a indagatoria por sus presuntos vínculos con masacres cometidas en Antioquia, como la de El Aro y La Granja. El exmandatario lo aseguró en su cuenta de X, en la que dijo: “De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema de El Aro, La Granja, José María Valle y Guacharacas”.

La Fiscalía tiene tres expedientes en contra de Uribe desde septiembre de 2020, cuando el expresidente renunció al Senado y la Corte Suprema de Justicia perdió la competencia para investigarlo. El 14 de septiembre de ese año, las carpetas llegaron al ente investigador, cuando Francisco Barbosa todavía estaba a la cabeza de la administración de la Fiscalía.

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Se trata de tres expedientes relacionados con masacres en Antioquia que estaban bajo el mismo radicado en la Corte Suprema y que venía adelantando el magistrado César Reyes, el mismo que llamó a indagatoria a Uribe Vélez y ordenó capturarlo en agosto de 2020. El primero de ellos era por la masacre de San Roque, municipio del nordeste antioqueño, perpetrada en 1996 por un grupo al margen de la ley que, según la Corte, “al parecer utilizó como base de operaciones la hacienda Guacharacas, ubicada entre los municipios de Yolombó y San Roque, de propiedad de la familia Uribe Vélez para esa época”.

El segundo, las masacres de Ituango, ocurridas en los corregimientos de La Granja, en junio de 1996, y El Aro, en octubre de 1997. Allí, paramilitares atacaron a la población civil de manera indiscriminada, cuando Uribe Vélez fue gobernador de Antioquia.

El tercero, por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, perpetrado en febrero de 1998, luego de haber alertado una y otra vez de cómo la violencia se cernía sobre el municipio de Ituango. El defensor denunció la connivencia de grupos de autodefensa con militares de la IV Brigada del Ejército, sino que denunció públicamente una supuesta omisión de Uribe Vélez frente a la escalada de terror que terminó en masacres como la de San Roque, El Aro y La Granja.

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Poco antes de tener que entregar los expedientes a la Fiscalía, la Corte Suprema decidió, en junio de 2020, aceptar al sobrino del abogado Valle Jaramillo como parte civil del proceso y, además, declaró que no prescriben las acciones civiles que se presenten para la reparación de las víctimas.

Como estos procesos sucedieron durante los años 90, el procedimiento se rige bajo las reglas de la Ley 600. En palabras sencillas, esto significa que la fiscal del caso vincula formalmente al investigado porque considera que existen indicios serios sobre su posible participación en hechos investigados y le daba la oportunidad de defenderse antes de decidir si avanzaba o no hacia una acusación.

A los pocos minutos del primer trino en el que dio a conocer que había sido llamado a indagatoria, el expresidente Álvaro Uribe hizo otra publicación en la que señaló que: “La señora fiscal, exintegrante de la JEP, donde hasta poco trabajó la señora de Iván Cepeda, que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme. Injusticia de clara presión política. Así y todo estaré en los Cuchos a las 8 pm sobre la vida y el programa de Iván Cepeda”.

Las masacres por las que llaman a indagatoria a Uribe

Masacre de El Aro

La masacre de El Aro ocurrió entre el 22 y 31 de octubre de 1997, cuando alrededor de 200 integrantes de las autodefensas que comandaba Carlos Castaño se tomaron el corregimiento. Los paramilitares hicieron una incursión que había sido planeada, según palabras de Salvatore Mancuso, varios meses atrás. En esos hechos fueron asesinadas 15 personas y 40 casas fueron quemadas durante las dos semanas. Los hombres bajo el mando de Castaño arrasaron con ese pequeño asentamiento, que fue señalado, sin tener pruebas de ello, como un punto de concentración de colaboradores de la guerrilla. Los sobrevivientes de la tragedia han narrado que durante esos interminables días un helicóptero sobrevoló la zona durante la masacre.

Masacre de La Granja

Cuatro campesinos fueron asesinados en ese corregimiento del municipio de Ituango y esos hechos marcaron el inicio de un estallido de violencia paramilitar en 1996. El 11 de junio de ese año, más de 20 paramilitares al mando de los hermanos Castaño y de Salvatore Mancuso, fueron liderados por el jefe paramilitar alias “Doble Cero”. Esas primeras víctimas fueron William Villa García, Graciela Arboleda Rodríguez, Héctor Hernán García y Jairo de Jesús Sepúlveda Arias. Esa masacre habría sido sido financiada desde el Parqueadero Padilla, la denominada oficina de finanzas de ese grupo armado en pleno centro de Medellín (Antioquia). Por estos hechos, en 2023, la Fiscalía llamó a juicio a quien administraba ese despacho criminal: Jacinto Soto Toro, alias “Lucas”.

La masacre de San Roque (Guacharacas)

Entre el 13 y 17 de septiembre de 1996 ocurrió una masacre en el municipio de San Roque (Antioquia). Del hecho violento no se tiene tanta información como de los otros, pero se sabe que ahí inició el caso por el cual fue condenado en primera instancia el expresidente Álvaro Uribe. La mención de esta masacre aparece en una investigación previa que adelantaba la Fiscalía contra el expresidente, relacionada por la presunta conformación de grupos paramilitares en la década de 1990 en la hacienda Guacharacas, que era propiedad de su familia. Ese proceso, que estuvo en la Corte Suprema mientras Uribe fue senador, inició por las declaraciones que hicieron al respecto los paramilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, quienes fueron testigos en el proceso por presunta manipulación de testigos.

El asesinato de Jesús María Valle Jaramillo

El abogado y defensor de derechos humanos era presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia cuando fue asesinado el 27 de febrero de 1998. Dos sicarios fueron hasta su oficina en Medellín, mismo lugar en el que lo esperaba un campesino de Ituango para contarle detalles de lo que había pasado meses antes en el corregimiento de El Aro. Según decía Valle, estas masacres fueron perpetradas en colaboración u omisión de militares de la Cuarta Brigada del Ejército. “No me mueven odios contra el gobernador (Uribe Vélez) o el comandante de la brigada. No tengo intereses políticos. Lo hago porque ese es mi pueblo y no quiero que siga sufriendo”, señaló en 1997, durante una entrevista.

A mediados de ese año, cuando ya se habían perpetrado las masacres de La Granja y la de San Roque, en 1996, Valle Jaramillo siguió con las denuncias durante un acto de conmemoración de los 10 años del asesinato de Héctor Abad Gómez, también presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia. El 25 de agosto de 1997, en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, el defensor de derechos humanos señaló: “Yo considero que el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, ha incurrido en un comportamiento omisivo, y lo mismo el secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno”. Semanas después radicó las denuncias ante la Fiscalía y la Corte Suprema para que se abrieran investigaciones por prevaricato por omisión.

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La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) publicó nuevas sanciones contra Independiente Santa Fe y América de Cali por los hechos violentos presentados en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá el pasado sábado 22 de agosto. El escenario también sufrió castigos por el hecho.

Eso sí, Santa Fe fue el club con la mayor pena, tanto desde el punto de vista económico como en la utilización del Coloso de la 57 en la capital del país. Aun así, la Dimayor enfatizó que ambos clubes pueden apelar la decisión para reducir la sanción, tanto por concepto de dinero como por fechas de juego.

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A través de la Resolución No. 082 de 2026, el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 establece que 👉 https://t.co/8gs6ELWLkP#LaCasaDeTodos pic.twitter.com/GpEFLdRAat

— DIMAYOR (@Dimayor) September 3, 2026

Sanción para Independiente Santa Fe

De acuerdo con el comunicado de la Dimayor, Santa Fe tendrá que afrontar dos partidos de local con el estadio vacio. Esta sanción se une a la que ya había impuesto la Alcaldía de Bogotá en las tribunas sur y norte de El Campín.

Adicionalmente, la División Mayor del Fútbol Colombiano le impuso una multa al conjunto santafereño por COP 15.758.145. Todo esto relacionado a los daños provocados al recinto por parte de sus hinchas en el juego contra América.

Eso sí, la escuadra escarlata también recibió una sanción económica y una suspensión a si hinchada en el próximo partido. Aun así, el castigo más grave se lo llevo Independiente Santa Fe, el cual ofició de local en ese compromiso.

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Sanción a América de Cali

El Diblo Rojo tendrá que jugar un partido como local con todas las tribunas vacias y pagar una multa de COP 14.072.240. La Dimayor también aclaró que ambos clubes pueden apelar estas sanciones ante el Comité Disciplinario.

Lo ocurrido aquella noche en el Coloso de la 57 sigue siendo material de investigación por cuenta de las autoridades. A juzgar por los videos de los hechos, todo comenzó por el intento de robo de un trapo de una tribuna.

Los integrantes de la Guardia Albirroja respondieron a esto invadiendo el campo y agrediendo a los de Baron Rojo. Fue en ese momento que se suspendió el encuentro e intervinó la Policia Metropolitana de Bogotá.

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Kuepa, organización educativa líder en formación técnica y superior para la empleabilidad de jóvenes en América Latina, anuncia su inclusión en el puesto 25 del ranking de las Mejores Compañías EdTech del Mundo (World’s Top EdTech Companies), elaborado anualmente por la revista internacional TIME y la firma global de datos e investigación Statista. Con este reconocimiento Kuepa se consolida como la EdTech mejor posicionada de Hispanoamérica y una de las 25 más destacadas del mundo.

Este escalafón evalúa a miles de organizaciones a nivel mundial mediante un riguroso análisis que contempla el desempeño financiero, el crecimiento sostenible y el impacto directo en la transformación educativa. Por tercer año consecutivo, Kuepa se consolida en la lista como un referente de origen colombiano, reafirmando su liderazgo en el uso de la tecnología y la innovación para promover la inclusión laboral de jóvenes en la región.

Educación con impacto, tecnología e inclusión

El modelo académico de Kuepa que le valió este reconocimiento global se fundamenta en tres pilares estratégicos:

• Ecosistema tecnológico e Inteligencia Artificial: Plataforma propia que utiliza IA para brindar tutoría en tiempo real, personalizar las rutas de estudio y acompañar al estudiante durante todo su proceso.
• Docentes humanos y currículo evolutivo: Clases en vivo con profesores expertos y contenidos que se adaptan de forma continua a las habilidades más demandadas por el mercado laboral.
• Empleabilidad activa durante la formación: Conexión real con el mundo del trabajo desde el día uno a través de patrocinios empresariales, contratos de aprendizaje y vinculación laboral directa.

“Diseñamos un modelo educativo que conecta a las personas con el mercado laboral mientras estudian, no como una promesa a futuro. Que nuestros propios estudiantes nos recomienden y que hoy TIME nos reconozca entre las mejores EdTech del mundo confirma que la educación con propósito de empleabilidad real es el camino. Esto no es solo un orgullo, es el impulso para seguir transformando vidas en toda la región”, afirmó Jorge García, CEO y cofundador de Kuepa Edutech.

Transformación social a gran escala

Kuepa ha enfocado sus esfuerzos en abrir rutas concretas de desarrollo para jóvenes y adultos que buscan acceder a formación técnica y superior de alta empleabilidad. A través de alianzas estratégicas con el sector privado y modelos de estudio con prácticas remuneradas, la compañía registra tasas sobresalientes de inserción laboral y crecimiento de ingresos entre sus estudiantes.

La inclusión de Kuepa en el listado de TIME y Statista ubica a la EdTech a la par de los grandes referentes globales del sector, posicionando el talento y la innovación tecnológica de Colombia en el mapa internacional del desarrollo humano y social.

Kuepa es un grupo EdTech latinoamericano enfocado en transformar el acceso a la educación y la empleabilidad de los jóvenes en la región. A través de un ecosistema tecnológico impulsado por IA, la compañía opera una red de programas de formación técnica y educación superior, así como formación complementaria, diseñados para capacitar, vincular y desarrollar talento en las habilidades de mayor demanda del mercado laboral.

Aquí puede encontrar más información sobre Kuepa.

¿Qué tienen en común una fruta congelada, una arepa, una taza de café, un vaso de leche pasteurizada y una porción de queso? Todos han pasado por algún tipo de transformación antes de llegar a la mesa.

Procesar un alimento significa intervenir para modificar alguna de sus características. Cocinar, fermentar, secar o pasteurizar son procesos que han acompañado la alimentación humana durante siglos. Algunos mejoran su inocuidad, otros favorecen su conservación, facilitan su transporte o permiten nuevas formas de consumo.

Por eso, procesar no significa necesariamente deteriorar un alimento o reducir su valor nutricional. Entender cómo fue procesado permite descubrir qué cambió durante esa transformación, qué se conservó y cuál es su composición final. El queso es un buen ejemplo: a través del procesamiento, la leche se transforma y da origen a un alimento con características nutricionales, de calidad, textura, sabor y duración propias.

Procesar puede significar cosas distintas

Cada proceso cumple una función diferente. Pasteurizar contribuye a la inocuidad; fermentar puede modificar el sabor, la textura y la composición de un alimento. Lo importante, entonces, no es solamente preguntarse si un alimento fue procesado, sino entender para qué y cómo fue procesado y cuál es el resultado de esa transformación.

El queso permite verlo con claridad. Su elaboración transforma la leche y da origen a un alimento con características propias. Durante el proceso se forma la cuajada y se separa parte del suero; luego, según el tipo de queso, pueden seguir etapas que modifican su humedad, textura, sabor y duración.

Lo interesante es que esa transformación también cambia la forma en que aparecen sus nutrientes. En otras palabras, transformar la leche no significa necesariamente perder su aporte nutricional.

De la leche al queso: qué cambia en el camino

Durante la elaboración, los componentes de la leche siguen recorridos distintos.

Gran parte de sus proteínas permanecen en la cuajada. Al retirarse una proporción importante del líquido, la proteína puede quedar más concentrada en el queso que en la leche de la cual proviene. En muchas variedades ocurre algo similar con el calcio, aunque su cantidad final depende del tipo de queso y de la forma en que fue elaborado.

La lactosa sigue otro camino. Una parte pasa al suero y, en algunos quesos, puede disminuir aún más durante la fermentación o la maduración. Por eso, su cantidad final varía entre tipos de queso: los frescos suelen conservar más que los madurados.

La transformación de la leche modifica la composición del alimento: mientras algunos componentes como la lactosa disminuyen, otros, como las proteínas y el calcio, permanecen y pueden quedar más concentrados dependiendo de la humedad y del proceso de elaboración.

Cada queso es, por tanto, el resultado de un recorrido particular. La materia prima, las etapas de elaboración y la cantidad de agua que conserva influyen en su textura, sabor, duración y composición nutricional. El proceso no es un elemento accesorio: es precisamente lo que convierte la leche en queso y determina buena parte de las características del alimento que finalmente llega a la mesa.

Los ingredientes también hablan de calidad

Para entender el resultado de esa transformación importa saber con qué ingredientes se elaboró. La calidad de un queso también está relacionada con la autenticidad de su composición: que sus características provengan de las materias primas declaradas y del proceso con el que fue elaborado.

Los ingredientes ayudan a entender de dónde provienen esas características. Los componentes propios de la leche explican buena parte del perfil nutricional esperado de un queso. Cuando alguno de ellos se sustituye por otras materias primas, la composición puede cambiar, incluso dejar de ser queso, aunque la apariencia final resulte similar.

Por eso, conocer los ingredientes permite comprender mejor el alimento que llega al plato. La lista de ingredientes muestra cómo está formulado; la información nutricional permite saber qué aporta una porción.

Más allá del sabor

El queso suele ocupar un lugar en la mesa por su sabor, su textura y su versatilidad. Pero su transformación también explica parte de su valor nutricional.

Dependiendo de la variedad y de la porción, puede contribuir al aporte de proteína láctea y calcio naturalmente presentes en la leche. De esta manera, puede sumar nutrientes a preparaciones cotidianas y formar parte de diferentes momentos de alimentación.

Mirar cómo fue elaborado, qué ingredientes contiene y qué nutrientes aporta, permite comprender mejor su lugar dentro de la alimentación. Y también pone en perspectiva algo más amplio: hablar de procesamiento no debería significar automáticamente hablar de pérdida de calidad nutricional.

El queso cuenta bien esa historia. Procesar la leche permite transformarla en un alimento con características propias, con identidad, calidad y valor nutricional propios.

Los quesos Alpina tienen un alto valor nutricional por ser fuente de proteína: su aporte varía según el tipo.

1. Quesito Alpina: Es un queso fresco, de textura ligera con tan solo cuatro ingredientes, sin conservantes y con 53 calorías por porción.
2. Queso Mozarella Alpina: Excelente fuente de proteína, aporta aproximadamente 10 gramos en dos tajadas y lo caracteriza su versatilidad.
3. Queso Cottage Finesse: Alpina incorpora una nueva categoría a su portafolio, una opción versátil y excelente fuente de proteína, que ofrece 14 gramos por porción, elaborado con ingredientes naturales y sin sellos de advertencia.
4. Queso Parmesano Alpina: Una porción de 18 gramos aporta aproximadamente 6 gramos de proteína. Su sabor intenso permite realzar diferentes preparaciones y es el elegido por los chefs en Colombia.
5. Queso Finesse: Con fórmula mejorada, ahora sin sello de sodio y con menos de 100 calorías por porción.

La nefasta experiencia del terremoto reciente en Colombia remarcó la realidad histórica de muchas poblaciones con deficiente infraestructura de servicios básicos, viviendas precarias, pobreza extrema, baja cobertura en educación y salud; además, la concentración de las instituciones educativas en las zonas urbanas y las grandes diferencias de cobertura en preescolar y primaria dentro de las ciudades.

En este panorama, la educación media, como conectora con la educación superior y, por ende, con el desarrollo individual y la movilidad social de los jóvenes, resulta sustancial para acortar las profundas brechas territoriales existentes, muy especialmente entre zonas urbanas y rurales. En nuestro país, solo 55 de cada 100 estudiantes que ingresan al sistema educativo en Colombia alcanzan el grado undécimo, es decir, que 45 de ellos no tienen la posibilidad de ingresar a la educación superior y a las oportunidades que esta les abre.

Ejemplo de ello son departamentos como el Chocó —donde estuvo el epicentro del terremoto del pasado 10 de agosto y presenta una gran destrucción de centros educativos—, Vichada, Vaupés y las ciudades de Turbo y Uribia, que son las cinco Entidades Territoriales Certificadas (ETC) con más baja proporción de estudiantes que alcanzan el grado 11. La diferencia con las ETC con la proporción más alta (Sogamoso, Duitama, Envigado, Chía y Sabaneta), es de entre 20 y 40 veces.

Estas conclusiones del informe “Las implicaciones de la inacción en la educación media en Colombia”, publicado por el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad de los Andes, se derivan del análisis de las dimensiones de cobertura y calidad educativa, específicamente en cuanto a la permanencia escolar y a los logros en las Pruebas Saber 11.

A 2023, la tasa de cobertura neta en educación media era del 51 % (535.640 estudiantes), es decir, que solo uno de cada dos estudiantes entre 15 y 16 años cursaba 10 u 11. Con el seguimiento realizado a la disminución de la matrícula desde 2013, año que en esta cohorte inició el ° (con 971.853 matriculados), se infiere que cerca de la mitad de los jóvenes colombianos no completa la educación formal.

En cuanto a la calidad educativa, el informe describe que uno de cada cuatro estudiantes de 11 logra un nivel adecuado de apropiación de las competencias básicas al término de la educación media. De los graduandos en 2023, el 45 % logró niveles aceptables de lectura crítica y matemáticas en las Pruebas Saber II.

“Este panorama es preocupante tanto a nivel individual como colectivo. Estas condiciones educativas disminuyen las posibilidades de un desarrollo personal satisfactorio, la movilidad social de los jóvenes, la continuación exitosa hacia la educación posmedia, y la participación activa en el mercado laboral y el ejercicio de la ciudadanía”, dice el análisis.

El bajo desempeño y la deserción escolar impactan negativamente en el acceso de nuestros jóvenes a las oportunidades, no solamente económicas, sino de mejoramiento de las condiciones de vida en general, cuya influencia en el desarrollo de los países también es notable. Sin duda, el nuevo Gobierno de Colombia tiene el gran reto de garantizar la cobertura, la permanencia, la pertinencia y la calidad de la educación media para promover la transformación social que requiere el país.

*Rector de la Unisimón

Una obra vial contratada en dos oportunidades, que todavía permanece inconclusa, y recursos destinados a vivienda que siguen pendientes de recuperación dejaron dos hallazgos con posible incidencia fiscal por más de $1.007 millones, en una auditoría de la Contraloría de Bogotá, a la Secretaría Distrital del Hábitat.

El organismo de control revisó la gestión de la entidad durante la vigencia 2025 y encontró, en total, 12 hallazgos administrativos, nueve con presunta incidencia disciplinaria y dos con incidencia fiscal.

El caso de mayor cuantía está en Los Alpes, en Ciudad Bolívar, donde cuatro segmentos viales y espacios públicos fueron intervenidos a través de dos contratos.

Más de COP 977 millones y las obras siguen sin terminar

Según la Contraloría, la intervención fue contratada inicialmente en 2021. Como las obras no lograron culminarse, en 2023 se celebró un nuevo contrato para avanzar en los trabajos pendientes.

Sin embargo, el segundo intento tampoco consiguió terminar completamente la intervención.

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El ente de control estableció que se realizaron pagos superiores a COP 977 millones, pese a que persistieron frentes inconclusos y no se alcanzó el propósito para el cual habían sido contratadas las obras.

“Más allá de las cifras, el impacto recae sobre una comunidad que continúa esperando infraestructura segura y funcional”, señaló Steffi Rosbenisa Acevedo Sánchez, directora de Hábitat y Ambiente de la Contraloría de Bogotá.

Además del posible impacto sobre los recursos públicos, la Contraloría advirtió que las obras sin terminar mantienen condiciones que pueden representar riesgos para los habitantes del sector.

Más de COP 30 millones para vivienda Emberá siguen pendientes

El segundo hallazgo está relacionado con recursos destinados a complementar subsidios de vivienda para hogares de la comunidad Emberá.

Aunque una parte del dinero regresó a la Tesorería Distrital después de la liquidación del convenio, más de COP 30 millones todavía están pendientes de recuperación.

Según el organismo de control, el retorno de esos recursos depende actualmente de acciones judiciales, por lo que el dinero no está disponible de manera inmediata para financiar otras necesidades de la ciudad.

Con ambos casos, la auditoría calculó más de COP 1.007 millones en presuntas afectaciones al patrimonio público.

Ahora serán las actuaciones correspondientes las que determinen las eventuales responsabilidades. Mientras tanto, la Contraloría anunció que mantendrá seguimiento sobre el uso de los recursos destinados a vivienda, infraestructura y mejoramiento de las condiciones de vida de los bogotanos.

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Cifras presentadas por el DANE indican que el agro colombiano vive uno de los momentos más dinámicos de los últimos años. Según la institución, en enero de 2026 las exportaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas alcanzaron USD 1.408 millones FOB, un 23 % más que en el mismo mes del año anterior.

Este escenario se acompaña de retos en materia de productividad, costos y competitividad; un dato clave cuando se observa en el reporte de la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria (Upra) que entre enero y marzo el país alcanzó su mejor trimestre exportador de la historia en los sectores agropecuario y agroindustrial, con ventas de USD 3.989 millones.

Asimismo, otros datos influyen en la actualidad del sector. Por ejemplo, existe una presión sobre los costos de producción. En junio, los fertilizantes aumentaron 15,3 % su precio anual, acumulando 15 meses de incrementos.

Por eso, el sector debe aprovechar su buen momento exportador mientras enfrenta retos y mayores exigencias de los mercados. En este escenario, del 21 al 23 de octubre se llevará a cabo Expo Agrofuturo 2026, evento que reunirá a más de 350 empresas y cerca de 14.000 visitantes especializados, compradores internacionales, inversionistas, entidades financieras, entre otros actores clave en la cadena agroalimentaria.

La agenda de esta edición estará atravesada por tres temas: innovación y tecnología, negocios estratégicos y sostenibilidad.

Tecnología en el agro

Uno de los pilares de la cita será la tecnología. Se abordarán temas como la inteligencia artificial aplicada al campo, agricultura de precisión, agricultura 4.0, biotecnología, entre otros temas que están transformando los procesos de producción.

Una de las novedades más importantes de 2026 será la transformación de FIXA. El que hasta ahora era un salón académico se convertirá en un Ecosistema de Conocimiento, con seis espacios especializados distribuidos por diferentes puntos de la feria.

De igual forma, la agenda incluirá conversaciones sobre seguridad alimentaria, agricultura regenerativa, financiamiento rural, exportaciones, innovación AgrifoodTech y acceso a mercados internacionales.

Una oportunidad de negocio

El segundo frente se concentra en las conexiones que pueden convertirse en negocios. Por eso, AgroMatch, la rueda de negocios de Expo Agrofuturo, reunirá a diferentes actores de la cadena para facilitar encuentros comerciales y abrir nuevas posibilidades de inversión y cooperación.

Productores, empresarios, compradores internacionales, inversionistas, entidades financieras, startups y desarrolladores tecnológicos encontrarán en este espacio una oportunidad para establecer relaciones y oportunidades de negocio.

Expo Agrofuturo 2026 no solo apuesta por exponer cuáles son las tendencias del sector, también se posiciona como un punto donde esas tendencias puedan convertirse en proyectos, alianzas y oportunidades comerciales.

“El crecimiento que hoy registra el agro colombiano representa una oportunidad histórica, pero también plantea nuevos desafíos. El siguiente paso no depende únicamente de producir más, sino de incorporar tecnología, generar mayor valor agregado, acceder a nuevos mercados y fortalecer las conexiones entre quienes hacen parte de la cadena agroalimentaria. Expo Agrofuturo 2026 busca convertirse en el escenario donde esas conversaciones se transformen en alianzas, inversión y negocios para el desarrollo del sector”, dijo Doris Chingaté, jefe de proyecto de Expo Agrofuturo en Corferias.

Sostenibilidad en marcha

La sostenibilidad es otro de los ejes presentes en esta cita. Se trata de un tema que ha dejado de ser complementario para convertirse en parte de las decisiones que toman productores y empresas frente al futuro del sector. Agricultura regenerativa, eficiencia en los procesos productivos, innovación y nuevas soluciones para responder a los desafíos ambientales y sociales harán parte de esta conversación.

Así, AgStar, el ecosistema de emprendimiento e innovación de Expo Agrofuturo, tendrá un papel importante. El espacio permitirá conocer startups y proyectos que están desarrollando soluciones para algunos de los principales desafíos de la agroindustria y que, al mismo tiempo, muestran hacia dónde se mueve la innovación en el sector.

Ricardo Jaramillo, CEO de Agrilink y socio organizador de Expo Agrofuturo, señaló que “las grandes transformaciones del agro comienzan cuando el conocimiento, la innovación y el capital se encuentran en un mismo lugar. Esta edición de Expo Agrofuturo está diseñada para anticipar las tendencias que marcarán la próxima década del sector y conectar a quienes tienen la capacidad de convertir esas tendencias en oportunidades reales de crecimiento para Colombia y América Latina”.

Expo Agrofuturo 2026 buscará reunir en un mismo escenario las conversaciones, herramientas y conexiones que hoy están definiendo el rumbo de la agroindustria. Durante tres días, Corferias será nuevamente punto de encuentro para productores, empresarios, inversionistas, compradores y actores de toda la cadena, en una edición que buscará resolver la siguiente pregunta: ¿cómo aprovechar el momento que vive el agro colombiano para construir un crecimiento que sea competitivo, sostenible y capaz de generar nuevos negocios para la región?

Bogotá será una de las siete ciudades que participarán simultáneamente en ART CUT’26, la primera Trienal de Arte de Universidades Católicas, una iniciativa internacional que reunirá arte contemporáneo de América, Europa y África bajo una misma pregunta: ¿cómo volver a encontrarnos con aquello que es distinto a nosotros?

En la capital, la exposición “Ejercicios de empatía: Salida Interior” abrirá gratuitamente al público el próximo 9 de septiembre en la Pontificia Universidad Javeriana y permanecerá disponible hasta el 20 de octubre.

La muestra reunirá 13 obras de artistas nacionales e internacionales, con fotografía, video, instalaciones inmersivas y sonoras, performance, dibujo y creación multimedia.

La Trienal, promovida por el Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede y bajo la curaduría general de Nuno Crespo, reúne en su primera edición a más de 100 artistas, 15 curadores y siete universidades.

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Del sueño Yanomami a los sonidos de un glaciar

La propuesta bogotana busca ir más allá de recorrer una sala mirando obras. Algunas de las piezas están diseñadas para que el visitante escuche, sienta y participe.

Entre los artistas invitados está Apichatpong Weerasethakul, cineasta tailandés ganador de la Palma de Oro de Cannes, quien presentará Durmiente & Async, una videoinstalación en la que imágenes de personas dormidas, paisajes y animales dialogan con una composición sonora de Ryuichi Sakamoto.

También estará la fotógrafa y activista suizo-brasileña Claudia Andujar con Sonhos Yanomami, una serie de 20 fotografías surgidas de imágenes realizadas durante sus años de relación con el pueblo Yanomami. Las piezas evocan sueños, visiones y formas de comprender el territorio desde esta comunidad amazónica.

Otra de las experiencias será Eccesso di Ablazione, de Sergio Maggioni, construida a partir de más de 15.000 horas de grabaciones bioacústicas del glaciar Adamello, en los Alpes italianos. El deshielo, las fracturas y los movimientos internos del glaciar se transforman allí en una instalación sonora inmersiva.

Y en Ostorium nocturno, de Leonel Vásquez y Carolina Ortiz, el sonido se convierte en vibraciones para que el visitante pueda sentirlo físicamente, y no únicamente escucharlo.

Arte indígena, crisis ambiental y memoria

La exposición también tendrá una importante presencia de obras vinculadas con comunidades y territorios.

La artista Misak Julieth Morales Aranda presentará una pieza elaborada con serigrafía y tierra sobre tela, nacida de un proceso de reconexión con sus raíces indígenas y del trabajo con mujeres de su comunidad.

José Ismael Manco llevará dos dibujos de la serie Cotocua, inspirados en su amistad y colaboración con Berito Cobaría, líder del pueblo U’wa.

La crisis ecológica aparecerá en varias piezas. Angélica Piedrahita propone un diálogo ficcional entre rocas y mirlos para reflexionar sobre contaminación e interdependencia, mientras Nicolás Leyva Townsend aborda las transformaciones de los nevados.

Por su parte, Río Adentro, de David Vélez, utiliza grabaciones subacuáticas y subterráneas realizadas en el río Calder, en Reino Unido, para llamar la atención sobre el deterioro de los cuerpos de agua.

Una exposición para conversar, no solo para mirar

La muestra tendrá además espacios de mediación para conectar a los visitantes con las obras y propiciar conversaciones entre artistas, comunidad universitaria y ciudadanía.

“Las trece obras que conforman Salida Interior nos invitan a reflexionar sobre la empatía al proponer distintos gestos de permeabilidad y afectación”, explicó Lucía Parias, quien comparte la curaduría local con Sylvia Suárez.

La intención, agrega, es explorar nuevas maneras de relacionarse con “cuerpos, memorias, comunidades, territorios, entidades humanas y no humanas” en un presente marcado por el aislamiento y la fragmentación.

Mientras Bogotá recibe esta muestra, exposiciones de ART CUT’26 se desarrollarán simultáneamente en universidades de Río de Janeiro, Santiago de Chile, Boston, Milán, Lisboa y Luanda.

¿Cuándo y dónde visitar la exposición?

“Ejercicios de empatía: Salida Interior” abrirá el 9 de septiembre y estará disponible hasta el 20 de octubre de 2026 en el Área de Exposiciones de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana, ubicada en la calle 40B No. 5-37, Bogotá.

La entrada será gratuita y abierta a toda la ciudadanía, convirtiendo a la Javeriana durante más de un mes en una de las siete ventanas mundiales de esta nueva Trienal de arte contemporáneo.

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Mariana Mazzucato lleva mucho tiempo defendiendo que los gobiernos no deberían limitarse a corregir las fallas del mercado, sino que deberían impulsar activamente el crecimiento económico.

La economista italoamericana, que ha ocupado diversos cargos de alto nivel en organismos multilaterales, es actualmente directora del Instituto para la Innovación y el Bien Público del University College de Londres.

Su último libro, The Common Good Economy, ofrece una brújula para orientarnos hacia economías que “funcionen para todos”. Ahora, centra su atención en un aspecto que suele pasarse por alto en la estrategia climática: la cultura.

En esta entrevista con Dialogue Earth, Mazzucato explica por qué el arte, los rituales locales y las prácticas creativas son tan importantes para la transición ecológica como las redes eléctricas. Describe por qué los planes tecnocráticos se quedan cortos sin la participación de la comunidad y destaca la importancia de evitar que la inteligencia artificial aumente la desigualdad.

La entrevista ha sido editada por motivos de extensión y claridad.

Usted ha defendido que la cultura es fundamental para hacer frente a la crisis climática. ¿Cuáles son las razones?

El enfoque actual no está funcionando. Las soluciones climáticas se plantean como algo desconectado de la forma en que estructuramos la esencia del capitalismo y, por lo tanto, de la dirección del crecimiento económico. El crecimiento económico no es un bien neutro. El crecimiento tiene una dirección, no solo una tasa, y necesitamos una transición verde que la gente vea como parte de una buena vida.

En mi nuevo libro escribo que la cultura, el bienestar, la alegría y el florecimiento humano son el sentido de la economía. La cuestión es cómo estructuramos las herramientas económicas para lograrlo. Como dijo Celso Furtado, exministro de Cultura de Brasil: “la política cultural es política de desarrollo”.

Un artículo reciente suyo sirvió de base para un seminario en el que se reunieron un presidente de la COP climática, una escenógrafa, una líder indígena, un músico y un científico climático. ¿Qué surge de una sala como esa que no surgiría en una llena de economistas?

No es casualidad que Franklin D. Roosevelt incorporara a artistas y diseñadores a la Administración de Proyectos de Trabajo del New Deal. Las artes y las prácticas creativas tienen un enorme impacto a la hora de dar forma a lo que creemos que es posible.

Como dijo el escritor francés Antoine de Saint-Exupéry: “Si quieres construir un barco, no animes a la gente a recoger madera… enséñales a anhelar la inmensidad infinita del mar”.

En segundo lugar, no existe un modelo único elaborado por expertos sobre cómo lograr el éxito en la transición ecológica, ni siquiera sobre cómo se define ese éxito. Ahí es donde entra en juego la brújula del bien común. Consta de cinco elementos: propósito y orientación; cocreación y participación; aprendizaje colectivo e intercambio de conocimientos; acceso para todos y reparto de beneficios; y transparencia y rendición de cuentas.

Por ejemplo, escribí junto con mi colega Damon Silvers sobre la huelga de los trabajadores del sector automotriz en Estados Unidos, en la que fueron las propias voces de los trabajadores las que presionaron para conseguir buenos puestos de trabajo en la industria de los vehículos eléctricos.

¿Por qué la cultura necesita su propia línea de investigación específica, en lugar de ser una nota al pie en la política industrial?

Escribí un artículo, Climate Change and Culture (Cambio climático y cultura), sobre cómo trabajar con las comunidades, y no para ellas. Se trata de utilizar los conocimientos y recursos que ya existen, en lugar de imponer soluciones desde fuera.

En él, ofrezco dos ejemplos contrastantes. El marco REDD+ de la ONU, aplicado al Fondo Amazónico, se basó en cálculos de costo de oportunidad de McKinsey que hacían que la industria extractiva pareciera más valiosa que la agricultura rotativa de pequeños agricultores practicada por los pueblos tradicionales.

Por el contrario, el Proyecto Esperaçar, en la Reserva Extractivista Chico Mendes, reconoce que la cultura tradicional y el cuidado del bosque están vinculados, y apoya ambos. Por eso la cultura debe integrarse en la política industrial, en lugar de aislarla.

Ha defendido que el gobierno no debería externalizar la política sanitaria ni la industrial. ¿Cómo se traduce eso en materia de clima y cultura?

Las instituciones públicas deben tener la capacidad de diseñar y aplicar políticas para una economía al servicio de las personas. La brújula de la economía del bien común ayuda a definir el “cómo”: cocreación, intercambio de conocimientos, transparencia.

Nada de eso funciona si el gobierno externaliza de forma opaca la política climática a empresas de consultoría. La verdadera consulta y la capacidad de escuchar son capacidades clave que faltan. Si las personas no se sienten incluidas, las políticas serán menos eficaces, menos resilientes o se enfrentarán a una oposición rotunda. Para llevar a cabo una buena transición, debemos gobernar bien, y de forma diferente a como lo hemos hecho hasta ahora.

La COP30 de Brasil se anunció como una COP de implementación, en la que se impulsarían planes para movilizar la financiación climática y un Mecanismo de Transición Justa. ¿Se trata de un cambio genuino hacia la financiación, o seguimos elaborando planes más rápido de lo que tardamos en ponerlos en práctica?

Usualmente, los gobiernos están más interesados en lanzar nuevos planes que en mantener los ya existentes. Tenemos que crear conjuntamente el plan adecuado y ajustarnos a él.

En segundo lugar, no se trata solo del dinero, sino de cómo se canaliza ese dinero y quién se beneficia de él. Con demasiada frecuencia, el dinero público se limita a “llenar un vacío” en lugar de servir de base a un proyecto. Los bancos de desarrollo pueden desempeñar un papel crucial adoptando un enfoque orientado a la misión a la hora de movilizar el capital, y necesitamos que las alianzas de estas instituciones con el sector privado sean verdaderamente recíprocas.

Ahora que Estados Unidos se retira de la cooperación climática multilateral y los aranceles están reconfigurando el comercio mundial, ¿cómo se construyen la financiación climática y la estrategia industrial verde?

El orden económico ya estaba roto. Tenemos que construir algo diferente en su lugar, que funcione para las personas y el planeta, en lugar de generar más desigualdad o explotación. No lo conseguiremos con retoques o mejoras incrementales, ni con el populismo reaccionario de extrema derecha ni con aranceles improvisados.

Tenemos que ser audaces: dar forma a la economía, financiar para generar impacto, construir Estados capaces y forjar colaboraciones en pro de la equidad global. Por eso puse en marcha el Consejo Global sobre la Nueva Economía para el Siglo XXI, que reúne a responsables políticos, académicos y profesionales para replantearse los supuestos que dan forma a las sociedades.

¿Cómo pueden los países utilizar las energías renovables y los minerales críticos para ascender en la cadena de valor, en lugar de repetir el modelo extractivo de la era de los combustibles fósiles?

Ese es precisamente el riesgo. El 70 % de los minerales críticos se encuentra en el Sur Global, y actores como el gobierno de EE. UU. están buscando acuerdos bilaterales de carácter extractivo que eluden condiciones justas en materia de fiscalidad o regulación medioambiental.

Necesitamos una mayor coordinación para evitar la intimidación geopolítica y una carrera a la baja en materia de normas. Y los gobiernos deben ser proactivos a la hora de definir cómo su política industrial verde contribuye a crear un ecosistema de innovación.

Los centros de datos y la inteligencia artificial (IA) se encuentran entre las fuentes de demanda eléctrica de más rápido crecimiento. ¿Es la IA, tal y como se financia y regula, compatible con la transición verde?

La IA, como la mayoría de las innovaciones, no es intrínsecamente buena ni mala. Lo que importa es cómo se implementa y quién toma las decisiones.

La gobernanza de la IA debería servir al bien común a través de la orientación, la transparencia, la cocreación y las recompensas compartidas. El problema es lo que he denominado “feudalismo digital”, en el que un pequeño número de empresas ejerce un control casi total sobre la gobernanza de la IA, a pesar de que las instituciones públicas hayan subvencionado el capital intelectual y físico del que depende el desarrollo de la IA.

A los creadores del arte y los contenidos que alimentan las herramientas de IA se los está explotando en lugar de recompensarlos.

El desarrollo de la IA no es una misión que compita con la transición ecológica, sino que ambas deben diseñarse para complementarse mutuamente en lugar de competir. No queremos que los centros de datos agoten los suministros esenciales de agua para financiar usos de la IA que no estén orientados al bien común. Eso sería lo peor de ambos mundos.

Gran parte del Sur Global se ve asfixiado por la deuda, al tiempo que se le pide que financie una transición justa. ¿Cómo sería un enfoque genuinamente orientado a objetivos para afrontar el reto de la deuda?

Necesitamos una nueva arquitectura financiera y de deuda global. La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, lidera la Iniciativa de Bridgetown con propuestas relacionadas con la financiación climática. Debemos reformar los sistemas fiscales globales, lo que implica cambiar normas como el Marco de Sostenibilidad de la Deuda del Banco Mundial y el FMI, que trata la inversión a largo plazo como un gasto a corto plazo.

La última sección de mi libro aborda cómo situar a los países del Sur Global en el centro. Es importante adoptar un enfoque orientado a una misión para que estos esfuerzos estén alineados en lugar de descoordinados, con un enfoque real en la implementación —como los contratos justos—, de modo que la financiación para el desarrollo se trate como una misión que hay que liderar, y no solo como un vacío que hay que llenar.

Ha defendido que los mercados son el resultado de decisiones políticas, no de fuerzas ajenas al control del gobierno. ¿Cuál es la idea errónea más extendida que siguen teniendo los responsables políticos sobre el papel del Estado en la transición verde?

En primer lugar, que su labor consiste en arreglar el desastre que han dejado los mercados, en lugar de moldear activamente los mercados para lograr resultados colectivos. En segundo lugar, abordar la política industrial sector por sector en lugar de misión por misión. En el Reino Unido, el Departamento de Seguridad Energética y Cero Emisiones Netas ha avanzado en los mandatos que controla, pero sus avances son limitados sin un enfoque interministerial e intersectorial de la misión de la energía limpia. No puede ser que un departamento se ocupe de reducir las emisiones mientras otro las genera. Y los responsables políticos deben conseguir que la gente los siga, y ahí es donde entra en juego la cultura.

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