La seguridad en Asia no se veía tan frágil desde la guerra de Vietnam. Cuando Estados Unidos se retiró tras una década de combates en Indochina, habían muerto entre uno y tres millones de vietnamitas y más de 58 000 soldados estadounidenses; la política interna de los Estados Unidos estaba en ruinas; empezaba un período de estanflación que duraría varios años; y muchos observadores en todo el mundo consideraban que la Unión Soviética estaba ganando la Guerra Fría. En toda Asia, que Estados Unidos hubiera abandonado a sus aliados survietnamitas parecía el presagio de un futuro aciago de inestabilidad económica y política.

Hoy, apenas una década después del anuncio de un “giro” en dirección a Asia por parte del presidente Barack Obama, el compromiso de Estados Unidos con la región es tan tenue como en 1975. Es verdad que los tratados formales de defensa mutua con Japón, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas y Corea del Sur siguen en vigor, y que Estados Unidos conserva bases (y el derecho a instalarlas) en muchos otros lugares, incluido Singapur. Pero las relaciones entre la administración Trump y los gobiernos de las democracias asiáticas distan mucho de las que suelen darse entre viejos aliados. En vez de eso, se parecen más a las que se ven en las transacciones comerciales, sin ninguna consideración hacia los valores compartidos y las cuestiones de seguridad.

Otra vez abandonados

A los líderes democráticos de Asia, la situación les provoca una ominosa sensación de “déjà vu”. Muchos saben lo rápido que se desmoronaron después de 1975 las estructuras de seguridad estadounidenses establecidas en la región tras la Segunda Guerra Mundial. En el transcurso de cuatro años, los victoriosos comunistas vietnamitas establecieron la hegemonía en Indochina mandando a su experimentado ejército a invadir Camboya, derrocando al régimen asesino de los jemeres rojos y poniendo en riesgo la viabilidad de la monarquía tailandesa.

En tanto, la flota de la URSS en el Pacífico (entonces parte de la segunda mayor armada del mundo) se instaló en una gigantesca base naval que había construido Estados Unidos en la bahía de Cam Ranh, en la costa sudoriental de Vietnam. El derecho a instalar bases en Vietnam permitió al Kremlin bajo Leonid Brézhnev proyectar el poder soviético a gran distancia en el Pacífico, lo que planteó un riesgo directo a los corredores marítimos que llevaban petróleo y gas importados desde Medio Oriente a Japón y Corea del Sur, en una etapa crítica de su período de crecimiento acelerado.

Tras realizar en 1976 sus últimos ejercicios conjuntos, la Organización del Tratado del Sudeste Asiático (el principal componente institucional de la estructura de seguridad regional diseñada por Estados Unidos) se disolvió al año siguiente. El mensaje para Japón, Corea del Sur, Filipinas, Singapur y Tailandia (que habían dado apoyo al esfuerzo bélico estadounidense en Vietnam) fue claro: a partir de ahora estrían solos.

Por suerte para esa generación, China todavía no representaba la amenaza que es hoy. Seguía atrapada en la locura de las políticas del presidente Mao Zedong, cuya Revolución Cultural había dejado heridas profundas y duraderas. Es verdad que la apertura a China del presidente estadounidense Richard Nixon (que se produjo cuando Mao estaba deshaciendo la Revolución Cultural) fue un gran avance estratégico; pero el objetivo de Estados Unidos era contrarrestar el poder mundial de la URSS, no crear una nueva estructura de seguridad regional para Asia.

En aquel momento, todavía faltaban décadas para el impulso que daría a las economías asiáticas la transformación económica de China. La economía china post‑Mao estaba en tan mal estado que cuando Deng Xiaoping envió al Ejército Popular de Liberación a Vietnam para “castigarlo” por invadir Camboya, los vietnamitas derrotaron al EPL con facilidad (y unos 25.000 soldados chinos murieron en un mes). Deng aprendió la lección: China estaba tan atrasada que tenía que cambiar, y pronto, si quería sobrevivir en un mundo dominado por una URSS hostil y un Estados Unidos herido pero económicamente poderoso. Fue así que aceleró la puesta en práctica de su política de “reforma y apertura” iniciada el año anterior.

Un giro hacia ninguna parte

¿Qué llevó al presidente Donald Trump a dilapidar la sólida posición de Estados Unidos en Asia, construida sobre la base de aliados leales como Japón, Australia y Corea del Sur, a la que se sumaba desde hace poco tiempo una incipiente asociación estratégica con la India? La explicación tiene que estar en parte en su política aislacionista de “Estados Unidos primero”, que concede poco valor a las alianzas y somete incluso las cuestiones de seguridad más fundamentales al prisma de la negociación mercantil.

Es verdad que los aliados de Estados Unidos en Asia nunca tuvieron nada parecido al compromiso de defensa mutua que ofrece el artículo 5 del tratado de la OTAN. Pero ahora que Trump pone en duda incluso esa garantía que parecía tan firme, los líderes democráticos de Asia han tenido que aceptar que este gobierno estadounidense tal vez no cumpla sus compromisos de seguridad con ellos. Por supuesto, esta constatación no es consecuencia de algún momento decisivo como la caótica evacuación de la embajada estadounidense en Saigón o el “Shock de Nixon” que sufrió Japón como resultado de la apertura a China. Pero en toda la región predomina una sensación similar de abandono y traición.

¿Cómo podría ser de otro modo? Trump lanzó guerras arancelarias contra países amigos de Estados Unidos en Asia, y lisonjea a dictadores como el norcoreano Kim Jong‑un. Exige que los aliados de Estados Unidos paguen la protección estadounidense por adelantado, y sin embargo parece reacio a reafirmar los compromisos de seguridad de Estados Unidos según los tratados vigentes. En septiembre, cientos de trabajadores surcoreanos de la industria automotriz que estaban ayudando a poner en marcha una fábrica de Hyundai en Georgia fueron detenidos de mala manera, esposados y expulsados del país. Y en las negociaciones sobre acuerdos arancelarios “recíprocos”, la administración Trump ha exigido cifras astronómicas (550.000 millones de dólares a Japón y 350.000 millones a Corea del Sur) con una amenaza tácita (“o si no…”) siempre flotando en el aire. La cifra para Corea del Sur ronda nada menos que el 20 % de su PIB; si el país acepta, su economía perderá el equivalente a dos tercios de la inversión de un año.

El intento de Trump de montar un negocio de protección mafiosa (poniendo precio a los compromisos de defensa) es igual de dañino. Parece que pensara que a Estados Unidos la posibilidad de estacionar tropas en la isla japonesa de Okinawa y en Corea del Sur y de construir instalaciones navales, aéreas y militares en la isla filipina de Luzón (a un paso del Mar de China Meridional y del estrecho de Taiwán) no le reporta ningún beneficio. Aparentemente, al actual gobierno estadounidense lo tienen sin cuidado los intentos del presidente chino Xi Jinping de convertir ese mar en un lago de China.

Librados a nuestra suerte

Por supuesto, la coerción estadounidense no es nada nuevo para los asiáticos. Lyndon Johnson presionó a Australia y Corea del Sur para que enviaran tropas a Vietnam, y Ronald Reagan hostigó al primer ministro japonés Yasuhiro Nakasone para obligarlo a firmar el Acuerdo del Plaza (un hito clave en el camino hacia dos décadas perdidas de crecimiento en Japón). Los líderes actuales comprenden que, igual que hace cincuenta años, tendrán que tomar medidas para promover la seguridad y proteger la prosperidad económica de sus países.

La retirada estadounidense de Vietnam auguraba un largo período de inseguridad e incertidumbre económica. Pero muchos países asiáticos consiguieron estabilizar sus posiciones adoptando políticas que, además de impulsar un auge económico regional, también establecieron nuevos mecanismos para la mejora de su seguridad.

Los gobiernos de toda la región reconocieron que la dependencia total de Estados Unidos ya no era una estrategia viable. Los del sudeste asiático (tal vez porque se sentían los más vulnerables en el vacío de seguridad dejado por la retirada de Estados Unidos) redoblaron la apuesta por el modelo exportador de desarrollo que habían adoptado bajo el paraguas de la protección estadounidense.

Si Washington no se comprometía con la seguridad de la región, los gobiernos asiáticos iban a conseguir compromisos nuevos del sector privado estadounidense. Las empresas estadounidenses serían sus aliadas en el debate sobre la seguridad asiática en los Estados Unidos. Al final, estas iniciativas superaron con creces las expectativas más optimistas de la dirigencia política. Hasta bien entrados los primeros años de este siglo, la inversión extranjera directa estadounidense fue la principal fuente de inversión en la región.

Hoy los líderes asiáticos siguen estrategias de autosuficiencia similares. Un ejemplo es Japón, que ha estado particularmente activo. Cuando en su primera presidencia Trump abandonó el Acuerdo Transpacífico, el primer ministro japonés Abe Shinzo (quien, como era su costumbre, supo ver de dónde soplaba el viento antes que nadie) salvó la iniciativa y reunió a doce economías dinámicas bajo el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico.

Asimismo, bajo el liderazgo del primer ministro malasio Anwar Ibrahim, los once países que componen la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático eliminaron barreras al comercio y la inversión transfronterizos. Y la India, a la que en agosto Trump aplicó un arancel del 50 %, empezó a reorientar su comercio hacia nuevos socios regionales.

Pero los avances más importantes de los gobiernos asiáticos se ven en el área de la seguridad. Aquí también Japón asumió un papel de liderazgo e impulsó una cooperación más estrecha en el contexto del “Quad” (el cuadrilátero de naciones formado por Japón, Australia, Estados Unidos y la India). Además, se prevé que el presupuesto de defensa japonés (que ya crecía antes de que Trump volviera a la Casa Blanca) acelere su expansión. Y que nadie se deje engañar por la cifra de 2 % del PIB de la que se suele hablar; también se están destinando grandes sumas a otros sectores que reforzarán las capacidades militares de Japón.

Japón debe ver el momento actual como una oportunidad para resolver viejas vulnerabilidades estructurales derivadas de una excesiva dependencia de los Estados Unidos y asumir un mayor liderazgo en la promoción de la seguridad regional. Ya se ven algunos pasos trascendentales en esta dirección, empezando por un aumento masivo del intercambio de inteligencia entre las democracias asiáticas. Resulta particularmente importante la reactivación de un acuerdo al respecto entre Japón y Corea del Sur.

El nuevo presidente surcoreano, Lee Jae‑myung, se comprometió a mantener el acuerdo cerrado por su destituido predecesor con Japón. Es un avance importante para la relación bilateral, sujeta por mucho tiempo a fuertes oscilaciones según las alineaciones partidarias internas.

En general, los seguidores de Lee más izquierdistas se opondrían a un acuerdo de este tipo. Pero parece que las condiciones regionales y geopolíticas lograron que todos entiendan que no es momento para divisiones ideológicas en cuestiones de defensa. Lee respalda las declaraciones de su gobierno con dinero, y anunció que tiene intención de aumentar el gasto en defensa mucho más de lo que se esperaba. Quiere que Corea del Sur tenga la cuarta industria de defensa más grande del mundo en 2030.

Después del pacifismo

De cara al futuro, la política de seguridad de Japón seguirá el principio de hacer un “aporte proactivo a la paz internacional”, todo lo contrario de la postura de “pacifismo de un solo país” que dominó la política exterior japonesa en el pasado. Este cambio de estrategia viene tomando forma desde los tiempos de Abe. Sus principales características son el aumento del gasto en defensa; la obtención de capacidades de contraataque; la flexibilización de restricciones a las exportaciones de defensa; la creación de mecanismos oficiales de asistencia para la seguridad con vecinos como Indonesia, Filipinas y Vietnam; y la reconsideración de los “tres principios de no nuclearización” (no poseer armas nucleares, no producirlas y no permitir su introducción).

Para poner en práctica esta estrategia, Japón debe crear una agencia nacional de inteligencia como las que ya existen en las principales potencias mundiales. Felizmente, las nuevas iniciativas de Japón en materia de seguridad militar y económica (centradas en promover capacidades locales en semiconductores, construcción naval, espacio, computación cuántica, inteligencia artificial, minerales críticos y energía nuclear de próxima generación) ya están dando lugar a una arquitectura de seguridad indopacífica más interconectada.

Mediante una cooperación más profunda con socios como Corea del Sur, Australia, la India y los miembros de la ASEAN, los esfuerzos japoneses pueden servir de complemento y refuerzo ante la postura cada vez más ambigua de Estados Unidos en relación con sus compromisos de seguridad tradicionales. Esa cooperación puede aliviar la carga estratégica de la presencia de Estados Unidos en la región (uno de los objetivos en los que más insiste la administración Trump) y así hacerla más sostenible. Este último punto es esencial, porque Estados Unidos sigue siendo la única potencia capaz de brindar el nivel de poder de disuasión y fuerza de contrapeso que se necesita para hacer frente al ascenso de China.

Pero subsiste el hecho de que la tarea monumental de estabilizar lo que tal vez sea el entorno estratégico más tenso y complejo desde la Segunda Guerra Mundial no puede asumirla Estados Unidos solo. Para construir una estructura de paz verdaderamente estable, segura y viable para toda Asia es indispensable una estrecha coordinación entre los países afines de la región, empezando por un Japón consciente de la necesidad de asumir un papel de liderazgo.

* Akihisa Nagashima fue asesor de seguridad del primer ministro de Japón Shigeru Ishiba y miembro de la Cámara Baja del parlamento japonés. Copyright: Project Syndicate, 2025. www.project-syndicate.org

El primer año de la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos ha sido muy costoso para el Estado de derecho. Este concepto, fundamento ideal de la gobernanza estadounidense, se invoca como expresión de una amplia variedad de esperanzas, pero en su núcleo encierra dos valores complementarios: que el ciudadano de a pie pueda usar la ley como criterio para predecir con exactitud las consecuencias de sus acciones, y que esa misma ley hará predecible el comportamiento de los funcionarios que ejercen los enormes poderes del Estado.

El segundo gobierno de Trump se niega a someterse a algo tan ordinario y mundano como las leyes que aprueba el Congreso. El Departamento de Justicia ha declarado en forma explícita que ya no puede darse por sentado que cumplirá las órdenes de los tribunales federales de distrito o de los tribunales de apelación, y el Ejecutivo considera que obedecer las leyes que mandan partidas de gasto (entre otras) es opcional.

El fundamento retórico de estas medidas es la afirmación de Trump de que tiene un “mandato”, en la forma de su (estrecha) victoria electoral en noviembre de 2024. No importa que en el sistema constitucional estadounidense los presidentes ejerzan su autoridad dentro de los límites establecidos por las leyes del país. La administración está decidida a derribar los dos pilares del Estado de derecho: la previsibilidad que supuestamente promete la ley escrita y el principio de que ese corpus normativo es tan válido para los funcionarios como para el ciudadano común y corriente.

De modo que las afirmaciones de Trump referidas a un “mandato” ofrecen un punto de partida útil para pensar en los meses y años venideros. Las cuestiones centrales que definirán no solo la segunda administración Trump, sino también el cada vez más sombrío futuro de la democracia estadounidense dependerán de hasta dónde el presidente estará dispuesto a llevar esa tesis. ¿A qué extremos llegará para mantener el espejismo?

Los agentes facilitadores

Para dar una respuesta debemos analizar cómo se usó hasta ahora la idea de un mandato ilimitado para desmantelar el Estado de derecho. En este sentido, hay que hablar no tanto del presidente cuanto de los otros poderes del Estado, que presuntamente obran como controles del Ejecutivo estadounidense. Por supuesto, el hecho de que las ramas Ejecutiva y Legislativa estén ambas bajo control republicano implica que la administración Trump enfrenta escasa supervisión o resistencia del Congreso. Pero es probable que el facilitador más importante de la actuación ilegal del presidente haya sido la Corte Suprema.

Bajo la presidencia de John Roberts, la Corte se ha convertido (aunque parezca paradójico) en una fuerza debilitadora del Estado de derecho. En 21 de las 23 apelaciones promovidas por la administración Trump por fuera de los canales ordinarios (a través de la “agenda de emergencia” de la Corte) en los primeros nueve meses de mandato, el tribunal afirmó que el presidente tiene poder para actuar (a menudo, a pesar de la ley escrita) hasta tanto se emita un fallo definitivo. Por increíble que parezca, los supremos incluso permitieron al gobierno hacer caso omiso de los recientes mandatos de gasto aprobados por el Congreso, con lo que en la práctica desvirtuaron el más importante de los mecanismos que tiene la Rama Legislativa para poner límites al poder de la Presidencia.

Que la Corte dé estas licencias a una Presidencia que incumple declaradamente las leyes es algo nuevo en la historia de Estados Unidos. También lo es la inquietud generalizada que se observa entre los jueces de tribunales inferiores nombrados por presidentes de ambos partidos. Son funcionarios bajo supervisión directa de los supremos, y su pérdida de confianza en la Corte no tiene precedentes.

Debemos considerar ahora la posibilidad de que esta inquietud creciente pueda cuajar en un rechazo más explícito durante el próximo año o bienio, cuando es probable que la Corte se convierta en el lugar donde el bufete de abogados del presidente (nombre que ahora es lícito asignar al Departamento de Justicia) intentará transmutar el discurso de “mandato” en doctrina legal duradera. La agenda de la Corte ya incluye varios casos que tienen relación directa con esa posibilidad.

Dos de ellos tienen que ver con las facultades del presidente para despedir a funcionarios a los que el Congreso haya decidido blindar en sus puestos. A pesar de que hay pruebas contundentes de que la intención original de los redactores de la Constitución se oponía a ello, es casi seguro que la Corte dará al presidente amplio poder para despedir a funcionarios a voluntad. La mayoría conservadora de la Corte se declara partidaria del “originalismo”, una escuela de jurisprudencia que sostiene que la Constitución de Estados Unidos puede y debe interpretarse según el significado original de las palabras que aparecen en ella, tal y como las usaron sus redactores. Pero el bloque conservador de la Corte ha mostrado, una y otra vez, que solo defiende esta postura cuando le conviene.

Igual de importantes son los cuestionamientos a los aranceles dictados por Trump en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Cuando la Corte decida en estos casos, hay que observar con atención su manejo de la definición de “emergencia”. Si los supremos denominan “emergencia” algo tan banal como un desequilibrio comercial (situación experimentada por Estados Unidos desde los años setenta), en la práctica, cualquier otra ley donde exista una cláusula de activación en caso de emergencia podrá considerarse activada. El presidente podrá invocar esas cláusulas cuando y como le parezca oportuno.

Las implicaciones de esta flexibilización de los poderes de emergencia presidenciales se sentirán enseguida. La administración Trump no ha dudado en usar otras leyes de emergencia para arrestar y encarcelar por tiempo indefinido en condiciones espeluznantes a extranjeros, y podría hacer lo mismo para ampliar el despliegue de tropas dentro del territorio nacional conforme a la Ley de Insurrección. Ya utiliza a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a los efectivos de la Guardia Nacional contra residentes de ciudades controladas por el Partido Demócrata. En Chicago, estas tropas de choque usaron gases lacrimógenos contra manifestantes e incluso contra la policía local, y arrestaron a periodistas y concejales locales que intentaban documentar esos abusos. ¿Qué ocurrirá cuando la Corte dé vía libre a Trump para redoblar la represión?

Disolver al pueblo

Aunque los medios de comunicación tienden a centrarse en los despliegues de la Guardia Nacional, a lo que hay que prestar más atención en los próximos meses es a una intensificación gradual del uso agresivo de la violencia por parte del ICE contra los estados. Una agresión tan descarada no ayudará en nada a suavizar la postura de los residentes locales ante el gobierno federal. En vez de eso, podría ocurrir que se normalice la represión violenta de protestas, sobre todo si se tiene en cuenta la radicalización de la cultura interna del ICE. Si este organismo (con un presupuesto que hoy supera los de la mayoría de las fuerzas armadas de otros países) llegara a considerarse algo parecido a un ejército de ocupación en su propio país, con derecho a usar cualquier grado de fuerza que considere necesario para someter al “enemigo interno”, el riesgo de una escalada de violencia política será todavía mayor.

Hay otro ámbito de la aplicación de la fuerza donde en los próximos meses también podrían verse cambios radicales. A mediados de octubre, las fuerzas armadas estadounidenses habían hundido cinco embarcaciones presuntamente usadas por narcotraficantes venezolanos. Estos ataques constituyen un uso inédito de fuerza militar indiscriminada contra objetivos civiles. No hay motivos para creer que no era posible capturar las embarcaciones y detener, en vez de matar, a sus tripulantes.

Son ejecuciones, sin la menor pretensión de garantía procesal. Pero incluso si las embarcaciones fueran blancos legítimos, matar a sus tripulantes es un claro delito conforme al derecho nacional e internacional. El expresidente filipino Rodrigo Duterte enfrenta cargos en la Corte Penal Internacional por una campaña similar de violencia extrajudicial indiscriminada contra presuntos narcotraficantes en su país.

De esto se desprende una pregunta clave para los próximos años: si el uso letal de la fuerza militar se mantendrá confinado a objetivos fuera de Estados Unidos. No cuesta imaginar a este gobierno hallando argumentos para aplicarla al territorio nacional. Si un dron Predator puede atacar una lancha sin previo aviso en aguas internacionales, ¿por qué no también cuando se encuentre a menos de 200 millas náuticas de la costa estadounidense? Y si es en mar abierto, ¿por qué no en un puerto estadounidense o en una autopista? ¿O en la casa de alguien? La extensión de las actividades del ICE desde las fronteras hacia el núcleo territorial estadounidense ya sigue esta lógica autoritaria.

El uso de la violencia militar y cuasimilitar contra grupos étnicos desfavorecidos y ciudades opositoras sería significativo incluso si no tuviera consecuencias sistémicas para la democracia, pero es evidente que las tiene. Estos actos, y su posible escalada, cambian los términos en los que se desarrollarán las elecciones de 2026 y posteriores. La administración está echando intencionadamente una sombra de intimidación sobre el proceso democrático, al mismo tiempo que introduce otras amenazas más sutiles contra el experimento estadounidense.

Una de ellas es la manipulación del trazado de distritos electorales (“gerrymandering”) en estados bajo control republicano (Texas, Missouri y Carolina del Norte), algo que Trump promueve abiertamente para asegurarse de que posibles victorias demócratas en las elecciones intermedias de 2026 no le arruinen el “mandato”. Ya en tiempos normales sería irónico que un presidente use su victoria en elecciones justas para asegurarse de que las siguientes no sean justas y estén sesgadas a su favor. Pero no son estos tiempos normales. Si el “gerrymandering” fracasa (o lo contrarresta una respuesta en espejo de California), y si la presencia de uniformados en ciudades bajo control demócrata no logra disuadir la participación de los votantes, es improbable que Trump se detenga allí.

Como advierte Paul Rosenzweig, exfuncionario de la presidencia de George Bush (hijo), el objetivo evidente de la orden ejecutiva que emitió Trump en marzo de 2025 sobre la “integridad” de las elecciones es Wprivar del derecho de voto a sus oponentes y evitar una derrota electoralW. La Corte presidida por Roberts ya analiza seriamente uno de los puntos más escandalosos de esa orden (la prohibición de contar votos que se reciban después del día de las elecciones), y otras disposiciones, como la que exige la recertificación de todas las máquinas de votación, se podrían usar para confiscar máquinas en los distritos donde los aliados de Trump pierdan.

El pueblo contra el American Way

Si el riesgo para la democracia estadounidense, derivado de la erosión del Estado de derecho se limitara a las elecciones de 2026 y 2028, casi podríamos decir que no sería tan preocupante. Pero la amenaza contra la celebración de elecciones libres y justas es solo un síntoma de un problema mayor. Basta pensar en las derivaciones de la idea de mandato presidencial ilimitado. Lo que está en juego no es solo la manipulación de algunas pocas elecciones (aunque eso ya es bastante grave). Más bien, estamos hablando de un jefe del Ejecutivo situado por encima de la ley. Sería un repudio categórico del “American Way”, un rechazo a la noción de que existe una comunidad política compartida, extendida en el tiempo y animada por el debate y la decisión democrática.

En un sistema donde el presidente puede descartar leyes a su arbitrio, no hay razón para que el Congreso apruebe leyes en primer lugar. Las que se aprueben hoy no tendrán efecto sobre los futuros gobernantes. Con su rechazo a la fuerza moral del pasado, los defensores de la idea del mandato presidencial ilimitado se alejan de la política democrática tal como se ha expresado a lo largo de la historia. La ley escrita, trabajosamente labrada por las mayorías democráticas, es la razón de ser y la demostración de la vida democrática; o acaso ya no.

Por supuesto, quienes renuncian al pasado también renuncian a sus pretensiones sobre el futuro. Si el proyecto democrático ya no se extiende en el tiempo, deja de existir. Si no respetamos lo que nuestros antepasados consagraron en leyes, ¿por qué deberían importar mañana las decisiones que se tomen hoy? La legislación, reducida a un mero momento de ruido y furia, sin ningún significado. La adopción de una política por la vía legal se torna imposible.

Pero aquel que no puede redactar leyes que obliguen a sus sucesores, tendrá que asegurarse de que los sucesores se le parezcan. Tendrá que eliminar la molesta costumbre que tienen los votantes de cambiar de opinión. Tendrá que hacer permanente su mandato de algún modo, tal vez mediante órdenes ejecutivas, manipulación de distritos electorales o uniformados en las calles. La idea que anima a la segunda administración Trump es un rechazo de todo lo que Estados Unidos defendió siempre. Y es posible que su visión termine de concretarse en 2026.

* Copyright: Project Syndicate, 2025. www.project-syndicate.org.

A veces me preguntan qué me quita el sueño. La respuesta es relativamente sencilla. Es el temor a que el orden internacional de posguerra —moldeado por los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial y el trauma del Holocausto, y construido sobre los cimientos del compromiso político, el respeto a la soberanía de otros países, el libre mercado, las libertades civiles y la protección de las minorías— se derrumbe. (Lea otra entrega de Pensadores globales 2026, sobre el futuro de Oriente Medio).

“Nunca más”, la promesa y la ambición de no repetir los errores que condujeron a la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, ha dado forma durante décadas a las instituciones internacionales y las políticas de seguridad. Pero ahora, la influencia aleccionadora de este lema ha menguado. En todo el mundo están estallando focos de tensión, desde la intervención militar estadounidense en Venezuela, la brutal guerra civil en Sudán y la continua inestabilidad en Oriente Medio, hasta la guerra en Ucrania y las crecientes tensiones en el estrecho de Taiwán. Todas estas crisis tienen implicaciones globales.

Ante esta infinidad de emergencias, no sorprende que Occidente, en sentido amplio, se enfrente a su mayor desafío en décadas. La raíz de este desafío reside en una sensación de agotamiento civilizatorio, del que nuestros adversarios han tomado nota, convencidos de que ha llegado su hora.

¿Pero es así? Han transcurrido más de 1.350 días desde que Rusia lanzó su “operación militar especial” de tres días —su guerra de agresión ilegal y no provocada— contra Ucrania. Al menos 1,5 millones de soldados ucranianos y rusos han resultado heridos o muertos en los combates desde entonces, más de mil por día. El régimen del presidente ruso, Vladimir Putin, y solo él, es plenamente responsable de este elevado número de víctimas.

Lamentablemente, deberíamos esperar más muerte y destrucción. Rusia está atacando la infraestructura energética de Ucrania (tanto con misiles como con drones) en un intento de doblegar la voluntad del país, sumiendo a sus ciudades en la oscuridad invernal y en un frío gélido. A pesar de los crecientes problemas económicos, el Kremlin está aumentando el gasto militar hasta casi el 40 % del presupuesto del país. Sus aviones y drones violan el espacio aéreo de la OTAN y causan interrupciones en los aeropuertos, no solo en países vecinos como Estonia, sino también en Alemania, Dinamarca y Suecia. Su maquinaria bélica se acelera y su objetivo es claro: intimidar no solo a los ucranianos, sino también a las sociedades occidentales.

Este comportamiento deja claras tres cosas. Primero, Putin no está ni ha estado interesado en la paz. Segundo, cada violación territorial, cada incendio provocado, cada ciberataque no es un error, sino parte de una estrategia deliberada para poner a prueba la resiliencia de Europa y sus aliados. Y tercero, estas provocaciones no son una señal de fortaleza, sino de creciente debilidad.

A pesar de la determinación y crueldad del Kremlin a la hora de librar su guerra, su esfuerzo por someter a Ucrania ha sido un fracaso catastrófico. Rusia ha perdido o ha dejado lisiados a más de un millón de sus ciudadanos (aproximadamente otro millón ha huido del país), ha roto relaciones comerciales lucrativas con Europa, ha obligado a dos nuevos países (Finlandia y Suecia) a ingresar en la OTAN, ha malgastado cientos de miles de millones de dólares y se ha vuelto más dependiente de sus aliados autoritarios. Sin su ayuda, esta guerra habría terminado hace mucho tiempo con la derrota del agresor.

Pero, aunque Rusia esté debilitada económica, demográfica y políticamente, sigue siendo una grave amenaza, tanto para Europa como para el orden mundial. Con Estados Unidos y China enfrascados en una rivalidad geopolítica, Rusia se esfuerza por convertirse en el tercer pilar de una tríada global, a expensas de Europa. El desafío de la UE es traducir su tamaño económico en liderazgo e influencia global.

Eso es algo que solo una Europa unida puede lograr; una Europa dividida quedará paralizada. Por lo tanto, la UE se enfrenta a una difícil disyuntiva: o se convierte en una comunidad capaz de actuar, o acepta quedar reducida a un patio de recreo para las superpotencias —al menos en lo que respecta a la recopilación de datos y el comercio.

El único camino hacia el éxito en este ámbito pasa por una cooperación más profunda en materia de seguridad, migración, tecnología y política exterior. Así es como podemos desarrollar la fuerza necesaria para disuadir a los agresores, mantener la cohesión social, defender los valores en los que se basa nuestra civilización y, por último, pero no por ello menos importante, ganarnos el respeto de nuestros aliados, principalmente de Estados Unidos.

La UE y Estados Unidos mantienen la relación económica más beneficiosa del mundo. Juntos representan aproximadamente el 44 % del PIB global y casi el 30 % del comercio global de bienes y servicios. Ambas partes siguen siendo los principales socios comerciales e inversores recíprocos, y millones de puestos de trabajo dependen de su cooperación. Cuestionar esta relación no debe hacerse a la ligera, ya que los regímenes revisionistas —especialmente Moscú— observan de cerca. Putin está monitoreando los cambios en el terreno y podría ver 2026 como una oportunidad para poner a prueba la determinación de Occidente mediante la intensificación de la guerra híbrida, los ciberataques o la presión energética.

La alianza occidental conserva un gran potencial y atractivo. Durante décadas ha sustentado la prosperidad global, la estabilidad democrática y el progreso tecnológico. Dejar que se desmorone no solo debilitaría a Occidente, sino que redefiniría el mundo tal y como lo conocemos. Un Occidente dividido abre la puerta a un futuro caótico, en el que los valores democráticos y los derechos humanos den paso a la fuerza bruta. La desunión nos costará muy caro.

Nuestro orden global, basado en el respeto del derecho internacional, ciertamente es imperfecto, como todas las creaciones humanas. Pero a pesar de sus defectos, sigue siendo la mejor herramienta que tenemos para evitar el caos global. Debe actualizarse y modificarse constantemente, pero mediante el debate y la negociación, no mediante guerras y exterminio.

O la defendemos, o la promesa solemne de nuestros abuelos —“Nunca más”— pronto se romperá, tan solo ocho décadas después de que ellos la hicieran. Esa perspectiva debería quitarnos el sueño a todos.

* Copyright: Project Syndicate, 2025. www.project-syndicate.org

La amenaza de las armas nucleares ya no está ni remotamente contenida por reglas y normas aceptadas de común acuerdo. Por el contrario, ha vuelto recargada, y nos empuja a todos al borde del abismo.

Por primera vez desde el final de la Guerra Fría, los arsenales nucleares están en aumento; y las armas en sí son cada vez más mortíferas, diversas y vulnerables. Las conversaciones sobre el control de armamentos están estancadas, y los acuerdos en su mayoría ya caducaron o están tan desvirtuados que han perdido toda credibilidad. Peor aún, la retórica nuclear se está volviendo cada vez más amenazante, y más descaradamente belicosas las potencias nucleares. (Lea otra entrega de Pensadores globales 2026, sobre el futuro de Oriente Medio).

Basta pensar en algunos hechos preocupantes sucedidos en 2025: las bravatas nucleares del presidente ruso Vladímir Putin en relación con Ucrania; la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de reanudar las pruebas; y la acumulación de misiles nucleares estratégicos de China (la mayor que haya visto el mundo desde los años sesenta). Y lo más inquietante: en mayo estuvo a punto de estallar una guerra entre dos potencias nucleares (la India y Pakistán).

Estas tendencias contrarían por completo el Tratado de No Proliferación Nuclear (1968), que fue pensado para liberar al mundo de la amenaza constante de la autoaniquilación. El TNP exige a todos los firmantes el abandono de las armas nucleares y someter sus actividades nucleares a la inspección del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). También obliga a las cinco potencias nucleares reconocidas en el momento de su firma (China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Rusia) a deshacerse de sus armas y alcanzar el desarme nuclear.

El TNP es casi universal, ya que tiene 191 países firmantes. Pero cuatro de las cinco excepciones (la India, Pakistán, Israel y Corea del Norte) tienen armas nucleares (la quinta excepción es Sudán del Sur). Los tres primeros países se negaron a firmar el tratado antes de desarrollar armas nucleares; Corea del Norte se sumó al principio, pero después se retiró entre acusaciones de que lo había violado (y ahora no oculta sus crecientes aspiraciones nucleares).

El TNP debía reforzarse con otros acuerdos, pero las cosas no salieron como estaba previsto. Por ejemplo, el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares nunca entró en vigor, por falta de ratificaciones; pero por más de tres décadas se cumplió una moratoria de los ensayos nucleares (excepto en Corea del Norte). Lo mismo puede decirse de un tratado para la prohibición de la producción de materiales nucleares aptos para la fabricación de armas (y la eliminación de las reservas existentes), que está paralizado en la Conferencia de Desarme de Ginebra desde 1993.

También hubo propuestas de poner las partes más delicadas del ciclo de los combustibles nucleares bajo control multinacional; algunas de ellas cobraron fuerza tras las revelaciones sobre el programa de enriquecimiento de Irán en 2023. Pero estas iniciativas también terminaron en nada.

Es verdad que a partir de 1972, las dos potencias nucleares principales (Rusia, precedida por la Unión Soviética, y Estados Unidos), que en conjunto suman casi el 90 % del arsenal nuclear mundial, firmaron una serie de acuerdos bilaterales para limitar la cantidad y variedad de las ojivas nucleares y de los sistemas vectores. Pero sólo uno de ellos (el Nuevo Tratado START de 2010) sigue en vigor, y caducará en febrero.

Las potencias nucleares no sólo no se desarmaron, sino que poseen más de 12.000 ojivas nucleares. Unas 4000 están desplegadas en misiles y aviones, y unas 2000 están en alerta máxima y listas para su lanzamiento en cuestión de minutos. Peor aún, las nueve potencias nucleares están “modernizando” sus arsenales para aprovechar las nuevas tecnologías.

En 2020, el exsecretario estadounidense de defensa William J. Perry y Tom Z. Collina resumieron la situación así: “El señor Trump tiene autoridad absoluta para iniciar una guerra nuclear. En cuestión de minutos, el presidente puede dar vía libre al equivalente de más de 10 000 bombas de Hiroshima. No necesita una segunda opinión (…) Pero sería el fin de la civilización tal y como la conocemos”.

La frustración por la falta de avances hacia el desarme nuclear en el marco del TNP llevó a la mayoría de los países no nuclearizados a aprobar un Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), que entró en vigor en 2021. El TPAN busca prohibir las armas nucleares y exige la destrucción de las que ya existen. Lo ratificaron 74 países, pero ninguna de las nueve potencias nucleares.

De hecho, en respuesta a la aprobación del TPAN, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia sostuvieron que la disuasión nuclear “ha sido esencial para el mantenimiento de la paz en Europa y el norte de Asia durante más de setenta años”. Pero por lo menos reiteraron su compromiso con el desarme en el marco del TNP, y declararon: #creemos firmemente en la necesidad de evitar una mayor difusión de las armas” nucleares.

En un pasado no muy lejano, las cinco potencias nucleares originales colaboraron para evitar la proliferación de armas nucleares en los casos de Corea del Norte, Irak e Irán. Pero Corea del Norte terminó retirándose del TNP, e Irak fue invadido por una “coalición de voluntarios” liderada por Estados Unidos y el Reino Unido, con el falso pretexto de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva no declaradas.

En el caso de Irán, las cinco potencias nucleares negociaron con ese país un acuerdo (el Plan Integral de Acción Conjunta) con el objetivo de generar confianza mediante la cooperación y una mejora de la transparencia, pero fracasó al retirarse los Estados Unidos en 2018 durante la primera presidencia de Trump. Entonces, a pesar de que la OIEA informó de que “no hay indicios creíbles de un programa nuclear estructurado no declarado y en curso” en Irán, Israel y el segundo gobierno de Trump decidieron por cuenta propia bombardear la infraestructura iraní de producción de combustible nuclear (asesinando al hacerlo a varios científicos nucleares iraníes).

Reacción en cadena

Pese a las declaraciones y garantías de las cinco potencias nucleares originales en el sentido de que sus arsenales son sólo para fines defensivos, y que “una guerra nuclear no se puede ganar y no se debe librar”, algunos han comenzado a recalcar el valor de las armas nucleares y a abrazar el principio de la ley del más fuerte. Por ejemplo, el ex presidente ruso Dmitry Medvedev advierte de que la “derrota de una potencia nuclear en una guerra convencional puede provocar una guerra nuclear”, y añade que “las potencias nucleares nunca han perdido conflictos importantes de los que dependa su destino”.

Asimismo, el secretario de defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró hace poco: “No estamos construyendo para tiempos de paz; estamos reorientando el Pentágono y la base industrial hacia un supuesto de guerra”. La administración Trump ha acompañado esa retórica con amenazas o uso real de la fuerza (o de armas estadounidenses) contra una amplia variedad de países y territorios, entre ellos Irán, los enclaves palestinos ocupados, Dinamarca, Canadá, Venezuela y Nigeria.

En este nuevo entorno de tensiones, algunos aliados de Estados Unidos comienzan a dudar de la fiabilidad del paraguas nuclear estadounidense. Aunque Japón adoptó hace tiempo una postura de no poseer armas nucleares, hay en el país un debate cada vez más intenso sobre cómo puede defenderse en un mundo más peligroso. Un debate similar tiene lugar en Corea del Sur, y las encuestas sugieren que muchos surcoreanos estarían de acuerdo con que el país desarrolle una capacidad nuclear bélica propia. Y en Alemania, el canciller Friedrich Merz ya había declarado disposición a mantener conversaciones con Francia y el RU sobre la posibilidad de “compartir” armas nucleares en Europa para reforzar “el escudo estadounidense” (aunque después su gobierno declaró que “no tiene planes inmediatos de obtener armas nucleares”).

De modo que el devenir geopolítico está llevando al desmoronamiento gradual (o la demolición lisa y llana) de la arquitectura internacional para el mantenimiento de la paz y la seguridad. Las principales potencias nucleares abandonan el derecho internacional y humanitario, los valores democráticos y las instituciones internacionales y se lanzan a la acción unilateral. El poder conferido por armas que pueden borrar la civilización de un plumazo se está convirtiendo en el árbitro supremo de la política y los asuntos internacionales.

El mensaje es que tener la bomba es la garantía de seguridad máxima, y que quien tiene la bomba puede asesinar impunemente. Lo entiende muy bien Ucrania, un país que renunció a sus armas nucleares a cambio de garantías de seguridad.

Más allá de lo que digan, es evidente que las potencias nucleares renegaron de su compromiso con el desarme nuclear y se han lanzado en la dirección opuesta. Tecnologías sofisticadas (entre ellas los sistemas de armas autónomas) y las tensiones globales han llevado al mundo a un lugar extraordinariamente peligroso. El régimen de control de armas nucleares actual tuvo que hacer excepciones. Pero ya es insostenible. Pronto otros países se sacudirán el yugo y desarrollarán un “poder de disuasión” propio.

Más armas nucleares implica más vulnerabilidades, como resultado de las crecientes capacidades cibernéticas, la inestabilidad de las estructuras de mando y el eterno riesgo de inicio accidental de un conflicto. Nunca ha habido tanta necesidad, ni tan urgente, de diálogo, creación de confianza entre las grandes potencias, un sistema basado en reglas y nuevas iniciativas de desarme.

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La nueva ley electoral que rige a partir de este año, que impone más controles y estándares para la realización de mediciones de intención de voto y favorabilidad de candidatos, ¿contribuye a que haya una mayor responsabilidad en la divulgación de resultados sobre tendencias entre los votantes y, por tanto, ayudaría a reducir las tensiones políticas? Esa norma ha recibido muchas críticas…

En general, las encuestas no están diseñadas para disminuir tensiones electorales, sino para orientar candidatos y ciudadanía. Ahora, sobre la otra parte de su pregunta, en mi opinión, la Ley 2494 de 2025, aparte de todas las objeciones que se le han hecho en diversos aspectos, no contribuye a darles transparencia a los resultados sobre tendencias entre los votantes, debido a la fragmentación que hizo de municipios y lugares en los que se van a realizar las mediciones. Una segmentación tan intensa como la que impuso la nueva ley, impide la claridad en los resultados.

¿Por qué? ¿Cuál es la falla en la división que hizo la ley entre municipios y distritos “de inclusión forzosa para la toma de muestras en encuestas de carácter nacional”, como se lee en esa norma?

Cuando se hace una encuesta centralizada, los distintos tópicos están claramente delimitados. Pero si usted introduce una segmentación muy marcada, puede perder la visión de conjunto y la objetividad en el análisis de los resultados, puesto que los diferentes universos establecidos en la ley, no van a ser compatibles. Por ejemplo, si usted aplica una encuesta en Maicao, y en el mismo ejercicio también la aplica en Bogotá, tal como está planteada esta la norma, se trata de universos distintos. Y, por eso, no se puede llegar a resultados generales sino a los que corresponden a cada universo. De otra parte, hay que tener en cuenta, también, que la mayoría de las firmas encuestadoras no ha hecho, aún, los ajustes que requiere esta nueva metodología.

Entonces, sobre la real favorabilidad electoral de los candidatos presidenciales, ¿seguimos a oscuras?

Sí, creo. Seguimos a oscuras.

¿Ese que usted señala, puede ser el factor que ha propiciado la confusión y falta de confianza que parecen reinar entre quienes seguimos las encuestas, según sea la firma que realiza la medición?

Indudablemente, con la actual metodología habrá confusiones. Insisto en que la excesiva segmentación crea universos muy pequeños y se favorece la subjetividad cuando se analizan los datos. Hasta cuando se sancionó esta ley, en Colombia se habían aplicado otro tipo de métodos y técnicas con los que se podía llegar a resultados válidos como se pudo comprobar en elecciones pasadas.

¿Significaría, también, que los resultados de las encuestas publicadas hasta ahora sobre la elección presidencial de este año, podrían ser ciertos para una región pero no para otra u otras?

En una encuesta puede haber resultados distintos, eso es claro. Pero esos resultados tienen una lógica cuando se aplica una sola metodología. En cambio, si la encuesta se ejecuta de manera diferente en cada sitio, puede ganar terreno lo que llamo “subjetividad”, es decir, si se pierde la uniformidad del método, también puede perderse la validez de las conclusiones.

En definitiva, para usted, ¿el mayor yerro de la ley sancionada en julio del 2025, es el método?

Sí. El mayor error es la ausencia de una metodología común para la aplicación de la encuesta en todos los sitios en que se vaya a realizar.

¿Piensa que, por esta razón y, obviamente, por el enorme incremento en los recursos económicos que hay que invertir para poder desarrollar una encuesta electoral nacional ajustada a esta ley, muchas firmas del sector han decidido abstenerse de participar con sus propias mediciones?

Por ahora la respuesta es sí, pero no sabemos lo que ocurrirá más adelante. De un lado, todavía hay tiempo para la elaboración y aplicación de encuestas, este año de elecciones; del otro, no se sabe si, aun ajustándose a las exigencias de la nueva ley, unas firmas decidirán mantenerse en esta línea de trabajo o si preferirán retirarse y dedicarse a otro tipo de estudios.

En la parte positiva de la ley, parece haber consenso sobre la mayor exigencia que, en materia de responsabilidad y transparencia, se les impuso a las firmas encuestadoras ¿Está de acuerdo?

Depende; y disculpe si parezco reiterativo: si los universos no son compatibles para poder analizarlos y obtener resultados generales, tampoco será factible hacer encuestas válidas y acertadas, con independencia del alto grado de responsabilidad que se debe exigir siempre, para este y cualquier trabajo que implique la interpretación de datos.

¿Puedo concluir que usted no cree en los resultados que han publicado las firmas encuestadoras sobre favorabilidad electoral para unos candidatos específicos?

Es muy difícil que los resultados publicados sean objetivos por todo lo que he dicho. En mi criterio, hay tantas condiciones impuestas para la aplicación de la encuesta en cada conglomerado electoral, que los datos obtenidos pueden terminar siendo poco representativos, aplicados en un análisis de conjunto.

Entonces, los candidatos que aparecen punteando en las encuestas, ¿no deberían confiar en los pronósticos sobre el primero o segundo lugar que les adjudican en las preferencias de los votantes?

No deberían confiar.

Cambiando de ángulo, y desde la óptica de su vasta experiencia, cuando se están disputando cargos públicos, ¿el país ha avanzado desde la época en que usted fue Registrador Nacional a hoy, en materia de convivencia y paz electoral? O ¿los esfuerzos del Estado se han concentrado en la tecnología pero quedaron rezagadas las garantías para los derechos de los electores?

Una cosa no se opone a la otra: el país ha venido haciendo esfuerzos para mejorar los aspectos tecnológicos en su organización electoral, con el fin de que la ciudadanía conozca, con agilidad, los resultados. De esa forma, se asegura la transparencia de los resultados. En materia de convivencia u hostilidad durante los debates para cargos de elección popular o en el ejercicio del poder público, los discursos de polarización han aumentado en los últimos años, no solo en Colombia sino en el mundo. Estamos ante un fenómeno global auspiciado por los líderes más visibles y parece que esa tendencia seguirá creciendo.

Hace poco más de una década, cuando usted era el Registrador Nacional, ¿qué tipo de violencias le correspondió enfrentar en las etapas electorales que dirigió?

Hubo violencia electoral en los días previos a las elecciones de 2007, consistente en amendrentar a quienes estuvieran interesados en participar en las elecciones con el fin de que se abstuvieran de ir a las urnas. Ocurrió en varios lugares del país. Inclusive en sitios muy cercanos a Bogotá, cerca del río Sumapaz, hubo bloqueos los días de votación.

¿En cuántos de los 1.003 municipios que había en Colombia en esa década, los grupos guerrilleros y paramilitares tenían el poder de impedir la realización de elecciones por sus amenazas de secuestro o ejecución de quienes salieran a votar?

Los grupos guerrilleros ejercían presión para impedir que los votantes llegaran a las urnas en lugares alejados de los centros urbanos. La amplia presencia de las antiguas FARC en las elecciones territoriales de ese año 2007, se sintió en grandes sectores rurales de Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Arauca, Sur de Bolívar, Nariño, Cauca y Córdoba. Amenazaban a candidatos y jurados, impedían el desarrollo de las campañas y las reuniones políticas; hacían bloqueos armados el día de las votaciones para obstaculizar la movilidad y llegaban a controlar la inscripción de cédulas. El impacto reportado en varios municipios se reflejaba en restricciones severas a la competencia política o en la suspensión de la jornada de votaciones.

También hubo presencia territorial de otros grupos armados interesados en evitar el cambio de dirigentes locales ¿en dónde estaban asentados esos grupos?

En los departamentos de Arauca, Norte de Santander, sur de Bolívar, Chocó y algunas zonas de Antioquia, hubo presencia de otros grupos armados, aparte de las FARC, que buscaban sabotear las elecciones. Primero, fueron unas estructuras paramilitares y después del 2007, aparecieron grupos posparamilitares o bandas criminales emergentes como las Águilas Negras y Los Rastrojos que también coaccionaban a la ciudadanía para impedir el derecho al voto libre.

Aparte de las amenazas directas de grupos ilegales armados, ¿la Registraduría a su cargo también tuvo dificultades, en etapa de elecciones, por violencia civil? Por ejemplo, ¿amotinamiento de alguna población o constreñimiento a los electores para obligarlos a votar por un candidato determinado?

Recuerdo que hubo asonadas en sitios aislados del departamento del Cesar para impedir votaciones. En los casos más violentos, grupos no identificados quemaban las bolsas con los votos para evitar que las autoridades electorales realizaran el escrutinio o conteo. O se las llevaban con los votos, en su interior, para entregárselas a funcionarios públicos que estaban comprometidos con un sector político. Esos funcionarios, además, no eran escrutadores oficiales y no podían realizar legítimamente el conteo. Por supuesto, lo que ellos dictaminarán, no era válido. También se presentaba violencia con la quema de votos antes de entregarlos a los delegados de la Registraduría. Estas conductas se presentaban como consecuencia de intereses municipales o veredales para impedir que rotara el poder local. Por este motivo, no se recibían quejas oficiales sobre tales hechos porque quienes ejercían como autoridades en esos sitios, estaban comprometidas con las irregularidades.

Con frecuencia se ha sabido, en este país, de ataques en contra de candidatos locales o nacionales. Algunos casos trágicos, han llegado a la ejecución real, como el reciente atentado contra la vida de Miguel Uribe Turbay. Pero, en los años en que usted estuvo al frente de la Registraduría, ¿recuerda que los propios candidatos hicieran campaña amenazando a sus potenciales contradictores políticos o ideológicos?

El fenómeno de amenazar al candidato se presentaba en casos de aspiraciones electorales locales. Hubo algunos casos que llegaron al nivel departamental. Pero los reclamos por esas situaciones de riesgo no solían conocerse en el nivel nacional por el fuerte compromiso político regional que parecía haber tras las intimidaciones.

Un aspirante actual a la Presidencia con aparente acogida en un sector, ha prometido, en varios escenarios, que si llega al Gobierno “acabará con ese cáncer” refiriéndose a sus opuestos ideológicos. Durante las elecciones presidenciales de 2014, cuando el ambiente político también era muy tenso por el debate sobre el Acuerdo de Paz con las FARC, ¿algún candidato anticipó, públicamente, su propósito de aniquilar a sus rivales?

A decir verdad, esto que usted relata, es algo que se sale de lo razonable. Pese al ambiente político tenso de 2014, no recuerdo que alguien hablara, de manera explícita, de aniquilar a la agrupación política contraria. Ese año estaban en discusión los acuerdos de paz pero, aunque algunos no los aceptaran, me parece que el clima político no era tan hostil como el de hoy.

Se presentaron, en ese año, duras confrontaciones entre las campañas rivales en los discursos de plaza pública ¿Tuvo usted que enfrentar situaciones extremas de orden público por ese debate electoral, en particular?

Aparte del servicio que prestaba la fuerza pública para control del orden, no me correspondió atender una situación tan extrema como la que usted describe.

La semana pasada se conoció, por la publicación de videos de su propia campaña, la conducta agresiva de un candidato del partido Conservador a la Cámara que se ha grabado recorriendo calles en compañía de una cuadrilla de seguidores armados con bates y palos. Él también amenaza a quienes percibe como opuestos políticos, con “levantarlos” y con “sacarlos” de Bogotá. En su experiencia, ¿cree que se trata solo de una estrategia para llamar la atención de electores extremistas o la violencia verbal puede degenerar en ataques físicos?

La experiencia indica que, si no se controlan las formas en campaña ni los actos en sitios públicos, se amplían las posibilidades de que se presente una tragedia. Esa situación puede salirse de control en cualquier momento. Y esta que usted relata, puede llegar a ser una conducta delictiva.

Observando el panorama del pasado y del presente, ¿el clima electoral de Colombia, ¿es, hoy, más violento que el que se vivía en los primeros 20 años de este siglo?

Hoy se nota deterioro en la manera de tramitar las diferencias políticas en los centros urbanos. Cuando alguien sale, con palos o bates, a las calles de Bogotá para amenazar a quienes piensan distinto, esa conducta significa un retroceso social. Y en cuanto a las regiones más afectadas por los conflictos del presente, los datos indican un estancamiento o un empeoramiento en la garantía del derecho al voto libre, a pesar de los avances tecnológicos y de la normalidad en zonas con mayor presencia estatal.

Sin sanciones electorales por la violencia verbal de los candidatos

La descalificación de las ideas políticas contrarias con que unos individuos o grupos pretenden excluir a sus opositores del debate público, ¿es sancionable en la legislación electoral colombiana? Este tipo de comportamientos, ¿es sancionable por el Consejo Nacional Electoral o por los tribunales?

En la legislación electoral no existe una sanción por violencia política. Sin embargo, las campañas no deben salirse del marco del respeto. La descalificación agresiva sí puede ser objeto de sanciones por parte del Consejo Electoral en caso de que se violen las normas de publicidad electoral. De otra parte, existen normas penales en nuestro sistema jurídico. Si la descalificación se traduce en ataques directos a la honra y buen nombre de un candidato o partido, por ejemplo, podrían configurarse los delitos de injuria o calumnia; pero, en este contexto, estamos refiriéndonos al Código Penal no a las leyes electorales, per se.

Tras su estreno el 22 de enero de 2026, Sin Piedad llega a las salas como un thriller intenso que mantiene al espectador al borde del asiento. Dirigida por Timur Bekmambetov y escrita por Marco van Belle, la película cuenta con la producción de Charles Roven, p.g.a., Robert Amidon, p.g.a., el propio Bekmambetov, p.g.a., y Majd Nassif, p.g.a.

Además, el elenco reúne a destacados actores, encabezados por Chris Pratt y Rebecca Ferguson, junto a Kali Reis, Annabelle Wallis, Chris Sullivan y Kylie Rogers.

¿De qué trata la nueva entrega?

La historia plantea un escenario tan inquietante como vertiginoso: Imagina que despiertas y enseguida caes en la cuenta de que estás atado a una silla, cara a cara con una juez que te informa que has sido acusado de asesinato- y que si no logras exonerarte a ti mismo en noventa minutos, serás ejecutado instantáneamente.

Tienes acceso a todas las imágenes registradas por cámaras y disponibles en la red, y puedes utilizar todo esto para convencer a la juez de tu inocencia. Sin embargo, todas estas imágenes de vigilancia- tanto las públicas como las privadas- podrían empeorar el asunto y acercarte más a un veredicto que te condene como culpable.

Es el año 2029, y el Detective Chris Raven ha despertado en una realidad como la que hemos descrito. La juez que tiene frente a él es una inteligencia artificial que alguna vez él mismo alabó en su forma humana- específicamente, con la formidable apariencia de la Juez Maddox.

Raven es detective policíaco en la ciudad de Los Ángeles y se le imputa el asesinato de su esposa, Nicole, y mientras intenta acumular fragmentos de duda entre imágenes continuas y casi cotidianas de sí mismo, Maddox decide si los subterfugios que el detective aprehende contribuyen a esclarecer su caso, favorable o desfavorablemente. Raven tiene que disminuir sus probabilidades de culpa a un 92 por ciento… pero si continúa aproximándose al 98 por ciento, muy probablemente será ejecutado ahí donde se encuentra, es decir, en la Silla de la Piedad.

La juez proporciona imágenes capturadas por cámaras de la policía, cámaras que registran el cuerpo, cámaras con imágenes captadas en los timbres y puertas de entrada, imágenes almacenadas en celulares, cuentas en redes sociales y cámaras públicas de vigilancia a fin de contradecir los argumentos que Raven esgrime en pro de su inocencia… a pesar de que no recuerda qué ocurrió la mañana previa a su despertar en la Silla de la Piedad.

Cada uno de los movimientos realizados por Raven han sido almacenados en la nube y pueden ser retomados por un sistema legal que ahora depende de la Inteligencia Artificial para procesar a los sospechosos de haber cometido crímenes en una sociedad cada vez más violenta.

Raven intenta contactar a Britt, su hija adolescente y para ello acude a su nueva compañera de trabajo, la Detective Jacqueline ‘JAQ’ Diallo y a su guía en AA y amigo de la familia, Rob Nelson.

La cinta irradia una vibrante y salvaje vida gracias al visionario realizador TIMUR BEKMAMBETOV, director de WANTED, ABRAHAM LINCOLN: VAMPIRE HUNTER y BEN-HUR, cuyas innovadoras cintas NIGHT WATCH (2004) y DAY WATCH (2006) se convirtieron en producciones tremendamente influyentes, y cuyas películas, caracterizadas por su estilo y formato Screenlife- en específico UNFRIENDED (2015), SEARCHING (2018) y PROFILE (2021)- contribuyeron al avance de este arte cinematográfico al integrar aspectos del mundo digital como tecnología visual punta de lanza totalmente apta para la narrativa en pantalla grande.

“SIN PIEDAD es una cinta espeluznante, emocionante, intensa y misteriosa, una nueva aproximación al lenguaje de Screenlife, con una temática seria, impactante y entretenida”, dice Bekmambetov. “Me fascinó esta cinta no sólo como una posible producción al estilo Screenlife, sino también como una cinta tradicional. Tiene todo que ver con nuestro comportamiento y la manera como interactuamos con la tecnología”.

Con tensión constante, tecnología al límite y un protagonista que debe navegar entre la verdad y la evidencia digital, Sin Piedad ofrece un thriller innovador que desafía la percepción de justicia y pone al espectador directamente en el centro del juicio.

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Los candidatos que compiten por presidir la Reserva Federal de los Estados Unidos deberían oír el consejo del legendario jugador de hockey Wayne Gretzky, quien dijo que hay que “patinar hacia donde está yendo el disco, no hacia donde estuvo antes”. Hoy la economía tiene muchos discos en juego (inflación persistente, déficit en alza, boom de inversiones en inteligencia artificial, potencial de fragilidad financiera, dudas sobre el dominio mundial del dólar, etc.), de modo que una gran pregunta para la economía global es si dejarán a la Fed hacer lo que debe hacer. ¿Conservará un grado suficiente de autonomía y credibilidad para promover precios estables, máximo nivel de empleo y estabilidad financiera cuando la política, la deuda creciente y la exuberancia de los mercados tal vez vayan en la dirección contraria?

El Congreso de los Estados Unidos diseñó la Fed de modo tal que pudiera emitir juicios expertos al servicio del interés público, libre de influencias y presiones políticas. Pero el segundo gobierno del presidente Donald Trump tiene otras ideas. Algunos dirán que “no hay por qué preocuparse”, que la Corte Suprema protegerá la independencia de la Fed hallando un modo de distinguirla de otros organismos sobre los que el presidente afirma un derecho a destituir a su antojo a funcionarios de primer nivel. Pero cualquiera sea el resultado de la demanda judicial sobre el intento de destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, la independencia del banco central ya está dañada.

Por ejemplo, Trump asegura que la interpretación de las leyes y la revisión de gastos de las agencias públicas (incluso en el ámbito de la Fed) son competencia de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia. La administración también se hizo con el control de toda la política regulatoria de la Fed, incluida la supervisión del apalancamiento y de la capitalización bancaria. La Casa Blanca podrá decir que su control no se extiende a la conducción de la política monetaria por parte de la institución, pero es una distinción que no hace mucha diferencia.

Crear dinero y crédito y fijarles precio son actividades esenciales de los bancos. La relación entre los bancos y la Fed es, en cierto sentido, la misma que existe entre las franquicias y McDonald’s. Todas las regulaciones bancarias (coeficientes de apalancamiento, requisitos de capital, reservas obligatorias) tienen relación con la disponibilidad de dinero y crédito en la economía. Por lo general, las herramientas fundamentales de la política monetaria (interés sobre las reservas, tipo de crédito primario en la ventana de descuento, etc.) surgen de normas legales votadas por la junta de la Fed. ¿Qué hará la Casa Blanca en relación con otros instrumentos, por ejemplo las líneas internacionales de canje de divisas, los acuerdos de recompra inversa a un día, los acuerdos con operadores principales y la disponibilidad de cuentas maestras?

Además, se ha dado un hecho extraordinario: el presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, Stephen Miran, ha sido confirmado como integrante de la junta de la Fed sin necesidad de renunciar a su puesto actual, del que sólo tomará licencia. Trump y sus principales colaboradores ya están pidiendo una bajada de tipos de interés; y cuando en mayo de 2026 asuma el próximo presidente de la Fed, la mayoría de la junta habrá sido designada por Trump. Entre tanto, el Departamento de Justicia decidió que los presidentes de los bancos regionales de reserva (que junto con los siete gobernadores de la Fed integran el Comité Federal de Mercado Abierto) están subordinados a la junta de la Fed y pueden por tanto ser destituidos en cualquier momento.

Patinando en hielo delgado

Esta erosión de la autonomía de la Fed se da en un contexto de inflación persistente, aumento de los aranceles a productos importados y empeoramiento del panorama fiscal. La inflación anual, medida por los gastos de consumo personal básicos (excluidos los alimentos y la energía), se mantuvo en 2,9 % hasta agosto de 2025, y los aranceles de Trump (que en 2025 elevaron la tasa arancelaria efectiva general desde un 2,4 % en promedio a 18 %) ejercen presión alcista adicional sobre los precios.

Para colmo de males, a pesar de los despidos de empleados federales, el gasto público del año fiscal 2025 aumentó un 4 %, y el déficit llegó al 5,9 % del PIB. El 30 de septiembre, la tenencia privada de bonos del Tesoro sumaba 30,3 billones de dólares (más o menos el 99 % del PIB). A continuación, la “ley grande y hermosa” de los republicanos aceleró el “disco” del déficit; el Comité para un Presupuesto Federal Responsable predice que Estados Unidos mantendrá un déficit promedio del 6,1 % del PIB hasta 2035 y que la deuda crecerá al 120 % del PIB. Esto provocará un aumento sustancial del pago de intereses, que ya en el último ejercicio fiscal superó el billón de dólares, más que el gasto anual en defensa.

En lo referido a evaluar la inflación y el crecimiento económico, los funcionarios estuvieron patinando en la niebla. El cierre de la administración y la incertidumbre precedente en los organismos encargados de confeccionar estadísticas retrasaron o complicaron publicaciones clave, con lo que los actores del mercado y los funcionarios de la Fed tuvieron que deducir lo que podían a partir de fuentes privadas y datos parciales. Una inquietud creciente es que la persistencia de la inflación, la incertidumbre inducida por los aranceles y el debilitamiento de la posición fiscal (junto con la percepción de que el presidente influirá en la toma de decisiones de la Fed) pueden desatar las expectativas inflacionarias y generar curvas de rendimiento más empinadas.

Entre tanto, un disco a cuya dirección se le presta cada vez más atención es el de los mercados, influidos por el entusiasmo que genera la IA. ¿Estamos viendo una burbuja de cotizaciones? El 20 de octubre, las bolsas estadounidenses habían alcanzado un máximo histórico cercano a 69 billones de dólares, que representan el 225 % del PIB, o treinta veces las ganancias empresariales de los últimos doce meses. Las diez empresas más grandes en los mercados estadounidenses (de las que las ocho primeras son tecnológicas) representaban el 40 % del S&P 500, un nivel de concentración muy superior a todo lo registrado en los últimos cuarenta años. Las cuatro primeras empresas estadounidenses (Nvidia, Microsoft, Apple y Alphabet) sumaban un valor aproximado de quince billones de dólares, comparable a la capitalización bursátil agregada de todas las empresas que cotizan en bolsa en la Unión Europea.

También ha habido una oleada de acuerdos de financiación y provisión de bienes y servicios entre las principales empresas de chips, servicios de nube y modelos de IA generativa. Esta red de contratos es inédita por su escala, el grado de interconexión y la dependencia de expectativas de que habrá un crecimiento espectacular de los ingresos (algo que todavía es incierto).

Por ahora, los mercados de capitales (alentados por el entusiasmo por la IA o tal vez por el temor a quedarse afuera, además de los sustanciales flujos de caja libres de las megatecnológicas) mantienen un nivel de financiación de la IA muy superior a los ingresos realizados. JP Morgan calcula que en el primer semestre de 2025, el crecimiento de los gastos en capital relacionados con la IA contribuyó 1,1 puntos porcentuales al crecimiento del PIB estadounidense, mucho más que el aporte de los consumidores estadounidenses. El Bank of America preveía que los gastos en capital para la IA superarían los 400.000 millones de dólares en 2025. Pero en vista de la divergencia actual entre los ingresos de la IA y las inversiones, en algún momento tendrá que haber un ajuste.

Es posible que perturbaciones geopolíticas o exógenas de otro tipo moderen el entusiasmo de los mercados de capitales que sirve de base a los niveles actuales de inversión en IA, los acuerdos financieros interconectados y las cotizaciones. Podría haber entonces correcciones o inversiones de tendencia, sobre todo si el crecimiento de los ingresos de la IA no alcanza las expectativas. Este grado de interconexión y fragilidad plantea riesgos no sólo dentro del ecosistema de la IA, sino también en el resto de la economía y los mercados financieros de los EE. UU., a los que se suma el debilitamiento de la independencia del banco central y la flexibilización de regulaciones financieras.

Goles en contra

Por el lado de la geopolítica, no hay escasez de discos que vigilar. Estados Unidos está abandonando ocho décadas de suministrar bienes públicos mundiales esenciales a través del orden internacional de posguerra. Es verdad que las fracturas en el sistema anteceden a la segunda administración Trump, pero esta acelera el proceso de desintegración con sus acciones que ponen en duda las alianzas y relaciones económicas tradicionales.

Estados Unidos sigue siendo el mayor jugador en la pista de patinaje de la economía, pero su papel en el sistema global está cambiando muy rápidamente. En este contexto, la combinación de guerras arancelarias, un déficit fiscal estadounidense insostenible, cuestionamientos a las alianzas internacionales y disminución de la independencia de la Fed plantea riesgos a largo plazo para el dólar y el sistema financiero. El dominio mundial del dólar depende de la confianza, de la profundidad y liquidez de los mercados de capitales y de la existencia de un activo seguro (los bonos del Tesoro estadounidense), no de tratados. La confianza surge de las instituciones de los Estados Unidos, el Estado de Derecho y mercados de capitales bien regulados, así como de la fiabilidad de la Fed como promotora de la estabilidad de precios y mercados. La estabilidad, a su vez, depende de la confianza de una amplia variedad de participantes.

La confianza en el sistema mundial basado en el dólar también depende de que la Fed esté dispuesta a suministrar liquidez en condiciones tecnocráticas no influidas por la política. Las líneas internacionales de canje de divisas por dólares y los instrumentos relacionados (un mecanismo que se viene usando desde 1962) han sido esenciales para mitigar la inestabilidad en tiempos de tensión mundial. Pero las posturas de la administración Trump en relación con las alianzas globales y los aranceles han creado incertidumbre sobre su disposición a respaldar la liquidez global en dólares si fuera necesario.

Los participantes del mercado y los otros bancos centrales comienzan a preguntarse si las líneas de canje serán tan fiables o apolíticas como en el pasado. No les pasó inadvertido que la Casa Blanca haya declarado que el apoyo en dólares del Tesoro estadounidense a Argentina estaba supeditado al resultado de la elección legislativa intermedia en ese país. Cuanto más perciban los mercados que la disponibilidad o el alcance del respaldo en dólares dependen de la alineación política más que de las necesidades macrofinancieras, mayor será la prima de riesgo que pondrán al dólar.

La independencia de la Fed no es una variable binaria. La Corte Suprema todavía puede hallar el modo de establecer una distinción entre la Fed y otros organismos, preservando al hacerlo una definición legal de la independencia de la política monetaria. Pero en los hechos, la independencia de la Fed ya está dañada por la vigilancia de la Casa Blanca y por la politización que está haciendo Trump de sus decisiones en materia de tipos de interés. No olvidemos los años setenta, cuando Richard Nixon presionó al presidente de la Fed para que mantuviera tipos bajos. Las consecuencias para la inflación y la economía no fueron precisamente ideales.

En 2026, con una Fed que tendrá su independencia ya comprometida, habrá que ver si la dejan maniobrar cuando el juego lo requiera. Por el bien de la economía mundial, ojalá quien asuma su presidencia conserve suficiente espacio (y determinación) para ir hacia donde esté yendo el disco.

* Copyright: Project Syndicate, 2025. www.project-syndicate.org

La mayor sorpresa del año que pasó no es la marcada subida de precios de los activos mundiales, sino la poca preocupación que mostraron los inversores por los riesgos (dejando a un lado un minipánico cuando en abril el presidente estadounidense Donald Trump anunció sus aranceles del «Día de la Liberación»). La pregunta ahora es si la ilusión se quebrará en 2026. (Lea otra entrega de Pensadores globales 2026, sobre el futuro de Oriente Medio).

Después de tres años de rendimientos extraordinarios, uno esperaría que los mercados comiencen a preocuparse por la inevitable caída que sigue a los períodos de euforia sostenida. Por muy prometedora que sea la inteligencia artificial (al menos para las empresas, para los trabajadores ya es otro tema), la larga historia de las tecnologías transformadoras (desde los ferrocarriles y el motor de combustión interna hasta Internet) siempre ha tenido auges y caídas. Es común que las empresas pioneras resulten fracasos rotundos; luego llega una segunda generación de empresas que «dan en la tecla». Y aunque algunas pueden llegar a dominar el mercado (como en su momento hizo IBM en la industria de la computación), eso no supone menos incertidumbre, ya que la longevidad nunca está garantizada.

Mientras los inversores se esfuerzan por evaluar el efecto de la IA sobre el crecimiento y las ganancias empresariales, la probabilidad de una debacle bursátil mundial en los próximos años parece inquietantemente alta. ¿Quiere esto decir que es momento de vender? No necesariamente, ya que a veces los precios de las acciones siguen subiendo mucho después de las primeras señales de advertencia. Es lo que ocurrió en 1996, cuando el entonces presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, basándose en los trabajos del futuro premio nobel Robert J. Shiller, advirtió sobre la «exuberancia irracional» del mercado bursátil. Greenspan y Shiller tuvieron razón, pero se adelantaron demasiado: la burbuja de las puntocom no estalló hasta marzo de 2000; para entonces, los precios de las acciones habían crecido a más del doble.

Bien podría ocurrir lo mismo ahora. Pero ya a comienzos de 2026 las presiones sobre el sistema son cada vez más innegables, empezando por la incertidumbre geopolítica. Incluso si Ucrania y Rusia acuerdan un alto el fuego, es probable que la frontera oriental de Europa siga siendo un polvorín por muchos años. En tanto, China está ampliando su flota naval a ritmo vertiginoso; y por más drones que Estados Unidos tenga previsto comprar (un millón, si los últimos informes son creíbles), es casi seguro que China fabricará más y mejores.

Luego hay que hablar de Trump, cuyo regreso a la Casa Blanca fue muy disruptivo. Si su salud lo permite, es probable que en 2026 se muestre tan ambicioso (o autoritario, según a quién se pregunte) como en 2025.

El predecesor de Trump, Joe Biden, también se presentó como un presidente transformador al estilo de Franklin Roosevelt, pero sus políticas macroeconómicas fueron en gran medida predecibles (salvo por su desconcertante estrategia de fronteras abiertas). Lo que más se discutió durante su mandato fue la cuestión de si sus políticas estimularían el PIB o la inflación de los precios de consumo.

Con Trump, en cambio, cada día trae una nueva sorpresa, lo que preanuncia un largo período de volatilidad en la formulación de políticas. Incertidumbre que se agrava por el fin del mandato de Jerome Powell como presidente de la Fed. Trump dejó muy clara su expectativa de que quien lo suceda baje los tipos de interés, incluso si eso supone riesgo de generar inflación.

Quienes en 2025 intentaron sacar partido de la volatilidad terminaron perdiendo, ya que muchos productos de inversión que afirmaban ofrecer protección contra los bandazos del mercado no cumplieron sus promesas. Este año se presenta mucho más peligroso, ya que la deuda mundial y las cotizaciones de las acciones muestran una desvinculación creciente respecto de los fundamentos económicos.

Además, será mucho más evidente el impacto negativo de las políticas arancelarias e inmigratorias de Trump. Las reformas estructurales suelen tardar años en dar frutos; por eso los políticos tienden a evitarlas, a pesar de los beneficios a largo plazo. Pero la moneda tiene otra cara: desmantelar o debilitar reformas clave puede generar graves daños a largo plazo, aunque los efectos a corto plazo parezcan beneficiosos. Cuando los mercados empiecen a percibir una desaceleración del crecimiento (tal vez acompañada de inflación en aumento), la euforia actual podría desaparecer de un día al otro.

Otra que en 2026 también enfrentará su hora de la verdad será la Unión Europea. El escenario óptimo sería un avance decisivo hacia una unión fiscal (al menos entre un subconjunto de los estados miembros). Fuera de eso, cualquier reforma seria demandará cambios importantes en los tratados, empezando por la eliminación de la regla de unanimidad que paraliza la toma de decisiones del bloque. Es como si Estados Unidos sólo pudiera aprobar leyes o declarar la guerra con el consentimiento unánime de California, Misisipi y Texas. Como sostengo en mi reciente libro “Nuestro dólar, su problema”, si Europa lograra ordenar su actuación geopolítica, el euro podría desempeñar un papel mucho más importante en las finanzas globales.

Otra incógnita es Japón. Nadie sabe hasta dónde llegará el Banco de Japón en la subida de tipos de interés ni con qué rapidez se desarmará el “carry trade” con yenes (con el que los inversores se endeudan para invertir en activos más rendidores, alentando al hacerlo una subida de cotizaciones el mundo).

Un factor con potencial estabilizador es la probable depreciación del dólar, que todavía está muy sobrevaluado, a pesar de ligeras caídas registradas en 2025 frente a algunos de los principales socios comerciales de Estados Unidos. El debilitamiento del dólar tiende a favorecer la estabilidad mundial, ya que abarata las exportaciones denominadas en dólares en relación con las alternativas locales.

Pero aun así, es muy probable que los inversores se estén encontrando en 2026 con una economía mundial mucho más volátil que la experimentada en 2025. Y cuando se den cuenta, que nadie se sorprenda si la inestabilidad comienza a retroalimentarse.

* Traducción: Esteban Flamini. Kenneth Rogoff es coautor del libro “Esta vez es diferente: ocho siglos de locura financiera” (Princeton University Press, 2011) y autor de “Nuestro dólar, su problema” (Yale University Press, 2025).

Con sus altibajos, el dólar ha sido la moneda de reserva indiscutida del mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esa condición permitió al gobierno estadounidense endeudarse a tipos de interés más bajos que los que habrían sido posibles si los bancos centrales e inversores privados no vieran los títulos del Tesoro estadounidense como el «activo seguro» por excelencia. (Lea otra entrega de Pensadores globales 2026, sobre el futuro de Oriente Medio).

En los años sesenta, Valéry Giscard d’Estaing (entonces ministro de finanzas de Francia) describió esta consecuencia del monopolio estadounidense sobre la moneda de reserva mundial como un «privilegio exorbitante». Pero con el tiempo, este privilegio (apuntalado por la demanda sostenida de títulos del Tesoro) engendró generaciones de políticos y funcionarios estadounidenses a los que no preocupan los riesgos que plantea el creciente déficit fiscal y de cuenta corriente de los Estados Unidos.

Peor aún, la Reserva Federal reforzó este ciclo con su política de mantener un tipo de interés oficial bajo por mucho tiempo («low for long») después de la crisis financiera global de 2008. Muchos interpretaron «mucho tiempo» como «para siempre», y dieron por sentado que el crecimiento estadounidense superaría en forma sostenida el tipo de interés real de la deuda pública (que a su vez seguiría siendo excepcionalmente bajo en términos históricos). Al fin y al cabo, a pesar del creciente volumen de deuda, la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) determinó que el pago de intereses netos del gobierno como porcentaje del PIB fue menos en 2021 que dos decenios antes.

Pero ¿seguirá el resto del mundo permitiendo la adicción de los políticos estadounidenses al privilegio exorbitante? A principios de este siglo, la tenencia extranjera de deuda del Tesoro estadounidense era alrededor del 13% del saldo pendiente de pago, y el porcentaje subió a cerca del 37% a principios de 2013, por la espectacular acumulación de reservas de divisas que hizo China durante su período de crecimiento de dos dígitos. Pero a partir de entonces el porcentaje viene cayendo, hasta situarse en torno al 22% a fines de 2024.

Como el dólar se apreció durante la mayor parte de ese período, el efecto valoración no basta para explicar la inversión de la tendencia. Más bien, el crecimiento del déficit fiscal estadounidense y de las nuevas emisiones de deuda superó con creces el apetito extranjero por bonos del Tesoro (y en los últimos años, el crecimiento de las compras extranjeras ha sido muy inconstante).

Es verdad que la diversificación de las carteras extranjeras con abandono del dólar todavía no produjo la catástrofe de la que todos hablaban: una venta masiva de bonos del Tesoro que paralizaría los mercados mundiales de capitales e iniciaría otra ronda de quiebras y crisis financieras. Pero esa diversificación no se detiene.

Durante la pandemia de COVID‑19, la debilidad de la compra extranjera de bonos del Tesoro se compensó por el decidido programa de flexibilización cuantitativa de la Fed, que (tal como se deseaba) produjo una marcada reducción de los tipos de interés en todo el espectro de vencimientos. Pero al ceder la pandemia, la inflación alcanzó su nivel más alto en cuarenta años, lo que provocó una ola de grandes subidas de los tipos de interés por parte de la Fed y otros bancos centrales de todo el mundo. Este giro de 180 grados marcó el final de la era «low for long».

Aunque a principios de 2022 los costos del servicio de la deuda de los mercados emergentes ya llevaban varios años de aumento (como resultado no sólo del crecimiento de las deudas, sino también de una subida de las primas de riesgo), la realidad había sido muy diferente para Estados Unidos y otras economías avanzadas. Pero ya no es así. Según la CBO, el pago de intereses netos del gobierno federal en 2024 fue el 3,1% del PIB, más del doble que en 2021.

El anuncio de aranceles punitivos que hizo el presidente estadounidense Donald Trump el 2 de abril de 2025 (el «día de la liberación») y la montaña rusa que echó a andar a continuación aumentaron la desintegración de vínculos mundiales que había comenzado con el Brexit y el creciente abismo sinoestadounidense. Con tantas incertidumbres en relación con las futuras relaciones comerciales con Estados Unidos, muchos países decidieron cubrir sus apuestas redoblando los esfuerzos por diversificar sus tenencias de activos con abandono del dólar.

Además, los inversores privados (aunque todavía atraídos por los buenos resultados de las inversiones en tecnología y acciones estadounidenses) también dan muestras de una creciente preocupación por el futuro del dólar y están aumentando la cobertura de sus exposiciones. Y como esa cobertura es costosa, puede que algunos desistan de conservar activos en dólares.

Es verdad que no existe ninguna alternativa obvia al mercado de bonos del Tesoro en términos de liquidez, lo que tal vez sea el principal sostén de la autocomplacencia de los funcionarios estadounidenses. Los bancos centrales y los inversores privados no compran una moneda; compran activos denominados en esa moneda. El euro es una moneda única, pero ya cerca de su trigésimo aniversario, todavía no tiene el respaldo de un mercado de deuda unificado, profundo y líquido.

Asimismo, a pesar de la gran presencia de China en la economía mundial, el yuan carece de convertibilidad internacional, atributo esencial para una moneda de reserva líquida mundial. Hasta 2015 la moneda china parecía ir camino de la internacionalización. Pero el proceso chino de liberalización financiera se detuvo cuando el gobierno intensificó medidas de control para frenar la pérdida de divisas y el egreso de capitales.

Aunque no hay ningún candidato inmediato para sustituir al dólar, el aumento de la inflación en Estados Unidos sigue siendo una amenaza, y el comercio mundial con Estados Unidos está cada vez más fragmentado. En este entorno, las autoridades estadounidenses no pueden dar por sentado que el privilegio exorbitante de los Estados Unidos se mantendrá.

La administración Trump parece apostar a que el crecimiento resuelva la preocupante trayectoria de la deuda del país; pero la pérdida de estatus de los bonos del Tesoro como refugio seguro resta certidumbre a ese cálculo. Es una proposición con escasa evidencia histórica que la respalde, y las tendencias actuales la debilitan todavía más. Incluso la estrategia de patear los problemas para adelante algún día se termina, como tal vez descubran las autoridades estadounidenses.

* Copyright: Project Syndicate, 2025.www.project-syndicate.org

Stanford AI es ampliamente reconocida como la tecnología central de una revolución industrial emergente que probablemente transformará todos los aspectos de la economía global. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) estima —de forma conservadora— que el mercado global de la IA alcanzará los 5 billones de dólares para 2033, gracias a un crecimiento anual promedio de alrededor del 31%. El Fondo Monetario Internacional predice que esta tecnología podría impulsar el PIB mundial en un 4% en los próximos diez años, con un aumento en Estados Unidos de hasta un 5,4%. El impacto de la IA en la ciencia, la innovación, el ámbito militar y la geopolítica ya es significativo, lo que refuerza la sensación de que la carrera por el dominio de la IA es también una carrera por el dominio global. (Lea otra entrega de Pensadores globales 2026, sobre el futuro de Oriente Medio).

En este contexto, el lanzamiento de un chatbot altamente competitivo por parte de la “startup” china DeepSeek causó sensación a principios de 2025. Bautizado como el “momento DeepSeek”, suscitó inmediatamente analogías con el lanzamiento del Sputnik por parte de la Unión Soviética en 1957. ¿Pero acaso estos espectáculos llamativos realmente significan que China está acortando distancias con Occidente?

Al considerar esta cuestión, es importante tener en cuenta que nunca ha surgido una revolución industrial fuera del capitalismo democrático avanzado. Esto no es casualidad. Al igual que sus predecesoras, la revolución industrial impulsada por la IA requiere instituciones robustas que garanticen derechos de propiedad seguros, contratos vinculantes, la capacidad de atraer y empoderar talento, una asignación eficiente de recursos y, fundamentalmente, una demanda sostenida. Este último elemento suele pasarse por alto en los análisis de los avances de China en materia de IA.

La República Popular se fundó sobre el principio de que el Partido Comunista de China “lo dirige todo”. Eso sigue siendo cierto hoy en día: el PCC controla tribunales, mercados, bancos, universidades y medios de comunicación, e incluso dirige empresas privadas. Bajo un esquema de Partido-Estado tan poderoso, el régimen puede movilizar recursos masivos y producir estrellas brillantes como DeepSeek (o Sputnik, en el caso soviético). Sin embargo, una revolución industrial depende de algo más que de avances aislados; debe haber una serie de innovaciones disruptivas en tecnología, modelos de negocio e instituciones que se complementen entre sí. La experiencia soviética lo deja claro. La URSS y sus satélites en Europa del Este no pudieron seguir el ritmo de Occidente durante la tercera revolución industrial, y este fracaso finalmente contribuyó al colapso de sus regímenes comunistas.

El “stack” de la IA

Para comprender la posición de China en la carrera de la IA, debemos examinar algunos datos básicos. Técnicamente, los avances en IA se basan en tres elementos fundacionales: computación, algoritmos y datos. Entre ellos, la computación (potencia bruta de procesamiento de datos con chips avanzados) es, sin duda, el más fundamental, ya que determina la capacidad de inventar y desarrollar algoritmos y generar o procesar datos.

La brecha informática entre los grandes modelos lingüísticos de Estados Unidos y China es asombrosa. A nivel nacional, Estados Unidos controla alrededor del 75% de la capacidad computacional global de IA, frente al 15% de China. Y la brecha sigue ampliándose a medida que la computación basada en IA crece exponencialmente en Estados Unidos, mientras que la computación de China sigue severamente limitada por los embargos a las exportaciones y la falta de financiación.

La computación también sustenta los servicios al cliente de IA a través de plataformas en la nube, que se consideran servicios de infraestructura para el sector. En este ámbito, Estados Unidos también domina. En el segundo trimestre de 2025, Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud controlaban, en conjunto, alrededor del 63% del mercado global, mientras que los proveedores chinos solo controlaban el 8% -Alibaba Cloud, el 4%; Tencent Cloud, el 2%, y Huawei Cloud, el 2%.

Con respecto a los algoritmos, los modelos de IA de código abierto ayudan a reducir la brecha de información al facilitar el acceso a los recursos técnicos. DeepSeek capitalizó sobre este enfoque y la conmoción inicial que causó se debió a la percepción de que se trataba de un avance tecnológico genuino: un algoritmo que puede funcionar bien sin seguir la “ley de escala”, según la cual el rendimiento del modelo depende de los recursos informáticos y de datos. Pero la realidad demostró lo contrario. El daño que el debut de DeepSeek le provocó a la valoración de Nvidia duró apenas unos días. Hay evidencia sólida que demuestra que los modelos fronterizos estadounidenses siguieron mejorando sustancialmente siguiendo la ley de escala.

De cara al futuro, uno de los principales objetivos en la búsqueda de algoritmos de inteligencia artificial general (IAG) es el desarrollo de IA con “modelo del mundo”, es decir, la capacidad para entender la realidad física y aprender de ella, en lugar de basarse únicamente en patrones estadísticos integrados en el lenguaje. Entre otras cosas, los grandes avances en la investigación de modelos del mundo sentarán las bases para la robótica controlada por IA. Dado que esta etapa de la carrera aún se encuentra en sus fases iniciales, nadie puede predecir quién terminará siendo el ganador. Sin embargo, podemos examinar los dos requisitos previos para lograr avances sucesivos. Ya hemos hablado de la computación; el otro es el talento.

En este caso, los datos son reveladores. Si bien muchos de los investigadores de IA más talentosos son chinos -y constituyen una parte significativa de los equipos líderes de IA de Estados Unidos-, es extremadamente raro, si es que alguna vez ha ocurrido, que los principales premios internacionales de IA se concedan a investigadores cuyos avances se hayan logrado en instituciones chinas. Esto podría no ser muy relevante si los avances esenciales siguen siendo de código abierto y si continúa la movilidad transfronteriza. Sin embargo, si las relaciones sino-estadounidenses adquieren un carácter más parecido al de la Guerra Fría, es improbable que se compartan los avances disruptivos, y China —afectada por restricciones informáticas y una movilidad limitada— podría quedarse rezagada para siempre.

En cuanto a los datos, Estados Unidos se beneficia de una colección sustancialmente mayor de publicaciones —especialmente en ciencia y tecnología— y textos de Internet, sobre todo porque estas fuentes están mayoritariamente en inglés. Si bien China se destaca efectivamente en vigilancia y recopilación masiva de videos, su dependencia de la censura, el control político y los silos burocráticos tiende a socavar la calidad de los datos y la posibilidad de compartirlos. Para lograr avances en el modelo mundial, es esencial disponer de conjuntos de datos multimodales de alta calidad —datos sanitarios, industriales y del mundo físico— y Estados Unidos lleva ventaja. Asimismo, la generación y el procesamiento de datos adicionales dependen, en gran medida, de la computación, lo que refuerza la ventaja estadounidense.

No puede ocurrir allí

Estas comparaciones demuestran que los motores tecnológicos del progreso de la IA —computación, algoritmos y datos— son profundamente interdependientes. Si bien China ha realizado avances rápidos, sus limitaciones estructurales siguen siendo significativas. Para evaluar su lugar en la próxima revolución industrial, hay que considerar dos cuestiones cruciales. En primer lugar, las revoluciones industriales siempre están impulsadas tanto por la oferta como por la demanda. La riqueza y una fuerte demanda de innovaciones sucesivas son indispensables. Por eso, las revoluciones industriales solo han ocurrido en economías avanzadas que operan bajo sistemas capitalistas democráticos.

Con el PIB per cápita más alto del mundo y los correspondientes costos laborales elevados, Estados Unidos genera una fuerte demanda de automatización en todos los sectores, incluida la investigación y desarrollo mismos. Son estos fundamentos macroeconómicos los que han sustentado el desempeño sólido de las acciones estadounidenses de IA.

Por el contrario, la economía china se ha visto atrapada en un círculo vicioso de demanda débil, sobrecapacidad, desempleo elevado y deflación persistente, lo que es fundamentalmente incompatible con cualquier revolución industrial. La automatización impulsada por la IA no ofrece solución para estos problemas, que están arraigados en los cimientos institucionales del país. El enorme endeudamiento público utilizado para financiar la apuesta de China por el dominio de la IA y los chips no ha hecho sino agravar la preocupación por su carga de deuda de por sí severa y sus crónicas restricciones presupuestarias blandas —problemas que recuerdan a los que tuvo que afrontar la Unión Soviética durante la carrera armamentística de la Guerra Fría.

Asimismo, los servicios de IA son esenciales para crear un círculo virtuoso entre los ingresos y el desarrollo del ecosistema de IA, así como para generar los datos interactivos que son tan críticos para la mejora continua de los algoritmos. En este punto, encontramos otra brecha evidente: OpenAI informa haber superado los 800 millones de usuarios activos semanales en todo el mundo para ChatGPT, y la mayoría de estos usuarios aparecieron después del “momento DeepSeek”. En términos de ingresos, OpenAI ha alcanzado los 12.000 millones de dólares, y todas las empresas estadounidenses líderes en IA han crecido a un ritmo del 300% anual.

Por su parte, los principales modelos chinos -Ernie Bot de Baidu, Qwen de Alibaba y DeepSeek- han atraído hasta la fecha entre 10 y 150 millones de usuarios activos mensuales cada uno, la mayoría en el mercado interno y, a menudo, a precios muy bajos o de forma gratuita. La estrategia de código abierto y descarga gratuita de DeepSeek puede contribuir a ampliar su ecosistema, pero reduce las oportunidades de recopilar datos interactivos de alta calidad de los usuarios. En última instancia, para aumentar la cuota de mercado es necesario escalar los servicios de inferencia (procesamiento de consultas) para los usuarios, lo que requiere un uso intensivo de recursos computacionales. Las restricciones computacionales seguirán siendo un obstáculo importante para los modelos de IA chinos que buscan una base de usuarios global, especialmente si también se tienen en cuenta cuestiones como la falta de confianza, la financiación insuficiente y las limitaciones geopolíticas.

La innovación sostenida requiere instituciones libres y una demanda sólida. Los avances se producen cuando emprendedores y científicos están empoderados por sistemas judiciales independientes, el apoyo de inversores privados que asumen riesgos y se ponen a prueba mediante el debate abierto y la competencia en el mercado. En la China controlada por el PCC, la demanda está reprimida porque el estado controla recursos clave que limitan los ingresos de los hogares y la iniciativa empresarial, y el capital se canaliza hacia proyectos estatales en lugar de hacia el descubrimiento y la innovación de alcance abierto. Si bien un “momento DeepSeek” pueda captar nuestra atención, lograr competitividad a largo plazo e impulsar una auténtica revolución industrial es harina de otro costal. Después de todo, la IA no es un remedio contra la deflación —y la deflación en sí misma es fundamentalmente incompatible con cualquier revolución industrial.

* Copyright: Project Syndicate, 2025. www.project-syndicate.org

Imaginar a todos los países latinoamericanos regidos por un orden republicano respetuoso de la libertad y la democracia parece utópico, pero no debería serlo. Es precisamente la forma de gobierno que eligieron los latinoamericanos hace doscientos años, tras independizarse de España y Portugal. (Lea otra entrega de Pensadores globales 2026, sobre el futuro de Oriente Medio).

Los padres fundadores del continente (entre ellos Andrés Bello, Simón Bolívar, Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento y José María Luis Mora) se inspiraron en los de Estados Unidos. John Adams y Thomas Jefferson todavía vivían cuando los latinoamericanos consiguieron la independencia de España, y las primeras constituciones de la región reconocieron los elementos esenciales de cualquier república: separación de poderes, Estado de Derecho, libertades civiles, prensa libre y elecciones periódicas.

Aunque algunas de estas repúblicas fueron más duraderas y exitosas que otras (las de Chile, Uruguay, Colombia, Costa Rica y por largos períodos Argentina), al final todas resultaron inestables y frágiles. Hubo muchas rupturas, no tanto porque se abandonaran los ideales fundacionales, sino porque prevalecieron otras tres influencias nefastas.

El primer factor fue el ansia de poder personal de los líderes políticos. Las guerras de independencia dejaron a América Latina con varios caudillos que ejercían a un mismo tiempo poder político y militar. Luego llegó una serie de dictadores con todas las letras (Juan Manuel de Rosas, José Antonio Páez, José Gaspar Rodríguez de Francia y Gabriel García Moreno) seguida de una sucesión de césares (Porfirio Díaz y Juan Vicente Gómez) a fines del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. De estos gobernantes unos pocos fueron ilustrados, pero la mayoría fueron tiránicos. Por último, en el siglo XX, el militarismo se consolidó en toda la región, y el régimen de Juan Perón en Argentina empleó métodos de control fascistas.

El segundo factor fue la violencia social y política. Aunque entre los países latinoamericanos no hubo muchas guerras, los golpes de Estado, las insurrecciones, las revueltas, las rebeliones y las revoluciones estaban a la orden del día. Pero en vez de renunciar al constitucionalismo, muchos de los vencedores procuraron continuar el legado republicano, al menos en sentido formal (como en el caso de la Revolución Mexicana de 1910).

Todo cambió con la Revolución Cubana (1959). El régimen de Fidel Castro inauguró la primera dictadura total y descarada del continente, donde inspiró una ola de movimientos guerrilleros de izquierda y comunistas que más allá de sus diferencias, compartían la oposición a la democracia. (Lea más análisis de Pensadores Globales 2026).

Tal vez el daño causado a la política de la región no habría sido tan profundo si no fuera por un tercer factor externo: el imperialismo estadounidense. Los agravios históricos que sufrió América Latina de Estados Unidos son casi interminables. Por ejemplo, en la Guerra de México (1846‑48), Estados Unidos capturó y finalmente se anexó lo que hoy conocemos como California, Nevada, Utah, Nuevo México, la mayor parte de Arizona y Colorado y partes de Oklahoma, Kansas y Wyoming. En 1973, se produjo el derrocamiento del presidente de Chile, Salvador Allende, y su sustitución por la dictadura militar del general Augusto Pinochet, con respaldo de Estados Unidos. Una lista exhaustiva de las fechorías de Estados Unidos debería incluir a casi todos los países de la región.

La diplomacia estadounidense (ciega a sus propios intereses a largo plazo, atenta sólo a los beneficios comerciales y a un concepto de seguridad «America First», y a menudo ignorante, desdeñosa y racista) nunca tuvo en cuenta (y en algunos casos traicionó abiertamente) las tradiciones liberales de la región y a sus exponentes. En vez de eso, Estados Unidos prefirió apoyar a dictadores. Como al parecer dijo el presidente Franklin D. Roosevelt del déspota nicaragüense Anastasio Somoza: «Puede que sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta».

En este contexto, es casi milagroso que muchas administraciones liberales de la región hayan tenido alguna capacidad de perdurar. Pero los valores liberales se mantuvieron firmes. Frente a los dictadores del siglo XIX, la prensa se alzó siempre con caricaturas feroces, versos satíricos, artículos incendiarios y prosistas de talento.

Muchos sufrieron cárcel y ostracismo, otros la muerte. En el siglo XX, la libertad de expresión tuvo grandes exponentes intelectuales en figuras como Daniel Cosío Villegas, Octavio Paz y Mario Vargas Llosa. Algunos periódicos latinoamericanos han funcionado hasta siglo y medio sin interrupciones, convirtiéndose así en monumentos vivos a la libertad de pensamiento y a la libertad misma.

Brotes verdes

A partir de los ochenta, y sobre todo tras la caída del Muro de Berlín, pareció producirse en América Latina un milagro: casi todos los países hicieron una transición pacífica de regreso a las raíces republicanas democráticas, mientras en todo el Cono Sur los militares volvían a sus cuarteles.

Argentina juzgó a los generales asesinos; en Chile, Pinochet dejó el poder no como resultado de un golpe de Estado, sino de un plebiscito. Nicaragua se apartó del camino revolucionario de los comandantes sandinistas y eligió presidenta a Violeta Chamorro, viuda del hombre que había liderado la lucha por la libertad contra la dictadura de Somoza. El Salvador tuvo conferencias de paz. Incluso el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, fuerza dominante de la política del país durante tres cuartos de siglo y al que Vargas Llosa llamó «la dictadura perfecta», dio paso a un régimen democrático en 2000. Sólo Cuba permaneció esclavizada.

Esta ola democrática parecía un nuevo amanecer, pero fue un espejismo. En poco tiempo, los dos primeros factores mencionados antes (megalomanía y conflicto social) se fundieron en la figura de un líder populista con una provisión abundante de petróleo. El pueblo venezolano entregó el poder a un caudillo, Hugo Chávez, un coronel del ejército que al principio tomó su inspiración del Che Guevara, pero luego optó por seguir al padre espiritual del Che (Castro) en la construcción de un «socialismo del siglo XXI». En la práctica, esto implicó utilizar el dinero del petróleo venezolano para subsidiar la maltrecha economía cubana. Y el sucesor ungido de Chávez, Nicolás Maduro, es un déspota violento bajo cuyo gobierno se produjo la mayor implosión económica de la historia latinoamericana.

En tanto, una nueva ola populista se abatió sobre Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y México. Pero parece que la corriente está cambiando de sentido otra vez. Primero en Perú y Ecuador, y ahora en Bolivia, la gente comienza a tomar conciencia de las mentiras y fechorías de sus gobernantes populistas. Hay que destacar que en aquellos países que se libraron de tener regímenes populistas, no implica lo anterior una derrota de la izquierda. Allí todavía prevalece el Estado de Derecho, con firme apoyo de una izquierda comprometida con la democracia. Es lo que sucede no sólo en Brasil sino, aún más, en Chile y Uruguay.

Este evidente retroceso del populismo refleja una creciente conciencia del sufrimiento infligido por los regímenes cubano y venezolano, que han quedado desacreditados para siempre. A pesar de la presencia de agentes de inteligencia cubanos en todo el continente (y de su dominio en Venezuela), hoy la reconquista de la libertad es más factible que nunca.

Pero para que la libertad en las Américas sea una realidad, Venezuela debe restaurar la democracia, con la asunción de su legítimo presidente Edmundo González. Sería la reivindicación de la líder opositora María Corina Machado como la arquitecta de una extraordinaria gesta de liberación. Felizmente, es posible que la autocracia criminal que hoy gobierna Venezuela (donde el narcotráfico ha tomado el poder) pronto deba irse como resultado de una presión extraordinaria desde dentro y fuera del país.

La sociedad venezolana es rica en petróleo, pero mucho más rica en coraje y resiliencia. Tras años de represión, su pueblo sigue decidido a librarse de los delincuentes que hoy gobiernan. Con la caída de Maduro, millones de venezolanos volverán a su país para reconstruirlo y se reunirán las familias.

El pueblo de Venezuela ha aprendido la lección. Ahora conoce el significado verdadero y el precio de la libertad, porque experimentó la realidad de su pérdida. Además, su ejemplo impulsaría cambios similares en Nicaragua y Cuba e impediría a los gobiernos populistas que quedan en América Latina (desde Colombia y México hasta El Salvador) debilitar el Estado de Derecho, violar las libertades civiles y atentar contra la celebración de elecciones libres.

Una declaración de independencia

Por supuesto, los muchos agravios causados a América Latina por Estados Unidos complicarán los intentos de restaurar la democracia. Agravios a los que el presidente Donald Trump suma sus tácticas intimidatorias, sus amenazas de readueñarse del Canal de Panamá y su disposición al despliegue unilateral de las fuerzas armadas estadounidenses contra presuntos miembros de cárteles en la región. Peor aún, a Trump no le interesa la democracia. Por el contrario, está tratando de desmantelar las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en Brasil como venganza por el procesamiento y condena de su gemelo ideológico, el expresidente Jair Bolsonaro, que urdió un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

Pero los autócratas siempre atienden al propio juego. La simbiosis del régimen de Maduro con el narcotráfico llevó a la administración Trump a aumentarle la presión, lo que tal vez colabore con la liberación del pueblo venezolano. El objetivo debería ser el final pacífico del régimen y una transición ordenada (sin venganzas ni rencores) hacia un sistema político y económico que todo el hemisferio pueda apoyar.

Cuesta imaginar a los estadounidenses bajo Trump hallando puntos de coincidencia para celebrar juntos el próximo año el 250.º aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Pero el retorno de la democracia en América Latina puede inspirarnos a todos para defender los ideales compartidos de los padres fundadores en todo el continente americano.

* Copyright: Project Syndicate, 2025.www.project-syndicate.org

El peruano Gustavo Gorriti es uno de los periodistas de investigación más reconocidos del planeta, por denunciar la corrupción en Latinoamérica por más de 40 años. A finales de 2025 fue exaltado con el premio Héroe Mundial de la Libertad de Prensa, que entrega anualmente el Instituto Internacional de Prensa (IPI) y el International Media Support (IMS), que reconoce a quienes han demostrado “un compromiso inquebrantable con el ejercicio del periodismo libre”. También ha ganado los galardones más importantes de Hispanoamérica, como el Maria Moors Cabot de la Universidad de Columbia de Nueva York, el Rey de España y el de trayectoria de la Fundación Gabo. Dirige IDL-Reporteros, el medio de comunicación independiente más reconocido de Perú, y esta semana recibió en Bogotá el Premio Legado, que desde 2026 otorga la Red de Periodismo Latinoamericano Connectas a una vida dedicada al “compromiso con la verdad”.
(Carmen Aristegui, de CNN, también recibió el Premio Legado. Vea una entrevista sobre su vida profesional).

¿Qué significa recibir el Premio Legado?


Es un placer volver a conversar con usted, y es un honor el que me trae de vuelta a Colombia. Me pregunto cuáles son los merecimientos, y debo concluir que estoy viejo, porque este tipo de cosas son por una trayectoria bastante prolongada.


Recuerdo que en los años 90, cuando estaba empezando a hacer periodismo en “El Espectador”, ocurría la dictadura de Fujimori en Perú, y quien nos mantenía al tanto de las violaciones de derechos humanos era usted, y nos enseñó a hacer investigación a través del Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys), red de periodistas de la región Andina. Esos años fueron tan duros para usted, que fue secuestrado por ese régimen.


El día que perpetraron el golpe de Estado, el 5 de abril de 1992, fui capturado por un destacamento de inteligencia de militares vestido de civil que me llevó al local del Servicio de Inteligencia del Ejército. Fue posible obligarlos a reconocer que me tenían secuestrado y luego salir en libertad, y fue el comienzo de un largo período de enfrentamientos a esa dictadura bajo las circunstancias de lo que significa y significaba hacer periodismo de investigación frente a regímenes autoritarios que están a caballo entre la perpetuación de la ilegalidad y las apariencias de legalidad, situación que desgraciadamente no ha dejado de existir y que de repente volverá a ser un problema importante en el futuro de varios de nuestros países.


Al final, el propio Fujimori y su jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, fueron condenados por el ataque en su contra.


Sí. Entre otras cosas por el secuestro y el intento de desaparición fueron ambos condenados.


El trabajo que hizo desde entonces ha sido admirable y le costó el exilio en varias ocasiones, hacia Estados Unidos y Panamá.


Desde el mismo 1992. Lo que había sucedido es que en el país me había vuelto inempleable, en medio de amenazas cada vez más fuertes contra mí y mi familia. Entonces me ofrecieron un trabajo en la Fundación Carnegie para la Paz Internacional en Washington, y acepté.


¿Y el capítulo Panamá, donde termina investigando y denunciando al presidente Ernesto Pérez Balladares?


El diario “La Prensa” de ese país me contrató en 1996 para que fuera director asociado, con la misión de construir el periodismo de investigación en Panamá, cosa que hice, y en 1997 Pérez Balladares ordenó que nos persiguieran y que yo saliera del país. Dije que no me iba y, con el respaldo del medio, de organizaciones democráticas de Panamá y apoyo internacional, organizamos una resistencia. Tuve que vivir meses tormentosos dentro de “La Prensa” hasta que el gobierno retrocedió y me quedé hasta 2001. Cada investigación que sacábamos estaba dirigida a corrupción ligada al sector transaccional, porque Panamá es una nación transaccional, y provocaba una acción judicial para acallarnos.


A los 77 años sigue dedicado a hacerle rendir cuentas al poder en beneficio de la ciudadanía peruana y latinoamericana. ¿No se cansa?


Han pasado varias cosas en el camino, entre otras que en 2023 me fue diagnosticado un cáncer muy serio, y durante un tiempo tuve que luchar por sobrevivir. Me convertí en ciudadano de “cancerlandia”, tomando prestada la expresión de la excelente escritora estadounidense Siri Hustvedt, viuda de Paul Auster. Mi decisión fue que tenía que encontrar las fuerzas para hacerle frente, y ahora estoy bien, estoy funcional. Me ayudó mucho el haber sido deportista.


¿En qué disciplina?


Desde los 15 años practiqué judo, competí durante años y he continuado haciendo artes marciales como entrenamiento funcional. El principal aporte que me hace es la disciplina interna y la capacidad de enfrentar situaciones difíciles, buscando la manera más eficiente de hacerles frente con serenidad interna, sabiendo que los valores del guerrero deben guiar la conducta y transmitir la energía necesaria para un trabajo tan demandante como este.


Celebro su salud, y que siga mostrándonos que el periodismo es disciplina y perseverancia para informar a la opinión pública. Pero eso lo sigue exponiendo tanto, que en 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para su protección debido a amenazas permanentes por denunciar la corrupción en Perú.


Agradezco la preocupación que tuvo la Comisión Interamericana con las medidas cautelares, pero de gran ayuda no han sido. Son más simbólicas frente a la realidad de que, por ejemplo, el principal candidato presidencial de la ultraderecha en Perú, Rafael López Aliaga, incitó a que se me mate. De tal manera que es dentro de ese ambiente preñado de amenazas donde tengo que trabajar.


¿Cómo procesa eso cada día?


Debo decirle que ayuda mucho el haber envejecido en este tipo de trabajo, de lucha, porque has acumulado toda una serie de hechos que a la vez son exigencias morales sobre ti mismo, que te marcan la decisión de defender los principios de la democracia y la libertad de prensa hasta el final, al precio que sea.


Rafael López Aliaga fue alcalde de Lima y es uno de los más fuertes candidatos a ser presidente de Perú, elecciones que son en abril próximo.


Es un fascista, un tipo desbocado y, en el caso de sus enemigos, a mí me ha llevado a alturas míticas dentro de su demonología personal. Se sale del ámbito de lo político hacia el de la psiquiatría.


Esta semana leí que ordenaron reabrir una investigación en su contra, por las denuncias que hizo contra el gobierno anterior, el de Dina Boluarte.


Se origina en la investigación profunda a fondo que IDL-Reporteros hizo del caso Lava Jato fuera de las fronteras de Brasil, no solo en Perú, sino en América Latina. Organizamos una red de periodistas de investigación que permitió revelar muchísimas cosas desde Argentina hasta México. Como resultado, muchas personas fueron procesadas, luego surgieron investigaciones sobre la corrupción en el Poder Judicial, pero cuando el poder político empezó a trastabillar vino la plaga del covid y se originó una contraofensiva a través de una grosera desinformación tan intensa, que llevaron a algunos fiscales a hacer una investigación en la cual fui incluido por haber hecho mi trabajo como periodista.


Lo acusan de armar investigaciones y hasta de manejar a fiscales.


Me acusaron de haber presionado para que me den información exclusiva, aprovechando que tenía que estar pidiendo información a los fiscales que la hacían. En ese contexto, podrían interpretar esta entrevista, por ejemplo, como un intento de crear una narrativa para presionar indebidamente. Por la fuerza del gobierno mafioso que ha tenido Perú, se presionó para que lleven a cabo esa investigación. Nosotros nos defendimos, un fiscal llegó a la conclusión de que había que archivarla, la reacción de estos grupos fue histérica y ahora forzaron a que acepten la apelación.


Lo acusan de tráfico de influencias, de obstrucción a la justicia.


Kafka hubiera enloquecido mirando ese panorama.


Estamos hablando de corrupción internacional ligada también a la multinacional Odebrecht, que recorrió países de América Latina, incluido Colombia. Lideró esas investigaciones hasta el punto de que lo acusaron de haber sido el causante del suicidio de Alan García, el expresidente peruano vinculado al caso.


Sí. De lo de Alan García y de haber terminado trabajando a favor de Odebrecht. Imagínese. Entonces no hay fronteras para el absurdo dentro de todo esto. Debo explicar que la investigación a la transnacional Odebrecht fue parte de la investigación general del caso Lava Jato, donde aparte de Odebrecht estuvieron otras compañías brasileñas.


¿Qué siente cuando hace el balance de cuatro décadas denunciando corrupción y ve que las mafias siguen mutando?


Que hemos ganado batallas importantes desde el caso de Montesinos y Fujimori, la inmensa corrupción que tuvieron y que validó puntualmente todas las investigaciones que habíamos hecho, hasta el caso Lava Jato, cuando se pudo ver la manera en la que manejaban esas transnacionales y cómo habían sobornado a tanta gente para lograr que crecieran tres o cuatro veces sus utilidades. Eso lleva a pensar que puede ser posible construir sociedades mucho más limpias y menos corruptas. Entonces valió la pena todo.


Sin embargo, los regímenes populistas de derecha e izquierda están en boga desde Estados Unidos hasta Argentina amenazando la libertad de prensa. ¿Eso qué le dice frente a lo que debe hacer el periodismo investigativo?


En circunstancias como estas la democracia se ve gravemente afectada, y sin democracia el periodismo de investigación no puede existir o será constantemente perseguido. Si uno mira con la mayor objetividad posible, no solamente el cuadro del hemisferio, sino fuera de él, hacia Europa u otros lados, lo más parecido a esto fue el mundo en los años 30 del siglo pasado, durante el avance de los totalitarismos. De un lado, el comunismo estalinista del otro lado el fascismo. De todos lados aparecía la idea de que la democracia era cosa de débiles, avanzaron y cuando tomaron el poder destruyeron la democracia en muy poco tiempo. Luego de terminar con ellos fue que se pudo volver a construir un orden mundial que con todas sus imperfecciones dio décadas de progreso y de esperanza. Eso costó decenas de millones de víctimas. Ahora claramente hay peligro de un resurgimiento de fascismos. Veo el avance que ha tenido en Europa, que incluso precede al que ha tenido en Estados Unidos la ideología que está ahora ligada con Trump. Todos esos principios resucitados de las tumbas del fascismo están listos para ser aplicados en Latinoamérica en determinado momento. Desgraciadamente, siento que en muchos casos a las fuerzas democráticas les falta entereza para enfrentarlos.


Esta entrevista está siendo grabada por jóvenes que ven en el periodismo un campo de desarrollo profesional. ¿Qué aconsejarles para que puedan hacer lo que usted hace?


Primero, que lo piensen bien. Hay muchas líneas de trabajo que son claramente más tranquilas. Que si deciden hacerlo, entiendan que van a necesitar todos sus talentos y su energía, y que en muchos momentos sus principios más básicos se van a poner en juego, porque si bien esta profesión llama y exige las mejores virtudes de una persona, también está parasitado por expresiones profundamente inmorales del mismo periodismo.


Y a eso le sumamos una época de crisis del periodismo como empresa sostenible.


El periodismo independiente está afrontando momentos muy difíciles. Toda la prensa clásica está en problemas existenciales severos, salvo excepciones importantes de quienes han sabido adaptarse la prensa sin fines de lucro, los pequeños grupos de investigación que compiten por fondos de cooperación limpios. Entonces, enfrentar una era de desinformación se hace cada vez más difícil, pero están surgiendo nuevas formas, esfuerzos inteligentes por adaptarse a los nuevos tiempos con buena investigación sin perder el rumbo en esa búsqueda de audiencias.


El 2025 fue declarado el año Guillermo Cano para recordar el legado del director de “El Espectador”, asesinado por denunciar la corrupción mafiosa de Colombia. Ahora que recibe el Premio Legado, ¿cómo enfrentar la mayor adversidad, que son los riesgos de esta profesión?


El legado de don Guillermo Cano es tan importante para Latinoamérica como para Colombia. Frente a ese nivel de adversidad, eventualmente uno podrá pagar el precio mayor que paga un soldado, que paga un periodista: la vida. No hay muchas cosas en este mundo por las que valga la pena arriesgarla, pero como cuenta Cervantes en “El Quijote”, hay cosas como la libertad y el honor por las que se debe aventurar la vida.


¿Hoy en día siente un miedo similar al de los años 90 o ya no?


Miedo por mi seguridad no he tenido ni tengo. Sé que hay un peligro. Sé que dentro de eso debo estar lo más despierto posible para tratar de conjurarlo. Pero eso no debe afectar mi capacidad trabajo, sino debe acrecentarla. Tengo alguna experiencia sobre cómo afrontarlo. A muchos periodistas le molesta equipararse a soldados militares, pero lo que hacemos es como aquellos que hemos sido reclutados o nos hemos presentado como voluntarios a un servicio que no termina en dos años, que dura la vida entera.


Gracias Gustavo.


Gracias a usted. Siempre ha sido un honor estar en contacto con El Espectador, un medio que ha significado tanto para Latinoamérica y para mí.

(* Los análisis académicos expresados en esta entrevista son propios y no reflejan las posiciones oficiales del Gobierno de Colombia)

La noticia sobre la reunión que, según se ha anunciado, tendrán, pronto, los presidentes de Colombia y Estados Unidos, fue una sorpresa para todos. Si se consideran las explosivas personalidades de Trump y Petro, además de los antecedentes de desacuerdos y agresiones verbales entre ellos, ¿puede predecirse que esa cita será difícil, tensa y poco productiva o habrá espacio para la mesura?

Tal vez no es del todo sorpresiva la llamada entre los dos mandatarios, si se tiene en cuenta que nuestra embajada en Estados Unidos viene buscando, desde hace un tiempo, un diálogo directo Petro-Trump; o si consideramos la preocupación que pueda existir en ciertos círculos oficiales conservadores, tanto estadounidenses como colombianos, por el impacto “no deseable” de las acciones recientes en Venezuela sobre la campaña electoral en Colombia aunque el timing (momento de la llamada), a pocas horas del discurso de Petro en la Plaza de Bolívar - con motivo de las movilizaciones en defensa de nuestra soberanía -, fuera imposible de anticipar. Sin embargo, el carácter provocador de ambos líderes lleva a pensar que cualquier cosa puede pasar en la cita presencial de febrero.

Precisamente algunos comentaristas han previsto que Trump podría tratar a Petro como lo hizo la primera vez con el presidente Zelensky, de Ucrania: de manera despectiva y humillante hasta por su vestimenta. O que la reunión puede ser agradable como sucedió en el encuentro Trump-Zohran Mandani, el recién elegido alcalde de New York, muy a pesar de sus grandes diferencias. Para usted, ¿cuál de esas posibilidades es factible, dadas las circunstancias actuales?

Como sugiero antes, la impredecibilidad de los dos presidentes hace difícil anticipar cuál escenario es más probable, siendo todos posibles. Depende, entre otras circunstancias, de quiénes más participen en la cita, sobre todo, del lado estadounidense. No obstante, por más que termine la cita en abrazos, elogios mutuos y una ruta de trabajo mutuamente aceptable, - lo cual sería ideal -, ese resultado no necesariamente indicaría que, de ahí en adelante, no se presenten otros episodios críticos en el relacionamiento bilateral. Garantizar la continuidad de lo dispuesto, es lo realmente importante.

Entonces, ¿es mejor ser pesimistas y que ni el propio presidente ni Colombia esperen, de este encuentro, noticias positivas?

Todo lo contrario: obtener resultados, en cualquier sentido, es viable lo cual sugiere que, de conducirse el encuentro con la necesaria planeación y previsión, se puede lograr un efecto favorable. Desde la perspectiva colombiana, lo importante, creo, es que se tenga la capacidad de definir y negociar una agenda corta, específica, con objetivos claros; y persistir en ella frente a los condicionamientos que siempre impone Washington antes de este tipo de reuniones. Hay que anticipar y prepararse para todos los escenarios e insistir, como se viene haciendo, en los intereses en común que puedan adelantar los dos gobiernos.

Permítame reiterar el punto, pero desde otro lado: hay quienes advierten que la invitación de Trump a Petro puede ser una trampa para lograr su captura en cuanto pise suelo estadounidense ¿Esa probabilidad existe o es impensable?

Me parece totalmente impensable, comenzando por el hecho de que Petro no tiene requerimiento judicial alguno en Estados Unidos, tal como lo ha confirmado públicamente nuestra embajada. Sería un acto premeditado de agresión que rompería con las convenciones mínimas de la diplomacia. En vista de que Colombia tendrá elecciones presidenciales en mayo y que habrá relevo presidencial el 7 de agosto, también sería una torpeza estratégica infinita.

Usted ha sido funcionaria de la Cancillería actual, precisamente en New York y Washington pero ante todo, se caracteriza por ser experta en materias internacionales. Si el presidente Petro le pidiera un consejo sobre cómo prepararse y cómo actuar cuando esté frente a Trump, ¿qué le diría?

Mi principal recomendación sería que siga los consejos de nuestro embajador en Washington, Daniel García-Peña, cuyos conocimientos profundos sobre Estados Unidos y la relación bilateral, además de sus habilidades diplomáticas, han permitido navegar las aguas turbulentas que todo país ha tenido que enfrentar con Trump 2.0. El mío propio sería que el presidente dimensione bien la desventaja estratégica de la cancha en la que va a tener lugar el encuentro, en donde no jugamos de locales; y que no se deje provocar, si intentan hacerle una emboscada lo cual ha ocurrido con varios líderes, incluidos los de Ucrania y Sudáfrica. En ese caso, le diría que respire profundo; que cuente hasta diez y que responda serenamente, con su típico humor.

Trump no disimula; por el contrario, se ufana de su pragmatismo: aunque habla de combate al narcotráfico, también afirma que va por todo lo que es (o cree que es) negocio y ganancia económica para Estados Unidos y sus empresarios. En esa línea, ¿qué puede interesarle a Trump de Colombia y qué puede ofrecerle Petro?

Más que pragmático, me atrevería a decir que Trump es transaccional e instrumental, lo cual significa que se guía por el criterio básico de la ganancia, tanto propia como “nacional” en la toma de decisiones. Desde cuando se produjo la elección presidencial pasada en Colombia, el mensaje central que el Gobierno nacional ha transmitido a Estados Unidos es que, para nuestra nación, la relación bilateral es de fundamental importancia; y que, pese a los cambios de posición y de prioridades, es necesario insistir en la cooperación y el diálogo, siempre entre iguales, y aún en medio de las diferencias que son naturales. En concordancia con estas líneas de acción, durante el gobierno Biden se acordó priorizar los asuntos sobre cambio climático, transición hacia energías limpias, paz, drogas y migración. Si bien las distancias se han acrecentado desde el ascenso de Trump a la presidencia, el imperativo de buscar áreas de interés compartido sigue siendo el mismo, así como la reducción de las tensiones existentes. Tal vez, el mayor reto del presidente Petro consiste en poder definir, con su homólogo, un conjunto de acuerdos en el cual prime el gane-gane.

Como, ¿cuáles?

Se me ocurre que es posible llegar a entendimientos en temas como lucha frontal contra el narcotráfico, migración, seguridad, mediación y transición democrática en Venezuela, al igual que comercio e inversión (con excepción del tema sensible de recursos naturales) en función de objetivos distintos pero traslapados.

La semántica parece no ser tema central en esta discusión pero sí lo es, en el fondo, por los significados y los contextos: según las normas internacionales, ¿Estados Unidos “invadió” militarmente a Venezuela o “ejecutó una operación militar momentánea y necesaria”, como ha sido descrita por partidarios de la sorpresiva operación extranjera contra Caracas?

El operativo de fuerzas especiales en Venezuela - que por más “quirúrgico” que se diga que fue, cobró la vida de entre 75 y 80 personas entre fuerzas de seguridad cubanas, venezolanas y civiles - clasifica como una invasión o agresión violatoria del derecho internacional y de la carta de la ONU por varios motivos: 1. Violó la soberanía del país vecino mediante el uso de fuerza militar, acción que solamente se admite cuando haya autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o como respuesta a un ataque militar directo a algún país miembro; 2. La usurpación de la custodia política de Venezuela y de sus recursos naturales por parte de Estados Unidos, constituye una clara violación de la integridad territorial, la independencia política y el derecho a la autodeterminación; 3. Por más ilegítimo y condenable que sean algunos jefes de Estado en ejercicio, como era el caso de Maduro, ellos gozan de inmunidad frente a la justicia de países extranjeros, aunque las cortes estadounidenses suelan hacer caso omiso de esa regla según se vio en casos como el de Noriega de Panamá. Y, finalmente, algunas de las medidas coercitivas unilaterales que venía aplicando Estados Unidos antes de la invasión, tales como el bloqueo naval y la captura de buques petroleros, contravienen principios centrales de la Carta ONU; además de que los ataques a lanchas vinculadas a actividades de narcotráfico en el Caribe y en menor medida el Pacífico (con la muerte de al menos 115 civiles), constituyen ejecuciones extrajudiciales.

En cuanto al sentido de los términos empleados en este caso: ¿Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flórez fueron “aprehendidos” como algunos califican la acción de detener y sacar de Venezuela a la pareja que presidía ese país, o fueron “extraídos” y “secuestrados” por Estados Unidos?

En lugar de “secuestrado” preferiría decir que Maduro y Flórez fueron “abducidos” (apoderarse de alguien) por la fuerza y llevados a Estados Unidos para ser enjuiciados. Como sugerí anteriormente, por más que Maduro sea dictador y para algunos, “se lo haya buscado”, esa situación no elimina el hecho de que se trata de un acto ilegal que el gobierno Trump ha tratado de justificar mediante el argumento de que se trató de una “misión de extracción judicial” ante la amenaza, a Estados Unidos, planteada por el narcoterrorismo supuestamente apoyado por Maduro.

De acuerdo con los síntomas geopolíticos actuales y con la presencia de Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos, ¿el mundo está en el inicio de una nueva era imperialista con el dominio del propio Estados Unidos, además de China y de Rusia, cada una de estas con sus propios intereses expansionistas y proyectos de invadir a otras naciones?

Así es. Como lo afirmara recientemente un alto oficial del gobierno estadounidense, “vivimos en el mundo real, en un mundo en donde prevalece el poder y la fuerza”. Sin embargo, puede intuirse, a partir del “realismo flexible” y de la doctrina Donroe planteados en la Estrategia de Seguridad Nacional ya referenciada, que las ambiciones imperiales de Trump se concentran, sobre todo, en el hemisferio occidental del cual considera a Groenlandia una parte, pese a sus vínculos políticos con Dinamarca y Europa. En este sentido, el antiguo concepto de “esferas de influencia”, consistente en la repartición del mundo, posiblemente entre tres potencias (Estados Unidos, China y Rusia), y en la que cada una ejerce dominio político, económico y militar en su respectiva zona, cobra relevancia.

En consecuencia ¿el mundo está condenado a retroceder hasta la etapa en que los imperios se repartían el planeta y las poblaciones débiles solo tenían la opción de someterse y obedecer a sus “dueños”? ¿Latinoamérica debe prepararse para olvidarse de su soberanía y autodeterminación?

Como la historia no está escrita todavía, todo depende de la capacidad colectiva de reacción de otros países del mundo en búsqueda de un orden global, sea el actual, ya en declive, o de otro por construir, en el que se sigan respetando las reglas acordadas, entre ellas, la soberanía, la autodeterminación y la autonomía interna, así como otras por acordarse como el cuidado de la vida humana y planetaria. En este cometido, América Latina, en especial aquellos países que cuentan con gobiernos democráticos y progresistas, está llamada a desempeñar un papel protagónico.

El péndulo de la historia política del mundo, ¿se mueve en dirección a una era triunfal de partidos, movimientos, líderes y lideresas de extrema derecha como parecen indicarlo las elecciones en países representativos de varios continentes?

Sin lugar a dudas, el auge de la extrema derecha constituye uno de los fenómenos de mayor importancia - y preocupación, en mi opinión -, del mundo actual. Más allá de sus diferencias nacionales, se trata de un movimiento global que comparte un mismo proyecto ideológico y que se apoya en redes de actores políticos y comunitarios, iglesias, plataformas digitales, tanques de pensamiento y filantropías. Entre las estrategias narrativas que ha desplegado internacionalmente, se destacan la reivindicación de la familia y los valores patriarcales tradicionales, el rechazo y manipulación del género y la diversidad, la negación de la ciencia y la satanización de migrantes, personas no blancas y personas trans. Según estimativos recientes, la desfinanciación resultante en áreas como la salud y los derechos sexuales y reproductivos, tal como ocurrió con el desmonte de USAID en Trump 2.0, provocará millones de muertes que podían prevenirse, de mujeres, niños y de personas LGBTIQ+ en situación de vulnerabilidad.

Entre tanto, ¿cuál será el papel de la izquierda?

Las izquierdas enfrentan retos propios, incluyendo la adopción de narrativas comunes igual de seductoras que contrarresten las de derecha, el desarrollo de propuestas más contundentes en las áreas más “técnicas” del quehacer público como la economía, las finanzas y la seguridad, y el fortalecimiento de su compromiso con la democracia. En resumidas cuentas, sueño con una izquierda global, democrática, cosmopolita, decolonial y feminista que pueda confrontar esta avanzada retardataria.

Según usted ha podido observar de primera mano, la situación de los organismos multilaterales creados por consenso mundial para procurar una convivencia civilizada entre naciones fuertes y débiles, ¿es agónica? ¿Estamos en el preámbulo del fin de la ONU, la OEA, y de tribunales como la Corte Penal Internacional?

Desde hace años, si no décadas, las instituciones del multilateralismo atraviesan una agonizante parálisis y déficit de legitimidad, evidenciadas en una incapacidad palpable en cuanto a ejercer funciones básicas de mantenimiento de paz y defensa de los derechos humanos (como en Ucrania y Gaza); contener las guerras y conflictividad alrededor del mundo, la crisis del ecosistema, los aumentos alarmantes en el gasto militar y el crecimiento de las violencias de todo tipo, empezando por las de género y polarización ideológica. Si bien el deterioro del orden mundial basado en reglas, ha sido paulatino, el hecho de que uno de sus arquitectos y financiadores principales, Estados Unidos, haya decidido desconocerlo y quebrarlo, ha acelerado este proceso. Recuerde que anunció, hace poco, su retiro de 66 organismos internacionales, incluyendo 31 de la ONU dedicados a materias de cambio climático, paz, democracia y género.

En conclusión, ¿podemos decirles adiós a esos organismos reguladores de la convivencia del planeta?

Aunque considero prematuro dictaminar el fin de las organizaciones multilaterales que siguen ejerciendo funciones críticas de gobernanza global, el desacato abierto por parte de Estados Unidos, de las normas y reglas de juego del orden de posguerra, abre la puerta para que otras potencias hagan lo mismo y las violaciones se vuelvan la norma en lugar de la excepción.

“Absolutamente posibles, otros ataques militares de Estados Unidos”

De acuerdo con sus conocimientos sobre Estados Unidos, ¿cree probable y realizable que el gobierno Trump ordene ejecutar ataques militares contra otros países latinoamericanos como México, Cuba, Colombia u otros territorios en el mundo como Groenlandia?

Si se juzga por lo que el mandatario estadounidense ha dicho y hecho, es absolutamente posible que ordene nuevos ataques en lo que considera su “patio trasero” e, incluso, en Groenlandia como se está viendo. La recientemente publicada Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, es clara en cuanto a desempolvar la doctrina Monroe (ahora Donroe); en reafirmar su alegado derecho a la injerencia y la intervención en el hemisferio occidental en función de sus prioridades estratégicas; y en alertar a actores extrarregionales como China y Rusia, que su presencia en América Latina y el Caribe no será tolerada. A su vez, Trump ha afirmado, en varias oportunidades, que el único límite al ejercicio del poder global de Estados Unidos no es el derecho internacional sino su propia moralidad.

“Estoy cerrando un ciclo”

¿Cuándo estará usted de regreso a sus tareas académicas e investigativas y en cuánto tiempo dejará su cargo oficial?

Estoy en proceso de cerrar un ciclo de cuatro años que ha incluido la construcción de la propuesta programática de política internacional de la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez; el liderazgo del empalme en Cancillería desde donde facilité el primer encuentro entre el Gobierno electo y el de Biden; y el ejercicio diplomático, primero, como embajadora alterna en Naciones Unidas y, actualmente, en el cargo de embajadora para Asuntos de Género y Política Exterior Feminista. Pese a los desafíos y los múltiples obstáculos políticos, burocráticos y logísticos encontrados en el camino, tengo el orgullo de lo logrado, y gratitud con el presidente Petro por haberme confiado estas funciones de servicio a mi país adoptivo. Desde donde termine trabajando a mi regreso a Colombia, espero seguir aportando a la construcción de una política exterior crítica, proactiva y transformadora.

La fascinación por las criptomonedas no muestra signos de desvanecerse. Con la aprobación de la Ley de Orientación y Establecimiento de la Innovación Nacional para las Monedas Estables de Estados Unidos (GENIUS) en julio de 2025, los legisladores estadounidenses agudizaron la sensación de que las criptomonedas han llegado para quedarse. Pero si miramos más allá del bombo publicitario, un interrogante incómodo sigue sin resolverse: ¿las criptomonedas son una innovación genuina capaz de servir al bien común o una amenaza especulativa para la estabilidad financiera y social?
(Lea otra entrega de Pensadores globales 2026, sobre el futuro de Oriente Medio).

Por supuesto, no todas las criptomonedas son iguales. Las no respaldadas, como Bitcoin o Ethereum, no tienen activos subyacentes y su valor se deriva exclusivamente de la creencia de la gente de que sí los tienen. Pero las criptomonedas respaldadas, incluidas las monedas estables, intentan anclar su valor mediante la tenencia de activos del mundo real, como dólares o bonos gubernamentales a corto plazo.


No obstante, los dos interrogantes se aplican a ambas categorías: ¿son viables? Y, en caso afirmativo, ¿benefician a la sociedad? Si bien la humildad exige que no afirmemos con certeza la respuesta a la primera pregunta, la segunda debe responderse con un no rotundo. La innovación criptográfica tiene, sin duda, algunas características valiosas —incluidas las aplicaciones basadas en la cadena de bloques, los contratos inteligentes y las finanzas descentralizadas—, pero la proliferación de activos digitales privados también ha ampliado la brecha entre los intereses privados y los sociales.


Sin duda, las implicancias de las criptomonedas para el bienestar son más complejas en países disfuncionales donde el estado expropia a individuos o empresas mediante la represión financiera u otros medios, o utiliza datos de transacciones para oprimir a opositores políticos o minorías. En estos casos, las criptomonedas técnicamente pueden sustituir a los billetes de dólar y ofrecer menores costos de transacción y ocultación. Sin embargo, este caso de uso específico no reivindica las criptomonedas, ya que otros activos digitales podrían cumplir la misma función.


Una burbuja pura


Bitcoin es el arquetipo de una criptomoneda sin respaldo ni valor intrínseco. Su valoración representa lo que los economistas llaman una burbuja pura: se desplomará si se evapora la confianza. Pero no todas las burbujas estallan de la noche a la mañana. El oro lleva milenios cotizando a precios muy superiores a su valor “fundamental” (que podría medirse por el precio que alcanzaría su uso industrial si dejara de conservarse con fines especulativos). Sin embargo, la historia ofrece numerosos ejemplos de burbujas que terminaron en ruina — desde la manía holandesa de los tulipanes en la década de 1630 hasta la Burbuja de los Mares del Sur de 1720 y los recurrentes desplomes bursátiles e inmobiliarios que nos han acompañado desde entonces.


¿Acaso Bitcoin podría convertirse en el nuevo oro? Es posible. Pero su valor también podría caer a cero. Como mucho, podemos estar seguros de que muy pocas de los cientos de miles de criptomonedas que han surgido sobrevivirán. Sería una locura que los bancos regulados o las compañías de seguros (cuyas pérdidas suelen correr a cargo de los contribuyentes) especularan fuertemente con este tipo de activos sin requisitos de capital estrictos.


El daño social derivado de las criptomonedas sin respaldo es más evidente. A diferencia de la toma de riesgos productiva —como la investigación sobre vacunas o nuevas tecnologías—, la especulación con “tokens” digitales genera poco beneficio público y causa diversos perjuicios. Uno de los costos es la desviación del señoreaje. En los sistemas tradicionales, las ganancias derivadas de la emisión de dinero fluyen hacia la comunidad a través del estado; pero con las criptomonedas, ese privilegio se privatiza o se desperdicia: los emisores recogen las ganancias extraordinarias, mientras que la “minería” (ejecución de cálculos para procesar transacciones en la cadena de bloques) desperdicia enormes cantidades de energía y equipos informáticos.


Otro problema es el delito. Bitcoin y otros activos similares son conocidos por facilitar la evasión fiscal, el lavado de dinero y las finanzas ilícitas. Si bien las monedas fuertes se han utilizado durante mucho tiempo para los mismos fines, la facilidad y el alcance global de las transacciones con criptomonedas reducen las barreras para cometer delitos. También están las implicancias para la política macroeconómica. Los bancos centrales solo pueden estabilizar las economías y evitar el contagio financiero si controlan la liquidez en tiempos de crisis.


Y las criptomonedas sin respaldo carecen de cualquier forma de protección del inversor, como vimos con el frenesí de las ofertas iniciales de monedas (ICO por su sigla en inglés) hace unos años. Anunciada como una forma de liberarse del poder de los intermediarios financieros (desde fondos de capital riesgo hasta bancos), la emisión directa de valores a los ahorradores ignora los fundamentos financieros. Prescindir de intermediarios fiables, bien capitalizados y con buena reputación para supervisar los proyectos no genera mercados más libres; los vuelve más frágiles. El progreso tecnológico debería mejorar la eficiencia financiera, no revertir siglos de conocimientos adquiridos con esfuerzo.
(Lea más análisis de Pensadores Globales 2026).

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Las monedas estables se concibieron como respuesta a la volatilidad de las criptomonedas sin respaldo. Al vincular su valor al dólar o a otros activos seguros, prometen lo mejor de ambos mundos: la eficiencia de los “tokens” digitales y la estabilidad del dinero tradicional. A primera vista, esto parece un avance. Pero la historia financiera está llena de innovaciones supuestamente seguras —fondos del mercado monetario, valores estructurados, derivados hipotecarios— que sembraron las semillas de crisis posteriores. Las monedas estables podrían hacer lo mismo.


Sus defensores replican que las monedas estables están totalmente respaldadas por efectivo, depósitos bancarios, letras del Tesoro o fondos del mercado monetario, y que estas reservas se auditan periódicamente. Sin embargo, episodios recientes ponen en duda estas garantías. Tether, la mayor moneda estable, fue multada por falsear sus reservas y nunca se ha sometido a una auditoría independiente completa. Circle, cuya USDC es la segunda mayor moneda estable, tenía el 8% de sus reservas inmovilizadas en el Silicon Valley Bank cuando esta institución quebró en 2023. La crisis solo se resolvió porque los depositantes no asegurados como Circle fueron rescatados con fondos públicos.


De cara al futuro, se puede anticipar que la industria acabará invirtiendo en depósitos bancarios no asegurados, apuestas de tasas de interés más arriesgadas, y demás. Las entidades que se ven obligadas a mantener únicamente valores de bajo rendimiento suelen buscar el rendimiento de forma encubierta, asumiendo riesgos ocultos para aumentar la rentabilidad.


En relación con esto, si bien la Ley GENIUS les prohíbe a los emisores pagar intereses por las monedas estables, las plataformas no están obligadas por la norma. Esta laguna les permite a las plataformas operar como si fueran bancos sin cumplir con los correspondientes estándares de capital y liquidez. Se han convertido en una adición más al creciente sistema bancario paralelo de instituciones que dependen del respaldo público implícito, pero escapan a la supervisión prudencial.


La política amplifica aún más los riesgos. El respaldo de la actual administración estadounidense a las criptomonedas está impulsado por una mezcla de intereses financieros personales, ideología y la necesidad de reforzar la demanda global de dólares para financiar el déficit comercial de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha nombrado a reguladores afines a la industria para funciones clave de supervisión, y es probable que la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, tradicionalmente favorable a la industria, en lugar de la Comisión de Bolsa y Valores, tome la iniciativa en materia de regulación. Todo esto garantiza un enfoque poco agresivo que debería preocupar a otros países. Si intentan regular estrictamente las monedas estables denominadas en dólares, Estados Unidos podría acusarlos de proteccionismo, como ya lo ha hecho en respuesta a la regulación de la Unión Europea de las Grandes Tecnológicas en virtud de sus reglas sobre el mercado digital.


Incluso cuando las reservas son genuinas, pequeñas dudas pueden desencadenar grandes corridas, como cuando el colapso de Lehman Brothers en 2008 provocó reembolsos masivos de fondos del mercado monetario estadounidense, lo que obligó al Tesoro y a la Reserva Federal a intervenir. Lo mismo ocurrió en 2020, cuando el inicio de la pandemia del COVID-19 desencadenó una “furia por el efectivo”. Una dinámica similar podría producirse fácilmente con las monedas estables si los inversores temen que los activos de respaldo sean insuficientes o ilíquidos. Desafortunadamente, la Ley GENIUS sigue siendo imprecisa en cuanto a las normas de reembolso de las monedas estables.


Por último, el modelo de “banca estrecha” de las monedas estables —que consiste en mantener solo activos seguros como los bonos del Tesoro— tiene implicancias sistémicas. Si los depósitos migran de los bancos a las monedas estables, ¿quién concederá préstamos a las empresas y los hogares? Al endeudarse a corto plazo y prestar a largo plazo, los bancos tradicionales desempeñan la función vital de transformar los vencimientos. Sus actividades son socialmente útiles y los riesgos se hacen tolerables gracias a los requisitos de capital, la supervisión y la garantía de depósitos. Despojar a los bancos de sus depósitos sin sustituir estas salvaguardas limitaría la creación de crédito, aumentaría la vulnerabilidad financiera y debilitaría la economía real.


El futuro del dinero


Dicho esto, las monedas estables revelan una demanda legítima de pagos que sean más rápidos, más económicos y programables (es decir, que se ejecuten automáticamente cuando se cumplan las condiciones contractuales). La competencia para satisfacer esta demanda enfrenta a tres formas de dinero digital: criptomonedas descentralizadas; monedas de financiación privada emitidas por corporaciones, como el efímero proyecto Libra de Facebook; y versiones digitales de dinero nacional con respaldo estatal —que pueden adoptar la forma de asociaciones público-privadas (Pix de Brasil, Interfaz Unificada de Pagos de India) o de una moneda digital emitida por un banco central (CBDC por su sigla en inglés).


Lamentablemente, si se aprueba la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales de Estados Unidos, este país habrá esposado a su banco central y le habrá impedido competir con el dinero privado. Es una lástima, porque los bancos centrales tienen algunas ventajas competitivas. Definen la moneda de curso legal, pueden imponer la participación de bancos y operadores de tecnología financiera (como en Brasil o China) y garantizar el acceso universal. Sobre todo, encarnan la confianza que tanto necesitan nuestras instituciones financieras.


Si bien el diseño de versiones digitales de la moneda nacional con respaldo estatal plantea muchas preguntas complejas, algunos principios clave son fácilmente identificables. En primer lugar, deben ofrecer transacciones inclusivas, fáciles de usar y de muy bajo costo para hogares, empresas y entidades gubernamentales por igual. En segundo lugar, deben fomentar la innovación del sector privado mediante la apertura de API (interfaces de programación de aplicaciones) que puedan ser utilizadas por desarrolladores externos.


En tercer lugar, deben mantener la legislación vigente sobre la privacidad de las cuentas bancarias. En cuarto lugar, deben evitar la desintermediación, ya que el estado tiene una competencia muy limitada para conceder préstamos a pequeñas y medianas empresas o prestar diversos servicios financieros. Por último, un enfoque prudente limitaría las tenencias individuales y las trataría como depósitos bancarios garantizados, ya que otro principio económico arraigado es que no todos los depósitos en instituciones respaldadas directa o indirectamente por el estado deben estar asegurados o ser exigibles.


La supervisión pública, la regulación prudencial y una rendición de cuentas clara son indispensables. La innovación debe fortalecer los fundamentos económicos, no erosionarlos. Es necesario contener los “tokens” especulativos sin respaldo y las monedas estables poco reguladas antes de que amenacen la estabilidad financiera y se conviertan en parte del sector bancario paralelo.


El futuro del dinero debe estar determinado por la competencia entre el ingenio privado y los fines públicos, no por la búsqueda de rentas y burbujas especulativas peligrosas. Si recordamos que las finanzas deben estar al servicio de la sociedad, y no al revés, la era digital del dinero aún puede ser una fuente de progreso y no de peligro.

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Con conflictos que azotan unos 50 países, guerras arancelarias convirtiéndose en la nueva norma (anormal) y cifras de crecimiento económico mundial que van camino de ser las más bajas en generaciones, no parece que haya mucho que festejar de cara a 2026. La única certeza es que vivimos con una creciente falta de certezas. La única predicción realista tal vez sea que ya no podemos predecir nada. (Lea la primera entrega de Pensadores globales 2026)

Por debajo de las tensiones y turbulencias de este tiempo, hay tres cambios inconfundibles que están creando un terreno nuevo pero todavía inestable: el paso de un mundo unipolar a otro multipolar; de un orden basado en reglas a otro basado en el poder; y de un discurso político inspirado por la apertura económica a otro que insiste en el proteccionismo, el mercantilismo y políticas industriales con énfasis en la seguridad nacional. Ahora la economía está supeditada a la política y no al revés.

Respecto de cómo cambiará el mundo en 2026 y en los años posteriores, las opiniones son muy variadas. Al alejarnos de las certezas de un mundo unipolar, ¿veremos un regreso a la competencia de grandes potencias y a las esferas de influencia, el surgimiento de un esquema de «un mundo, dos sistemas» dominado por China y Estados Unidos, o simplemente un período de desorden caótico?

Lo que está claro es que todos los pilares del orden global que hemos conocido desde el final de la Segunda Guerra Mundial se están desmoronando. Esto incluye la adhesión al Estado de Derecho, los derechos humanos y la democracia (en este momento hay en el mundo 91 autocracias, pero sólo 88 democracias), así como a la cooperación multilateral, la ayuda humanitaria y la custodia del medioambiente.

Estos cambios radicales traen consigo una forma de nacionalismo agresiva y cada vez más autoritaria, que ha ocupado el lugar del neoliberalismo como ideología dominante de nuestro tiempo. El chovinismo étnico provoca violaciones cada vez más patentes del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, no sólo en la guerra de Rusia contra Ucrania, sino también en las cada vez más numerosas guerras civiles (en Sudán y Etiopía, por nombrar sólo dos) y en otros conflictos transfronterizos. De modo que visto con la perspectiva de fines de 2025, parece que esta década será recordada por una pandemia global, la primera guerra librada por una gran potencia en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, la matanza de Medio Oriente, una crisis climática que se profundiza y el desorden.

Pero no hay que olvidar que en 1941 (cuando el fascismo había hundido al mundo incluso más que hoy en la desesperación y la guerra), ocurrió algo inesperado. Estados Unidos y Gran Bretaña sentaron los principios que servirían de base a un nuevo orden mundial para la posguerra. Y al poco tiempo, muchos otros países se comprometieron a apoyar la Carta del Atlántico, que estableció el marco para el nacimiento de Naciones Unidas, la creación de las instituciones de Bretton Woods, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Plan Marshall. ¿Podría ocurrir algo similar ahora?

En un mundo fracturado, no sorprende que los votantes estén cada vez más preocupados por su supervivencia y seguridad en el día a día. Pero lo llamativo es que a pesar de este giro, también comprenden el efecto creciente que tiene sobre sus vidas la dinámica internacional más amplia. Son mucho más conscientes que nunca de la conexión entre lo que ocurre en la comunidad local y lo que ocurre en el nivel mundial, y hay una mayoría convencida de que mientras se cumplan ciertas condiciones, ayudar a los demás es un buen modo de ayudarse a uno mismo.

Qué piensa la gente

Estas y otras conclusiones surgen de una encuesta reciente de Focaldata, en la que participaron unos 36 000 adultos de 34 países. Por supuesto, si uno piensa en las noticias publicadas desde enero (en particular, la cobertura continua de las guerras comerciales), es comprensible que dos tercios de los encuestados sean conscientes de que decisiones tomadas en otros lugares están afectando sus vidas. Asimismo, ya que todavía no han pasado tres años desde el final de la pandemia de COVID‑19, cerca del 77% de los encuestados sigue atento a lo que ocurre en el área de la salud mundial. Pero una clara mayoría también es consciente de cómo la afecta el cambio climático (58%, cifra que sube a 63% entre los encuestados más jóvenes) y las disrupciones en el suministro de alimentos (55%).

Estos sentimientos no son necesariamente resultado de un idealismo cosmopolita ingenuo, sino reflejo de realidades prácticas. Lo que más preocupa a las personas es que sus necesidades básicas estén satisfechas. Saben que la cooperación puede ser fuente de seguridad, por ejemplo, en el suministro de agua y alimentos (la máxima prioridad para el 40% de los encuestados) o en la mitigación de la pobreza y la desigualdad (elegida por el 38%, con apoyo mayoritario en África subsahariana). También saben que es necesario proteger los derechos humanos (37%), dar apoyo al empleo (36%) y promover la salud y respuestas eficaces al cambio climático (prioridades absolutas en el sur global, y sobre todo en Asia).

Algunos comentaristas sostienen que el mundo actual se divide en localistas y globalistas, entre personas con apego a «algún lugar» y otras con apego a «cualquier lugar», pero la gente en general no lo ve así. La mayoría está a favor de cooperar para afrontar desafíos globales, incluso si eso implica pasar a segundo plano algunos intereses estrictamente nacionales.

El apoyo a la cooperación como forma de obtener prosperidad, paz y estabilidad compartidas es mayor en África subsahariana (68%) y en Asia oriental y meridional (64%), lugares donde estos objetivos corren más peligro. En cambio, en el norte de Europa (donde el nacionalismo populista llevó a partidos de ultraderecha a encabezar muchas encuestas de opinión), sólo el 57% afirma estar dispuesto a sacrificar intereses nacionales para obtener los beneficios de la cooperación mundial.

Pero incluso en Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump, así como en los países europeos donde los partidos nacionalistas populistas lideran las encuestas de opinión, hay más gente a favor de la colaboración con otros países que a favor del aislacionismo. Sólo los nacionalistas más intransigentes comparten la visión de suma cero en la que la prosperidad personal y nacional tiene que ser a expensas de otros. Este grupo sólo constituye el 16% de la población mundial (pero el 25% de los estadounidenses).

Los internacionalistas comprometidos (ese 21% que el filósofo Kwame Anthony Appiah denomina cosmopolitas con raíces) consideran que la cooperación transfronteriza mediante la apertura comercial es un juego de suma positiva. La inmensa mayoría está en algún punto intermedio: ni nacionalistas aislacionistas estrechos de miras ni cosmopolitas a ultranza. Son patriotas, pero no se ven como parte de una batalla interminable entre «nosotros» y «ellos».

La mayoría silenciosa del multilateralismo

Podemos preguntarnos, pues, cuánto apoyo hallaremos a la cooperación internacional. ¿Prefiere la mayoría intermedia un mundo con obligaciones o sin ellas? ¿Y qué obligaciones está dispuesta a aceptar más allá de la puerta de casa, del límite de su ciudad o de la frontera nacional? Una parte (22%) apoya el alivio de padecimientos a través de la acción humanitaria, la acción altruista y la provisión de ayuda de emergencia en zonas de desastre. Son lo que podríamos llamar «multilateralistas de las buenas causas»: sienten el dolor ajeno y creen que hay algo más grande que ellos mismos.

Hay un segundo grupo (también un 22% del total) compuesto por «multilateralistas pragmáticos» que quieren garantías de que los impuestos pagados para financiar el desarrollo internacional se gastarán bien. Si la dirigencia no muestra resultados, darán la cooperación por fracasada y la rechazarán. Un tercer grupo (el 21%) está formado por «multilateralistas interesados» que apoyarán la cooperación si ven que redunda en beneficios para ellos y para sus comunidades (por ejemplo, garantizando el suministro de alimentos o la paz y la seguridad).

Esto implica que la cooperación debe tener raíces en la vida cotidiana. Si la dirigencia política demuestra que la cooperación mundial beneficia a las comunidades locales, estas apoyarán los esfuerzos multilaterales. Pero el proceso no puede ir del ámbito mundial hacia el nivel local. Más bien, debe partir de que la gente se pregunte qué implican los acontecimientos mundiales para sus vidas cotidianas.

Hoy las dificultades del día a día (imposibilidad de acceder a productos básicos, riesgo de pérdida de empleo, malas condiciones sanitarias, inseguridad alimentaria, amenazas a la seguridad personal) definen la agenda pública en todas partes. Si la cooperación internacional no consigue aliviar estas cargas, se quedará sin ningún apoyo.

Para revivir la cooperación multilateral no se necesita un aval indiscriminado a las instituciones multilaterales. Pero contra las críticas al multilateralismo que surgen del movimiento de «Estados Unidos primero», la confianza global en la Organización Mundial de la Salud llega al 60% (71% en África), y el 58% de las personas confía en Naciones Unidas (un nivel de apoyo del que carece la mayoría de los gobiernos nacionales). En nuestra encuesta, ninguna gran potencia (ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni China, ni Rusia) obtuvo la confianza de más de tres de cada diez personas en todo el mundo. Pero hay que decir que la confianza en las instituciones financieras internacionales (viejas defensoras de la globalización) es mucho menor, lo que refleja el ascenso en Europa, el Reino Unido y Estados Unidos de un nacionalismo populista convencido de que, aunque la globalización fue competencia libre para todos, no fue competencia justa para todos.

¿Qué conclusión extraer de todo esto? En primer lugar, que hay una clara mayoría dispuesta a movilizarse no sólo a favor de la ayuda humanitaria (siempre que el dinero se gaste bien), sino también a favor de acciones globales en lo referido al cambio climático y la prevención de pandemias. La clave está en presentar las políticas en términos de un «interés propio ilustrado», esto es, como un instrumento que hará posible la obtención de beneficios recíprocos y mutuos.

Pero como ya hemos dicho, la situación es frágil. El apoyo a la cooperación multilateral podría desaparecer de un día al otro si llegara a verse como un despilfarro de recursos escasos. Necesitamos «victorias» visibles que impliquen aumentar la calidad o la seguridad de la vida cotidiana. Y si una mayoría aplastante coincide en que ningún país podrá resolver por sí solo los más grandes desafíos que enfrenta el mundo, eso debería dar a los líderes actuales un mandato para emprender acciones colectivas.

Subyace a todo esto la necesidad de un nuevo orden mundial basado en valores que, a la manera de la Carta Atlántica, establezca objetivos internacionales y locales. Aunque la consigna «mi tribu primero» no tenga buena acogida en la mayoría de la gente si significa aislamiento en vez de cooperación, debemos ofrecer una alternativa potente que le dé a la gente lo que la gente más valora. Entonces podremos iniciar el proceso de reconstruir el orden mundial sobre una base de derechos (políticos, económicos, civiles), Estado de Derecho, democracia, sostenibilidad ambiental y paz.

Y las últimas encuestas ofrecen un dato importante, que puede orientarnos en la búsqueda de superar las turbulencias del momento. A pesar de tanto fragor de rivalidad y guerra, la gente no pide retirada; pide esperanza. En dieciocho de las economías más grandes del mundo, el concepto que surge como indicador más claro de una cooperación internacional eficaz no es la fuerza o el interés propio, sino la visión: casi cuatro de cada diez personas dicen que cooperar significa acordar un plan a largo plazo para la paz y el progreso. La misma proporción desea que la cooperación se guíe por valores basados en la creación de confianza y la paz. Incluso en una era que es frecuente identificar con la política de suma cero, la gente todavía quiere que sus líderes expresen una visión compartida de lo que podemos lograr juntos.

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Diana Guzmán Rodríguez es abogada, doctora en derecho de la Universidad de Stanford y especialista en derecho constitucional de la Universidad Nacional de Colombia, donde es profesora asociada. Desde hace tres años es directora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), la ONG con mayor credibilidad de Colombia, según una encuesta de la firma Cifras y Conceptos. Esta semana suscribió un comunicado junto con 38 ONG de Latinoamérica especializadas en derechos humanos para condenar los ataques del pasado 3 de enero contra Venezuela, ordenados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que incluyeron la muerte de militares, civiles y la captura del expresidente Nicolás Maduro, hoy preso en Nueva York.


¿Por qué decidieron unirse por primera vez 38 ONG de derechos humanos de América Latina en defensa de los derechos de Venezuela?


Porque la situación de Venezuela es compleja, y lo ha sido hace mucho tiempo. Distintas voces han denunciado violaciones sistemáticas a los derechos humanos y, a partir de las elecciones de julio de 2024, había una situación de ilegitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, lo que pasó el 3 de enero, con la incursión militar de Estados Unidos, abrió una ventana de oportunidad.


Explíqueme los factores de ilegalidad de la operación.


Son elementos que incluimos en el pronunciamiento conjunto y en el de Dejusticia. Esos ataques militares en distintos estados de Venezuela y la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, son parte de algo ilegal a la luz del derecho internacional, porque viola la Carta de Naciones Unidas. Esta se basa en un elemento fundamental: el propósito de la humanidad de poder salir de conflictos y situaciones difíciles privilegiando medios pacíficos y, también, generar condiciones bajo las cuales el uso de la violencia es legítimo, si existe conflicto armado o si existe una aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Ninguno de esos elementos se presenta en el caso venezolano. Aquí lo que vemos es una decisión unilateral de EE. UU. que no tomó en cuenta ninguna instancia multilateral, no se dio en un contexto de conflicto armado ni como parte de una legítima defensa, pues no existía en ese momento ningún ataque de Venezuela a Estados Unidos, y además vulnera la soberanía del Estado venezolano, de acuerdo con todos los expertos en derecho internacional.


Advirtieron de un riesgo para América Latina. ¿Por qué?


Porque genera un mal precedente. Hoy es Venezuela, pero luego puede ser cualquier país. Lo vemos con claridad a partir de las últimas declaraciones de Trump, donde amenazó a Colombia con incursiones militares y se ha referido a otros países como Cuba, México y Groenlandia. Entonces denunciar la ilegalidad no solo es jurídicamente relevante, sino que es un tema políticamente importante, porque lo que está en juego aquí es la vigencia de qué tipo de orden global tenemos.


¿Qué norma violó EE. UU.?


Hay un artículo, el dos numeral cuatro, en donde se hace prohibición explícita del uso de la fuerza o de la amenaza de uso de la fuerza de un Estado contra otro. Eso es fundamental para asegurar un orden global, garantizar la soberanía de los Estados y prevenir ataques de los más poderosos a los más débiles en cualquier momento y sin ninguna justificación.


Esta semana vimos sesiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenando el ataque, pero parecen escenarios formales divididos y que no trascienden para frenar las pretensiones de Trump. ¿Qué opina?


Quienes más tienen posibilidades de ponerles límites a EE. UU. son justamente instancias multilaterales, como el Consejo de Seguridad, que está creado para garantizar la prevalencia de los tratados, pero sobre todo de la Carta de Naciones Unidas. Podrían hacerle un llamado a que cese esos ataques e incluso pensar en otras medidas. Pero esas instancias se mueven por dinámicas políticas, y no hay una unidad de los países europeos ni de los latinoamericanos para rechazar estas acciones.


¿Estamos ante un punto de quiebre del orden global?


Sí, porque lo que busca hacer Trump es instalar un orden global distinto, en el que los países poderosos son los que se reparten el poder y los que se reparten los Estados. Lo grave es que así el derecho internacional no funciona. El orden internacional basado en normas está en crisis. ¿Cómo salir de la crisis? Reconociéndola y generando mecanismos que fortalezcan ese sistema internacional.


¿Qué mecanismos en concreto?


Por ejemplo, la Corte Penal Internacional (CPI), que ha sido un actor muy importante en la defensa de los derechos humanos a nivel internacional, y que además estaba cumpliendo un papel muy importante en el caso venezolano con una investigación abierta por violaciones contra los derechos humanos durante el régimen de Maduro. Y es esa misma Corte a la que EE. UU. ha atacado sistemáticamente desde que Trump llegó al poder, y lo ha hecho de distintas formas, incluyendo a miembros de la CPI en la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU.), atacando a personas que apoyan a la Corte y desfinanciándola, como lo ha hecho con otras instancias multilaterales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.


¿Es la doctrina Monroe de hace 200 años impuesta en el siglo XXI con la política exterior de Trump?


Es la apuesta que nos está ofreciendo el gobierno Trump, pero además Rusia y China. Un orden basado en la fuerza. Volver a lo que teníamos en el siglo antepasado, en donde no había ninguna regla. Nos están poniendo en una situación de ruptura casi que total de ese sistema internacional.


Gravísimo, porque al final del año pasado conmemoramos los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y la creación del Sistema de Naciones Unidas que ahora parece inoperante. Además, hay otras entidades multilaterales que podrían cumplir un papel importante, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). ¿Vale la pena insistir también por ese camino para contener a EE. UU.?


Para que pueda haber respuestas jurídicas sólidas necesitamos consensos políticos primero, y esos consensos tienen que empezar por el rechazo a una infracción tan flagrante del derecho internacional.


¿Qué posibilidades de denuncia quedan en Venezuela?


Una de las voces que he admirado y respeto mucho es una organización de defensa de los derechos humanos que se llama Provea. En su comunicado de reacción a los hechos del 3 de enero explica que tenemos que reconocer que no se habían encontrado salidas frente al régimen de Maduro, que había generado violaciones y generó el éxodo de ocho millones de personas. Pero a la vez hay que rechazar estos hechos, porque para el futuro de Venezuela y la región es muy grave. Sienta un precedente absolutamente inadmisible.


Dejusticia lleva más de 15 años estudiando el caso de Venezuela, primero denunciando las violaciones de derechos humanos del régimen de Hugo Chávez y luego del de Maduro. ¿Por qué se especializaron en este país?


Dejusticia es una organización de derechos humanos que surgió en Colombia hace 20 años, pero rápidamente se dio cuenta de que los problemas de derechos humanos no son solamente de nuestro país, sino que tenemos muchas conexiones con otros países de la región y con otros temas que también afectan a otros lugares del mundo, como el cambio climático. A partir del régimen de Maduro la sociedad civil venezolana se fue quedando sola, sin financiación, marginada, estigmatizada y perseguida. Nosotros desde Colombia vimos la necesidad de apoyar organizaciones de la sociedad civil que trabajan allí en derechos humanos, más ahora con tantas preguntas: ¿Qué va a pasar? ¿En dónde va a quedar la transición planteada por EE. UU.? ¿Quién va a tener el poder detrás de esa transición? Las respuestas van a definir el futuro de Venezuela.


Mientras tanto, quienes siguen sufriendo son muchos centenares de presos, la mayoría políticos, en cárceles de Venezuela.


Uno de los llamados que hicimos es que se requiere la libertad inmediata de todos los presos políticos y medidas para garantizar los derechos de la población, para poner en el centro de la transición la justicia social y los derechos humanos.


Incluidos muchos colombianos.


Sí.


Ustedes siguen documentando las violaciones de derechos humanos del régimen de Maduro y de los ataques de EE. UU., incluido el bombardeo en aguas del mar Caribe de 32 embarcaciones de supuestos narcotraficantes y la muerte extrajudicial de 115 personas, incluidos colombianos. ¿Eso piensan llevarlo ante la CPI?


Lo hacemos pensando en cómo buscamos justicia. Creemos que primero el sistema judicial colombiano debería investigar, juzgar y sancionar estas violaciones a los derechos humanos. Debería abrir investigaciones para establecer qué ocurrió pensando en las víctimas y en el derecho a la verdad. Luego es posible llevar este caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para una investigación seria, que termine con recomendaciones y reparaciones para las víctimas. Sobre eso hay antecedentes, como un caso que se dio en los noventa después de la invasión de EE. UU. a Panamá. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo una investigación así.


¿Le han pedido a la Fiscalía General de la Nación de Colombia que investigue el caso de las lanchas destruidas?


Es el llamado que estamos haciendo, que por favor empiece las investigaciones.


Ustedes son expertos en democracia. ¿Con lo de Venezuela quedó en riesgo el esquema latinoamericano?


La democracia en la región y en el mundo está en riesgo, no solo por el aumento de regímenes autoritarios, sino porque históricamente quienes la han respaldado ya no lo hacen, por ejemplo Estados Unidos.


Preocupa el pronunciamiento de Donald Trump y de sus asesores sobre que ellos ya gobiernan Venezuela, “para garantizar una transición segura”. ¿Eso cómo afecta el ejercicio de los derechos de los venezolanos?


Por ahora las declaraciones no dan ninguna garantía. Primero, no hay un cambio de régimen. Quien asumió la presidencia de Venezuela es quien hasta hace días era la vicepresidenta de Maduro. Segundo, no hay un plan de cómo va a ser esa transición hacia la democracia. Una de las cosas que más llama la atención de las declaraciones de Trump es que en ningún momento mencionó la palabra democracia, ni que esa transición tuviera como norte la justicia social o los derechos humanos. Habló de petróleo, de intereses económicos. No habló de la importancia de que sean los venezolanos y venezolanas quienes lideren esa transición, ni que sean escucharlos democráticamente. ¿Cuál es el cronograma para la transición? ¿Cuándo habrá elecciones? No hay mención alguna a elecciones ni cómo será el cambio en el gobierno. ¿Habrá un desmonte de estructuras de poder del régimen?


La razón del ataque era desarmar un régimen narcotraficante.


Uno de los argumentos que utilizó el gobierno Trump para llevar a cabo esta intervención es la acusación que existe contra Maduro y su esposa por narcotráfico. Si ese era el elemento fundamental, pues uno esperaría que ese ataque no solamente fuera en contra de ellos, sino de los participantes de la red de tráfico del Cartel de los Soles. ¿Qué pasó con el resto? Ese no es un argumento sólido y frente al cual no han mostrado suficientes pruebas. Creo que es un debate que está ideologizado.


Se cruza con intereses económicos y recuerda antecedentes nefastos de EE. UU., como Afganistán 2001, Irak 2003 y Libia 2011.


Claro. Es que la alerta más grande es esa transición. Hacia qué, si no hay un horizonte, un interés genuino por involucrar a los venezolanos en esa transición. No existe una lógica más allá de asegurar la explotación del petróleo. En cuanto a los argumentos de quienes se rasgan las vestiduras diciendo que han afectado la soberanía, hay que entender que ya Venezuela no era un Estado soberano, porque otras potencias, como Rusia, como China, eran las que estaban utilizando el petróleo. Una parte muy importante de la historia es que la relación del régimen de Maduro con estas superpotencias fue lo que le permitió perpetuarse en el poder. Eso no significa que estemos diciendo que frente a cualquier país cuya soberanía haya sido afectada por otras potencias, entonces otra potencia puede llegar, derrocar al presidente y extraerlo forzadamente. Es lo que no debiera pasar.


¿Que sugieren hacer ahora en pro de la democracia en Venezuela?


Una primera cosa es que no perdamos de vista el debate sobre violaciones a los derechos humanos. A Maduro se lo llevaron y le empezaron un juzgamiento por narcoterrorismo, que es una categoría que no existe, pero no se habla de sus violaciones a los derechos humanos. ¿Qué pasó durante el régimen? Hay que tomarse en serio lo que está avanzando en la CPI, respaldar y fortalecer ese proceso. Un segundo elemento es cómo generar una transición que contribuya a la democracia, que garantice que la soberanía regrese al pueblo venezolano y no se quede como una transición impuesta por EE. UU. En eso el papel de la comunidad internacional será fundamental.


Así como la CPI asumió el caso de Nicolás Maduro, ¿podría igualmente armar un expediente contra Trump, aunque el presidente de EE. UU. no reconozca a esa Corte?


Creo que podría. La pregunta es si en estas condiciones geopolíticas eso es viable. Por eso la clave es establecer cómo fortalecer el orden internacional, los mecanismos multilaterales y el derecho internacional de los derechos humanos.


Usted también es especializada en política antidrogas. ¿Qué cambios causa todo esto?


El gobierno Trump lo que está haciendo es reeditar la vieja guerra contra las drogas. Es volver a esta idea de que hay que atacar la producción, acabar completamente con las drogas, es decir, el lado de la oferta. Eso hasta ahora había mostrado ser un fracaso. Con esto está hoy en riesgo la posibilidad de pensar una política de drogas alternativa, que se tomen en serio los enormes costos en materia de derechos humanos que ha tenido la política de guerra contra las drogas impulsada desde el gobierno de Richard Nixon. Este es otro retroceso. No estamos avanzando hacia soluciones que consulten la evidencia científica disponible, sino hacia medidas autoritarias.


Ante esa presión internacional, ¿qué pueden hacer gobiernos como el colombiano?


La situación del Gobierno colombiano no es fácil por la amenaza de incursión que ha hecho el gobierno Trump. Primero hay que reactivar canales diplomáticos y luego tratar de fortalecer el apoyo de esa comunidad internacional al Gobierno Nacional. También es muy importante generar la unidad latinoamericana, que parece muy difícil, porque las diferencias ideológicas están pesando mucho. Los caminos son difíciles, pero son caminos que hay que transitar de manera decidida para desescalar los conflictos y contribuir a que Colombia no se vea afectada por un ataque militar de EE. UU., que como colombianos, independientemente de nuestra visión ideológica frente al gobierno Petro, debemos rechazar.


Todo esto ocurre en un año preelectoral, y hay políticos que ven con buenos ojos las amenazas de Trump.


Colombia no es Venezuela. Tenemos a un presidente que fue elegido democráticamente. No conozco ninguna prueba de que Petro haya participado de alguna forma en el narcotráfico. Todo lo contrario. Históricamente ha denunciado a las mafias. Debemos rechazar esos intentos de injerencia de Estados Unidos.


¿Qué deben hacer los partidos políticos?


Los candidatos a la Presidencia y los políticos deberían pensar como estadistas. No por ganar unas elecciones y por movilizar la crítica en contra del presidente uno puede justificar ese tipo de cosas. Sí esperaría que los partidos políticos empezaran a generar acuerdos nacionales, empezando por lo básico: la defensa de la soberanía.

Cuando la vieja Europa sostenía la idea de que tenía el derecho de ir por el planeta recogiendo suvenires milenarios para engrosar sus colecciones, un señor alemán visitó el Macizo Colombiano y a punta de pica y pala desenterró las Abuelas de Piedra, partió en dos las más grandes para abaratar su transporte, cargó las piezas a lomo de mula desde San Agustín hasta el río Magdalena, las embarcó subrepticiamente y se las llevó a Berlín, y allá están. Se las robó. Estamos hablando de 1914. Esta es, pues, la historia de esa salvajada, de la pasividad de los gobiernos colombianos, de la estancia interminable de las Abuelas en Berlín, de los probables efectos colaterales de su ausencia y de la larga lucha de algunas gentes por su repatriación. Después de más de un siglo, esta historia sigue viva.


El “Entierro de las tres tulpas”


En septiembre de este año, en San Agustín, un grupo de indígenas yanacunas se dispuso alrededor del fuego a celebrar un ritual de preparación del territorio para el regreso de las Abuelas de Piedra: lo llamaron “Entierro de las tres tulpas”.


Las tulpas son piedras amorfas, grandes, de unos 15 a 20 kg cada una. Lo que las hace pesadas no es tanto su masa, sino su carga simbólica, pues no solamente representan ese conjunto de piedras talladas por el “pueblo escultor”, sino especialmente la fuerza espiritual que las comunidades asentadas en el lugar les atribuyen.


Para este ritual usaron tres tulpas que limpiaron con las aguas de los manantiales del Macizo y purificaron con sahumerios, y las enterraron con delicadeza al compás de las chirimías. La comunidad había escogido el lugar específico con ayuda de las visiones de los yachas en trance. Según las voces indígenas de la región, ese pedazo de tierra será, a su regreso, el lugar en el que las Abuelas descansarán y recargarán energías para restaurar el equilibrio perdido y armonizar el territorio; será también un espacio de sanación al que acudirán las gentes de la comunidad a recobrar fuerzas y claridad.


Quiénes son las Abuelas de Piedra


Se trata de más de 20 esculturas líticas esculpidas por gentes que habitaron el territorio hace más de 20 siglos. Las comunidades indígenas establecidas hoy en el Macizo Colombiano decidieron atribuirles la condición de Abuelas, porque así lo sienten desde muy adentro, es decir, desde todos los tiempos. No les es posible verlas de otro modo. Las Abuelas están archivadas en el Museo Etnológico de Berlín, y allí permanecen sin siquiera exhibirse como piezas museológicas. Se les ve como cascajos que no se pueden tirar a la basura por el enorme valor arqueológico que suponen, pero tampoco pueden exponerse por falta de trazabilidad.


La visita de Preuss a San Agustín se había anunciado al gobierno colombiano, sin pedir autorización para la extracción, pero el teutón se dejó llevar por el ímpetu colonizador irrefrenable de su tiempo y decidió trasladarlas sin permiso a Berlín, como en épocas pasadas en las que desarmaban, embalaban y transportaban desde miniaturas casi invisibles hasta construcciones monumentales con una eficacia portentosa.


¿Era ilegal el robo?


La respuesta no es tan obvia como la pregunta. En Latinoamérica, desde mediados del siglo XIX, ya era mal visto el saqueo arqueológico que solían perpetrar Europa y Estados Unidos. El primer país en prohibirlo fue Perú, que lo hizo en 1893; le siguió México, en 1897, y luego Colombia, en 1906, expidió el Decreto 21, que prohibía la extracción y exportación de piezas arqueológicas sin autorización gubernamental.

Pero la norma era ineficaz: quienes legislaron no pensaron en las consecuencias para quien la desobedeciera; es decir, no se establecieron procedimientos, ni mecanismos de control, ni sanciones; tampoco existía una entidad estatal que vigilara y respondiera por estos asuntos. En otras palabras, estaba prohibido, pero estaba permitido. En tal ambiente de libertarismo obró Preuss, orondo como un torero y absolutamente consciente de que lo que hacía era cuando menos moralmente reprochable. Lo sabemos porque de otro modo no hubiera registrado su “botín” como minerales de valor científico.


¿Y las comunidades?


Las comunidades indígenas del Macizo Colombiano se sienten huérfanas, incompletas, y así seguirán mientras no retornen sus Abuelas; dicen que las esculturas líticas que se robaron no son piedras inertes, sino que son seres vivos, guardianes del equilibrio espiritual y de la armonía del territorio.


No es un despropósito pensar que la ausencia de las Abuelas es una de las causas de nuestra incapacidad para compartir este espacio de un modo más armónico. Por lo tanto, es posible soñar con que el regreso de las Abuelas de Piedra y la reanudación de sus funciones orgánicas como guardianas del territorio podría determinar el comienzo de una era distinta, de un destino colectivo más pacífico sin que las balas, las minas y las bombas lo trunquen todo con sus estallidos.


El amor rompió el silencio


Mientras las Abuelas dormían indocumentadas en Berlín, pasaron más de 100 años sin que su secuestro fuera al menos un tema de conversación en Colombia. Solo en las montañas del Macizo se conocía algo de su historia, cuando a veces la susurraban las voces que el viento suele llevar de un lado al otro de la serranía. Tuvo que venir a poner el tema un extranjero sin credenciales académicas ni títulos nobiliarios, ni más dinero que el necesario para vagabundear —en el sentido poético del término—, pero con una gran pasión de arqueólogo empírico. Con más pinta de hippie aventurero de los años 60 que de arqueólogo, este hombre aparentemente común, nacido en un pueblo de Oregón, y hoy con más de 50 años en Colombia, dedicó sus fuerzas y su tiempo a desenterrar la historia de las Abuelas.

A David Dellenback le bastó llegar a esas tierras y allí, en el Alto del Magdalena, se enamoró perdidamente, primero de las montañas y del aire andino, después de las esculturas de San Agustín, y finalmente de Martha Gil, exabogada bogotana y hoy guía turística, su amada cómplice de aventuras y de sentidos, su compañera de vida desde entonces. Pero antes de que Martha llegara, David empezó a escarbar con los ojos, con los oídos, con las manos, hasta que encontró la punta del hilo que a lo mejor dejaron caer de su madeja las Abuelas con toda intención, y fue recogiéndolo y enrollándolo con la paciencia de un monje zen, y leyó por primera vez el apellido Preuss, y encontró el libro que el abusivo escribió y las primeras fotos de las Abuelas, y se preguntó lo que nadie en Colombia se había preguntado: ¿por qué?


Se dio entonces a la tarea de buscar respuestas, para lo cual fue abriendo puertas y ventanas que permanecían cerradas, no porque alguien quisiera guardar secretos ni por temas de seguridad, sino por la razón más triste de todas: por pura indiferencia. A quién podría importarle un reguero de piedras si teníamos tantas, tan elegantes y ordenadas. Fue el amor por lo antiguo lo que llevó a David a preguntar por las Abuelas ausentes, y en la medida en que iba conociendo detalles crecía su entusiasmo, y de la curiosidad pasó al interés y de este a la pasión, y de esta a la obsesión por traerlas de regreso. A tal punto llegó ese empeño, que solo con el propósito de verlas, y movido por la certeza de que las encontraría, emprendió en 1992 un viaje hasta Berlín para encontrarse con ellas cara a cara. Las halló escondidas, relegadas a la penumbra de los depósitos, y por devolverles algo de dignidad, pero sobre todo, para llevar el secreto recado de su existencia a Colombia, las fotografió y las dibujó en su silencio de piedra.


Entonces llegó Martha, quien con su mirada nueva se aferró al proyecto de retornar a las Abuelas como si siempre hubiera sido parte. Su aporte vital se enfocó en la difusión: una página web (https://puebloescultor.org), reuniones, foros, catalogación de imágenes, textos, libro… y emparejados tejieron la primera trama de lo que después sería la Veeduría para la Repatriación del Patrimonio Arqueológico del Macizo Colombiano: un colectivo ciudadano que con sensibilidad y persistencia transformó la indignación en acción. Gracias a esa pareja poco común y a la Veeduría se impetraron recursos judiciales, se estableció contacto con el Ministerio de Cultura y con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), y se consolidó una narrativa comunitaria que hoy es reconocida en todos los ámbitos. La Veeduría no solo documentó el expolio, sino que lo convirtió en una causa viva: boletines, foros, talleres, rituales, publicaciones, instalaciones y películas hechas en Colombia y en Alemania, han mantenido encendida la llama del retorno.


El pulso entre gobiernos y comunidades


En 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la repatriación de las esculturas mediante un Pacto de Cumplimiento. Desde entonces, ICANH, Cancillería y Ministerio de las Culturas han sido protagonistas institucionales, aunque la embajada en Berlín ha mostrado poca diligencia.


En la audiencia de febrero de 2023, el Tribunal valoró los contactos diplomáticos con Alemania y subrayó la necesidad de incluir a las comunidades de San Agustín. Esa incorporación, antes inexplicablemente negada, resultó decisiva.


El contrapunteo llegó desde Berlín. En diciembre de 2023, Lars-Christian Koch, director del Museo Etnológico, declaró: “Alemania está en contra de los términos ‘restitución o devolución’”, y propuso hablar de “patrimonio compartido”. Argumentó que las esculturas no provenían de un contexto colonial y que, a diferencia de las máscaras koguis devueltas, no cumplían actualmente funciones rituales. Su oferta: cooperación técnica, intercambios académicos y exhibiciones conjuntas.


Alhena Caicedo, directora del ICANH, respondió citando el Decreto de 1906 y cartas en las que Preuss admitía la ilegalidad de su proceder: “2 figuras están divididas en 2 piezas… También serruché una urna funeraria”. En otro documento, Preuss daba instrucciones para declararar las esculturas como minerales con el fin de facilitar su embarque. Para Alhena Caicedo, asesorada por la Veeduría, no había duda: la salida fue irregular y el retorno debía darse al territorio, con participación comunitaria y bajo el principio de rematriación.


En mayo de 2024, Hermann Parzinger, presidente de la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, agradeció los nuevos documentos y se mostró abierto a revaluar el tema “siempre que la investigación y el diálogo proporcionen una base adecuada”. Alemania, sin embargo, ha evitado hasta hoy comprometerse con la liberación.


Mientras tanto, las voces locales sostienen la narrativa espiritual. En la Cumbre del Macizo de diciembre de 2024, el ministro Juan David Correa llamó a ver el territorio “como una inmensa posibilidad de tejer culturas”. En septiembre de 2025, durante el ritual del “Entierro de las tres tulpas”, Carla “Quilca” Espinosa, veedora yanacuna, afirmó: “Las Abuelas deben regresar e instalarse en el lugar más próximo a la tierra de la que fueron arrancadas”. Para ella, el retorno no es un trámite administrativo, sino un acto de sanación.


En octubre pasado, el veedor Carlos Ernesto Gómez, quien también visitó a las Abuelas en Berlín, apeló a la ética política: “Debemos partir de la premisa que plantea Hay futuro si hay verdad”. Subrayó que la repatriación no puede reducirse a expediente técnico, sino que debe ser ejercicio de verdad y reparación.


Alhena Caicedo, del ICANH, insistió en mostrar la profundidad histórica de los poblamientos del Macizo, lugar de conexión entre Amazonia y Pacífico. En su visión, el retorno es arqueológico, político y cultural.


Así, entre cartas diplomáticas, audiencias judiciales y rituales comunitarios, las Abuelas de Piedra siguen esperando. Alemania habla de cooperación y patrimonio compartido, pero Colombia insiste en la ilegalidad de la extracción y en el vínculo vivo de las Abuelas con las comunidades. Las voces locales recuerdan que no se trata de “traer piedras”, sino de devolver cuerpos, espíritus y memorias. El desenlace aún está por escribirse, pero la narrativa ya está tejida: un siglo de soledad que podría trocar en el retorno colectivo, en una segunda oportunidad sobre la tierra.

* Escritor y colaborador de El Espectador. Lea acá más artículos de Julio Roberto Arenas.

Ampliando el universo creado por Danny Boyle y Alex Garland en 28 Años Después (2025), la directora Nia DaCosta llega para darle un nuevo giro a la franquicia con Exterminio: El Templo de huesos.

En esta continuación de la historia, el Dr. Kelson (Ralph Fiennes) se ve envuelto en una relación inesperada cuyas consecuencias podrían cambiar el destino del mundo tal como lo conocemos. Al mismo tiempo, el encuentro entre Spike (Alfie Williams) y Jimmy Crystal (Jack O’Connell) se transforma en una pesadilla de la que parece imposible escapar.

En el mundo de El Templo de huesos., los infectados ya no representan la mayor amenaza para la supervivencia. La verdadera oscuridad emerge de la inhumanidad de los propios sobrevivientes, capaz de resultar aún más extraña y aterradora.

La película se estrenará el 15 de enero de 2026 y está protagonizada por Ralph Fiennes, Jack O’Connell, Alfie Williams, Erin Kellyman y Chi Lewis-Parry. La producción corre a cargo de Andrew Macdonald, Peter Rice, Bernard Bellew, Danny Boyle y Alex Garland, con guión de Alex Garland. El productor ejecutivo es Cillian Murphy. La dirección de fotografía está a cargo de Sean Bobbitt, BSC; el diseño de producción y vestuario, de Gareth Pugh y Carson McColl; la edición, de Jake Roberts, ACE; y la música, de Hildur Guðnadóttir.

Sobre la producción

Filmada íntegramente en locaciones del Reino Unido, El Templo de huesos marca el relevo de Danny Boyle en la dirección, con Nia DaCosta aportando una visión autoral propia, elevando el horror y profundizando el tono distópico del universo.

Danny Boyle comenta:

Por su parte, Alex Garland, creador del mundo junto a Boyle y guionista de esta entrega, señala:

DaCosta añade:

El equipo creativo trabajó estrechamente para construir una experiencia cinematográfica inmersiva, con el regreso de Gareth Pugh y Carson McColl en diseño de producción y vestuario, y Sean Bobbitt en la fotografía. Uno de los mayores retos fue la creación del aspecto visual de los llamados siete Jimmies. Según Pugh, “Cada uno está compuesto como un mosaico de distintos chándales; hubo bordado, degradación, corte de patrones, fuego y sangre”.

McColl explica:

La diseñadora de peluquería y maquillaje Flora Moody, quien regresa de 28 Años Después, aportó de forma decisiva a la construcción visual del culto. Ante la imposibilidad de conseguir pelucas idénticas, propuso una mezcla de cabellos decolorados y pelucas acrílicas baratas, probablemente extraídas de maniquíes. “Es un culto, se trata de la uniformidad y la pérdida de la identidad individual” recuerda DaCosta.

Esta entrega no solo expande la narrativa iniciada por Boyle y Garland, sino que redefine las reglas del juego, demostrando que en un mundo devastado, el mayor peligro siempre ha estado dentro de nosotros. Los fanáticos de la saga y los nuevos espectadores tienen una cita ineludible este 15 de enero de 2026 en las salas de cine.

El Espectador te invita a vivir la premiere de “Exterminio: El Templo de huesos”

Si eres suscriptor de El Espectador y te encuentras en la ciudad de Bogotá, este martes 13 de enero de 2025 estaremos premiando a algunos de nuestros suscriptores con entradas dobles para disfrutar de esta esperada película en la pantalla grande.

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