La noticia de que Mapiripán (Meta) por fin tendrá electricidad 24 horas al día, gracias a la gestión de una empresa privada, se ve opacada por las dudas que hay sobre la legalidad en la adquisición de los predios donde se edificó el proyecto. Pese a que la iniciativa fue apoyada por el ministerio de Minas, paradójicamente la denuncia la hizo el mismo Gobierno a través de la cartera de Agricultura, al decir que las haciendas donde está el proyecto podrían representar un caso más de acumulación de tierras, violando le ley.

En medio de la polémica está la multinacional Poligrow Colombia, propiedad del italiano Carlo Viagna Taglianti, que llegó en 2009 al municipio para instalar la primera industria palmera de la zona y adelantar proyectos de energías renovables a partir de este cultivo. Su labor ha sido reconocida por las autoridades, al punto de que su proyecto de suplir la falencia de energía es subsidiado en un 80% por el Ministerio de Minas, junto al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE). Es en este prestigio en el que se apoya Viagna para rechazar los señalamientos y decir que la compra de tierras se ajustó a la ley.

La polémica se centra en tres haciendas: Macondo 1, 2 y 3, que suman casi 6.000 hectáreas. De acuerdo con la Supernotariado, estas tierras fueron baldíos del Estado hasta 1989, cuando el antiguo Incora (hoy Incoder) se las adjudicó a los campesinos Eudoro Rodríguez Laguna y Álvaro Gallego Palau, para proyectos productivos.

Tras la violenta incursión paramilitar en Mapiripán en 1996, que se gestó en el Urabá antioqueño (zona desde donde se trasladaron los grupos armados), tanto Rodríguez Laguna como Gallego Palau vendieron sus predios. El trámite se protocolizó el 3 de agosto de 1999 en la Notaría 4 de Medellín.

La nueva propietaria fue Ángela María Mejía Santamaría, natural de Manizales, quien pagó $30 millones por las tres haciendas. La transacción fue registrada solo tres años después. Fue en medio del trámite que el Gobierno clasificó a Mapiripán como zona de desplazamiento forzado, declaró la protección colectiva y prohibió cualquier venta de propiedades.

La última transacción sobre las haciendas Macondo 1, 2 y 3 fue en agosto de 2009, cuando Mejía Santamaría, a través de su esposo Gabriel Jairo Ángel Bernal, se las vendió a la empresa Poligrow en casi $3.000 millones. Es decir, en 10 años, las 6.000 hectáreas, que hasta 1989 fueron terrenos baldíos del Estado incrementaron su valor en 10.000%. La transacción quedó finiquitada mediante escritura de la Notaría 6 de Bogotá.

La Superintendencia de Notariado revisó los documentos de las negociaciones y encontró aparentes inconsistencias que, en su criterio, deben ser investigadas, ya que podría ser un caso de acumulación de tierras, que está prohibida por ley. La razón: de acuerdo con la ley que creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria en 1994 y la resolución 041 de 1996 del Incora, el Gobierno puso reglas para la adjudicación de terrenos baldíos del Estado a campesinos sin tierra.

Estos lotes los denominaron Unidad Agrícola Familia (UAF), los cuales, dependiendo de la región, tenían un límite máximo en extensión y normas concretas como la de no otorgar más de una UAF por campesino y la de prohibir su venta antes de 15 años. Para el caso de Mapiripán (Meta), el máximo estipulado para una UAF era de 1.840 hectáreas.

La ley decía: “Nadie podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos para la titulación. También serán nulos los contratos en virtud de los cuales una persona aporte a sociedades o comunidades de cualquier índole la propiedad de tierras que le hubieran sido adjudicadas”.

Para el superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, en el caso de las haciendas Macondo 1, 2 y 3 se incumplió la ley porque “los tres predios fueron adjudicados como baldíos y suman un área total de 5.578 hectáreas, superándose de esta manera en medida considerable el área máxima permitida para el municipio de Mapiripán”.

Sin embargo, este no fue el único hallazgo de la Superintendencia y encontraron otras particularidades que se dieron antes de que las haciendas pasaran a manos de Poligrow. Por ejemplo, que se violó el tiempo mínimo para la venta, pues la primera negociación se hizo 10 años después de la adjudicación, cuando ley establece mínimo 15 años. Además, la misma norma dice que la única excepción para la venta antes de tiempo era hacerlo a otros campesinos de escasos recursos sin tierra, pero con autorización expresa del Incora (hoy Incoder). Parece que ninguna de estas condiciones se cumplió en el caso de la segunda propietaria: Ángela María Mejía Santamaría.

Para completar, la Superintendencia indicó que a pesar de que Mapiripán fue declarado zona de protección colectiva en la que no se podía vender predios sin autorización del Comité de Desplazados de la región, en los negocios estudiados “no se encontró referencia ni protocolización de dicha autorización”. Tras el hallazgo, el organismo de control solicitó a la Oficina de Registro de San Martín (Meta) adelantar las acciones administrativa para anular los registros de estas propiedades. De igual manera, se dio traslado a la oficina de Control Disciplinario.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura señaló que se adelanta un plan de acción para tratar de revocar la inscripción de las ventas de las propiedades; anular, por objeto ilícito, los contratos de compraventa, y sancionar a los funcionarios públicos, notarios y registradores que permitieron la concentración indebida de tierras. Además, se envió un oficio al procurador general para que analice y proceda a promover las acciones de nulidad por objeto ilícito de la compra de las tierras provenientes de la adjudicación de baldíos del Estado.

Frente a la denuncia del Ministerio de Agricultura, Carlo Viagna defendió la gestión de su empresa y rechazó los señalamientos. Indicó que tiene todos los documentos en regla, con lo que comprueba que el informe de la Superintendencia de Notariado no corresponde a la realidad, ya que se apoyan en leyes que no estaban en vigencia cuando ellos compraron las tierras.

“Me enteré de esta denuncia a través de los medios. Somos conscientes de la necesidad de tener los documentos en regla frente a la compra de tierras. Por eso enviamos un memorial a la Superintendencia de Notariado haciendo una recapitulación de cómo las adquirimos y, sobre todo, cuál era la ley en vigencia para la época”. De igual forma manifestó que, contrario a lo que dice el informe de la Superintendencia, su empresa sí cuenta con la autorización del Comité de Desplazados para la compra, la cual ya enviaron al ente de control.

“La Superintendencia tiene el poder y el deber de investigar, pero creo que todo surgió de una equivocación. Nuestro caso fue tomado como emblemático para hacer ruido en los medios, pero tenemos todos los documentos que nos permiten comprobar que todo fue hecho conforme a la ley. Estamos tranquilos, convencidos de que estamos haciendo un buen trabajo, no solo a nivel agronómico, sino también a nivel social. No le vamos a dar importancia a este acto. Sé que esta investigación se solucionará pronto”.

La polémica está planteada y mientras el Gobierno dirime este problema, serán las autoridades las que darán la última palabra para conocer si la empresa que le brindará electricidad a Mapiripán las 24 horas lo hizo o no sobre tierras que posiblemente adquirieron violando la ley.

El Festival Gabo, que en 2025 invitó a “vernos más de cerca”, me sorprendió con una nueva sede alternativa: el Centro Felicidad Chapinero. Es un edificio público de 10 pisos inaugurado recientemente en el norte de Bogotá como “el lugar más inclusivo en el barrio más exclusivo de la ciudad”. Fui a conocerlo interesado en las charlas del encuentro anual de periodismo iberoamericano en memoria de Gabriel García Márquez y descubrí otras perspectivas de la capital colombiana y de la vida citadina.

En el primer piso asistí a una charla sobre libertad de prensa en una de las modernas aulas de concreto y cristal. Luego me fui a curiosear la biblioteca. Encontré de todo, ordenado y bien catalogado. Había niños aprendiendo con la ”Alegría de leer”, “Las aventuras de Tom Sawyer” y “La isla del tesoro”, y adolescentes entregados a sagas como la de Brandon Sanderson sobre una guerra entre las fuerzas de Odium y los reinos humanos de Roshar, ciencia ficción que bien podría ser una parodia de los conflictos de un país llamado Colombia, con la tensión psicológica de una ciudad de más de 10 millones de habitantes como Bogotá.

Repasé el “Informe sobre ciegos” de Ernesto Sabato y enseguida busqué la colección García Márquez. Encontré “El camino a Macondo” junto a “El camino de la vida”, de Tolstói. Me puse filosófico. Disfruté el placer y el aroma de leer libros nuevos en una biblioteca nueva. Escogí una antología de cuentos del maestro Gabo. Por ejemplo, “Solo vine a hablar por teléfono”, escrito cuando vivió en Barcelona en los años 70, tras haber creado “Cien años de soledad” en Ciudad de México. Transmite un aliento narrativo distinto a sus novelas. María y Saturno buscan en la capital catalana lo que García Márquez llama “la felicidad posible”. Tal vez por el estado de tranquilidad en que estaba, me quedé más con esa idea que con la metáfora de la ciudad como asilo. Once años después de su muerte, el premio nobel de literatura colombiano sigue siendo un edificio de muchos niveles que amerita ser explorado una y otra vez, en especial desde el punto de vista urbano.

Salí a los amplios espacios peatonales, diseñados con el espíritu de ágoras griegas, subí entre escaleras, ventanales y ventarrones que atraviesan la estructura, y no fui a la segunda conferencia porque me atrajo la relajación de jóvenes y adultos tumbados en sillas al estilo diván, frente a un jardín de arbolitos de ciro, propios de la región Andina. Unos movían la cabeza con sus audífonos, otros miraban el paisaje renovado y los oí celebrar que exista un sitio así.

La inteligencia artificial me dijo en el teléfono que los arquitectos que lo construyeron pretendían “democratizar las alturas bogotanas”, y parece que lo lograron a un costo de $106.000 millones. Verifiqué fuentes, y el proyecto estuvo en la lista de “elefantes blancos” de la Contraloría de Bogotá por demoras y sobrecostos. Me fijé en la gente: los recostados, los que preferían los senderos de ladrillo rojizo, los que subían y bajaban, todos distensionados, con cara de contentos. Pensé que no tiene precio verlos en esa actitud, evadiendo el estrés y la agresividad de las calles.

Han abierto otros cuatro centros felicidad en barrios marginales, aunque este es el único “parque vertical” con el objetivo de convertirse en válvula de escape para un millón de personas que vienen cada día a este clásico sector de Bogotá, la mayoría a trabajar apiñados en oficinas o a estudiar.

Me tendí a respirar profundo. Puede ser posible un estado de felicidad en la era del caos. Aclaro que no estaba fumando nada. Nadie alrededor fumaba. Ni adictos al vapeo había. Nos comportábamos como ciudadanos respetuosos. Uno de los funcionarios que cuida que todo funcione dejó escrito en un pizarrón lo que parece será una campaña de concientización: “Elegimos cuidar y soñar”. Alguien que salía de los modernos baños comentó: “Cuánto durará esto así de bonito”.

Recordé que se especula que Colombia está en la lista de los países más felices del mundo, ojalá fuera así. Otro de los cuentos que leí de Gabo fue “Muerte constante más allá del amor”, en el que “los aceites de la felicidad” representan el engaño de políticos expertos en prometer mundos de ficción.

Subí al último nivel, más sillas y jardines para la vida contemplativa. Me dejó impresionado una vista panorámica de los cerros orientales digna del mejor penthouse. Casi que podía alcanzar las nubes cercanas.

Muy calmado bajé de piso en piso, entre las transparencias y los reflejos del edificio, en el que también hay piscinas, gimnasio, aulas para artes y alfabetización digital, incluso un laboratorio de tecnología 3D. Ambiente ideal para la creación y el ocio. Hay una arena para deportes presidida por el lema “Que no nos falte el arte nunca”.

De salida me detuve en el teatro, un foso abierto que evoca coliseos romanos y da a la avenida, donde el estruendo de los automóviles y la algarabía de vendedores ambulantes y rappitenderos me devolvieron a nuestra realidad de asfalto. Para ser sincero, como en “La prodigiosa tarde de Baltazar”, otra historia garciamarquiana, solo me faltó un billar para quedar “loco de felicidad”.

Invito a revisar las memorias del Festival Gabo y a ir al Centro Felicidad Chapinero. Aunque en “Blacamán, el bueno, vendedor de milagros”, Gabriel García Márquez dejó esta constancia: “Porque esto no es una orden, sino un consejo, y al fin y al cabo tampoco la felicidad es una obligación”.

El asunto comenzó como un rumor que poco a poco se fue haciendo palpable. Los foros —aquellos espacios que los medios de comunicación del país les brindan a sus lectores en internet para que comenten sus artículos y columnas de opinión— se vieron de la noche a la mañana inundados de usuarios, en un aumento inusual que es visto con recelo, teniendo en cuenta la actual polarización política que existe por la campaña electoral a la Presidencia de la República; que dichos comentarios son, en su gran mayoría, a favor del candidato del Partido de la U, Juan Manuel Santos, y que todos son parecidos en las palabras que utilizan.

En la campaña de Santos niegan tener cualquier responsabilidad. Lo cierto es que el pasado viernes circuló en las redes sociales Facebook y Twitter un mensaje en el que se convocaba a una reunión “para el trabajo de digitadores, a las 11:00 de la mañana, en la carrera 7ª Nº 32-16, piso 21” y que aclaraba: “Aunque es la sede del Partido de la U, el trabajo que proponemos no tiene nada que ver con política. Es sólo que compartimos la oficina”. El anuncio, firmado por Julieta Benedeta, decía que se preguntara en la portería por Julieta Velásquez, coordinadora de nuevos medios. Algunos jóvenes universitarios atendieron la convocatoria, pero en el sitio les dijeron que se trataba de un sabotaje para afectar al candidato.

Pero los rumores en torno a la campaña santista han ido más allá y se ha llegado a decir que ha contratado a personas a las que les pagan $40.000 por día para meterse a los distintos foros a hacer comentarios pro Juan Manuel Santos. Camilo Montes, director nacional de juventudes de la U, dijo desconocer esta situación. “Lo que sí conozco son jóvenes que en el país apoyan la propuesta del candidato. Toda la nueva estrategia ha permitido llegar directamente a ellos”, le manifestó a este diario, y agregó que por parte de las otras campañas sí se han notado “comentarios desobligantes y ofensivos” contra ellos.

El portal en internet lasillavacia.com reveló el miércoles pasado que una investigación en torno a los denominados “usuarios fantasma” que apoyan a Santos detectó con que en la Universidad Cooperativa, de propiedad del ex congresista César Pérez García, quien apoya a Santos en Antioquia, han estado “reclutando” jóvenes para dejar mensajes en los foros. El informe habla de una reunión en los primeros días de mayo, en Bogotá, en la que se habría hablado de “alimentar la web” de recursos para Santos y así mejorar las encuestas.

El mismo director administrativo de la Universidad, Milkiades Guarín, confirmó la reunión, pero negó que se hubiese hablado de pagarles a los universitarios para alimentar los foros. Sin embargo, lasillavacia encontró a alumnos  que aseguraron que les han ofrecido dinero para realizar dicha labor: “A uno de los estudiantes con los que hablamos lo abordaron en clase (dice que es común, especialmente, con los estudiantes de los primeros semestres) y le explicaron que se trataba de una campaña publicitaria (...) les ofrecen entre $500 y $600 mil mensuales por el trabajo. Deben trabajar ocho horas al día, seis días a la semana, y dejar un promedio de 500 comentarios diarios. Para monitorear que sí estén cumpliendo, les instalan un software en su computador que mide su actividad y que es parecido al que se usa en cursos por internet”.

En declaraciones ayer desde Medellín, el propio rector de la U. Cooperativa, César Pérez, sostuvo: “Estamos haciendo una campaña a favor del doctor Santos y utilizando el call center de Corpaeda (Corporación para el Desarrollo Comunitario y la Educación), se envían mensajes durante todo el día, pero esto no es clandestino, es una herramienta de la democracia”.

Cierto o no, el que los foros están siendo inundados por comentarios a favor de Juan Manuel Santos es una realidad que se ve. El columnista de El Espectador Andrés Hoyos, por ejemplo, señala que sus escritos más polémicos han tenido un promedio de 150 a 200 comentarios, y que el miércoles pasado su escrito titulado ‘Vota verde’, en el que explicó sus razones para apoyar al candidato Antanas Mockus, registró más de 1.200, en su mayoría a favor de Juan Manuel Santos. “Es una práctica sucia. Una cosa es que entren al foro y digan lo que quieran, insulten y todo, pero otra es que haya un batallón de personas con alias mentirosos comentando algo que no tiene nada que ver con la columna”, enfatizó.

Para Daniel Romero, encargado de la campaña en internet de Mockus, lo que está sucediendo era algo que se veía venir: “Nosotros sabíamos lo que ocurría e  imaginamos que cuando la campaña de Santos anunció una ofensiva en los medios virtuales, iba a pasar lo que está pasando. Es lamentable que los colombianos usen internet con las malas mañas de la política”, declaró. En su concepto, se trata de una de las desventajas que tiene la red, el que se pueda “bombardear” así  los foros, lo cual “no es un delito, pero ellos verán si sienten culpa o vergüenza”.

Así las cosas, el escenario actual muestra un dura batalla virtual entre los seguidores de las dos campañas que marcan adelante en las encuestas. Una situación que vive la gran mayoría de medios con páginas en internet. Por ejemplo, semana.com vivió también en carne propia ese tipo de irregularidades cuando, el pasado 18 de mayo, puso a disposición de sus usuarios un sondeo con el fin de que calificaran el desempeño de los candidatos presidenciales en algunos debates de televisión. Al día siguiente, en menos de una hora, la página registró unos niveles de votación impensables: más de 50 mil participantes, cuando lo normal eran 3.000 usuarios por candidato, en promedio.

El sondeo fue retirado y el portal advirtió de la “permanente invasión de comentarios idénticos en nuestras páginas, lo cual, aparte de extraño, desdibuja el propósito final de esos espacios: generar debate”. La situación se repite una y otra vez y la polarización crece. Los foristas pro-Mockus califican de “prepagos” a quienes hacen comentarios a favor del candidato de la U. Dentro de las irregularidades “virtuales” bien podría mencionarse también lo sucedido con una caricatura de Jaime Poveda, conocido como ‘Bacteria’, publicada el sábado pasado en El Espectador y titulada ‘Acomodando las encuestas’, en la que criticó los filtros que se han utilizados en las encuestas presidenciales. Días después, su cuenta de Facebook, donde la había subido, resultó bloqueada por ser “material ofensivo” según el sistema.

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Las redes sociales han revelado el boom por la descarga de aplicaciones para teléfonos inteligentes enfocadas al disfrute del sexo. Aquí encontrará algunas de las más descargadas.

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Luego de que el Journal of Sexual Medicine publicara una investigación que asegura que siete minutos es tiempo suficiente para tener una relación sexual magnífica, se dio a conocer el experimento sexual más grande del mundo: Durex Experiment, en el que se establece, entre otras cosas, el tiempo de duración de los juegos previos al sexo.

El ingeniero de emociones, Brendan Walker, quien estuvo al tanto del experimento en el que participaron 24 parejas de todo el mundo midió las reacciones físicas y emocionales de las parejas a lo largo del Durex Experiment, utilizando monitores cardiacos de última tecnología para evaluar cambios en el ritmo que signifiquen excitación y los índices de placer reportados con el propósito de medir el impacto emocional.

Este es el primer experimento a escala global diseñado para demostrar que lograr una vida sexual más placentera no se basa sólo en el aspecto físico sino también en el emocional.

“El estrés afecta la libido e inhibe el orgasmo, así que al relajarte con tu pareja y ayudar a aliviar otras tensiones te ayudará a crear un ambiente que sea más apropiado para tener sexo. Todos estos experimentos se centran en los juegos previos: te recomendamos mejorar el estado de ánimo antes del contacto sexual”, sugirió Walker.

Sobre la comunicación física y verbal dijo que “el tocarse ayuda a sentirse conectado. Hablando con el otro ayuda a construir intimidad y a aprender más uno del otro. También se ha demostrado que el hablar del sexo de manera honesta tiene un efecto beneficioso sobre la satisfacción sexual. Con estos experimentos estamos buscando demostrar que cuanto mayor es la autoestima mutua, lo más seguro es que vas ser más feliz entre las sábanas y más allá”, agregó.

En el Durex Experiment se descubre que el deseo sexual se intensifica por medio de juegos previos, de 15 a 30 minutos, no más ni menos. Está comprobado que hacer uso de ellos aumenta la satisfacción sexual un 11%.

El experimento, con el que se busca mejorar los encuentros sexuales, está disponible en aplicación móvil para iPhone y Android.

Juegos Eróticos

Entra en calor en el baño

Establecer el estado de ánimo para el romance encendiendo velas y rociando pétalos de flores en el baño. Atrae a tu pareja con un camino de la ropa que llevas puesta a la puerta de tu cuarto de baño.

Incrementa la sexualidad jugando

Juega ajedrez, póker, escalera o incluso serpiente. Cada vez que pierdas tu turno te quitas una prenda de ropa. Es posible que desees frotar, acariciar, mordisquear cada área del cuerpo que se expone.

Esquema erótico del cuerpo

Utiliza un lápiz labial o maquillaje corporal para marcar las tres zonas erógenas favoritas de tu pareja. Dile lo que te gustaría hacer en ellas: adiciona una L para lamer, C para las caricias, y M para mordisquear. A continuación, ponga las palabras en acción. Ve cuánto tiempo aguantas antes de llevar las cosas más lejos.

Hace unas semanas se conocieron los resultados de una encuesta que el investigador Eric Corty, de la Universidad de Pensilvania, llevó a cabo entre 50 doctores, trabajadores sociales y expertos de la Society for Sex Therapy and Research.

Contrario a lo que predican las películas pornográficas y publicaciones sobre sexo, los expertos que respondieron esta encuesta en 2008 coincidieron en clasificar una relación sexual (contando tan sólo el tiempo de la penetración vaginal) como “adecuada” si dura entre 3 y 7 minutos y “deseable” si se extiende de 7 a 13 minutos. Si dura de uno a dos minutos es “demasiado corta” y si se prolonga más allá de 10 minutos puede catalogarse como “demasiado larga”.

¿Es posible medir el tiempo de una relación sexual deseable? ¿Existe un tiempo ideal o la duración varía entre cada persona y pareja? Los sexólogos han intentado por décadas poner en números los secretos de las alcobas. Tarea que no ha resultado nada fácil ni exenta de contradicciones. De hecho, justo un año después de que Corty publicara sus resultados, Petr Weiss y Stuart Brody, revelaron los resultados de una investigación en la que participaron 2,360 mujeres de la República Checa y en la que el tiempo ideal de una relación sexual quedaba otra vez en entredicho.

Según esta población de mujeres, el tiempo promedio de caricias y juegos previos a la penetración duraba alrededor de 15.4 minutos y la relación sexual (coito) un promedio de 16.2 minutos. Bastante más alta que la reportada por los americanos. Ahora bien, de las mujeres que reportaron relaciones sexuales entre 1 y 10 minutos, un 50% llegaba al orgasmo la mayoría de las veces y un 28% lo lograba muy pocas o ninguna vez. Entre aquellas que reportaron relaciones sexuales de 11 a 20 minutos, el porcentaje de las que lograba orgasmos aumentó a un 62%. Y entre las mujeres que practicaban relaciones más duraderas, por más de 20 minutos, un 72% reportó alcanzar el orgasmo la mayoría de veces.

José Manuel González, sexólogo colombiano del Centro de Psicología y Sexología del Caribe, dice que las preferencias en la cama varían tanto como las preferencias por la comida: “a algunos les gustan los encuentros largos, a otros los encuentros cortos”. Aunque acepta, basado en lo que ha escuchado decir a hombres y mujeres que han pasado por su consultorio, que 20 minutos es suficiente para sentirse satisfechos. Estos 20 minutos incluyen las caricias de calentamiento y unos 7 minutos del coito propiamente dicho.

Recopilar información veraz sobre comportamientos sexuales no es una tarea fácil. Es frecuente que las personas no sean sinceras al responder encuestas provocando sesgos en las conclusiones de los estudios. Un problema que conocía bastante bien Alfred Kinsey, el sexólogo norteamericano que se hizo célebre por los estudios que llevó a cabo entre 1938 y 1963 y que se convirtieron en un punto de referencia obligatorio a la hora de hablar sobre el tema. Según los datos de Kinsey, quien entrevistó a 5.300 hombres blancos y 5.940 mujeres blancas en Norteamérica, la duración ideal del coito varía bastante. Mientras un 17.6% de los hombres reportó que eyaculaba en menos de dos minutos después de la penetración, un 47.6% lo hacía cinco minutos después. Tan sólo el 22.9% duraba unos 10 minutos o más.

Por su parte, un 22.8% de las mujeres reportó alcanzar el climax dos minutos después de la penetración y un 52.6% reportaron necesitar al menos 5 minutos de actividad antes de llegar al orgasmo. Un 19% dijo que necesitaba prolongar el coito durante 10 minutos o más para llegar al máximo placer.

Nereyda Lacera, sexóloga de Profamilia, relata que la pregunta por cuánto debe durar un buen “polvo” es una de las más frecuentes en la consulta. “Los buenos encuentros sexuales no tienen un tiempo definido y es difícil establecer una tabla de tiempos para saber qué es y qué no es satisfactorio”, dice la experta. Prueba de esto es que una pareja que tiene un encuentro sexual fugaz, de dos o tres minutos en un carro o en la oficina puede sentir que fue extremadamente placentero, mientras otra pareja en otras circunstancias sólo se sentirá satisfecha si dura unos 30 minutos.

Lacera aclara que una cosa es el tiempo del coito, que puede ser de unos pocos minutos y resultar placentero, y otra cosa es el tiempo de los preámbulos donde las reglas son otras: “los preámbulos si deben ser duraderos porque la respuesta sexual de la mujer es más lenta. La mujer requieren más estímulos y caricias. En todos los casos el tiempo depende de cada pareja y cada persona”.

La seguridad en Asia no se veía tan frágil desde la guerra de Vietnam. Cuando Estados Unidos se retiró tras una década de combates en Indochina, habían muerto entre uno y tres millones de vietnamitas y más de 58 000 soldados estadounidenses; la política interna de los Estados Unidos estaba en ruinas; empezaba un período de estanflación que duraría varios años; y muchos observadores en todo el mundo consideraban que la Unión Soviética estaba ganando la Guerra Fría. En toda Asia, que Estados Unidos hubiera abandonado a sus aliados survietnamitas parecía el presagio de un futuro aciago de inestabilidad económica y política.

Hoy, apenas una década después del anuncio de un “giro” en dirección a Asia por parte del presidente Barack Obama, el compromiso de Estados Unidos con la región es tan tenue como en 1975. Es verdad que los tratados formales de defensa mutua con Japón, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas y Corea del Sur siguen en vigor, y que Estados Unidos conserva bases (y el derecho a instalarlas) en muchos otros lugares, incluido Singapur. Pero las relaciones entre la administración Trump y los gobiernos de las democracias asiáticas distan mucho de las que suelen darse entre viejos aliados. En vez de eso, se parecen más a las que se ven en las transacciones comerciales, sin ninguna consideración hacia los valores compartidos y las cuestiones de seguridad.

Otra vez abandonados

A los líderes democráticos de Asia, la situación les provoca una ominosa sensación de “déjà vu”. Muchos saben lo rápido que se desmoronaron después de 1975 las estructuras de seguridad estadounidenses establecidas en la región tras la Segunda Guerra Mundial. En el transcurso de cuatro años, los victoriosos comunistas vietnamitas establecieron la hegemonía en Indochina mandando a su experimentado ejército a invadir Camboya, derrocando al régimen asesino de los jemeres rojos y poniendo en riesgo la viabilidad de la monarquía tailandesa.

En tanto, la flota de la URSS en el Pacífico (entonces parte de la segunda mayor armada del mundo) se instaló en una gigantesca base naval que había construido Estados Unidos en la bahía de Cam Ranh, en la costa sudoriental de Vietnam. El derecho a instalar bases en Vietnam permitió al Kremlin bajo Leonid Brézhnev proyectar el poder soviético a gran distancia en el Pacífico, lo que planteó un riesgo directo a los corredores marítimos que llevaban petróleo y gas importados desde Medio Oriente a Japón y Corea del Sur, en una etapa crítica de su período de crecimiento acelerado.

Tras realizar en 1976 sus últimos ejercicios conjuntos, la Organización del Tratado del Sudeste Asiático (el principal componente institucional de la estructura de seguridad regional diseñada por Estados Unidos) se disolvió al año siguiente. El mensaje para Japón, Corea del Sur, Filipinas, Singapur y Tailandia (que habían dado apoyo al esfuerzo bélico estadounidense en Vietnam) fue claro: a partir de ahora estrían solos.

Por suerte para esa generación, China todavía no representaba la amenaza que es hoy. Seguía atrapada en la locura de las políticas del presidente Mao Zedong, cuya Revolución Cultural había dejado heridas profundas y duraderas. Es verdad que la apertura a China del presidente estadounidense Richard Nixon (que se produjo cuando Mao estaba deshaciendo la Revolución Cultural) fue un gran avance estratégico; pero el objetivo de Estados Unidos era contrarrestar el poder mundial de la URSS, no crear una nueva estructura de seguridad regional para Asia.

En aquel momento, todavía faltaban décadas para el impulso que daría a las economías asiáticas la transformación económica de China. La economía china post‑Mao estaba en tan mal estado que cuando Deng Xiaoping envió al Ejército Popular de Liberación a Vietnam para “castigarlo” por invadir Camboya, los vietnamitas derrotaron al EPL con facilidad (y unos 25.000 soldados chinos murieron en un mes). Deng aprendió la lección: China estaba tan atrasada que tenía que cambiar, y pronto, si quería sobrevivir en un mundo dominado por una URSS hostil y un Estados Unidos herido pero económicamente poderoso. Fue así que aceleró la puesta en práctica de su política de “reforma y apertura” iniciada el año anterior.

Un giro hacia ninguna parte

¿Qué llevó al presidente Donald Trump a dilapidar la sólida posición de Estados Unidos en Asia, construida sobre la base de aliados leales como Japón, Australia y Corea del Sur, a la que se sumaba desde hace poco tiempo una incipiente asociación estratégica con la India? La explicación tiene que estar en parte en su política aislacionista de “Estados Unidos primero”, que concede poco valor a las alianzas y somete incluso las cuestiones de seguridad más fundamentales al prisma de la negociación mercantil.

Es verdad que los aliados de Estados Unidos en Asia nunca tuvieron nada parecido al compromiso de defensa mutua que ofrece el artículo 5 del tratado de la OTAN. Pero ahora que Trump pone en duda incluso esa garantía que parecía tan firme, los líderes democráticos de Asia han tenido que aceptar que este gobierno estadounidense tal vez no cumpla sus compromisos de seguridad con ellos. Por supuesto, esta constatación no es consecuencia de algún momento decisivo como la caótica evacuación de la embajada estadounidense en Saigón o el “Shock de Nixon” que sufrió Japón como resultado de la apertura a China. Pero en toda la región predomina una sensación similar de abandono y traición.

¿Cómo podría ser de otro modo? Trump lanzó guerras arancelarias contra países amigos de Estados Unidos en Asia, y lisonjea a dictadores como el norcoreano Kim Jong‑un. Exige que los aliados de Estados Unidos paguen la protección estadounidense por adelantado, y sin embargo parece reacio a reafirmar los compromisos de seguridad de Estados Unidos según los tratados vigentes. En septiembre, cientos de trabajadores surcoreanos de la industria automotriz que estaban ayudando a poner en marcha una fábrica de Hyundai en Georgia fueron detenidos de mala manera, esposados y expulsados del país. Y en las negociaciones sobre acuerdos arancelarios “recíprocos”, la administración Trump ha exigido cifras astronómicas (550.000 millones de dólares a Japón y 350.000 millones a Corea del Sur) con una amenaza tácita (“o si no…”) siempre flotando en el aire. La cifra para Corea del Sur ronda nada menos que el 20 % de su PIB; si el país acepta, su economía perderá el equivalente a dos tercios de la inversión de un año.

El intento de Trump de montar un negocio de protección mafiosa (poniendo precio a los compromisos de defensa) es igual de dañino. Parece que pensara que a Estados Unidos la posibilidad de estacionar tropas en la isla japonesa de Okinawa y en Corea del Sur y de construir instalaciones navales, aéreas y militares en la isla filipina de Luzón (a un paso del Mar de China Meridional y del estrecho de Taiwán) no le reporta ningún beneficio. Aparentemente, al actual gobierno estadounidense lo tienen sin cuidado los intentos del presidente chino Xi Jinping de convertir ese mar en un lago de China.

Librados a nuestra suerte

Por supuesto, la coerción estadounidense no es nada nuevo para los asiáticos. Lyndon Johnson presionó a Australia y Corea del Sur para que enviaran tropas a Vietnam, y Ronald Reagan hostigó al primer ministro japonés Yasuhiro Nakasone para obligarlo a firmar el Acuerdo del Plaza (un hito clave en el camino hacia dos décadas perdidas de crecimiento en Japón). Los líderes actuales comprenden que, igual que hace cincuenta años, tendrán que tomar medidas para promover la seguridad y proteger la prosperidad económica de sus países.

La retirada estadounidense de Vietnam auguraba un largo período de inseguridad e incertidumbre económica. Pero muchos países asiáticos consiguieron estabilizar sus posiciones adoptando políticas que, además de impulsar un auge económico regional, también establecieron nuevos mecanismos para la mejora de su seguridad.

Los gobiernos de toda la región reconocieron que la dependencia total de Estados Unidos ya no era una estrategia viable. Los del sudeste asiático (tal vez porque se sentían los más vulnerables en el vacío de seguridad dejado por la retirada de Estados Unidos) redoblaron la apuesta por el modelo exportador de desarrollo que habían adoptado bajo el paraguas de la protección estadounidense.

Si Washington no se comprometía con la seguridad de la región, los gobiernos asiáticos iban a conseguir compromisos nuevos del sector privado estadounidense. Las empresas estadounidenses serían sus aliadas en el debate sobre la seguridad asiática en los Estados Unidos. Al final, estas iniciativas superaron con creces las expectativas más optimistas de la dirigencia política. Hasta bien entrados los primeros años de este siglo, la inversión extranjera directa estadounidense fue la principal fuente de inversión en la región.

Hoy los líderes asiáticos siguen estrategias de autosuficiencia similares. Un ejemplo es Japón, que ha estado particularmente activo. Cuando en su primera presidencia Trump abandonó el Acuerdo Transpacífico, el primer ministro japonés Abe Shinzo (quien, como era su costumbre, supo ver de dónde soplaba el viento antes que nadie) salvó la iniciativa y reunió a doce economías dinámicas bajo el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico.

Asimismo, bajo el liderazgo del primer ministro malasio Anwar Ibrahim, los once países que componen la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático eliminaron barreras al comercio y la inversión transfronterizos. Y la India, a la que en agosto Trump aplicó un arancel del 50 %, empezó a reorientar su comercio hacia nuevos socios regionales.

Pero los avances más importantes de los gobiernos asiáticos se ven en el área de la seguridad. Aquí también Japón asumió un papel de liderazgo e impulsó una cooperación más estrecha en el contexto del “Quad” (el cuadrilátero de naciones formado por Japón, Australia, Estados Unidos y la India). Además, se prevé que el presupuesto de defensa japonés (que ya crecía antes de que Trump volviera a la Casa Blanca) acelere su expansión. Y que nadie se deje engañar por la cifra de 2 % del PIB de la que se suele hablar; también se están destinando grandes sumas a otros sectores que reforzarán las capacidades militares de Japón.

Japón debe ver el momento actual como una oportunidad para resolver viejas vulnerabilidades estructurales derivadas de una excesiva dependencia de los Estados Unidos y asumir un mayor liderazgo en la promoción de la seguridad regional. Ya se ven algunos pasos trascendentales en esta dirección, empezando por un aumento masivo del intercambio de inteligencia entre las democracias asiáticas. Resulta particularmente importante la reactivación de un acuerdo al respecto entre Japón y Corea del Sur.

El nuevo presidente surcoreano, Lee Jae‑myung, se comprometió a mantener el acuerdo cerrado por su destituido predecesor con Japón. Es un avance importante para la relación bilateral, sujeta por mucho tiempo a fuertes oscilaciones según las alineaciones partidarias internas.

En general, los seguidores de Lee más izquierdistas se opondrían a un acuerdo de este tipo. Pero parece que las condiciones regionales y geopolíticas lograron que todos entiendan que no es momento para divisiones ideológicas en cuestiones de defensa. Lee respalda las declaraciones de su gobierno con dinero, y anunció que tiene intención de aumentar el gasto en defensa mucho más de lo que se esperaba. Quiere que Corea del Sur tenga la cuarta industria de defensa más grande del mundo en 2030.

Después del pacifismo

De cara al futuro, la política de seguridad de Japón seguirá el principio de hacer un “aporte proactivo a la paz internacional”, todo lo contrario de la postura de “pacifismo de un solo país” que dominó la política exterior japonesa en el pasado. Este cambio de estrategia viene tomando forma desde los tiempos de Abe. Sus principales características son el aumento del gasto en defensa; la obtención de capacidades de contraataque; la flexibilización de restricciones a las exportaciones de defensa; la creación de mecanismos oficiales de asistencia para la seguridad con vecinos como Indonesia, Filipinas y Vietnam; y la reconsideración de los “tres principios de no nuclearización” (no poseer armas nucleares, no producirlas y no permitir su introducción).

Para poner en práctica esta estrategia, Japón debe crear una agencia nacional de inteligencia como las que ya existen en las principales potencias mundiales. Felizmente, las nuevas iniciativas de Japón en materia de seguridad militar y económica (centradas en promover capacidades locales en semiconductores, construcción naval, espacio, computación cuántica, inteligencia artificial, minerales críticos y energía nuclear de próxima generación) ya están dando lugar a una arquitectura de seguridad indopacífica más interconectada.

Mediante una cooperación más profunda con socios como Corea del Sur, Australia, la India y los miembros de la ASEAN, los esfuerzos japoneses pueden servir de complemento y refuerzo ante la postura cada vez más ambigua de Estados Unidos en relación con sus compromisos de seguridad tradicionales. Esa cooperación puede aliviar la carga estratégica de la presencia de Estados Unidos en la región (uno de los objetivos en los que más insiste la administración Trump) y así hacerla más sostenible. Este último punto es esencial, porque Estados Unidos sigue siendo la única potencia capaz de brindar el nivel de poder de disuasión y fuerza de contrapeso que se necesita para hacer frente al ascenso de China.

Pero subsiste el hecho de que la tarea monumental de estabilizar lo que tal vez sea el entorno estratégico más tenso y complejo desde la Segunda Guerra Mundial no puede asumirla Estados Unidos solo. Para construir una estructura de paz verdaderamente estable, segura y viable para toda Asia es indispensable una estrecha coordinación entre los países afines de la región, empezando por un Japón consciente de la necesidad de asumir un papel de liderazgo.

* Akihisa Nagashima fue asesor de seguridad del primer ministro de Japón Shigeru Ishiba y miembro de la Cámara Baja del parlamento japonés. Copyright: Project Syndicate, 2025. www.project-syndicate.org

El primer año de la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos ha sido muy costoso para el Estado de derecho. Este concepto, fundamento ideal de la gobernanza estadounidense, se invoca como expresión de una amplia variedad de esperanzas, pero en su núcleo encierra dos valores complementarios: que el ciudadano de a pie pueda usar la ley como criterio para predecir con exactitud las consecuencias de sus acciones, y que esa misma ley hará predecible el comportamiento de los funcionarios que ejercen los enormes poderes del Estado.

El segundo gobierno de Trump se niega a someterse a algo tan ordinario y mundano como las leyes que aprueba el Congreso. El Departamento de Justicia ha declarado en forma explícita que ya no puede darse por sentado que cumplirá las órdenes de los tribunales federales de distrito o de los tribunales de apelación, y el Ejecutivo considera que obedecer las leyes que mandan partidas de gasto (entre otras) es opcional.

El fundamento retórico de estas medidas es la afirmación de Trump de que tiene un “mandato”, en la forma de su (estrecha) victoria electoral en noviembre de 2024. No importa que en el sistema constitucional estadounidense los presidentes ejerzan su autoridad dentro de los límites establecidos por las leyes del país. La administración está decidida a derribar los dos pilares del Estado de derecho: la previsibilidad que supuestamente promete la ley escrita y el principio de que ese corpus normativo es tan válido para los funcionarios como para el ciudadano común y corriente.

De modo que las afirmaciones de Trump referidas a un “mandato” ofrecen un punto de partida útil para pensar en los meses y años venideros. Las cuestiones centrales que definirán no solo la segunda administración Trump, sino también el cada vez más sombrío futuro de la democracia estadounidense dependerán de hasta dónde el presidente estará dispuesto a llevar esa tesis. ¿A qué extremos llegará para mantener el espejismo?

Los agentes facilitadores

Para dar una respuesta debemos analizar cómo se usó hasta ahora la idea de un mandato ilimitado para desmantelar el Estado de derecho. En este sentido, hay que hablar no tanto del presidente cuanto de los otros poderes del Estado, que presuntamente obran como controles del Ejecutivo estadounidense. Por supuesto, el hecho de que las ramas Ejecutiva y Legislativa estén ambas bajo control republicano implica que la administración Trump enfrenta escasa supervisión o resistencia del Congreso. Pero es probable que el facilitador más importante de la actuación ilegal del presidente haya sido la Corte Suprema.

Bajo la presidencia de John Roberts, la Corte se ha convertido (aunque parezca paradójico) en una fuerza debilitadora del Estado de derecho. En 21 de las 23 apelaciones promovidas por la administración Trump por fuera de los canales ordinarios (a través de la “agenda de emergencia” de la Corte) en los primeros nueve meses de mandato, el tribunal afirmó que el presidente tiene poder para actuar (a menudo, a pesar de la ley escrita) hasta tanto se emita un fallo definitivo. Por increíble que parezca, los supremos incluso permitieron al gobierno hacer caso omiso de los recientes mandatos de gasto aprobados por el Congreso, con lo que en la práctica desvirtuaron el más importante de los mecanismos que tiene la Rama Legislativa para poner límites al poder de la Presidencia.

Que la Corte dé estas licencias a una Presidencia que incumple declaradamente las leyes es algo nuevo en la historia de Estados Unidos. También lo es la inquietud generalizada que se observa entre los jueces de tribunales inferiores nombrados por presidentes de ambos partidos. Son funcionarios bajo supervisión directa de los supremos, y su pérdida de confianza en la Corte no tiene precedentes.

Debemos considerar ahora la posibilidad de que esta inquietud creciente pueda cuajar en un rechazo más explícito durante el próximo año o bienio, cuando es probable que la Corte se convierta en el lugar donde el bufete de abogados del presidente (nombre que ahora es lícito asignar al Departamento de Justicia) intentará transmutar el discurso de “mandato” en doctrina legal duradera. La agenda de la Corte ya incluye varios casos que tienen relación directa con esa posibilidad.

Dos de ellos tienen que ver con las facultades del presidente para despedir a funcionarios a los que el Congreso haya decidido blindar en sus puestos. A pesar de que hay pruebas contundentes de que la intención original de los redactores de la Constitución se oponía a ello, es casi seguro que la Corte dará al presidente amplio poder para despedir a funcionarios a voluntad. La mayoría conservadora de la Corte se declara partidaria del “originalismo”, una escuela de jurisprudencia que sostiene que la Constitución de Estados Unidos puede y debe interpretarse según el significado original de las palabras que aparecen en ella, tal y como las usaron sus redactores. Pero el bloque conservador de la Corte ha mostrado, una y otra vez, que solo defiende esta postura cuando le conviene.

Igual de importantes son los cuestionamientos a los aranceles dictados por Trump en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Cuando la Corte decida en estos casos, hay que observar con atención su manejo de la definición de “emergencia”. Si los supremos denominan “emergencia” algo tan banal como un desequilibrio comercial (situación experimentada por Estados Unidos desde los años setenta), en la práctica, cualquier otra ley donde exista una cláusula de activación en caso de emergencia podrá considerarse activada. El presidente podrá invocar esas cláusulas cuando y como le parezca oportuno.

Las implicaciones de esta flexibilización de los poderes de emergencia presidenciales se sentirán enseguida. La administración Trump no ha dudado en usar otras leyes de emergencia para arrestar y encarcelar por tiempo indefinido en condiciones espeluznantes a extranjeros, y podría hacer lo mismo para ampliar el despliegue de tropas dentro del territorio nacional conforme a la Ley de Insurrección. Ya utiliza a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a los efectivos de la Guardia Nacional contra residentes de ciudades controladas por el Partido Demócrata. En Chicago, estas tropas de choque usaron gases lacrimógenos contra manifestantes e incluso contra la policía local, y arrestaron a periodistas y concejales locales que intentaban documentar esos abusos. ¿Qué ocurrirá cuando la Corte dé vía libre a Trump para redoblar la represión?

Disolver al pueblo

Aunque los medios de comunicación tienden a centrarse en los despliegues de la Guardia Nacional, a lo que hay que prestar más atención en los próximos meses es a una intensificación gradual del uso agresivo de la violencia por parte del ICE contra los estados. Una agresión tan descarada no ayudará en nada a suavizar la postura de los residentes locales ante el gobierno federal. En vez de eso, podría ocurrir que se normalice la represión violenta de protestas, sobre todo si se tiene en cuenta la radicalización de la cultura interna del ICE. Si este organismo (con un presupuesto que hoy supera los de la mayoría de las fuerzas armadas de otros países) llegara a considerarse algo parecido a un ejército de ocupación en su propio país, con derecho a usar cualquier grado de fuerza que considere necesario para someter al “enemigo interno”, el riesgo de una escalada de violencia política será todavía mayor.

Hay otro ámbito de la aplicación de la fuerza donde en los próximos meses también podrían verse cambios radicales. A mediados de octubre, las fuerzas armadas estadounidenses habían hundido cinco embarcaciones presuntamente usadas por narcotraficantes venezolanos. Estos ataques constituyen un uso inédito de fuerza militar indiscriminada contra objetivos civiles. No hay motivos para creer que no era posible capturar las embarcaciones y detener, en vez de matar, a sus tripulantes.

Son ejecuciones, sin la menor pretensión de garantía procesal. Pero incluso si las embarcaciones fueran blancos legítimos, matar a sus tripulantes es un claro delito conforme al derecho nacional e internacional. El expresidente filipino Rodrigo Duterte enfrenta cargos en la Corte Penal Internacional por una campaña similar de violencia extrajudicial indiscriminada contra presuntos narcotraficantes en su país.

De esto se desprende una pregunta clave para los próximos años: si el uso letal de la fuerza militar se mantendrá confinado a objetivos fuera de Estados Unidos. No cuesta imaginar a este gobierno hallando argumentos para aplicarla al territorio nacional. Si un dron Predator puede atacar una lancha sin previo aviso en aguas internacionales, ¿por qué no también cuando se encuentre a menos de 200 millas náuticas de la costa estadounidense? Y si es en mar abierto, ¿por qué no en un puerto estadounidense o en una autopista? ¿O en la casa de alguien? La extensión de las actividades del ICE desde las fronteras hacia el núcleo territorial estadounidense ya sigue esta lógica autoritaria.

El uso de la violencia militar y cuasimilitar contra grupos étnicos desfavorecidos y ciudades opositoras sería significativo incluso si no tuviera consecuencias sistémicas para la democracia, pero es evidente que las tiene. Estos actos, y su posible escalada, cambian los términos en los que se desarrollarán las elecciones de 2026 y posteriores. La administración está echando intencionadamente una sombra de intimidación sobre el proceso democrático, al mismo tiempo que introduce otras amenazas más sutiles contra el experimento estadounidense.

Una de ellas es la manipulación del trazado de distritos electorales (“gerrymandering”) en estados bajo control republicano (Texas, Missouri y Carolina del Norte), algo que Trump promueve abiertamente para asegurarse de que posibles victorias demócratas en las elecciones intermedias de 2026 no le arruinen el “mandato”. Ya en tiempos normales sería irónico que un presidente use su victoria en elecciones justas para asegurarse de que las siguientes no sean justas y estén sesgadas a su favor. Pero no son estos tiempos normales. Si el “gerrymandering” fracasa (o lo contrarresta una respuesta en espejo de California), y si la presencia de uniformados en ciudades bajo control demócrata no logra disuadir la participación de los votantes, es improbable que Trump se detenga allí.

Como advierte Paul Rosenzweig, exfuncionario de la presidencia de George Bush (hijo), el objetivo evidente de la orden ejecutiva que emitió Trump en marzo de 2025 sobre la “integridad” de las elecciones es Wprivar del derecho de voto a sus oponentes y evitar una derrota electoralW. La Corte presidida por Roberts ya analiza seriamente uno de los puntos más escandalosos de esa orden (la prohibición de contar votos que se reciban después del día de las elecciones), y otras disposiciones, como la que exige la recertificación de todas las máquinas de votación, se podrían usar para confiscar máquinas en los distritos donde los aliados de Trump pierdan.

El pueblo contra el American Way

Si el riesgo para la democracia estadounidense, derivado de la erosión del Estado de derecho se limitara a las elecciones de 2026 y 2028, casi podríamos decir que no sería tan preocupante. Pero la amenaza contra la celebración de elecciones libres y justas es solo un síntoma de un problema mayor. Basta pensar en las derivaciones de la idea de mandato presidencial ilimitado. Lo que está en juego no es solo la manipulación de algunas pocas elecciones (aunque eso ya es bastante grave). Más bien, estamos hablando de un jefe del Ejecutivo situado por encima de la ley. Sería un repudio categórico del “American Way”, un rechazo a la noción de que existe una comunidad política compartida, extendida en el tiempo y animada por el debate y la decisión democrática.

En un sistema donde el presidente puede descartar leyes a su arbitrio, no hay razón para que el Congreso apruebe leyes en primer lugar. Las que se aprueben hoy no tendrán efecto sobre los futuros gobernantes. Con su rechazo a la fuerza moral del pasado, los defensores de la idea del mandato presidencial ilimitado se alejan de la política democrática tal como se ha expresado a lo largo de la historia. La ley escrita, trabajosamente labrada por las mayorías democráticas, es la razón de ser y la demostración de la vida democrática; o acaso ya no.

Por supuesto, quienes renuncian al pasado también renuncian a sus pretensiones sobre el futuro. Si el proyecto democrático ya no se extiende en el tiempo, deja de existir. Si no respetamos lo que nuestros antepasados consagraron en leyes, ¿por qué deberían importar mañana las decisiones que se tomen hoy? La legislación, reducida a un mero momento de ruido y furia, sin ningún significado. La adopción de una política por la vía legal se torna imposible.

Pero aquel que no puede redactar leyes que obliguen a sus sucesores, tendrá que asegurarse de que los sucesores se le parezcan. Tendrá que eliminar la molesta costumbre que tienen los votantes de cambiar de opinión. Tendrá que hacer permanente su mandato de algún modo, tal vez mediante órdenes ejecutivas, manipulación de distritos electorales o uniformados en las calles. La idea que anima a la segunda administración Trump es un rechazo de todo lo que Estados Unidos defendió siempre. Y es posible que su visión termine de concretarse en 2026.

* Copyright: Project Syndicate, 2025. www.project-syndicate.org.

A veces me preguntan qué me quita el sueño. La respuesta es relativamente sencilla. Es el temor a que el orden internacional de posguerra —moldeado por los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial y el trauma del Holocausto, y construido sobre los cimientos del compromiso político, el respeto a la soberanía de otros países, el libre mercado, las libertades civiles y la protección de las minorías— se derrumbe. (Lea otra entrega de Pensadores globales 2026, sobre el futuro de Oriente Medio).

“Nunca más”, la promesa y la ambición de no repetir los errores que condujeron a la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, ha dado forma durante décadas a las instituciones internacionales y las políticas de seguridad. Pero ahora, la influencia aleccionadora de este lema ha menguado. En todo el mundo están estallando focos de tensión, desde la intervención militar estadounidense en Venezuela, la brutal guerra civil en Sudán y la continua inestabilidad en Oriente Medio, hasta la guerra en Ucrania y las crecientes tensiones en el estrecho de Taiwán. Todas estas crisis tienen implicaciones globales.

Ante esta infinidad de emergencias, no sorprende que Occidente, en sentido amplio, se enfrente a su mayor desafío en décadas. La raíz de este desafío reside en una sensación de agotamiento civilizatorio, del que nuestros adversarios han tomado nota, convencidos de que ha llegado su hora.

¿Pero es así? Han transcurrido más de 1.350 días desde que Rusia lanzó su “operación militar especial” de tres días —su guerra de agresión ilegal y no provocada— contra Ucrania. Al menos 1,5 millones de soldados ucranianos y rusos han resultado heridos o muertos en los combates desde entonces, más de mil por día. El régimen del presidente ruso, Vladimir Putin, y solo él, es plenamente responsable de este elevado número de víctimas.

Lamentablemente, deberíamos esperar más muerte y destrucción. Rusia está atacando la infraestructura energética de Ucrania (tanto con misiles como con drones) en un intento de doblegar la voluntad del país, sumiendo a sus ciudades en la oscuridad invernal y en un frío gélido. A pesar de los crecientes problemas económicos, el Kremlin está aumentando el gasto militar hasta casi el 40 % del presupuesto del país. Sus aviones y drones violan el espacio aéreo de la OTAN y causan interrupciones en los aeropuertos, no solo en países vecinos como Estonia, sino también en Alemania, Dinamarca y Suecia. Su maquinaria bélica se acelera y su objetivo es claro: intimidar no solo a los ucranianos, sino también a las sociedades occidentales.

Este comportamiento deja claras tres cosas. Primero, Putin no está ni ha estado interesado en la paz. Segundo, cada violación territorial, cada incendio provocado, cada ciberataque no es un error, sino parte de una estrategia deliberada para poner a prueba la resiliencia de Europa y sus aliados. Y tercero, estas provocaciones no son una señal de fortaleza, sino de creciente debilidad.

A pesar de la determinación y crueldad del Kremlin a la hora de librar su guerra, su esfuerzo por someter a Ucrania ha sido un fracaso catastrófico. Rusia ha perdido o ha dejado lisiados a más de un millón de sus ciudadanos (aproximadamente otro millón ha huido del país), ha roto relaciones comerciales lucrativas con Europa, ha obligado a dos nuevos países (Finlandia y Suecia) a ingresar en la OTAN, ha malgastado cientos de miles de millones de dólares y se ha vuelto más dependiente de sus aliados autoritarios. Sin su ayuda, esta guerra habría terminado hace mucho tiempo con la derrota del agresor.

Pero, aunque Rusia esté debilitada económica, demográfica y políticamente, sigue siendo una grave amenaza, tanto para Europa como para el orden mundial. Con Estados Unidos y China enfrascados en una rivalidad geopolítica, Rusia se esfuerza por convertirse en el tercer pilar de una tríada global, a expensas de Europa. El desafío de la UE es traducir su tamaño económico en liderazgo e influencia global.

Eso es algo que solo una Europa unida puede lograr; una Europa dividida quedará paralizada. Por lo tanto, la UE se enfrenta a una difícil disyuntiva: o se convierte en una comunidad capaz de actuar, o acepta quedar reducida a un patio de recreo para las superpotencias —al menos en lo que respecta a la recopilación de datos y el comercio.

El único camino hacia el éxito en este ámbito pasa por una cooperación más profunda en materia de seguridad, migración, tecnología y política exterior. Así es como podemos desarrollar la fuerza necesaria para disuadir a los agresores, mantener la cohesión social, defender los valores en los que se basa nuestra civilización y, por último, pero no por ello menos importante, ganarnos el respeto de nuestros aliados, principalmente de Estados Unidos.

La UE y Estados Unidos mantienen la relación económica más beneficiosa del mundo. Juntos representan aproximadamente el 44 % del PIB global y casi el 30 % del comercio global de bienes y servicios. Ambas partes siguen siendo los principales socios comerciales e inversores recíprocos, y millones de puestos de trabajo dependen de su cooperación. Cuestionar esta relación no debe hacerse a la ligera, ya que los regímenes revisionistas —especialmente Moscú— observan de cerca. Putin está monitoreando los cambios en el terreno y podría ver 2026 como una oportunidad para poner a prueba la determinación de Occidente mediante la intensificación de la guerra híbrida, los ciberataques o la presión energética.

La alianza occidental conserva un gran potencial y atractivo. Durante décadas ha sustentado la prosperidad global, la estabilidad democrática y el progreso tecnológico. Dejar que se desmorone no solo debilitaría a Occidente, sino que redefiniría el mundo tal y como lo conocemos. Un Occidente dividido abre la puerta a un futuro caótico, en el que los valores democráticos y los derechos humanos den paso a la fuerza bruta. La desunión nos costará muy caro.

Nuestro orden global, basado en el respeto del derecho internacional, ciertamente es imperfecto, como todas las creaciones humanas. Pero a pesar de sus defectos, sigue siendo la mejor herramienta que tenemos para evitar el caos global. Debe actualizarse y modificarse constantemente, pero mediante el debate y la negociación, no mediante guerras y exterminio.

O la defendemos, o la promesa solemne de nuestros abuelos —“Nunca más”— pronto se romperá, tan solo ocho décadas después de que ellos la hicieran. Esa perspectiva debería quitarnos el sueño a todos.

* Copyright: Project Syndicate, 2025. www.project-syndicate.org

La amenaza de las armas nucleares ya no está ni remotamente contenida por reglas y normas aceptadas de común acuerdo. Por el contrario, ha vuelto recargada, y nos empuja a todos al borde del abismo.

Por primera vez desde el final de la Guerra Fría, los arsenales nucleares están en aumento; y las armas en sí son cada vez más mortíferas, diversas y vulnerables. Las conversaciones sobre el control de armamentos están estancadas, y los acuerdos en su mayoría ya caducaron o están tan desvirtuados que han perdido toda credibilidad. Peor aún, la retórica nuclear se está volviendo cada vez más amenazante, y más descaradamente belicosas las potencias nucleares. (Lea otra entrega de Pensadores globales 2026, sobre el futuro de Oriente Medio).

Basta pensar en algunos hechos preocupantes sucedidos en 2025: las bravatas nucleares del presidente ruso Vladímir Putin en relación con Ucrania; la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de reanudar las pruebas; y la acumulación de misiles nucleares estratégicos de China (la mayor que haya visto el mundo desde los años sesenta). Y lo más inquietante: en mayo estuvo a punto de estallar una guerra entre dos potencias nucleares (la India y Pakistán).

Estas tendencias contrarían por completo el Tratado de No Proliferación Nuclear (1968), que fue pensado para liberar al mundo de la amenaza constante de la autoaniquilación. El TNP exige a todos los firmantes el abandono de las armas nucleares y someter sus actividades nucleares a la inspección del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). También obliga a las cinco potencias nucleares reconocidas en el momento de su firma (China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Rusia) a deshacerse de sus armas y alcanzar el desarme nuclear.

El TNP es casi universal, ya que tiene 191 países firmantes. Pero cuatro de las cinco excepciones (la India, Pakistán, Israel y Corea del Norte) tienen armas nucleares (la quinta excepción es Sudán del Sur). Los tres primeros países se negaron a firmar el tratado antes de desarrollar armas nucleares; Corea del Norte se sumó al principio, pero después se retiró entre acusaciones de que lo había violado (y ahora no oculta sus crecientes aspiraciones nucleares).

El TNP debía reforzarse con otros acuerdos, pero las cosas no salieron como estaba previsto. Por ejemplo, el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares nunca entró en vigor, por falta de ratificaciones; pero por más de tres décadas se cumplió una moratoria de los ensayos nucleares (excepto en Corea del Norte). Lo mismo puede decirse de un tratado para la prohibición de la producción de materiales nucleares aptos para la fabricación de armas (y la eliminación de las reservas existentes), que está paralizado en la Conferencia de Desarme de Ginebra desde 1993.

También hubo propuestas de poner las partes más delicadas del ciclo de los combustibles nucleares bajo control multinacional; algunas de ellas cobraron fuerza tras las revelaciones sobre el programa de enriquecimiento de Irán en 2023. Pero estas iniciativas también terminaron en nada.

Es verdad que a partir de 1972, las dos potencias nucleares principales (Rusia, precedida por la Unión Soviética, y Estados Unidos), que en conjunto suman casi el 90 % del arsenal nuclear mundial, firmaron una serie de acuerdos bilaterales para limitar la cantidad y variedad de las ojivas nucleares y de los sistemas vectores. Pero sólo uno de ellos (el Nuevo Tratado START de 2010) sigue en vigor, y caducará en febrero.

Las potencias nucleares no sólo no se desarmaron, sino que poseen más de 12.000 ojivas nucleares. Unas 4000 están desplegadas en misiles y aviones, y unas 2000 están en alerta máxima y listas para su lanzamiento en cuestión de minutos. Peor aún, las nueve potencias nucleares están “modernizando” sus arsenales para aprovechar las nuevas tecnologías.

En 2020, el exsecretario estadounidense de defensa William J. Perry y Tom Z. Collina resumieron la situación así: “El señor Trump tiene autoridad absoluta para iniciar una guerra nuclear. En cuestión de minutos, el presidente puede dar vía libre al equivalente de más de 10 000 bombas de Hiroshima. No necesita una segunda opinión (…) Pero sería el fin de la civilización tal y como la conocemos”.

La frustración por la falta de avances hacia el desarme nuclear en el marco del TNP llevó a la mayoría de los países no nuclearizados a aprobar un Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), que entró en vigor en 2021. El TPAN busca prohibir las armas nucleares y exige la destrucción de las que ya existen. Lo ratificaron 74 países, pero ninguna de las nueve potencias nucleares.

De hecho, en respuesta a la aprobación del TPAN, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia sostuvieron que la disuasión nuclear “ha sido esencial para el mantenimiento de la paz en Europa y el norte de Asia durante más de setenta años”. Pero por lo menos reiteraron su compromiso con el desarme en el marco del TNP, y declararon: #creemos firmemente en la necesidad de evitar una mayor difusión de las armas” nucleares.

En un pasado no muy lejano, las cinco potencias nucleares originales colaboraron para evitar la proliferación de armas nucleares en los casos de Corea del Norte, Irak e Irán. Pero Corea del Norte terminó retirándose del TNP, e Irak fue invadido por una “coalición de voluntarios” liderada por Estados Unidos y el Reino Unido, con el falso pretexto de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva no declaradas.

En el caso de Irán, las cinco potencias nucleares negociaron con ese país un acuerdo (el Plan Integral de Acción Conjunta) con el objetivo de generar confianza mediante la cooperación y una mejora de la transparencia, pero fracasó al retirarse los Estados Unidos en 2018 durante la primera presidencia de Trump. Entonces, a pesar de que la OIEA informó de que “no hay indicios creíbles de un programa nuclear estructurado no declarado y en curso” en Irán, Israel y el segundo gobierno de Trump decidieron por cuenta propia bombardear la infraestructura iraní de producción de combustible nuclear (asesinando al hacerlo a varios científicos nucleares iraníes).

Reacción en cadena

Pese a las declaraciones y garantías de las cinco potencias nucleares originales en el sentido de que sus arsenales son sólo para fines defensivos, y que “una guerra nuclear no se puede ganar y no se debe librar”, algunos han comenzado a recalcar el valor de las armas nucleares y a abrazar el principio de la ley del más fuerte. Por ejemplo, el ex presidente ruso Dmitry Medvedev advierte de que la “derrota de una potencia nuclear en una guerra convencional puede provocar una guerra nuclear”, y añade que “las potencias nucleares nunca han perdido conflictos importantes de los que dependa su destino”.

Asimismo, el secretario de defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró hace poco: “No estamos construyendo para tiempos de paz; estamos reorientando el Pentágono y la base industrial hacia un supuesto de guerra”. La administración Trump ha acompañado esa retórica con amenazas o uso real de la fuerza (o de armas estadounidenses) contra una amplia variedad de países y territorios, entre ellos Irán, los enclaves palestinos ocupados, Dinamarca, Canadá, Venezuela y Nigeria.

En este nuevo entorno de tensiones, algunos aliados de Estados Unidos comienzan a dudar de la fiabilidad del paraguas nuclear estadounidense. Aunque Japón adoptó hace tiempo una postura de no poseer armas nucleares, hay en el país un debate cada vez más intenso sobre cómo puede defenderse en un mundo más peligroso. Un debate similar tiene lugar en Corea del Sur, y las encuestas sugieren que muchos surcoreanos estarían de acuerdo con que el país desarrolle una capacidad nuclear bélica propia. Y en Alemania, el canciller Friedrich Merz ya había declarado disposición a mantener conversaciones con Francia y el RU sobre la posibilidad de “compartir” armas nucleares en Europa para reforzar “el escudo estadounidense” (aunque después su gobierno declaró que “no tiene planes inmediatos de obtener armas nucleares”).

De modo que el devenir geopolítico está llevando al desmoronamiento gradual (o la demolición lisa y llana) de la arquitectura internacional para el mantenimiento de la paz y la seguridad. Las principales potencias nucleares abandonan el derecho internacional y humanitario, los valores democráticos y las instituciones internacionales y se lanzan a la acción unilateral. El poder conferido por armas que pueden borrar la civilización de un plumazo se está convirtiendo en el árbitro supremo de la política y los asuntos internacionales.

El mensaje es que tener la bomba es la garantía de seguridad máxima, y que quien tiene la bomba puede asesinar impunemente. Lo entiende muy bien Ucrania, un país que renunció a sus armas nucleares a cambio de garantías de seguridad.

Más allá de lo que digan, es evidente que las potencias nucleares renegaron de su compromiso con el desarme nuclear y se han lanzado en la dirección opuesta. Tecnologías sofisticadas (entre ellas los sistemas de armas autónomas) y las tensiones globales han llevado al mundo a un lugar extraordinariamente peligroso. El régimen de control de armas nucleares actual tuvo que hacer excepciones. Pero ya es insostenible. Pronto otros países se sacudirán el yugo y desarrollarán un “poder de disuasión” propio.

Más armas nucleares implica más vulnerabilidades, como resultado de las crecientes capacidades cibernéticas, la inestabilidad de las estructuras de mando y el eterno riesgo de inicio accidental de un conflicto. Nunca ha habido tanta necesidad, ni tan urgente, de diálogo, creación de confianza entre las grandes potencias, un sistema basado en reglas y nuevas iniciativas de desarme.

* Copyright: Project Syndicate, 2025.www.project-syndicate.org

La nueva ley electoral que rige a partir de este año, que impone más controles y estándares para la realización de mediciones de intención de voto y favorabilidad de candidatos, ¿contribuye a que haya una mayor responsabilidad en la divulgación de resultados sobre tendencias entre los votantes y, por tanto, ayudaría a reducir las tensiones políticas? Esa norma ha recibido muchas críticas…

En general, las encuestas no están diseñadas para disminuir tensiones electorales, sino para orientar candidatos y ciudadanía. Ahora, sobre la otra parte de su pregunta, en mi opinión, la Ley 2494 de 2025, aparte de todas las objeciones que se le han hecho en diversos aspectos, no contribuye a darles transparencia a los resultados sobre tendencias entre los votantes, debido a la fragmentación que hizo de municipios y lugares en los que se van a realizar las mediciones. Una segmentación tan intensa como la que impuso la nueva ley, impide la claridad en los resultados.

¿Por qué? ¿Cuál es la falla en la división que hizo la ley entre municipios y distritos “de inclusión forzosa para la toma de muestras en encuestas de carácter nacional”, como se lee en esa norma?

Cuando se hace una encuesta centralizada, los distintos tópicos están claramente delimitados. Pero si usted introduce una segmentación muy marcada, puede perder la visión de conjunto y la objetividad en el análisis de los resultados, puesto que los diferentes universos establecidos en la ley, no van a ser compatibles. Por ejemplo, si usted aplica una encuesta en Maicao, y en el mismo ejercicio también la aplica en Bogotá, tal como está planteada esta la norma, se trata de universos distintos. Y, por eso, no se puede llegar a resultados generales sino a los que corresponden a cada universo. De otra parte, hay que tener en cuenta, también, que la mayoría de las firmas encuestadoras no ha hecho, aún, los ajustes que requiere esta nueva metodología.

Entonces, sobre la real favorabilidad electoral de los candidatos presidenciales, ¿seguimos a oscuras?

Sí, creo. Seguimos a oscuras.

¿Ese que usted señala, puede ser el factor que ha propiciado la confusión y falta de confianza que parecen reinar entre quienes seguimos las encuestas, según sea la firma que realiza la medición?

Indudablemente, con la actual metodología habrá confusiones. Insisto en que la excesiva segmentación crea universos muy pequeños y se favorece la subjetividad cuando se analizan los datos. Hasta cuando se sancionó esta ley, en Colombia se habían aplicado otro tipo de métodos y técnicas con los que se podía llegar a resultados válidos como se pudo comprobar en elecciones pasadas.

¿Significaría, también, que los resultados de las encuestas publicadas hasta ahora sobre la elección presidencial de este año, podrían ser ciertos para una región pero no para otra u otras?

En una encuesta puede haber resultados distintos, eso es claro. Pero esos resultados tienen una lógica cuando se aplica una sola metodología. En cambio, si la encuesta se ejecuta de manera diferente en cada sitio, puede ganar terreno lo que llamo “subjetividad”, es decir, si se pierde la uniformidad del método, también puede perderse la validez de las conclusiones.

En definitiva, para usted, ¿el mayor yerro de la ley sancionada en julio del 2025, es el método?

Sí. El mayor error es la ausencia de una metodología común para la aplicación de la encuesta en todos los sitios en que se vaya a realizar.

¿Piensa que, por esta razón y, obviamente, por el enorme incremento en los recursos económicos que hay que invertir para poder desarrollar una encuesta electoral nacional ajustada a esta ley, muchas firmas del sector han decidido abstenerse de participar con sus propias mediciones?

Por ahora la respuesta es sí, pero no sabemos lo que ocurrirá más adelante. De un lado, todavía hay tiempo para la elaboración y aplicación de encuestas, este año de elecciones; del otro, no se sabe si, aun ajustándose a las exigencias de la nueva ley, unas firmas decidirán mantenerse en esta línea de trabajo o si preferirán retirarse y dedicarse a otro tipo de estudios.

En la parte positiva de la ley, parece haber consenso sobre la mayor exigencia que, en materia de responsabilidad y transparencia, se les impuso a las firmas encuestadoras ¿Está de acuerdo?

Depende; y disculpe si parezco reiterativo: si los universos no son compatibles para poder analizarlos y obtener resultados generales, tampoco será factible hacer encuestas válidas y acertadas, con independencia del alto grado de responsabilidad que se debe exigir siempre, para este y cualquier trabajo que implique la interpretación de datos.

¿Puedo concluir que usted no cree en los resultados que han publicado las firmas encuestadoras sobre favorabilidad electoral para unos candidatos específicos?

Es muy difícil que los resultados publicados sean objetivos por todo lo que he dicho. En mi criterio, hay tantas condiciones impuestas para la aplicación de la encuesta en cada conglomerado electoral, que los datos obtenidos pueden terminar siendo poco representativos, aplicados en un análisis de conjunto.

Entonces, los candidatos que aparecen punteando en las encuestas, ¿no deberían confiar en los pronósticos sobre el primero o segundo lugar que les adjudican en las preferencias de los votantes?

No deberían confiar.

Cambiando de ángulo, y desde la óptica de su vasta experiencia, cuando se están disputando cargos públicos, ¿el país ha avanzado desde la época en que usted fue Registrador Nacional a hoy, en materia de convivencia y paz electoral? O ¿los esfuerzos del Estado se han concentrado en la tecnología pero quedaron rezagadas las garantías para los derechos de los electores?

Una cosa no se opone a la otra: el país ha venido haciendo esfuerzos para mejorar los aspectos tecnológicos en su organización electoral, con el fin de que la ciudadanía conozca, con agilidad, los resultados. De esa forma, se asegura la transparencia de los resultados. En materia de convivencia u hostilidad durante los debates para cargos de elección popular o en el ejercicio del poder público, los discursos de polarización han aumentado en los últimos años, no solo en Colombia sino en el mundo. Estamos ante un fenómeno global auspiciado por los líderes más visibles y parece que esa tendencia seguirá creciendo.

Hace poco más de una década, cuando usted era el Registrador Nacional, ¿qué tipo de violencias le correspondió enfrentar en las etapas electorales que dirigió?

Hubo violencia electoral en los días previos a las elecciones de 2007, consistente en amendrentar a quienes estuvieran interesados en participar en las elecciones con el fin de que se abstuvieran de ir a las urnas. Ocurrió en varios lugares del país. Inclusive en sitios muy cercanos a Bogotá, cerca del río Sumapaz, hubo bloqueos los días de votación.

¿En cuántos de los 1.003 municipios que había en Colombia en esa década, los grupos guerrilleros y paramilitares tenían el poder de impedir la realización de elecciones por sus amenazas de secuestro o ejecución de quienes salieran a votar?

Los grupos guerrilleros ejercían presión para impedir que los votantes llegaran a las urnas en lugares alejados de los centros urbanos. La amplia presencia de las antiguas FARC en las elecciones territoriales de ese año 2007, se sintió en grandes sectores rurales de Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Arauca, Sur de Bolívar, Nariño, Cauca y Córdoba. Amenazaban a candidatos y jurados, impedían el desarrollo de las campañas y las reuniones políticas; hacían bloqueos armados el día de las votaciones para obstaculizar la movilidad y llegaban a controlar la inscripción de cédulas. El impacto reportado en varios municipios se reflejaba en restricciones severas a la competencia política o en la suspensión de la jornada de votaciones.

También hubo presencia territorial de otros grupos armados interesados en evitar el cambio de dirigentes locales ¿en dónde estaban asentados esos grupos?

En los departamentos de Arauca, Norte de Santander, sur de Bolívar, Chocó y algunas zonas de Antioquia, hubo presencia de otros grupos armados, aparte de las FARC, que buscaban sabotear las elecciones. Primero, fueron unas estructuras paramilitares y después del 2007, aparecieron grupos posparamilitares o bandas criminales emergentes como las Águilas Negras y Los Rastrojos que también coaccionaban a la ciudadanía para impedir el derecho al voto libre.

Aparte de las amenazas directas de grupos ilegales armados, ¿la Registraduría a su cargo también tuvo dificultades, en etapa de elecciones, por violencia civil? Por ejemplo, ¿amotinamiento de alguna población o constreñimiento a los electores para obligarlos a votar por un candidato determinado?

Recuerdo que hubo asonadas en sitios aislados del departamento del Cesar para impedir votaciones. En los casos más violentos, grupos no identificados quemaban las bolsas con los votos para evitar que las autoridades electorales realizaran el escrutinio o conteo. O se las llevaban con los votos, en su interior, para entregárselas a funcionarios públicos que estaban comprometidos con un sector político. Esos funcionarios, además, no eran escrutadores oficiales y no podían realizar legítimamente el conteo. Por supuesto, lo que ellos dictaminarán, no era válido. También se presentaba violencia con la quema de votos antes de entregarlos a los delegados de la Registraduría. Estas conductas se presentaban como consecuencia de intereses municipales o veredales para impedir que rotara el poder local. Por este motivo, no se recibían quejas oficiales sobre tales hechos porque quienes ejercían como autoridades en esos sitios, estaban comprometidas con las irregularidades.

Con frecuencia se ha sabido, en este país, de ataques en contra de candidatos locales o nacionales. Algunos casos trágicos, han llegado a la ejecución real, como el reciente atentado contra la vida de Miguel Uribe Turbay. Pero, en los años en que usted estuvo al frente de la Registraduría, ¿recuerda que los propios candidatos hicieran campaña amenazando a sus potenciales contradictores políticos o ideológicos?

El fenómeno de amenazar al candidato se presentaba en casos de aspiraciones electorales locales. Hubo algunos casos que llegaron al nivel departamental. Pero los reclamos por esas situaciones de riesgo no solían conocerse en el nivel nacional por el fuerte compromiso político regional que parecía haber tras las intimidaciones.

Un aspirante actual a la Presidencia con aparente acogida en un sector, ha prometido, en varios escenarios, que si llega al Gobierno “acabará con ese cáncer” refiriéndose a sus opuestos ideológicos. Durante las elecciones presidenciales de 2014, cuando el ambiente político también era muy tenso por el debate sobre el Acuerdo de Paz con las FARC, ¿algún candidato anticipó, públicamente, su propósito de aniquilar a sus rivales?

A decir verdad, esto que usted relata, es algo que se sale de lo razonable. Pese al ambiente político tenso de 2014, no recuerdo que alguien hablara, de manera explícita, de aniquilar a la agrupación política contraria. Ese año estaban en discusión los acuerdos de paz pero, aunque algunos no los aceptaran, me parece que el clima político no era tan hostil como el de hoy.

Se presentaron, en ese año, duras confrontaciones entre las campañas rivales en los discursos de plaza pública ¿Tuvo usted que enfrentar situaciones extremas de orden público por ese debate electoral, en particular?

Aparte del servicio que prestaba la fuerza pública para control del orden, no me correspondió atender una situación tan extrema como la que usted describe.

La semana pasada se conoció, por la publicación de videos de su propia campaña, la conducta agresiva de un candidato del partido Conservador a la Cámara que se ha grabado recorriendo calles en compañía de una cuadrilla de seguidores armados con bates y palos. Él también amenaza a quienes percibe como opuestos políticos, con “levantarlos” y con “sacarlos” de Bogotá. En su experiencia, ¿cree que se trata solo de una estrategia para llamar la atención de electores extremistas o la violencia verbal puede degenerar en ataques físicos?

La experiencia indica que, si no se controlan las formas en campaña ni los actos en sitios públicos, se amplían las posibilidades de que se presente una tragedia. Esa situación puede salirse de control en cualquier momento. Y esta que usted relata, puede llegar a ser una conducta delictiva.

Observando el panorama del pasado y del presente, ¿el clima electoral de Colombia, ¿es, hoy, más violento que el que se vivía en los primeros 20 años de este siglo?

Hoy se nota deterioro en la manera de tramitar las diferencias políticas en los centros urbanos. Cuando alguien sale, con palos o bates, a las calles de Bogotá para amenazar a quienes piensan distinto, esa conducta significa un retroceso social. Y en cuanto a las regiones más afectadas por los conflictos del presente, los datos indican un estancamiento o un empeoramiento en la garantía del derecho al voto libre, a pesar de los avances tecnológicos y de la normalidad en zonas con mayor presencia estatal.

Sin sanciones electorales por la violencia verbal de los candidatos

La descalificación de las ideas políticas contrarias con que unos individuos o grupos pretenden excluir a sus opositores del debate público, ¿es sancionable en la legislación electoral colombiana? Este tipo de comportamientos, ¿es sancionable por el Consejo Nacional Electoral o por los tribunales?

En la legislación electoral no existe una sanción por violencia política. Sin embargo, las campañas no deben salirse del marco del respeto. La descalificación agresiva sí puede ser objeto de sanciones por parte del Consejo Electoral en caso de que se violen las normas de publicidad electoral. De otra parte, existen normas penales en nuestro sistema jurídico. Si la descalificación se traduce en ataques directos a la honra y buen nombre de un candidato o partido, por ejemplo, podrían configurarse los delitos de injuria o calumnia; pero, en este contexto, estamos refiriéndonos al Código Penal no a las leyes electorales, per se.

Tras su estreno el 22 de enero de 2026, Sin Piedad llega a las salas como un thriller intenso que mantiene al espectador al borde del asiento. Dirigida por Timur Bekmambetov y escrita por Marco van Belle, la película cuenta con la producción de Charles Roven, p.g.a., Robert Amidon, p.g.a., el propio Bekmambetov, p.g.a., y Majd Nassif, p.g.a.

Además, el elenco reúne a destacados actores, encabezados por Chris Pratt y Rebecca Ferguson, junto a Kali Reis, Annabelle Wallis, Chris Sullivan y Kylie Rogers.

¿De qué trata la nueva entrega?

La historia plantea un escenario tan inquietante como vertiginoso: Imagina que despiertas y enseguida caes en la cuenta de que estás atado a una silla, cara a cara con una juez que te informa que has sido acusado de asesinato- y que si no logras exonerarte a ti mismo en noventa minutos, serás ejecutado instantáneamente.

Tienes acceso a todas las imágenes registradas por cámaras y disponibles en la red, y puedes utilizar todo esto para convencer a la juez de tu inocencia. Sin embargo, todas estas imágenes de vigilancia- tanto las públicas como las privadas- podrían empeorar el asunto y acercarte más a un veredicto que te condene como culpable.

Es el año 2029, y el Detective Chris Raven ha despertado en una realidad como la que hemos descrito. La juez que tiene frente a él es una inteligencia artificial que alguna vez él mismo alabó en su forma humana- específicamente, con la formidable apariencia de la Juez Maddox.

Raven es detective policíaco en la ciudad de Los Ángeles y se le imputa el asesinato de su esposa, Nicole, y mientras intenta acumular fragmentos de duda entre imágenes continuas y casi cotidianas de sí mismo, Maddox decide si los subterfugios que el detective aprehende contribuyen a esclarecer su caso, favorable o desfavorablemente. Raven tiene que disminuir sus probabilidades de culpa a un 92 por ciento… pero si continúa aproximándose al 98 por ciento, muy probablemente será ejecutado ahí donde se encuentra, es decir, en la Silla de la Piedad.

La juez proporciona imágenes capturadas por cámaras de la policía, cámaras que registran el cuerpo, cámaras con imágenes captadas en los timbres y puertas de entrada, imágenes almacenadas en celulares, cuentas en redes sociales y cámaras públicas de vigilancia a fin de contradecir los argumentos que Raven esgrime en pro de su inocencia… a pesar de que no recuerda qué ocurrió la mañana previa a su despertar en la Silla de la Piedad.

Cada uno de los movimientos realizados por Raven han sido almacenados en la nube y pueden ser retomados por un sistema legal que ahora depende de la Inteligencia Artificial para procesar a los sospechosos de haber cometido crímenes en una sociedad cada vez más violenta.

Raven intenta contactar a Britt, su hija adolescente y para ello acude a su nueva compañera de trabajo, la Detective Jacqueline ‘JAQ’ Diallo y a su guía en AA y amigo de la familia, Rob Nelson.

La cinta irradia una vibrante y salvaje vida gracias al visionario realizador TIMUR BEKMAMBETOV, director de WANTED, ABRAHAM LINCOLN: VAMPIRE HUNTER y BEN-HUR, cuyas innovadoras cintas NIGHT WATCH (2004) y DAY WATCH (2006) se convirtieron en producciones tremendamente influyentes, y cuyas películas, caracterizadas por su estilo y formato Screenlife- en específico UNFRIENDED (2015), SEARCHING (2018) y PROFILE (2021)- contribuyeron al avance de este arte cinematográfico al integrar aspectos del mundo digital como tecnología visual punta de lanza totalmente apta para la narrativa en pantalla grande.

“SIN PIEDAD es una cinta espeluznante, emocionante, intensa y misteriosa, una nueva aproximación al lenguaje de Screenlife, con una temática seria, impactante y entretenida”, dice Bekmambetov. “Me fascinó esta cinta no sólo como una posible producción al estilo Screenlife, sino también como una cinta tradicional. Tiene todo que ver con nuestro comportamiento y la manera como interactuamos con la tecnología”.

Con tensión constante, tecnología al límite y un protagonista que debe navegar entre la verdad y la evidencia digital, Sin Piedad ofrece un thriller innovador que desafía la percepción de justicia y pone al espectador directamente en el centro del juicio.

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Los candidatos que compiten por presidir la Reserva Federal de los Estados Unidos deberían oír el consejo del legendario jugador de hockey Wayne Gretzky, quien dijo que hay que “patinar hacia donde está yendo el disco, no hacia donde estuvo antes”. Hoy la economía tiene muchos discos en juego (inflación persistente, déficit en alza, boom de inversiones en inteligencia artificial, potencial de fragilidad financiera, dudas sobre el dominio mundial del dólar, etc.), de modo que una gran pregunta para la economía global es si dejarán a la Fed hacer lo que debe hacer. ¿Conservará un grado suficiente de autonomía y credibilidad para promover precios estables, máximo nivel de empleo y estabilidad financiera cuando la política, la deuda creciente y la exuberancia de los mercados tal vez vayan en la dirección contraria?

El Congreso de los Estados Unidos diseñó la Fed de modo tal que pudiera emitir juicios expertos al servicio del interés público, libre de influencias y presiones políticas. Pero el segundo gobierno del presidente Donald Trump tiene otras ideas. Algunos dirán que “no hay por qué preocuparse”, que la Corte Suprema protegerá la independencia de la Fed hallando un modo de distinguirla de otros organismos sobre los que el presidente afirma un derecho a destituir a su antojo a funcionarios de primer nivel. Pero cualquiera sea el resultado de la demanda judicial sobre el intento de destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, la independencia del banco central ya está dañada.

Por ejemplo, Trump asegura que la interpretación de las leyes y la revisión de gastos de las agencias públicas (incluso en el ámbito de la Fed) son competencia de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia. La administración también se hizo con el control de toda la política regulatoria de la Fed, incluida la supervisión del apalancamiento y de la capitalización bancaria. La Casa Blanca podrá decir que su control no se extiende a la conducción de la política monetaria por parte de la institución, pero es una distinción que no hace mucha diferencia.

Crear dinero y crédito y fijarles precio son actividades esenciales de los bancos. La relación entre los bancos y la Fed es, en cierto sentido, la misma que existe entre las franquicias y McDonald’s. Todas las regulaciones bancarias (coeficientes de apalancamiento, requisitos de capital, reservas obligatorias) tienen relación con la disponibilidad de dinero y crédito en la economía. Por lo general, las herramientas fundamentales de la política monetaria (interés sobre las reservas, tipo de crédito primario en la ventana de descuento, etc.) surgen de normas legales votadas por la junta de la Fed. ¿Qué hará la Casa Blanca en relación con otros instrumentos, por ejemplo las líneas internacionales de canje de divisas, los acuerdos de recompra inversa a un día, los acuerdos con operadores principales y la disponibilidad de cuentas maestras?

Además, se ha dado un hecho extraordinario: el presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, Stephen Miran, ha sido confirmado como integrante de la junta de la Fed sin necesidad de renunciar a su puesto actual, del que sólo tomará licencia. Trump y sus principales colaboradores ya están pidiendo una bajada de tipos de interés; y cuando en mayo de 2026 asuma el próximo presidente de la Fed, la mayoría de la junta habrá sido designada por Trump. Entre tanto, el Departamento de Justicia decidió que los presidentes de los bancos regionales de reserva (que junto con los siete gobernadores de la Fed integran el Comité Federal de Mercado Abierto) están subordinados a la junta de la Fed y pueden por tanto ser destituidos en cualquier momento.

Patinando en hielo delgado

Esta erosión de la autonomía de la Fed se da en un contexto de inflación persistente, aumento de los aranceles a productos importados y empeoramiento del panorama fiscal. La inflación anual, medida por los gastos de consumo personal básicos (excluidos los alimentos y la energía), se mantuvo en 2,9 % hasta agosto de 2025, y los aranceles de Trump (que en 2025 elevaron la tasa arancelaria efectiva general desde un 2,4 % en promedio a 18 %) ejercen presión alcista adicional sobre los precios.

Para colmo de males, a pesar de los despidos de empleados federales, el gasto público del año fiscal 2025 aumentó un 4 %, y el déficit llegó al 5,9 % del PIB. El 30 de septiembre, la tenencia privada de bonos del Tesoro sumaba 30,3 billones de dólares (más o menos el 99 % del PIB). A continuación, la “ley grande y hermosa” de los republicanos aceleró el “disco” del déficit; el Comité para un Presupuesto Federal Responsable predice que Estados Unidos mantendrá un déficit promedio del 6,1 % del PIB hasta 2035 y que la deuda crecerá al 120 % del PIB. Esto provocará un aumento sustancial del pago de intereses, que ya en el último ejercicio fiscal superó el billón de dólares, más que el gasto anual en defensa.

En lo referido a evaluar la inflación y el crecimiento económico, los funcionarios estuvieron patinando en la niebla. El cierre de la administración y la incertidumbre precedente en los organismos encargados de confeccionar estadísticas retrasaron o complicaron publicaciones clave, con lo que los actores del mercado y los funcionarios de la Fed tuvieron que deducir lo que podían a partir de fuentes privadas y datos parciales. Una inquietud creciente es que la persistencia de la inflación, la incertidumbre inducida por los aranceles y el debilitamiento de la posición fiscal (junto con la percepción de que el presidente influirá en la toma de decisiones de la Fed) pueden desatar las expectativas inflacionarias y generar curvas de rendimiento más empinadas.

Entre tanto, un disco a cuya dirección se le presta cada vez más atención es el de los mercados, influidos por el entusiasmo que genera la IA. ¿Estamos viendo una burbuja de cotizaciones? El 20 de octubre, las bolsas estadounidenses habían alcanzado un máximo histórico cercano a 69 billones de dólares, que representan el 225 % del PIB, o treinta veces las ganancias empresariales de los últimos doce meses. Las diez empresas más grandes en los mercados estadounidenses (de las que las ocho primeras son tecnológicas) representaban el 40 % del S&P 500, un nivel de concentración muy superior a todo lo registrado en los últimos cuarenta años. Las cuatro primeras empresas estadounidenses (Nvidia, Microsoft, Apple y Alphabet) sumaban un valor aproximado de quince billones de dólares, comparable a la capitalización bursátil agregada de todas las empresas que cotizan en bolsa en la Unión Europea.

También ha habido una oleada de acuerdos de financiación y provisión de bienes y servicios entre las principales empresas de chips, servicios de nube y modelos de IA generativa. Esta red de contratos es inédita por su escala, el grado de interconexión y la dependencia de expectativas de que habrá un crecimiento espectacular de los ingresos (algo que todavía es incierto).

Por ahora, los mercados de capitales (alentados por el entusiasmo por la IA o tal vez por el temor a quedarse afuera, además de los sustanciales flujos de caja libres de las megatecnológicas) mantienen un nivel de financiación de la IA muy superior a los ingresos realizados. JP Morgan calcula que en el primer semestre de 2025, el crecimiento de los gastos en capital relacionados con la IA contribuyó 1,1 puntos porcentuales al crecimiento del PIB estadounidense, mucho más que el aporte de los consumidores estadounidenses. El Bank of America preveía que los gastos en capital para la IA superarían los 400.000 millones de dólares en 2025. Pero en vista de la divergencia actual entre los ingresos de la IA y las inversiones, en algún momento tendrá que haber un ajuste.

Es posible que perturbaciones geopolíticas o exógenas de otro tipo moderen el entusiasmo de los mercados de capitales que sirve de base a los niveles actuales de inversión en IA, los acuerdos financieros interconectados y las cotizaciones. Podría haber entonces correcciones o inversiones de tendencia, sobre todo si el crecimiento de los ingresos de la IA no alcanza las expectativas. Este grado de interconexión y fragilidad plantea riesgos no sólo dentro del ecosistema de la IA, sino también en el resto de la economía y los mercados financieros de los EE. UU., a los que se suma el debilitamiento de la independencia del banco central y la flexibilización de regulaciones financieras.

Goles en contra

Por el lado de la geopolítica, no hay escasez de discos que vigilar. Estados Unidos está abandonando ocho décadas de suministrar bienes públicos mundiales esenciales a través del orden internacional de posguerra. Es verdad que las fracturas en el sistema anteceden a la segunda administración Trump, pero esta acelera el proceso de desintegración con sus acciones que ponen en duda las alianzas y relaciones económicas tradicionales.

Estados Unidos sigue siendo el mayor jugador en la pista de patinaje de la economía, pero su papel en el sistema global está cambiando muy rápidamente. En este contexto, la combinación de guerras arancelarias, un déficit fiscal estadounidense insostenible, cuestionamientos a las alianzas internacionales y disminución de la independencia de la Fed plantea riesgos a largo plazo para el dólar y el sistema financiero. El dominio mundial del dólar depende de la confianza, de la profundidad y liquidez de los mercados de capitales y de la existencia de un activo seguro (los bonos del Tesoro estadounidense), no de tratados. La confianza surge de las instituciones de los Estados Unidos, el Estado de Derecho y mercados de capitales bien regulados, así como de la fiabilidad de la Fed como promotora de la estabilidad de precios y mercados. La estabilidad, a su vez, depende de la confianza de una amplia variedad de participantes.

La confianza en el sistema mundial basado en el dólar también depende de que la Fed esté dispuesta a suministrar liquidez en condiciones tecnocráticas no influidas por la política. Las líneas internacionales de canje de divisas por dólares y los instrumentos relacionados (un mecanismo que se viene usando desde 1962) han sido esenciales para mitigar la inestabilidad en tiempos de tensión mundial. Pero las posturas de la administración Trump en relación con las alianzas globales y los aranceles han creado incertidumbre sobre su disposición a respaldar la liquidez global en dólares si fuera necesario.

Los participantes del mercado y los otros bancos centrales comienzan a preguntarse si las líneas de canje serán tan fiables o apolíticas como en el pasado. No les pasó inadvertido que la Casa Blanca haya declarado que el apoyo en dólares del Tesoro estadounidense a Argentina estaba supeditado al resultado de la elección legislativa intermedia en ese país. Cuanto más perciban los mercados que la disponibilidad o el alcance del respaldo en dólares dependen de la alineación política más que de las necesidades macrofinancieras, mayor será la prima de riesgo que pondrán al dólar.

La independencia de la Fed no es una variable binaria. La Corte Suprema todavía puede hallar el modo de establecer una distinción entre la Fed y otros organismos, preservando al hacerlo una definición legal de la independencia de la política monetaria. Pero en los hechos, la independencia de la Fed ya está dañada por la vigilancia de la Casa Blanca y por la politización que está haciendo Trump de sus decisiones en materia de tipos de interés. No olvidemos los años setenta, cuando Richard Nixon presionó al presidente de la Fed para que mantuviera tipos bajos. Las consecuencias para la inflación y la economía no fueron precisamente ideales.

En 2026, con una Fed que tendrá su independencia ya comprometida, habrá que ver si la dejan maniobrar cuando el juego lo requiera. Por el bien de la economía mundial, ojalá quien asuma su presidencia conserve suficiente espacio (y determinación) para ir hacia donde esté yendo el disco.

* Copyright: Project Syndicate, 2025. www.project-syndicate.org

La mayor sorpresa del año que pasó no es la marcada subida de precios de los activos mundiales, sino la poca preocupación que mostraron los inversores por los riesgos (dejando a un lado un minipánico cuando en abril el presidente estadounidense Donald Trump anunció sus aranceles del «Día de la Liberación»). La pregunta ahora es si la ilusión se quebrará en 2026. (Lea otra entrega de Pensadores globales 2026, sobre el futuro de Oriente Medio).

Después de tres años de rendimientos extraordinarios, uno esperaría que los mercados comiencen a preocuparse por la inevitable caída que sigue a los períodos de euforia sostenida. Por muy prometedora que sea la inteligencia artificial (al menos para las empresas, para los trabajadores ya es otro tema), la larga historia de las tecnologías transformadoras (desde los ferrocarriles y el motor de combustión interna hasta Internet) siempre ha tenido auges y caídas. Es común que las empresas pioneras resulten fracasos rotundos; luego llega una segunda generación de empresas que «dan en la tecla». Y aunque algunas pueden llegar a dominar el mercado (como en su momento hizo IBM en la industria de la computación), eso no supone menos incertidumbre, ya que la longevidad nunca está garantizada.

Mientras los inversores se esfuerzan por evaluar el efecto de la IA sobre el crecimiento y las ganancias empresariales, la probabilidad de una debacle bursátil mundial en los próximos años parece inquietantemente alta. ¿Quiere esto decir que es momento de vender? No necesariamente, ya que a veces los precios de las acciones siguen subiendo mucho después de las primeras señales de advertencia. Es lo que ocurrió en 1996, cuando el entonces presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, basándose en los trabajos del futuro premio nobel Robert J. Shiller, advirtió sobre la «exuberancia irracional» del mercado bursátil. Greenspan y Shiller tuvieron razón, pero se adelantaron demasiado: la burbuja de las puntocom no estalló hasta marzo de 2000; para entonces, los precios de las acciones habían crecido a más del doble.

Bien podría ocurrir lo mismo ahora. Pero ya a comienzos de 2026 las presiones sobre el sistema son cada vez más innegables, empezando por la incertidumbre geopolítica. Incluso si Ucrania y Rusia acuerdan un alto el fuego, es probable que la frontera oriental de Europa siga siendo un polvorín por muchos años. En tanto, China está ampliando su flota naval a ritmo vertiginoso; y por más drones que Estados Unidos tenga previsto comprar (un millón, si los últimos informes son creíbles), es casi seguro que China fabricará más y mejores.

Luego hay que hablar de Trump, cuyo regreso a la Casa Blanca fue muy disruptivo. Si su salud lo permite, es probable que en 2026 se muestre tan ambicioso (o autoritario, según a quién se pregunte) como en 2025.

El predecesor de Trump, Joe Biden, también se presentó como un presidente transformador al estilo de Franklin Roosevelt, pero sus políticas macroeconómicas fueron en gran medida predecibles (salvo por su desconcertante estrategia de fronteras abiertas). Lo que más se discutió durante su mandato fue la cuestión de si sus políticas estimularían el PIB o la inflación de los precios de consumo.

Con Trump, en cambio, cada día trae una nueva sorpresa, lo que preanuncia un largo período de volatilidad en la formulación de políticas. Incertidumbre que se agrava por el fin del mandato de Jerome Powell como presidente de la Fed. Trump dejó muy clara su expectativa de que quien lo suceda baje los tipos de interés, incluso si eso supone riesgo de generar inflación.

Quienes en 2025 intentaron sacar partido de la volatilidad terminaron perdiendo, ya que muchos productos de inversión que afirmaban ofrecer protección contra los bandazos del mercado no cumplieron sus promesas. Este año se presenta mucho más peligroso, ya que la deuda mundial y las cotizaciones de las acciones muestran una desvinculación creciente respecto de los fundamentos económicos.

Además, será mucho más evidente el impacto negativo de las políticas arancelarias e inmigratorias de Trump. Las reformas estructurales suelen tardar años en dar frutos; por eso los políticos tienden a evitarlas, a pesar de los beneficios a largo plazo. Pero la moneda tiene otra cara: desmantelar o debilitar reformas clave puede generar graves daños a largo plazo, aunque los efectos a corto plazo parezcan beneficiosos. Cuando los mercados empiecen a percibir una desaceleración del crecimiento (tal vez acompañada de inflación en aumento), la euforia actual podría desaparecer de un día al otro.

Otra que en 2026 también enfrentará su hora de la verdad será la Unión Europea. El escenario óptimo sería un avance decisivo hacia una unión fiscal (al menos entre un subconjunto de los estados miembros). Fuera de eso, cualquier reforma seria demandará cambios importantes en los tratados, empezando por la eliminación de la regla de unanimidad que paraliza la toma de decisiones del bloque. Es como si Estados Unidos sólo pudiera aprobar leyes o declarar la guerra con el consentimiento unánime de California, Misisipi y Texas. Como sostengo en mi reciente libro “Nuestro dólar, su problema”, si Europa lograra ordenar su actuación geopolítica, el euro podría desempeñar un papel mucho más importante en las finanzas globales.

Otra incógnita es Japón. Nadie sabe hasta dónde llegará el Banco de Japón en la subida de tipos de interés ni con qué rapidez se desarmará el “carry trade” con yenes (con el que los inversores se endeudan para invertir en activos más rendidores, alentando al hacerlo una subida de cotizaciones el mundo).

Un factor con potencial estabilizador es la probable depreciación del dólar, que todavía está muy sobrevaluado, a pesar de ligeras caídas registradas en 2025 frente a algunos de los principales socios comerciales de Estados Unidos. El debilitamiento del dólar tiende a favorecer la estabilidad mundial, ya que abarata las exportaciones denominadas en dólares en relación con las alternativas locales.

Pero aun así, es muy probable que los inversores se estén encontrando en 2026 con una economía mundial mucho más volátil que la experimentada en 2025. Y cuando se den cuenta, que nadie se sorprenda si la inestabilidad comienza a retroalimentarse.

* Traducción: Esteban Flamini. Kenneth Rogoff es coautor del libro “Esta vez es diferente: ocho siglos de locura financiera” (Princeton University Press, 2011) y autor de “Nuestro dólar, su problema” (Yale University Press, 2025).