Hace unos días asistí a la conmemoración de los treinta años de la Mesa Permanente de Concertación, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Mientras escuchaba a quienes participaron en las movilizaciones que dieron origen a estos espacios, pensaba en algo que ocurre con muchas conquistas democráticas: una generación lucha por hacerlas posibles y la siguiente puede recibirlas como si siempre hubieran estado ahí.

No siempre estuvieron.

Treinta años atrás, en 1996, Colombia todavía intentaba convertir en realidad las promesas de la Constitución de 1991. Entre el reconocimiento formal de la diversidad étnica y cultural y el ejercicio efectivo de los derechos existía una distancia enorme.

En medio de esa brecha, Natividad Mutumbajoy, mama del pueblo Inga, caminó desde su territorio ancestral en el Caquetá hasta Bogotá. Hizo parte de las movilizaciones indígenas de ese año, entre ellas la toma de la Conferencia Episcopal durante cuarenta días. Aquella movilización abrió un nuevo ciclo de interlocución con el Estado: el 8 de agosto de 1996 se expidieron dos decretos fundamentales. El 1396 creó la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas; el 1397, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y la Mesa Permanente de Concertación (MPC).

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Mientras se abrían estos nuevos espacios de interlocución, Colombia seguía desmontando parte del andamiaje jurídico heredado del siglo XIX. En abril de ese año, apenas cuatro meses antes de la creación de la MPC y la CNTI, la Corte Constitucional tuvo que pronunciarse sobre varios artículos de la Ley 89 de 1890. No era letra muerta: varias de sus disposiciones seguían vigentes más de cien años después.

La ley había sido expedida para determinar “la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”. Entre las disposiciones examinadas por la Corte estaba el artículo 40, que asimilaba a los indígenas a la condición de menores de edad para el manejo de sus porciones en los resguardos. En la Sentencia C-139 de 1996, con ponencia de Carlos Gaviria Díaz, la Corte declaró inexequibles varios de esos preceptos por ser incompatibles con la Constitución de 1991 y su reconocimiento de la diversidad étnica y cultural.

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La coincidencia no es menor. En 1996 Colombia todavía estaba desmontando jurídicamente una concepción tutelar mientras los pueblos indígenas se movilizaban para construir nuevas formas de interlocución con ese mismo Estado. No fue una evolución natural ni ordenada. Buena parte de esa transformación fue impulsada por los propios pueblos, sus autoridades y organizaciones.

Treinta años después, estas instancias hacen parte de una arquitectura de interlocución que Colombia ha construido y que ha dejado aprendizajes más allá del país. La reciente Mesa Amazónica de Pueblos Indígenas, en el ámbito de la OTCA, recoge una idea que aquí lleva décadas poniéndose a prueba: los pueblos no pueden aparecer únicamente como invitados cuando una decisión los afecta; necesitan espacios permanentes de interlocución.

La conmemoración deja también una pregunta para los próximos treinta años: ¿qué significa realmente reconocernos como un país pluriétnico cuando distintos pueblos, autoridades, sistemas jurídicos y formas de conocimiento tienen que concurrir dentro de un mismo Estado?

Durante estas tres décadas ha habido avances importantes: territorios reconocidos y ampliados, espacios permanentes de concertación, desarrollos de la jurisdicción propia, políticas construidas con participación indígena y, más recientemente, pasos para hacer efectivas competencias territoriales y ambientales reclamadas por generaciones.

Esos avances importan. También hacen más visibles las brechas entre lo reconocido, lo acordado y lo que efectivamente ocurre en los territorios.

Hay una paradoja en la palabra que usamos para contar buena parte de esta historia: reconocimiento.

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El Estado reconoció territorios, autoridades, lenguas, jurisdicciones y sistemas de conocimiento que no comenzaron a existir cuando fueron incorporados a una Constitución, una ley o un decreto. Ya estaban allí. Vida, territorio, derecho propio y autonomía tampoco aparecieron cuando el Estado decidió nombrarlos. Los pueblos indígenas han sido sujetos activos de esa transformación, no destinatarios pasivos de ella.

Treinta años después, la pregunta es más exigente.

Reconocer puede significar incorporar al derecho aquello que el Estado acepta y protege. Pero supone también admitir que existen otras formas de ejercer autoridad, producir conocimiento y relacionarse con el territorio que tienen fundamento propio y no necesitan derivar su legitimidad de las instituciones estatales.

Colombia ha avanzado mucho más en lo primero que en lo segundo.

La Constitución dice que somos una nación pluriétnica y multicultural. La pregunta pendiente es cómo se gobierna un país que realmente lo es.

Pensemos en una autoridad ambiental indígena y una autoridad ambiental estatal con competencias sobre un mismo territorio. O en la jurisdicción propia y la ordinaria frente a asuntos que exigen coordinación. Ya no se discute simplemente la existencia de la autoridad indígena. El problema es cómo concurren autoridades y sistemas distintos sin que esa concurrencia termine convertida en subordinación.

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Esto ocurre en el territorio, la justicia, la salud, la educación, las lenguas y los sistemas de conocimiento. Y tropieza con una característica del Estado: administra por sectores. Tierras por un lado, ambiente por otro, justicia por otro más, cada uno con sus entidades, procedimientos y presupuestos. Para muchos pueblos, en cambio, territorio, agua, memoria, conocimiento y autoridad no son piezas separadas que después se ensamblan.

Algo semejante ocurre con las lenguas. Su reconocimiento como oficiales en los territorios indígenas pierde alcance si una persona no puede entender una decisión administrativa, acudir a la justicia o relacionarse con el Estado en su propia lengua. Una lengua tampoco contiene únicamente palabras: guarda conocimientos, memoria, maneras de interpretar el territorio y relaciones entre generaciones. Cuando una institución solo puede escuchar en castellano, el problema excede la traducción.

Los avances de estas tres décadas conviven con una dificultad persistente: convertir decisiones, acuerdos y órdenes judiciales en capacidades, recursos y garantías efectivas en los territorios.

El Auto 004 de 2009 es uno de los ejemplos más duros. La Corte Constitucional advirtió entonces que numerosos pueblos indígenas enfrentaban riesgo de exterminio físico y cultural y ordenó medidas específicas para protegerlos. Diecisiete años después, buena parte de esa agenda continúa abierta.

Cambian gobiernos y funcionarios; se reinstalan mesas, se actualizan diagnósticos y se reformulan planes. Se suceden decisiones judiciales, compromisos y nuevas normas mientras asuntos fundamentales pasan de una administración a la siguiente sin resolverse. La distancia entre la norma y el territorio termina midiéndose en generaciones.

Mirar estos treinta años exige reconocer ambas cosas. La MPC, la CNTI y la Comisión de Derechos Humanos cambiaron la interlocución entre los pueblos indígenas y el Estado y han permitido avances concretos. También acumulan acuerdos pendientes, compromisos incumplidos y discusiones que vuelven una y otra vez.

Hay preguntas que corresponde hacerse también hacia adentro: qué ocurre con una conquista política cuando se institucionaliza; cómo transmitirla a generaciones que no vivieron las luchas que la hicieron posible; cómo evitar que la concertación se convierta en trámite para el Estado o en rutina para las organizaciones. Una institución nacida de una movilización también tiene que preguntarse, treinta años después, cómo conserva su capacidad de transformar.

Pero esta historia desborda la agenda indígena.

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Cada vez que los pueblos indígenas consiguieron establecer límites al poder del Estado; que ciertas decisiones tuvieran que ser consultadas o concertadas; que una autoridad propia pudiera ejercer sus competencias; que una lengua tuviera derecho a ser escuchada; o que una determinada idea de desarrollo no pudiera imponerse sin más sobre un territorio, ampliaron nuestra comprensión de la democracia.

Y recordaron algo elemental que las democracias olvidan con facilidad: la mayoría, por el solo hecho de serlo, no tiene derecho a decidirlo todo.

Esto importa ahora. Los derechos pueden seguir escritos mientras pierden eficacia. Los mecanismos de participación pueden conservar sus nombres mientras se vacían. La democracia no se agota en las elecciones: depende también de los límites al poder, de la posibilidad de disentir y de instituciones capaces de garantizar derechos incluso cuando quienes los reclaman no constituyen la mayoría.

El territorio estaba antes del título. La autoridad, antes del decreto. Las lenguas y los conocimientos, antes de su reconocimiento constitucional. Y los pueblos eran sujetos políticos mucho antes de que el Estado estuviera dispuesto a tratarlos como tales.

Treinta años después de aquella caminata de Natividad Mutumbajoy hacia Bogotá, la relación con el Estado ya no es la de 1996. Hay derechos conquistados, instituciones construidas, territorios protegidos y formas de interlocución que entonces apenas comenzaban a abrirse camino. Las brechas que persisten no borran esos avances; muestran cuál es el paso que sigue.

En 1996 había que conquistar reconocimiento e interlocución. En 2026 el desafío es hacer efectiva la concurrencia: gobernar, de verdad, en la pluralidad. En ese camino, los pueblos indígenas no solo ampliaron su lugar dentro del Estado. Ampliaron también nuestra democracia. Y esa democracia no puede darse por sentada.

*Directora regional de Amazon Conservation Team.

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Durante décadas, Colombia se ha preguntado cómo reconocer y garantizar la diversidad que la constituye. Hoy el desafío es ir un paso más allá: traducir ese reconocimiento en formas concretas de ejercer el poder público y gobernar el territorio.

La Constitución Política de 1991 abrió para el país una posibilidad histórica: construir un Estado capaz de reconocer la diversidad que lo constituye y garantizar derechos desde el pluralismo. El reconocimiento de Colombia como una nación pluriétnica y multicultural, de los territorios indígenas como entidades territoriales y de la autonomía de los pueblos indígenas expresó una transformación profunda en la manera de comprender el Estado, el poder público, la democracia, y la ciudadanía.

Más de treinta años después, Colombia tiene ante sí la oportunidad de llevar ese mandato constitucional a una nueva etapa.

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Las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) son el resultado de más de cinco décadas de construcción política y jurídica en las que los pueblos indígenas, los gobiernos nacionales, el Congreso, las altas cortes y la sociedad civil han contribuido, desde distintos lugares, a hacer realidad este pacto constitucional. Es un proceso que ha atravesado diferentes gobiernos y que ha sido sostenido por los tres poderes públicos. En diciembre de 2025, Colombia alcanzó un momento histórico con la formalización de las primeras ocho ETI. El desafío ahora es asumir una política de Estado para garantizar la efectiva consolidación y funcionamiento pleno de las Entidades Territoriales Indígenas como parte estructural del ordenamiento político administrativo del país.

Las ETI representan una de las expresiones más concretas y avanzadas de profundizar nuestra democracia y hacer efectivo el pluralismo constitucional colombiano. Su consolidación permite materializar la descentralización política, administrativa y fiscal, creando mejores condiciones para cerrar brechas históricas de inequidad y garantizar derechos desde las particularidades de cada territorio.

Colombia puede demostrar que construir Estado no significa que todos debamos gobernar de la misma manera. Significa crear las condiciones para que distintas formas de entender la vida, el territorio, la autoridad y el bienestar puedan ejercer poder público y coordinarse dentro de un mismo Estado, con responsabilidades claramente definidas, compartidas y respeto por la autonomía.

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Esta es una experiencia pionera. Las ETI abren la posibilidad de desarrollar una arquitectura de coordinación intergubernamental entre instituciones estatales no indígenas y gobiernos indígenas, reconociendo que existen distintas formas de ejercer autoridad pública y diferentes maneras de organizar la vida colectiva. Colombia tiene la oportunidad de mostrar al mundo cómo un Estado puede construirse entre diferentes, sin negar la diversidad que lo constituye.

En la Amazonia, esta posibilidad adquiere una dimensión aún mayor.

Los gobiernos indígenas son actores fundamentales para sostener la integridad territorial y ecosistémica de la región. Los territorios bajo gobierno indígena presentan más del 99 % de sus coberturas naturales altamente preservadas, de acuerdo con información de MapBiomas Colombia. Esta cifra expresa una relación histórica entre las formas de gobierno territorial, los sistemas de conocimiento y los modos de vida de los pueblos indígenas, una relación cuya importancia trasciende estos territorios y tiene consecuencias directas para Colombia y para el planeta

La Amazonía es una fuente vital para el equilibrio climático, la biodiversidad, el agua y la estabilidad ecológica regional y global. También es un territorio estratégico para la seguridad multidimensional de Colombia. Su protección está relacionada con la seguridad hídrica, climática, alimentaria, económica y territorial, prevención de conflictos y economías ilícitas y con la capacidad del Estado para mantener presencia, gobernanza y cohesión en una región fundamental para el país.

Desde esta perspectiva, fortalecer los gobiernos indígenas y consolidar las ETI no es únicamente una política de reconocimiento de derechos: es una estrategia de gobierno del territorio y de protección de la vida.

Las ETI articulan la autonomía indígena con las obligaciones que tienen en tanto Estado y permiten construir políticas públicas desde las particularidades de cada territorio. En esa relación, los Planes de Vida, los sistemas propios de conocimiento, las autoridades indígenas y sus formas de organización entran en coordinación con las instituciones nacionales y territoriales. Es también una oportunidad de ampliar nuestra manera de entender el desarrollo, los horizontes de futuro, y el bienestar, reconociendo los límites ecológicos y la interdependencia entre las sociedades humanas y el resto de la naturaleza.

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Por eso, consolidar las ETI debe ser una política de Estado de enorme trascendencia para Colombia. No se trata de profundizar una división entre el Estado y los pueblos indígenas. Se trata precisamente de lo contrario: de construir un Estado más capaz de gobernar un país diverso, reconociendo diferentes formas de autoridad y generando mecanismos efectivos de coordinación entre ellas.

En un momento en que las democracias enfrentan profundas tensiones y en que el mundo busca respuestas frente a la crisis climática y la pérdida acelerada de biodiversidad, Colombia tiene la posibilidad de mostrar que el reconocimiento de la diversidad puede ser una fuente de fortaleza institucional; que la autonomía puede coexistir con la unidad del Estado; y que la protección de la naturaleza puede ser parte central de una estrategia de gobierno y de seguridad.

Las ETI son, en este sentido, una oportunidad para Colombia: para profundizar la democracia inaugurada por la Constitución de 1991, construir Estado entre diferentes y para demostrar que gobernar reconociendo la diversidad puede ser también una de las formas más efectivas de proteger la Amazonía y sostener la vida.

Consolidar este proceso permitiría que Colombia convierta una construcción de más de cinco décadas en una experiencia pionera de alcance mundial: un Estado que reconoce distintas formas de ser humanidad, distintas formas de ejercer el poder y distintas maneras de construir bienestar, y que encuentra en su coordinación una fuerza para proteger uno de los territorios esenciales para el futuro del planeta. En este momento histórico, las ETI pueden ser leídas como una herencia de la Constitución de 1991, pero también como una oportunidad para el futuro: una oportunidad para que Colombia profundice su democracia, fortalezca su Estado y ejerza liderazgo internacional desde una experiencia propia de gobierno, pluralismo y protección de la Amazonía.

*Julieth Rojas Guzmán, Subdirectora Técnica y Política -Fundación Gaia Amazonas

**Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador y la Fundación Gaia Amazonas

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Guaviare ha estado, históricamente, entre los territorios más afectados por la pérdida de bosque en Colombia. Tan solo en 2025 fue uno de los departamentos (solo por debajo de Meta y Caquetá) donde se concentró este fenómeno, con 15.941 hectáreas taladas, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Ahora, una nueva política pública busca abordar esa situación y frenar la deforestación en un período de diez años.

“Nuestra meta es clara: alcanzar la deforestación cero para 2036 y construir prosperidad a partir de nuestra biodiversidad”, declaró, a través de un comunicado, el gobernador de Guaviare, Yeison Ferney Rojas Martínez. También dijo que su mensaje para el país y para el mundo es “demostrar que sí es posible generar desarrollo sin destruir la selva”.

La Política Pública para el Desarrollo Económico Sostenible (PPDES+B) 2026–2036, como se denomina, plantea, en pocas palabras, una transformación profunda del modelo económico del departamento. Su apuesta es transitar de las actividades extractivas e ilícitas hacia una socio-bioeconomía que permita hacer uso sostenible del territorio.

Así, algunas de las actividades que pretende priorizar son la agricultura regenerativa, los sistemas agroforestales y silvopastoriles, el aprovechamiento de productos forestales no maderables, el turismo de naturaleza, entre otras.

De ese modo, Guaviare aspira ser un referente de cero deforestación y de desarrollo para otros departamentos y regiones. “Consideramos que va a ser un norte estratégico”, afirma Ezequiel Barragán, líder del Ecosistema y Políticas Públicas en la Gobernación de Guaviare. Ante la ganadería extensiva y los cultivos de uso ilícito, agrega, es urgente establecer modelos rentables y sostenibles, “y eso solamente es posible haciendo ver al campesinado, a los productores y a los empresarios que el bosque vale mucho más en pie”.

El proyecto, que contó con respaldo técnico de la organización Swisscontact y financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue presentado por la gobernación, a través del Departamento Administrativo de Planeación, y lo aprobó la Asamblea Departamental. La política pública será implementada por medio de la Ordenanza 574 de 2026.

Una apuesta retadora

Enrique Maruri, director de Swisscontact Colombia, se muestra optimista ante esta propuesta de avance hacia la cero deforestación. A sus ojos, hay varios elementos que hacen de esta una política pública robusta. Por un lado, cuenta con una estrategia de financiamiento que no depende únicamente de recursos públicos, sino que contempla otras alternativas, como fuentes privadas y de cooperación internacional.

El BID, por ejemplo, tiene un compromiso de inversión a largo plazo en el territorio, con el fin de impulsar el valor de la biodiversidad y los activos ambientales. Para Sandra Durango, científica de la Alianza Bioversity - CIAT, la cual busca transformar de manera sostenible los sistemas alimentarios, esta política pública representa un paso importante y necesario. Sin embargo, apunta que pueden hacer falta recursos para su ejecución, pues un “modelo que depende en gran parte de la cooperación internacional, de los ciclos de esa cooperación, es un modelo vulnerable”.

En ello concuerda Alejandra Laina, directora del programa de alimentos, uso del suelo y agua del World Resources Institute en Colombia, quien plantea que para no caer en una alta dependencia de la cooperación internacional, esta política pública debe, además de tener una alta capacidad para administrar los fondos, contar con un plan de inversión claro para el sector privado.

Otra de los llamados de Durango tiene que ver con que Guaviare, junto con Meta y Caquetá, conforman el llamado arco de deforestación del país, y una de las principales causas de la pérdida de bosque es la ganadería extensiva. “En esa región hay millones de cabezas de ganado y una enorme dificultad para rastrear de qué predio sale cada animal. Hemos visto casos de fincas que registran el ganado por fuera de un Parque Nacional Natural o de un resguardo, pero luego lo regresan adentro”, dice la científica.

Por esa razón, de acuerdo con la científica, es clave que esta apuesta esté acompañada por un sistema de trazabilidad ganadera robusto, que vincule información catastral, guías de movilización de los animales y la capacidad del Ideam para monitorear la pérdida de bosque en el país.

Sobre este asunto, cabe apuntar, hace un par de meses, durante el gobierno de Gustavo Petro, se sancionó la Ley 2585 de 2026. Su objetivo, en términos simples, es seguirle el rastro a la ganadería para que sea sostenible y libre de deforestación, interoperabilizando los sistemas de información de distintos sectores: el agropecuario, el ambiental y el de ordenamiento territorial. Pero más allá de cruzar información, subraya Durango, se requiere fortalecer la institucionalidad, y agrega que lograr esa trazabilidad es fundamental para alcanzar la meta de cero deforestación al 2036 en Guaviare.

Hacia la bioeconomía

Maruri resalta que este proyecto define una hoja de ruta para generar condiciones que impulsen la bioeconomía, integrando el ordenamiento del territorio y la inclusión social. Entre los años cuatro y siete, la política pública buscará escalar esas intervenciones para lograr una integración regional y, finalmente, consolidar los impactos en sostenibilidad.

En otras palabras, la transformación productiva se hará de la mano de comunidades campesinas, afrodescendientes, de mujeres rurales y de indígenas (como los pueblos Jiw y Nükak), valorando sus conocimientos tradicionales. La idea es identificar productos del bosque que no solamente se puedan aprovechar, sino que tengan un buen potencial comercial. Mediante el uso de tecnología, la trazabilidad y estándares de sostenibilidad, el objetivo será posicionar a Guaviare dentro del mercado.

De ese modo, la política busca proteger ecosistemas estratégicos, como los de las serranías de Chiribiquete y de la Lindosa, a la vez que plantea cerrar las brechas de pobreza multidimensional, que en Guaviare afecta al 45 % de su población, mediante el impulso de esas cadenas de valor y la educación en torno a la sostenibilidad.

Barragán es de los primeros en reconocer la gran cantidad de trabajo que eso implica: “Debemos ser innovadores y perceptivos con las necesidades del territorio”. Para fortalecer la bioeconomía, dice, se necesita investigación, nuevos conocimientos y la generación de cadenas de valor, por ejemplo en torno a frutos amazónicos como el azaí o la cocona.

En la actualidad, la venta de estos productos se enfrenta a retos importantes como su distribución, es decir, sacarlos de zonas de difícil acceso. Por este tipo de razones, asegura Maruri, es muy difícil que compitan eficazmente en los mercados si no hay un sector privado que invierta y complemente esas cadenas de valor.

“El azaí ha existido en la selva colombiana durante siglos”, apunta. “¿Por qué no se comercializa ampliamente? No ha habido empresas que se comprometan a transformarlo y lo vuelvan un helado, una pulpa o un ingrediente natural para cosmética. Se debe lograr que el sector privado asuma el riesgo y ponga a estos productos en el mercado, y no solo en el local, sino en el de las grandes ciudades o incluso para exportar. Se requiere mucha inversión y tiempo”.

El reto que persiste es que la bioeconomía, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), representa apenas cerca del 0,13 % de nuestro Producto Interno Bruto (PIB). Para Laina, el principal desafío está en traducir el contenido de la ordenanza en un portafolio de inversiones, indicadores verificables y una gobernanza con responsabilidades claras en cuánto a la bioeconomía y la restauración amazónica.

Además, a ojos de Durango, para que Guaviare transite de una economía extractiva e ilícita en diez años se necesitan mercados que compren los productos agroforestales de manera sostenida. “Quizás el éxito de esta política dependa de si en 2030 ya haya un sistema de trazabilidad operando de verdad, con financiación consolidada más allá de esa cooperación externa, comunidades indígenas y campesinas con ingresos reales de ese modelo. Ese es uno de los retos más importantes que vienen”, dice Durango. “Pero el primer paso ya se dio, que es redactar y aprobar esa política. A partir de ahí empiezan las acciones”.

Maruri rescata que la nueva política pública de Guaviare fue un trabajo articulado, en varios municipios, en el que se incluyeron a las comunidades, a instituciones públicas y a las empresas. “El reto fue no hacer un documento desde un escritorio, sino convocando a los diferentes actores alrededor de esta apuesta. Y hay un consenso entre ellos. Toda la Asamblea Departamental se sentó, discutió el documento y lo aprobó de manera unánime”, apunta.

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En video quedó registrado el momento en que dos jaguares se aparean en inmediaciones del raudal del Guayabero, en Guaviare, en la Amazonia colombiana. Las imágenes fueron capturadas en los últimos días por medio de una cámara trampa instalada por la Corporación Guardianes de Yuruparí, en el marco de un programa apoyado por la red de monitoreo comunitario Lindonsensis y la Sociedad Zoológica de Frankfurt (SZF).

El hecho se registró en la Serranía de la Lindosa, caracterizada por su abundante biodiversidad. La zona es parte de la distribución del jaguar en Colombia, que también comprende regiones como el Chocó biogeográfico, la Sierra Nevada de Santa Marta y el bosque seco tropical del Caribe, así como los bosques de galería de la Orinoquía y la Amazonia.

En esta ocasión, se logró capturar el apareamiento de un macho y una hembra de esta especie, Panthera onca, un comportamiento difícil de observar. En la Serranía de la Lindosa, el programa que además de Guardianes de Yuruparí integra Corpolindosa, realiza actividades de muestreo y observaciones de la fauna silvestre a través de estas cámaras en siete predios. También llevan a cabo avistamiento aves, monitoreo de peces y de parámetros hidrobiológicos.

El objetivo de estos esfuerzos, de acuerdo con la SZF, es construir el primer informe de monitoreo con enfoque en aves, mamíferos y recursos hídricos que les permita a las comunidades tomar decisiones para mejorar el turismo.

Según Miguel Martínez, profesional de monitoreo de la SZF, realizar este tipo de actividades con las comunidades es clave, ya que “permite anidar los conocimientos de las personas que históricamente han habitado este territorio; mientras impulsa la investigación participativa y es una oportunidad de replicar conocimiento a través de la educación a las nuevas generaciones”.

De hecho, hace apenas un par de meses, la Corporación Guardianes de Yuruparí también registró en video a una hembra de jaguar y sus dos crías caminando por el raudal del Guayabero. Además de ser considerado un depredador tope, este animal es clave para el control de poblaciones de roedores, primates y otros grupos de animales. Su presencia, como hemos contado en El Espectador, es un buen indicador de la conservación de los ecosistemas.

Puntualmente, esta región en donde se ha observado, es un sistema complejo que agrupa varios ecosistemas de los biomas andino, amazónico y orinoquense. En suma, tiene importante valor hídrico, pues cuenta con una red de al menos siete caños que proporcionan agua a San José del Guaviare y varias poblaciones circundantes; dos de sus ríos, el Ariari y el Guayabero, desembocan en el río Guaviare.

“La Serranía de La Lindosa es un área protegida con una extensión de 28.224 hectáreas. En estas se solapan 225 familias. Desde 1987 se constituyó esta área como reserva forestal de protección. Esta zona es un punto de interconexión entre la Orinoquía y la Amazonía; cumple una función de corredor ecológico que intercomunica la Serranía de La Macarena con la Serranía del Chiribiquete en la cuenca amazónica”, apunta la SZF.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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La Defensoría del Pueblo puso en conocimiento del viceministro general del Interior, Carlos Eduardo Gechem Sarmiento, el alto riesgo de contacto inicial no deseado al que están expuestos actualmente los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Son los Yurí-Passé, que se encuentran en las áreas no municipalizadas de Tarapacá, Puerto Arica y la Pedrera, en el Parque Nacional Natural (PNN) Río Puré y su zona de amortiguamiento, en la Amazonia colombiana. A través de las alertas tempranas 002-21 y 007-24, la Defensoría ya ha subrayado estos riesgos a los que se enfrentan.

Como contamos en El Espectador, imágenes satelitales mostraron, en julio pasado, que casi 41 balsas mineras se encontraban en el cauce del río Puré. La información a la que tuvo acceso la Defensoría confirma y amplía la alerta emitida por el Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina, de la asociación Amazon Conservation, que ha reportado más de 500 hectáreas deforestadas para la minería ilegal de oro en el PNN Río Puré desde junio de 2024 hasta mayo de 2026.

“La totalidad de los hallazgos se localiza al interior de la zona prístina del área protegida, una categoría de manejo orientada a mantener las condiciones naturales del ecosistema con el mínimo nivel de intervención humana”, precisó la Defensoría.

Fuentes consultadas por el organismo también han señalado que las balsas mineras ya afectan zona intangible del PNN, en la parte alta de la cuenca. Esto implica la mayor gravedad para la protección de los Yurí- Passé, pues allí es donde se han confirmado sus asentamientos y la zona debería mantenerse ajena “a la más mínima alteración humana a fin de que las condiciones naturales se conserven a perpetuidad”, según la Resolución 143 de 2022.

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En ese sentido, la presencia de balsas mineras en el área representa, subrayó la Defensoría, una amenaza inminente para estos pueblos indígenas en aislamiento, los cuales se verán potencialmente afectados por posibles contactos iniciales no deseados con personas mineras. En suma, estas actividades ilegales en una zona de alta fragilidad ecológica traen presiones y daños como:

• Alteraciones significativas en la dinámica fluvial y en la integridad ecológica de los ecosistemas acuáticos asociados. Entre ellos, la remoción y movilización de sedimentos, el incremento de la turbidez del agua y la modificación de la morfología natural del cauce.

• Persistencia de la contaminación por mercurio, altamente tóxico para la salud humana y del ecosistema amazónico, utilizado para el azogue (amalgamación del oro, y separación de otros minerales).

• Reducción de la capacidad natural del ecosistema para recuperarse ante los impactos cada vez mayores de la minería ilegal.

La Defensoría agregó que esta situación se enmarca, además, en una reconfiguración de la violencia armada en la región, caracterizada por:

• La expansión de la disputa armada entre las disidencias del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez (bajo el mando de alias Iván Mordisco) y del Bloque Jorge Suarez Briceño del Estado Mayor del Bloque y el Frente - EMBF (bajo el mando de alias Calarcá Córdoba), en el área no municipalizada de La Pedrera, en el Territorio Indígena del PANI. Esto, por causa de la avanzada del EMBF a través de la cuenca del río Caquetá y Apaporis a los territorios que antes estaban bajo control hegemónico del Frente Carolina Ramírez y Johnier Arenas, de la disidencia de alias Mordisco.
• La expansión de Comandos de la Frontera sobre la cuenca del río Putumayo hacia las áreas no municipalizadas de Puerto Arica y Tarapacá, incluyendo su presunta participación, si quiera en sede de financiación, de operaciones mineras ilegales en las cuencas del Putumayo y el Cotuhé.
• Presuntas alianzas entre estas organizaciones y estructuras del crimen organizado que provienen de Brasil, como Familia do Norte, Comando Vermelho, Primer Comando Capital, As Crianças. Estas sociedades se han dado para optimizar los circuitos ilegales de minería aurífera por aluvión.

La Defensoría llamó la atención que estas operaciones de minería ilegal que amenazan a los Yuri- Passé también tienen participación de la población civil, mayormente indígena, que está motivada por la precariedad económica o bajo coacción armada. También apuntó que el escenario actual supone un riesgo incluso para otras personas, aunque diferencial, como autoridades indígenas tradicionales o representativas de las áreas colindantes, personal del PNN, organizaciones de la sociedad civil y centros de estudio con ingreso a la zona, entre otras.

Por todas esas razones, la entidad pidió al Viceministerio del Interior citar a una sesión de seguimiento sobre la situación de los Yurí- Passé, convocando, en el marco de las recomendaciones de las alertas tempranas 007-24 y 002-21, a las autoridades que hacen parte del Comité Nacional de Prevención y Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento.

“Lo anterior con propósitos de articular la respuesta institucional a los riesgos críticos de contacto inicial no deseados para los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario Yurí- Passé”, se lee en el documento. “Conforme a lo anterior, ruego se adopten las medidas aquí descritas, que reconocen los esfuerzos institucionales e instancias ya activadas para la superación de los riesgos y hechos descritos, solicitando además un informe de las gestiones que se efectúen en virtud del riesgo advertido”.

Esta es la comunicación, firmada por Nathalia Romero Figueroa, defensora delegada para la prevención de riesgos y violaciones de derechos humanos:

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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La Contraloría General de la República le envió una solicitud de información a la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) sobre el proyecto de Fibra Óptica para la Amazonía que, como contamos la semana pasada, fue cancelado por la ministra Falla.

De acuerdo con el contralor delegado para el sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Héctor Hernán González, el ente de control le había manifestado al gobierno entrante “la especial relevancia del proyecto (...) en consideración a su importancia estratégica y al impacto que su ejecución representa para la población de la región amazónica, especialmente en términos de conectividad, acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones y reducción de la brecha digital”.

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Como contamos en este artículo a mediados de abril de este año, el objetivo del proyecto, que contemplaba una inversión de cerca de COP 1 billón, era llevar internet a zonas dispersas de la Amazonia a través de grandes cables de fibra óptica en el fondo de los ríos. De acuerdo con Carina Murcia, minTIC de ese momento, alrededor de 100.000 hogares se verían beneficiados.

La semana pasada, sin embargo, la nueva ministra señaló que el proyecto sería cancelado “después de un análisis administrativo, jurídico, financiero, técnico, ambiental y de cobertura”.

Ante esta decisión, la Contraloría elevó una serie de solicitudes a la cartera. Para el ente de control, se lee en el documento, “resulta necesario conocer, con suficiencia y precisión, el alcance jurídico, técnico, contractual, presupuestal y financiero de la decisión anunciada, así como sus efectos sobre la gestión y los recursos públicos vinculados al proyecto”.

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En ese sentido, la Contraloría pidió precisar qué debe entenderse, en términos jurídicos y administrativos, por la expresión “cancelado”, que fue utilizada por el MinTIC en el comunicado de prensa de la semana pasada. En concreto, la cartera deberá explicar si corresponde a terminación definitiva del proyecto, suspensión, desistimiento, reformulación, modificación de su alcance, terminación de los instrumentos contractuales asociados o sustitución por una nueva iniciativa.

Además, el MinTIC debe remitir el acto administrativo, decisión contractual o instrumento jurídico que fue utilizado por la cartera para materializar o formalizar dicha determinación.

“De igual manera, se solicita informar de manera detallada cuáles son los efectos derivados de la decisión respecto de las actuaciones y avances previamente ejecutados, especificando el estado de los componentes técnicos, jurídicos, administrativos y contractuales desarrollados hasta la fecha, así como su grado de avance”, agregó el ente de control.

(También puede leer: La canción de los mapayerris: el último pueblo indígena de Colombia en entrar en contacto)

Otro de los puntos claves del requerimiento apunta que la cartera deberá exponer de manera clara y debidamente soportada “las razones técnicas, jurídicas, contractuales, financieras, presupuestales y administrativas que fundamentaron la decisión de cancelar el proyecto, identificando y remitiendo copia de los estudios, conceptos, informes, análisis de riesgos, evaluaciones, actos administrativos y demás documentos que sirvieron de sustento para su adopción”.

Como último punto, el MinTIC debe informar cuáles son las acciones o alternativas para garantizar la continuidad de los objetivos de política pública asociados al cierre de la brecha digital y al acceso efectivo. a los servicios de la conectividad en la región amazónica. Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento público por parte del ministerio ni de la ministra Falla.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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“Estamos viendo todas estas noticias sobre el fenómeno de El Niño, que por ahora es moderado y se volverá más fuerte en unos meses, entre octubre y diciembre, pero, en realidad, los impactos más graves por incendios forestales en la Amazonia se verán hacia julio del próximo año”. Matt Finer es especialista sénior en investigación de la organización Amazon Conservation y fue quien dirigió un nuevo análisis que muestra lo que le puede esperar a la Amazonia con la llegada de ese fenómeno.

El estudio fue elaborado por el Programa de Monitoreo de la Amazonia Andina (MAAP) — de Amazon Conservation— y en él sus autores analizaron ocho eventos de El Niño ocurridos desde 2002. Tras hacerlo, encontraron un patrón: las temporadas más severas de incendios en la Amazonia ocurrieron el año inmediatamente posterior a los episodios más intensos del fenómeno de El Niño.

Para entender esto mejor, basta con darle una mirada a un gráfico, en el que las líneas azules representan las anomalías en la temperatura de la superficie del mar, y las barras rojas la pérdida de bosque primario amazónico a causa del fuego. Se puede observar que el año 2015 estuvo marcado por un fenómeno de El Niño de intensidad muy fuerte, con una temperatura de 2,34 °C por encima de lo normal en la superficie del mar. Después, en 2016, los incendios arrasaron con 1,76 millones de hectáreas de bosque primario de la Amazonia, la selva tropical más grande del mundo.

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella decidió frenar un proyecto de infraestructura digital para conectar la Amazonia mediante un cable de fibra óptica porque, dijo, después de revisarlo, encontró riesgos que consideró demasiado altos para continuar.

Para entender esto, hay que explicar un par de cosas. El proyecto corresponde a la licitación FTIC-LP-001-2026 del Gobierno de Gustavo Petro, denominada cable de fibra óptica Putumayo, que incluía tanto la construcción del proyecto como su interventoría. Según el Ministerio TIC, la iniciativa tenía un valor estimado de COP 1,14 billones y fue cancelada por instrucción de la ministra Alexandra Falla, después de un análisis administrativo, jurídico, financiero, técnico, ambiental y de cobertura.

Según el MinTIC, un punto importante es el aumento del costo. El proyecto había sido planteado inicialmente por COP 683.000 millones en el Conpes 4167 de 2025. Para 2026, el valor había aumentado 67,1 %, hasta llegar al monto que tenía el proceso de contratación. La autorización de las vigencias futuras (es decir, el permiso para comprometer recursos de presupuestos de años posteriores) fue expedida el 4 de agosto de 2026. El Ministerio dice que, al revisar el proyecto, encontró incertidumbres financieras y estimaciones preliminares que podían convertirse en riesgos importantes.

En concreto, menciona tres áreas: riesgos técnicos, ambientales y de cobertura efectiva. Esto último es importante, pues no se refiere solamente a si el cable podía construirse, sino también a si la infraestructura finalmente lograría llevar conectividad de manera efectiva a las zonas que se buscaba beneficiar. Según se explica en el comunicado, la ministra había empezado a hacer seguimiento al proceso desde su designación y, después de asumir el cargo, creó un equipo especializado para estudiar la licitación en profundidad. Según el comunicado, ese análisis terminó llevando a la decisión de cancelar el proceso.

Como explicamos a mediados de 2025 en El Espectador, la idea surgió a partir de la experiencia de Brasil con el tendido de cables de fibra óptica en los ríos amazónicos.

El objetivo era aprovechar esa infraestructura y el conocimiento técnico desarrollado por el país vecino para extender un corredor digital hacia Colombia, desde el río Amazonas y, posteriormente, aguas arriba por el Putumayo. La apuesta contemplaba llevar la conexión hasta Puerto Asís y, con ella, mejorar el acceso a internet de municipios y comunidades apartadas de la región. En ese momento, sin embargo, el proyecto todavía estaba en una etapa de estudios. Brasil financiaba los análisis técnicos para determinar la viabilidad del trazado por el Putumayo, mientras Colombia aún no tenía definida una fuente de financiación para ejecutar la obra. También quedaban por resolver asuntos técnicos importantes, como el comportamiento del río, la profundidad y sedimentación de su lecho y las condiciones para instalar y mantener un cable de estas características.

Desde entonces, la propuesta dejó de ser solo una iniciativa en estudio y pasó a convertirse en un proyecto de infraestructura del Gobierno colombiano. En octubre de 2025, el Plan de Fibra Óptica para la Amazonia recibió la declaratoria de importancia estratégica y el aval para avanzar hacia su financiación. La iniciativa terminó ampliándose: además del corredor por el Putumayo, contempla conexiones por el río Amazonas y tramos terrestres para integrar a municipios de Amazonas y Putumayo con la red nacional y con Brasil.

Para marzo de 2026, el Ministerio de las TIC del Gobierno Petro ya había publicado los prepliegos de la licitación ahora cancelada. El proyecto contemplaba unos 1.600 kilómetros de fibra óptica por el río Putumayo, 70 kilómetros por el Amazonas y cerca de 210 kilómetros terrestres, con la meta de conectar alrededor de 100.000 hogares.

“Resulta que Brasil ya tiene todos sus ríos amazónicos con fibra óptica y garantiza conexión a ciudades, pueblos y aldeas de ríos amazónicos. Adelanté el proyecto por el río Putumayo y estaba ya financiado y ya lo suspendieron. El atraso tecnológico viene de mentes oscuras en el gobierno”, reaccionó el expresidente Gustavo Petro en X.

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El sonido de la música hace parte de la madrugada. Hombres y mujeres repiten la letra de una canción en un idioma desconocido para nosotros. Es la misma que cantaron unas horas antes, tomados de las manos y saltando al ritmo de las maracas, para demostrar que los mapayerris todavía recordaban sus cantos y danzas, a pesar de haber cambiado su vida nómada en la selva para asentarse en el resguardo Nacuanëdorro, en Vichada, y entrar en contacto con un mundo que temían y evitaban a toda costa, pero que ahora los arrastra a un nuevo modo de vida al que todavía se están acostumbrando. (Recomendamos más crónicas de César Mora sobre las lenguas indígenas en Colombia).

Para visitar el resguardo Nacuanëdorro desde Bogotá se debe llegar primero a Villavicencio (Meta) y desde allí emprender un viaje por tierra de casi dieciséis horas hasta el municipio de Cumaribo (Vichada). Una vez alcanzada la primera parada, el viaje “a donde los mapayerris” toma alrededor de quince horas en temporada de lluvias. El trayecto incluye atascadas en el barro, desvíos para vadear los arroyos y una que otra pausa en la que el conductor tendrá que disponer de todos sus conocimientos para encender el motor del carro. Luego, hay que seguir avanzando por trochas hasta divisar las viviendas construidas con troncos y techos de palma de moriche que anuncian que se ha llegado al lugar correcto.

Los mapayerris son un grupo indígena de cazadores y recolectores que vive en la Orinoquia colombiana. Históricamente este pueblo, que evitaba cualquier contacto con los blancos, se movía con libertad entre los Llanos Orientales de Colombia y Venezuela y dentro del Parque Nacional Natural El Tuparro. El mayor Boyoli —cacique del resguardo, quien siente que va a morir pronto y por eso quiere transmitirle sus saberes a su nieto— recuerda en su lengua: “Antiguamente nosotros vivíamos en el monte. Íbamos de un lado a otro y solo nos alimentábamos de frutas”. Tanto él como su familia nacieron y crecieron en campamentos que armaban en lugares donde hubiera disponibilidad de frutos como moriche o seje y allí permanecían entre quince y veinte días hasta acabar con la cosecha. En esos mismos lugares el chamán lideraba rituales en los que todos cantaban y bailaban para que nunca les faltaran los regalos de los árboles.

Pero ya no hay ninguna persona con los conocimientos para transmitir el legado de los chamanes y desde el año 2000 se intensificó una serie de hechos que forzaron a los mapayerris a cambiar de forma drástica su estilo de vida: la presencia de grupos guerrilleros controlando el tránsito por el río Tuparro, de gran importancia para el pueblo, el aumento de los cultivos de coca, la construcción de una carretera (que incrementó el tránsito de colonos), las amenazas de hombres armados y las prohibiciones para realizar actividades de caza y recolección de frutos en sus territorios ancestrales —entre otros hechos registrados en un documento del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio (2018)— limitaron de forma considerable su libertad en el territorio y los obligaron a adoptar una vida sedentaria en un resguardo conformado por los asentamientos Seiwa, Yorrobo y Brisas del Llano.

El trauma de la colonización llanera

El mayor Boyoli cuenta que el pueblo sentía tanto terror al escuchar que alguien extraño se acercaba, que llegaba a abandonar a los niños y viejos que no pudieran seguir el ritmo de la huida desesperada. No es de extrañar ese miedo considerando que en los Llanos Orientales tuvieron lugar las guahibiadas o “cacerías de indios”, persecuciones contra los pueblos originarios para su exterminio y la apropiación de sus tierras, cuyas primeras masacres se registraron en 1920. El informe Colombia adentro (2022) de la Comisión de la Verdad señala: “A través de las mal llamadas guahibiadas, muchos colonos persiguieron y diezmaron a la población indígena. El exterminio condujo a la pérdida y el despojo de extensos territorios de la comunidad sikuani, que fueron desplazados hacia Vichada. Les dieron látigo y los quemaron. También a los jiws los persiguieron y cazaron (…) Los relatos de los piapocos, sálibas y amorúas dan cuenta de los escenarios de violencia, desplazamiento y discriminación que contribuyeron a la pérdida del territorio y a la casi extinción de su cultura” (p. 53).

De acuerdo con datos de Gobierno mayor (2026), se estima que la población del pueblo mapayerri es cercana a las setenta personas. Por tratarse de un grupo no muy numeroso, que mantiene contacto con los indígenas sikuanis, con los que intercambian productos, y con los colonos que viven en Santa Rita y Cumaribo, a quienes venden los animales que cazan, el riesgo de asimilación cultural es muy alto. Estos procesos de cambios ya empiezan a ser visibles en las casas de palma al estilo sikuani en las que viven; en el cultivo de yuca para su subsistencia, siguiendo el ejemplo de otros grupos de los Llanos; en la creación de una guardia indígena, como los nasas y los misaks; en la ropa que utilizan, que ha reemplazado sus tradicionales vestimentas elaboradas con la parte interior de la corteza de un árbol al que llaman “mapata” o “taicuta”, y en las transformaciones que ha sufrido su idioma al incorporar términos provenientes del sikuani y el español.

Aunque hasta el momento no se han realizado estudios en profundidad sobre la lengua mapayerri, Yaty Urquijo y Katherine Bolaños, investigadoras del Instituto Caro y Cuervo, consideran que es importante iniciar trabajos lingüísticos para confirmar si se trata de un idioma independiente o de una variante dialectal del sikuani. Sobre la relación entre ambos pueblos, en el Diccionario Sikuani-Español (1989), de Francisco Queixalós, hay una entrada para la palabra “mapayerri”, definida como “un subgrupo sikuani”. Sin embargo, integrantes de ambos pueblos niegan que sean el mismo grupo o que hablen la misma lengua.

Al respecto, Katherine Bolaños señala que resulta de gran importancia entender los escenarios de contacto intenso y reciente entre pueblos: “Todos en la comunidad coinciden en que el mapayerri está muy sikuanizado. De hecho, durante nuestra visita presenciamos momentos en los que las personas discutían cómo decir determinadas palabras. Eran conversaciones muy largas porque insistían en usar la forma propia y no la prestada del sikuani. Para el trabajo de documentación y revitalización que estamos realizando juntos, estos procesos son especialmente valiosos porque ofrecen un panorama que pocas veces podemos observar: cómo reacciona el ser humano frente a escenarios de cambios lingüísticos”.

Asimismo, Yaty Urquijo destaca la necesidad del Instituto Caro y Cuervo de mantener un trabajo cercano con la comunidad, conociendo sus necesidades, preocupaciones y particularidades culturales: “Muchas veces se emiten conceptos desde la distancia, sin conocer las realidades de los pueblos. Y el restablecimiento de los derechos lingüísticos, territoriales y del reconocimiento como pueblo requiere precisamente esa cercanía que esperamos establecer con la comunidad para apoyarlos en la preservación de su lengua”.

Cacería y relatos de Nacuanëdorro

Falta poco para el amanecer, pero tanto adultos como niños siguen cantando sin importarles la hora. Uno podría pensar que no duermen porque las canciones, las conversaciones y las risas se han extendido durante toda la noche y aumentan de intensidad cuando el rugido de la motocicleta anuncia que los cazadores están de regreso. Con las primeras luces naranjas coloreando el cielo, acomodan sobre una mesa al aire libre el cuerpo tibio de un roedor mediano de pelaje marrón y varias manchas blancas a lo largo del estómago. Es una de las dos lapas (“Cuniculus paca”) que Alfonso Cariban cazó junto a una babilla (“Caiman crocodilus”) en el río Tuparro. Mientras el cazador muestra la manera correcta de sostener el arco y la flecha —herramientas que adoptaron de los sikuanis—, con una sonrisa tímida explica que antes las puntas de las armas eran fabricadas con huesos de dantas, pero el sonido de las escopetas hoy marca el ritmo de la canción que celebra la cacería.

Además de la caza, para los mapayerris el canto constituye una parte fundamental de su cultura. Como señala Félix Cariban, miembro de la guardia indígena conformada en su proceso de organización, se canta al recolectar seje, al despedir a un ser querido que fallece, durante el proceso de sorber yopo, cuando una joven tiene su primera menstruación, cuando un niño va a comer por primera vez pescado y antes de nombrar a los recién nacidos. Estas son tradiciones que tratan de mantener a pesar de los cambios en su modo de vida, así como la transmisión de sus historias. Una de estas es la de Nacuanëdorro, personaje mítico cuyo nombre se traduce como “hombre enorme” y en honor a quien nombraron el resguardo. Según los relatos, Nacuanëdorro es un gigante que se pasea por el monte con una mochila y una gallina enorme e incluso ha sido visto por algunos integrantes del pueblo: “Mi padre lo vio una vez”, cuenta Félix.

Él es también uno de los protagonistas de la historia del “Árbol de la vida”, un mito que habla del árbol del que provienen todas las frutas y que, aunque fuera talado, se regeneraba todos los días. Un día, Nacuanëdorro, una lapa y el mico nocturno se reunieron para tumbarlo. Al hacerlo, sus ramas se desperdigaron por todos lados y se convirtieron en los distintos alimentos que existen.

Hijos de los árboles

“Para nosotros, los árboles eran sagrados”, dice Manuel López, profesor de la institución educativa del pueblo, sentado muy cerca de un terreno que deforestaron y quemaron para poder sembrar yuca: “Nosotros salimos de un árbol. Nuestra madre son los árboles. Cuando vamos al monte nunca nos falta la fruta. Allí está el seje. Yo creo que la madre nos dejó la fruta porque nosotros somos sus hijos. Por eso, antiguamente no tumbábamos los palos, pero ahora nos toca”, apunta casi con pesar. Para dejar claro el papel que tienen los árboles en su tradición, Manuel narra uno de los relatos de origen más importantes de su pueblo: En el pasado no existían las mujeres, solo los hombres. Pero un día Nacuanëdorro se apareció y les entregó a los hombres una ramita de un árbol a cada uno con la instrucción de sumergirla en el agua. Poco tiempo después de hacerlo, los trozos de madera se transformaron en mujeres y así fue como los hombres mapayerris pudieron tener parejas y multiplicarse.

El caso de los mapayerris es un buen ejemplo que muestra la enorme presión para el cambio que puede enfrentar un grupo con muy pocos hablantes y la facilidad de adaptarse a esta serie de transformaciones. Fue en 2017 cuando empezaron a construir sus casas y a abrirse cada vez más al mundo de los blancos. Hoy tienen radios para comunicarse entre asentamientos, con paneles solares que les permiten cargar sus dispositivos electrónicos y con bicicletas y motos, que han acortado las distancias dentro de su territorio. Aunque todos reconocen las ventajas de vivir bajo un techo donde están mejor protegidos de las picaduras de las culebras y de la dureza de las lluvias, Manuel recuerda con nostalgia su pasado: “Los niños de ahora no conocerán cómo era vivir en el monte. Eso es como si un familiar tuyo muriera y te perdieras de la oportunidad de conocerlo. Así siento que podría describirse lo que ellos se perderán”.

Asimismo, el mayor Boyoli reconoce que, aunque haberse asentado ha traído cosas positivas para el pueblo, no pueden permitir que su cultura y su lengua desaparezcan justo como perdieron a sus chamanes: “Mi abuelo me decía que nunca debíamos olvidar de dónde venimos ni nuestras costumbres. Eso mismo es lo que yo le digo a mi nieto”, concluye el anciano.

*Periodista de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo.

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Mientras las agujas del reloj marcaban cada vez más cerca el cierre del gobierno de Gustavo Petro, que terminó su mandato este jueves, 6 de agosto, el Ministerio de Ambiente, en cabeza de Irene Vélez, sacó una serie de normas que había prometido, pero que podrían ser frenadas o transformadas por la nueva administración.

Uno tiene que ver con una promesa que había hecho la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, durante la COP30, realizada en la Amazonia brasileña a finales del año pasado. En la cumbre climática de las Naciones Unidas, la funcionaria anunció la intención de declarar toda la Amazonia colombiana como zona de reserva libre de actividades de gran minería e hidrocarburos.

En contexto: Declaran la Amazonia como reserva, no se otorgarán nuevos contratos mineros ni de petróleo.

Aunque el anuncio se replicó rápidamente en varios medios de comunicación, y muchos lo aplaudieron, para ese momento, la iniciativa todavía no había quedado en firme, pues el ministerio debía adelantar el proceso de consulta previa con los pueblos de la Amazonia. Solo fue hasta hace poco que inició ese proceso: entre el pasado 25 y 26 de junio, durante una sesión de la Mesa Regional Amazónica (MRA), un espacio de concertación entre los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana y el Gobierno Nacional.

Aunque quedaron algunos cabos por atar —como un proceso inconcluso de consulta previa con los Consejos Comunitarios de comunidades negras, en cuyos territorios se adoptó una medida transitoria— el Minambiente decretó, oficialmente, el bioma amazónico colombiano como una “reserva de los recursos naturales renovables definitiva”. La medida implica que en los 483.283 kilómetros cuadrados de la región, que representan cerca del 42 % del territorio nacional, ya no se podrán otorgar autorizaciones ni concesiones mineras, no se celebrarán nuevos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, ni se expedirán nuevas licencias o permisos para este tipo de actividades.

“La reserva tiene por objetivo esencial proteger el bioma amazónico frente a la ampliación de actividades extractivas, en consideración a la altísima importancia a nivel nacional y global que reviste este complejo ecosistémico, que es reconocido como la red fluvial más extensa del planeta, uno de los reservorios de biodiversidad más importantes del mundo, sumidero de carbono, proveedor esencial de la oferta hídrica del país, entre otros”, se lee en la resolución, publicada en la edición de este 5 de agosto del Diario Oficial. La ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, subrayó que Colombia es el primero de los ocho países amazónicos en tomar esta determinación.

El Minambiente aclara, en todo caso, que los proyectos que cuenten de manera concurrente con título minero, el instrumento técnico y el instrumento ambiental vigente podrán seguir ejecutándose hasta que termine su contrato, sin lugar a prórroga. De manera similar, los proyectos de hidrocarburos vigentes que se desarrollen a través de contratos y/o convenios, que cuenten con los requerimientos (por ejemplo, plan de manejo ambiental), podrán seguir ejecutándose hasta la terminación de su plazo contractual, también sin lugar a prórroga.

Esta decisión, sin embargo, contará casi de inmediato con resistencia por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella. Al nuevo ministro de Ambiente, Fabio Arjona, no le suena mucho la idea de declarar la Amazonía libre de explotación de petróleo, de gas y explotación de minerales.

Así lo expresó en una entrevista con este diario a principios de julio, en la que aseguró que “reglamentar no es gobernar. Cuando haces ese tipo de exclusiones, lo que estás fomentando es una enorme ilegalidad. Es difícil que haya hidrocarburos ilegales por todo lo que conlleva su extracción. Pero en el caso de los minerales metálicos, oro y demás, pues es la tierra de nadie. Si hacemos ese tipo de cosas, lo que estamos fomentando es que la ilegalidad llegue masivamente. Entonces, nos quedamos sin el pan y sin el queso. Eso es un tema más que todo de origen populista”.

Sobre si está abierto a que haya esas actividades de manera legal, Arjona aseguró, en ese momento, que “eso no depende del Ministerio de Ambiente, depende de la propuesta que haga el sector de minas y energía”.

Nuevas reglas para los mercados de carbono

A la normativa en torno a la Amazonia, se suma otra gran deuda que se esperaba en el sector ambiental: la reglamentación sobre los mercados de bonos de carbono en Colombia, algo que había pedido la Corte Constitucional desde mediados de 2024, cuando se emitió la primera sentencia sobre este tema en Colombia.

La normativa, firmada el 4 de agosto, establece varios criterios claves para el funcionamiento de este mercado, como la duración máxima de un proyecto, que puede ser de 15 o 30 años, dependiendo del tipo de iniciativa, o las obligaciones de las empresas a reportar cada fase del proyecto ante el Minambiente. Cuando este decreto se publicó para comentarios, generó diversas reacciones entre empresas y ONG del sector.

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En resumidas cuentas, estos mercados consisten en la compra de ciertos bonos que representan la reducción o la eliminación de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Estos pueden ser comprados por empresas y Estados, y son generados a través de actividades como la protección de bosques, la restauración de ecosistemas o, entre otras, la captura de gases de efecto invernadero.

Uno de los puntos que plantea el nuevo decreto es que los proyectos de mitigación o reducción de emisiones, como los que se dedican a la conservación de bosques en territorios indígenas, podrán vender sus bonos de carbono durante cinco años, renovables por dos períodos similares, o tener un único período no renovable de 10 años. Es decir, este tipo de iniciativas podría durar máximo 15 años.

Pero, esos no son los únicos cambios que plantea la regulación del mercado publicada hoy. El Ministerio de Ambiente también establece fuertes controles para los proyectos, que deben contar con la aprobación de esa entidad para pasar de una etapa a otra. El decreto también plantea que se le dará prioridad a la reducción de emisiones a las que Colombia se ha comprometido a nivel internacional y que están planteadas en su estrategia hacia 2030. Esto no quiere decir que no puedan venderse bonos de carbono a nivel internacional, pero los proyectos que quieran hacerlo estarán sujetos a la aprobación del Minambiente.

Arjona, nuevo ministro de Ambiente, también se refirió a este tema cuando conversó con este diario hace unas semanas. Dijo que echaría para atrás los intentos de regulación de este mercado que estaba planteando Irene Vélez.

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A través de la Resolución 0961 de 2026, el Ministerio de Ambiente declaró, oficialmente, el bioma amazónico colombiano como una reserva de los recursos naturales renovables definitiva. La medida implica que en los 483.283 kilómetros cuadrados de la región, que representan cerca del 42 % del territorio nacional, ya no se podrán otorgar autorizaciones ni concesiones mineras, no se celebrarán nuevos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, ni se expedirán nuevas licencias o permisos para este tipo de actividades.

“La reserva tiene por objetivo esencial proteger el bioma amazónico frente a la ampliación de actividades extractivas, en consideración a la altísima importancia a nivel nacional y global que reviste este complejo ecosistémico, que es reconocido como la red fluvial más extensa del planeta, uno de los reservorios de biodiversidad más importantes del mundo, sumidero de carbono, proveedor esencial de la oferta hídrica del país, entre otros”, se lee en la resolución, publicada en la edición de este 5 de agosto del Diario Oficial. Por su parte, la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, subrayó que Colombia es el primero de los ocho países amazónicos en tomar esta determinación.

El Minambiente aclara, en todo caso, que los proyectos que cuenten de manera concurrente con título minero, el instrumento técnico y el instrumento ambiental vigente, podrán seguir ejecutándose hasta que termine su contrato, sin lugar a prórroga. De manera similar, los proyectos de hidrocarburos vigentes que se desarrollen a través de contratos y/o convenios, que cuenten con los requerimientos (por ejemplo plan de manejo ambiental), podrán seguir ejecutándose hasta la terminación de su plazo contractual, también sin lugar a prórroga.

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La resolución es clara en que no se restringirán la concesión ni las autorizaciones para usar los recursos naturales y el ambiente de la Amazonia en actividades distintas a las de minería e hidrocarburos, las cuales “continuarán rigiéndose por la normatividad aplicable y los usos definidos en los instrumentos de ordenamiento ambiental y territorial”. Apunta, además, que los derechos preexistentes de los pueblos indígenas serán respetados, y las comunidades podrán hacer dicho aprovechamiento.

La reserva, de acuerdo con la cartera, no podrá usarse como causal para suspender, negar o condicionar los procesos de titulación colectiva o formalización de resguardos o territorios indígenas. El acto administrativo tampoco modifica el régimen jurídico de áreas protegidas como los Parques Nacionales Naturales (PNN), ni otras estrategias de conservación en la Amazonia. Tampoco sustituye ni busca interferir el ejercicio de las autoridades ambientales de los diferentes territorios.

¿Y la consulta previa?

Durante la COP30, la cumbre de cambio climático más importante del mundo, en noviembre del año pasado, la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, dijo con orgullo que Colombia había declarado su territorio amazónico como una reserva libre de actividades de gran minería e hidrocarburos. Aunque el anuncio se replicó rápidamente en varios medios de comunicación, y muchos lo aplaudieron, para ese momento, la iniciativa todavía no había quedado en firme, pues el ministerio debía adelantar el proceso de consulta previa con los pueblos de la Amazonia.

En video: Estas imágenes muestran cómo la minería ilegal ya amenaza a pueblos indígenas no contactados

Así lo determinó el Ministerio del Interior a través de un concepto que envió al Minambiente pocos días después de que se publicara el primer borrador de la propuesta, el 26 de septiembre de 2025. El Mininterior señaló que el proyecto de resolución era de especial interés colectivo para los pueblos étnicos y le recordó que en la región se han identificado 566 comunidades étnicas, a las cuales se les debe “valorar y respetar el conocimiento propio”, así como sus “métodos tradicionales para identificar y relacionarse con su territorio”. Por lo tanto, la medida estaba sujeta al desarrollo de consulta previa.

Fue hasta hace poco que inició ese proceso, entre el pasado 25 y 26 de junio, durante la sesión No. 006 de la Mesa Regional Amazónica (MRA), un espacio de concertación entre los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana y el Gobierno Nacional. En ese momento, varios actores del sector se preguntaron si el Minambiente lograría expedir la resolución a tan solo un mes de que llegara el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. Por su parte, la ministra Vélez aseguró que la decisión no fue improvisada ni apresurada.

Según se lee en la resolución, la consulta previa se realizó durante varias sesiones que incluyeron a las autoridades territoriales de los diez departamentos que se ubican total o parcialmente en la Amazonia. Así quedó consignado en el acta de protocolización de la Sesión 008 de la MRA, al cierre de los diálogos, que se dio entre el pasado 19 y 20 de julio. La región está conformada por Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés (en su totalidad), y parcialmente por Meta, Vichada, Cauca y Nariño.

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El Minambiente aclaró que aunque se adelantaron acciones para el desarrollo de la consulta previa con los Consejos Comunitarios de comunidades negras, ese proceso en particular permanece inconcluso. “No obstante, en consideración de la necesidad de garantizar la eficacia de la reserva y la prevención daños graves e irreversibles sobre el bioma amazónico, se adopta una medida transitoria, sin efectos, sobre sus territorios colectivos, hasta tanto se desarrolle y culmine el proceso de consulta previa”, dice el documento.

Futuro incierto

Desde el punto de vista jurídico y procedimental, hay dudas sobre la vinculatoriedad de la resolución, lo que significa que no está del todo claro cuáles son sus efectos jurídicos obligatorios.

“El riesgo es que las empresas del sector minero energético la demanden y las cortes, en algún momento, decidan a su favor diciendo, por ejemplo, que el ministerio no tenía competencia para hacer esa declaratoria”, dijo hace unas semanas a este diario un abogado en asuntos indígenas y ambientales, que conoce de cerca el proceso, pero prefiere no ser citado.

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Además, con la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia, se podría impulsar la modificación o derogatoria de la medida a través de un nuevo acto administrativo, especialmente si el nuevo gobierno considera que genera impactos económicos importantes sobre los sectores de hidrocarburos o de minería.

“Incluso, bajo determinadas circunstancias previstas, podría analizarse la procedencia de mecanismos como la revocatoria directa, aunque ello estaría sujeto al cumplimiento de los requisitos y limitaciones que establece el ordenamiento jurídico”, explicó, por su parte, María Aponte, abogada y consultora sénior en Holland & Knight, una firma de abogados que asesora a empresas del sector energético.

Por ahora, Fabio Arjona, ministro de Ambiente designado por De la Espriella, ha recibido con escepticismo la medida que ha querido implementar el Gobierno Petro. En entrevista con este diario, dijo que “reglamentar no es gobernar”, refiriéndose a la manera en que se atienden las diversas y complejas dinámicas en la Amazonia. “Cuando se hacen ese tipo de exclusiones (especialmente de minería), lo que se está fomentando es una enorme ilegalidad”, aseguró. Para Arjona, una declaración de la Amazonia libre de explotación minera, se “quedará en el papel”.

Como contamos en esta nota, además, ciertas organizaciones tienen dudas sobre el impacto real de la resolución del Minambiente a la hora de proteger la región, pues si bien se enfoca en las actividades legales de minería y de hidrocarburos, algunos de los mayores desafíos ambientales y sociales de la Amazonia están asociados a dinámicas ilícitas.

Al respecto, la ministra Vélez se pronunció: “A aquellos que buscarán deslegitimar esta decisión porque hay una mayor complejidad de los problemas sociales y ambientales en la Amazonia, quiero decirles que tenemos total claridad de que una reserva como esta no resuelve por sí sola todos los problemas de una región. Sin embargo, sí hace parte de una estrategia más amplia que yo misma llamo un ecosistema de actuaciones, planes y proyectos”.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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Organismos policiales de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú adelantaron una gran operación internacional en contra del crimen ambiental en la Amazonia. La Operación Green Shield 2026, como se denominó, fue coordinada desde un centro de mando en Bogotá y organizada por el gobierno de Emiratos Árabes Unidos, a través de la Iniciativa Internacional de Aplicación de la Ley para el Clima (I2LEC).

Las autoridades de los distintos países realizaron despliegues sincronizados en zonas fluviales remotas y fronterizas, mientras hacían seguimiento geoespacial de las misiones en tiempo real. También llevaron a cabo investigaciones posteriores para desmantelar redes criminales, y no solo limitarse a incautar bienes ilícitos.

“Esta operación ha transformado la cooperación y el intercambio de inteligencia en acciones concretas contra la minería ilegal, el apoderamiento ilícito de hidrocarburos, la deforestación y otros delitos ambientales. La protección de nuestros recursos naturales exige una respuesta compartida”, declaró el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director general de la Policía Nacional de Colombia, a través de un comunicado.

La operación contó con más de 3.600 agentes de policía y se detuvieron a 835 personas durante 1.045 acciones operativas. Además, se incautaron 280.450 metros cúbicos de madera de procedencia ilegal, 195 toneladas de minerales y productos relacionados con 800 incidentes de pesca ilegal. También se decomisaron más de 32.000 elementos de equipamiento utilizados en actividades de minería ilegal.

La estrategia, en suma, permitió rescatar a más de 3.000 animales vivos y otros 430 muertos, vinculados al tráfico de fauna silvestre. De hecho, hace algunos días, durante la segunda fase de la operación Green Shield 2026, la Policía Nacional de Colombia adelantó una serie de acciones operativas en el departamento de Meta, a través de las cuales aprehendió fauna silvestre, madera, flora no maderable e intervino ocho minas destinadas a la extracción ilegal.

“Con la Operación Green Shield II reafirmamos nuestro compromiso con la protección de los recursos naturales del Meta. Los resultados obtenidos reflejan el trabajo permanente de nuestro Grupo de Carabineros y Protección Ambiental para combatir el tráfico ilegal de fauna y flora, así como, las actividades que deterioran nuestros ecosistemas. Invitamos a todos los ciudadanos a denunciar cualquier delito ambiental; proteger la biodiversidad es una responsabilidad compartida y un compromiso con el futuro de nuestro departamento y del país.”, indicó en ese momento el coronel Nelson Eduardo Zambrano Esguerra, comandante del Departamento de Policía Meta.

En total, el valor acumulado de las incautaciones a lo largo de todos los países asciende a más de 280 millones de dólares estadounidenses. La coronel Dana Humaid, directora general de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Interior de Emiratos Árabes Unidos, aseguró que la operación Green Shield 2026 es resultado del trabajo conjunto entre países, combinando inteligencia, experiencia operativa y el objetivo común de desmantelar redes delictivas organizadas.

Por su parte, el general J. Manuel Cruz, director de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, subrayó que delitos como la minería ilegal, lel tráfico de fauna silvestre, el contrabando de combustibles, entre otros, “no respetan fronteras; por ello, requieren una respuesta internacional coordinada”.

Ya en años anteriores se habían adelantado despliegues de este tipo, pues Green Shield 2026 es parte de una serie de operaciones policiales mundiales de I2LEC, liderada por Emiratos Árabes Unidos, en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Su objetivo es fortalecer las fuerzas de seguridad frente a los crímenes ambientales y los riesgos de seguridad relacionados con el clima.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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Hay imágenes que no necesitan muchas explicaciones. A veces, basta con darles una simple mirada para que nos ayuden a dimensionar lo que sucede en algunos puntos de la Tierra. Las que acompañan este artículo hacen parte de ese grupo. Algunas son satelitales; otras son fotografías tomadas en sobrevuelos hechos en el Parque Nacional Natural Río Puré, un lugar que no suele captar mucha atención cuando se habla de la Amazonía.

Está al suroriente de Colombia, en el límite con Brasil. Además de ser un lugar especial por su biodiversidad, fue declarado como Parque Nacional Natural en 2002 porque es el hogar de los Yuri y Passé, los pueblos indígenas no contactados que decidieron aislarse de manera voluntaria.

Pero, como lo muestran los mapas y las imágenes de estas páginas, el PNN Río Puré no está pasando por un buen momento.

“El panorama de destrucción y degradación es brutal”, resumen desde la Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro (AARIMO).

“Brutal” es un adjetivo que, tal vez, se quede pequeño para lo que está sucediendo en ese río que en Brasil adquiere el nombre de Purué: mientras ustedes están leyendo este texto, hay, al menos, 41 “dragones” distribuidos en él intentando extraer oro. Son infraestructuras de más de 30 metros de longitud y tan altas como una casa de dos o tres pisos, que la Sociedad Zoológica de Frankfurt identificó en las últimas imágenes satelitales de la constelación PlanetScop que chequearon el 29 de julio.

“Podemos decir con certeza que esos 41 dragones están operando en este momento. Se ven con toda claridad y, a diferencia de otros años, se ven cada vez más cerca del territorio de los Yuri y Passé”, lamentan desde la Sociedad Zoológica de Frankfurt, que recopiló esa información en un trabajo conjunto con PNN.

De acuerdo con sus cálculos, cada una de esas balsas logra extraer hasta 3 kilos de oro al mes. A ojo de buen cubero, eso quiere decir que se podrían estar sacando de ese punto del Parque Nacional Natural Río Puré unos 120 kilogramos de oro en un mes.

En un mercado internacional en el que el oro alcanzó este año precios récord, parece que a quienes financian esas balsas poco les importa que las bombardeen de vez en cuando, como sucedió en un trabajo conjunto entre las fuerzas armadas colombianas y brasileras a finales de noviembre de 2025. Si detallan esta gráfica, verán que el 24 de febrero de este año un kilo de oro pasó a valer USD 168.252 (dólares) cuando en 2022 estuvo alrededor de los USD 60.000.

Por eso, dicen desde la Sociedad Zoológica de Frankfurt (FZS), a los dos o tres días de que destruyen seis o siete dragones (14 en el caso del operativo de noviembre), regresan a trabajar. “Es una estructura muy organizada”.

De hecho, en las imágenes satelitales y las fotografías aéreas que han analizado en la FSZ, han observado que en la línea limítrofe con Brasil hay una especie de “astillero” a donde llegan los mineros. Allí, cuentan desde la organización, aparcan botes, hay dragas y, al parecer, hacen mejoras a sus balsas y a sus motores.

Luego, regresan al río Puré a seguir buscando oro y a seguir tumbando selva.

El informe que publicó hace unos días el Monitoring of the Andes Amazon Program —una iniciativa de Amazon Conservation Association, en alianza con AARIMO y la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible— es preciso en ese aspecto: han documentado 506 hectáreas deforestadas por la actividad minera ilegal en el Parque Natural Nacional Río Puré entre junio de 2024 y mayo de 2026″.

Eso quiere decir más de cuatro veces el tamaño del Parque Simón Bolívar de Bogotá, que acoge, en una porción pequeña, a todos los visitantes del festival Estéreo Picnic o el Festival Cordillera.

¡Que alguien salve al Puré!

Marisol Castro tiene un cargo difícil de memorizar: es la profesional de Prevención, vigilancia y control de la Dirección Territorial Amazonía de Parques Nacionales Naturales. En estos últimos años ha visto cómo la situación en ese punto fronterizo del río Puré se ha puesto más compleja.

Recuerda que en 2020 aún existía la sede operativa “Puerto Franco” de PNN, que estaba situada en el límite con Brasil. Sin embargo, ese año las dificultades de orden público obligaron a los funcionarios del Parque a salir del territorio y a la sede la incineraron.

“El equipo fue amenazado y tuvo que ser replegado a una sede administrativa de Leticia. Ya no podemos estar en campo”, dice Castro en una llamada.

Desde la capital del departamento del Amazonas hacen monitoreo y vigilancia con varias de las ONG que tienen sus ojos puestos sobre la zona, a través de sobrevuelos y de imágenes satelitales. También mandan requerimientos a todas las instituciones del Estado que deben estar pendientes de proteger los Parques Nacionales Naturales y a los indígenas Yuri y Passé. “A todas les hemos remitido requerimientos porque la situación es grave”, reitera Castro.

En el tiempo que le han seguido la pista al avance de la explotación ilegal de oro en el río Puré, ella ha visto tres cosas particulares: una, es el incremento de las balsas mineras. Otra, es la transformación de esas balsas mineras en enormes “dragones” que tienen prácticas más agresivas para extraer oro. Ahora cuentan con tecnología hidráulica. Y la tercera es, precisamente, que ya no sólo se está haciendo extracción en el río sino que están removiendo la cobertura vegetal en las orillas y en los meandros.

Las siguientes gráficas detallan cómo ha sido la deforestación ribereña y los mapas elaborados por MapBiomas Colombia ayudan a dimensionar la preocupación de Castro.

Karen Huertas, integrante del grupo de MapBiomas, cuenta que en el proceso para analizar lo que está sucediendo en esa área, notaron que en 2016 ya había unas huellas que sugerían el inicio de actividad minera, aunque eran muy incipientes. En el 2020, cuando el grupo de PNN tuvo que abandonar la zona, empezaron a ver indicios claros en las imágenes satelitales. Pero en el 2024 y en el 2025, la situación fue a otro precio.

“Es clarísimo cómo antes de esos dos años el margen del río estaba intacto. Ahora, en cambio, hay puntos donde detectamos que se perdieron 53 hectáreas de bosque, 37 o 29”, asegura.

Según el reporte de Monitoring of the Andes Amazon Program (MAAP), hay cuatro zonas críticas donde la minería ilegal ha afectado la ribera del río. Aunque los dos operativos de la fuerza pública colombiana y brasilera que hubo en 2025 menguaron un poco el avance de la deforestación, en 2026 ha aumentado a “un ritmo alarmante comparado con los meses del año anterior”.

Mayo fue el mes con la cifra más alta: se perdieron 177 hectáreas de bosque, es decir, dos veces el tamaño del Centro Histórico de La Candelaria, en Bogotá.

El otro problema que tiene con los pelos de punta a quienes están observando desde el aire la pérdida de una porción del PNN Río Puré es un viejo conocido de Colombia: el mercurio. Entre ellos está Juan David Varela, coordinador del laboratorio socio-jurídico, Fundación Gaia Amazonas, que ve cómo se incumple la sentencia T-106 de la Corte Constitucional, que protegió los derechos de los Jaguares de Yuruparí por los “alarmantes niveles de contaminación de mercurio”.

“Además de alterar el cauce de los ríos, remover sedimentos y afectar la calidad del agua, la contaminación por mercurio pone en riesgo los hábitats acuáticos y el sistema hidrobiológico en general (...) Las lluvias lo arrastran a fuentes de agua cercanas, afectando no solo al pueblo Yuri y Passé, sino también a los territorios indígenas colindantes”, señalan desde la Sociedad Zoológica de Frankfurt.

Ese metal, prohibido en Colombia, pero usado para separar y concentrar las pepitas de oro en el Puré, suele terminar en los organismos de los peces que pueden ser parte de la dieta de varias comunidades. “Eso no solo está comprometiendo la salud de las generaciones actuales, sino de las futuras. Estamos enfrentando un riesgo de que se extingan comunidades únicas en el mundo”, añaden desde AARIMO.

Para frenar esta tragedia se necesitan estrategias de largo plazo y no solo operativos de un día, coinciden todas las organizaciones. Deben contar con el apoyo de Brasil, pues todo parece indicar, dice el reporte de MAAP, que los “insumos, las dragas e infraestructura minera son suministradas por empresarios de municipios vecinos, especialmente Japurá (el centro urbano más próximo a esta zona), Maraã y Jutaí”.

Luego el oro viaja por los ríos Puré-Purué, Japurá y Tefé, hasta llegar a Manaos, la ciudad más importante de la Amazonía brasileña.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) analizó muestras de roca, que se encuentran a cientos de metros de profundidad, en un depósito de cobre y molibdeno en Mocoa, Putumayo. Los investigadores encontraron que la mayoría de ellas podrían generar un proceso conocido como drenaje ácido si son expuestas a la superficie.

En otras palabras, las rocas de las montañas de la región contienen minerales sulfurados que, al entrar en contacto con el oxígeno y el agua, son capaces de producir soluciones ácidas y aumentar la movilidad de elementos químicos potencialmente tóxicos.

En su investigación, desarrollada entre 2025 y 2026, el SGC examinó 89 muestras que se encuentran en la Litoteca Nacional, la biblioteca de rocas más grande de Colombia, que habían sido obtenidas entre 1978 y 1983 durante estudios del Ingeominas y las Nacional Unidas. A través de un análisis microscópico y pruebas de laboratorio, los científicos pudieron hacer un balance entre los procesos químicos que resultan en aguas ácidas y los procesos con capacidad para neutralizarlas. También identificaron los principales factores geológicos y mineralógicos que condicionan ese comportamiento.

“Más del 90 % de las muestras presentan potencial para generar drenaje ácido si las rocas son expuestas al ambiente, mientras que cerca del 10 % no generarían acidificación o tendrían capacidad para neutralizarla”, comunicó el SGC. “El estudio también identificó la presencia de elementos potencialmente tóxicos en el depósito, entre ellos molibdeno, selenio, cadmio y wolframio, además de arsénico, mercurio, plomo, vanadio y talio en algunos sectores”.

La entidad aclaró, no obstante, que debido a la metodología empleada, no fue posible evaluar la velocidad con la que se podría desarrollar la acidificación de las aguas bajo condiciones naturales. El SGC aspira evaluar ese punto en una segunda fase de su estudio, mediante ensayos de larga duración.

Por el momento, los hallazgos fortalecen la evaluación geoambiental del depósito, permiten establecer su susceptibilidad geoquímica y, de ese modo, contribuir a decisiones para prevenir impactos asociados con la exposición de este tipo de rocas.

“Comprender cómo interactúan las rocas, el agua y el oxígeno permite fortalecer la evaluación geoambiental del territorio y generar información científica que contribuya a prevenir riesgos asociados con procesos naturales y actividades humanas, como la minería en depósitos ricos en sulfuros”, apuntó el SGC.

Estas rocas que contienen sulfuros pueden exponerse rápidamente al ambiente a través de procesos como la erosión, bien sea natural o la que se deriva de la deforestación. De acuerdo con el SGC, aún más desequilibrante podrían ser los escenarios de minería, pues es una actividad en la que las rocas se sacan del subsuelo para extraer minerales y los desechos pueden quedar en la superficie.

“La minería, particularmente la de metales como el oro, la plata o el cobre, está frecuentemente asociada a minerales ricos en sulfuros, lo que implica el riesgo de potenciar los procesos que generan drenaje ácido”, publicó el SGC en sus redes sociales.

Cabe recordar que, como hemos contado en estas páginas, la minería ha sido un tema especialmente sensible en Mocoa. Allí, la Agencia Nacional Minera (ANM) ha otorgado títulos para extraer principalmente cobre a la empresa Libero Cobre, cuya casa matriz está en Canadá.

La intención de explotar este mineral ha generado tensiones en el territorio y entre las comunidades. De hecho, hace una semana, organizaciones sociales, ambientales, comunidades indígenas y campesinas de Putumayo realizaron un plantón artístico y cultural frente a la ANM, pidiendo que se cumpla una resolución de Corpoamazonia que protege más de 57.000 hectáreas. Exigían que se suspendan los títulos mineros que traslapan con esa área del piedemonte andinoamazónico.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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Hace un par de semanas, Maria Francisca Silva de Oliveira salió en bote de su comunidad de São Raimundo, en la Amazonia brasileña. Hizo un recorrido en ferri de casi 30 horas hasta Manaos, tomó un vuelo hacia Tabatinga y, desde allí, se trasladó a la ciudad vecina: Leticia. Otros representantes indígenas, campesinos y afrodescendientes viajaron desde las planicies inundables de Bolivia o volaron desde Surinam hasta Curazao, pasando por Bogotá, para arribar a la capital del departamento de Amazonas, en Colombia.

Los líderes llegaron desde 14 comunidades de la Amazonia para conocer el resultado de un trabajo que inició hace más de un año: un Atlas que detalla la riqueza histórica y cultural que se esconde detrás de un plato de comida amazónico. Todos los participantes, que venían de Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Guyana, Surinam y otras partes de Colombia, se reunieron en Acapú, reserva natural de la sociedad civil a 14 kilómetros del casco urbano de Leticia.

Conversaron en un recinto abierto: una gran estructura de madera en cuyo centro la fogata casi siempre se mantuvo encendida. Los lideres presentaron sus mapas y contaron historias de sus comunidades; hubo noches de cine en las que se proyectaron documentales sobre sus territorios y, entre todos, se preparó “patarashca”, un plato tradicional de la región.

La idea del Atlas del Alimento Amazónico, como se denomina el proyecto recién lanzado, se empezó a cocinar hace más de un año con el propósito de contar la Amazonia no desde sus problemas, como la deforestación y la pérdida de biodiversidad, sino desde lo que continúa vivo gracias al cuidado de sus habitantes.

“El alimento nos pareció la puerta de entrada más honesta a esa vida cotidiana porque hablar de comida es hablar de relaciones entre la gente, la flora, la fauna y el agua; entre memoria y futuro; entre autonomía y dependencia”, explican desde la organización Amazon Conservation Team (ACT), que diseñó y desarrolló el proyecto.

Por eso, los equipos de investigación de esa organización viajaron entre cuatro y cinco días a las comunidades de Yurayaco y Morroco, en Colombia; Siekoya Remolino y Chumpí, en Ecuador; Nueva Esperanza y Quiteni, en Perú; Santa María y Altagracia, en Bolivia; São Raimundo y Arapucu, en Brasil; Toka y Moraikobai, en Guyana, y Pikin Slee y Kwamalasamutu, en Surinam. “Nos abrieron las puertas. Nos compartieron su comida y sus historias, nos contaron sobre sus territorios”, detalla ACT.

Aunque comparten el mismo bioma, estas comunidades habitan paisajes distintos, desde el Escudo Guayanés, donde están los cimarrones de Pikin Slee, hasta las planicies inundables, con los campesinos de Altagracia o los quilombolas de Arapucu. Otras viven en el piedemonte andino-amazónico, como la comunidad de Yurayaco, del pueblo Inga, en Caquetá.

Cuando estuvieron en esos territorios, de febrero a julio de 2025, los investigadores guiaron las conversaciones a partir de una pregunta: ¿qué nace aquí para alimentar? Las comunidades hicieron una lista de entre 150 y 350 de sus alimentos, de los cuales eligieron, cada una, los 10 más representativos. También dibujaron mapas colectivos con tintes naturales, como el del ñame morado y el achiote, e hicieron calendarios ecológicos de sus alimentos. Luego, compartieron sus relatos, cocinaron junto a los equipos de ACT y les enseñaron algunas de sus recetas.

Fueron meses de trabajo en los que participaron antropólogos, sociólogos, biólogos, ingenieros forestales, diseñadores, comunicadores y fotógrafos, entre otros. La información que recopilaron se materializó en el Atlas del Alimento Amazónico, compuesto por un libro, videos documentales, un pódcast y un juego de mesa pedagógico. Todos, excepto por la herramienta lúdica, están disponibles en línea para quien desee consultarlos.

El proyecto fue diseñado y desarrollado por ACT, y encargado por el Programa Paisajes Sostenibles de la Amazonia (ASL), programa financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y liderado por el Banco Mundial.

“Hemos sido parte de un mismo proceso, pero esta es la primera vez que nos vemos y nos conocemos todos”, resaltó ACT durante el encuentro en Leticia. Desde una maloca del pueblo bora, la organización les explicó a los integrantes de las comunidades que habían viajado hasta allá el motivo por el cual llamó “Atlas” a este repositorio del alimento amazónico.

En la mitología griega, el dios Zeus dio al titán Atlas el mandato de sostener sobre sus hombros la bóveda celeste o, según versiones más recientes, el mundo. “Algunos de ustedes tendrán que cargar 60 kilos de libros para devolver a sus comunidades, pero más importante es cargar el compromiso de transmitir ese conocimiento de la Amazonia a los jóvenes, de celebrar el alimento, y la mejor forma de celebrarlo es reproduciéndolo, cultivándolo, cosechándolo y compartiéndolo”, dijo el equipo.

En efecto, el último día del encuentro, tras cenar “patarashca”, los representantes empezaron el largo recorrido de vuelta. Llevaron consigo decenas de los libros del Atlas para que puedan ser leídos en sus territorios. “Les haremos conocer a nuestras comunidades que no somos diferentes a otros pueblos porque cultivamos lo mismo. Tenemos muchos alimentos en común”, aseguró Ivana Imanareico, de la comunidad campesina de Altagracia, de Bolivia.

El objetivo, según Kory Barras, representante del Banco Mundial y de ASL, es “honrar el conocimiento”, que el Atlas se siga nutriendo y sea “el comienzo de muchos más esfuerzos regionales”.

La yuca, “el hilo que atraviesa las cocinas amazónicas”

En el encuentro regional, Maike Jaachpi se conmovió por el parecido de la comida de Leticia con la de su comunidad, Kwamalasamutu, de Surinam. Notó que en la Amazonia colombiana también se consume tapioca, tal como lo hacen su papá y otros indígenas wai wai de su país. Ellos lo llaman “gomma” y es, básicamente, el almidón puro que se extrae de la yuca. “Lo que he visto aquí me ha hecho sentir cerca de la familia de mi padre”, expresó en neerlandés.

La yuca es un alimento de vital importancia en la Amazonia y ha estado presente en todas las comunidades que visitó el equipo de ACT. Dependiendo del territorio, se le suele llamar de distintas maneras, como mandioca, macaxeira, cassava, kasab o rumu. Es, en palabras sencillas, “el hilo que atraviesa todas las cocinas amazónicas”.

Existen, eso sí, diferencias notorias en las tecnologías y los utensilios de cada territorio y en la forma en que preparan la yuca. Los investigadores encontraron que, mientras en las comunidades de Perú es común hacer masato con la yuca, en Brasil se transforma en fariña, un tipo de harina granulada.

Carmen Rodríguez, representante de Morroco, el pueblo curripaco en Guainía, explicó que en su comunidad utilizan un cesto tradicional, denominado “catumare”, para sumergir la yuca y fermentarla durante tres días. Así obtienen el “murucúi”, una masa que luego rallan, prensan y tuestan como harina para elaborar, entre otras cosas, casabe, un pan redondo y plano. Se trata de un proceso de gran “sofisticación tecnológica”, según Amazon Conservation Team, pues permite eliminar la toxicidad de la yuca amarga y volverla apta para su consumo.

“La yuca (Manihot esculenta) nace de una historia profunda entre los pueblos amazónicos, sus saberes y el bosque. Originaria de la cuenca amazónica, ha sido observada, seleccionada y transformada durante siglos, hasta convertirse en uno de los alimentos más importantes de la región. En ella vive una memoria agrícola antigua, paciente y minuciosa”, se lee en el libro del Atlas.

Pero además de esta raíz tuberosa, las palmas de asaí, de moriche, de chontaduro y el pescado son importantes fuentes de alimento que tienen en común estas 14 comunidades amazónicas. Algunas también basan su dieta en la caza de animales como la boruga, roedor de tamaño mediano y de hábitos nocturnos. Esa “carne de monte” se consume en los territorios de Quiteni (Perú), Chumpí (Ecuador), São Raimundo (Brasil), Moraikobai (Guyana) y Yurayaco (Colombia).

La relación con la selva

Carmen, de la comunidad de Morroco, nunca había salido de su territorio, pero con casi cinco meses de embarazo viajó desde la Estrella Fluvial de Inírida hasta Leticia para el encuentro. Entre sonrisas, y tras comer helado de asaí, explicó la importancia que, como en muchas otras comunidades, tienen sus sistemas de cultivo.

“El conuco (como denominan en Morroco a las parcelas donde siembran) es nuestro supermercado. Así como los blancos salen a comprar pan y arroz, del conuco obtenemos el casabe y el mañoco (ambos provenientes de la yuca). Tenemos diferentes cultivos: de ñame, batata, piña y algunos de ají. Hay gran variedad. Es primordial para nosotros”, dijo.

En el caso de la comunidad de Carmen, cada mes los hombres van al “monte virgen” a despejar campos para las también llamadas chagras, mientras que las mujeres se encargan de su mantenimiento. “Tenemos un mes específico en el que sembramos, no lo hacemos cualquier día”. Los curripacos saben que cuando empieza a haber un vuelo masivo de mariposas, hacia finales de abril, se avecinan las lluvias más intensas. Por eso, las mejores cosechas se dan entre febrero y junio.

A cientos de kilómetros de distancia, a orillas del río Sipaliwini (Surinam), el pueblo trio de la comunidad de Kwamalasamutu también usa de guía a los insectos para producir sus alimentos. “En tiempos remotos, nuestros ancestros no sabían sobre los meses. Solían trabajar y sembrar con base en la luna o el sol y un pequeño insecto en el bosque, una cigarra, hacía un sonido muy fuerte y les avisaba que debían empezar a preparar las chagras”, apuntó Maike.

Por su parte, Sandra Payaguaje, representante de Siekoya Remolino (Ecuador), del pueblo indígena siekopai, contó que en las chagras de su comunidad también se siembran plantas medicinales y para el uso en rituales. Pero más allá de ser solo un sistema de cultivo tradicional, el tsío, como ellos lo nombran, significa “compartir entre todos” y es la forma en que los siekopais conectan espiritualmente con la tierra. Las mujeres son sus guardianas.

En un contexto en el que la alimentación global depende cada vez más de ciertos cultivos dominantes, como el arroz, el Atlas del Alimento Amazónico busca mantener y fortalecer dichos saberes como una herramienta para conservar la Amazonia. Para ACT, entender esa diversidad alimentaria construida durante siglos “es también una forma de conservación, no solo como protección del entorno, sino como continuidad de la vida”.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer, en la tarde de este viernes 31 de julio, el informe de deforestación de 2025. Según el monitoreo realizado por la entidad, el año pasado se perdieron 119.483 hectáreas de bosque en el país, lo que representa un aumento de 5,2 % frente a 2024, cuando se reportaron 113.608 hectáreas.

(Lea: Lluvias y tiempo seco: así será el clima este fin de semana, según el Ideam)

Aunque la deforestación aumentó, el Ideam insiste en que esta cifra sigue siendo un 18 % menor que el promedio anual de los últimos 25 años, estimado en 145.802 hectáreas por año; y que incluso es 31 % menor que la registrada en 2021, el año que el Gobierno toma como referencia para medir sus avances.

Es decir, aunque hubo un aumento frente a 2024, el comportamiento de los últimos cinco años sigue mostrando una tendencia de reducción. De hecho, el Ideam sostiene en el informe que el país sigue “en línea de cumplimiento de la meta del Plan Nacional de Desarrollo”, que busca reducir la deforestación en al menos un 20 % frente a 2021.

El informe también muestra que el aumento estuvo impulsado principalmente por la Amazonía, donde se registraron 77.805 hectáreas deforestadas, apenas 681 más que en 2024, pero una cifra suficiente para explicar buena parte del incremento nacional.

(Puede leer: OMM confirma que fenómeno de El Niño seguirá intensificándose entre agosto y octubre de 2026)

La Amazonía sigue concentrando la mayor parte de la deforestación del país, con el 65 % del total registrado. Sin embargo, hay otras regiones que también inquietan al Ideam. La situación más llamativa se presentó en el Pacífico, donde la deforestación creció un 22 %, seguida por el Caribe, con 17,1 %. Los Andes y la Orinoquia también registraron un incremento del 10 %.

Al mirar por departamentos, cinco concentran el 71 % de toda la deforestación del país. Caquetá es donde más se prenden las alarmas, pues fue el que más aumentó en términos absolutos, al pasar de 25.263 hectáreas a 30.414. Además, se consolidó como el departamento con la mayor superficie deforestada del país.

El caso de Putumayo también es preocupante. De acuerdo con el Ideam, fue el departamento que más aceleró la pérdida de bosque en términos porcentuales, al pasar de 5.443 hectáreas a 8.961; es decir, hubo un aumento de 64,6 %.

En cuanto a los municipios, Cartagena del Chairá, en Caquetá, volvió a encabezar la lista de los territorios con mayor deforestación, con 16.983 hectáreas, seguido de Mapiripán (Meta), San Vicente del Caguán (Caquetá) y Calamar (Guaviare).

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A pesar de estas cifras, otros departamentos lograron reducir la deforestación de forma significativa. Uno de ellos fue Meta, con una caída del 16,8 %, al pasar de 27.107 a 22.554 hectáreas.

Tampoco se puede perder de vista que la deforestación dentro de los parques nacionales bajó 18,7 %. Aun así, el Ideam advierte que los parques amazónicos siguen siendo los más presionados. En contraste, Colombia conserva 58,9 millones de hectáreas de bosque natural.

De acuerdo con el Ideam, las principales causas de la deforestación son el acaparamiento de tierras, que implica la tala de bosque para apropiarse del terreno; la ganadería extensiva; y la construcción de vías sin planificación.

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Esta semana se conoció un nuevo informe de la organización Greenpeace Colombia que ayuda a dimensionar la extensión de la deforestación durante 2025 dentro de tres de los Parques Nacionales Naturales más importantes de la Amazonía colombiana, que representa aproximadamente el 42 % del territorio continental del país.

El reporte sintetiza el monitoreo satelital realizado por esta organización en 2025 en torno a lo que está ocurriendo con la cobertura vegetal en tres Parques Nacionales Naturales (PNN) estratégicos: Tinigua, Sierra de La Macarena y Serranía de Chiribiquete.

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Entre los principales datos que revela el monitoreo, está la detección de 8.896 hectáreas deforestadas en estas tres áreas protegidas durante el último año. Cabe señalar que esta cifra equivale a cerca de 1,4 veces la superficie urbana de Manizales.

“Entre 2013 y 2024 se deforestaron más de 137.289 hectáreas dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y cerca del 77 % de esa pérdida se concentró en apenas cinco áreas protegidas, entre ellas Tinigua, Sierra de La Macarena y Chiribiquete”, se lee en un comunicado de Greenpeace Colombia.

Según sostiene Greenpeace, los datos obtenidos a través de imágenes satelitales Landsat y el procesamiento geoespacial apuntan a que la presión sobre estos parques no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia histórica persistente.

“Estos hallazgos no son un dato aislado del 2025, por el contrario, son una señal histórica. Al sumar los nuevos resultados, Tinigua, Sierra de La Macarena y Chiribiquete acumulan 95.867 hectáreas deforestadas desde 2013, a pesar de ser los ecosistemas que Colombia decidió proteger bajo la máxima categoría de conservación. Esto evidencia que las respuestas acumuladas durante más de una década no han logrado detener la presión sobre los territorios. Es urgente fortalecer las herramientas de transparencia, prevención y control para evitar que la destrucción de los bosques siga alimentando cadenas productivas asociadas a la deforestación”, aseguró Laura Caicedo Valencia, coordinadora de campañas de Greenpeace Colombia.

El reporte también detalla el caso de cada uno de los parques estudiados. Según la organización, el caso más crítico es lo que está ocurriendo en el PNN Tinigua, que tiene una extensión oficial de 207.793 hectáreas, donde confluyen ecosistemas andinos, orinoquenses y amazónicos.

En contexto: Colombia está perdiendo un Parque Nacional Natural.

“Los datos de deforestación muestran que Tinigua no enfrenta una presión marginal, sino una transformación territorial profunda dentro de un área legalmente protegida. En este caso, la trazabilidad ganadera es clave para evitar que ganado asociado a deforestación o a usos incompatibles con el régimen de protección del parque encuentre salida hacia la cadena comercial sin control público suficiente”, se lee en el informe.

Por su parte, en el caso del PNN Sierra de La Macarena, que también representa un nodo clave de conectividad biogeográfica, la deforestación detectada en el reporte representa cerca del 14,6 % de toda la deforestación acumulada en el parque durante el período analizado. Esta información, sostiene Greenpeace, demuestra que las amenazas “siguen activas en un territorio estratégico para la conectividad ecológica del país”, indica el reporte.

Finalmente, en el caso del PNN Serranía de Chiribiquete, se resalta que, a pesar de su enorme extensión (más de 4,2 millones de hectáreas), el avance de la deforestación muestra los retos que enfrenta el Estado para proteger áreas remotas y territorios de pueblos indígenas en aislamiento.

Como recuerda la organización, la deforestación no implica solo la pérdida de bosques, sino que compromete la estabilidad de ecosistemas clave vinculados con el almacenamiento de grandes cantidades de carbono y de la regulación de ciclos hidrológicos, en particular los conocidos “ríos voladores”. Además de esto, la región alberga un alto nivel de biodiversidad, con al menos 17.531 especies de flora y 3.798 de fauna.

Frente a los factores detrás de la deforestación, Greenpeace Colombia admite que el monitoreo satelital no permite determinar por sí solo las causas de cada evento de pérdida de bosque. Sin embargo, señala que estos resultados deben analizarse junto con la evidencia existente sobre la expansión de la frontera ganadera, la praderización y la presencia de ganado dentro de áreas protegidas.

La organización advierte que la ausencia de un sistema público y robusto de trazabilidad impide conocer con certeza el origen del ganado y establecer si su producción está vinculada a la deforestación o a actividades incompatibles con el régimen de protección de los Parques Nacionales Naturales.

“Esta preocupación cobra especial relevancia en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta, que concentran los mayores niveles de deforestación del país y albergan cerca de 5,3 millones de bovinos, de un total de más de 28,2 millones registrados en Colombia”, indicó Greenpeace Colombia, a través de un comunicado.

La organización precisa que este informe llega meses después de la aprobación de la Ley de Ganadería Sostenible y Libre de Deforestación, que busca mejorar la trazabilidad de estas producciones en el país. Esto, para Caicedo, de Greenpeace, representa una “oportunidad histórica” pero también advierte que su efectividad dependerá de su reglamentación.

“Sin información pública sobre el origen del ganado y su recorrido hasta llegar al mercado, será imposible verificar que la carne que consumimos esté libre de deforestación. La ley ya existe, ahora el Gobierno debe convertirla en una herramienta efectiva para proteger la Amazonía”, agregó Caicedo Valencia.

Frente a la influencia en la deforestación que tienen los grupos al margen de la ley y el crimen organizado en esta problemática, desde Greenpeace consideran que se necesita una respuesta integral, que involucre una protección efectiva a comunidades y guardaparques, investigación judicial sobre redes de acaparamiento y financiación, control de vías ilegales, presencia institucional permanente, alternativas económicas para la población local y cierre de los canales que permiten que productos asociados a la deforestación entren al mercado.

Uno de los puntos que resalta Caicedo Valencia es la necesidad de “avanzar en restauración ecológica, reconversión productiva y alternativas económicas reales para comunidades campesinas y rurales. La respuesta no puede ser solo sancionatoria; debe ofrecer salidas legales, sostenibles y viables”.

A través de este enlace puede consultar el informe completo.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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Un jaguar cumplió una hazaña sin precedentes al recorrer 2.100 kilómetros a través de la Amazonía, una distancia muy superior a la que se había documentado hasta ahora para esta especie. El récord anterior de dispersión de un jaguar era de entre 60 y 100 kilómetros, según explicó a New Scientist Jon Morant, investigador del University College Dublin (Irlanda).

(Vea: En imágenes: los incendios forestales que han arrasado miles de hectáreas en Europa)

De acuerdo con el investigador, este hallazgo podría cambiar la forma en la que se protegen los jaguares, pues en caso de confirmarse que son capaces de desplazarse distancias mucho mayores de lo que se pensaba, será necesario replantear las estrategias de conservación, ya que estos animales atraviesan zonas donde enfrentan amenazas.

“Los individuos que viajan tan lejos están más expuestos a riesgos relacionados con el ser humano, como la caza o la muerte tras atacar ganado”, agregó Morant, quien junto a su equipo monitorea jaguares en Brasil mediante collares con GPS.

Este proyecto, del que forma parte Morant, inició en 1999 con el objetivo de comprender mejor cómo los jaguares utilizan su territorio a lo largo del río Araguaia, en la Amazonía.

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Para este caso, el elegido fue Gaspar, un macho de ocho años al que los investigadores le pusieron un collar con GPS el 11 de noviembre de 2024. Según el equipo, primero permaneció durante un tiempo en su territorio habitual, de aproximadamente 700 kilómetros cuadrados, a lo largo del río Araguaia, antes de iniciar un largo desplazamiento.

Desde entonces, los investigadores registraron que Gaspar recorrió 2.122 kilómetros antes de que su collar dejara de transmitir datos en noviembre de 2025. “Es la distancia en línea recta. La distancia real probablemente sea mucho mayor”, señaló Morant.

Lo que más llama la atención del caso es que los investigadores aún no saben por qué Gaspar emprendió este viaje. A los ojos de Morant, los desplazamientos largos y casi en línea recta suelen observarse en jaguares jóvenes, de entre 1 y 3 años, que buscan establecer un nuevo territorio.

Sin embargo, Gaspar tenía ocho años, por lo que su comportamiento resulta inusual. Entre las hipótesis que maneja el equipo de investigadores están la búsqueda de más alimento, oportunidades para reproducirse o un hábitat más favorable.

Para José García Herrera, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, otro aspecto sorprendente es que el animal no parece haber establecido un territorio nuevo, pese a llevar más de un año desplazándose de forma continua. “Pasó por zonas que eran, al menos en parte, potencialmente adecuadas para los jaguares”, agregó al medio científico.

Por el momento, Morant dijo que se desconoce qué pasó con Gaspar. Entre las posibilidades están que haya recibido un disparo, haya sido envenenado o que el collar simplemente dejara de funcionar.

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Morant, sin embargo, hizo un llamado para que este caso sea una alerta para demostrar la necesidad de ampliar las medidas de conservación, especialmente en las zonas transformadas por la actividad humana, “donde los jaguares están expuestos a la caza furtiva y a los conflictos con ganaderos que los matan para proteger su ganado”.

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Este lunes, 27 de julio, organizaciones sociales, ambientales, comunidades indígenas, campesinas y procesos ciudadanos de Putumayo realizaron un plantón frente a la Agencia Nacional de Minería-ANM para pedir la protección de su territorio.

Foto: Santiago Ramírez Marín

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Las comunidades estaban pidiendo que se cumpla una resolución de Corpoamazonia, que protege más de 57.000 hectáreas de su territorio.

Foto: Santiago Ramírez Marín

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Estaban también exigiendo que se suspendan los títulos mineros que traslapan con esa área del piedemonte andinoamazónico.

Foto: Santiago Ramírez Marín

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Desde hace casi un año, Corpoamazonia, la autoridad ambiental de Putumayo, delimitó un área de interés ambiental para excluir proyectos que podrían generar un alto impacto a los recursos.

Foto: Santiago Ramírez Marín

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En la resolución, Corpoamazonia pide a la Agencia Nacional de Minería (ANM) que considere excluir los proyectos de minería que se encuentren en el área de interés ambiental, incluida la de cobre.

Foto: Santiago Ramírez Marín

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Las comunidades quieren evitar que en Mocoa se dé una situación similar a la de Carmen de Atrato, en Chocó, donde la minería ha tenido efectos sobre el medio ambiente, además de generar afectaciones sociales, económicas y culturales.

Foto: Santiago Ramírez Marín

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⁠Según datos de la ANM, en Mocoa hay 14 títulos mineros vigentes, la mayoría de ellos para explotar materiales para la industria de la construcción, como arenas (comunes, arcillosas, silíceas) y gravas.

Foto: Santiago Ramírez Marín

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Su objetivo es resguardar ese territorio, donde hay importantes ecosistemas, pues allí se unen la Cordillera Oriental de los Andes y la planicie amazónica, albergando una gran diversidad de fauna y flora.

Foto: Santiago Ramírez Marín

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Cuatro de los títulos vigentes son para extraer cobre y suman más de 7.000 hectáreas. Pertenecen a la empresa Libero Cobre.

Foto: Santiago Ramírez Marín

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La competencia para suspender los títulos mineros es de la Agencia Nacional de Minería.

Foto: Santiago Ramírez Marín

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La resolución también actualiza las determinantes ambientales para Mocoa e incorpora nuevas figuras de protección que deberán ser tenidas en cuenta en el ordenamiento territorial del municipio.

Foto: Santiago Ramírez Marín

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Entre las áreas priorizadas para la conservación se encuentran páramos, humedales, rondas hídricas, bosques remanentes y corredores ecológicos considerados estratégicos para la región amazónica.

Foto: Santiago Ramírez Marín

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Corpoamazonia señala que las determinantes ambientales deberán ser incorporadas por el municipio en los procesos de revisión, ajuste y formulación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT).

Foto: Santiago Ramírez Marín

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La resolución ordena comunicar su contenido a entidades como la Agencia Nacional de Minería, la ANLA, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y otras instituciones con competencias sobre el territorio de Mocoa.

Foto: Santiago Ramírez Marín

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El documento recoge las decisiones administrativas que han sido adoptadas en los últimos años para fortalecer la protección ambiental del municipio.

Foto: Santiago Ramírez Marín

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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