En las veredas de Mesetas, un municipio del Meta bañado por las aguas que nacen en el Páramo de Sumapaz y marcado por décadas de conflicto armado, ocurrió algo extraordinario: el plástico dejó de ser “basura” para convertirse en el hilo que cosió el corazón de una comunidad dividida.

Todos somos Plastipaz, una iniciativa comunitaria que une a campesinos, recicladores de oficio y firmantes del acuerdo de paz, acaba de ser galardonada con el Primer Lugar del Premio BIBO de El Espectador 2026 en la categoría de Procesos Comunitarios que Restauran la Paz con la Naturaleza. Un reconocimiento nacional que valida una verdad simple pero poderosa: la paz con la naturaleza es la ruta más efectiva para sanar las heridas del conflicto.

De las cenizas del conflicto al renacer del río Güejar

La historia comenzó tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, en el antiguo ETCR Mariana Páez. Pero fue en diciembre de 2023 cuando Plastipaz tomó su forma actual, bajo un modelo comunitario abierto que hoy es referente nacional.

“Nosotros creíamos que estábamos reciclando plástico. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de una verdad: estábamos reciclando la esperanza. Estábamos sanando y cambiando la imagen que muchos tenían de nosotros y de nuestro territorio.”, relata Gustavo Mesa, líder campesino del proyecto.

Así nació la decisión de actuar. Con el apoyo de Trébola Organización Ecológica, que aportó más de 22 años de experiencia en educación ambiental y programas de posconsumo como RetroCD, la comunidad se ha ido organizando para enfrentar un reto común: la saturación de residuos plásticos generados por el auge del turismo emergente en la región.

Más de diez toneladas que cuentan una historia de reconciliación

Los números de Plastipaz son contundentes: entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, la comunidad ha recuperado y reincorporado a la cadena productiva más de 10 toneladas de residuos aprovechables (vidrio, cartón, plástico, PET y metales). Pero detrás de cada kilogramo hay una historia de transformación humana.

En las veredas La Guajira, Buenavista, Nueva Esperanza, La Unión y Jardín de Peñas, víctimas del conflicto y firmantes de paz trabajan hombro a hombro en la recolección, separación en la fuente, acopio y transformación de materiales. Lo que antes era motivo de desconfianza y estigmatización, hoy es fuente de orgullo y dignidad económica.

“Nos demostramos que la paz no es solo un papel que se firma. La paz es ensuciarse las manos juntos para limpiar la casa. La paz es cuidar el agua, es que el niño de la vereda aprenda que la montaña y sus ríos son sagrados”, agrega el equipo coordinador.

Tecnología abierta y arte circular: innovación desde la comunidad

PlastiPAZ no es solo reciclaje. Es innovación tecnológica apropiada por la comunidad. Utilizando los planos de código abierto de la red Precious Plastic, los líderes comunitarios —incluyendo jóvenes, mujeres rurales y firmantes de paz— aprendieron a operar máquinas trituradoras e inyectoras portátiles para transformar tapas plásticas de polipropileno (PP) y polietileno de alta densidad (PEAD) en productos con valor agregado.

El resultado: souvenirs ecoturísticos (llaveros de fauna local, manillas e imanes de nevera) que hoy se venden a los visitantes, y botones para la industria textil desarrollados en alianza con la Corporación Latin Latas y la diseñadora Mónica Fonnegra. Dos unidades de negocio que demuestran que la bioeconomía puede ser viable financieramente y sostenible ambientalmente.

Pero la tecnología no lo es todo. El arte también juega un papel fundamental. En la Parroquia Inmaculada Concepción de Mesetas, más de 20 personas de todas las edades participaron en la co-creación de un mural sonoro comunitario, construido con instrumentos musicales elaborados a partir de residuos reciclados. Una obra que hoy es memoria viva del territorio y símbolo de que la cultura puede ser el mejor canal para la comunicación no violenta.

Un modelo replicable para los territorios PDET de Colombia

La arquitectura de Plastipaz fue diseñada bajo la filosofía de “código abierto” (open source bottom-up), lo que la hace altamente replicable. Su estructura multiactor —que articula al sector privado (Acoplásticos), agencias de cooperación (PNUD), un operador experto de la sociedad civil (Trébola) y las comunidades de base— puede instalarse en cualquier región del país.

De hecho, la replicabilidad ya no es una promesa: es una realidad. El modelo se está implementando exitosamente en Tasajera-Ciénaga (Magdalena), un territorio que comparte características críticas con Mesetas: cicatrices de violencia, vulnerabilidad social y ecosistemas estratégicos amenazados por un turismo emergente.

“Plastipaz es perfectamente exportable a cualquiera de los más de 170 municipios PDET del país que busquen en la economía circular una ruta de desarrollo económico y reconciliación comunitaria”, afirma el equipo del proyecto.

Lecciones aprendidas: la bioeconomía supera al romanticismo ecológico

Tras años de ejecución, Plastipaz ha dejado lecciones claras:

• La paz social y la restauración ambiental son indivisibles: No se puede sanar un ecosistema si la comunidad está fracturada.
• La bioeconomía supera al romanticismo ecológico: “Aprendimos que la voluntad comunitaria se agota si no hay viabilidad financiera. El proyecto solo logró consolidarse cuando el plástico dejó de verse como “basura” y se transformó en un activo económico. La generación de ingresos dignos es el propósito y verdadero motor que garantiza la sostenibilidad”.
• El arte es el mejor canal para la comunicación no violenta: es mucho más eficiente y profundo transformar los hábitos y desarmar los prejuicios sociales arraigados utilizando los canales de la cultura (como la creación colectiva del Mural Sonoro y el Himno de Plastipaz) que a través de discursos técnicos o modelos tradicionales, de ahí la importancia de las metodologías disruptivas y experienciales.

Un premio que no es trofeo, sino compromiso

El primer lugar del Premio BIBO 2026 no es el final del camino para Plastipaz. Es un trampolín. Un reconocimiento que visibiliza ante Colombia que, desde una semilla, puede emerger un bosque cuando se cuida, cuando hay constancia. Que la paz se construye ensuciándose las manos juntos para limpiar la casa. Que cuidar el agua, el suelo y la fauna no es solo preservar la vida silvestre, sino garantizar el desarrollo económico de las familias.

Mesetas (Meta) lo está demostrando: el plástico que antes dividía, hoy nos une. La naturaleza que antes ignorábamos, hoy nos restaura. Y la paz, esa paz tan anhelada, hoy se siembra con las manos en la tierra.

Esta semana, la National Audubon Society anunció a los ganadores de los Premios de Fotografía Audubon 2026. En su decimoséptimo año, los premios celebran impresionantes fotografías y videos que capturan la belleza de las aves y los desafíos que enfrentan, al tiempo que contribuyen a contar la historia de su conservación en el hemisferio.

Por segundo año, los jueces otorgaron premios a residentes de Colombia y Chile, así como de Estados Unidos y Canadá, destacando cómo las aves conectan a las personas de distintas geografías y ecosistemas.

Nueve premios fueron otorgados a residentes de Chile y Colombia y ocho más a residentes de EE. UU. y Canadá. Este año, además de USD 5.000, cada ganador del Gran Premio recibió un viaje a la Antártida con HX Expeditions para combinar observación de aves, conservación y exploración en un viaje único.

Otras distinciones incluyen el Premio Aves sin Fronteras, que representa aves con trayectorias migratorias que cruzan fronteras internacionales, y el Premio a la Conservación, que no solo ilustra los retos de conservación que enfrentan las aves, sino cómo abordarlos para que puedan ayudarlas a prosperar.

Dos paneles diferentes juzgaron las inscripciones de forma anónima y seleccionaron a los ganadores y menciones honoríficas para sus respectivas regiones.

Premios para los residentes de Chile y Colombia

• Gran Premio: Francisco Castro Escobar, tucúquere
• Premio Juvenil: Juan David Camacho Márquez, reinita del Canadá
• Premio de Video: Nicolás Muñoz García, albatros de ceja negra
• Premio Aves sin fronteras: Rodrigo González Pairoa, albatros de ceja negra
• Premio a la Conservación: Santiago Pérez Rincón, loro orejiamarillo
• Premio Plantas para las aves de Colombia: Santiago Giraldo, loro orejiamarillo y palma de cera del Quindío
• Premio Aves en los paisajes de Colombia: Faber Mosquera Álvarez, guácharo
• Premio Aves en los paisajes de Chile: Timothy Dhalleine, traro
• Premio Aves costeras de Chile: Gonzalo Bertolotto Quintana, pingüino papúa

Premios para los residentes de EE. UU. y Canadá

• Gran Premio: Jacqueline Burke, espátula rosada
• Premio Juvenil: Ian Shultz, paloma bravía
• Premio de Video: Piper VanOrd, garza azulada grande
• Premio al ave hembra: Gail Bisson, serreta grande
• Premio Plantas para las aves: Mike Henry, carpintero del Gila y cactus saguaro
• Premio Aves sin fronteras: Nick Parayko, reinita de Tennessee
• Premio Aves en paisajes: Liron Gertsman, rabijunco coliblanco
• Premio a la Conservación: Josh Galicki, alcatraz atlántico

Muchas de las aves que se encuentran en Chile, Colombia, Canadá y Estados Unidos están en riesgo por amenazas como la pérdida de hábitat y el cambio climático. En línea con esto, Audubon trabaja para proteger aves como la espátula rosada, el tucúquere y la reinita de Tennessee mediante esfuerzos coordinados entre países y regiones para garantizar su supervivencia durante todo el año. Visite el sitio web para obtener información sobre las iniciativas en América Latina y el Caribe y el Programa Plantas para Aves de Audubon.

Los ganadores y las menciones honoríficas están disponibles en línea en inglés y español, y los ganadores serán destacados en la edición impresa de septiembre de 2026 en la revista Audubon. Las mejores 100 fotografías se anunciarán el 23 de septiembre de 2026, y se mostrarán selecciones adicionales en galerías digitales en el sitio web de Audubon a lo largo del año.

La inscripción a los Premios de Fotografía Audubon 2027 abrirá el 13 de enero de 2027. Visite el sitio web de Audubon para obtener información detallada sobre los concursos de Chile y Colombia, y de EE. UU. y Canadá.

Los incendios forestales en Colombia, que han afectado especialmente a Tolima con más de 50 mil hectáreas quemadas, han dejado imágenes lamentables: árboles y vegetación en llamas, familias tratando de evitar que el fuego llegue a sus casas y cultivos, campesinos moviendo a su ganado para ponerlo a salvo y animales silvestres calcinados.

El impacto sobre las personas es evidente. El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que las pérdidas en Tolima ascienden a los COP 134 mil millones, pues, 28 mil de las hectáreas afectadas corresponden a zonas agropecuarias. Sin embargo, la emergencia va más allá: hay 163 mil animales en riesgo en el departamento, según el mandatario.

(Lea: ¡Qué calor! En estos lugares colombianos hubo temperaturas superiores a los 42 °C en agosto)

Los centros de atención de las corporaciones ambientales donde se han registrado emergencias, como Tolima y Cundinamarca, han reportado la atención a ocelotes, zarigüeyas, iguanas, armadillos y osos hormigueros afectados por las quemaduras o la inhalación del humo que generan los incendios.

Es un tipo de emergencia en las que como señaló recientemente la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), los animales suelen recibir menos atención, pese a que los incendios provocan sufrimiento y mortalidad animal generalizados, alteran la producción ganadera, destruyen hábitats y biodiversidad, y comprometen los medios de vida de las comunidades rurales.

Pero hay un punto que los inquieta un poco más. Los incendios también pueden modificar la forma en que interactúan la fauna silvestre, los animales de producción y las personas “mucho después de que las llamas se hayan extinguido”, señala la organización. Esto sucede porque los animales silvestres desplazados pueden acercarse a zonas agrícolas y asentamientos humanos.

Cuando esto pasa, los ecosistemas degradados pueden alterar su dinámica, así como la manera en que se transmiten las enfermedades entre animales, e incluso, aquellas que pueden pasar de animales a personas, conocidas como zoonosis.

En el informe del “Estado de la sanidad animal en el mundo 2026”, la OMSA señala que aproximadamente el 60 % de las enfermedades infecciosas humanas conocidas proceden de los animales, y el 75 % de los nuevos patógenos humanos detectados en las últimas décadas tienen origen animal.

Por eso su preocupación. Cuando los ecosistemas se transforman, por diferentes causas (incluidos los incendios) puede hacer que esa relación sea todavía más estrecha. La OMSA advierte que la pérdida del 25 % de la cubierta forestal original de un área específica es suficiente para aumentar la probabilidad de contacto entre humanos y ganado con animales silvestres. Algunos de estos contactos pueden aumentar la posibilidad de transmisión de enfermedades.

En ese sentido, la OMSA dice que los servicios veterinarios juegan un papel importante a lo largo de todo el ciclo de gestión de desastres. Afirman que antes de que se produzcan los incendios, estos profesionales pueden apoyar la prevención de varias maneras. Una es a través de la promoción del pastoreo. Los animales (ya sea cabras, ovejas, vacas) limpian el monte de forma natural cuando se comen la maleza y arbustos secos, que si se dejan, luego sirven de combustible para propagar el fuego durante estos eventos.

Durante las emergencias, los servicios veterinarios también pueden contribuir a la evacuación de animales, la atención veterinaria de urgencia, las evaluaciones del bienestar animal y la coordinación con los equipos de respuesta. En la fase de recuperación, ayudan a restablecer los servicios esenciales de sanidad animal, fortalecen la vigilancia de enfermedades, supervisan la salud del ganado y de la fauna silvestre, y apoyan la recuperación de los medios de vida rurales y de los ecosistemas afectados.

La sanidad animal más allá de los incendios

Pero sus funciones no se deben limitar únicamente a las emergencias. Los brotes de enfermedades en animales “son cada vez más frecuentes, más complejos y más difíciles de contener”, según señala la OMSA en su informe.

Las razones son diversas: el cambio climático, las modificaciones en el uso del suelo, la intensificación en los sistemas de producción o el aumento del comercio. Aunque no todas las enfermedades animales conducen a pandemias humanas, como ocurrió con el covid-19, “muchas comparten vías similares de aparición y transmisión”, dice la organización.

Pensemos en el ejemplo de la gripe aviar, una enfermedad causada por el virus de la gripe que se origina en aves, pero que ha escalado hasta infectar a mamíferos, e incluso, aunque en menor medida, a humanos. Entre 2021 y marzo de 2026 se han reportado más de 600 especies de aves silvestres y de producción avícola, y más de 100 especies de mamíferos afectados por el virus de la influenza aviar.

Entre 2025 y principios de 2026 se han registrado 2.121 focos en 64 países. La OMSA dice que hay 20 millones de casos notificados y más de 140 millones de animales han muerto o han sido sacrificados.

En Estados Unidos, el Congreso afirma que las granjas de gallinas ponedoras fueron las más afectadas por el brote que inició en 2022, representando el 75 % de las pérdidas totales de aves de corral en el país. Dicen que entre 2022 y 2024, el número promedio mensual de gallinas ponedoras fue de 296 millones, mientras que entre 2020-2021 (antes del brote) era de 310 millones.

Eso tuvo un efecto económico también. La oferta de huevos en el país norteameticano se redujo y los precios minoristas aumentaron. Por esto es que la OMSA recalca que la sanidad animal tiene un impacto directo sobre la seguridad alimentaria, los medios de vida, la salud pública y la estabilidad económica.

La OMSA estima que enfermedades como la fiebre aftosa, la peste porcina africana o la rabia, unas de las más comunes en estos grupos, reducen la productividad ganadera aproximadamente un 20 % cada año, algo que afecta los medios de vida y alimentación de más de 1.300 millones de personas que dependen de este sector (el ganadero) valorado en USD 1,37 billones (dólares) en 2024 y que representa aproximadamente el 40 % del PIB agrícola mundial.

“Cuando los animales están sanos, estos sistemas funcionan. Cuando no lo están, las consecuencias se propagan rápidamente. La magnitud de esta dependencia suele subestimarse”, señala la organización.

Según el informe de la OMSA, cada año se necesitarán aproximadamente USD 2.300 millones para alinear los servicios veterinarios mundiales con las normas internacionales en materia de prevención. Esta cifra corresponde al nivel de inversión necesario para garantizar que las funciones esenciales, vigilancia, preparación y capacidad de respuesta, estén disponibles. Dicen que este no es un gasto opcional. “Es una inversión estratégica en estabilidad económica, seguridad alimentaria, resiliencia sanitaria, desarrollo sostenible y seguridad nacional y mundial”.

Además, afirman que se necesitan aproximadamente USD 5.000 millones anuales para, entre otras cosas, prevenir mejor la propagación de enfermedades entre animales y las transmisiones procedentes de la fauna silvestre hacia el ser humano.

“Invertir en sanidad animal es invertir en las personas: en el pequeño productor que se enfrenta a la próxima enfermedad del ganado o en el niño expuesto al riesgo de una infección zoonótica”, menciona en el informe Marianne Grosclaude, directora interina de Agricultura y Agroindustria, del Banco Mundial.

En otras palabras, prevenir una enfermedad en los animales no solo significa proteger al ganado o a la fauna silvestre. También puede evitar pérdidas económicas, proteger los medios de vida de millones de personas y reducir el riesgo de que una enfermedad termine afectando a la población humana.

Desde los primeros días de la emergencia que se registró en Colombia, debido al sismo de 7,4 del lunes, 10 de agosto, el Sistema Coca-Cola, con el apoyo de la Fundación Coca-Cola y Fundación FEMSA, ha puesto sus capacidades logísticas y operativas al servicio de las comunidades afectadas por el terremoto. Su respuesta se ha enfocado en atender necesidades de hidratación y alimentación, facilitar la movilización de ayuda humanitaria y respaldar la atención en los territorios afectados.

Durante los primeros 20 días tras el terremoto, las compañías han entregado más de 163.000 litros de hidratación y, a través de World Central Kitchen, la Fundación Coca-Cola ha apoyado la entrega de 30.000 platos de comida caliente a las comunidades afectadas. Adicionalmente, las compañías pusieron su flota de distribución al servicio de la emergencia, transportando 220 toneladas de ayuda humanitaria y participando en dos caravanas solidarias de la campaña Colombia, Un Solo Corazón que llevaron más de 170 toneladas a Chocó y 440 toneladas a Pereira y el Eje Cafetero junto con otras empresas del país.

El Sistema Coca-Cola pausó toda su comunicación corporativa y de marca para reenfocar estos recursos, instalar un centro de acopio y activar rutas de recolección de ayuda humanitaria en Bogotá, Medellín y Barranquilla. A través de estas iniciativas se recolectaron y movilizaron 70 toneladas adicionales. También apoyó la logística y el alojamiento del equipo de rescate “Topos Mexicanos” en Cali.

“Desde el inicio de la emergencia hemos trabajado para poner nuestras capacidades al servicio de las comunidades afectadas. Sabemos que la reconstrucción requiere un esfuerzo colectivo y sostenido en el tiempo, y como Sistema Coca-Cola queremos seguir sumando junto a las comunidades, autoridades, organizaciones y demás actores que participan en la atención de la contingencia”, asegura Sergio Londoño Zurek, vicepresidente Senior de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola en América Latina.

A estas acciones se sumará el plan de reconstrucción que estará enfocado, en una primera fase, en la reactivación económica de tenderos y pequeños comerciantes de las zonas afectadas; en el desarrollo de proyectos de agua, saneamiento e higiene (WASH) y en la contribución a fortalecer la atención en salud de comunidades afectadas. Estas iniciativas se encuentran en proceso de formulación y ampliarán el alcance de la respuesta humanitaria en los territorios.

“Colombia es nuestra casa y estamos profundamente comprometidos con los territorios donde estamos presentes. Ahora, nuestro compromiso es seguir acompañando este proceso y contribuir a la recuperación y reconstrucción de los territorios, apoyando la reactivación económica, el acceso a servicios básicos y el bienestar de las comunidades. Sabemos que este será un camino largo, pero también que trabajando juntos podemos aportar a que Colombia vuelva a ponerse de pie”, afirma Andrés Mauricio Torres, presidente de Coca-Cola FEMSA Colombia.

El Sistema Coca-Cola, con el apoyo de la Fundación Coca-Cola y Fundación FEMSA, continuará trabajando de manera articulada para contribuir a los procesos de recuperación y reconstrucción de los territorios afectados y, en paralelo, reactivará la comunicación habitual corporativa y de marcas para seguir trabajando por el crecimiento social y económico del país.

¿Es posible proteger uno de los ecosistemas más importantes del planeta y, al mismo tiempo, generar oportunidades reales para las familias rurales? En el departamento de Córdoba, la respuesta es sí. En Tierralta, en las estribaciones de la Serranía de San Jerónimo y en el área de influencia del Parque Nacional Natural Paramillo, se encuentra la Reserva Natural La Cristalina: 272 hectáreas de bosque húmedo tropical donde la conservación comunitaria conecta la protección de la biodiversidad con el desarrollo social del Alto Sinú.

La iniciativa es liderada por la Sociedad Ornitológica de Córdoba (SOC), una organización que trabaja por la protección del patrimonio natural del Caribe colombiano a través de la investigación aplicada, la conservación ambiental y el trabajo de campo de la mano con las comunidades.

Historia de la Sociedad Ornitológica de Córdoba: ciencia y compromiso local

La Sociedad Ornitológica de Córdoba nació con el propósito de transformar la relación entre las personas y sus ecosistemas. A lo largo de su trayectoria, la SOC ha consolidado alianzas estratégicas locales, nacionales e internacionales para llevar la ciencia fuera de las aulas e integrarla a la vida diaria de los pobladores rurales.

En 2024, la organización dio un paso decisivo al consolidar la Reserva Natural La Cristalina, la primera reserva de la sociedad civil en la región. Ubicada dentro del hotspot de biodiversidad Tumbes-Chocó-Magdalena, esta área protegida cuida ecosistemas clave y alberga a más de 1.079 especies de flora y fauna.

Entre sus habitantes más representativos se encuentran especies de alto valor ecológico y que enfrentan diferentes amenazas para su conservación, como el águila crestada (Morphnus guianensis), paujil piquiazul (Crax alberti) y guacamaya verde limón (Ara ambiguus).

La conservación comunitaria: Acuerdos que construyen tejido social

Para la SOC, proteger la naturaleza no consiste en aislar el territorio, sino en integrar a quienes lo habitan. El modelo de conservación comunitaria desarrollado en La Cristalina vincula a familias campesinas de veredas como Km 10, Km 13 y Km 40 mediante acuerdos de conservación voluntarios.

Gracias a estas alianzas, se resguardan más de 80 hectáreas adicionales como corredores biológicos estratégicos, ampliando los esfuerzos de protección más allá de los límites de la reserva.

La apuesta parte de una idea central: la conservación de los ecosistemas también puede estar acompañada de alternativas que respondan a las necesidades de las comunidades rurales.

Entre las principales acciones se encuentran:

1. Sistemas agroforestales de cacao: La SOC brinda asistencia técnica y acompaña procesos de transición productiva para cultivar cacao bajo la sombra de árboles nativos. La iniciativa busca demostrar que la producción agrícola puede coexistir con la conservación del bosque.

2. Seguridad alimentaria: A través del programa de huertas familiares “Nuestro Origen”, se promueve la autonomía alimentaria y la recuperación de conocimientos que pueden transmitirse entre generaciones.

3. Monitoreo participativo y formación de guías: Jóvenes y guías locales reciben capacitación para participar en el seguimiento de aves y fauna silvestre, convirtiendo el conocimiento local en herramientas de investigación y ecoturismo.

La conservación comunitaria demuestra que proteger la naturaleza es, ante todo, construir bienestar, confianza y oportunidades compartidas para el territorio.

El trabajo incansable de la comunidad y la SOC fue galardonado con el primer puesto en el Premio BIBO 2026 de El Espectador en la categoría “Procesos comunitarios que restauran la paz con la naturaleza”.

Este reconocimiento visibiliza una experiencia que muestra cómo el trabajo colectivo puede convertirse en una herramienta para enfrentar los desafíos ambientales y fortalecer la resiliencia de los territorios.

A través de la conservación comunitaria, la Sociedad Ornitológica de Córdoba y las familias del Alto Sinú ratifican que reconciliarse con la naturaleza es el camino más firme para restaurar la vida y la esperanza en los territorios de Colombia.

El enterramiento informal de residuos y el colapso de los rellenos sanitarios en territorios insulares representan una amenaza silenciosa para la biodiversidad marina. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la acumulación desmedida de residuos de vidrio que antes eran enterrados o acumulados sin control ha puesto en riesgo crítico la salud de los arrecifes de coral.

No obstante, hoy esta problemática se está resolviendo gracias a una innovadora iniciativa de economía circular que logra recolectar y transformar el vidrio posconsumo en arena de alta pureza. Esta arena se transforma en un insumo clave para la elaboración de soportes destinados a la restauración de ecosistemas coralinos, contribuyendo a recuperar hábitats marinos, favorecer el desarrollo de especies y fortalecer el equilibrio ecológico de los arrecifes del Caribe colombiano.

El misterio de cómo un residuo terrestre puede convertirse en el salvavidas del ecosistema marino radica en la ciencia de la restauración ecológica. Al procesar este desecho y convertirlo en un material idéntico a la arena natural, se evita la explotación de recursos naturales y se crean soportes especializados para la siembra de corales.

De esta manera, el programa Arena que Transforma de la Industria Licorera de Caldas responde de forma directa a la pregunta de cómo mitigar la pérdida de biodiversidad: la solución no está en seguir acumulando residuos en un relleno sanitario limitado, sino en darles un uso local de alto valor que regenere los arrecifes.

El relleno de San Andrés no recibe vidrio: logística de una isla desbordada

La condición insular de San Andrés impone desafíos logísticos monumentales en la gestión de residuos sólidos. El transporte de materiales reciclables hacia el continente genera costos operativos extremadamente altos y limitaciones logísticas complejas. Históricamente, el relleno sanitario local ha tenido restricciones severas y no recibe vidrio para su procesamiento convencional, lo que causaba que gran parte de los envases terminaran enterrados en el suelo de la isla o acumulados en vertederos inadecuados.

Este entierro continuo de envases no solo saturaba la capacidad del territorio, sino que agravaba la erosión y afectaba indirectamente la escorrentía costera, alterando el equilibrio biológico del ecosistema marino.

Cuando este residuo se acumula en un territorio tan frágil como el de San Andrés, se pierde una oportunidad de oro para la sostenibilidad regional. Enterrar estos envases de vidrio significa perpetuar un modelo lineal destructivo que ignora el valor de las materias primas. Sin rutas formales de recolección, el vidrio permanecía como un desecho inerte, aumentando la presión sobre un suelo costero limitado y amenazando los pastos marinos y manglares cercanos, que dependen de aguas claras y libres de sedimentación pesada para prosperar.

De envases inservibles a arena: La transformación técnica

Frente a este complejo panorama, la Industria Licorera de Caldas, en alianza estratégica con Ecocircular, ha identificado aliados claves como Green Island y Trash Buster para desarrollar una solución local que transforma el modelo tradicional de recolección y aprovechamiento, convirtiendo los residuos posconsumo en oportunidades de innovación, conservación y desarrollo sostenible.

El vidrio que antes saturaba el relleno sanitario es recolectado en rutas selectivas por recicladores de oficio, dignificando su labor. Posteriormente, este material es sometido a un proceso de trituración técnica que alcanza una eficiencia de transformación del 60%. Es decir, por cada 100 kilogramos de vidrio recolectado, se obtienen 60 kilogramos de arena reciclada con propiedades técnicas óptimas y un altísimo contenido de sílice, comparable o incluso superior a la arena de río tradicional.

Esta transformación local elimina la necesidad de transportar el vidrio de vuelta al continente, disminuyendo de forma directa los costos logísticos y evitando la emisión de gases de efecto invernadero. La producción de arena así obtenida representa un hito de sostenibilidad en la isla, demostrando que los residuos pueden reincorporarse de forma útil en la infraestructura comunitaria y en proyectos de conservación ambiental, mitigando la huella ecológica y aliviando de inmediato la presión sobre el relleno sanitario.

El renacer de los arrecifes: un hito científico bajo el mar

El impacto más extraordinario de este proceso de transformación del vidrio se evidencia en las profundidades del océano. En San Andrés, la Fundación Blue Indigo lidera un laboratorio especializado en la restauración de corales, uno de los ecosistemas más estratégicos y vulnerables del Caribe.

El programa Arena que Transforma suministró a esta fundación arena y bloques estructurales fabricados con vidrio triturado para fortalecer su infraestructura científica y operativa. El logro más destacado ha sido la fabricación de plugs o soportes de fijación elaborados a partir de esta arena de vidrio, donde se siembran fragmentos de coral.

Los resultados en el ecosistema marino han superado todas las expectativas científicas. Durante el año 2025, se sembraron con éxito 1.000 corales sobre estas bases de vidrio reciclado. El monitoreo científico reveló un hito biológico sin precedentes en la región: se observaron eventos de reproducción natural y desove en los corales restaurados.

Esto permitió a los investigadores identificar ventanas reproductivas clave para tres especies y obtener 110 nuevos corales que actualmente crecen sanos en guarderías flotantes. Este logro demuestra que el coral no solo sobrevive en los soportes de vidrio, sino que se reproduce activamente, restaurando la biodiversidad y devolviendo el equilibrio natural al arrecife.

En distintas regiones de Colombia, comunidades, empresas e instituciones educativas están encontrando nuevas formas de proteger la biodiversidad mientras generan oportunidades para quienes habitan los territorios. Ocho de estas iniciativas fueron recientemente reconocidas por el Premio BIBO, de la campaña ambiental de El Espectador.

Algunas se centran en el turismo de naturaleza, otras en la economía circular, la restauración de ecosistemas y la educación ambiental para convertir desafíos ambientales en proyectos con impactos sociales y económicos.

Una reserva de biodiversidad

En Tierralta, Córdoba, la Sociedad Ornitológica del departamento (SOC) impulsó en 2024 la creación de la Reserva Natural La Cristalina, un modelo de conservación participativa en el Alto Sinú, que articula la protección de la biodiversidad con el bienestar de las comunidades rurales. La reserva protege 272 hectáreas de bosque húmedo tropical a través de procesos de educación ambiental, jornadas de intercambio de conocimientos y la vinculación de los habitantes en actividades de investigación, monitoreo y conservación.

Según la SOC, la decisión de consolidar la primera Reserva Natural de la Sociedad Civil del Alto Sinú “respondió al alto valor ecológico del territorio, que alberga una riqueza biológica excepcional”. Una muestra de ello es que allí está el único sitio de reproducción continua conocido en Colombia para el águila crestada (Morphnus guianensis), una especie prioritaria para la conservación.

De la mano con otras organizaciones como la Fundación Alianza Natural – Proyecto Grandes Rapaces de Colombia, se han encargado de monitorear un nido reproductivo en La Cristalina, aportando información clave sobre la ecología y reproducción del águila crestada para orientar las estrategias de manejo y conservación del área protegida.

Además, la iniciativa ha permitido registrar 1.079 especies de flora y fauna. Entre ellas se encuentran 33 especies endémicas, 32 casi endémicas y 34 especies categorizadas en algún grado de amenaza de la UICN. Al mismo tiempo, fortalece las capacidades locales mediante la formación de guías comunitarios y promueve la participación de las comunidades en la protección del territorio.

Restauración y reconciliación

Con la firma del Acuerdo de Paz (en 2016), nació un proyecto de restauración ecológica que entiende que recuperar la naturaleza es inviable sin la restauración previa del tejido social. Se trata de PlastiPAZ, una iniciativa que une a firmantes del Acuerdo de Paz, comunidades campesinas víctimas del conflicto y recicladores alrededor de un propósito común: gestionar los residuos sólidos y proteger la biodiversidad.

El proyecto se desarrolla en Mesetas, Meta, un territorio con una inmensa riqueza natural pero altamente golpeado por el conflicto armado, que enfrenta un nuevo desafío socioambiental: la saturación de residuos plásticos generados por el auge del turismo emergente, poniendo en riesgo la biodiversidad de la cuenca del río Ariari.

Esta apuesta ha permitido reducir estigmas, fortalecer la confianza comunitaria y convertir a los habitantes en protagonistas de la conservación, al reconocer que el cuidado del agua, el suelo y la fauna también es fundamental para consolidar un turismo regenerativo y nuevas oportunidades económicas.

En el proyecto participan Trébola Organización Ecológica, encargada de la gestión de recursos, el codiseño pedagógico, y el acompañamiento estratégico permanente en terreno, Acoplásticos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y empresarios del sector.

Aves para conservar

En Mapiripán, Meta, un territorio marcado durante décadas por el conflicto armado, la deforestación y la falta de oportunidades, nació en mayo de 2024 Lagunas Adventure. Este proyecto busca demostrar que la conservación de la naturaleza también puede convertirse en una alternativa de desarrollo para las comunidades, a través del turismo de naturaleza.

La iniciativa protege y restaura 500 hectáreas del complejo lagunar de la Reserva Natural Matabambú, ubicada en la zona de transición entre la Orinoquía y la Amazonía. En dos años de operación han logrado generar empleo local para guías, personal de logística y alimentación; posicionar a la reserva como un lugar estratégico para los amantes de las aves y para fotógrafos de naturaleza.

Esto lo hacen a través del avistamiento de aves, el senderismo y las experiencias gastronómicas, actividades que fortalecen la cadena de valor turística local y generan empleo e ingresos alternativos a actividades como la deforestación o la caza. Al mismo tiempo, Lagunas Adventure promueve la investigación, la participación comunitaria y la protección de la biodiversidad.

Arena que transforma

Transformar una botella de vidrio en arena reciclada para su uso en infraestructura sostenible fue uno de los propósitos que impulsó la creación de Arena que Transforma, una iniciativa de economía circular impulsada por la Industria Licorera de Caldas (ILC), desde 2024.

El proyecto busca cerrar el ciclo del vidrio posconsumo mediante su reincorporación a procesos industriales y su aprovechamiento local, en 68 municipios de 17 departamentos de Colombia, con un enfoque especial en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde las dificultades logísticas hacían que estos residuos terminaran enterrados en zonas costeras.

A través de Arena Transforma se evita la extracción de arena natural de ecosistemas vulnerables y, en su lugar, se utiliza arena obtenida a partir de vidrio posconsumo para la creación de diferentes productos. Además, emplean este material reciclado para desarrollar soluciones basadas en la naturaleza, como soportes para la restauración de corales, que han permitido la regeneración activa de arrecifes en el Caribe colombiano. Como resultado, en 2025 se evidenciaron eventos de reproducción natural (desove), de los cuales se obtuvieron 110 nuevos corales que actualmente se desarrollan en viveros especializados, fortaleciendo la biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas marinos en el archipiélago.

Una segunda oportunidad para los residuos

En Paipa, Boyacá, la empresa de servicios públicos Red Vital también le apuesta a convertir los residuos de la comunidad en nuevas oportunidades para el territorio. Bajo un modelo de economía circular, la iniciativa recupera residuos orgánicos y cartón para transformarlos en abono orgánico mineralizado y mobiliario sostenible, reduciendo la cantidad de desechos que llegan a los rellenos sanitarios y generando valor ambiental, social y económico.

El proyecto integra a la comunidad, colaboradores y aliados en la gestión responsable de los residuos, al tiempo que fortalece la educación ambiental. Los residuos orgánicos son aprovechados para producir abono, mientras que el cartón reciclado se transforma en mobiliario como alternativa de bajo impacto frente a materiales convencionales.

“Hoy existen piezas de mobiliario elaboradas con láminas de cartón reciclado que se encuentran en viviendas y espacios comunitarios, demostrando que esta alternativa es viable y funcional. Sin embargo, más allá de los objetos construidos, el mayor logro ha sido el fortalecimiento de capacidades locales: actualmente hay personas que saben diseñar y construir con cartón, que comprenden su potencial y que incluso pueden transmitir estos conocimientos a otros”, afirma la empresa.

Ecosistemas costeros como aulas de clase

En Bahía Solano, Chocó, la Institución Educativa Luis López de Mesa decidió cambiar las clases en los salones convencionales para hacerlas en los ecosistemas marino-costeros que la rodean y así fortalecer las competencias científicas, pedagógicas y socioculturales de la comunidad educativa. Su proyecto integra saberes locales y conocimiento científico para aumentar prácticas de aprovechamiento sostenible de los recursos del territorio.

El proyecto surgió ante el deterioro del manglar de Ciudad Mutis, afectado por la intervención humana, la contaminación por residuos sólidos y la pérdida de su funcionalidad ecológica. Frente a esta situación, la institución convirtió la conservación en una herramienta pedagógica para fortalecer las competencias científicas y ambientales de estudiantes y docentes. Para esto, entre otras cosas, conforman grupos de investigación escolar que identifican y analizan situaciones problemáticas de los manglares, playas y arrecifes.

La iniciativa articula a la comunidad educativa con organizaciones ambientales, instituciones públicas, comunidades pesqueras y universidades, entre ellas MarViva, Fundación Natura, Parque Nacional Natural Utría, la Corporación Ambiental de Chocó y la Universidad Católica del Norte de Chile. Esta red aporta conocimientos, investigación y acompañamiento territorial, y permite que estudiantes y comunidades participen activamente en acciones de restauración, educación ambiental y protección de la biodiversidad.

De la universidad al territorio

En 2024, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) pusieron en marcha la Escuela del Agua y Cambio Climático, una iniciativa para fortalecer las capacidades de las comunidades frente a los desafíos ambientales y climáticos de sus territorios. El programa tiene cobertura en los 98 municipios de Cundinamarca y seis de Boyacá que hacen parte de la jurisdicción de la CAR.

A través de cursos cortos sobre cambio climático, ambiente y manejo de recursos naturales, la escuela brinda herramientas para que los habitantes comprendan y respondan a las problemáticas socioambientales de sus municipios. Los participantes también trabajan en grupos multidisciplinarios para identificar necesidades locales y formular proyectos que planteen soluciones.

El programa articula a estudiantes, docentes y expertos nacionales e internacionales, combinando formación académica con trabajo práctico en territorio. Los estudiantes tienen un papel activo al identificar problemáticas y liderar la formulación de propuestas. Así, la iniciativa busca que el conocimiento adquirido se traduzca en proyectos y capacidades que permanezcan en las comunidades y contribuyan al desarrollo sostenible de la región.

Arte para conservar

A través de la música, el teatro, la pintura, la realización audiovisual y otras expresiones artísticas, Sinfonía Trópico ha recorrido el país durante once años para acercar a jóvenes, artistas y científicos alrededor de una pregunta: ¿cómo contar y proteger la biodiversidad de una manera que conecte con las comunidades? La respuesta la han construido en los territorios, mediante encuentros y procesos creativos que convierten las problemáticas ambientales locales en obras, relatos y experiencias colectivas.

Su trabajo se ha desarrollado en las cinco regiones del país, especialmente en zonas afectadas por conflictos socioambientales, donde jóvenes, artistas y científicos crean murales, composiciones musicales, exposiciones, festivales y narrativas sonoras que incorporan tanto el conocimiento científico como los saberes de cada territorio.

El proyecto ha buscado fortalecer el sentido de pertenencia de los jóvenes hacia sus territorios, visibilizar su riqueza natural y cultural y generar nuevas narrativas sobre su conservación. Así, el arte se convierte en una herramienta para abrir conversaciones sobre conflictos socioambientales, promover la acción colectiva y aportar a la construcción de paz y a la protección de la biodiversidad.

Históricamente, las vías han sido elementos que conectan a la sociedad. Hace siglos, las comunidades indígenas comenzaron a abrir caminos ancestrales que, además de desplazarse de un lugar a otro, les permitían desarrollar su cultura y unirse espiritualmente con los territorios. Quienes hoy recorren esos mismos caminos, tienen la fortuna de conocer la historia de estos pueblos.

En general, toda la naturaleza tiene esa misma necesidad: conectar. Sin embargo, las dinámicas de las sociedades modernas han generado que detrás de una vía lleguen consigo procesos que alteran (de manera positiva o negativa) la vida de las comunidades y las especies presentes en los territorios.

En Colombia, existe uno de los territorios amazónicos más conservados de la región: el Vaupés. Allí convergen 27 pueblos indígenas, representando, según datos del DANE, “el 66% de los habitantes del departamento”, entre los cuales las etnias más representativas son los Guananos, Cubeos, Desanos y Tukanos, que conservan 25 lenguas, resalta el portal Lenguas Nativas del Vaupés.

En esta misma región, en 1940 se inició la construcción de la vía Mitú-Monforth, cuatro años después de que se reconociera como caserío la ciudad que hoy es capital del departamento. Este camino buscaba conectar a Mitú con el corregimiento de Yavaraté, ubicado en el extremo oriental del departamento sobre la frontera con Brasil.

Con una longitud de más de 100 kilómetros, esta vía se ha convertido en un punto de tensiones socioambientales. Por un lado, su consolidación ha tenido efectos sobre la biodiversidad y la conectividad de la selva amazónica, pero también ha traído beneficios como la entrada de transporte de carga pesada, acceso a la cabecera municipal y tránsito de las motos que usan cotidianamente las comunidades indígenas para movilizarse.

La cotidianidad de las familias que habitan el territorio, sus expresiones culturales, la relación que tienen con el medio ambiente y el acercamiento con el mundo occidental, han sido atravesadas por ese cambio debido a que no contaron con un proceso o una transición para asimilar, participar e integrarlos, simplemente, pasaron de caminar o desplazarse en canoa a convivir con vehículos de motor.

De acuerdo con Gabriel Paiva, coordinador de medio ambiente y territorio de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de la Carretera aledaños a Mitú y Bogotá-La Cachivera (AATAC), “cuando llegó la vía, cambió nuestra economía de subsistencia y aunque antes algunos abuelos vendían productos para comprar pilas o cosas esenciales para vivir en la comunidad, la apertura incrementó esa comercialización, entonces muchos chagreros no solamente sembraban para la subsistencia de sus familias, sino también para comercializar productos como yuca dulce, plátano, lulo y frutas tropicales o amazónicas”.

Pero ese solo fue uno de los cambios, pues según la línea de tiempo realizada por investigadores indígenas de la misma asociación, desde 1959 el inicio de esa construcción generó la llegada de colonos y con ellos creció la deforestación y extracción de piedra, proceso que posteriormente aumentó con la llegada de la ganadería impulsada por monseñor Belamiro Correa, seguido por el auge de la coca y el uso de árboles maderables.

Otros hitos frente a la historia de la apertura de la vía son la constitución del Gran Resguardo Indígena del Vaupés en 1982, el auge de la minería y extracción de madera ilegal en 1990, la segunda gran toma guerrillera en 1998 y las concesiones mineras que iniciaron en 2014.

Hoy, después de más de ocho décadas de la apertura de la vía, siguen existiendo limitaciones. El objetivo de que conectara a las comunidades no se ha cumplido por completo, pues no toda está pavimentada, tampoco llega hasta Monforth y es muy complejo movilizarse por ella.

Como señaló Camilo Rodríguez del Ministerio de Ambiente: “esta vía debe ser funcional para que la comunidad esté integrada, para que pueda conservar y pueda ejercer gobernabilidad y gobernanza en su territorio; pero tiene que ser una infraestructura de calidad que no esté comprometiendo su vida y su seguridad, porque actualmente hay puentes que están en un estado de falla y puede convertirse en un riesgo para la población”.

Y es frente a la dificultad de conectividad que representa hoy esta carretera, que las comunidades indígenas organizadas y articuladas con otras organizaciones como CLUA (Climate and Land Use Alliance) y Fundación Natura, han avanzado en el diagnóstico y análisis del desarrollo vial en la región. “Promovimos una investigación local con las comunidades indígenas sobre la carretera que nos permitió, por ejemplo, conocer su relación con los colonos, además de los cambios socioespaciales que afectaron la gobernanza, los ecosistemas y el ordenamiento territorial”, afirmó María Paula Velásquez, jefe de proyecto de Fundación Natura.

Así, las mismas comunidades pudieron comprender las transformaciones que vinieron con la carretera como un fenómeno integral y esto lo hace evidente Gabriel Paiva, quien mencionó que la vía Mitú-Monfort “nos ha facilitado el transporte, por ejemplo, nosotros andamos en moto o motocarros, otros tienen los famosos morrocos (motos con platón pequeño) para cargar los productos. Ahora llega uno más rápido a las chagras, ya no hay que cargar en los hombros”, pero, por otro lado, “se ha perdido territorio porque se han metido personas foráneas, han comprado terrenos y cada vez el indígena se tiene que ir un poquito más lejos”.

Aun así, las comunidades indígenas han intentado ver en este cambio una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las familias e identificar esos espacios donde pueden aportar y construir juntos para fortalecer su gobernanza, la seguridad alimentaria, las viviendas y otras dinámicas que se tejen en la comunidad.

Deforestación en la vía

Es por eso que todas las acciones realizadas en el marco del proyecto Análisis del desarrollo vial Mitú-Monforth, implementado por Fundación Natura y con el apoyo de CLUA, han permitido que la comunidad acceda a información para entender y tomar decisiones. Uno de esos procesos es el reconocimiento cartográfico que confirmó la percepción de las comunidades sobre la deforestación, pues encontraron que se concentra entre los primeros 3 a 5 kilómetros a lado y lado de la vía. Esto se relaciona con la pérdida de conectividad ecológica que afecta el desplazamiento de la fauna presente en este ecosistema de bosque húmedo tropical.

Con esta información, las comunidades han manifestado su disposición de liderar procesos de restauración en esos puntos críticos, para recuperar la fauna y flora que se ha ido perdiendo. “Ellos consideran que es importante delimitar las áreas afectadas y ver de qué manera se pueden recuperar, si es a través de siembras o con ejercicios que ayuden a construir esa conectividad y permitan el desplazamiento, tanto de animales como de ellos mismos, al interior del bosque”, resaltó María Paula.

Adicional a ello, se generó la necesidad de formalizar acuerdos de uso con los colonos y delimitar el territorio, para evitar que la ocupación y otras prácticas sigan avanzando y así afectando el ecosistema, que incluyen los sitios sagrados de las comunidades indígenas como cachiveras y cerros.

Si bien, hasta el momento, no se han tomado medidas concretas para mitigar efectos como la deforestación o la transformación del territorio, gracias a que funcionarios del Ministerio de Transporte y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible visitaron la zona en el marco de una salida institucional del proyecto para conocer el estado de la vía y las necesidades de las comunidades, se abrió una ventana: “hacer un proyecto de infraestructura verde vial que vincule medidas de manejo para atenuar los impactos y las transformaciones que ya ha generado la ocupación en territorio, recuperar coberturas, desfragmentar ecosistemas y recuperar servicios ecosistémicos, gobernabilidad y gobernanza en las áreas en que se ha perdido”, aseguró Camilo Rodríguez.

Este ejercicio podría, primero, consolidar una vía funcional hasta Monforth; y, segundo, comunicar efectivamente las comunidades indígenas y mejorar la gobernanza territorial que incluye a los colonos y que es el elemento más importante para contener la deforestación. Pues como lo dijo Gabriel, “sabemos que el desarrollo se va a dar, hay cambios que se van a dar, pero nosotros tenemos que estar preparados para poder afrontar esos cambios y no perder nuestra identidad cultural”.

Un modelo importante para Colombia

Integrar a las comunidades locales en los proyectos de infraestructura es clave para que se tengan en cuenta las necesidades de los habitantes, reconociéndolos y respetando sus perspectivas, culturas y formas de vivir. En ese sentido, instrumentos como los lineamientos de infraestructura verde vial ayudan a garantizar la participación de pueblos indígenas, pues “tiene tres elementos fundamentales que son de gobernabilidad, gobernanza y participación comunitaria, pero esta participación está desde el inicio del proyecto, desde las etapas preliminares y hace que las comunidades tengan el nivel de participación que les pertenece para tomar decisiones e involucrarse en la planeación integral de los proyectos, proyectando sus necesidades hacia tener un territorio ambientalmente sostenible, un territorio que siga proveyéndole seguridad, soberanía alimentaria, salud y la preservación de su cultura”, afirmó Rodríguez.

Es por eso que la construcción de memoria alrededor del establecimiento de la vía ha sido clave en este proceso. De hecho, para los jóvenes que han participado en las actividades de investigación, ha sido como tener otra visión de la historia, una que es incluyente y que reconoce a todos los miembros de sus comunidades. También, “se convierte en otra forma de acercarse y de comprender esa realidad, de entender sus contextos y necesidades. Eso puede ayudarlos a tener un sentido de pertenencia mayor sobre por qué son indígenas, por qué están en esa zona o por qué es importante reconocer ese territorio”, argumentó María Paula.

Y ese enfoque étnico diferencial hace de este proceso de infraestructura vial un “escenario privilegiado con comunidades indígenas que tienen gobernabilidad y gobernanza; entonces hay que vincular la noción del corredor vial a las formas en que estas comunidades ocupan el territorio, acceden a la biodiversidad y la cuidan. Todo esto debe reflejarse en el tipo de infraestructura que se construya. Vaupés puede ser el punto de partida de este ejercicio que luego puede ser replicado en toda la Amazonía. A diferencia de otros pilotos, este es el único con un componente de participación y gobernanza. Sin embargo, para aterrizarlo a la realidad, debe integrarse en los planes viales municipales y departamentales, sumado a los esfuerzos de la Gobernación, Alcaldía, INVIAS y las entidades ambientales”, afirmó Camilo.

Sin embargo, atrás vienen más de ocho décadas en las que la vía no ha sido prioridad y por eso es importante resaltar las lecciones aprendidas de este proceso que permitirán tomar las decisiones correctas, como, por ejemplo, comprender la relación que tienen las comunidades con la institucionalidad e identificar debilidades y fortalezas de esas dinámicas.

También, como lo destacó María Paula Velásquez: “algo que sí o sí es un innegociable, es poder hacer mesas de concertación. Nosotros iniciamos este proyecto cuando AATAC estaba en asamblea, por lo que nos abrieron un espacio para poder hablar y explicarles más el proyecto”.

Asimismo, es clave contar con un traductor para que los abuelos o sabedores tradicionales también cuenten con esa información y haya una inclusión intergeneracional, pero también que incorpore el conocimiento de mujeres, hombres, ancianos y, por supuesto, pensar en cómo se integran los niños y niñas en esos espacios.

Y, por supuesto, que las investigaciones que se realicen involucren a las comunidades locales, que sean ellos quienes levantan la información, pero también realizan el análisis.

Por último, es clave revisar las formas en las que se construye y se presenta la información, que tengan un lenguaje claro, que no sea técnico y que cada actividad se construya desde lo local y se incluyan sus diversas lenguas, eso es clave en la preservación de la cultura.

Este análisis y sus resultados, son la base para identificar cómo deberían abordarse los proyectos de infraestructura vial en territorios indígenas, pues tiene una recopilación de aprendizajes de más de ochenta años. Una vivencia que se ha trasladado generación tras generación y que hoy los más jóvenes están recuperando.

El desarrollo humano no es un tema menor, pero debe realizarse a la medida de los territorios y sus comunidades, debe ser inclusivo y reconocer los conocimientos ancestrales y su cultura. No todos los modelos aplican en todo el país y siempre, el primer paso debe ser la articulación comunitaria, institucional y de las organizaciones presentes en las regiones.

Esta vía algún día llegará hasta Monforth o tal vez no, la decisión debe ser concertada con quienes habitan la zona, pero también debe ser evaluada frente a los desafíos que hoy enfrentan. Mientras tanto, el llamado es a voltear la mirada y a avanzar en el mejoramiento de lo que hoy ya existe, porque lo primordial en la Amazonía es la conservación de sus ecosistemas, de los pueblos indígenas, de sus culturas y con ello de la vida.

En la mañana de este jueves, 27 de agosto, la Unión Europea anunció que destinará una partida adicional de 250.000 euros (COP 900 millones) en financiación humanitaria para ayudar a las personas más afectadas por el terremoto registrado en Colombia.

Según precisó la Unión Europea en Colombia, estos recursos serán direccionados a la Cruz Roja Colombiana para brindar asistencia de emergencia, incluyendo alimentos, artículos de higiene y otros enseres. Además, se planea ofrecer transferencias de efectivo para costear alojamientos temporales y otras necesidades inmediatas.

Podría interesarle: ¿Qué hacer con el miedo que dejó el terremoto? La respuesta deberá ser colectiva.

“Esta nueva contribución se suma a los dos millones de euros (cerca de 7.200 millones de pesos colombianos) en ayuda humanitaria anunciados inmediatamente tras el desastre para ayudar a las comunidades afectadas. La Unión Europea también ha movilizado el envío de artículos de primera necesidad a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE. Alemania, Suecia, Luxemburgo y Francia han donado tiendas de campaña, mantas, kits de cocina, filtros de agua y artículos de higiene”, indicó la UE en Colombia, a través de un comunicado.

Uno de los puntos que aclaró la Unión Europea es que a principios de año ya había destinado una partida inicial de 17 millones de euros (61.000 millones de pesos) para otras necesidades humanitarias en Colombia, de los cuales 100.000 euros (cerca de COP 360 millones) fueron redistribuidos por la Cruz Roja Alemana para asistir a los afectados del terremoto.

Además, como parte de la atención de la emergencia, la UE también activó el servicio de cartografía satelital Copernicus para facilitar una primera evaluación de daños. Para finales de este mes, los equipos de UNITAR-UNOSAT están utilizando actualmente productos críticos derivados de satélites para cartografiar los daños en las edificaciones y orientar las labores de rescate sobre el terreno.

“A través del Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus (CEMS), se generaron mapas rápidos que compararon imágenes satelitales de antes y después del sismo para identificar edificaciones y vías afectadas en los departamentos de Caldas, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, información que las autoridades colombianas han venido usando para priorizar la respuesta en zonas donde las comunicaciones y el acceso terrestre estaban comprometidos”, indicó la UE en Colombia, a través de un comunicado.

En Córdoba se concentra hoy una de las mayores apuestas solares del país. Según Acolgen, el departamento reúne proyectos por más de 1,3 gigavatios, una magnitud comparable con la demanda pico de una ciudad como Medellín o Cali. Esa misma región fue de las más cubiertas por las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), la figura de ordenamiento territorial que el gobierno de Gustavo Petro creó para blindar los suelos con vocación agrícola y que el gobierno de Abelardo de la Espriella anunció derogar en sus primeras semanas de mandato. Córdoba ofrece un ejemplo de esa tensión: es a la vez uno de los departamentos con declaratorias de APPA y una de las regiones con mayor desarrollo solar del país. Donde el suelo de vocación agrícola y el recurso renovable coinciden, el efecto de un cambio en las reglas de ordenamiento se siente con más fuerza.

El episodio de las APPA sirve de ejemplo, pero el asunto de fondo excede con creces esta figura y esta región. Lo que revela es una condición estructural que condiciona cada decisión de inversión en infraestructura eléctrica: un parque solar o una línea de transmisión se financian con horizontes de veinte o treinta años, mientras que las reglas territoriales que habilitan o bloquean esos proyectos pueden reescribirse en un solo período de gobierno.

Qué son las APPA y por qué llegaron al debate energético

Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos se incorporaron al ordenamiento jurídico mediante el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno anterior, que modificó la Ley 388 de 1997 para elevarlas a determinante de superior jerarquía de nivel 2. En términos prácticos, esto significa que los municipios están obligados a incorporarlas en sus instrumentos de ordenamiento territorial y que su cumplimiento vincula tanto a autoridades locales como a actores públicos y privados que desarrollen proyectos con incidencia sobre el suelo rural.

El Ministerio de Agricultura, con el soporte técnico de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), reportó a mayo de 2026 más de 864.000 hectáreas declaradas en 48 municipios. La finalidad declarada es proteger la producción de alimentos y frenar el cambio de uso de los suelos agrícolas más fértiles. En ese objetivo, la figura tiene defensores sólidos: el propio ministerio la considera un instrumento de seguridad y soberanía alimentaria, y advirtió que su eliminación implicaría un retroceso en la protección del derecho a la alimentación.

El sector eléctrico entró en la discusión porque varias de esas hectáreas coinciden con zonas de alto potencial renovable. Acolgen, el gremio de generadores, ha señalado que la delimitación de estas áreas introduce incertidumbre sobre proyectos de generación y transmisión, en particular por una condición que considera ambigua: los proyectos energéticos pueden desarrollarse siempre que no afecten la productividad agrícola, sin que el alcance de esa salvedad esté precisado. Más que plantear una oposición entre energía y alimentos, Acolgen ha insistido en que ambos usos pueden ser compatibles y coexistir si existen reglas claras que definan cómo desarrollar infraestructura eléctrica sin afectar la productividad agrícola. Su presidenta, Natalia Gutiérrez, ha planteado además que la figura deja por fuera infraestructura indispensable como las subestaciones eléctricas, sin las cuales no es posible llevar energía a los sistemas de riego, la refrigeración de alimentos o las nuevas actividades productivas del propio campo.

La reversibilidad es el verdadero riesgo

Aquí conviene separar dos discusiones que suelen mezclarse. Una es si las APPA son una buena política de seguridad alimentaria, un debate legítimo que corresponde saldar a las autoridades agrarias, los territorios y la ciudadanía. Otra, distinta, es qué le ocurre a la inversión eléctrica cuando el marco que la rodea puede invertirse por completo con cada relevo presidencial.

La derogatoria anunciada ilustra esa segunda discusión. Una determinante territorial creada por vía administrativa puede desmontarse por la misma vía. Y lo que un gobierno desmonta, el siguiente puede reinstalar. Nada garantiza que una administración futura, con otra orientación política, vuelva a declarar áreas de protección sobre esos mismos suelos. El resultado es un péndulo: protección, revisión, eventual reinstauración, cada movimiento atado al calendario electoral y a la vida útil de los activos que pretende ordenar.

Para quien evalúa construir un parque solar, ese péndulo es el verdadero costo. La UPME planea la expansión del sistema con horizontes de quince años, y los activos de generación se amortizan sobre plazos todavía mayores, del orden de dos a tres décadas de operación. Cuando la regla que define dónde se puede construir cambia de signo cada cuatro años, el riesgo se vuelve regulatorio: una variable que depende de la política antes que del proyecto, y por eso la más difícil de cubrir.

Una advertencia que trasciende el gobierno de turno

Sería un error leer este episodio como el fin del problema. Que la figura esté hoy en revisión aplaza el riesgo en lugar de eliminarlo. La misma facilidad con que se anuncia hoy su derogatoria es la que permitiría reponerla mañana. Y las APPA son apenas un caso entre muchos posibles. Córdoba y La Guajira ilustran la coincidencia entre los dos mapas: ambos departamentos combinan declaratorias de APPA con un desarrollo renovable significativo. A esa coincidencia se suma un agravante: si la protección de origen nacional se desmonta, la decisión de proteger o no los suelos agrícolas recaería en cada municipio, y cerca del 80% de los municipios del país tenía en 2023 su Plan de Ordenamiento Territorial vencido, según el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El punto único de incertidumbre se multiplicaría entonces en múltiples decisiones locales, cada una con su propio calendario y su propia orientación.

El país necesita más capacidad de generación de electricidad. Las proyecciones del propio sector advierten una estrechez creciente entre la oferta y la demanda de energía, agravada por los retrasos acumulados en la entrada de proyectos de generación y transmisión. Cerrar esa brecha exige acelerar inversiones, y toda inversión de largo plazo requiere un terreno cuyas reglas se mantengan estables a lo largo del tiempo.

De ahí que la salida consista en algo más profundo que la voluntad de un gobierno determinado durante su mandato. Confiar la viabilidad de los proyectos a la administración de turno reproduciría el problema en espejo y perpetuaría la fragilidad que conviene superar. Lo que el sistema requiere son reglas de ordenamiento territorial que resistan el cambio de gobierno, construidas con sustento técnico verificable, participación de los actores involucrados y horizontes que trasciendan el período presidencial. La estabilidad jurídica se construye para durar más que quien la firma.

La coordinación entre las entidades competentes es parte de esa construcción. La armonización entre la protección del suelo agrícola y la expansión de la infraestructura energética exige instrumentos que permitan planear ambas con reglas previsibles. La UPME, la CREG, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Agricultura tienen la información y las competencias para anticipar esos cruces antes de que se conviertan en conflictos, y para ofrecer a quien invierte un mapa estable a lo largo del tiempo.

Colombia se juega en esta década la seguridad de su sistema eléctrico y buena parte de su transición energética. Ese futuro se construye con proyectos que tardan años en madurar y décadas en pagarse. Generar las posibilidades para un futuro renovable exige darle a esa inversión un piso jurídico estable, capaz de resistir cada relevo de mando.

El gerente del Metro de Bogotá, Leonídas Narváez, lleva semanas haciéndole frente a varios reparos alrededor del mayor proyecto de movilidad de la capital: una denuncia por presunta corrupción; la muerte de un trabajador en una de las estaciones; las alertas de la interventoría por retrasos en algunos frentes de obra, y el cumplimiento del plan de manejo ambiental. Todas, dice, se están investigando y atendiendo con celeridad, para cumplirles la promesa a los bogotanos de poner en marcha la primera línea en marzo de 2028.

Y para mantener el ritmo, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán se fijó varios hitos para el cierre de este año, entre ellos, la finalización de tres estaciones y de 17 km de viaducto. De hecho, para finales de mes se espera concluir la unión de las vías sobre las que rodarán los trenes sobre la calle 26 con avenida Caracas, en el centro de la ciudad. “Para enero debemos terminar el viaducto y tres meses después lo relacionado con las vías férreas”, sostiene el alcalde, quien agrega que la meta este año es lograr que lleguen los 30 trenes, de los cuales 17 ya están en la ciudad”.

Pero no son los únicos retos. De manera paralela a las obras, el megaproyecto (con una inversión de COP 29 billones) tiene otros desafíos. El principal es lograr que la gente ya no pierda tanto tiempo al movilizarse por una de las ciudades que, según el TomTom Traffic Index, es hoy una de las más congestionadas y lentas del mundo. Con la entrada en operación del sistema, la promesa es reducir de dos horas a 27 minutos los recorridos desde el sur hasta el norte de la ciudad.

A ojos de Narváez, esta “revolución” abre la puerta para impulsar la sostenibilidad, así como la cultura ciudadana. “El usuario tendrá una nueva experiencia, que le permitirá recuperar horas de su tiempo y, de paso, reducirá las emisiones contaminantes. Para consolidar esta visión hemos contado con aliados, que no solo aportan financiación sino esta visión de ciudad”. La promesa no es menor si se tiene en cuenta que, según la más reciente medición de Bogotá Cómo Vamos, la insatisfacción entre los bogotanos con el sistema de transporte público es del 32 %.

Sostenibilidad con el Metro

Un elemento central en la apuesta es la energía que alimentará al Metro de Bogotá: provendrá del Sistema Interconectado Nacional y, según cifras de la EMB, representará un incremento de apenas 0,07 % en el consumo de energía de la ciudad. “Es un tren muy eficiente. Todo lo relacionado con la iluminación, el aire acondicionado y los demás sistemas tiene un bajo consumo, por lo que no va a generar un desequilibrio para la ciudad”, agrega Narváez.

Entre las otras apuestas, además de la infraestructura, será la construcción de 23 kilómetros de ciclorrutas y de nuevo espacio público, así como la integración en ocho estaciones con las troncales de Transmilenio y el SITP, que contarán con 2.300 buses eléctricos para 2028. Para consolidar esta visión, el gerente de la EMB asegura que dos aliados han sido clave: la Unión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Su respaldo se ha traducido, en primer lugar, en parte de la financiación para el proyecto. El BEI, la mayor institución financiera multilateral del mundo, mantiene vigentes préstamos por USD 400 millones, de los cuales ya se han desembolsado 180 millones.

Pero estos recursos están sujetos a unas condiciones que, en el sistema financiero, se conocen como “salvaguardas”. En términos generales, implican que los proyectos no solo deben cumplir con las obras, sino generar avances en materia ambiental y contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades. “En el caso del metro, nosotros analizamos cuáles son los aspectos medioambientales y sociales asociados con el proyecto y determinamos cuál es la parte del coste total del proyecto a financiar”, explica Martín Corredera Silván, representante del BEI en América Latina.

Cabe recordar que una de las promesas del Metro es reducir 171.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año al iniciar su operación en 2028. Así, en opinión del embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, la financiación garantiza el mejoramiento de la calidad del aire. “Con estos bajaremos la contaminación urbana y es clave, pues cada vez la gente tiene más conciencia de lo que esto implica para su calidad de vida”.

¿Nueva infraestructura, nueva cultura?

La secretaria de Movilidad de Bogotá, María Fernanda Ortiz, sostiene que la experiencia de viaje que ofrecerá el metro es una oportunidad para mejorar la cultura en la ciudad. “Esa mejora en la calidad de vida, con la reducción de tiempos de desplazamiento, es una puerta para que vuelva el sentido de pertenencia por esta infraestructura que es de todos”. La funcionaria destaca experiencias positivas como el TransMiCable, que registra una satisfacción del 93 % según Bogotá Cómo Vamos.

Para impulsar estos avances, el Distrito se ha volcado en lo que se denomina el “Modo Metro”, una estrategia para promover un buen uso del sistema, con la instauración, por ejemplo, de la cultura de esperar que los pasajeros se bajen de los vagones antes de ingresar, o usar audífonos en los desplazamientos a lo largo del sistema público. En línea con esto, Roudié, de la UE en Colombia, asegura que “el proyecto encarna esa filosofía de sostenibilidad urbana de transporte público, y avanzar en una dimensión fundamental que implica el transporte público en las ciudades, en la que tanto el rico como el pobre se suben al metro para llegar a sus trabajos, a sus casas y sus actividades diarias”.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán afirma que la coordinación con organismos de cooperación y banca internacional ha sido fundamental para sacar adelante el proyecto. “Nos ha permitido contar con apoyo técnico para tomar decisiones acertadas, enfrentar los retos que han surgido y encontrar soluciones. Creo que esa es la clave y que esta es una experiencia que puede replicarse tanto a nivel nacional como internacional”, afirma el mandatario.

De hecho, en una de las fases destacadas que deberá asumir próximamente el proyecto, como lo es su entrada en operación, se buscará la asistencia técnica de España. “Con la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo y la asesoría de consultores del Metro de Barcelona estamos fortaleciendo nuestra estructura organizacional. El objetivo es consolidar durante el próximo año la Gerencia de Operaciones, garantizando así la capacidad técnica requerida para la supervisión y respuesta efectiva una vez inicie la operación comercial”, concluye Narváez, de la EMB.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

El terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto dejó profundas afectaciones en diferentes territorios del país. En el norte del Valle del Cauca y el sur del Chocó, cientos de familias continúan enfrentando las consecuencias de una emergencia que no terminó cuando pasó el movimiento sísmico.

Viviendas afectadas, negocios que no pueden retomar completamente sus actividades, daños en cultivos e infraestructura productiva y dificultades de movilidad hacen parte de una realidad que sigue impactando la vida cotidiana y la economía de las comunidades.

Pero detrás de cada vivienda afectada hay una familia. Detrás de cada negocio cerrado hay un ingreso que dejó de llegar a un hogar. Y detrás de cada cultivo, finca o emprendimiento afectado hay una historia de esfuerzo y un proyecto de vida que hoy necesita apoyo para volver a ponerse en marcha.

De la emergencia a la recuperación

Frente a este escenario, la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia – Red Adelco, junto con la Agencia de Desarrollo Local del Norte del Valle – ADEL BRUT, están impulsando el Fondo de Reactivación Económica DEL Territorio, una iniciativa que busca movilizar solidaridad y recursos para acompañar la recuperación económica de las comunidades afectadas.

El propósito es claro: contribuir a que las familias puedan recuperar sus medios de vida, reactivar sus actividades productivas y volver a generar ingresos y oportunidades en sus territorios.

Porque reconstruir no significa solamente levantar paredes.

Significa volver a producir.

Volver a trabajar.

Recuperar oportunidades.

Y volver a mirar hacia el futuro.

Territorios que necesitan apoyo

En el norte del Valle del Cauca, la campaña prioriza los municipios de Argelia, Bolívar, El Águila, El Cairo, El Dovio, La Unión, Roldanillo, Toro, Trujillo y Versalles. En el sur del Chocó, se incluyen San José del Palmar y Sipí.

Las dimensiones de la afectación reflejan la magnitud del desafío.

En Bolívar, por ejemplo, se reportan más de 1.600 viviendas afectadas; en Roldanillo, más de 3.000 viviendas presentan afectaciones, mientras que en La Unión más de 1.500 viviendas fueron afectadas. En San José del Palmar se registran alrededor de 442 viviendas afectadas y cerca de 40 estructuras completamente colapsadas.

La emergencia también ha golpeado directamente la economía local.

Se han identificado daños en fincas, cultivos, trapiches e infraestructura productiva, con afectaciones en productos como café, plátano, caña, frutales, cacao y chontaduro. A esto se suman daños en establecimientos comerciales, inventarios, equipos y capital de trabajo. La Red Adelco estima cerca de 700 unidades productivas afectadas en el Valle del Cauca, con pérdidas superiores a $160.000 millones.

En territorios como Sipí, además, la interrupción del acceso, el transporte, el abastecimiento y la comercialización de productos rurales profundiza las dificultades para recuperar la actividad económica.

¿En qué se concentrará el Fondo?

El Fondo de Reactivación Económica DEL Territorio busca orientar los recursos hacia acciones que permitan avanzar de la atención inmediata hacia una recuperación con perspectiva territorial.

Entre las prioridades identificadas están:

Producción agropecuaria

Recuperación de cultivos, fincas, trapiches e infraestructura productiva afectada.

Comercio y pequeños negocios

Apoyo frente a pérdidas de establecimientos, inventarios, equipos y capital de trabajo.

Conectividad y comercialización

Contribución a la recuperación de condiciones que permitan movilizar alimentos, insumos y productos y reducir los efectos del aislamiento.

Medios de vida familiares

Acciones orientadas a recuperar espacios productivos, capacidad de trabajo e ingresos de familias rurales y urbanas.

Turismo, patrimonio y servicios

Apoyo a territorios donde los daños afectan actividades turísticas, comerciales y de servicios, así como infraestructura patrimonial y equipamientos.

Una respuesta construida desde el territorio

Para la Red Adelco y ADEL BRUT, esta iniciativa representa también una forma de poner al servicio de las comunidades la experiencia acumulada durante años de trabajo en desarrollo local.

La Red Adelco trabaja desde hace más de 15 años acompañando procesos de desarrollo territorial en Colombia. Hoy, esa experiencia se pone al servicio de las comunidades afectadas, articulando esfuerzos con aliados, cooperantes, organizaciones, empresas, sociedad civil y personas que creen en la capacidad de los territorios para salir adelante.

ADEL BRUT, como agencia de desarrollo local con presencia y conocimiento del territorio, cumple un papel fundamental en esta articulación, ayudando a conectar las necesidades de las comunidades con una respuesta que no se limite a la emergencia, sino que contribuya a recuperar las bases económicas y sociales de la región.

La solidaridad puede convertirse en recuperación

La respuesta frente a una emergencia no termina cuando disminuye la atención mediática.

Para muchas familias, la reconstrucción apenas comienza.

Por eso, la Red Adelco y ADEL BRUT hacen un llamado a empresas, organizaciones, aliados, cooperantes y ciudadanos en Colombia y en el exterior a sumarse al Fondo de Reactivación Económica DEL Territorio.

No importa el tamaño del aporte.

Cada contribución puede convertirse en una oportunidad para volver a producir, recuperar un ingreso, fortalecer un emprendimiento o acompañar a una familia en su camino hacia la recuperación.

Como lo expresa la campaña:

El territorio nos necesita. Y reconstruirlo es una tarea que hacemos juntos.

¿Cómo apoyar?

Quienes se encuentren en Colombia pueden realizar sus aportes a través de los mecanismos habilitados por la Red Adelco, incluyendo Wompi y la cuenta de Bancolombia. Para las personas que se encuentran fuera del país están disponibles PayPal y Every.org.

Conoce la campaña y las opciones para donar en la Red Adelco

Apoya el Fondo de Reactivación Económica DEL Territorio

Dona. Comparte. Súmate.

Fondo de Reactivación Económica DEL Territorio

Red Adelco + ADEL BRUT

Porque reconstruir el territorio también significa recuperar sus oportunidades.

Durante las últimas dos décadas, las poblaciones de la mariposa saltarina de Poweshiek (Oarisma powesheik) han disminuido considerablemente. De acuerdo con la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), este insecto se encuentra en peligro crítico de extinción y ya ha desaparecido en algunos lugares donde era nativo. Se ha extinguido en su totalidad en los estados de Indiana e Illinois y, posiblemente, en Iowa, Dakota del Sur y Dakota del Norte, en Estados Unidos.

Para 2022, según documentaron investigadores de la Universidad Estatal de Michigan (MSU), solo quedaban nueve ejemplares de esta especie en todo el país norteamericano. Es por ello que los científicos de dicha universidad se aliaron con el zoológico John Ball, el zoológico de Minnesota, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos y el Departamento de Recursos Naturales de Michigan, con el fin de rescatar a esta mariposa de la extinción.

Los socios conservacionistas diseñaron y crearon invernaderos que recrean las condiciones de humedad que necesitan las orugas de esta especie, donde comenzaron a criarlas. En un punto, de acuerdo con la MSU, llegaron a cuidar en cautiverio un número mayor de estos animales a los que se podrían encontrar en estado salvaje en cualquier parte del planeta.

El objetivo de los investigadores era evitar que este insecto se extinguiera en el estado de Michigan, por lo que, tras la metamorfosis, cuando las orugas se transformaban en mariposas, las liberaron en su hábitat natural. Pero antes, los científicos “durmieron” a cada individuo para poder marcarlo con un rotulador permanente, hacerle el respectivo seguimiento y poder rastrearlo en el futuro.

“Utilizamos una cantidad muy pequeña de isoflurano (que se usa frecuentemente para anestesiar a humanos y animales durante procedimientos médicos) en un recipiente cerrado que duerme temporalmente a las mariposas para poder marcarlas de forma segura antes de liberarlas”, dijo a IFLScience David Pavlik, asistente de investigación en la Estación Biológica WK Kellogg de la MSU y en el Zoológico John Ball. “Las mariposas se despiertan muy poco después, normalmente entre 30 segundos y un minuto”.

En total, declaró Pavlik, se liberaron 102 mariposas en 2022 y más de 1.300 en 2025. En un principio, la estrategia funcionó para fortalecer los pocos grupos fragmentados que quedaban, pero, incluso, ya se han logrado establecer nuevas poblaciones. “Estas liberaciones ya están contribuyendo a que las poblaciones silvestres comiencen a prosperar”, comunicó la MSU. “Los investigadores ya no liberan mariposas para evitar su extinción, sino para expandir una población en recuperación”.

Para alcanzar ese logro, apuntó Pavlik, fue necesario restaurar algunos de los ecosistemas de donde no solo habitan estos insectos, sino otros animales silvestres, cuya degradación a acelerado su desaparición. “Se ha perdido más del 99 % de las praderas y turberas en los Estados Unidos. Al mejorar el hábitat de la mariposa saltarina de Poweshiek, también estamos mejorando el hábitat de todas las especies que viven allí, desde las más comunes hasta las más raras”, dijo el investigador.

Las mariposas, además, son consideradas indicadores de la salud del ecosistema. En otras palabras, su ausencia es una señal de alerta de que algo anda no está bien en su entorno. El programa de la MSU y sus socios conservacionistas se ha extendido a tal punto que científicos de investigadores del laboratorio Haddad y el zoológico John Ball están criando y reintroduciendo a otras dos especies de mariposas en peligro de extinción, la mariposa sátiro de Mitchell y la mariposa azul de Karner, para así restaurar sus poblaciones en el estado de Michigan.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜

En el marco del ciclo expositivo MACONDO: Cien años de arte – Homenaje a Gabriel García Márquez, organizado por la Galería Chiminichagua y la Travesía Artística por Colombia; el arte recorre los municipios ribereños del río Magdalena como una herramienta de encuentro, memoria e identidad. Inspirado en el universo de Gabriel García Márquez y el realismo mágico, el proyecto integra exposiciones y actividades culturales que vinculan a las comunidades de cada territorio.

Como parte de esta travesía dirigida por Andrés Alejandro Herrera, se realizan talleres gratuitos de artes plásticas, con todos los materiales incluidos, dirigidos a niñas y niños de los municipios por donde avanza el recorrido.

Lo invitamos a leer: Caravana llegó a Pereira con 440 toneladas de ayuda para damnificados por el sismo.

Además de incentivar la creatividad y fortalecer habilidades artísticas, los talleres abordan la conservación de la flora, la fauna y el folclor propios de la cuenca del Magdalena.

En esta ocasión, la temática está dedicada al bagre rayado del Magdalena, especie emblemática y endémica de esta cuenca que se encuentra amenazada. A través del arte, las niñas y niños conocen su importancia para el ecosistema y la cultura ribereña, mientras se promueve su protección, especialmente mediante el respeto por las temporadas de veda de pesca.

Así, MACONDO: Cien años de arte trasciende las salas de exposición para acercar el arte a las nuevas generaciones y convertirlo en una herramienta de educación, apropiación del territorio y conservación del patrimonio natural y cultural del río Magdalena.

Este viernes, 21 de agosto, llegó a Pereira una caravana humanitaria con 440 toneladas de ayuda para las comunidades de Risaralda afectadas por el terremoto.

La movilización, que partió el pasado 19 de agosto desde Vive Claro, en Bogotá, contó con la participación de 14 empresas que coordinaron, alistaron y permitieron que 33 vehículos de carga partieran hacia la capital del departamento de Risaralda, con toneladas de alimentos no perecederos, agua y bebidas, productos de higiene y aseo, elementos de protección, ropa, sábanas limpias, elementos de primeros auxilios y otros artículos de primera necesidad donados por los colombianos y las empresas participantes.

Esta entrega hace parte de la campaña Colombia, un Solo Corazón, liderada por el Gobierno Nacional. La ayuda humanitaria llegó a diferentes centros de acopio en la ciudad de Pereira, desde los cuales se coordinará la siguiente etapa de distribución para entregarla a quienes más lo necesitan.

¿Qué tipo de ayuda se transportó? Según informó la campaña, se movilizaron alimentos no perecederos, agua y bebidas, productos de higiene y aseo, elementos de protección, ropa, sábanas limpias, elementos de primeros auxilios y otros artículos de primera necesidad, aportados por los colombianos y las empresas participantes.

Esta segunda caravana dio continuidad a las movilizaciones humanitarias impulsadas por Colombia, un Solo Corazón, que tienen como propósito llegar con un volumen relevante de ayuda humanitaria a los territorios afectados.

La primera caravana salió de Medellín el pasado sábado y llegó hasta Quibdó, en el departamento del Chocó. Allí, la operación logística conformada por 21 camiones de carga permitió la entrega de más de 170 toneladas de ayuda humanitaria para el departamento de Chocó, las cuales distribuirán en los municipios y comunidades priorizadas.

En esta campaña participaron Cine Colombia con su Ruta 90, Claro Colombia, Coca-Cola, D1, Del Origen, Emprestur, Envía, Fundación Santo Domingo, Grupo Olímpica, Interrapidísimo, Postobón, Servientrega, Tiendas Ara y Ocesa, en coordinación con los ministerios de Defensa y de Transporte, y con el acompañamiento del Ejército Nacional, autoridades de tránsito y otras instituciones.

La carga llegó a diferentes centros de acopio en Pereira, desde los cuales se coordinará la siguiente etapa de distribución para entregarla a quienes más lo necesitan.

Como explicaron desde la campaña, los ciudadanos a continuar donando y aportando en los puntos y centros de acopio de la iniciativa, para sostener la operación en los territorios afectados.

*Esta nota fue publicada en alianza con el Sistema Coca-Cola Colombia.

El sismo que azotó a Colombia el 10 de agosto ha dejado hasta el momento un balance lamentable: 312 personas perdieron la vida, 4.380 resultaron heridas, y 290 permanecen desaparecidas. A esto se suman las pérdidas materiales: casi 30 mil viviendas destruidas, y más de 134 mil averiadas que dejan un total de 294.503 personas afectadas.

También hay centros de salud, colegios, vías y centros comunitarios con afectaciones. Sin embargo, hay otro dato que preocupa a las autoridades sanitarias y al sector de la salud: 97 acueductos afectados, según el reporte que entregó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) el 19 de agosto a las 6:30 a.m.

David Montero, doctor en Ciencias Biomédicas y profesor de la Universidad de Chile, explicaba en un artículo para El Espectador que un terremoto puede romper simultáneamente redes de acueducto y alcantarillado, interrumpir el suministro eléctrico, reducir la presión dentro de las tuberías y dificultar el abastecimiento de los desinfectantes utilizados en el tratamiento del agua.

Eso pasó tras el reciente evento en Colombia. La superintendente de Servicios Públicos encargada, Hilda Borja Vega, informó el 14 de agosto que como consecuencia del movimiento sísmico, once prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo reportaron afectaciones de infraestructura y operativas.

Los daños se registraron en Alcalá, Cali y Yotoco, en el Valle del Cauca; Pácora y Viterbo, en Caldas; El Carmen de Atrato y Tadó, en Chocó; y en Guática, Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas, en Risaralda. Según Borja, las afectaciones corresponden a daños estructurales y de conducción en bocatomas, desarenadores (los que separan y remueven partículas pesadas del agua), plantas de tratamiento (PTAP) y tanques de almacenamiento en municipios.

Aunque ya en 29 puntos se ha reportado la activación de los planes de emergencia y contingencia, y en cinco de estos se están atendiendo el abastecimiento con carrotanques, los terremotos que se han registrado antes en otros países demuestran que este es un tema que requiere atención urgente.

El caso de Chile

De acuerdo con Montero, de la Universidad de Chile, cuando se reduce la presión dentro de las tuberías, como producto del movimiento de la tierra, “el agua contaminada del suelo puede ingresar a la red a través de una fisura”.

Además, agrega Martha Cristina Bustos, profesora del departamento de Ingeniería Civil y Agrícola, en el área de Saneamiento, de la Universidad Nacional de Colombia, los sistemas de abastecimiento y alcantarillado tienen que estar separados. Unos llevan el agua potable y otros las aguas residuales. “Si hay daños en la infraestructura se pueden cruzar y causar contaminación por diferentes fuentes: heces fecales, sedimentos, microorganismos patógenos e incluso sustancias químicas, en el caso de de las ciudades donde hay industrias”, explica.

En Chile lo saben después del terremoto de magnitud 8,8 que se registró en febrero de 2010. Montero recuerda que la emergencia dificultó la distribución de insumos utilizados para el saneamiento del agua y pocos días después comenzó en Antofagasta, una ciudad al norte del país, con 350.000 habitantes para ese año, un brote de gastroenteritis que, en pocas semanas, superó los 31.000 casos.

En un estudio que publicó junto a otros investigadores detalla que analizaron muestras de heces de 932 casos de gastroenteritis para detectar virus, bacterias y parásitos y encontraron la presencia, especialmente de norovirus (NoV) y cepas diarreogénicas de Escherichia coli. “El agua contaminada, utilizada para irrigar cultivos de hortalizas en la región, era la principal fuente de este brote masivo”, escribieron los autores.

Por esto, para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) una de las principales prioridades después de este tipo de emergencias debe ser el suministro de agua potable. “Son muchas las necesidades y carencias: alimentos, refugio, ropas, medicinas, etc. Sin embargo, ninguna es tan importante como la necesidad de agua segura y de condiciones básicas de saneamiento. Estos servicios van más allá de satisfacer la sed y permitir la preparación de alimentos; su importancia radica en la protección de la higiene pública”, menciona la entidad.

La OPS dice que la falta de condiciones sanitarias después del desastre a menudo acarrea consecuencias sumamente graves para la población “y causa aún más sufrimiento que el propio siniestro. Por lo tanto, agua y saneamiento deben figurar entre las prioridades de las autoridades locales. Cuanto más rápidas y efectivas las medidas, menor será el daño”.

Esto también se debe, en parte, a que después de un terremoto que provoca la interrupción de los servicios de agua y saneamiento, o desplazamiento de poblaciones, se puede presentar un aumento en la incidencia de enfermedades infectocontagiosas con posibles brotes epidémicos. Un estudio publicado en la revista Salud Pública de México, explica que esto se da por la concentración y hacinamiento poblacional en albergues no propiamente planificados y sin las condiciones mínimas de saneamiento ambiental.

¿Cómo saber si el agua es segura?

La superintendente (e), Hilda Borja Vega, aseguró que están haciendo “un seguimiento permanente a la prestación de los servicios y a las acciones de las empresas para superar las afectaciones”, pero mientras tanto hay señales que las personas pueden observar para saber si el agua es segura para el consumo.

“Si hay cambios en la turbiedad, en el sabor, olor, color y presencia de sedimentos, son daños que pueden estar asociados a las tuberías o tanques de almacenamiento”, explica Martha Bustos, de la Universidad Nacional. Además, la principal recomendación es seguir las indicaciones de la empresa que presta el servicio de abastecimiento, o de las autoridades sanitarias.

Incluso cuando el agua se ve transparente puede que existan riesgos. “La contaminación microbiológica no la podemos ver, ni sentir”, agrega Bustos. Esto es algo que también reiteraba David Montero, de la Universidad de Chile: “El agua puede verse limpia y oler normal, y aun así contener bacterias, virus o parásitos. Por eso son indispensables los análisis microbiológicos del agua destinada al consumo humano”.

Es probable que hacer esos análisis tome un tiempo, por la cantidad de daños reportados, pero, además, hay que tener en cuenta que varias de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto son de difícil acceso y muchas, especialmente en Chocó, no contaban con servicio de agua potable incluso desde antes de la emergencia.

Para estos casos, la Universidad Nacional puso en marcha un proyecto piloto que busca llevar a las comunidades afectadas unos kits que les permiten medir la calidad del agua. Tienen tres tipos: uno microbiológico que identifica bacterias en el líquido, otro de turbiedad para identificar alteraciones físicas y presencia de sólidos, y otro de conductividad que permite detectar cambios en la composición del agua y comparar entre puntos.

Estos kits se entregarán a las comunidades más necesitadas para que hagan un monitoreo del agua, y con la ayuda de los profesionales de la universidad hacerle seguimiento a la situación.

Durante la primera semana de atención a la emergencia ocasionada por el terremoto que afectó a Chocó, Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca el Sistema Coca-Cola en Colombia logró entregar más de 76mil litros de hidratación, tras el terremoto de 7,4 que azotó a varias ciudades del país. La iniciativa busca contribuir al abastecimiento de las comunidades afectadas y apoyar las acciones de respuesta que se adelantan en los territorios.

El volumen movilizado durante estos primeros días equivale a llenar casi 8 carrotanques con capacidad de 10.000 litros cada uno. Las entregas se han realizado en articulación con las autoridades de acuerdo con las necesidades identificadas en las zonas afectadas, y se seguirán haciendo.

“Durante estos días hemos visto una enorme voluntad de ayudar, desde ciudadanos y organizaciones hasta autoridades y empresas que han decidido aportar desde lo que saben y pueden hacer. Ese espíritu colectivo también nos moviliza como Sistema Coca-Cola a poner nuestras capacidades al servicio de quienes hoy más lo necesitan y a seguir trabajando de manera articulada para que la ayuda llegue a los territorios afectados”, afirmó Sergio Londoño Zurek, vicepresidente Senior de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola en América Latina.

En el marco de este plan, la Fundación Coca-Cola ha concentrado sus esfuerzos en articular sus donaciones a través de organizaciones sociales que trabajan para apoyar con alimentación, atención en salud y ayuda humanitaria. En línea con estas acciones, el Sistema Coca-Cola también dispuso un espacio de reposo y descanso para el equipo de rescatistas “los topos” mexicanos que participa en las labores de búsqueda y rescate en Cali.

A este esfuerzo se suma el apoyo a la campaña liderada por el Gobierno Nacional “Colombia, Un solo corazón”. Una de las acciones implementadas fue brindar soporte logístico para facilitar la movilización de ayuda humanitaria. Durante esta primera semana, el Sistema Coca-Cola dispuso dos camiones con capacidad de 10 toneladas cada uno para trasladar ayudas entre el centro de acopio de Vive Claro y el aeropuerto de Bogotá, en coordinación con LATAM Airlines Colombia. Adicionalmente, otros dos camiones con capacidad de 10 toneladas cada uno han salido desde Bogotá con ayudas destinadas a El Águila y El Cairo, municipios afectados en el norte del Valle del Cauca.

Asimismo, desde el miércoles 12 de agosto, el Sistema Coca-Cola dispuso el local comercial ubicado en la carrera 15 con calle 100 de Bogotá como centro de acopio y el viernes 14 de agosto puso en marcha rutas de recolección de donaciones en barrios de Bogotá y Medellín, mediante camiones que recorren diferentes localidades y comunas para acercar las alternativas de donación a los ciudadanos y facilitar su participación en la respuesta a la emergencia.

Durante los próximos días, el Sistema Coca-Cola continuará articulando sus capacidades con autoridades, organizaciones y demás actores que participan en la atención de la contingencia y seguirá ampliando su apoyo con donación de agua y bebidas hidratantes de acuerdo con las necesidades identificadas en los territorios afectados.

En las últimas semanas, las imágenes de incendios se han vuelto más frecuentes. En España, por ejemplo, en lo que va del año se han quemado más de 265 mil hectáreas (un área más grande que la del departamento de Quindío), en Francia, más de 93.000, y en Canadá la situación ha sido más crítica: más de 4 millones de hectáreas afectadas, según Recursos Naturales de Canadá, el ministerio encargado de esta área.

En Colombia también se han empezado a reportar incendios. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que entre el 16 de junio y el 6 de agosto de este año se han registrado 438 incendios forestales en 191 municipios de 19 departamentos, con una afectación aproximada de 7.153 hectáreas de cobertura vegetal.

La mayoría de los incendios se han concentrado en Tolima, con 140 eventos, seguido de Cundinamarca, con 89, y Valle del Cauca, con 43.

Lo más probable es que sigan ocurriendo. Actualmente hay 554 municipios con algún nivel de alerta por incendios. De estos, 181 municipios se encuentran en alerta roja, especialmente en Tolima, Nariño y Cundinamarca, según el informe más reciente del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Esta situación responde, en gran parte, a los efectos del fenómeno de El Niño, que, de acuerdo con los monitoreos científicos, se está consolidando en la región. Según el Ideam, la probabilidad de que se trate de un fenómeno “muy fuerte” ya se encuentra en 81 %, lo que favorece las condiciones de sequías e incendios en el país.

El primer problema: el humo

Cuando ocurren estos eventos, uno de los principales problemas es el humo que se genera. La quema del material vegetal libera una mezcla de gases y partículas. Entre ellas las PM2.5, pequeñas partículas mucho más finas que un grano de arena, capaces de penetrar profundamente en los pulmones e incluso llegar al torrente sanguíneo.

“Las partículas pequeñas, de menos de 10 micrómetros de diámetro, son las que presentan mayores problemas”, afirma la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. La exposición a dichas partículas puede afectar tanto a los pulmones como al corazón. Numerosos estudios científicos han relacionado la exposición a la contaminación por partículas con diversos problemas, como la muerte prematura en personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, ataques cardíacos no mortales, arritmia, asma agravada o disminución de la función pulmonar.

Un estudio publicado en la revista científica Communications Earth & Environment, de Nature, en 2023, señala que los incendios son responsables del 90 % de las emisiones globales de PM2.5, y que, en el caso de la Amazonía brasileña, pueden dispersarse hasta 500 km desde el lugar del incendio durante un año.

Justo esta es una de las zonas más afectadas por los incendios forestales. Un análisis del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés) señala que en 2024 se quemaron 2.8 millones de hectáreas de bosques tropicales amazónicos. Por lo menos el 95% de los incendios se produjeron en dos países: Brasil y Bolivia.

Por esta razón, los investigadores del estudio de 2023 decidieron analizar durante una década (entre 2010 7 2019) los incendios registrados en los 772 municipios que conforman la Amazonía brasileña y que cubren el 58 % del territorio nacional y estimaron la cantidad de PM2.5 que liberaron a la atmósfera.

El estudio encontró que las partículas generadas por los incendios podían desplazarse hasta 500 kilómetros desde el lugar donde se originó el fuego durante un año. Dentro de esa zona de influencia, los investigadores estimaron una acumulación promedio de 889.882 microgramos de PM2.5, según los datos analizados entre 2010 y 2019.

El problema de fondo: la pérdida de bosque

Esa acumulación de contaminantes no es el único problema de los incendios. Estos eventos dejan otro problema de fondo: la pérdida de bosque. Y ahí comienza un círculo vicioso: el fuego libera partículas a la atmósfera, pero al mismo tiempo destruye la vegetación que puede ayudar a retenerlas.

Las hojas, ramas y otras superficies de los bosques pueden actuar como una especie de filtro natural. Las partículas suspendidas en el aire entran en contacto con ellas y se depositan sobre su superficie, contribuyendo así a la regulación de la contaminación.

En el caso de la Amazonía brasileña, los investigadores señalan que la selva amazónica de Brasil tiene la capacidad de absorber 26.376 toneladas de PM2.5 por año. El 27 % de esta capacidad de absorción se concentra en los territorios indígenas.

La capacidad mejora en los municipios con mayor superficie forestal y menor fragmentación, y se traduce en menos enfermedades respiratorias cardiovasculares cada año, y ahorros en costos de salud.

Durante 2010 y 2019, en la región se registraron casi 1,5 millones de casos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares e infecciones relacionadas con incendios forestales. Solo en los territorios indígenas de la región se notificaron 168.663 casos, es decir, 227 por cada 100.000 habitantes.

“Nuestro modelo también indicó que por cada aumento de 1 kg de PM2.5, se notificaron 21 nuevas enfermedades e infecciones en toda la Amazonía brasileña y dos nuevas enfermedades e infecciones en los territorios indígenas”, se lee en el documento.

Además, señalan que deforestar el 1% de las áreas forestales en cada municipio podría generar 82 nuevas enfermedades e infecciones. Por esto, sugieren que, si se protegen los territorios indígenas de la Amazonía en Brasil, se pueden evitar más de 15 millones de casos respiratorios y cardiovasculares cada año.

Eso también se traduce en dinero ahorrado. Según los autores, el costo promedio por hospitalización y tratamiento para cada caso es de USD 132,28 (aproximadamente COP 414.000). “Esto significa que por cada kilogramo adicional de PM2.5 liberado a la atmósfera, existe un costo estimado de $2.777 USD cada año (más de COP 8 millones)”, señalan los investigadores, quienes revisaron los datos del Ministerio de Salud de Brasil para hacer las estimaciones.

En otras palabras, al mantener la protección de estos territorios, se podrían absorber 700.000 kg de PM2,5 cada año, con un ahorro de aproximadamente 2.000 millones de dólares estadounidenses solo en costos de salud.

Riesgos en la Amazonía

Aunque estas advertencias no son nuevas, cobran especial relevancia ante las condiciones que enfrenta actualmente la Amazonía. Los expertos advierten que el actual fenómeno de El Niño podría tener consecuencias más severas que las del anterior evento entre 2023 y 2024, cuando se perdieron las 2.8 millones de hectáreas de bosques tropicales amazónicos que señala el Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina.

Hace unas semanas, Dolors Armenteras, investigadora del Instituto de Ciencias Forestales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, advertía que podríamos ver impactos del mismo orden o peores que los de 2024, sobre todo en el arco sur y suroriente de la Amazonía y “en las zonas de frontera agropecuaria de toda la cuenca, donde la combinación de deforestación reciente, degradación y (mal) uso del fuego amplifica la respuesta climática”, le dijo a El Espectador.

Sobre los incendios, puntualmente, explicó que se deben a una serie de efectos en cadena, pues, al haber temperaturas por encima de lo normal, hay menos humedad en el suelo y se facilitan las condiciones para el fuego.

“Los bosques húmedos tropicales no evolucionaron con la presencia permanente del fuego, como puede ser el caso en otros ecosistemas. Por eso carecen de rasgos funcionales para tolerarlo y basta una sequía severa para que pasen de ser no inflamables a altamente inflamables”, añadió Armenteras. Los árboles de la Amazonía dejan caer grandes cantidades de materia orgánica al suelo y que, al secarse, puede terminar volviéndose combustible.

Por esto, las recomendaciones de las autoridades para la comunidad en general, los turistas y caminantes, que visiten no solo la Amazonía sino otras regiones del país, apagar debidamente las fogatas y no dejar residuos tipo vidrio que sirvan como elementos concentradores de la radiación solar e igualmente reportar a las autoridades en caso de ocurrencia de incendios.

A los consejos departamentales y municipales, las autoridades ambientales regionales y locales, les piden mantener activos los planes de prevención y atención de incendios con el fin de evitar la ocurrencia y propagación de los mismos especialmente en áreas de reserva forestal y los Parques Nacionales Naturales.

BIBO, la campaña ambiental de El Espectador, dio a conocer los finalistas de la edición 2026 de su premio anual. En esta ocasión, eligieron 16 proyectos ambientales, entre 43 semifinalistas y 103 iniciativas postuladas este año. Se trata de proyectos innovadores que generan impactos positivos en los ecosistemas y que demuestran que, al conservar la naturaleza, también se restaura el bienestar de los territorios y las comunidades.

Este año, el Premio BIBO reconocerá cuatro categorías. Cada una tuvo su propio jurado. La primera, Procesos comunitarios que restauran la paz con la naturaleza, estuvo a cargo de Clara Solano Gutiérrez, directora ejecutiva de la Fundación Natura. La segunda, Bioeconomía para el desarrollo de los territorios, fue revisada por Luz Marina Mantilla Cárdenas, directora general del Instituto Amazónico SINCHI. La tercera, Aulas que cuidan y transforman, tuvo como jurado a Santiago Aparicio, experto en política Ambiental y acción climática. Y, la cuarta, ConservArte, estuvo a cargo de María Isabel López Reyes, coordinadora audiovisual de la Fundación Natura.

Los ganadores se darán a conocer el jueves, 20 de agosto, en una ceremonia en Bogotá que será transmitida por todas las redes sociales de El Espectador y la campaña BIBO.

Estos son los finalistas:

Categoría 1- subcategoría “Cuidado comunitario de la biodiversidad en territorios marcados por el conflicto”

Climalab (Bogotá)

Su proyecto es Sembrando Economías de Paz: Jóvenes y mujeres indígenas y campesinas de Putumayo, Santander y Norte de Santander, con el que transforman sus territorios a través de procesos de construcción de paz.

Su foco ambiental es fortalecer las capacidades de mujeres y jóvenes rurales para influir en políticas públicas de construcción de paz y desarrollo territorial, promoviendo economías sostenibles, participación efectiva y generación de conocimiento comunitario.

Sociedad Ornitológica de Córdoba (Tierralta)

Su proyecto es la Reserva Natural La Cristalina: ciencia, comunidad y sostenibilidad en el Alto Sinú, cuyo principal objetivo es fortalecer la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible del territorio en el Alto Sinú, contribuyendo al bienestar de las comunidades locales y a la construcción de paz con la naturaleza.

Categoría 1- subcategoría “Líderes y lideresas ambientales”

Trébola Organización Ecológica (Bogotá)

Su proyecto es Todos somos Plastipaz. Su misión es fortalecer la reconciliación comunitaria y la restauración ambiental en el municipio de Mesetas (Meta), minimizando los impactos ambientales y sociales negativos derivados de la inadecuada gestión de los residuos sólidos aprovechables, mediante un modelo integral de economía circular y bioeconomía que transforme los plásticos en activos de desarrollo sostenible, paz social y cohesión territorial.

Alcaldía de Manizales Emas by Veolia (Manizales)

Su proyecto es Guardianas de la Ladera: Protegiendo vidas desde las alturas. Uno de sus principales objetivos emplear formalmente a 80 mujeres cabeza de hogar de comunidades vulnerables de Manizales como Guardianas de la Resiliencia Territorial, generando un doble impacto transformador: la protección integral del ecosistema urbano-rural mediante la conservación y estabilización de laderas, y la garantía de dignidad laboral, ingresos estables y seguridad económica.

Categoría 2- subcategoría “Grandes empresas”

ISA - Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (Medellín)

Su proyecto es Modelo colaborativo de sostenibilidad ambiental, social y financiera para un Magdalena Medio biodiverso y sostenible. Consiste en un modelo territorial colaborativo que integra la conservación y restauración de la biodiversidad con el fortalecimiento social, cultural y económico de las comunidades, generando valor compartido y sostenibilidad a largo plazo en las tierras bajas del Magdalena Medio, uno de los ecosistemas más estratégicos y biodiversos de Colombia.

Industria Licorera de Caldas (Manizales)

Su proyecto Arena que Transforma es un programa de economía circular que convierte residuos de vidrio posconsumo en soluciones para el desarrollo comunitario, la conservación ambiental y la acción climática en Colombia. Uno de sus objetivos es tansformar el vidrio posconsumo en arena reciclada para su uso en infraestructura sostenible y restauración de ecosistemas marinos, reduciendo la extracción de recursos naturales. Recuperar y transformar los residuos orgánicos generados por la comunidad en abono orgánico de calidad, contribuyendo a la regeneración de los suelos y a la reducción de la disposición final de residuos en rellenos sanitarios.

Categoría 2- subcategoría “Emprendimientos”

Valopes Digital Services S.A.S. (Bogotá)

Su proyecto es Datos ambientales para acelerar bioeconomía, economía circular y acción climática en Colombia. Su objetivo general es fortalecer la bioeconomía y la economía circular mediante una plataforma digital que convierte datos ambientales dispersos en información trazable, verificable y útil para tomar decisiones sobre residuos, agua, energía, movilidad, biodiversidad y emisiones. El proyecto permite que empresas, instituciones, eventos, centros culturales y territorios identifiquen oportunidades de aprovechamiento de materiales, reduzcan impactos ambientales, automaticen reportes y diseñen estrategias de sostenibilidad basadas en evidencia.

Lagunas Adventure (Mapiripán)

Su proyecto es Lagunas Adventure, una iniciativa de bioeconomía a través del turismo de naturaleza rural comunitario de Mapiripán (Meta), articulando la conservación del ecotono orinoco-amazónico con la generación de ingresos alternativos para la comunidad local, la construcción de paz territorial y la reconciliación social y ambiental.

Categoría 2- subcategoría “Pymes”

Empresa de Servicios Públicos Red Vital de Paipa ESP (Paipa)

Su proyecto RED VITAL: Acciones sostenibles que nos unen, busca integrar y fortalecer las acciones de economía circular desarrolladas por la empresa mediante el aprovechamiento de residuos orgánicos y cartón provenientes de la comunidad del municipio de Paipa-Boyacá para la producción de abono orgánico y mobiliario sostenible, generando valor ambiental, social y económico a través de la reducción de residuos dispuestos en rellenos sanitarios, la disminución de costos operativos, la generación de empleo local, el fortalecimiento de la educación ambiental y la participación comunitaria en la gestión responsable de sus propios residuos y el cuidado de su entorno.

Defrucol (El Banco Magdalena)

Su proyecto Vinos la Piragua es un modelo de bioeconomía territorial basado en el aprovechamiento sostenible del corozo (Bactris guineensis), mediante su transformación en productos de alto valor agregado que contribuyan a la conservación de la biodiversidad, el fortalecimiento de las economías locales y el desarrollo sostenible de las comunidades rurales.

Categoría 3- subcategoría “Colegios”

Institución Educativa San Marcos (San Marcos)

Su proyecto es Saberes de agua: Pedagogía anfibia, bio ecoturismo comunitario y sostenibilidad en La Mojana. Su objetivo es afianzar el Aula Flotante de la Institución Educativa San Marcos como un centro vivo de pedagogía anfibia, para impulsar la sostenibilidad ambiental, económica y social de La Mojana; esto mediante una educación contextualizada que articule propuestas STEM para la conservación de la hicotea, el codiseño de tecnologías locales y el desarrollo del bioecoturismo comunitario fundamentado en el diálogo entre saberes locales y conocimientos académicos, a partir de la gestión integral de residuos agrícolas y bio residuos pesqueros.

Institución educativa Luis López de Mesa (Bahía Solano)

Su proyecto es Proyecto: Ecosistemas marino costeros como aulas vivas para la construcción de conocimiento científico, pedagógico y cultural en Bahía Solano, Chocó. Su meta es fortalecer las competencias científicas, pedagógicas y socioculturales de la comunidad educativa de la institución, mediante la incorporación de los ecosistemas marino costero como aulas vivas que integren saberes locales y conocimiento científico para aumentar prácticas de aprovechamiento sostenible de los recursos del territorio.

Categoría 3- subcategoría “Universidades”

Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt (Armenia)

Su proyecto: EcoHumboldt es un iniciativa institucional de Proyección Social que fortalece la cultura ambiental, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad, al fortalecimiento de la sostenibilidad del territorio mediante procesos de educación, sensibilización, innovación, participación comunitaria y apropiación social del conocimiento. A través de la articulación entre la universidad y los actores del territorio, promueve el desarrollo de soluciones sostenibles que contribuyen a la transformación ambiental y social del departamento del Quindío.

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Bogotá)

Su proyecto es Escuela del Agua y Cambio Climático. Sus principales objetivos son fortalecer las capacidades, competencias y habilidades de los habitantes del territorio CAR-Cundinamarca para contribuir al desarrollo sostenible y armónico de la región. Desarrollar un programa de formación a través de cursos cortos en temáticas relacionadas al ambiente, el cambio climático y el manejo de los recursos naturales. Y, orientar la formulación de proyectos a través de grupos multidisciplinares que aborden problemáticas socioambientales en municipios del territorio CAR.

Categoría 4- subcategoría “Colectivos o grupos culturales”

Festival Internacional de Cine Ambiental de Cali- FINCALI (Cali)

Su proyecto es Pantalla Verde – Ecosistema digital de Cultura Ambiental a través del Cine. Su principal objetivo es contribuir a la conservación de la biodiversidad y al fortalecimiento de una cultura ambiental en Colombia y América Latina mediante la gestión y sostenibilidad de un ecosistema digital de circulación, articulación, mediación y educación ambiental a través del cine y las narrativas audiovisuales, que conecte a personas, comunidades y organizaciones inspirando nuevas formas de comprender y cuidar los territorios, movilizando a su vez la participación ciudadana hacia acciones colectivas en favor de la conservación y la justicia socioambiental.

Sinfonía Trópico (Bogotá)

Su proyecto Sinfonía Trópico busca fortalecer y estimular, a través de las ciencias, el arte y la creación colectiva, la curiosidad y la conciencia sobre la conservación de la biodiversidad y el cambio climático en Colombia, focalizando el trabajo con jóvenes líderes en regiones del país históricamente afectadas por conflictos socioambientales, promoviendo nuevas formas de sentir, narrar y proteger el entorno natural y cultural del país.