Bogotá podría enfrentar dificultades en el suministro de energía si, durante los momentos de mayor consumo, la demanda supera la capacidad disponible del sistema eléctrico. Así lo advirtió el alcalde Carlos Fernando Galán, quien aseguró que se trata de un riesgo latente para la capital y la región Central del país.

La preocupación cobra relevancia en medio de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, que puede traer temperaturas más altas y periodos de sequía. En ese escenario, un aumento del consumo podría ejercer mayor presión sobre una infraestructura que, según el mandatario, tiene limitaciones para atender determinados picos de demanda.

“Existe ese riesgo sin lugar a dudas, es latente, precisamente porque hoy no tenemos la capacidad; el sistema está interconectado, pero no tiene la capacidad de abastecer, por ejemplo, la región central, para cumplir la demanda que estamos generando”, señaló Galán en entrevista con CityTV.

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¿Dónde está el riesgo?

El punto crítico estaría en aquellos momentos del día en los que muchos usuarios demandan energía al mismo tiempo. Si el sistema no tiene capacidad suficiente para responder a ese incremento, podrían presentarse dificultades en el abastecimiento.

“Cuando hay picos de demanda, si la capacidad no da para atender ese momento, tenemos graves problemas”, explicó el alcalde.

La advertencia no significa que Bogotá tenga un apagón programado ni que una interrupción del servicio sea inevitable. El escenario señalado por Galán corresponde a un riesgo que podría materializarse si el consumo aumenta por encima de la capacidad disponible.

Galán pide soluciones con el Gobierno Nacional

Ante este panorama, el mandatario aseguró que Bogotá deberá trabajar con el Gobierno Nacional para encontrar alternativas que permitan fortalecer la respuesta del sistema y reducir el riesgo en el corto plazo.

“Sin lugar a dudas, es un riesgo latente que tenemos en el corto plazo”, insistió.

El desafío será anticiparse a los periodos de mayor consumo y garantizar que Bogotá y la región Central tengan energía suficiente para responder a la demanda, especialmente mientras persistan las condiciones climáticas asociadas a El Niño.

Yo creo que así queda mucho más limpia, porque explicamos desde arriba qué tiene que ver El Niño, aterrizamos qué significa realmente el riesgo y dejamos claro que Galán no está anunciando que vaya a haber un apagón, sino advirtiendo sobre un posible escenario.

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Una obra vial contratada en dos oportunidades, que todavía permanece inconclusa, y recursos destinados a vivienda que siguen pendientes de recuperación dejaron dos hallazgos con posible incidencia fiscal por más de $1.007 millones, en una auditoría de la Contraloría de Bogotá, a la Secretaría Distrital del Hábitat.

El organismo de control revisó la gestión de la entidad durante la vigencia 2025 y encontró, en total, 12 hallazgos administrativos, nueve con presunta incidencia disciplinaria y dos con incidencia fiscal.

El caso de mayor cuantía está en Los Alpes, en Ciudad Bolívar, donde cuatro segmentos viales y espacios públicos fueron intervenidos a través de dos contratos.

Más de COP 977 millones y las obras siguen sin terminar

Según la Contraloría, la intervención fue contratada inicialmente en 2021. Como las obras no lograron culminarse, en 2023 se celebró un nuevo contrato para avanzar en los trabajos pendientes.

Sin embargo, el segundo intento tampoco consiguió terminar completamente la intervención.

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El ente de control estableció que se realizaron pagos superiores a COP 977 millones, pese a que persistieron frentes inconclusos y no se alcanzó el propósito para el cual habían sido contratadas las obras.

“Más allá de las cifras, el impacto recae sobre una comunidad que continúa esperando infraestructura segura y funcional”, señaló Steffi Rosbenisa Acevedo Sánchez, directora de Hábitat y Ambiente de la Contraloría de Bogotá.

Además del posible impacto sobre los recursos públicos, la Contraloría advirtió que las obras sin terminar mantienen condiciones que pueden representar riesgos para los habitantes del sector.

Más de COP 30 millones para vivienda Emberá siguen pendientes

El segundo hallazgo está relacionado con recursos destinados a complementar subsidios de vivienda para hogares de la comunidad Emberá.

Aunque una parte del dinero regresó a la Tesorería Distrital después de la liquidación del convenio, más de COP 30 millones todavía están pendientes de recuperación.

Según el organismo de control, el retorno de esos recursos depende actualmente de acciones judiciales, por lo que el dinero no está disponible de manera inmediata para financiar otras necesidades de la ciudad.

Con ambos casos, la auditoría calculó más de COP 1.007 millones en presuntas afectaciones al patrimonio público.

Ahora serán las actuaciones correspondientes las que determinen las eventuales responsabilidades. Mientras tanto, la Contraloría anunció que mantendrá seguimiento sobre el uso de los recursos destinados a vivienda, infraestructura y mejoramiento de las condiciones de vida de los bogotanos.

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Cifras presentadas por el DANE indican que el agro colombiano vive uno de los momentos más dinámicos de los últimos años. Según la institución, en enero de 2026 las exportaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas alcanzaron USD 1.408 millones FOB, un 23 % más que en el mismo mes del año anterior.

Este escenario se acompaña de retos en materia de productividad, costos y competitividad; un dato clave cuando se observa en el reporte de la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria (Upra) que entre enero y marzo el país alcanzó su mejor trimestre exportador de la historia en los sectores agropecuario y agroindustrial, con ventas de USD 3.989 millones.

Asimismo, otros datos influyen en la actualidad del sector. Por ejemplo, existe una presión sobre los costos de producción. En junio, los fertilizantes aumentaron 15,3 % su precio anual, acumulando 15 meses de incrementos.

Por eso, el sector debe aprovechar su buen momento exportador mientras enfrenta retos y mayores exigencias de los mercados. En este escenario, del 21 al 23 de octubre se llevará a cabo Expo Agrofuturo 2026, evento que reunirá a más de 350 empresas y cerca de 14.000 visitantes especializados, compradores internacionales, inversionistas, entidades financieras, entre otros actores clave en la cadena agroalimentaria.

La agenda de esta edición estará atravesada por tres temas: innovación y tecnología, negocios estratégicos y sostenibilidad.

Tecnología en el agro

Uno de los pilares de la cita será la tecnología. Se abordarán temas como la inteligencia artificial aplicada al campo, agricultura de precisión, agricultura 4.0, biotecnología, entre otros temas que están transformando los procesos de producción.

Una de las novedades más importantes de 2026 será la transformación de FIXA. El que hasta ahora era un salón académico se convertirá en un Ecosistema de Conocimiento, con seis espacios especializados distribuidos por diferentes puntos de la feria.

De igual forma, la agenda incluirá conversaciones sobre seguridad alimentaria, agricultura regenerativa, financiamiento rural, exportaciones, innovación AgrifoodTech y acceso a mercados internacionales.

Una oportunidad de negocio

El segundo frente se concentra en las conexiones que pueden convertirse en negocios. Por eso, AgroMatch, la rueda de negocios de Expo Agrofuturo, reunirá a diferentes actores de la cadena para facilitar encuentros comerciales y abrir nuevas posibilidades de inversión y cooperación.

Productores, empresarios, compradores internacionales, inversionistas, entidades financieras, startups y desarrolladores tecnológicos encontrarán en este espacio una oportunidad para establecer relaciones y oportunidades de negocio.

Expo Agrofuturo 2026 no solo apuesta por exponer cuáles son las tendencias del sector, también se posiciona como un punto donde esas tendencias puedan convertirse en proyectos, alianzas y oportunidades comerciales.

“El crecimiento que hoy registra el agro colombiano representa una oportunidad histórica, pero también plantea nuevos desafíos. El siguiente paso no depende únicamente de producir más, sino de incorporar tecnología, generar mayor valor agregado, acceder a nuevos mercados y fortalecer las conexiones entre quienes hacen parte de la cadena agroalimentaria. Expo Agrofuturo 2026 busca convertirse en el escenario donde esas conversaciones se transformen en alianzas, inversión y negocios para el desarrollo del sector”, dijo Doris Chingaté, jefe de proyecto de Expo Agrofuturo en Corferias.

Sostenibilidad en marcha

La sostenibilidad es otro de los ejes presentes en esta cita. Se trata de un tema que ha dejado de ser complementario para convertirse en parte de las decisiones que toman productores y empresas frente al futuro del sector. Agricultura regenerativa, eficiencia en los procesos productivos, innovación y nuevas soluciones para responder a los desafíos ambientales y sociales harán parte de esta conversación.

Así, AgStar, el ecosistema de emprendimiento e innovación de Expo Agrofuturo, tendrá un papel importante. El espacio permitirá conocer startups y proyectos que están desarrollando soluciones para algunos de los principales desafíos de la agroindustria y que, al mismo tiempo, muestran hacia dónde se mueve la innovación en el sector.

Ricardo Jaramillo, CEO de Agrilink y socio organizador de Expo Agrofuturo, señaló que “las grandes transformaciones del agro comienzan cuando el conocimiento, la innovación y el capital se encuentran en un mismo lugar. Esta edición de Expo Agrofuturo está diseñada para anticipar las tendencias que marcarán la próxima década del sector y conectar a quienes tienen la capacidad de convertir esas tendencias en oportunidades reales de crecimiento para Colombia y América Latina”.

Expo Agrofuturo 2026 buscará reunir en un mismo escenario las conversaciones, herramientas y conexiones que hoy están definiendo el rumbo de la agroindustria. Durante tres días, Corferias será nuevamente punto de encuentro para productores, empresarios, inversionistas, compradores y actores de toda la cadena, en una edición que buscará resolver la siguiente pregunta: ¿cómo aprovechar el momento que vive el agro colombiano para construir un crecimiento que sea competitivo, sostenible y capaz de generar nuevos negocios para la región?

Bogotá será una de las siete ciudades que participarán simultáneamente en ART CUT’26, la primera Trienal de Arte de Universidades Católicas, una iniciativa internacional que reunirá arte contemporáneo de América, Europa y África bajo una misma pregunta: ¿cómo volver a encontrarnos con aquello que es distinto a nosotros?

En la capital, la exposición “Ejercicios de empatía: Salida Interior” abrirá gratuitamente al público el próximo 9 de septiembre en la Pontificia Universidad Javeriana y permanecerá disponible hasta el 20 de octubre.

La muestra reunirá 13 obras de artistas nacionales e internacionales, con fotografía, video, instalaciones inmersivas y sonoras, performance, dibujo y creación multimedia.

La Trienal, promovida por el Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede y bajo la curaduría general de Nuno Crespo, reúne en su primera edición a más de 100 artistas, 15 curadores y siete universidades.

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Del sueño Yanomami a los sonidos de un glaciar

La propuesta bogotana busca ir más allá de recorrer una sala mirando obras. Algunas de las piezas están diseñadas para que el visitante escuche, sienta y participe.

Entre los artistas invitados está Apichatpong Weerasethakul, cineasta tailandés ganador de la Palma de Oro de Cannes, quien presentará Durmiente & Async, una videoinstalación en la que imágenes de personas dormidas, paisajes y animales dialogan con una composición sonora de Ryuichi Sakamoto.

También estará la fotógrafa y activista suizo-brasileña Claudia Andujar con Sonhos Yanomami, una serie de 20 fotografías surgidas de imágenes realizadas durante sus años de relación con el pueblo Yanomami. Las piezas evocan sueños, visiones y formas de comprender el territorio desde esta comunidad amazónica.

Otra de las experiencias será Eccesso di Ablazione, de Sergio Maggioni, construida a partir de más de 15.000 horas de grabaciones bioacústicas del glaciar Adamello, en los Alpes italianos. El deshielo, las fracturas y los movimientos internos del glaciar se transforman allí en una instalación sonora inmersiva.

Y en Ostorium nocturno, de Leonel Vásquez y Carolina Ortiz, el sonido se convierte en vibraciones para que el visitante pueda sentirlo físicamente, y no únicamente escucharlo.

Arte indígena, crisis ambiental y memoria

La exposición también tendrá una importante presencia de obras vinculadas con comunidades y territorios.

La artista Misak Julieth Morales Aranda presentará una pieza elaborada con serigrafía y tierra sobre tela, nacida de un proceso de reconexión con sus raíces indígenas y del trabajo con mujeres de su comunidad.

José Ismael Manco llevará dos dibujos de la serie Cotocua, inspirados en su amistad y colaboración con Berito Cobaría, líder del pueblo U’wa.

La crisis ecológica aparecerá en varias piezas. Angélica Piedrahita propone un diálogo ficcional entre rocas y mirlos para reflexionar sobre contaminación e interdependencia, mientras Nicolás Leyva Townsend aborda las transformaciones de los nevados.

Por su parte, Río Adentro, de David Vélez, utiliza grabaciones subacuáticas y subterráneas realizadas en el río Calder, en Reino Unido, para llamar la atención sobre el deterioro de los cuerpos de agua.

Una exposición para conversar, no solo para mirar

La muestra tendrá además espacios de mediación para conectar a los visitantes con las obras y propiciar conversaciones entre artistas, comunidad universitaria y ciudadanía.

“Las trece obras que conforman Salida Interior nos invitan a reflexionar sobre la empatía al proponer distintos gestos de permeabilidad y afectación”, explicó Lucía Parias, quien comparte la curaduría local con Sylvia Suárez.

La intención, agrega, es explorar nuevas maneras de relacionarse con “cuerpos, memorias, comunidades, territorios, entidades humanas y no humanas” en un presente marcado por el aislamiento y la fragmentación.

Mientras Bogotá recibe esta muestra, exposiciones de ART CUT’26 se desarrollarán simultáneamente en universidades de Río de Janeiro, Santiago de Chile, Boston, Milán, Lisboa y Luanda.

¿Cuándo y dónde visitar la exposición?

“Ejercicios de empatía: Salida Interior” abrirá el 9 de septiembre y estará disponible hasta el 20 de octubre de 2026 en el Área de Exposiciones de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana, ubicada en la calle 40B No. 5-37, Bogotá.

La entrada será gratuita y abierta a toda la ciudadanía, convirtiendo a la Javeriana durante más de un mes en una de las siete ventanas mundiales de esta nueva Trienal de arte contemporáneo.

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Cuando un colegio de Bogotá detecta que un adolescente presenta ideación o riesgo suicida, la respuesta no termina necesariamente en el consultorio. Mientras las instituciones activan las rutas de atención, el Distrito está probando otra herramienta para acompañar el bienestar de algunos jóvenes: espacios de arte, cultura y movimiento.

La apuesta se llama EstarBien Bogotá, estrategia que comenzó en 2024 y trabaja principalmente con adolescentes identificados por los equipos de orientación de colegios distritales y con personas mayores que enfrentan soledad no deseada.

No reemplaza una intervención psicológica o psiquiátrica y tampoco pretende hacerlo. La idea es otra: trabajar sobre factores como el aislamiento; la dificultad para expresar emociones; la pérdida de vínculos, o la baja percepción de bienestar mediante laboratorios de 12 sesiones, acompañados por profesionales en arteterapia y danza movimiento terapia.

“Cuando aparece una situación que requiere atención especializada, se activan las rutas correspondientes”, explica el secretario de Cultura, Santiago Trujillo Escobar. El programa, insiste, no realiza atención clínica del riesgo suicida. Ahí está precisamente uno de los puntos centrales de la estrategia: intentar intervenir antes y alrededor de la crisis, y no únicamente cuando una persona necesita atención médica.

¿Qué tiene que ver la cultura con la salud mental?

La discusión hace parte de una tendencia más amplia conocida como prescripción social, que busca incorporar actividades comunitarias, culturales, recreativas o sociales a los procesos de bienestar.La médica Adriana Garza, especialista en medicina funcional y nutrición clínica y participante de la Semana del Bienestar que realiza Bogotá, explica que la diferencia frente a recomendar simplemente que una persona “salga más” o busque un pasatiempo está en convertir esa actividad en un propósito concreto.

“La prescripción social es literalmente prescribir con intención, horario, rutina y establecimiento de metas aquello que la persona busca hacer para tener mayor interacción con su comunidad, con su barrio o con sus relaciones cercanas”, señala. Es decir, no se trataría únicamente de sugerirle a alguien que baile, pinte o participe en un grupo, sino de identificar junto con esa persona qué actividad puede ayudarle a fortalecer sus vínculos y cómo incorporarla de manera constante a su vida cotidiana.

Garza asegura que el interés por este tipo de intervenciones aumentó después de la pandemia, cuando el aislamiento y sus efectos sobre la salud cobraron mayor relevancia en la investigación. La médica señala que sentirse acompañado, escuchado o parte de una comunidad se ha asociado con mejores indicadores de bienestar y menor aislamiento. Por eso, dice, una de las preguntas actuales de la medicina es cómo recuperar deliberadamente esos vínculos.

En adolescentes, sin embargo, esa intervención tiene límites particularmente sensibles. Un laboratorio artístico no sustituye una valoración del riesgo suicida, una psicoterapia ni cualquier tratamiento que determine un profesional de salud. Y el propio Distrito reconoce esa frontera.

Doce sesiones para hablar de lo que cuesta decir

En los colegios, Educación prioriza instituciones a partir de sus sistemas de alertas y son los equipos de orientación quienes identifican a los estudiantes que podrían beneficiarse de EstarBien. Después vienen los laboratorios. Durante 12 sesiones, los jóvenes realizan actividades asociadas al movimiento y distintas expresiones artísticas. El propósito no es formar bailarines, actores o pintores.

Según la Secretaría de Cultura, los ejercicios buscan que los participantes encuentren otras formas de reconocer lo que sienten, expresar emociones, fortalecer su autoconfianza y relacionarse con otras personas. Esa diferencia es importante. Mientras una actividad extracurricular puede concentrarse en aprender una técnica, EstarBien intenta usar esa práctica como vehículo para trabajar dimensiones del bienestar.

Desde que comenzó la estrategia, en 2024, 9.927 personas han participado en alguna de sus actividades en 17 localidades de Bogotá. De ellas, 2.692 adolescentes y personas mayores participaron directamente en los Laboratorios de Cultura para el Bienestar y la Salud, mientras otras 7.235 asistieron a encuentros comunitarios y eventos masivos. Pero la cifra de beneficiarios apenas cuenta una parte de la historia. La pregunta más relevante es si algo cambia después de las sesiones.

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Los primeros resultados

El Distrito creó un denominado Índice EstarBien para medir distintas dimensiones antes y después de los laboratorios. Entre los adolescentes participantes, ese indicador mejoró cerca de 18 % entre el inicio y el cierre del proceso, según cifras entregadas por la Secretaría de Cultura. También encontraron cambios en preguntas específicas. Al comenzar los laboratorios, 17,5 % de los jóvenes evaluados no se reconocía como una persona valiosa. Al finalizar, la proporción bajó a 12,66 %.

Algo similar ocurrió con la expresión emocional: quienes reportaban dificultades para expresar lo que sentían pasaron de 38 % a 27 %. Son resultados favorables, pero tienen una limitación importante: todavía no permiten concluir que EstarBien sea la causa de esos cambios. La propia Secretaría lo admite.

“Tenemos mediciones antes y después de los laboratorios que muestran cambios favorables en distintas dimensiones del bienestar, pero todavía no contamos con una evaluación de impacto que permita atribuir causalmente estos cambios únicamente a EstarBien Bogotá”, explica el secretario Trujillo.

Un adolescente puede recibir simultáneamente apoyo de su familia, orientación escolar, atención psicológica, intervención de Salud o experimentar cambios en sus relaciones personales. Separar el efecto de cada factor requiere una evaluación más robusta. Por eso, el Distrito asegura que está fortaleciendo su sistema de medición para identificar no solo cuánto cambia el bienestar, sino por qué ocurre y bajo qué condiciones.

Ese será uno de los principales retos de la estrategia si Bogotá quiere llevarla más allá de una experiencia piloto o complementaria: demostrar qué funciona, para quién funciona y cuáles son sus límites.

No esperar hasta la crisis

EstarBien también trabaja con personas mayores que enfrentan aislamiento o soledad no deseada. En ese grupo, las mediciones del Distrito muestran que la percepción de soledad persistente disminuyó 16 puntos porcentuales y que 96 % de los participantes reportó un fortalecimiento de sus vínculos o una mayor sensación de acompañamiento.

Aunque adolescentes y adultos mayores enfrentan problemas distintos, la apuesta pública encuentra un punto común: la conexión con otras personas como factor de bienestar. Para Garza, allí está buena parte del valor de la prescripción social. Una persona puede cumplir recomendaciones tradicionales de salud y, aun así, sentirse profundamente aislada. Incorporar actividades que reconstruyan vínculos y sentido de pertenencia intenta intervenir justamente en esa dimensión.

El reto está en no confundir una herramienta complementaria con un tratamiento. En el caso de un adolescente con ideación suicida, la prioridad continúa siendo valorar el riesgo y activar las respuestas especializadas necesarias. El arte puede abrir una conversación, ayudar a expresar una emoción o recuperar un vínculo, pero no reemplaza esa atención.

La discusión que está planteando Bogotá es, más bien, qué ocurre antes, durante y después de ella. Durante décadas, las respuestas institucionales a los problemas de salud mental estuvieron concentradas principalmente en el sector sanitario. Estrategias como EstarBien parten de otra idea: que una parte del bienestar también se construye en el colegio, en un grupo, en una actividad cultural, en el movimiento y en la posibilidad de sentirse acompañado.

“Los grandes desafíos de una ciudad no caben dentro de una sola Secretaría”, sostiene el secretario de Cultura. Bogotá ahora tendrá que demostrar hasta dónde puede llegar esa apuesta. Los primeros datos muestran cambios positivos entre quienes completan los laboratorios, pero todavía falta saber cuánto de esa mejoría corresponde al programa y, especialmente, qué capacidad tiene para sostenerse en el tiempo.

Porque frente a una alerta tan delicada como la ideación suicida, contar personas atendidas es apenas el comienzo. La verdadera medida será saber si esas intervenciones logran fortalecer de manera duradera las redes, el bienestar y las herramientas con las que los jóvenes enfrentan una crisis.

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A los conductores que eligieron dividir el impuesto de vehículos de 2026 en dos cuotas se les acaba el tiempo. Este viernes 4 de septiembre vence el plazo para pagar la segunda y última cuota del Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) en Bogotá.

Este año, 5.155 vehículos se acogieron a esta modalidad, habilitada por primera vez para este impuesto en la capital. El mecanismo permitió repartir el valor total en dos pagos sin intereses, siempre que se cumplieran las fechas establecidas.

“Quienes eligieron pagar el impuesto por cuotas están próximos a completar su obligación. La invitación es a realizar oportunamente esta segunda y última cuota”, señaló Pablo Verástegui, director de Impuestos de Bogotá.

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¿Cómo pagar la última cuota?

Los contribuyentes deben ingresar directamente a la página oficial de la Secretaría Distrital de Hacienda, entrar a la Oficina Virtual con sus datos y buscar la opción “Obligaciones pendientes”.

Allí podrán descargar el cupón correspondiente a la segunda cuota. Una vez generado, el pago puede hacerse en línea o imprimiendo el recibo para cancelarlo en una entidad financiera autorizada.

La Secretaría hizo especial énfasis en utilizar únicamente sus canales oficiales. Hacienda no envía enlaces de pago por WhatsApp, mensajes de texto ni redes sociales, por lo que recomienda escribir directamente la dirección de su página en el navegador para evitar posibles fraudes.

Bogotá ya recaudó $1,54 billones por este impuesto

Con corte al 28 de agosto, el Distrito había recibido COP 1,54 billones por impuesto de vehículos, equivalente al 90 % de la meta de $1,7 billones prevista para 2026.

En Bogotá hay 2.409.157 vehículos obligados a declarar y pagar este tributo, entre ellos 278.162 motocicletas.

Así las cosas, quienes escogieron el pago por cuotas tienen hasta este viernes para ponerse al día y cerrar su obligación tributaria de 2026.

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Perder varias horas entre desplazamientos, filas y trámites podría dejar de ser parte de la rutina de algunos conductores en Bogotá. Un proyecto aprobado en primer debate en el Concejo propone llevar más gestiones de tránsito al entorno virtual y facilitar la solución de determinadas infracciones directamente en la vía.

La iniciativa, denominada “Trámites sin Trancón y Conductores Comprometidos con Bogotá”, es liderada por el concejal Marco Acosta y plantea utilizar herramientas tecnológicas para reducir desplazamientos y tiempos de espera en algunos procedimientos relacionados con tránsito.

Uno de los principales cambios estaría en los cursos pedagógicos que permiten acceder a los descuentos establecidos para ciertas infracciones. La propuesta busca facilitar que puedan realizarse de manera virtual, dependiendo del tipo y el impacto de la infracción.

La idea es que el conductor no tenga que desplazarse únicamente para cumplir este requisito y pueda adelantar el proceso de forma más rápida.

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¿Menos vehículos llevados en grúa?

Otro punto busca cambiar la manera en que se atienden determinadas infracciones directamente en la vía.

El proyecto propone establecer una clasificación técnica para identificar aquellos casos que, bajo las condiciones permitidas por la ley, puedan resolverse en el lugar sin necesidad de inmovilizar el vehículo mediante una grúa.

Por ejemplo, se tendría en cuenta el estado del automotor y si una eventual falla puede solucionarse en ese mismo punto. Esto no eliminaría las inmovilizaciones, sino que buscaría evitar aquellas que no sean necesarias en los casos que permita la normativa.

Más trámites desde el celular o computador

La propuesta también contempla campañas para que los ciudadanos conozcan y utilicen las herramientas digitales disponibles para realizar trámites de tránsito.

“La tecnología tiene que estar al servicio del ciudadano. No podemos seguir obligando a una persona a desplazarse y hacer filas cuando un trámite puede avanzar hacia un modelo virtual”, señaló Acosta.

El proyecto incluye, además, estrategias para incentivar que los vehículos nuevos sean matriculados en Bogotá y que propietarios con carros registrados en otras jurisdicciones trasladen su matrícula a la capital.

Con esto, la iniciativa busca ampliar la base tributaria de Bogotá y fortalecer el recaudo del impuesto de vehículos. También plantea mecanismos para identificar y hacer seguimiento a propietarios que tengan obligaciones pendientes.

Por ahora, las medidas son apenas una propuesta que superó su primer debate en el Concejo. De avanzar en su trámite, la apuesta será que algunos procedimientos de tránsito puedan resolverse con menos filas, desplazamientos y trámites presenciales.

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Una niña de cinco años fue encontrada sola, en pijama y llorando en una calle de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. Habitantes del sector advirtieron su presencia durante la madrugada y solicitaron la intervención de la Policía.

Las primeras verificaciones indican que la menor habría quedado sin compañía dentro de una habitación, después de que su madre saliera presuntamente a encontrarse con una amiga. Las autoridades investigan cuánto tiempo permaneció sola y las circunstancias que le permitieron abandonar la vivienda.

La Policía activó la ruta de atención integral y dejó a la niña bajo la protección de la autoridad administrativa competente, encargada de verificar sus derechos y determinar las medidas que requiere el caso.

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La niña habría salido a buscar ayuda

De acuerdo con el reporte preliminar, la menor permanecía en una habitación ubicada en el tercer piso del inmueble. Al encontrarse sola, habría salido de la vivienda y llegado hasta la calle para pedir ayuda.

Personas del sector la vieron caminando y alertaron a las autoridades. Cuando los uniformados llegaron, la encontraron llorando y en aparente situación de abandono.

“Atendiendo el llamado de la comunidad en horas de la madrugada, nuestras patrullas llegaron al lugar y encontraron a una menor en vía pública llorando y en aparente estado de abandono”, explicó el jefe de Servicios Especiales de la Policía.

Los policías cobijaron a la niña y realizaron una primera valoración de sus condiciones. El reporte conocido no señala que presentara lesiones ni precisa cuánto se alejó de su residencia antes de ser localizada.

Investigan por qué quedó sin compañía

La versión según la cual la madre salió para encontrarse con una amiga forma parte de las indagaciones iniciales y todavía debe ser confirmada por las autoridades. Tampoco se ha informado si había otra persona responsable del cuidado de la niña o si existían antecedentes de posibles vulneraciones en el hogar.

El procedimiento deberá establecer la hora en la que la mujer salió del inmueble, cuánto tiempo permaneció la menor sin supervisión y qué riesgos enfrentó al recorrer sola una vía pública durante la madrugada.

Por ahora, las autoridades no han anunciado capturas, imputaciones ni sanciones contra la madre. La existencia de una eventual responsabilidad penal o administrativa dependerá de las evidencias recaudadas y de las decisiones que adopten las entidades competentes.

¿Qué ocurre después de activar la ruta de protección?

La Policía informó que entregó a la niña a la autoridad administrativa encargada de adelantar el procedimiento de restablecimiento de derechos. Este proceso comienza con una valoración de su estado físico y emocional, sus condiciones familiares y la seguridad del lugar donde reside.

Un defensor de familia o un comisario de familia, según la competencia, puede ordenar medidas provisionales mientras determina si la menor puede permanecer con su núcleo familiar, quedar al cuidado de un familiar cercano o requerir otra modalidad de protección.

La entrega a una autoridad administrativa no significa automáticamente que la madre pierda la custodia. Esa decisión exige una valoración interdisciplinaria y debe responder al interés superior de la niña.

El reporte inicial tampoco identifica cuál entidad asumió concretamente el caso ni informa dónde permanecerá la menor durante el procedimiento. La reserva sobre estos datos busca proteger su intimidad y evitar su identificación.

¿Cómo reportar a un menor en situación de riesgo?

Quienes encuentren a un niño solo o adviertan una posible situación de abandono deben acompañarlo a un lugar seguro y comunicarse con la Línea 123. No se recomienda difundir fotografías, nombres, direcciones o información familiar en redes sociales.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también dispone de la Línea 141, gratuita y disponible durante las 24 horas, para reportar emergencias, solicitar protección y recibir orientación sobre situaciones que afecten a niños, niñas y adolescentes.

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El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un crédito directo de US$149,25 millones para Bogotá, sin que el Gobierno Nacional responda como garante de la deuda. La operación tendrá un plazo máximo de 14 años y medio y financiará intervenciones urbanas, manejo de residuos, apoyo a recicladores y modernización catastral.

El paquete anunciado por la Alcaldía alcanza los US$150 millones porque incluye otros US$750.000 correspondientes a una cooperación no reembolsable. En consecuencia, no todo el monto divulgado constituye deuda: el 99,5 % corresponde al préstamo y el 0,5 % restante, a recursos que la ciudad no deberá devolver.

Bogotá contará con tres años para ejecutar el programa. La administración calcula que las intervenciones de revitalización beneficiarán a unos 520.000 hogares, mientras el BID proyecta atención específica para 5.128 recicladores de oficio y la recuperación de más de 300.000 toneladas de residuos dispuestos irregularmente.

El crédito tendrá 14,5 años de plazo

El préstamo contará con un periodo de gracia de tres años y medio. Durante ese lapso, Bogotá podrá avanzar en las inversiones antes de comenzar a amortizar el capital, según las condiciones que queden incorporadas en el contrato.

La tasa de interés estará determinada por condiciones de mercado. El BID no publicó en su comunicado el porcentaje inicial, la moneda efectiva de pago, el esquema de amortización ni las reglas para cubrir el riesgo cambiario.

Estos datos resultan determinantes para conocer el costo final. Si la obligación permanece denominada en dólares, una devaluación del peso puede aumentar el valor del capital y de las cuotas expresadas en moneda colombiana. La Secretaría de Hacienda deberá informar si contratará coberturas o si la operación incorpora mecanismos para reducir ese riesgo.

El BID estructuró la financiación como un préstamo basado en resultados. Bajo esta modalidad, los desembolsos se relacionan con el cumplimiento de productos, metas o indicadores previamente acordados, en lugar de girarse únicamente contra la presentación de gastos.

US$150 millones incluyen un componente que Bogotá no devolverá

El anuncio distrital presentó la operación como un crédito de US$150 millones. El detalle publicado por el BID permite precisar su composición:

• US$149,25 millones corresponden al préstamo reembolsable.
• US$750.000 son una cooperación de inversión no reembolsable.
• El plazo máximo del crédito será de 14,5 años.
• El periodo de gracia será de 3,5 años.
• La tasa dependerá de las condiciones del mercado.

La diferencia resulta relevante para calcular el endeudamiento real de la ciudad. La administración tendrá que pagar capital e intereses sobre US$149,25 millones, mientras el aporte de US$750.000 funcionará como financiación complementaria.

Ochenta barrios recibirán intervenciones urbanas

El primer frente contempla acciones de revitalización en 80 barrios. Las obras incluirán vías, parques, andenes, iluminación, renaturalización y sistemas urbanos de drenaje sostenible.

Estos sistemas permiten captar, infiltrar, almacenar o conducir el agua de lluvia mediante superficies permeables, jardines, zanjas y otras soluciones. Su implementación puede reducir encharcamientos, disminuir la presión sobre el alcantarillado y recuperar espacios verdes.

Bogotá intervendrá 100 puntos críticos de residuos

El segundo componente se concentrará en lugares donde se acumulan escombros, muebles, residuos voluminosos y basuras arrojadas clandestinamente. El Distrito plantea intervenir 100 puntos críticos y reincorporar materiales aprovechables a cadenas productivas.

El BID fijó como resultado esperado la recuperación de más de 300.000 toneladas procedentes de sitios de disposición informal. La cifra supera la limpieza puntual de los espacios y exige evitar que vuelvan a convertirse en botaderos.

El programa incluirá sistemas para recolectar, tratar y aprovechar residuos bajo un enfoque de economía circular. También financiará herramientas de información para vigilar el funcionamiento del esquema de aseo y de sus operadores.

Más de 5.000 recicladores recibirán apoyo

El comunicado de la Alcaldía habla de 5.000 recicladores beneficiados, mientras el BID precisa una meta de 5.128. Bogotá calcula que en la ciudad trabajan alrededor de 26.000 recicladores de oficio, de modo que el programa alcanzaría cerca de una quinta parte de esta población.

Las acciones contemplan el acceso a la oferta institucional y la creación o fortalecimiento de centros temporales de acopio y separación. Estos espacios permitirían organizar materiales recuperables, mejorar su clasificación y facilitar la integración de los recicladores al esquema de manejo de residuos.

La administración deberá explicar cómo seleccionará a los beneficiarios, qué apoyos recibirán y si las inversiones se destinarán a infraestructura, equipos, formalización, capacitación o mejoramiento de ingresos.

El crédito también coincide con la transformación del modelo de aseo de Bogotá, por lo que será necesario precisar cómo se articularán los nuevos centros y herramientas tecnológicas con las organizaciones de recicladores y los operadores encargados de la recolección.

Catastro recibirá recursos para mejorar trámites e información

El tercer componente busca fortalecer la actualización y conservación catastral. El programa financiará herramientas tecnológicas, mejorará la información geográfica de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital y automatizará trámites administrativos de uso frecuente.

La modernización puede reducir tiempos de respuesta y corregir inconsistencias en datos sobre áreas, construcciones, propietarios y características de los predios. Esta información también tiene efectos fiscales porque sirve como base para determinar los avalúos y calcular el impuesto predial.

El objetivo del crédito incluye aumentar los ingresos generados localmente mediante una gestión catastral más eficiente. El Distrito deberá diferenciar los recursos obtenidos por incorporar predios o construcciones desactualizadas de los incrementos producidos por cambios generales en los avalúos.

Bogotá asume directamente el riesgo

En un crédito con garantía soberana, el Gobierno Nacional se compromete a responder ante el prestamista si una entidad territorial incumple. En esta operación, Bogotá asumirá directamente la obligación y el BID evaluará su capacidad de pago sin trasladar ese respaldo a la Nación.

La ausencia de garantía soberana no significa que el Gobierno Nacional quede completamente al margen. El programa del BID exige la no objeción del gobierno central antes de otorgar financiación a un gobierno subnacional.

El modelo busca que ciudades y regiones con capacidad fiscal comprobada accedan directamente a la banca multilateral. También traslada al gobierno local la responsabilidad integral sobre el pago, la ejecución y los resultados.

Bogotá fue escogida para el programa piloto “BID para Ciudades y Regiones”, que dispone de US$1.000 millones durante cinco años. Esta es la segunda operación aprobada dentro de esa iniciativa. La primera correspondió a Cartagena a finales de 2025, con inversiones en drenaje, acueducto, saneamiento y resiliencia urbana.

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En Bogotá se autorizó la construcción de 10.148 viviendas durante el primer trimestre de 2026, más del doble de las 4.314 aprobadas en el mismo periodo de 2025. El repunte anticipa una posible ampliación de la oferta, aunque una licencia representa un permiso urbanístico y no garantiza que el proyecto comience a construirse, llegue al mercado o termine convertido en una vivienda habitable.

La Secretaría Distrital de Planeación reportó 678.326 metros cuadrados licenciados para obra nueva entre enero y marzo, un crecimiento anual del 18,2 %. La vivienda concentró 613.827 metros cuadrados, equivalentes al 90,5 % del total.

El área residencial aumentó 103,5 % frente a los 301.602 metros cuadrados del primer trimestre de 2025. Sin embargo, el crecimiento del conjunto de usos fue mucho menor porque el área destinada a equipamientos cayó después de una base excepcionalmente alta.

El dato se conoce mientras otros indicadores presentan resultados menos uniformes. Las ventas y los lanzamientos de vivienda crecieron en Bogotá durante el trimestre, pero las fuentes que miden el comienzo efectivo de las obras entregan balances diferentes. Esa brecha impide interpretar las licencias como una reactivación completa del sector.

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Las viviendas aprobadas aumentaron 135,2 %

Las curadurías urbanas y la Caja de la Vivienda Popular autorizaron 5.834 unidades más que durante los tres primeros meses de 2025. El crecimiento de 135,2 % fue superior al registrado por el área residencial, lo que indica un aumento de proyectos con viviendas de menor tamaño promedio.

Al dividir los 613.827 metros cuadrados residenciales entre las 10.148 unidades aprobadas, el resultado es de aproximadamente 60,5 metros cuadrados licenciados por vivienda. Este cálculo sirve como referencia general y no corresponde necesariamente al área privada que recibirá cada comprador, pues los proyectos incluyen circulaciones, zonas comunes y otros espacios construidos.

El boletín de Planeación no desagrega cuántas de las 10.148 unidades corresponden a vivienda de interés prioritario, vivienda de interés social y vivienda sin límite de precio. Esa información resulta necesaria para establecer qué hogares podrían beneficiarse de la nueva oferta y cuánto del crecimiento se concentra en segmentos asequibles.

Suba concentra más de la mitad

La nueva vivienda autorizada presenta una marcada concentración territorial. Suba lideró con 5.300 unidades, equivalentes al 52,2 % de todas las aprobadas en la ciudad durante el trimestre.

Después aparecen:

• Fontibón, con 1.921 viviendas.
• San Cristóbal, con 830.
• Engativá, con 621.
• Puente Aranda, con 457.

Estas cinco localidades reúnen 9.129 unidades, cerca del 90 % del total reportado. Suba y Fontibón, por sí solas, concentran más de siete de cada diez viviendas autorizadas.

La concentración puede reforzar la actividad inmobiliaria del noroccidente, pero también aumenta la presión sobre vías, colegios, redes de servicios públicos y sistemas de transporte. La licencia acredita que un proyecto cumple las normas urbanísticas aplicables; la capacidad del entorno para recibir a sus futuros residentes depende de la coordinación entre la construcción privada y las inversiones públicas.

Tres localidades reúnen el 62,9 % del área licenciada

Suba, Fontibón y Engativá concentraron 426.976 metros cuadrados destinados a obra nueva, el 62,9 % del total de Bogotá.

Suba registró 233.007 metros cuadrados y creció 152 % frente al primer trimestre de 2025. Fontibón llegó a 117.364 metros cuadrados, con un aumento del 68 %, mientras Engativá alcanzó 76.605 y avanzó 217 %.

Planeación también destacó incrementos de 528 % en San Cristóbal, 501 % en Los Mártires y 319 % en Puente Aranda. Estos porcentajes deben leerse junto con sus valores absolutos, pues una localidad con poca área licenciada durante el año anterior puede presentar una variación elevada con la aprobación de uno o dos proyectos.

Entre el segundo trimestre de 2024 y el primero de 2026, las Unidades de Planeamiento Local de Chapinero, Torca, Puente Aranda, Teusaquillo y Salitre concentraron cerca del 39 % del área licenciada de la capital.

El POT de 2021 ya concentra ocho de cada diez metros licenciados

Durante el trimestre se aprobaron 529.674 metros cuadrados bajo las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial adoptado mediante el Decreto 555 de 2021. Esta superficie equivale al 78,1 % del área nueva licenciada.

La administración de Carlos Fernando Galán atribuye parte del repunte a la reglamentación del POT, incluidos los incentivos de ecourbanismo, las transferencias de derechos de construcción, las actuaciones estratégicas y el desarrollo alrededor de estaciones de transporte público.

Bajo esta norma se ejecutoriaron 516 licencias para obra nueva. Sin embargo, la proporción tramitada con el POT demuestra su creciente aplicación y no prueba, por sí sola, que la reglamentación haya causado todo el incremento. La recuperación también puede estar relacionada con proyectos acumulados, decisiones empresariales, ventas previas y la baja base de comparación de 2025.

La vivienda crece mientras los equipamientos retroceden

El área destinada a servicios pasó de 6.062 a 19.833 metros cuadrados, un incremento del 227,2 %. El comercio llegó a 31.314 metros cuadrados y creció 18,2 %.

El comportamiento de los usos dotacionales fue opuesto. El área licenciada cayó de 238.453 a 12.896 metros cuadrados, una reducción cercana al 94,6 %.

La explicación está en Fortaleza Fase I, proyecto del Ministerio de Defensa en el Centro Administrativo Nacional. Esta intervención aportó por sí sola 218.165 metros cuadrados durante el primer trimestre de 2025 y elevó de manera extraordinaria la base de comparación.

Al retirar ese efecto, el cambio entre los dos años ofrece una lectura diferente a la variación total. El crecimiento residencial resulta amplio, mientras la caída dotacional responde principalmente a la ausencia de otro proyecto de escala similar.

Licencias, ventas e iniciaciones miden momentos distintos

Una licencia autoriza el desarrollo de una obra dentro de unas condiciones definidas, mientras que el lanzamiento ocurre cuando el proyecto entra al mercado; la venta corresponde a la separación o comercialización de una unidad, y la iniciación registra el comienzo de la construcción. Una vivienda culminada y conectada a los servicios aparece al final de esa cadena.

Durante el primer trimestre, Bogotá comercializó 11.847 viviendas nuevas, un 10,7 % más que un año antes. La VIS aportó 8.925 ventas y creció 18,9 %, mientras el segmento no VIS vendió 2.922 unidades y cayó 8,7 %. El Observatorio de Hábitat elaboró este balance a partir de Coordenada Urbana, el sistema de información de Camacol.

Los lanzamientos alcanzaron 9.275 viviendas y aumentaron 20,2 %. En contraste, la misma fuente registró 5.765 iniciaciones, una disminución anual del 40,3 %. La caída fue mayor en la VIS, que pasó de 8.151 a 3.806 unidades iniciadas.

Esto significa que el número de permisos y las ventas avanzó durante el trimestre, mientras una medición privada identificó menos proyectos entrando efectivamente a construcción.

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Facatativá podría agotar sus reservas superficiales de agua en un plazo de 15 a 20 días si no regresan las lluvias y el consumo se mantiene en los niveles actuales. El municipio permanece en alerta naranja, aplica racionamientos por sectores y prepara medidas adicionales ante la posibilidad de entrar en alerta roja.

La advertencia, que vino del propio alcalde del municipio, Luis Carlos Casas, no representa una fecha exacta para la suspensión total del servicio. Corresponde, en cambio, a una proyección condicionada por el volumen almacenado, la demanda diaria, el ahorro ciudadano y el eventual ingreso de agua a las fuentes abastecedoras.

En este sentido, los embalses locales pueden almacenar en conjunto poco más de un millón de metros cúbicos, pero dispondrían de aproximadamente 200.000. Esto significa que las reservas están por debajo del 20 % de su capacidad total.

La crisis contrasta con el balance general de los grandes embalses del centro del país, varios de los cuales cerraron agosto en niveles altos. Esa estabilidad regional no resuelve de inmediato el problema de Facatativá, debido a que el municipio depende principalmente de fuentes superficiales locales y todavía no cuenta con una conexión que permita reemplazarlas automáticamente.

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El embalse de Mancilla al 7 %

Uno de los casos más críticos es el del embalse de Mancilla, cuya capacidad ronda los 300.000 metros cúbicos. La reserva habría descendido hasta unos 20.000 metros cúbicos, equivalentes a cerca del 6,7 % de su volumen total.

Mancilla aporta alrededor del 30 % del agua utilizada por el municipio. La reducción ha dejado zonas del suelo expuestas y ha disminuido el caudal que llega al sistema de abastecimiento.

Del mismo modo, el alcalde explicó que Facatativá lleva entre dos y tres meses sin lluvias intensas. La CAR calculó que durante agosto las precipitaciones estuvieron un 60 % por debajo de lo esperado en el municipio.

El racionamiento no consiguió la meta

Para atenuar la crisis, Facatativá aplica restricciones desde hace aproximadamente dos semanas. Las válvulas permanecen parcialmente abiertas y el servicio se suspende durante periodos de 12 o 24 horas, dependiendo del sector.

Si bien la administración esperaba ahorrar cerca de 50.000 metros cúbicos con estas medidas, la reducción alcanzada rondaría los 15.000. El resultado equivale al 30 % de la meta planteada y explica por qué las autoridades consideran endurecer las restricciones.

El municipio también ha realizado inspecciones a lavaderos de vehículos, empresas, cultivos y urbanizaciones. Casas aseguró que existen denuncias ante la Fiscalía y la CAR por presuntas captaciones ilegales en las partes altas de las quebradas, algunas relacionadas con el riego de cultivos de fresa.

Asimismo, la Alcaldía informó sobre el retiro de motobombas utilizadas para extraer agua sin autorización. La responsabilidad de quienes estarían detrás de estas captaciones deberá establecerse mediante los procedimientos administrativos y penales correspondientes.

Facatativá prepara pozos y compra de agua en bloque

Entre las soluciones estructurales está la perforación de dos pozos profundos, con una inversión cercana a 30.000 millones de pesos. La administración calcula que estos recrusos subterráneos podrían aportar conjuntamente unos 150 litros por segundo.

También se estudia ampliar el embalse Santa Marta para incorporar cerca de 50.000 metros cúbicos de almacenamiento. Estas obras requieren permisos, construcción y puesta en funcionamiento, por lo que no ofrecen una respuesta inmediata a la reserva calculada para las próximas semanas.

Ya en las soluciones a corto plazo, si el nivel continúa descendiendo, el municipio contempla aumentar la distribución mediante carrotanques y tractomulas. Otra alternativa consiste en adquirir agua en bloque a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá o a municipios vecinos para transportarla hasta los tanques locales.

No obstante, la viabilidad de estas opciones depende del volumen disponible, la infraestructura para recibir el agua y el costo del transporte.

¿Por qué Facatativá está en crisis?

El reporte de la CAR muestra un panorama favorable en varios sistemas de regulación del centro del país. Al cierre de agosto, Sisga llegó al 99,8 % de su capacidad; Chuza alcanzó el 88,8 %; Neusa se ubicó en 85,8 %, y El Hato, en 78,2 %.

Sisga pasó del 64,5 % en junio al 99,8 % en agosto. El nivel obligó a realizar descargas técnicas de siete metros cúbicos por segundo para regular la cuenca y prevenir un rebose. Chuza también tuvo una recuperación pronunciada al subir del 47,3 % al 88,8 % durante el trimestre.

Estos porcentajes describen sistemas diferentes a los pequeños reservorios que abastecen directamente a Facatativá. Un embalse con buen nivel en otra cuenca no puede surtir automáticamente al municipio si no existe una red, concesión o acuerdo operativo para transportar el agua.

El contraste demuestra que el problema actual no corresponde a una escasez uniforme en todo Cundinamarca. Las lluvias han caído de manera aislada y con intensidades distintas, lo que permitió recuperar algunos grandes embalses mientras las fuentes de Facatativá continuaron descendiendo.

La CAR ordena fortalecer los planes de ahorro

La CAR declaró una alerta de ahorro y pidió a alcaldías, empresas de servicios públicos e industrias aplicar estrictamente sus Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. La corporación advirtió que los niveles favorables de los grandes embalses deben conservarse para enfrentar los meses secos.

La entidad reiteró que el consumo humano tendrá prioridad frente a los usos productivos en un escenario de reducción de la oferta. También anticipó que la situación podría agravarse hacia octubre, cuando se espera un fortalecimiento del fenómeno de El Niño.

La cuenca baja del río Bogotá, comprendida entre el Salto del Tequendama y Ricaurte, aparece entre las zonas que podrían experimentar mayores presiones durante los próximos meses.

El Niño podría prolongarse hasta 2027

El Ideam informó que las condiciones de El Niño continúan fortaleciéndose y tienen una probabilidad superior al 90 % de persistir hasta el primer trimestre de 2027. Asimismo, calculó en 69 % la posibilidad de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre de 2026.

El fenómeno suele reducir las precipitaciones y elevar las temperaturas en buena parte de la región Andina, aunque sus efectos varían entre territorios. En Facatativá, la preocupación inmediata radica en que los meses más secos comiencen con los reservorios locales cerca de sus niveles mínimos.

Por ahora, el ahorro continúa siendo la única medida capaz de ampliar inmediatamente la duración de las reservas. Las obras, los pozos y una eventual compra de agua pueden reforzar el sistema, pero requieren tiempos que superan la proyección de 15 a 20 días anunciada por el alcalde.

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Ocho días después de que hinchas de Santa Fe y América protagonizaran una batalla campal dentro de El Campín, un seguidor del equipo bogotano murió por heridas con arma blanca en Kennedy, aparentemente por vestir la camiseta del onceno capitalino. Así lo cree la familia de la víctima, identificada como Luis Alberto Gómez Avellaneda, de 32 años, quienes explican la muerte de su ser querido por llevar una camiseta cardenal.

Aunque el motivo del crimen todavía sigue en investigación, la muerte de Gómez Avellaneda se sumaría a una sucesión de enfrentamientos, invasiones de cancha y ataques asociados con aficionados durante 2025 y 2026 en distintas ciudades del país. Este contexto explica la preocupación alrededor del caso, aunque tampoco permite atribuir automáticamente el crimen a una rivalidad futbolera.

Gómez fue atacado hacia el mediodía del domingo 30 de agosto, cerca de la avenida Carrera 80 con calle 51B sur, en el suroccidente de Bogotá, localidad de Kennedy.

Después de resultar herido, el hombre alcanzó a refugiarse en un restaurante y desde allí fue trasladado con vida al Hospital de Occidente de Kennedy, donde murió por la gravedad de las lesiones.

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La camiseta de Santa Fe es una hipótesis

Los familiares aseguraron a la opinión pública que Gómez era seguidor de Independiente Santa Fe y llevaba una prenda del equipo durante el ataque. Por tanto, la Policía investiga si los responsables pertenecían a otra hinchada y si antes de la agresión se produjo algún enfrentamiento relacionado con el fútbol.

Las versiones preliminares indican que varias personas habrían participado en la agresión, según la información suministrada por testigos del hecho. Sin embargo, las autoridades no han precisado cuántas eran, qué camisetas vestían ni si pronunciaron expresiones alusivas a algún club.

Tampoco se ha establecido si la víctima conocía a sus atacantes, si hubo una discusión previa o si le robaron alguna pertenencia. Por ello, presentar la camiseta como causa comprobada del homicidio excedería la información disponible.

Una batalla campal ocho días antes

El homicidio ocurrió poco más de una semana después de los disturbios registrados el 22 de agosto durante el partido entre Santa Fe y América de Cali por la Liga BetPlay.

La confrontación comenzó en las tribunas y avanzó hasta el terreno de juego. Grupos de aficionados invadieron la cancha y utilizaron palos, sillas y otros elementos durante los enfrentamientos. Los jugadores tuvieron que retirarse y el encuentro permaneció suspendido mientras la Policía recuperaba el control.

El balance oficial registró 17 personas atendidas, ninguna con heridas de gravedad. Las autoridades también reportaron daños en la infraestructura y la evacuación preventiva de los aficionados visitantes.

La Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol anunció posteriormente restricciones contra las barras involucradas. Las medidas incluyeron cierres de tribunas, limitaciones para el ingreso de aficionados visitantes y prohibiciones sobre banderas e instrumentos durante varios partidos.

Ese episodio dejó al descubierto que los controles de ingreso, la separación de las hinchadas y la reacción de la logística resultaron insuficientes para impedir que la confrontación llegara hasta la cancha.

La violencia también ha aparecido lejos de los estadios

El asesinato de Gómez ocurrió en una calle y fuera de una jornada deportiva. Esa circunstancia dirige la discusión hacia un problema más amplio: las rivalidades vinculadas con las barras pueden extenderse a barrios, sistemas de transporte, carreteras y eventos que ni siquiera forman parte del calendario futbolístico.

En agosto de 2025, una confrontación atribuida inicialmente a integrantes de barras de Millonarios y Santa Fe desbordó la seguridad antes de un concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena. El evento fue cancelado, cinco personas sufrieron heridas con arma blanca y Sergio Blanco, hincha de Santa Fe y promotor de iniciativas de convivencia, murió atropellado en los alrededores.

De igual forma, en septiembre de ese mismo año, Carlos Andrés Pérez Ortiz, aficionado de Millonarios, murió tras un ataque con arma blanca en el barrio Roma, también en Kennedy. Su familia sostuvo que un grupo de presuntos seguidores de Santa Fe lo agredió por llevar una camiseta del equipo azul.

Cámaras y testigos serán determinantes en el caso de Gómez

Los investigadores deberán reconstruir el recorrido realizado por Gómez antes de llegar al restaurante, establecer dónde comenzó la agresión y determinar cuántas personas intervinieron.

La familia pidió que el homicidio no quede impune mientras la Policía y la Fiscalía avanzan en la individualización e identificación de los responsables.

Más información sobre Bogotá: Comerciantes y habitantes piden recuperar el espacio público en la Plaza del Rincón.

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En los alrededores de la Plaza del Rincón, en la localidad de Suba, los andenes y otros espacios destinados al tránsito peatonal son utilizados por algunos comerciantes para instalar sus puestos de venta. A esto se suma el mal estacionamiento de vehículos, situación que, según habitantes y visitantes, reduce el espacio disponible para caminar y dificulta la movilidad en la zona.

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La situación se expuso públicamente por Suba Alternativa, medio que recogió las denuncias de habitantes y solicitó a la Alcaldía Local la realización de mesas de trabajo para buscar soluciones frente a la ocupación del espacio público. Al consultar a los vecinos, se encuentra que el problema se hace más evidente durante los días de mayor actividad comercial.

La presencia de vendedores, residuos y vehículos de carga y particulares reduce el espacio disponible para los peatones, especialmente cuando los puestos de venta se ubican sobre los andenes. “Al haber tantos puestos aquí en la calle se dificulta la movilidad, porque se ponen en los andenes y no hay casi espacio para pasar. Hay días que todo está lleno y también los carros no tienen casi espacio para pasar”, afirmó Diana, visitante de la plaza.

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La dificultad no afecta únicamente a quienes transitan diariamente por el sector. Otro residente señaló que la situación también puede generar condiciones de inseguridad y afectar especialmente a adultos mayores y personas con movilidad reducida. Además, indicó que el estado de algunas vías dificulta aún más el desplazamiento.

El mismo residente planteó que una de las razones por las que algunos vendedores instalan sus puestos en el espacio público puede estar relacionada con sus condiciones económicas y con la dificultad de asumir el costo de un establecimiento comercial.

La disposición de residuos es otra de las preocupaciones de los habitantes. Una de las personas consultadas señaló que algunos puestos de venta de alimentos, especialmente de pescado, pueden generar residuos que terminan cerca de los lugares donde se deposita la basura.

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“Sí, veo que al estar los vendedores en la calle se dificulta mucho la movilidad de todos y también algunos de estos puestos venden pescado. Yo creo que es un poco peligroso porque las calles tienen mucha basura tirada”, aseguró un habitante del sector.

Otro residente relacionó la ocupación de los andenes con el estacionamiento de vehículos en zonas destinadas a los peatones. “Los vendedores invaden el espacio y eso genera que los carros también invadan los andenes y que haya desorden y basuras”, señaló.

La problemática del Rincón no es nueva. En 2020, el Instituto para la Economía Social (IPES) reportó acciones de sensibilización y recuperación del espacio público en este sector, al identificarlo entre los puntos de Suba donde se concentraban vendedores informales.

En agosto de 2026, la Alcaldía Local de Suba también informó sobre procesos administrativos para recuperar espacio público ocupado por ventas informales en otros sectores de la localidad, con acompañamiento a los vendedores.

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El caso de la Plaza del Rincón refleja una tensión entre diferentes usos del espacio público. Mientras los vendedores buscan desarrollar sus actividades económicas, habitantes y visitantes necesitan contar con andenes despejados para desplazarse, y los conductores requieren espacios adecuados para estacionar sus vehículos.

Para los habitantes consultados, una solución concertada permitiría mejorar la movilidad, reducir la acumulación de residuos y recuperar los espacios destinados al tránsito peatonal, sin desconocer las necesidades económicas de quienes dependen de las ventas informales.

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l Banco de Alimentos de Bogotá denunció que un sitio web copió su identidad gráfica y comenzó a solicitar donaciones mediante cuentas y medios de pago ajenos a la organización. La entidad pidió no ingresar información personal o financiera en esa plataforma y adelanta gestiones para conseguir su bloqueo.

La página cuestionada reproduce colores, fotografías, contenidos, diseño y otros elementos del portal institucional, lo que puede llevar a los usuarios a creer que están frente a un canal legítimo. La organización identificó el dominio fraudulento como bancoalimentos.top, pero recomendó no visitarlo ni compartir su enlace.El único portal reconocido por la entidad es bancodealimentos.org.co. Allí pueden verificarse sus campañas y medios autorizados para aportar dinero o productos.

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La página falsa dirige el dinero hacia cuentas no autorizadas

La modalidad va más allá del uso indebido del nombre y la imagen institucional. Según el comunicado emitido por el Banco de Alimentos, el sitio investigado invita a consignar dinero mediante cuentas y mecanismos de pago que no pertenecen a la organización.

La entidad ya informó el caso a las autoridades y solicitó el bloqueo y retiro del dominio. Sin embargo, el comunicado no precisa cuándo apareció la página, quién la administra, cuánto dinero habría recaudado ni cuántas personas alcanzaron a entregar recursos o información.

Tampoco se conoce hasta ahora si las autoridades abrieron una investigación penal formal o identificaron a los responsables. Presentar el caso como una estafa consumada contra un número determinado de víctimas sería prematuro mientras esos datos no hayan sido establecidos.

La copia visual dificulta detectar la suplantación

Los responsables reprodujeron casi por completo la apariencia del portal auténtico. Este tipo de suplantación aprovecha el reconocimiento de una institución para obtener dinero, números de tarjetas, datos bancarios o información personal.

La similitud visual de una página no demuestra que sea legítima. Antes de donar, el usuario debe revisar con atención el dominio escrito en la barra del navegador y acceder directamente al portal institucional, evitando enlaces recibidos mediante mensajes, redes sociales, anuncios o cadenas de WhatsApp.

En este caso existe una diferencia determinante entre las direcciones: el portal auténtico utiliza el dominio bancodealimentos.org.co. La terminación “.top” corresponde al sitio denunciado y no está autorizada por la organización.

¿Cómo verificar una donación al Banco de Alimentos?

El Banco de Alimentos concentra en su portal oficial las campañas, cuentas y medios habilitados para recibir aportes. La entidad permite realizar donaciones monetarias, recurrentes y en especie, pero cualquier dato debe contrastarse directamente con esa página.

La sección institucional de contacto registra como número general el 312 504 8747, el correo amigo@bancodealimentos.org.co y la sede de la calle 19A número 32-50, en Bogotá. Estos datos pueden comprobarse en el directorio oficial de la organización.

Quienes deseen aportar dinero pueden consultar la sección oficial de donaciones. Resulta más seguro ingresar manualmente la dirección del portal y comprobar que la conexión emplee HTTPS antes de escribir cualquier información.

La entidad aconseja desconfiar cuando el destinatario de una transferencia no coincide con el Banco de Alimentos de Bogotá, cuando solicitan consignaciones urgentes a cuentas personales o cuando el enlace presenta palabras adicionales, errores ortográficos o una terminación diferente.

¿Qué hacer si entregó dinero o información?

Una persona que haya consignado recursos mediante la página denunciada debe comunicarse inmediatamente con su banco o proveedor de pagos. La entidad financiera podrá revisar la operación, bloquear productos comprometidos y orientar una posible reclamación, aunque la devolución del dinero dependerá de las circunstancias y del avance de la investigación.

Si el usuario escribió contraseñas, datos de tarjetas o claves financieras, debe cambiarlas desde un dispositivo seguro y revisar movimientos posteriores. También conviene conservar capturas de pantalla, comprobantes, mensajes, correos, números telefónicos y la dirección del sitio.

El caso puede reportarse en el CAI Virtual de la Policía, que dispone de canales para informar incidentes informáticos. El Banco de Alimentos también pidió que cualquier enlace o solicitud sospechosa que utilice su nombre sea reportada por sus canales institucionales.

La emergencia humanitaria aumenta el riesgo de engaño

La alerta aparece en medio de campañas solidarias impulsadas después del terremoto de agosto de 2026. El Banco de Alimentos activó una recolección de recursos para apoyar a las familias afectadas y confirmó que los aportes para esa respuesta humanitaria se reciben únicamente mediante su página oficial.

Este contexto ofrece una oportunidad para los suplantadores, debido a que las personas pueden actuar con urgencia ante una emergencia. Por esa razón, la intención solidaria debe acompañarse de una verificación previa del dominio, el titular de la cuenta y la campaña que recibirá el aporte.

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No es un reproche: el ICBF ha sido durante décadas garante de los derechos de la infancia en este país, y es justamente por eso que su forma de nombrar importa tanto. La pregunta que quiero hacer es otra: ¿qué hemos ganado como sociedad al aprender a nombrar a las niñas?

Durante siglos, el masculino se asumió como universal. Se suponía que las mujeres estábamos incluidas cuando se hablaba de “los ciudadanos”, “los trabajadores”, “los colombianos” o “los niños”. Pero estar incluidas en la gramática no es lo mismo que estar reconocidas: ni en las cifras, ni en las políticas, ni en la vida real.

Y ese patrón no se ha quedado solo en el lenguaje. Durante años, la medicina probó fármacos y calculó dosis pensando en un cuerpo “estándar” que, en la práctica, era el cuerpo de un hombre; solo después se supo que muchos tratamientos funcionaban distinto en las mujeres.

Algo parecido pasó con los cinturones de seguridad de los automóviles: se diseñaron y probaron con maniquíes de tamaño masculino, y durante años nadie se preguntó por qué las mujeres tenían más riesgo de lesiones graves en un choque. Nombrar, diferenciar, desagregar: parece un detalle, pero tiene consecuencias que se sienten en el cuerpo. Por eso nombrarnos también ha sido parte de una conquista larga por la igualdad.

UNICEF advierte que las niñas y las adolescentes tienen necesidades específicas por dos condiciones que se cruzan: ser mujeres y ser menores de edad. Y esas experiencias no son iguales a las de los niños; los datos lo dejan ver con claridad. En Colombia, 7 de cada 10 víctimas de violencia sexual entre los 0 y los 17 años son niñas.

El 23,4 % de las mujeres colombianas entre los 20 y los 24 años estuvieron casadas o en unión antes de cumplir los 18, según cifras que citan tanto UNICEF como ONU Mujeres. Estas cifras no son solo números: son la base para tomar decisiones que resultan definitivas en la vida de las niñas —qué política pública se diseña, cómo se priorizan estrategias, a dónde se destinan los recursos,—. Diferenciarlas no es un capricho estadístico. Es lo que permite a cualquier institución, el ICBF incluido, actuar donde más se necesita.

Las desigualdades de género no empiezan a los 18 años. Empiezan mucho antes. Desde niñas aprendemos qué comportamientos se esperan de nosotras, cuánto espacio podemos ocupar, quién debe cuidar, qué sueños parecen posibles y cuáles no. Y desde ahí, desde la infancia, también pueden empezar las discriminaciones y las violencias que después acompañan la vida de muchas mujeres.

Reconocer esto no significa desconocer que los niños también enfrentan violencias y vulneraciones que merecen toda la protección del Estado. Tampoco se trata de poner en competencia sus derechos con los de las niñas. La igualdad es justamente eso: los mismos derechos para todos, entendiendo que no todos enfrentan las mismas barreras para ejercerlos.

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer coinciden en algo que vale la pena recordar: proteger a la infancia y avanzar hacia la igualdad de género no son caminos distintos. Van juntos.

La Plataforma de Beijing, de hecho, fue el primer documento normativo mundial en dedicar un capítulo específico a los derechos de las niñas, con metas propias frente a la violencia, la salud y la discriminación que las afecta. Treinta años después —se cumplieron en 2025—, sigue siendo la prueba de que nombrar no divide: protege.

El lenguaje, claro, no resuelve estas desigualdades por sí solo. Nombrar a una niña no evita una violencia ni le garantiza sus derechos automáticamente. Pero sí dice algo de cómo una sociedad entiende su realidad. Y las políticas públicas necesitan ver las diferencias para poder actuar sobre ellas.

Por eso le pido al ICBF que reconsidere esta decisión. No hay que elegir entre “niñez” y “niñas”. Podemos decir niñas y niños. Podemos hablar de niñez cuando corresponda. El español nos alcanza para incluir sin borrar, y para reconocer sin excluir.

Nombrar a las niñas no les quita nada a los niños. Y nombrarlas —después de siglos de ser el “universal” que nadie nombraba— también es reconocer sus derechos.

Más información sobre Bogotá: TransMilenio pone 6.200 hectáreas de Bogotá en el radar de su apuesta inmobiliaria.

*Laura Tami, Secretaria de la Mujer.

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Después de construir una estación, ampliar una avenida o levantar una troncal, el transporte deja algo más que carriles y concreto. A veces quedan pequeños terrenos que ya no necesita la obra; en otros puntos, la llegada de una nueva infraestructura cambia el atractivo de barrios enteros y aumenta las posibilidades de construir vivienda, comercio u oficinas. TransMilenio empezó a mirar ambos fenómenos con una pregunta distinta: cuánto del valor que genera el transporte en el suelo puede regresar al propio sistema.

La dimensión de esa búsqueda hasta ahora era difícil de conocer. En respuesta a El Espectador, la empresa reveló que realizó un barrido de Bogotá e identificó aproximadamente 6.200 hectáreas con condiciones urbanísticas para eventuales desarrollos inmobiliarios, entre predios propios, terrenos sobrantes de obras y propiedades de terceros. Dentro de ese universo ya hizo una primera evaluación de más de 100 predios.

La cifra requiere una precisión. Esas 6.200 hectáreas representan un potencial normativo: lugares donde las reglas de la ciudad permitirían explorar determinados desarrollos si se cumplen las condiciones de cada proyecto. TransMilenio no es propietario de toda esa superficie ni existe una obra prevista para cada terreno. En predios privados, además, cualquier iniciativa depende de sus dueños y de la viabilidad del negocio. La propia entidad admite que para estos terrenos todavía no existe un inventario consolidado que pueda divulgar públicamente.

La cifra, aun con esas salvedades, muestra la escala que empieza a adquirir una faceta relativamente nueva de una empresa que durante décadas estuvo asociada casi exclusivamente a buses, estaciones, patios y contratos de operación.

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Del pasaje al valor del suelo

El modelo parte de una idea sencilla. Una estación nueva puede reducir tiempos de viaje, atraer comercio y mejorar la conexión de un sector. Esa transformación también puede hacer más valioso el suelo cercano. Bogotá cuenta desde hace años con instrumentos para recuperar parte de los beneficios que producen las decisiones públicas sobre la tierra, y el nuevo papel de TransMilenio lleva esa lógica directamente al entorno del transporte.

Los Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS) permiten desarrollar proyectos inmobiliarios alrededor de infraestructura vial y de transporte bajo reglas específicas de renovación urbana. Las Áreas de Integración Multimodal (AIM) abarcan entornos más amplios alrededor de estaciones, portales y corredores, donde se busca combinar movilidad con vivienda, comercio, servicios y espacio público. El procedimiento adoptado por TransMilenio en agosto de 2026 permite a la entidad participar como operador urbano, estructurar negocios sobre terrenos propios o de terceros y buscar aliados privados para desarrollarlos.

La expresión técnica que resume todo esto es captura de valor del suelo. Traducida a términos cotidianos, significa que si una inversión pública o una nueva regla urbanística aumenta las posibilidades de aprovechamiento de un terreno, una parte de ese beneficio puede regresar a la ciudad o al sistema que ayudó a generarlo. En este caso, Transmilenio, con la instalación de una estación o una infraestructura semejante.

En el caso de la empresa de transporte másivo de Bogotá, la apuesta también responde a la búsqueda de ingresos distintos a la tarifa. Los propios documentos con los que la empresa sustenta este modelo señalan que la infraestructura de transporte puede generar valorización privada y que recuperar una porción de ella permite crear nuevas fuentes para financiar el sistema y futuras inversiones.

Fiotti, donde la fórmula deja de ser teoría

El mejor ejemplo para entender cómo funciona ya tiene dirección. En julio, el Distrito expidió el Decreto 299 de 2026, que delimitó el PRUMS Fiotti alrededor de la avenida 68 con calle 19. Allí se agrupan seis predios privados dentro de un ámbito de 10.417,22 metros cuadrados, en una zona que quedará conectada con el nuevo corredor de TransMilenio por la avenida 68.

Los documentos a los que tuvo acceso EL Espectador permiten seguir con claridad quién hace qué. La Fundación Mirei aparece como propietaria del suelo; Construcciones Buen Vivir S.A.S., como desarrollador inmobiliario; Pactum Desarrollos con Valor, como estructurador del proyecto, y TransMilenio entra como operador urbano público, encargado de gestionar la delimitación y recibir una remuneración por ese trabajo.

Ahí aparece una de las piezas más novedosas de la estrategia. El documento técnico de Fiotti establece que el pago que recibirá TransMilenio se calcula como una participación en el aumento del precio del suelo producido por las nuevas posibilidades urbanísticas del proyecto. Para estimarlo, se analizan variables como cuántos metros adicionales se podrán construir, qué usos tendrá el terreno y qué reglas urbanas comenzarán a aplicarse.

Dicho de otra manera, si el PRUMS permite desarrollar un proyecto de mayor valor que el posible con las condiciones anteriores, TransMilenio participa de una porción de esa diferencia por su gestión como operador urbano. El pago deberá hacerse dentro de los diez días hábiles siguientes a la entrada en firme de la primera licencia urbanística del proyecto.

La entidad todavía no entregó a este diario una cifra global de cuánto espera recaudar mediante todos sus negocios inmobiliarios. Explicó que cada pago dependerá del tipo de terreno, del proyecto y de la negociación correspondiente. También señaló que varios estudios y modelos financieros de iniciativas privadas permanecen bajo acuerdos de confidencialidad mientras los negocios siguen en estructuración.

Fiotti tampoco es el único frente privado. TransMilenio informó que tiene otros cinco PRUMS sobre terrenos de terceros radicados, tres de ellos con contrato suscrito y dos en negociación. Mientras los respectivos decretos no sean expedidos, la entidad mantiene bajo confidencialidad los detalles de esos proyectos. También reporta ocho AIM en trámite ante Planeación.

Los sobrantes de las obras vuelven al tablero

La estrategia tiene otra cara sobre suelo público. Las grandes obras suelen requerir la compra de terrenos completos, aunque posteriormente solo utilicen una parte. Lo que queda por fuera de la vía, estación o espacio público definitivo se conoce como predio remanente.

El IDU confirmó a El Espectador que, mediante un convenio con TransMilenio, tiene identificados 126 predios remanentes de su propiedad que fueron adquiridos originalmente con recursos de la empresa de transporte. Según su ubicación y las posibilidades que permita la norma, esos terrenos pueden aprovecharse por separado o integrarse con otros lotes dentro de proyectos urbanos mayores.

La diferencia es importante. Un pequeño lote sobrante puede tener pocas posibilidades por sí solo. Pero,si entra en un PRUMS junto con predios vecinos, puede formar parte de una operación inmobiliaria de mayor tamaño. El POT permite precisamente esa integración de terrenos públicos y privados cuando resulte necesaria para conformar el proyecto.

Algunos de esos movimientos ya tienen nombre. Molinos, sobre la Troncal Caracas Sur, contempla la gestión de ocho predios y avanza en estructuración y formalización. Centro Memoria, junto a la calle 26, involucra otros 20. El IDU también adelanta procesos propios para delimitar un PRUMS en Ricaurte, sobre un terreno remanente de 3.091,54 metros cuadrados, y otro en Plaza de la Hoja, de 1.495 metros cuadrados.

En Molinos ya existe incluso una convocatoria para buscar un privado interesado. La propuesta puede plantear la compra de los terrenos o su aporte a un desarrollo inmobiliario, y debe incluir precio, condiciones de pago, garantías, modelo financiero y una propuesta básica de lo que se pretende construir. La norma permite que, una vez delimitado el PRUMS, los terrenos alcancen un índice de construcción efectivo de hasta 5,0, sujeto al cumplimiento de las demás obligaciones urbanísticas.

El IDU, sin embargo, aclara que los predios priorizados dentro del Convenio 811 de 2026 todavía están en proceso de caracterización y avalúos y no han sido formalmente entregados. Es decir, el portafolio combina proyectos bastante avanzados con otros que apenas están preparando las condiciones para entrar al mercado.

Montevideo, la prueba de escala

El modelo adquiere otra dimensión cuando deja de tratarse de algunos terrenos y empieza a abarcar sectores completos de Bogotá. Ese salto se está preparando en Montevideo, entre la avenida 68 y la calle 13, dos corredores que tendrán nuevas infraestructuras de transporte.

TransMilenio informó que tiene seis Áreas de Integración Multimodal radicadas ante la Secretaría Distrital de Planeación en este sector. En conjunto abarcan cerca de 85,6 hectáreas y 321 predios públicos y privados. De ellos, los análisis preliminares calculan que alrededor de 270 podrían tener potencial para desarrollos inmobiliarios. La empresa recalca que esa transformación dependerá de los proyectos que decidan adelantar propietarios y promotores.

Montevideo ya hace parte de una transformación urbana mayor. La Actuación Estratégica que lleva el mismo nombre busca conservar y fortalecer su papel industrial y logístico mientras introduce vivienda y otros usos cerca de los nuevos corredores de movilidad. RenoBo calcula que toda la Actuación Estratégica Montevideo, un ámbito de 306,72 hectáreas mucho más grande que las seis AIM de TransMilenio, tenía 722 habitantes según el Censo de 2018 y cuenta con un potencial estimado de 53.441 viviendas.

Esa diferencia de escalas es clave. Las 53.441 viviendas corresponden a toda la Actuación Estratégica y no a las 85,6 hectáreas que hoy tramita TransMilenio. Aun así, las cifras muestran el tamaño del cambio que se planea para una zona históricamente ocupada por bodegas, fábricas, comercio y actividades logísticas.

RenoBo señala que la formulación busca precisamente combinar esas actividades productivas con vivienda y acercar los lugares donde la gente vive a los lugares donde trabaja. El proceso de participación, iniciado en 2024, ha incluido recorridos, talleres con residentes y empresarios, encuestas y espacios de diálogo.

Es en ese punto donde aparecen las principales preguntas sobre el modelo. La concejal Heidy Sánchez ha cuestionado, a propósito de las AIM y PRUMS alrededor de la Primera Línea del Metro, que los mayores derechos de construcción puedan aumentar la presión para vender sobre pequeños propietarios y facilitar operaciones inmobiliarias de gran escala para empresas con mayor capacidad de reunir terrenos. También ha puesto sobre la mesa el alcance de las cargas urbanísticas, la vivienda social y las garantías para quienes ya ocupan esas zonas.

Sus críticas surgieron frente al modelo del Metro y no constituyen una denuncia específica sobre Montevideo. Funcionan, sin embargo, como una alerta sobre los retos que puede enfrentar un sector donde cientos de predios privados y públicos podrían entrar en procesos de transformación.

En Montevideo la permanencia tiene, además, una dimensión distinta a la de barrios principalmente residenciales. Aquí buena parte de la discusión pasa por cómo incorporar vivienda sin desplazar la industria, los negocios y los empleos que ya existen. Las directrices oficiales de la actuación estratégica reconocen justamente esa condición y plantean fortalecer la centralidad productiva mientras se incorporan nuevos desarrollos residenciales.

Una fuente de ingresos que todavía debe mostrar sus números

La apuesta inmobiliaria de TransMilenio entra ahora en una etapa decisiva. Ya existen terrenos identificados, contratos, aliados seleccionados, convocatorias abiertas y un primer PRUMS privado adoptado en el que quedó definida la manera de cobrar por el aumento del valor del suelo. Al mismo tiempo, buena parte del universo de 6.200 hectáreas continúa siendo apenas una posibilidad sobre el mapa.

El siguiente paso será medir los resultados. Cuánto dinero termina ingresando al sistema, qué proporción del mayor valor inmobiliario queda en manos públicas, cómo se escogen los proyectos y qué sucede con los propietarios y actividades que ocupan los sectores donde estas operaciones crezcan serán las preguntas que permitan establecer el alcance real del modelo.

Por ahora, las 6.200 hectáreas identificadas por TransMilenio dejan una certeza: la infraestructura de transporte empieza a pensarse también como una herramienta para transformar y financiar la ciudad que crece a su alrededor.

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Bogotá, a través de los canales de atención que disponen las secretarias y entidades, recibió 290.776 peticiones, quejas, reclamos y solicitudes entre abril y julio de 2026, un promedio cercano a 2.400 requerimientos diarios. Una de cada tres estuvo relacionada con el sector Movilidad, donde la prescripción de comparendos se convirtió en el trámite más reiterado por la ciudadanía.

El nuevo boletín de la Veeduría Distrital muestra que Movilidad acumuló 98.093 PQRS, equivalentes al 33,7 % del total. Le siguieron Salud, con 19.875; Integración Social, con 18.761; Hábitat y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, con 10.080, y Gobierno, con 9.683.

Estos cinco sectores reunieron 156.492 solicitudes, el 53,8 % de todas las registradas durante el periodo. Sin embargo, las cifras requieren una precisión: una PQRS puede corresponder a una petición de información, un trámite, una consulta o una queja. Su registro no demuestra automáticamente una falla de la entidad señalada.

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Las prescripciones superaron todas las solicitudes de Salud

La Secretaría Distrital de Movilidad recibió 22.976 solicitudes relacionadas con la prescripción de comparendos. Esta temática representó el 23,4 % de las PQRS del sector y, por sí sola, superó las 19.875 registradas en todo el sector Salud.

La prescripción ocurre cuando transcurre el plazo legal para cobrar una obligación sin que la administración complete las actuaciones correspondientes. La persona interesada debe solicitar su reconocimiento y la autoridad debe verificar el expediente, las fechas, las notificaciones y la existencia de actuaciones que hayan interrumpido el término.

El elevado número no equivale a 22.976 comparendos prescritos. La cifra identifica solicitudes presentadas por ciudadanos que buscaban una revisión o una decisión administrativa sobre sus casos.

Otras 4.757 PQRS estuvieron relacionadas con embargos y desembargos, mientras 1.452 pidieron actualizar información en plataformas como el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, las placas vehiculares o los datos del infractor.

También se registraron 972 solicitudes de operativos para controlar el tránsito y recuperar el espacio público.

Veeduría revisó las notificaciones y la plataforma Fénix

Ante la concentración de solicitudes, la Veeduría realizó una visita administrativa a la Secretaría de Movilidad para examinar la gestión de las PQRS, el funcionamiento de la plataforma Fénix y los procedimientos utilizados para notificar las actuaciones relacionadas con comparendos.

La revisión incluyó la coordinación con el operador de correspondencia y el manejo de datos procedentes del RUNT, el Registro Único Empresarial y Social, Orfeo y el SIMIT.

Los funcionarios también verificaron los controles de trazabilidad e integridad de la información dentro de Fénix-Contravenciones. La Veeduría encontró asuntos que requerían acciones de mejora en la generación de avisos web, el seguimiento al contrato de correspondencia y la atención de las solicitudes ciudadanas.

El boletín no cuantifica cuántos expedientes presentaron errores de notificación ni establece que todos los reclamos fueran favorables a los ciudadanos. La visita tuvo un carácter preventivo y derivó en solicitudes de información y mejoramiento dirigidas a Movilidad.

Negación de citas lideró las solicitudes en Salud

El sector Salud ocupó el segundo lugar, con 19.875 PQRS. Las negativas para asignar citas médicas concentraron 8.244 solicitudes, equivalentes al 41,5 % del total sectorial.

Otras 5.316 estuvieron relacionadas con fallas en la prestación del servicio y 2.148 con la negación de medicamentos. En conjunto, las tres temáticas reunieron 15.708 registros, cerca del 79 % de las PQRS del sector.

Para contrastar estas solicitudes, la Veeduría visitó 12 hospitales pertenecientes a las cuatro subredes integradas de servicios de salud. Durante las primeras inspecciones encontró dificultades en la orientación a los usuarios, asociadas con la ausencia o baja disponibilidad de personal encargado de resolver inquietudes.

También observó limitaciones en los espacios y elementos destinados a los pacientes y acompañantes durante los tiempos de espera.

En visitas posteriores, el organismo reportó avances en la disponibilidad de personal, la adquisición de elementos para la atención y la planeación de mejoras tecnológicas. Los hospitales de Meissen, Suba y Fontibón fueron destacados por sus prácticas de humanización, seguimiento y gestión del servicio.

Las asociaciones de usuarios de las EPS también comunicaron preocupaciones sobre las demoras en las citas con especialistas, las barreras administrativas, la entrega de medicamentos y la continuidad de los tratamientos durante una jornada de Diálogos por la Salud.

Pagos y actualización de datos concentraron las PQRS sobre subsidios

La Secretaría Distrital de Integración Social recibió 18.761 solicitudes. El Ingreso Mínimo Garantizado originó 4.629 registros relacionados principalmente con fechas de pago, valores girados y actualización de información.

Esta categoría representó el 24,7 % de las PQRS recibidas por el sector. Otras 2.673 estuvieron vinculadas con la activación o reactivación del subsidio de transporte.

La atención a personas mayores, los Centros Día y las comisarías de familia aparecieron dentro de un grupo de 2.665 solicitudes, mientras la habitabilidad en calle reunió 553.

La Veeduría revisó los convenios suscritos entre Integración Social y los Fondos de Desarrollo Local para dar continuidad a las transferencias monetarias. El seguimiento se concentró en la preparación de nuevos acuerdos una vez terminara la Ley de Garantías.

El boletín no señala una suspensión generalizada del Ingreso Mínimo Garantizado. Las solicitudes reflejan dudas, novedades de pago y trámites de actualización que deben ser examinados individualmente.

Basuras, espacio público y ruido también llegaron a las entidades

Hábitat y la UAESP acumularon 10.080 registros. Entre las temáticas identificadas estuvieron la recolección de residuos ordinarios, con 1.567 solicitudes, y el retiro de escombros, residuos voluminosos y materiales de construcción, con 338.

También se presentaron 212 solicitudes sobre mantenimiento del alumbrado público y 101 relacionadas con corte de césped o poda de árboles.

La Veeduría concentró parte de su seguimiento territorial en Rafael Uribe Uribe, donde revisó puntos persistentes de acumulación de residuos. Las entidades identificaron factores asociados con prácticas inadecuadas de disposición, actividades de carreteros y dinámicas de microtráfico.

El organismo pidió fortalecer la coordinación entre la Alcaldía Local y la UAESP, así como unificar los protocolos entre la Línea 110, la Línea 195, los operadores de aseo y las entidades distritales. La desarticulación puede producir respuestas incompletas y llevar a que los ciudadanos radiquen varias veces una misma solicitud.

El sector Gobierno recibió 9.683 PQRS. De ellas, 3.386 correspondieron a ocupaciones o intervenciones en el espacio público y 1.235 a ruido producido por establecimientos comerciales.

La Veeduría revisó las respuestas de las autoridades, los operativos desarrollados junto con la Policía y el Instituto para la Economía Social, además de las actuaciones de inspección, vigilancia y control.

Mayo registró la mayor cantidad de solicitudes

Mayo fue el mes con más PQRS, al alcanzar 77.521. Le siguieron julio, con 74.105; abril, con 73.774, y junio, con 65.376.

Entre mayo y junio se presentó una reducción del 15,7 %, seguida de un repunte del 13,4 % en julio. El boletín no explica si estas variaciones obedecieron a cambios estacionales, campañas de información, acumulación de trámites o modificaciones en los canales de recepción.

Más del 80 % de las personas utilizó medios virtuales y escritos. Asimismo, más del 13 % de los registros correspondió a derechos de petición de interés general.

Los datos proceden de la plataforma Bogotá Te Escucha y de las quejas recibidas directamente por la Veeduría. La plataforma distribuye los requerimientos entre las entidades distritales responsables y permite consultar el estado de su trámite.

¿Cuánto tiempo tiene una entidad para responder?

La Ley 1755 de 2015 establece como regla general un plazo de 15 días para responder una petición. Las solicitudes de documentos e información deben resolverse dentro de los diez días siguientes, mientras las consultas dirigidas a las autoridades tienen un término de 30 días.

Cuando una entidad no es competente, debe trasladar la solicitud a la autoridad correspondiente e informar al ciudadano. La respuesta también debe resolver de fondo el asunto planteado; remitir una comunicación genérica no satisface necesariamente el derecho de petición.

Los ciudadanos pueden presentar sus solicitudes mediante Bogotá Te Escucha. La Veeduría recomienda describir los hechos de forma ordenada, diligenciar la información solicitada e indicar la dirección, el barrio y la localidad cuando el caso esté asociado con un lugar específico.

El nuevo balance muestra qué asuntos llevan con mayor frecuencia a la ciudadanía a buscar una respuesta institucional. También deja una tarea pendiente: determinar cuántas solicitudes fueron resueltas dentro del plazo, cuántas resultaron favorables y cuántas tuvieron que presentarse nuevamente porque la primera respuesta no solucionó el problema.

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este miércoles 2 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá IDIGER, a esta hora llueve en gran parte de la ciudad.

Troncal Autopista Sur

A la hora se presenta alta congestión vehicular sobre la autopista sur a la altura del sector de Venecia, el servicio de troncal puede presentar demoras.

Personal en vía avanza con agilizar el paso de la flota sobre el corredor.

Para este miércoles 2 de septiembre, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.

Transmilenio empieza operación. El sistema empieza operación con normalidad.

Más de 120 portadores de las tradiciones del Pacífico colombiano participarán en la Feria del Hogar de Bogotá después de que el terremoto del 10 de agosto obligara a suspender la edición número 30 del Festival Petronio Álvarez en Cali.

Entre el 3 y el 20 de septiembre, artesanos, cocineros, diseñadores y productores de bebidas tradicionales comercializarán en Corferias los artículos que habían preparado para el festival. La muestra también incluirá música, moda, estética afro y otros saberes culturales del litoral.

La participación busca reducir las pérdidas que dejó la cancelación entre los expositores. Para numerosas familias, las ventas realizadas durante el Petronio representan uno de sus principales ingresos del año y requieren inversiones previas en materias primas, desplazamientos y producción.

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¿Dónde estará la muestra del Petronio en Bogotá?

La delegación estará ubicada en el segundo piso del pabellón 8 de Corferias, como invitada especial de la Feria del Hogar. El evento se desarrollará entre el jueves 3 y el domingo 20 de septiembre, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

Los portadores estarán distribuidos en dos grupos para cubrir los días de feria. Las fechas divulgadas inicialmente presentaron pequeñas diferencias entre las entidades y los medios, pero la programación vigente de Corferias establece que la Feria del Hogar abrirá del 3 al 20 de septiembre.

La iniciativa surgió de una articulación entre la Alcaldía de Cali, la Secretaría de Cultura de esa ciudad, la Alcaldía de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias.

Las entradas pueden adquirirse en la página oficial y en las taquillas del recinto. La preventa tiene un valor de $13.500 hasta el 3 de septiembre, según la información publicada por Corferias.

¿Qué encontrarán los visitantes?

La muestra llevará a Bogotá parte de los componentes que integran la denominada Casa Grande del Pacífico. La oferta estará concentrada en cuatro líneas:

• Artesanías y joyería inspiradas en las comunidades afrocolombianas.
• Moda y productos de estética afro.
• Dulces, alimentos y mecatos tradicionales.
• Bebidas ancestrales elaboradas por portadores del Pacífico.

La agenda también contempla presentaciones musicales y actividades orientadas a compartir los conocimientos vinculados con cada producto. La programación detallada por días todavía no había sido publicada.

Una de las participantes será Viviana Díaz, creadora de la marca Raíces, quien llevará collares, aretes y otras piezas de joyería étnica artesanal inspiradas en elementos culturales de las comunidades negras y del Pacífico colombiano.

Los expositores podrán vender directamente sus productos, establecer contactos con compradores y presentar sus iniciativas ante visitantes procedentes de diferentes regiones del país.

La muestra en Corferias no reemplaza al festival

La participación en Bogotá será una plataforma comercial y cultural para los portadores afectados por la suspensión. No corresponde a una nueva sede ni a una versión trasladada del Festival Petronio Álvarez.

El festival incluye un concurso musical, muestras de cocina, bebidas, artesanías, moda, encuentros académicos y una programación de gran formato que cada año reúne a cientos de miles de personas en Cali.

“Es importante aclarar que la Feria del Hogar no es nuestro festival”, explicó Julián Arteaga, secretario de Cultura de Cali. El funcionario señaló que el espacio permitirá vender los productos preparados para agosto y generar nuevas conexiones comerciales.

La precisión evita confundir la presencia de algunos componentes del Petronio con la realización completa de su edición número 30.

El terremoto dejó a cientos de familias sin su principal vitrina

El Festival de Música del Pacífico estaba programado entre el 12 y el 17 de agosto. Su montaje en la Unidad Deportiva Alberto Galindo había alcanzado aproximadamente el 90 % cuando el terremoto de magnitud 7,4 sacudió el suroccidente del país.

La Alcaldía de Cali suspendió la programación para concentrar la respuesta institucional en la atención de la emergencia y evitar riesgos para asistentes, artistas y trabajadores.

La decisión afectó una cadena económica que comienza varias semanas antes de la apertura. Cocineros habían comprado pescados y otros insumos; artesanos habían adquirido materiales y productores de bebidas tenían listas sus existencias.

La Secretaría de Cultura explicó que buena parte de los portadores depende de las ventas realizadas durante los seis días del festival para recuperar esas inversiones y sostener sus actividades durante el resto del año.

Tras la suspensión, la Ciudadela Petronio fue convertida en centro de acopio y la Alcaldía organizó la campaña Petronio Solidario para recibir ayudas destinadas a las familias afectadas por el terremoto y a participantes del festival.

Cali prepara una conmemoración especial

El futuro inmediato del festival ha tenido anuncios diferentes. Inicialmente, el secretario de Cultura señaló en entrevistas que se buscaba realizar durante noviembre un encuentro más pequeño, centrado en la memoria, la solidaridad y la recuperación emocional de la ciudad.

Sin embargo, la información oficial publicada posteriormente por la Alcaldía de Cali señala que se prepara una conmemoración especial durante septiembre y que la edición número 30, con su formato de concurso, se proyecta para 2027.

La administración todavía no ha divulgado la fecha exacta, el escenario ni la programación de esa conmemoración. Tampoco se ha confirmado si reunirá todas las modalidades musicales y culturales previstas para agosto.

La Unidad Deportiva no podrá albergar por ahora un evento con la dimensión habitual debido al estado de algunas estructuras cercanas después del terremoto. Las autoridades deberán evaluar otros escenarios antes de autorizar concentraciones masivas.

Por lo tanto, la presencia en Corferias mantendrá visibles algunos de los saberes del Petronio mientras Cali avanza en la recuperación física y social. El aniversario de sus 30 ediciones quedará pendiente, pero los productos y oficios construidos alrededor del festival tendrán durante septiembre una vitrina en Bogotá.

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En un extraordinario ensayo titulado “España contra todo pronóstico”, Gilberto Carrasquero Naranjo propone una idea que parece desafiar toda lógica contemporánea, de que quizás los españoles viven más no a pesar de pasar horas en los bares, sino precisamente por ello. No porque el vino o el café prolonguen la vida, sino porque esos espacios preservan algo que las sociedades modernas han ido perdiendo: la convivencia.

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La tesis resulta provocadora. Mientras buena parte del mundo invierte millones en tecnología médica, relojes inteligentes, gimnasios y dietas personalizadas, España sigue apostándole, casi sin proponérselo, a la conversación, la sobremesa y la plaza pública. Carrasquero recuerda que ese país tiene más bares que camas hospitalarias y, sin embargo, posee uno de los mejores sistemas de salud con una de las mayores expectativas de vida del planeta.

Su reflexión obliga a mirar más allá de las cifras sanitarias. La salud no comienza cuando una persona entra al consultorio ni termina cuando sale del hospital. Empieza mucho antes, en la manera como una sociedad se relaciona consigo misma, construye confianza y aprende a cuidar de los otros.

Vista desde esa perspectiva, la comparación con Bogotá resulta inevitable. La capital colombiana es, probablemente, la ciudad donde mejor se expresa la lógica del rendimiento permanente. El frío de su clima parece reflejarse muchas veces en la forma como transcurre la vida cotidiana. Las largas distancias, los interminables trancones, el afán constante, la inseguridad y la presión laboral han convertido el encuentro espontáneo en un lujo y la conversación tranquila en una excepción. Se sale para trabajar, producir o resolver problemas; rara vez para convivir.

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No es casualidad que Bogotá concentre el poder político y económico del país y, al mismo tiempo, proyecte una cultura donde el tiempo parece insuficiente para todo. Aquí las agendas sustituyen las sobremesas, las reuniones reemplazan las tertulias y la productividad termina ocupando el espacio que antes pertenecía a las relaciones humanas.

No se trata de idealizar a España ni de romantizar los bares. Como bien plantea Carrasquero, el bar español es apenas un símbolo de algo mucho más profundo, de la existencia de espacios donde las personas pueden encontrarse sin que medie un objetivo económico. Lugares donde el gerente conversa con el albañil, el jubilado con el estudiante y el vecino con el desconocido. Esa interacción cotidiana genera confianza, solidaridad y sentido de pertenencia, tres ingredientes esenciales de cualquier sociedad saludable.

Quizás por eso los países que más invierten en optimizar cada minuto de la vida no siempre consiguen vivir mejor. Han perfeccionado la medicina, pero han descuidado la convivencia. Han multiplicado los indicadores de bienestar mientras disminuyen los espacios para construir comunidad.

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La gran lección del ensayo de Carrasquero trasciende a España. Nos recuerda que la salud también depende del tejido social y que la calidad de una sociedad no se mide únicamente por el número de hospitales o especialistas, sino por la capacidad de sus ciudadanos para reconocerse, escucharse y acompañarse.

Bogotá necesita más que nuevas vías, edificios inteligentes o modernas clínicas. Necesita recuperar espacios donde las personas vuelvan a mirarse a los ojos, conversar sin afán y sentirse parte de una comunidad. Porque una ciudad no se enfría solamente por la temperatura de su clima, sino también por la temperatura de sus relaciones humanas.

Al final, quizá el verdadero desarrollo no consista en construir más infraestructura para atender la enfermedad, sino en construir una sociedad donde las personas tengan más razones para vivir juntas. España parece haberlo entendido hace siglos. Bogotá todavía está a tiempo de aprender esa lección.

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