A pocos días de que se cumplan los primeros 10 años de la firma inicial del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, que se suscribió en Cartagena el 26 de septiembre de 2016, el expresidente Juan Manuel Santos, quien estuvo al frente de esa negociación, se refirió a lo que se ha logrado en esta última década y a las tareas pendientes. El exjefe de Estado habló de las lecciones que ha dejado este proceso, no solo para Colombia, sino para todo el mundo, justo en un momento de conflictos e incertidumbre geopolítica.

Durante su intervención, Santos aseguró que, para que la construcción de la paz tenga éxito, los Estados deben hacer presencia en todo su territorio, no solo con el pie de fuerza militar, sino también con la inversión social que se traduce en llevar jueces, maestros, médicos y obras de infraestructura, entre otras necesidades. En este punto, aseguró que por eso es tan importante la implementación total de lo firmado hace 10 años.

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“Desafortunadamente, los dos últimos gobiernos, por razones distintas, han fallado en este aspecto. Pero no es demasiado tarde. El acuerdo fue concebido como un marco integral. Sus distintos componentes se refuerzan entre sí. La seguridad sin transformación rural no será suficiente. La reincorporación sin oportunidades económicas no será suficiente. La justicia sin verdad no será suficiente”, aseguró Santos.

A renglón seguido, el ganador del Nobel señaló que cuando se habla de paz no se trata de un proyecto de cuatro u ocho años, y que tampoco se trata únicamente de silenciar los fusiles. Así mismo, aseguró que Colombia fue un país que alguna vez creyó que la paz tenía que llegar por la vía de la victoria militar, pero que con lo pactado en Cartagena y en La Habana, se demostró que la negociación también era un camino.

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“Hoy, alrededor del mundo, estamos presenciando lo contrario de lo que esperábamos. Las guerras están regresando. La diplomacia está bajo presión. Las instituciones multilaterales están siendo cuestionadas. Y existe una creciente tentación de creer que la fuerza militar es el único lenguaje que los adversarios entienden. Colombia ofrece una perspectiva distinta: la negociación no es debilidad. El compromiso no es rendición. Y el diálogo no significa abandonar los principios”, concluyó el exmandatario en el evento.

El pronunciamiento se produce justo cuando el presidente Abelardo de la Espriella está desmontando la estrategia de “paz total” de su antecesor, Gustavo Petro, que consistía en buscar acuerdos con varios grupos armados y bandas criminales. A esto se suma que desde la Presidencia también se está modificando parte de la estructura enfocada en la implementación del Acuerdo, pues el foco de la nueva administración será la seguridad.

Esta apuesta de De la Espriella se complementa con la apuesta de retomar la fumigación de cultivos ilícitos y extraditar a cabecillas de grupos armados que en el anterior gobierno llegaron a ser gestores de paz o negociadores en las diferentes mesas que respaldó el ahora expresidente Petro.

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Luego de que se conociera que dentro del presupuesto de 2027 presentado por el gobierno De la Espriella hay un recorte de 37 % para la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) representado en COP 133.000 millones menos para el próximo año, el Consejo Nacional de Reincorporación Componente Comunes se pronunció y advirtió sobre, lo que consideran, serían las implicaciones de esta decisión para el proceso de reincorporación de quienes dejan las armas.

“A diez años de la firma del Acuerdo de Paz no podemos permitir que la implementación se debilite por falta de recursos, capacidades institucionales o voluntad política”, dijo Laura Villa, vocera del Consejo.

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“Hacemos un llamado al Congreso de la República, al Gobierno Nacional, a la ciudadanía y a la comunidad internacional para defender los recursos y las capacidades necesarias para garantizar la implementación integral del Acuerdo de Paz. El momento de actuar es ahora, la paz no se implementa con recortes, se construye con garantías, recursos y voluntad de cumplir”, precisó.

No obstante, aunque se recortó el presupuesto para la ARN, en el documento que llegó al Congreso si hay varias asignaciones presupuestales que contemplan la implementación del acuerdo. Hay un rubro para la Jurisdicción Especial para la Paz de COP 821.803 millones, lo que implica un aumento del 10,4 % frente a lo que se le asignó en la última vigencia del gobierno de Gustavo Petro.

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Por su parte, la Unidad de Restitución de Tierras tuvo un aumento del 8,8 % en su presupuesto, alcanzando para 2027 una asignación de COP 514.471 millones. En contraste, otras entidades presentan recortes. Es el caso de la Agencia de Reincorporación y Normalización y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que tendrá una reducción del 2,6 %, equivalente a alrededor de COP 5.000 millones.

También resulta relevante que entre las entidades relacionadas con la implementación de la paz contempladas en el nuevo presupuesto no figure la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, cuyo cierre ya había sido anunciado por De la Espriella antes de asumir oficialmente la Presidencia.

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Pese a ello, el documento presupuestal señala que “se viene asegurando que los recursos destinados a la paz sean claramente identificados y transparentes en el presupuesto nacional, facilitando la supervisión y la rendición de cuentas”. En ese sentido, incluye un apartado que “presenta los recursos que se destinan al cumplimiento Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (AFP), por parte de las entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación”.

Sin embargo, los recursos destinados a la construcción de paz no se concentran exclusivamente en las entidades especializadas en esta materia. El Gobierno sostiene que otras instituciones con responsabilidades dentro del proceso también contarán con recursos que serán ejecutados bajo este enfoque.

En total, la administración de De la Espriella proyecta destinar COP 20,9 billones al cumplimiento del Acuerdo de La Habana, recursos que serán ejecutados por 48 entidades. De acuerdo con el documento, “De estos, COP 7,54 billones corresponden a recursos de inversión y COP 13,3 billones a recursos de funcionamiento, estos recursos son consistentes con el MFMP y con el Plan Marco de Implementación (PMI)”, se lee en el documento.

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La Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra varios jefes de grupos criminales que habían sido levantadas en el gobierno de Gustavo Petro en medio de su iniciativa de paz total. Dentro de las personas que busca nuevamente el ente investigador, están Alexander Díaz Mendoza, conocido como Calarcá Córdoba; Giovanny Andrés Rojas, alias Araña; y José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, quienes habían sido designados como gestores de paz.

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Con el documento, el ente investigador reactivó las órdenes en contra de 46 personas, de las cuales 27 son del Estado Mayor de Bloques y Frente, 13 de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y seis de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. La Fiscalía resaltó que la orden se da por la decisión del gobierno nacional de haber levantado las mesas de diálogo con estos grupos armados el pasado 28 de agosto, por lo que, en consecuencia, revocó la designación de estas personas como representantes.

Las órdenes reactivadas contra el Estado Mayor de Bloques y Frente

Según se lee en el documento de la Fiscalía, las órdenes reactivadas son contra Carlos Eduardo García Téllez (alias Andrei o Adrey), Sandra Milena Niño Guerrero, Farby Edisson Parra Parra (alias Richard), Robinson de Jesús González (alias Caicedo), Fabio Giraldo Giraldo (alias Albeiro González), Jeisson Ferney Lasso Devia, Yimison Bustos Ávila (alias Jimmy o Andrian Méndez), Rolad Arnulfo Torres Huertas (alias Álvaro Boyaco), Yersid Muñoz Ramírez, Jhon Faiber Lugo Ramos (alias Rafael).

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Asimismo, contra Euser Motta Meneses, Alexis de Jesús Muñoz Adarve, Jhonmaro Ortiz Camayo (alias Maniqueta o Yogui), Elkin Eduardo Ramírez Ramírez, Faber García Guzmán (alias El Soldado), Jorge Luis Caicedo Castro, Jhon Janier Trochez Medina (alias Malacía), Jerci Duvian Ruiz Mazo, Sergio Andrés Martínez Martínez (alias Hueso o Bolívar), Romario Carrascal Alvernia, Jhon Edinson Bayona Rojas, Edwar Andrés Campo Dagua (alias Cabezas o Jimmy), Adolfo Ballesteros Fernández, Óscar Ojeda Erazo (alias Leopoldo o Papá Noel), Alexander Díaz Mendoza (alias Calarcá), Diana Carolina Rey Rodríguez (alias Érika) y Javier Alfonso Velosa García (alias Jhon Mechas o John Catatumbo).

Las órdenes reactivadas contra la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano

En el caso de este grupo armado, se reactivaron las órdenes contra José Vicente Lesmes (alias Walter Mendoza), Geovanny Andrés Rojas (alias Araña), Luis Andrés Figueroa Marín (alias Popeye), Allende Perilla Sandoval (alias Allende), José Darley Malagón Jiménez (alias Uriel o Poco Pelo), Henry Quiñones Angulo (alias Tocayo), Diego Fernando Guerrero Segura (alias Diego o Negro Eloy), María Lizeth Moreno Cantillo, Jorge Alejandro Avendaño Suárez, Pablo Edis Ortiz Cortés (alias Bladimir), Andy Javier García Lastre, Eduin Mauricio Matallana Ramírez y Edilson Barreto Romero.

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Las órdenes reactivadas contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn)

En el caso de las Acsn, se reactivó la orden en contra de José Luis Pérez Villanueva (alias Cholo), Loryin Emilio Pertuz Ballestas (alias Sebastián o York), Orlando Pérez Ortega (alias Patiliso), Élmer David Reyes Carrillo, Jhon Rafael Salazar Salcedo y Daniel Bravo Arias.

Desde abril pasado, el ente investigador había anunciado que iba a reactivar las órdenes de captura en contra de varios jefes criminales. En ese momento, le pidió al gobierno de Gustavo Petro que revocara la vocería de varios integrantes de estos grupos armados que, aparentemente, estaban incumpliendo sus compromisos como gestores de paz.

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El presidente Abelardo de la Espriella presentó ante el Congreso un presupuesto de COP 636 billones para el año 2027 que deberá ser discutido por legisladoras y legisladores para lograr su aprobación. A la par, el Gobierno -bajo las órdenes del ministro de Defensa, Jorge Mora- viene adelantando una estrategia de seguridad en la que van tres bombardeos en menos de 20 días contra grupos criminales, más de 40 extradiciones y el cierre de tres mesas de diálogos de paz. Su objetivo desde el primer momento ha sido “desmontar” la política de “paz total” que llevó a cabo la administración anterior y enfocarse en una estrategia de choque. ¿Cuánta plata se destinó para la paz en este presupuesto?

Lo cierto es que, dentro de los montos asignados para diferentes entidades que surgieron a raíz del Acuerdo de Paz con las Farc hay tanto aumentos como recortes. En el documento que llegó al Congreso hay un rubro para la Jurisdicción Especial para la Paz de COP 821.803 millones, lo que implica un aumento del 10,4 % frente a lo que se le asignó en la última vigencia del gobierno de Gustavo Petro.

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Esta decisión manda un mensaje respecto a cómo se manejará esta entidad durante el mandado de De la Espriella, algo que ha generado -y sigue generando- inquietudes respecto al cumplimiento de las garantías exigidas tras el acuerdo por parte de excombatientes e incluso del Nobel de Paz, Juan Manuel Santos.

Por su parte, a la Unidad de Restitución de Tierras se le incrementó el rubro en un 8,8 %, por lo que para este 2027 su asignación llegó a los COP 514.471 millones. No obstante, para otras oficinas, como la Agencia de Reincorporación y Normalización se registró una disminución del 37 %, es decir que ahora cuentan con COP 133.000 millones menos. En esta misma línea está la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que presenta una reducción presupuestaria de 2,6 %, es decir al rededor de COP 5.000 millones.

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Además, llama la atención que dentro de las entidades destinadas para la paz del nuevo presupuesto no aparece la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, que De la Espriella ya había anunciado que cerraría -antes de posesionarse- al asumir el poder.

No obstante, dentro del presupuesto sostienen que “se viene asegurando que los recursos destinados a la paz sean claramente identificados y transparentes en el presupuesto nacional, facilitando la supervisión y la rendición de cuentas”. Por esta misma razón se cuenta con un apartado que “presenta los recursos que se destinan al cumplimiento Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (AFP), por parte de las entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación”.

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No todo el dinero que irá al trabajo por la paz está alojado en estas entidades especializadas. El Gobierno asegura que también se dispondrá en otras entidades a las que les compete el proceso y que utilizarán recursos con ese enfoque. En total el Gobierno De la Espriella asegura que destinará COP 20,9 billones para garantizar el cumplimiento del acuerdo de la Habana y que serán ejecutados por 48 entidades.

“De estos, COP 7,54 billones corresponden a recursos de inversión y COP 13,3 billones a recursos de funcionamiento, estos recursos son consistentes con el MFMP y con el Plan Marco de Implementación (PMI)”, se lee en el documento.

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El trabajo para la paz estará focalizado, según fuentes le aseguraron a El Espectador, en cumplir lo que por Constitución exige el Acuerdo de Paz, ahora resta ver cuál será el manejo que se le dará a la implementación del acuerdo, algo que desde el gobierno anterior viene presentando problemas, según la Misión de Verificación de la ONU.

Vea el presupuesto explicado por el Gobierno:

Por su parte, lo que no corresponda al acuerdo ya firmado será tratado desde el sector de seguridad, como ya lo había anunciado el presidente incluso desde la campaña. Además, De la Espriella aseguró que piensa llevar a cabo más de diez bombardeos durante los primeros cien días de su gobierno. Como se mencionó, hasta la fecha van tres en los que han muerto alrededor de 32 personas.

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Entre las muertes hay al menos cuatro menores de edad, según Medicina Legal, lo que generó polémica, pero el ministro Mora salió en defensa de la operación y dijo que “eran combatientes” y que el gobierno de De la Espriella “observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución” de la ofensiva. “Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas”, aseveró De la Espriella tras las declaraciones del ministro.

En ese sentido desde la Defensoría del Pueblo se dijo: “Tras el reciente bombardeo en El Retorno, Guaviare, en el que murieron tres menores de edad, reiteramos que el reclutamiento está absolutamente prohibido por el DIH y es responsabilidad de los grupos armados que continúan incurriendo en esta abominable práctica. Pero los menores de edad reclutados siguen siendo víctimas, y el Estado debe extremar las precauciones y evaluar alternativas que permitan proteger sus vidas”. Y la organización Save The Children expresó: “Su posible presencia (la de menores) debe preverse antes de cualquier operación militar”.

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El vicepresidente José Manuel Restrepo será el rostro de la primera maniobra diplomática en términos de seguridad y paz ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). Si bien el foco de la política pública ahora está en la confrontación directa contra grupos criminales, la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc se mantiene, para lo cual la comunidad internacional es clave y el organismo multilateral se vuelve uno de los escenarios para ajustar esa visión que ahora plantea el Gobierno con los compromisos que se deben cumplir. Y no es un paso aislado.

La polémica estaba en torno al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y otras instancias que surgieron tras el pacto de La Habana, pero la radicación del presupuesto general de 2027 –con los ajustes pedidos por el presidente Abelardo de la Espriella– y las citas de septiembre y octubre que habrá en Nueva York con la ONU marcaron una primera ruta.

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En el documento que llegó al Congreso hay un rubro para la JEP de COP 821.803 millones, lo que implica un aumento del 10,4 % frente a lo que se le asignó en la última vigencia de la administración anterior. Y aunque en lo referente a las designaciones para las entidades relacionadas con temas de paz llama la atención que no aparezca la Unidad de Implementación, sí se registraron rubros para otras oficinas que adelantan tareas en esa materia.

A la Unidad de Restitución de Tierras se le incrementó el rubro en un 8,8 %, por lo que para este 2027 su asignación llegó a los COP 514.471 millones. No obstante, para otras oficinas, como la Agencia de Reincorporación y Normalización se registró una disminución del 37 % (COP 133.000 millones).

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Esto muestra que la intención de reducir entidades, comenzando con las relacionadas a los asuntos de paz, ya comenzó desde el primer presupuesto que maneja el actual Gobierno. Y aunque disipó las dudas sobre una posible “asfixia total” a estos asuntos para enfocar la estrategia solo hacía seguridad, sí deja sobre la mesa una serie de inquietudes que han planteado desde excombatientes hasta el propio Nobel de Paz Juan Manuel Santos.

Por eso, cobra relevancia que Restrepo vaya como el delegado de Colombia al pleno de la ONU en septiembre, ya que De la Espriella dijo que no saldría del país en su cuatrienio. Esa primera puntada diplomática, respaldada por el canciller Omar Bula y los embajadores María Consuelo Araújo (ante Estados Unidos) y Mauricio Gaona (ante ese organismo multilateral), será un espacio para defender la nueva visión de seguridad sin dejar de lado el cumplimento de compromisos refrendados ante esta instancia como el mismo Acuerdo de Paz. Y en octubre, que es el Consejo de Seguridad, se definirá la continuidad de la Misión de Verificación.

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Todo tiene un blindaje constitucional, por lo que su permanencia en el tiempo tiene una salvaguarda garantizada. Pero al girar hacia la confrontación directa hacia los ilegales, la duda se mantiene sobre cómo serán el “sometimiento” y el “desmantelamiento” de otras estructuras criminales.

El panorama de la paz durante el primer mes del gobierno De la Espriella deja un saldo de aproximadamente 41 extradiciones, tres mesas de diálogo canceladas, la revocación de los puestos de jefes de dichas negociaciones y de los miembros de estas organizaciones ilegales que tenían beneficios en el marco de la “paz total”. El mensaje es claro: desde el nuevo gobierno se prioriza una ofensiva contra estos grupos, algo que se había anunciado incluso desde la campaña del ahora presidente. Además ya se han llevado a cabo dos bombardeos –ejecutados por el ministro de Defensa, Jorge Mora–, durante los cuales se han dado de baja a 12 integrantes de este tipo de grupos; entre las muertes hay al menos cuatro menores de edad, según Medicina Legal.

Esto generó polémica por tratarse de menores, pero el ministro Mora dijo que “eran combatientes” y que el gobierno de De la Espriella “observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución” de la ofensiva. “Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas”, aseveró De la Espriella tras las declaraciones del ministro. “Su posible presencia (la de menores) debe preverse antes de cualquier operación militar”, aseguró la organización Save The Children.

Pero hay más. Aunque en el papel había al menos siete mesas de diálogos rurales y urbanos con grupos criminales, ya se les puso fin a tres: con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y el autodenominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio (EMBF); todas disidencias de las Farc. La expectativa es que va a pasar con las demás, pues aún no se conocen los alcances de la ley de sometimiento que prometió De la Espriella, ni los del estatuto antiterrorista que anunció el ministro del Interior, Rodrigo Lara.

“No voy a permitir que la palabra paz siga siendo utilizada como excusa para la impunidad, ni que una mesa de diálogo se convierta en refugio para quienes persisten en la violencia y la criminalidad”, afirmó el jefe de Estado en su alocución presidencial del pasado 30 de agosto, durante la que confirmó el desmonte de la política de “paz total” del expresidente Gustavo Petro.

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En esta línea, Armando Novoa, quien era el funcionario designado por Petro para las negociaciones con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, le aseguró a El Espectador que “el presidente se equivoca de manera notoria, porque si alguna mesa, sin descalificar las otras, mostró avances en materia de diálogos de paz, fue la que nosotros lideramos”. Y sostiene que la prueba son los 99 miembros de esa disidencia que dejaron las armas y fueron llevados a una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Putumayo. Sin embargo, Novoa admitió que De la Espriella tiene la potestad de manejar la paz dentro del Estado como “mejor le parezca”; pero dejó claro que sí debe darle importancia a los mandatos constitucionales del Acuerdo de Paz.

“Lo importante es que nos diga cuál es el marco judicial para el sometimiento de esas 99 personas que están en la ZUT y a la espera de que haya una respuesta clara”, aseguró Novoa, quien dice que a pesar de que se han hecho las consultas pertinentes al Ministerio del Interior sobre lo que sucederá con estos individuos, no han recibido respuesta y se mantienen en incertidumbre. Por su parte, desde la cartera encabezada por Rodrigo Lara, aseguran que estos temas ya no competen a la entidad y que se trasladaron por completo a Presidencia.

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En esta misma línea se encuentran los más de 11.000 firmantes del Acuerdo de Paz que, a pocos meses de que se cumplan los diez años de la firma alertaron por una cifra alarmante que viene desde 2016: 524 exmiembros de las Farc asesinados. Desde el antiguo secretariado de esa ya extinta guerrilla se presentó un derecho de petición preguntándole al Gobierno que sucederá con la implementación del acuerdo durante este mandato y si se garantizaran los derechos de quienes comparecieron ante la justicia hace diez años.

“Estamos llamando a desactivar todos los mecanismos de estigmatización que se tienen sobre la población firmante. Y eso pasa también en relación con las aseveraciones que hizo el presidente de la República en el inicio o en el discurso inaugural de su mandato, [...] no se puede generar un un mensaje ambiguo que genere tanto inseguridad jurídica como niveles de esta estigmatización. La Defensoría del Pueblo en sus alertas ha corroborado que la estigmatización es el preámbulo de cualquier otro crimen contra los firmantes del acuerdo como lo es principalmente el asesinato. Hacemos un llamado al Gobierno a desescalar el lenguaje estigmatizante”, aseguró Camilo Fagua, coordinador nacional de la defensa de firmantes de paz.

Lo cierto es que el cambio de gobierno vino una falta de empalme que, según fuentes dentro de las mesas de diálogo, generaron complicaciones en este proceso de cierre de las mesas y de claridad respecto a lo que puede suceder con las entidades estatales dispuestas en el ya pactado acuerdo de paz. Pero esto contrasta con los informes de organizaciones internacionales que, en resumen, muestran la evidencia de cómo “fracasó” la llamada “paz total”, al punto que los criminales en armas pasaron a más de 20.000 en el último cuatrienio.

Desde la Misión de Verificación de la ONU y la Defensoría del Pueblo aseguraron, en informes recientes que hicieron públicos, que la implementación del acuerdo de 2016 no fue contundente y que, por el contrario, la política de paz del gobierno Petro incrementó los índices de reclutamiento de menores y desaparición forzada. Sobre el primer indicador, Human Rights Watch reportó hace una semana que entre 2021 y 2025 se llegó a 1.500 niños y niñas víctimas de flagelo.

Desde la Misión de Verificación alertaron que la implementación del acuerdo “siguió registrando progresos graduales, pero desiguales” durante la administración pasada y persistieron “retos estructurales” que además se acentuaron en medio de la escalada de violencia y la expansión de los grupos criminales.

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Ahora el gobierno De la Espriella dio el giro en el manejo de la paz que advirtió desde campaña y se volcó de lleno en la estrategia de seguridad. No han pasado 30 días desde que llegó al poder y Abelardo de la Espriella ya marca la línea que deberán seguir los funcionarios de su gobierno.

En ella también adelanta nombramientos como el de D’mar Córdoba en la dirección del Centro de Memoria Histórica, quien llegó en medio de críticas por sus posturas pasadas negando la existencia del conflicto armado. Sin embargo, recién asumió el cargo el pasado 25 de agosto, aseguró que “el conflicto armado existe. [...] No hay víctimas de primera ni de segunda”.

Es cuestión de días para que se sepa el camino que el gobierno de De la Espriella seguirá para implementar el Acuerdo de Paz de 2016 y para lo cual las gestiones de Restrepo en Nueva York pueden resultar determinantes. Además, se deberá definir cuál será el manejo que se le dará a los procesos de quienes se sometan a la justicia y vengan de grupos que para la actual administración son “terroristas”. Entre ellos el Clan del Golfo, el ELN y las mismas disidencias.

Estas son las resoluciones firmadas por De la Espriella para terminar mesas de la paz total

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Fabiola León Posada tiene la memoria dividida en dos: una parte para la felicidad y otra para el dolor. Recuerda que su casa de infancia, en Ciudad Berna (Bogotá), siempre tenía las puertas abiertas para recibir a todo el que llegara. Cuenta que su tío, Leonardo Posada Pedraza, se reunía en la sala con todos sus amigos, que eran también líderes sociales. Comían, conversaban, escuchaban música y contaban chistes. “Eran reuniones llenas de alegría, canciones y risas que duraban días. Eso fue lo primero que desapareció”, dijo ella. Esos días de felicidad se quedaron alojados en un rincón de su cabeza al que cada tanto vuelve cuando siente que le duele lo que le hicieron a su familia el 30 de agosto de 1986, cuando mataron a Leonardo.

La imagen está tan intacta en sus recuerdos que hoy, 40 años después del crimen, Fabiola León recrea a la perfección lo que sucedió, al punto de que habla en presente, como si el homicidio de ese congresista de la Unión Patriótica (UP), el primero en llegar al Congreso por parte de esa colectividad, hubiera sido ayer. “Tengo grabado el día que lo matan. Es un sábado a las siete de la noche. Están dando Sábados Felices. Llaman a mi mamá para decirle que lo mataron. Mi abuelita me coge. Me dice: ‘Me lo mataron’”, narró haciendo pausas largas para tragarse el llanto que todavía, a sus 50 años, le ahoga la voz. “Los recuerdos siempre van de la época más feliz, al momento más triste, cuando lo matan”, agregó, después de regresar de ese viaje en bucle que se quedó en su mente y la de su familia.

Ese sábado de 1986, dos sicarios que iban en una moto Suzuki roja le dispararon seis veces a Leonardo Posada cuando volvía a su casa en Barrancabermeja (Santander). A pesar de que intentaron salvarlo en el hospital, él murió y se convirtió en la primera víctima de la UP. Después de su muerte, el país fue testigo de una avalancha de asesinatos que dejó más de 6.000 víctimas, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Al dolor de ese recuerdo, Fabiola le agrega la impunidad. Dice que una de las cosas más fuertes para ella fue cuando la JEP, que documenta el caso del genocidio contra la UP, señaló que no había mucho más por hacer porque la mayoría de los llamados a responder estaban muertos y no había más investigaciones en curso.

“La justicia ordinaria no llegó a una condena para ninguno de los autores materiales e intelectuales y la JEP llegó a una encrucijada porque incluso se habla de alias “Vladimir”, como presunto responsable, pero nos dicen que por otro lado él ya cumplió su pena y no hay forma de volverlo a contactar. Los únicos autores que tenían opción de decir algo ya cumplieron condena y nos quedamos sin información. Es un caso que no tiene justicia ni tiene verdad”, explicó Fabiola. Esa instancia de paz calificó el ataque contra la UP como un genocidio e imputó como máximos responsables al mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, al brigadier general (r) Rito Alejo del Río Rojas y a los tenientes coroneles (r) Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez.

Fabiola León y su familia también están a la espera de que se cumplan las medidas de reparación que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), luego de que el 30 de enero de 2023 encontrara responsable al Estado colombiano por el exterminio de la UP y las múltiples violaciones a los derechos humanos. “Sabemos que hasta un punto el Ministerio de Cultura estaba haciendo unos documentales, pero las estrategias de reparación están embolatadas, se perdieron entre el gobierno Petro y la nueva administración. La acción estatal está debilitada, no hay compensación”, apuntó. El pasado 9 de noviembre de 2025, el expresidente Gustavo Petro presidió un acto de perdón público en Santa Marta.

Sin embargo, Reina Pedraza se murió esperando el perdón y la verdad sobre lo que le hicieron a su hijo. Fabiola recuerda que un día le preguntó a su abuela que si prefería la justicia o la verdad. Ella respondió que solo quería saber por qué lo mataron. Esa respuesta, según explica la familia Posada Pedraza, sigue siendo esquiva, al menos por parte del Estado. “En última instancia, se trata de un castigo por pensar diferente o por creer que exigir derechos nos pueden señalar. Incluso hoy, en 2026, defender los derechos humanos sigue siendo calificado como algo malo o perjudicial. Como si se tratara de un enemigo”, explicó Fabiola, al tiempo que aclara que Leonardo Posada tenía una labor estrictamente social.

“Leonardo había denunciado las violaciones a derechos humanos cometidas por paramilitares en Santander. También denunció la connivencia del paramilitarismo con el Ejército señalando directamente al militar Faruk Yanine Díaz. Además, en ese tiempo la gente no tenía alcantarillado, ni luz. Sus propuestas en Barrancabermeja tenían que ver precisamente con la reivindicación de servicios básicos. Lo que denunciaba era que no había agua potable y se violaban los derechos humanos. Por eso lo asesinaron”, agregó. Los hechos ocurrieron 40 días después de que la UP llegara al Congreso, tras los diálogos de paz que desarrolló el gobierno Belisario Betancur con las Farc 1985.

Cuarenta y ocho horas después del asesinato de Leonardo Posada, en circunstancias similares fue asesinado Pedro Nel Jiménez en Villavicencio, otro político elegido popularmente al Senado por la UP. La desconfianza que generaron esos dos asesinatos entre los militantes del partido fue tal que muchos decidieron volver al monte a empuñar las armas, como alias “Iván Márquez”, quien también había sido elegido representante a la Cámara; y unos más, como Ricardo Palmera, de sumarse a la insurgencia (hoy conocido como alias “Simón Trinidad”). La guerrilla de las Farc creció hasta volverse el enemigo número uno del Estado y luego, firmar un acuerdo de paz en 2016 para dejar de serlo.

Sin embargo, hoy “Iván Márquez” sigue siendo el jefe de una disidencia de esta guerrilla. La falta de una respuesta concreta por parte del Estado y la ausencia de justicia ha provocado en la familia Posada Pedraza una suerte de desgaste profundo por tratar de sostener lo que queda de historia y de memoria. “Lo mínimo que se sabe de Leonardo corre el riesgo de desaparecer. Este legado puede agotarse con nosotros. Por eso, la reconstrucción de la memoria ha sido un esfuerzo. Ha sido nuestra propia gente la que mantiene vivo el recuerdo en un país indolente. El Estado prometió monumentos y reparaciones simbólicas que nunca se concretaron”, explicó Fabiola León.

Eso sí, la sobrina de este líder político tiene claro que, ante la ausencia, “nos quedan nuestros propios recuerdos”. Tanto ella como su familia recuerdan la historia de Leonardo Posada cada que les es posible, aunque eso signifique volver a pasar por el corazón los momentos de felicidad y de tristeza. Fabiola reconoce que a veces siente que se le olvidan detalles. También, confiesa que teme que llegue el día en que no quede nadie para recordar, que ya nadie cuente la historia de uno de los momentos más violentos de la historia en Colombia contra un partido político y entonces el asesinato de la primera víctima de la UP se convierta nada más que en un episodio familiar.

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En la tarde hubo fútbol. Soldados y habitantes del caserío de Las Delicias, en Puerto Leguízamo (Putumayo), disputaron un último partido antes de que llegaran los abastecimientos enviados desde a sede principal del batallón en el corregimiento de La Tagua. Mientras un pelotón descargaba los víveres, decenas de guerrilleros de las Farc se acercaron sin ser advertidos al perímetro de la base. Todo estaba listo para perpetrar un ataque a las 10:30 pm que marcaría la historia del conflicto armado colombiano. Pero uno de los guerrilleros fue visto por uno de los centinelas de la base y, minutos después de las 2:30 pm del 30 de agosto de 1996, comenzó la balacera.

(En contexto: Tanta sangre vista por el canje)

Hoy se conmemoran 30 años de esa toma guerrillera en la que murieron 27 militares, 16 resultaron heridos y otros 60 fueron secuestrados. Cuando el centinela se dio cuenta de la presencia de hombres armados, gritó en alarma para pedir refuerzos y abrió fuego. Casi al mismo tiempo, una granada cayó en la plaza de armas, donde se encontraba buena parte de la tropa. Los soldados corrieron hacia las trincheras mientras la base comenzaba a ser golpeada con morteros, granadas, bombas incendiarias, fusiles y ametralladoras. Lo que siguió fueron cerca de 17 horas de combate.

De un lado estaban 110 integrantes de la Compañía C del Batallón de Selva número 49, comandados por el capitán Orlando Mazo. Del otro, alrededor de 500 guerrilleros pertenecientes a los frentes 2, 14, 32 y 48, la columna móvil Teófilo Forero y la guardia especial del Bloque Sur de las Farc. La diferencia no solo estaba en el número de hombres. La guerrilla conocía la ubicación de las trincheras, los puestos de vigilancia, el centro de comunicaciones y los depósitos de armamento.

Una operación preparada durante meses

La toma de Las Delicias no fue improvisada. Investigaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, así como fallos judiciales, han documentado que el plan comenzó a tomar forma el 17 de diciembre de 1995, más de ocho meses antes del ataque. Tres guerrilleros fueron enviados a la zona para infiltrarse entre los cerca de 150 habitantes del caserío y recopilar información sobre la base. Se presentaron como trabajadores de una finca cercana, se ganaron la confianza de la población y lograron aproximarse a los soldados.

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Uno de ellos, conocido como alias “Camilo”, aprovechó su afición por la pesca para acercarse al capitán David Zambrano, quien entonces comandaba la base. Otros integrantes de la guerrilla ingresaron haciéndose pasar por vendedores de productos agrícolas e incluso participaron en actividades deportivas organizadas dentro de la guarnición. Así pudieron grabar imágenes de las instalaciones y establecer las rutinas de los militares, los tiempos de abastecimiento, el tipo de armamento disponible y los caminos por los que podían ingresar.

Con esa información, las Farc construyeron una réplica de la base en las riberas del río Suncilla, al occidente de Remolinos del Caguán. Allí concentraron a sus hombres y ensayaron la operación. Para cuando comenzó el ataque, la guerrilla llevaba meses estudiando una posición militar que tenía trincheras deficientes, un sistema de comunicaciones precario y serias limitaciones para recibir apoyo aéreo. Días antes de la toma, la compañía que estaba en Las Delicias fue relevada por los 110 militares al mando del capitán Mazo. El oficial ya había estado seis meses antes en esa base y había pedido su retiro del Ejército. De acuerdo con las reconstrucciones del caso, fue enviado nuevamente a esa guarnición después de solicitar la baja.

Una noche bajo fuego

Los primeros puestos de vigilancia fueron destruidos al comienzo de la incursión. Los guerrilleros ocuparon parte de las trincheras y concentraron el ataque sobre los puntos de defensa ubicados en la entrada de la base. Los soldados respondieron y obligaron a los primeros grupos de asalto a retroceder, pero la intensidad del fuego fue destruyendo paulatinamente la guarnición. En medio del combate, un uniformado logró recuperar el radio de comunicaciones y entregárselo al capitán Mazo, quien solicitó refuerzos a La Tagua. Cerca de la medianoche, dos aviones OV-10 llegaron a la zona, iluminaron y atacaron los alrededores de la base.

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Sin embargo, no consiguieron comunicarse con los militares que permanecían en tierra y finalmente tuvieron que retirarse. Para entonces, la guerrilla ya controlaba el campo de fútbol y varios puestos de vigilancia. Cerca de 50 soldados resistían alrededor de tres posiciones, dirigidos por el capitán Mazo y apoyados desde la retaguardia por el subteniente Torres. Durante la noche, los militares recogieron las armas y municiones de quienes habían muerto o resultado heridos para sostener la defensa.

Los refuerzos que salieron desde Puerto Leguízamo tampoco pudieron llegar a tiempo. Un grupo de infantes de marina fue emboscado en Puerto Boy, a unos 20 minutos de Las Delicias, por guerrilleros apostados en las dos orillas del río. La operación quedó detenida mientras el combate avanzaba hacia su desenlace dentro de la base. Al amanecer del 31 de agosto, después de una breve pausa, comenzó un nuevo asalto. Los militares lograron rechazar inicialmente a la guerrilla y causarle varias bajas, pero sus municiones empezaron a agotarse. Cerca de las once de la mañana, los hombres que defendían la retaguardia fueron capturados. Solamente dos puestos permanecían bajo control del Ejército.

El capitán Mazo ordenó entonces intentar una salida hacia el río Caquetá. La idea era atravesar las instalaciones, alcanzar la ribera y resistir con la munición disponible o lanzarse al agua para llegar a la otra orilla. Mazo salió de la trinchera acompañado por tres soldados, pero fue alcanzado por el fuego de una ametralladora. Otros uniformados que intentaron seguirlo también fueron abatidos. Según las reconstrucciones del ataque, el capitán fue rematado cuando se encontraba herido.

Con casi todo el parque agotado, los últimos soldados destruyeron parte de su dotación y dejaron de disparar. La base quedó en manos de las Farc. El saldo fue de 27 militares muertos —dos oficiales, siete suboficiales y 18 soldados—, 16 heridos y 60 secuestrados. Siete uniformados que estaban fuera del perímetro al comenzar el ataque lograron salir ilesos. Al menos nueve guerrilleros murieron durante los enfrentamientos.

Diez meses de cautiverio

Cuando los primeros refuerzos llegaron a Las Delicias, en la tarde del 31 de agosto, la guerrilla ya se había retirado. Además de llevarse a los 60 uniformados, había incautado 99 fusiles. Los militares capturados fueron trasladados por los ríos Putumayo y Piñuña Blanco y posteriormente divididos en tres grupos. Durante el primer mes permanecieron en una zona selvática del norte de Ecuador, a varias horas de la frontera con Colombia.

El secuestro se prolongó durante diez meses. Los uniformados fueron liberados el 14 de junio de 1997, después de que el gobierno de Ernesto Samper aceptara desmilitarizar Cartagena del Chairá, en Caquetá. La decisión produjo un enfrentamiento público entre el Ejecutivo y la cúpula militar, entonces encabezada por el general Harold Bedoya, quien rechazó las concesiones otorgadas a la guerrilla para facilitar la entrega.

Las Delicias dejó al descubierto una cadena de fallas: una base vulnerable, información militar obtenida durante meses por la guerrilla, comunicaciones insuficientes, refuerzos que no llegaron a tiempo y una enorme desigualdad entre las fuerzas enfrentadas. También anticipó una etapa en la que las Farc pasaron de la guerra de emboscadas a operaciones de gran escala contra instalaciones militares.

Lo que determinó la JEP sobre Las Delicias

Casi tres décadas después del ataque, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconstruyó lo ocurrido con los 60 militares capturados en Las Delicias. Los antiguos integrantes de las Farc reconocieron que la operación fue ejecutada por estructuras del Bloque Sur y entregaron información sobre sus comandantes y propósitos. Fabián Ramírez Cabrera, uno de los antiguos jefes de esa estructura, también habló de su participación en la liberación de los uniformados.

(En contexto: Esta es la primera sentencia completa de JEP en contra del Secretariado de las Farc)

La JEP estableció que los militares permanecieron bajo vigilancia de los frentes 32, 48 y 49 hasta junio de 1997. Para que fueran entregados, las Farc solicitaron el despeje militar de Cartagena del Chairá. El gobierno de Ernesto Samper aceptó bajo varias condiciones, entre ellas que no existiera un canje. Según la jurisdicción, la liberación se produjo unilateralmente y sin exigir una contraprestación.

Esa conclusión llevó a la Sala de Reconocimiento a hacer una distinción jurídica. La captura de los 60 soldados, al haberse producido durante una operación militar, fue considerada una aprehensión de combatientes susceptible de amnistía. Para la JEP, en ese caso específico no se reunieron los elementos necesarios para calificar la privación inicial de la libertad como el crimen de guerra de toma de rehenes o como el crimen de lesa humanidad de privación grave de la libertad.

La posible amnistía, sin embargo, no cobijó lo ocurrido durante los casi diez meses de cautiverio. En el proceso fueron acreditados como víctimas 43 integrantes de la Fuerza Pública y 22 familiares y allegados. Seis uniformados relataron que padecieron torturas, golpes, paludismo, leishmaniasis y picaduras de insectos. También denunciaron que los guerrilleros utilizaron una misma jeringa para tratar a varios cautivos, lo que habría provocado enfermedades como hepatitis.

Otros testimonios señalan que algunos militares permanecieron amarrados y fueron obligados a cumplir extensas jornadas de marcha. Los cautivos también eran amenazados con ser asesinados si se producía un intento de rescate y vigilados incluso cuando hacían sus necesidades fisiológicas. La justicia ordinaria documentó, además, padecimientos físicos y mentales, esfuerzos desmedidos y torturas psicológicas.

La JEP concluyó que esas conductas podían constituir crímenes de guerra de tortura, tratos crueles y atentados contra la dignidad personal. Los antiguos miembros de las Farc imputados en el Caso 01 reconocieron estos crímenes concurrentes, que quedaron incluidos en la Resolución de Conclusiones de 2022 y posteriormente en la primera sentencia sancionatoria contra el último secretariado de esa guerrilla.

El 16 de septiembre de 2025, la JEP declaró penalmente responsables a Rodrigo Londoño Echeverri; Jaime Alberto Parra Rodríguez, conocido en la guerrilla como Mauricio Jaramillo o “el Médico”; Milton de Jesús Toncel Redondo; Pablo Catatumbo Torres Victoria; Pastor Lisandro Alape Lascarro; Julián Gallo Cubillos, y Rodrigo Granda Escobar, conocido como Ricardo Téllez. La condena no se limitó a Las Delicias: abarcó los patrones de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes cometidos por las Farc que fueron investigados en el Caso 01.

A los siete exintegrantes del secretariado les fue impuesta una sanción propia de ocho años, con restricciones efectivas de derechos y libertades. Durante ese periodo deberán participar en proyectos restaurativos relacionados con memoria y reparación simbólica, búsqueda de personas desaparecidas, recuperación ambiental y acción contra minas antipersonal. La sentencia los responsabilizó, según la situación particular de cada uno, por crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluidos homicidios, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles y atentados contra la dignidad de quienes permanecieron cautivos.

Treinta años después, Las Delicias sigue siendo recordada por las ruinas de aquella base, por los soldados que murieron intentando defenderla y por los 60 uniformados obligados a caminar hacia la selva para comenzar diez meses de cautiverio. La toma no duró más de un día. Sus consecuencias, en cambio, marcaron durante años la historia de las Fuerzas Militares y de una guerra que todavía intenta reconstruir lo que ocurrió aquella noche en Putumayo.

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Entre febrero de 2000 y febrero de 2001, un jefe paramilitar desató en Ocaña (Norte de Santander) una cadena de secuestros, homicidios y agresiones sexuales que dejó al menos 16 víctimas. Algunas fueron sacadas de sus casas; otras, raptadas durante un evento de moda o en inmediaciones de la cárcel municipal. Más de dos décadas después, esos crímenes, que habían quedado por fuera de los procesos de Justicia y Paz, encontraron una primera respuesta en los tribunales.

(En contexto: Las 21 masacres cometidas por el frente paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra)

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a ocho años de prisión a Noé Jiménez Ortiz, alias “Negro Jiménez”, antiguo comandante del frente Héctor Julio Peinado Becerra de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La sentencia no solo estableció su responsabilidad por seis hechos criminales, sino que concluyó que la violencia sexual fue uno de los instrumentos utilizados por la estructura paramilitar para castigar a las víctimas, intimidar a las comunidades e imponer su control sobre el territorio.

Jiménez Ortiz fue comandante de zona del frente paramilitar en San Martín, Aguachica y Gamarra, en el departamento del Cesar, y en Ocaña (Norte de Santander). El pasado 30 de junio aceptó su responsabilidad en seis hechos criminales ocurridos entre febrero de 2000 y febrero de 2001. Ninguno había quedado incluido en el proceso que anteriormente se adelantó en su contra en Justicia y Paz.

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El Tribunal lo declaró responsable de homicidio en persona protegida, acceso carnal violento, actos sexuales violentos, desnudez forzada, secuestro simple y agravado, desplazamiento forzado y constreñimiento ilegal, entre otros delitos. Además de la pena alternativa de ocho años, deberá pagar una multa equivalente a 21.862 salarios mínimos mensuales vigentes para 2006. También quedó inhabilitado durante 20 años para ejercer derechos y funciones públicas.

El secuestro de la adolescente y de su primo fue apenas uno de los casos reconocidos por el antiguo comandante. Jiménez Ortiz también aceptó su responsabilidad por lo sucedido durante un evento de moda realizado en una discoteca, del que los paramilitares se llevaron por la fuerza a tres menores de edad. Dos fueron víctimas de violencia sexual. La tercera permaneció desnuda contra su voluntad durante varias horas.

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Otro de los hechos comenzó cuando los hombres bajo su mando entraron a una vivienda y secuestraron a seis personas. Una de las mujeres retenidas fue asesinada y otra sufrió agresiones sexuales en repetidas oportunidades. Una víctima adicional fue secuestrada dos veces y sometida a violencia sexual después de que su padre fuera asesinado.

La sentencia concluyó que los ataques no podían explicarse como episodios aislados o actuaciones individuales de algunos paramilitares. Hicieron parte de un patrón de macrocriminalidad de violencia basada en género desplegado por el frente Héctor Julio Peinado Becerra para imponer sus reglas y ejercer control territorial y social. Las 16 víctimas reconocidas en esta condena habían quedado por fuera de los anteriores procesos de Justicia y Paz.

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Una estructura que impuso sus reglas en el sur de Cesar

El frente al que perteneció alias “Negro Jiménez” estuvo comandado por Juan Francisco Prada Márquez alias “Juancho Prada” y operó principalmente en el sur de Cesar y en varias zonas de Norte de Santander. Sus orígenes estuvieron relacionados con las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar (Ausac), surgidas de pequeñas redes de ganaderos de la región que comenzaron a armarse a comienzos de la década de 1990.

En una sentencia de Justicia y Paz conocida en 2016 contra tres integrantes de esa estructura reconstruyó su expansión y los métodos empleados para someter a las comunidades. El expediente documentó masacres, homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, amenazas y torturas contra habitantes de los territorios en los que el grupo buscaba consolidar su dominio.

(En contexto: El paso de ‘Juancho Prada’ por las Autodefensas)

Prada Márquez ejercía el mando de la organización, intervenía ante algunos de los excesos cometidos por sus subordinados y manejaba las relaciones con sectores políticos y con los gremios ganadero y palmicultor del sur de Cesar. La estructura permaneció activa hasta el 4 de marzo de 2006, cuando 251 de sus integrantes se desmovilizaron y entregaron 179 armas, 357 granadas y más de 35.000 unidades de munición.

La dejación de armas, sin embargo, no representó el final de la reconstrucción judicial de sus crímenes. La sentencia de Justicia y Paz analizó 65 hechos atribuidos al frente Héctor Julio Peinado Becerra. Al menos 16 correspondieron a torturas, empleadas principalmente para obtener información o forzar confesiones de personas señaladas de pertenecer a las guerrillas o de colaborar con ellas.

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Los magistrados identificaron 31 modalidades de tortura. Entre ellas estaban la asfixia, el ahogamiento por inmersión, las golpizas, las descargas eléctricas, las mutilaciones, las quemaduras, la violencia sexual y las afectaciones psicológicas. Las cifras reconstruidas por la justicia muestran cuál solía ser el destino de quienes pasaban por esos castigos: el 63 % de los civiles torturados fue posteriormente asesinado, el 14 % fue desaparecido y apenas el 23 % sobrevivió.

Para el Tribunal de Justicia y Paz, esas prácticas tampoco dependieron exclusivamente de la crueldad de determinados combatientes. La tortura servía a los objetivos de la organización. Además de castigar a quienes eran considerados colaboradores de la guerrilla, los paramilitares dejaban algunos cuerpos en lugares públicos. Era una forma de convertir el crimen en advertencia para quienes permanecían en el territorio.

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Las masacres atribuidas al frente paramilitar

Entre los crímenes documentados está la masacre de Paloquemao, ocurrida el 8 de febrero de 1999 en una vereda de Ábrego (Norte de Santander). Un grupo de aproximadamente 15 paramilitares sacó de sus viviendas a Omar Avendaño Pacheco, Nelfer Antonio Prada Mora y Libar Prada Mora. Los acusaron de recibir información de integrantes de la guerrilla, los asesinaron y abandonaron sus cuerpos a un costado de la carretera.

La justicia también atribuyó a esa estructura la masacre de Las Piñas, cometida el 5 de diciembre de 1997 en Aguachica (Cesar). Henry Eli Quintero Duarte, Manuel Salvador Mora Díaz y Alexander Barbosa Rincón fueron asesinados después de ser señalados como guerrilleros o como personas que podían entregar información sobre el grupo paramilitar.

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Otro de los episodios fue conocido como la masacre de la Gasolina. El 16 de abril de 1996, en San Martín (Cesar), cuatro personas que extraían combustible de un oleoducto fueron asesinadas. Durante el ataque, un paramilitar disparó contra el tanque de una tractomula y provocó un incendio que alcanzó otros vehículos.

El expediente también documentó la masacre de Las Margaritas, ocurrida en marzo de 2002 en una finca de Aguachica (Cesar). Allí fueron encontrados los cuerpos de José del Rosario Suárez Contreras, Juan de Dios Suárez Rolón, Diana Suárez Contreras y Eliceo Torres Pacheco.

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La condena contra alias “Negro Jiménez” agrega ahora otro capítulo a la reconstrucción judicial de esa estructura paramilitar. La sentencia no solo reconoce a 16 víctimas que habían quedado por fuera de los procesos anteriores. También establece que las agresiones sexuales, los secuestros y la desnudez forzada no fueron daños secundarios de la guerra, sino que hicieron parte del repertorio criminal utilizado para castigar a las víctimas, quebrar a las comunidades e imponer sobre ellas el poder de los paramilitares.

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Apostillas a una experiencia dolorosa

Las denuncias que nuestro mandato y objetivos nos han llevado a asumir en estos 10 años, no han estado ciertamente referidas a la delincuencia común, campo en el cual unos ciudadanos agreden a otros en su patrimonio o en su vida y seguridad. Defender los Derechos Humanos Fundamentales de las capas sociales más vulnerables, implica sumergirse en el campo de relaciones ciudadanos/Estado, único campo en el cual la mirada a esos derechos que hay que defender incluye la dimensión de la responsabilidad, considerada desde la instancia obligada específicamente a su garantía y protección.

En efecto, la palabra “derecho” implica algo más que exigibilidad ética e incluye la exigibilidad operativa. Y tal exigibilidad no es reivindicable ante personas o grupos privados, pues se legitimaría “la ley del más fuerte” o la barbarie, sino ante una entidad que concentre la responsabilidad de la protección, de donde deriva su legitimidad. Tal es el sentido y la justificación del ESTADO DE DERECHO.

Dado que los ciudadanos súbditos de un Estado, encuentran supuestamente en la estructura legal de ese Estado mecanismos de defensa contra las agresiones de los otros ciudadanos, siendo el Estado una especie de árbitro entre los ciudadanos, hay sin embargo un área de conflicto internamente más desprotegida y es la de las potenciales agresiones del Estado contra los ciudadanos. La tradición jurídica universal reconoció que en esa área existen unos “derechos superiores al Estado”, los cuales son reivindicados no ya en calidad de “ciudadanos” de ese Estado sino en calidad de SERES HUMANOS o “miembros de la especie humana”, amparados por una juridicidad supraestatal.

Por eso el término DERECHOS HUMANOS (en contraposición al de “derechos ciudadanos”) se reservó para ese ámbito, referido tanto a esos “bienes inalienables e inherentes a la condición de ser humano”, como al ente frente al cual son más vulnerables dado su poder: el Estado, y por lo tanto frente al cual son reivindicables en virtud de una juridicidad supraestatal y en calidad de “seres humanos”, detentores de “humanidad” o de “derechos superiores al Estado”, su potencial violador. Por eso los Tratados de Derechos Humanos son suscritos por los Estados y tienen fuerza vinculante para los Estados frente a la Comunidad Internacional.

Esto implica que si los “DERECHOS HUMANOS” son violados, hay un único violador: el Estado. O en otros términos, que cuando se produce una “violación de derechos humanos”, en el estricto sentido de los términos, ello quiere decir que el hecho no es catalogable como un acto de delincuencia común, tipificado por la agresión de un ciudadano contra otro en el ámbito de los “derechos ciudadanos”, sino que el hecho tuvo dos características peculiares: a) el bien agredido pertenecía a esos “bienes o exigencias inalienables e inherentes a la condición humana”, y b) el agresor era el Estado mismo, razón por la cual hubo necesidad de reivindicar ese derecho como “humano”, o sea como “superior al poder del Estado”, para exigir respeto por parte del mismo Estado.

Si el agresor fuese un ciudadano o grupo de ciudadanos, no se haría necesario invocar “derechos superiores al Estado”, pues bastaría invocar los “derechos ciudadanos” ordinariamente protegidos por el Estado, a no ser que el Estado manifestara algún grado de complicidad con los agresores, caso en el cual el Estado devendría en alguna medida también agresor y haría necesaria, allí sí, la reivindicación de “humanidad”.

Cuando el aparato de Estado es rechazado por su corrupción o injusticia y una fracción de ciudadanos se empeña en subvertirlo mediante una guerra interna, tal acción armada está sometida a límites, codificados en el Derecho Internacional Humanitario. Por eso los grupos insurgentes también pueden violar el Derecho Internacional Humanitario, en su accionar bélico que transgreda dichas normas; sus demás comportamientos delictivos no serían diferenciables de la delincuencia común, y en ningún caso catalogables como “violación de derechos humanos”.

Las realidades leídas dentro de este marco conceptual y asumidas como denuncias durante esta década, nos pusieron en contacto con millares de crímenes cuya autoría venía del Estado, operacionalizada en sus agentes directos o indirectos. Había allí prácticas sistemáticas de Genocidio y de Exterminio de grupos humanos, asesinatos individuales y colectivos, desapariciones forzadas, torturas, bombardeos, atentados, saqueos, violaciones carnales, destrucción de bienes de subsistencia, extorsiones, detenciones arbitrarias y amenazas, así como prevaricatos y omisiones para que todo lo anterior quedara impune. Muchos de estos crímenes fueron perpetrados para castigar posiciones ideológicas o políticas, acciones de protesta o de denuncia, y otros para disuadir a esa oposición crítica mediante el terror, escarmentado en parientes, en amigos o en poblaciones de alguna manera ubicadas en sus “áreas de influencia” (físicas o ideológicas).

En otros términos, nos encontramos cara a cara con un Estado criminal, delincuente, a gran escala. Pero al mismo tiempo acudimos a ese mismo Estado para denunciar sus propios crímenes y para demandar justicia y reparación. Al definirse el Estado como entidad garante y protectora de los DERECHOS HUMANOS y CIUDADANOS, reconocidos como “iguales” para todos sus asociados, por ello mismo se hace depositario de instrumentos aptos para esa protección y garantía: códigos, jueces, tribunales, policía, sistema penitenciario, etc. Aún más, la filosofía del Estado y su permanente discurso legitimante lo hace aparecer como la fuente de la legalidad que se refunda constantemente en sus principios legitimantes.

¿Cómo se articulan, entonces, ese “Estado de Derecho” y ese Estado criminal? Una característica intrínseca de todo PODER (como “dominio”) es su capacidad de violencia contra sus opositores, violencia que tiende siempre a la destrucción del contrario. No hay que olvidar que el Estado es también el aparato del PODER POLÍTICO, que muy raras veces representa un consenso ciudadano, y la mayoría de las veces representa el DOMINIO, por algún tipo de fuerza o violencia, de una capa, categoría o grupo social sobre otros.

El Estado articula, entonces, en sí mismo, un discurso autolegitimante que se expresa en gran parte en EL DERECHO, donde se manifiesta como garante de los Derechos Humanos y Ciudadanos, y unos intereses de poder, parcializados, que acarrean violencia contra sectores y capas sociales contrarias a esos intereses, que se expresan en las PRÁCTICAS CRIMINALES DEL ESTADO. Hay que preguntarse cómo conviven esas dos dinámicas o identidades contradictorias del Estado: ¿dicha convivencia llega hasta remodelar el papel o las características fundamentales del Estado? ¿Cómo se soluciona esa contradicción en los funcionarios del Estado, en su conciencia de funcionarios y en la eticidad general del Estado? ¿Cómo se soluciona esa contradicción en la operatividad de las instituciones estatales?

La dolorosa experiencia de estos 10 años nos ha ido develando la imagen de un ESTADO ESQUIZOFRÉNICO. A la manera como en la Psiquiatría se nos presenta a la persona esquizofrénica como una persona cuyo YO ha llegado a escindirse tan profundamente que percibe parte de sí mismo como si fuera OTRO, y por lo tanto como alguien que sufre una perturbación profunda en su campo de asociaciones, lo que se traduce en un YO AMBIGUO o CONFUSO, así un Estado esquizofrénico es un Estado que se ha escindido en profundidad, que sufre perturbaciones en asociaciones tan fundamentales que afectan su propia identidad.

La necesidad de acoplar su discurso jurídico autolegitimante con sus prácticas criminales, llevaron al Estado a una primera gran escisión que fue la del PARAESTADO (particularmente en el PARAMILITARISMO) donde llegó a considerar como alteridad parte de su propio Yo. No era suficiente, sin embargo, el parto del PARAESTADO, como escisión exigida por el difícil acoplamiento de contrarios. El “Estado de Derecho” mantenía poderes suficientes, constitucionales y legales, para depurarse en los momentos en que desde fuera se le hacía ver, de manera contundente, que el monstruo del Paraestado era parte de su propio Yo.

En ese trance recurrió, entonces, a otra escisión: relajar las asociaciones entre lo administrativo y lo judicial, desconociendo sus poderes administrativo/depurativos como propios y remitiendo a lo judicial todas las soluciones. Tampoco esa segunda escisión fue suficiente. En el interior mismo de la instancia judicial resultó altamente embarazoso hacer justiciable al Estado mismo, a través de sus estructuras o de sus agentes representativos. Allí fue más difícil encontrar hendiduras por donde escaparan las aristas más insoportables de la contradicción, pues las estructuras judiciales manejaban partes muy sensibles del discurso jurídico autolegitimante del Estado.

La primera escisión que en este campo se fue consolidando fue la ruptura entre Etica y Derecho. Las mismas universidades fueron contribuyendo, en sus Facultades de Derecho, a poner en boga las escuelas objetivistas del Derecho, aquellas que iban eliminando la injerencia del contexto y de los elementos extraprocesales en el proceso judicial; que iban autonomizando las “reglas de juego procesales” frente a toda ética, moral, ideología, religión, etc.; aquellas que iban eliminando la implicación personal y ética del profesional del Derecho en sus casos y decisiones; aquellas que hacían del ejercicio del Derecho una especie de “juego de mesa” donde la manipulación de unas “reglas objetivas” era lo determinante. Tal ruptura entre Ética y Derecho sentó las bases para la escisión entre “verdad procesal” y verdad real, las que, una vez distinguidas y separadas, pero quedando siempre como única referible la “procesal”, podían crear, y de hecho crearon, un abismo infinito entre ambas.

La “Justicia” se aferró, entonces, a la “verdad procesal”, la cual, independizada como estaba ya de la verdad real, no le exigiría compromiso alguno con los elementos del contexto ni con ningún otro elemento extraprocesal, ni tampoco le exigiría una implicación ética o moral de sus funcionarios en la búsqueda de la justicia, sino solamente que éstos manejaran unas “reglas objetivas” que por sí mismas “producían justicia”.

Un sistema judicial así estructurado ofrecía innumerables hendiduras por donde podían disolverse, esfumarse, perderse o esconderse las aristas de la contradicción fundamental del Estado: la que regía entre su discurso jurídico autolegitimante y sus prácticas criminales. Todo esto tenía como precio, evidentemente, una agravación extrema de la “esquizofrenia” estatal: un relajamiento extremo en sus asociaciones; un debilitamiento extremo del YO ESTATAL, el cual devenía confuso, ambigüo, profundamente escindido e inauténtico, por lo superficial y formal.

Es fácil descubrir que tenía que aparecer una “nueva ética judicial”, funcionalizada al sistema judicial así concebido: la “ética” se redujo entonces a una correcta aplicación de las reglas procesales, las que debían producir una “verdad procesal”, base de la “justicia” sancionatoria o exculpatoria. Eliminados los puentes de comunicación con toda realidad extraprocesal, los últimos esfuerzos para acoplar los contrarios, es decir, la criminalidad del Estado con su discurso jurídico autolegitimante, se centraron en lo intraprocesal, cabe decir, en la materialidad de los expedientes: era necesario controlar sus “puertas de entrada y de salida”, de modo que lo que allí entrara en calidad de denuncia o prueba, o se consolidara como tal, no fuera a contradecir el discurso jurídico autolegitimante del Estado, dando relieve a su criminalidad operativa.

Para esto se echó mano, en una vertiente, de la “Justicia” Penal Militar, ya suficientemente diagnosticada como mecanismo eficaz de impunidad, y en otra vertiente más generalizada, de sistemas probatorios selectivos, complementados con otras “reglas objetivas de la justicia”. Los medios probatorios fueron sometidos a una estrategia reduccionista. Curiosamente, dentro de una justicia marcadamente “objetivista”, los medios probatorios se redujeron al TESTIMONIO HUMANO (una nueva contradicción).

Quizás se explique esto por el contexto mismo de violencia que afecta también al poder judicial, pues el funcionario judicial tiende a eliminar las decisiones que le causen riesgos y a trasladar esos riesgos a los actores más vulnerables: las víctimas, sus familias o su entorno social, quienes son compelidas a “rendir testimonio”. Pero el testimonio es fácilmente anulable por dos vías: el soborno o la amenaza, y de hecho así se anula o se manipula ordinariamente. Pero esto se combina con la recepción abundante de “testimonios” inútiles, de quienes nada vieron ni oyeron, para justificar laboralmente un trabajo judicial, y con la neutralización de testimonios útiles mediante “testimonios de contra-peso” altamente manipulados. Atrapada en este tipo de “medios probatorios”, la “verdad procesal” puede fácilmente ponerse al servicio de la desaparición procesal de la criminalidad del Estado, para que ésta no contradiga su discurso jurídico autolegitimante, eliminando así formalmente la contradicción. Otras “reglas de justicia” complementarias acuden en auxilio de dicha desaparición procesal de la criminalidad del Estado: el principio de “Cosa Juzgada”, la “Prescripción” y la “Libertad en la Valoración de Pruebas”, escondida esta última, frecuentemente, tras la falsa mampara de unas “reglas de la sana crítica” jamás explicitadas ni cotejadas. Ejemplos muy ilustrativos de todo esto, nos brindó la cruda realidad durante la década, como se vio en el cuerpo del artículo.

Hay, sin embargo, mecanismos más importantes, no ya para hacer desaparecer procesalmente la criminalidad del Estado, sino para impedir su tratamiento procesal. El seguimiento de cierto número de casos de Crímenes de Lesa Humanidad ante organismos intergubernamentales, en la ONU o en la OEA, nos hizo experimentar que las estructuras judiciales colombianas no cuentan con instrumento alguno para darle tratamiento interno a las características más específicas del Crimen de Lesa Humanidad: sus notas de sistematicidad o de pluralidad conexa.

En efecto, el afán por determinar exclusivamente responsabilidades individuales y casi exclusivamente materiales, impide dirigir la mirada investigativa a los elementos de sistematicidad y de escala, a las estructuras criminales, a las constantes metodológicas, a los contextos nacionales, regionales y locales, a los perfiles de las víctimas seriadas, a los análisis de intereses en conflicto, a los elementos percepcibles de intencionalidad, etc.

Pero por encima de todo, está la falta de tipificación del Crimen de Lesa Humanidad en la legislación penal, y la falta de adopción de las normas internacionales para su tratamiento judicial. Es sabido que los funcionarios judiciales hacen caso omiso de los tratados internacionales suscritos por Colombia, mientras no hayan sido traducidos concretamente a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, y ni hablar del Derecho Internacional Consuedutinario.

Todo esto hace que quede por fuera del procesamiento penal la mayor parte de las prácticas criminales del Estado, sobre todo en su carácter de tales. Prácticamente son judicialmente inexistentes.

No pueden, pues, seguirse alimentando ilusiones. Los “augustos estrados de la justicia” no son augustos, ni majestuosos, ni sagrados. Un solemne velo de apariencias, adornado de ampulosos lenguajes tendientes a infundir respeto, solo oculta, como se ha visto, vacíos y podredumbres. Hace dos mil años, cuando la sangre de un “ajusticiado” en los campos de Palestina llevó a muchos a revisar lo que antes habían tomado por “sagrado”, simbolizaron esa experiencia en la densa escena de la rasgadura del velo que cubría el “Santo de los Santos”, en el estrado más augusto del Templo del Poder, dejando al descubierto su vacío de majestad.

Hoy la sangre de muchas decenas de miles de “ajusticiados” nos invita a mirar el vacío que se oculta tras el “velo majestuoso de la “justicia””, que solo ha dado frutos de complicidad con el derramamiento de esa sangre.

* Este ensayo fue escrito por el padre Javier Giraldo en septiembre de 1998 y hace parte del libro “Lo que en Colombia se llama justicia”. “Soy Javier Giraldo Moreno, un sacerdote jesuita colombiano, investigador y defensor de derechos humanos”. Así se presentaba este hombre nacido en 1944, que estudió Filosofía y Teología en la Pontificia Universidad Javeriana y se especializó en Análisis Regional y Equipamiento del Espacio en la Universidad de París I. Durante décadas estuvo vinculado al Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), desde donde documentó graves violaciones de derechos humanos. En 1988 cofundó la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz y, entre 1989 y 1991, fue secretario para América Latina del Tribunal Permanente de los Pueblos. Por dedicar su vida a defender a las víctimas de la violencia en Colombia recibió reconocimientos como el Premio John Humphrey a la Libertad y el Premio Juan María Bandrés a la Defensa del Derecho de Asilo. También integró la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, creada durante las conversaciones de paz de La Habana.

Una cámara fotográfica congeló un instante de felicidad. Era domingo, diciembre de 1998 y, en la plaza principal de Mesetas, dos hermanos y su madre le sonreían al futuro; una foto que sería la última postal juntos. Al despedirse, Carlos tomó la mano de su hermana Cecilia y la fue soltando en un desprendimiento lento y sutil, como si los dedos se negaran a alejarse del todo.

“Sentí en ese momento que iba a pasar mucho tiempo sin volverlo a ver”, recuerda Cecilia entre lágrimas. No fueron meses. Fueron 27 largos años de incertidumbre, silencio y duelo en pausa.

El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes ha sido categorizado como un delito invisible en Colombia. La búsqueda de quienes desaparecieron en las filas de la guerrilla ha enfrentado históricamente obstáculos para sus familias, desde la falta de garantías institucionales hasta el señalamiento social.

Para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), encontrar a Carlos implicó reconstruir no solo su historia, sino toda la estructura de la Columna Móvil Arturo Ruiz: quiénes la integraron, qué ruta recorrieron desde el Caguán hasta el Catatumbo, y qué pasó con los menores que, como él, desaparecieron en la Operación Berlín, entre noviembre de 2000 y enero de 2001.

Este trabajo, de la mano de sobrevivientes, hoy firmantes de paz, ha logrado dar respuesta a algunas familias. En el caso de Carlos, su hallazgo, identificación y entrega digna es la primera de un menor reclutado, desaparecido y asesinado en la Operación Berlín.

Al sur del Meta, el Estado llegó tarde y la violencia muy temprano. Carlos creció entre Granada y Mesetas, un territorio atravesado por los ríos Ariari y Güejar. Con el tiempo se convirtió en el brazo fuerte de su padre: él cargaba la yuca, el plátano y sembraba el maíz, hasta que la guerra se lo llevó.

A los 17 años, según el relato de su hermana Cecilia, Carlos fue reclutado por el Frente 40 de las antiguas FARC-EP. “Cuando mi hermano desapareció, mi papá estaba muy triste, muy solo, él era el que le colaboraba en la finca”, cuenta Cecilia. El golpe destrozó el hogar. Su padre cayó en depresión profunda, batalló once años contra la epilepsia y el dolor de la ausencia hasta que en 2023 murió con la esperanza de estrecharlo entre sus brazos. Su madre, mientras tanto, recorrió trochas y caseríos buscando respuestas, pero solo encontró silencios. Cecilia, décadas después, asumió la antorcha de la búsqueda, superando el miedo a las represalias.

“Uno siente temor… por eso calla, por eso pasa tanto tiempo sin decir nada”, confiesa. Pero el amor pesó más que el miedo.

La desaparición de Carlos profundizó el dolor de su familia y, según el relato de su hermana, estuvo acompañada por el desplazamiento forzado. El desarraigo hizo parte de una violencia extendida. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) documentó la gravedad de este fenómeno en el Meta, en su informe ‘Pueblos arrasados’, publicado en 2015.

Cecilia no supo entonces a dónde había ido su hermano. Durante años su familia solo tuvo el vacío de su ausencia. Fue mucho después, en su búsqueda, que logró reconstruir el camino que lo llevó a la muerte en medio del fuego cruzado durante la Operación Berlín.

Entre 1990 y 2017 el Meta registró 2.977 víctimas de reclutamiento forzado en el universo de víctimas imputadas estadísticamente, la cifra departamental más alta de la clasificación presentada en el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos (HRDAG, por su sigla en inglés). El documento registra en todo el país 16.238 niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento entre 1990 y 2017, seguido por Antioquia, Guaviare, Caquetá y Cauca.

1.100 kilómetros hacia la muerte

Entre julio y diciembre del 2000, Carlos y cientos de adolescentes reclutados en la Orinoquía y Amazonía sufrieron una travesía extenuante: recorrieron en lancha y a pie siete departamentos, 1.100 kilómetros durante cinco meses, hasta llegar a los límites entre Santander y Norte de Santander.

La Columna Móvil Arturo Ruiz (CMAR) fue creada ese mismo año y salió desde el Caguán, en pleno corazón de Caquetá. Sus compañías avanzaban con la misión de apoyar a estructuras de las FARC-EP en el Magdalena Medio y el Catatumbo frente a la arremetida militar y paramilitar.

La Columna incorporó a numerosos menores reclutados, algunos provenientes de la zona de despeje, una extensa área de 42.000 km cuadrados entre Meta y Caquetá. Desde enero de 1999 hasta febrero de 2002, la fuerza pública abandonó esta zona por orden del entonces presidente Andrés Pastrana, para adelantar los diálogos con esta guerrilla.

La JEP y la Comisión de la Verdad han documentado la magnitud del reclutamiento asociado a la Columna Móvil Arturo Ruiz y al Bloque Oriental, considerado uno de los más sanguinarios dentro de esa guerrilla.

La JEP estableció que al menos 201 niños y niñas hicieron parte de la Columna Móvil durante la Operación Berlín. Esta entidad también reveló que, entre 1971 y 2016, al menos 18.677 menores fueron reclutados por las antiguas FARC-EP, según el universo provisional de hechos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), documentado en el auto 05 de 2024, en donde se registra la responsabilidad de 8.987 casos de reclutamiento forzado a menores de edad, atribuidos al Bloque Oriental.

Algunos de ellos eran indígenas provenientes de Vichada y otros eran campesinos de las zonas del río Duda, como Mesetas, Puerto Rico y Uribe, en el departamento del Meta. La mayoría fueron reclutados mediante engaños y amenazas.

Niños de tierra caliente cargados con fusiles que pesaban casi tanto como ellos, transportados en lanchas de dos pisos por ríos torrentosos y obligados a marchar de noche con destino a las cumbres gélidas del nororiente colombiano. Para la guerrilla no había infancia, eran cuerpos capaces de cargar munición.

La JEP documentó que la edad de los menores oscilaba entre 12 y 17 años y no tenían experiencia en combate. También relató que, durante el largo recorrido, pasaron hambre, fatiga, hostigamientos, torturas, además de sobrellevar el fuerte frío del páramo de Berlín, un imponente ecosistema de alta montaña ubicado dentro del complejo de páramos de Santurbán. Estos documentos a su vez recogen testimonios de niñas que fueron obligadas a soportar diversas violencias basadas en género y abusos sexuales durante el reclutamiento.

La Operación Berlín

Ubicado a más de 3.000 metros de altura, el páramo de Berlín se convirtió en escenario de combates enmarcados en una operación militar que se extendió entre el 19 de noviembre de 2000 y el 5 de enero de 2001.

Durante una madrugada el estruendo de helicópteros del Ejército Nacional rompió la niebla; hubo ataques y ametrallamientos. Algunos menores combatieron y otros huyeron sin poder llevar alimentos. Así lo recuerda Sandra, una sobreviviente de la Operación Berlín, hoy firmante de paz.

Oriunda de La Julia, en Uribe (Meta), Sandra cuenta que llegó a las filas cuando tenía 12 años y que en esta decisión pesaron las necesidades económicas, la falta de oportunidades escolares y la historia de violencia de su familia.

Sobre el viaje hacia el páramo, ella relata cómo fue el traslado de los numerosos jóvenes: “Eran lanchas de dos pisos. A unas que les cabían 20 o 25 muchachos con equipaje… Uno se subía y a esperar a dónde lo iban a descargar”.

En el trayecto, Sandra recuerda que hicieron una pausa en Vichada, donde operaba el Frente 16, y durante varias semanas recibieron formación en manejo de paracaídas, enfermería y tareas relacionadas con la “economía” o remesa y la contabilidad. La travesía continuó hasta llegar al páramo, donde recibieron la orden de “reencauchar”, es decir, ajustar equipos, armamentos y redistribuir la remesa, pero esa noche no terminaron la tarea.

A la mañana siguiente, sobre las 4:45 am, ella y sus compañeros despertaron con el ruido de los helicópteros sobrevolando los campamentos. Algunos corrieron sin saber hacia dónde disparar, varios cayeron por abismos y otros murieron bajo el fuego aéreo. “Era muy triste, uno se sentía en familia; éramos tantos y quedar tan poquitos, fue muy duro”, relata Sandra, quien logró sobrevivir por esos días gracias a los tomates de las tomateras, el único alimento que tenían al alcance.

En la huida, Sandra perdió su tarjeta de identidad y su nombre apareció en los noticieros, lo que desató la angustia de su madre, que la buscó en hospitales y cementerios de Bucaramanga.

Según la Comisión de la Verdad, durante los días que duró la operación, las ráfagas y bombas cayeron sobre cultivos, animales y casas y mataron tanto a guerrilleros como a civiles. Las FARC-EP respondieron con fuego abierto y la siembra de minas antipersonal.

Investigaciones periodísticas documentaron que el 16 de noviembre de 2000 un menor se entregó al Ejército y aportó información sobre la composición de la estructura, los jóvenes que integraban la columna y el armamento que llevaban. Otros dos integrantes fueron capturados esa misma semana y también aportaron información sobre los desplazamientos. Esos hechos hicieron parte del seguimiento militar a la CMAR, pero la documentación revisada indica que el Ejército ya realizaba labores de inteligencia antes de la deserción.

La fuerza pública entrevistó a los menores detenidos sin la compañía del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y utilizó esa información en su estrategia de combate. “El Ejército reconoce que detuvo a 23 menores y otros 27 se entregaron y registra que 62 guerrilleros murieron en combate. De las 78 necropsias realizadas por Medicina Legal, 28 eran menores de edad, seis de ellos con estallido craneal, lo que significa que fueron asesinados en estado de indefensión”, así lo registró la Comisión de la Verdad en su informe final.

Esto confirma que la fuerza pública tenía información suficiente sobre la presencia de menores en la Columna Móvil Arturo Ruiz y, aun así, la Orden de Operaciones 046 salió del comando de la Quinta Brigada el 18 de noviembre. Una investigación periodística de El Espectador reveló un informe de inteligencia de la Décima Octava Brigada, fechado el 26 de octubre de 2000, en el que identificaba al menos 150 menores de entre 14 y 17 años.

Este hecho es ilustrativo principalmente porque las niñas y niños vivieron doble victimización: la primera al ser reclutados por las FARC-EP y la segunda al no recibir garantías de derechos por parte del Ejército Nacional.

Las familias de menores reclutados le manifestaron a la Comisión de la Verdad que la única reparación que esperan es saber el paradero de sus hijos desaparecidos en la Operación Berlín.

En esa espera se mantuvo Cecilia por muchos años, hasta que encontró en una jornada institucional una oportunidad para romper el silencio. En 2021 la Unidad de Búsqueda realizó una jornada móvil de atención en el parque del pueblo y en ese momento se iniciaron las gestiones que, con el tiempo, se convertirían en las primeras piezas del rompecabezas en el proceso de búsqueda de su hermano.

El derecho a la búsqueda y al duelo

Ana María Salamanca, investigadora de la UBPD en el Centro Regional Nororiente, señala que, como mecanismo humanitario y extrajudicial, la UBPD trabaja para recuperar y devolverles a sus familias los cuerpos de personas desaparecidas durante el conflicto. En los casos de menores reclutados, su labor busca esclarecer su paradero y restituirles, en la medida de lo posible, su identidad y dignidad.

En esa tarea reconstruyeron la estructura de la Columna Móvil Arturo Ruiz para entender qué sucedió con la vinculación de los menores, los frentes que la conformaron y los recorridos.

La documentación sobre la Operación Berlín mostraba que los cuerpos de los combatientes muertos en los enfrentamientos habían sido trasladados a la Quinta Brigada y luego remitidos al Instituto de Medicina Legal, pero muchos eran menores de edad sin cédula ni registro de huella dactilar en la Registraduría. Entonces, ¿qué pasó con esos cuerpos? Esa pregunta llevó al equipo investigador hasta el Cementerio de Bucaramanga.

La búsqueda comenzó a tomar forma en 2020, cuando las organizaciones Coalición contra la vinculación de menores (Coalico) y Bemposta Nación de Muchachos impulsaron el acompañamiento a los sobrevivientes de la Operación Berlín, por ser un caso emblemático para hablar de los niños y niñas en la guerra.

En 2021, la mayoría de quienes hicieron parte de la columna se encontraron en Bogotá para reconstruir los nombres y los rastros de sus compañeras y compañeros desaparecidos en un ejercicio de memoria.

En 2022 y 2023, los sobrevivientes de la operación, con el apoyo de Coalico, Bemposta y la Corporación Reencuentros, una organización de excombatientes que contribuye en la búsqueda de personas desaparecidas, participaron en las intervenciones en el Cementerio de Bucaramanga en compañía del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para realizar labores de necropsia. En ese ejercicio los cuerpos empezaron a tener nombre cuando reconocieron a sus compañeros en las fotografías, por sus alias de guerra, sus rasgos, sus cicatrices y sus fracturas. Así orientaron las identidades a partir de estos indicios.

El trabajo de los sobrevivientes sumado al cotejo genético con las familias, permitieron a esos cuerpos encontrar una identidad para, finalmente, abrir un camino de regreso a casa. “No los vamos a dejar de buscar. Nos duele a nosotros que fuimos su familia social, ¿cómo será a su familia biológica?”, precisó Naiza Quintero, coordinadora regional de la Corporación Reencuentros en la región oriente, para quien la búsqueda es una forma de aportar a la reconciliación.

Naiza explica que durante la firma del Acuerdo de Paz en La Habana, como firmantes, adquirieron el compromiso humanitario de aportarle a la verdad y a la búsqueda y es lo que continúan haciendo.

En casos como el de la familia de Carlos, que perdieron todo contacto tras su reclutamiento, la UBPD implementa la llamada “búsqueda inversa”, una estrategia que parte de la información verificada de cuerpos hallados e identificados para encontrar a las familias. Una vez que se tiene un nombre, se rastrean registros en el sistema de salud y se cruza información con solicitudes de búsqueda. Sin embargo, muchas de estas familias nunca iniciaron su búsqueda, porque decir que un familiar estuvo en un grupo armado traía señalamiento y estigma.

El regreso de Carlos

En el Cementerio Municipal de Bucaramanga, el tiempo había borrado parte de los rastros. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) encontró que algunas bóvedas habían sido utilizadas para disponer cuerpos en distintos momentos, con restos de diferentes personas mezclados en su interior.

Mientras los sobrevivientes aportaban mapas de memoria y nombres de guerra para ubicar a sus antiguos compañeros, Mercedes, la madre de Carlos, entregaba su muestra de ADN con el temor aferrado al pecho.

En 2024, el teléfono sonó. Las pruebas biológicas confirmaron que el cuerpo hallado era Carlos.

“Siempre tuvimos la esperanza de verlo llegar con vida”, confesó Cecilia.

En febrero de 2025 Carlos finalmente regresó a casa. No como el hombre maduro que imaginaban, sino en un cofre cubierto de dignidad. Su entrega fue la primera realizada como resultado de la investigación sobre personas desaparecidas en la Operación Berlín. Su cuerpo finalmente fue sepultado en Granada (Meta), cerca de la tierra que lo vio nacer y de las aguas donde aprendió a nadar.

“Ahora me siento más tranquila... ya sé dónde está”, susurra Cecilia con un suspiro que le tomó décadas exhalar. “Esto es cerrar un capítulo. Por fin pude borrar la imagen de su mano soltando la mía en aquel parque”, recuerda la hermana de la víctima.

Esta ceremonia puso fin a la incertidumbre, pero abrió una nueva lucha. Cecilia cuenta que cuando intentó registrar a Carlos como víctima ante el Estado encontró obstáculos para que su condición de menor reclutado fuera reconocida. Este tipo de situaciones tiene antecedentes documentados en Colombia: la Corte Constitucional, en la Sentencia T-506 de 2020, estudió un caso en el que la pertenencia de un menor a un grupo armado había terminado eclipsando su condición de víctima de reclutamiento cuando era menor de edad. La JEP, además, reconoce jurídicamente entre reclutamiento y utilización, desaparición, violencias intrafilas y otros hechos.

Carlos ya descansa en paz, pero la historia de su regreso no es solo el final de una tragedia familiar, es el recordatorio de miles de menores que aún esperan, en alguna fosa olvidada del páramo o de la selva, la mano que al fin los traiga de vuelta a casa.

La UBPD reseña que al 30 de junio de 2026, en las áreas del Cementerio Municipal de Bucaramanga relacionadas con la Operación Berlín, se recuperaron 72 cuerpos, 66 de ellos correspondientes a la Operación Berlín. A la fecha se han logrado cinco entregas dignas más, principalmente en el departamento del Meta.

La Comisión de la Verdad documentó que el reclutamiento y la desaparición de menores pueden quedar invisibilizados por el estigma y la falta de información. La historia de Carlos muestra el valor de la búsqueda humanitaria y de la restitución de la identidad y la dignidad de quienes fueron reclutados siendo niños. Para las familias, la búsqueda continúa hasta obtener respuestas sobre los desaparecidos y hasta que sean reconocidos como víctimas de la guerra.

Un buen número de niñas y niños reclutados continúan desaparecidos y quienes sobrevivieron, como Sandra, acogiéndose a la reincorporación, cargan con la discriminación y el estigma por haber pertenecido al grupo armado.

El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En el Estatuto de Roma, el reclutamiento, alistamiento o utilización de menores de 15 años en hostilidades está tipificado como crimen de guerra. El hecho de que un menor haya expresado voluntad de incorporarse no elimina, por sí mismo, su condición de víctima de reclutamiento.

En el caso 07, la Sala de Reconocimiento de Verdad y responsabilidad de la JEP ha señalado que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes estuvo relacionado con vulnerabilidades estructurales de los territorios y con políticas y estrategias de crecimiento de las FARC-EP.

La propia JEP caracteriza el fenómeno como un patrón nacional sistemático, complejo y multicausal. Por estos hechos, en noviembre de 2024 la JEP imputó a seis antiguos integrantes del último Secretariado de las FARC-EP como máximos responsables y documentó cinco patrones macrocriminales: reclutamiento y utilización de niños y niñas, malos tratos, torturas y homicidios en la vida intrafilas, violencias reproductivas, violencias sexuales y violencias por prejuicio por orientación sexual o identidad de género diversas. En abril de 2026, la JEP adoptó además una decisión regional que involucró a 20 antiguos integrantes de distintos bloques y estructuras.

*Los nombres de las personas que aparecen en esta historia fueron cambiados para proteger su identidad y la de sus familias.

Esta historia es resultado del proceso de formación y producción ‘CdR/Lab Hilando la memoria: periodismo para investigar la desaparición forzada en Colombia’, una iniciativa de la Asociación Consejo de Redacción (CdR) en alianza con el Servicio Civil para la Paz de Agiamondo en Colombia.

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Como lo prometió en campaña y lo ha ratificado en las primeras semanas de gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella sigue desmontando la apuesta de “paz total” con la que su antecesor, Gustavo Petro, buscó acuerdos de fin del conflicto con varias organizaciones armadas y criminales. Este fin de semana, el jefe de Estado firmó nueve resoluciones ejecutivas con las que terminó oficialmente tres mesas de diálogo.

De acuerdo con los documentos, ya no existen estos espacios con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el autodenominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio (EMBF). Esta última organización es la que está al mando de alias Calarcá Córdoba y la que en los últimos días ha sido blanco de operaciones militares con bombardeos.

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En las órdenes firmadas por el presidente se especifica que esas tres organizaciones no demostraron “voluntad de paz” y que ahora la Oficina del Consejero Comisionado de Paz deberá comunicar estas determinaciones a las autoridades. De hecho, el paquete de resoluciones firmado por el mandatario incluye, además de la revocatoria de representante del gobierno para los diálogos, la cancelación del reconocimiento de integrantes de estos grupos como integrantes de la mesa.

Según ratificó De la Espriella esta semana, la opción del diálogo está “agotada”, por lo que a los grupos criminales solo les queda el camino del sometimiento a la justicia. “Colombia necesita una paz verdadera, sustentada en hechos, justicia y resultados; no una política que termine convirtiendo al diálogo en un mecanismo de impunidad”, señaló el pasado 26 de agosto.

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Ese mismo día, desde el Palacio de San Carlos y junto al ministro de Justicia, Iván Cancino, el jefe de Estado firmó otras cinco resoluciones con las que aprobó la extradición a Estados Unidos de varios cabecillas, entre ellos Geovany Andrés Rojas, alias Araña, de la disidencia Comandos de la Frontera y a quien autoridades judiciales requerían por narcotráfico. Rojas fue gestor de paz en la administración de Gustavo Petro.

Los otros cabecillas a los que también se autorizó su entrega ante los Estados Unidos son Willington Henao, alias “Mocho Olmedo”; Carmen Evelio Castillo, alias “Muñeca”, quienes ya se encuentran bajo custodia de las autoridades. Pero, además, también se estampó la rúbrica para efectuar ese procedimiento con Gabriel Yepes Mejía, alias “HH”; y Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, una vez estos sean capturados.

“He firmado 41 extradiciones en 19 días de gobierno. Vamos a seguir firmando más, porque la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico no se detiene: los vamos a derrotar”, aseguró De la Espriella en las últimas horas. A esto se suma que el gobierno busca reactivar la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato y que se trabaja en la reestructuración de la Presidencia para reducir las oficinas que trabajan con enfoque de paz y fortalecer las que se encargan de seguridad e inteligencia.

Estas son las resoluciones firmadas por De la Espriella para terminar mesas de la paz total

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Al cabo de 72 horas, el presidente Abelardo de la Espriella ha definido el rumbo de las políticas de paz y seguridad para Colombia que tendrán un fuerte componente en su discurso de la construcción de una “Patria Milagro” a través de la lucha contra la criminalidad. El jefe de Estado puso la lupa en tres ejes que son claves en esta materia y con los que redefine la ruta para enfrentar las narcoestructuras, la lucha contra los cultivos de uso ilícito y el futuro de los programas de paz que desde campaña cuestionó con severidad. En tan solo tres días se replanteó buena parte de la política de Estado, dándole un giro de 180° a lo que dejó la anterior administración.

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Y es que la principal consigna de la campaña presidencial estuvo centrada en la recuperación territorial, pero además, en poner fin a la política de “Paz Total” que se implementó durante cuatro años en el gobierno de Gustavo Petro. Esa apuesta fue tomando forma desde el día de su posesión el 7 de agosto en Cali, jornada en la que ordenó el traslado de varios líderes de bandas criminales desde una cárcel de Itagüí. No obstante, la implementación de su política no arrancó con la fuerza que el jefe de Estado deseaba, pues el inicio de su mandato se marcó por el terremoto del pasado 10 de agosto que dejó daños severos en varias regiones del país.

Es por ello que tras 19 días en el poder, finalmente la articulación e implementación concreta de sus primeras medidas se convirtieron en puntos primarios en su agenda. “Colombia necesita una paz verdadera, sustentada en hechos, justicia y resultados; no una política que termine convirtiendo en diálogo en un mecanismo de impunidad”, fueron las palabras con las que el presidente Abelardo de la Espriella abrió la alocución del pasado 26 de agosto, jornada en la que con lapicero en mano ponía en marcha el cambio de política de paz y seguridad.

En la noche de ese miércoles, desde el Palacio de San Carlos y acompañado únicamente del ministro de Justicia, Iván Cancino, De la Espriella firmó un bloque de cinco resoluciones con las que aprobó la extradición a Estados Unidos de varios capos. El nombre que allí más resaltaba era el de Geovany Andrés Rojas, alías Araña, cabecilla de la disidencia Comandos de la Frontera y a quien autoridades judiciales requerían por narcotráfico. Rojas ostentó la figura de gestor de paz en la administración de Gustavo Petro, misma que bloqueó su entrega a los tribunales de ese país.

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Los otros cabecillas a los que también se autorizó su entrega ante los Estados Unidos son Willington Henao, alias “Mocho Olmedo”; Carmen Evelio Castillo, alias “Muñeca”, quienes ya se encuentran bajo custodia de las autoridades. Pero, además, también se estampó la rúbrica para efectuar ese procedimiento con Gabriel Yepes Mejía, alias “HH”; y Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, una vez estos sean capturados

Una semana antes de la aprobación de esas extradiciones De la Espriella ya había hecho lo propio con otras cinco personas en resoluciones pendientes por su firma. En total, según señaló, en sus primeros 20 días ya habría firmado 41 traslados de procesados, asegurando que “la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico seguirá todos los días”.

Con la oficialización de esas directrices el presidente también ha fortalecido los lazos con el gobierno de Donald Trump, que tuvo la lucha contra las drogas como uno de los puntos álgidos en su relación con el expresidente Petro. Sin embargo, con el cambio de mandato y el enfilamiento de Colombia en las políticas delineadas por la Casa Blanca, incluyendo el ingreso de Bogotá al denominado bloque del Escudo de las Américas, el gobierno De la Espriella ratificó esa apuesta de lucha frontal contra las estructuras ilegales. Es más, el “gesto” de la extradición de Araña fue bien recibido en la Oficina Oval. Y no se puede dejar de lado que ya existe un acuerdo para realizar operaciones conjuntas en suelo colombiano, aunque depende estrictamente de la aprobación del Congreso.

Pero el marco de esos avances se complementa con la derogatoria de la resolución 6 del 2015 que impedía el uso de glifosato para la erradicación de narcocultivos. Esa decisión contrasta con la política trazada por el gobierno de Gustavo Petro de priorizar la sustitución de cultivos y, que según cifras de esa administración, permitió el reemplazo de 15.000 hectáreas verificadas por la Oficina de las Naciones Unidas.

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En campaña, la postura presidencial fue impulsar la erradicación vía aspersión, a pesar de las implicaciones por su uso y las restricciones emitidas en sentencias de la Corte Constitucional. Ahora bien, a pesar de la derogatoria de esa resolución, que ya implica un primer paso en ese camino, el gobierno De la Espriella explica que “no implica la reanudación automática del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea, ni autoriza la ejecución de actividad alguna de aspersión desde aeronave tripulada”.

Reforzando esos planteamientos el jefe de Estado también puso punto final a por lo menos tres procesos adelantados en el pasado gobierno. En primera instancia revocó el reconocimiento como representantes ante el Estado de 8 integrantes del Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, Bloque comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes EMBF FARC-EP para la Mesa de Diálogos de Paz, además de finalizar esa mesa de diálogo. También hizo lo propio con 21 integrantes de los Comandos de la Frontera y con el espacio sociojurídico con la estructura Conquistadores de la Sierra Nevada.

Un tercer punto en esa configuración de la estrategia de políticas de seguridad y paz radica en las proyecciones presupuestales destinados a esos sectores. Aunque el gobierno De la Espriella presentó un presupuesto de COP 634,9 billones, las partidas para las oficinas de Presidencia tendrán una serie de recortes significativos en programas de paz. Entre otros, la Agencia Nacional para la Reincorporación o los programas y proyectos para la implementación del Acuerdo Final de Paz.

Y todo ello se ve reforzado con la ofensiva territorial que desde las Fuerzas Militares han emprendido en varias regiones del país. Cauca, Valle, Antioquia y Santander son solo algunos de los departamentos en donde el despliegue militar ha incrementado, así como las operaciones dentro de las que se incluyen los bombardeos. Solo esta semana en operaciones contra las disidencias de alías Calarcá el gobierno anunció ocho bajas, mientras se ha focalizado la búsqueda de otros cabecillas como alias “Iván Mordisco”.

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La directriz presidencial es clara: “Los procesos de diálogo no pueden convertirse en refugio frente a la justicia ni la palabra paz puede utilizarse como salvoconducto para mantener privilegios mientras persisten requerimientos judiciales. Quien quiera transitar hacía la paz deberá demostrarlo con hechos concretos y verificables, y en este gobierno no hay forma distinta que sometiéndose ante la justicia”.

Es bajo ese precepto que el presidente Abelardo de la Espriella ha puesto en marcha su nueva política, pero que continuará con decisiones contundentes en el marco de seguridad y paz. De hecho, el paso siguiente podría presentarse en la transformación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que si bien no sería eliminada, tendría un nuevo nombre –emulando el cambio que Donald Trump dio al Departamento de Defensa a Departamento de Guerra– e incluso posibles nuevas funciones.

La estrategia sigue en articulación con una revisión detallada del mandatario nacional, los ministerios de Defensa y Justicia, así como con la nueva cúpula militar. Los próximos meses serán prioritarios para establecer la ruta de seguridad en la “Patria Milagro” que pretende construir De la Espriella.

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Está reflexión no parte de una lectura frívola, o sea superficial, de la realidad social y política colombiana sino de una observación cuidadosa, rigurosa y consensuada de los ejercicios de poder que han elaborado los lideres sociales en zonas urbanas dentro de su cotidianidad para hacer que la vida se abra camino entre la marginalización y la violencia impuesta. Con mis amigos y colegas, Rafael Augusto Restrepo, María Belén Castellanos y Beth Fisher-Yoshida, y nuestros estudiantes del programa de maestría en resolución de conflictos de la universidad de Columbia y de la maestría en construcción de paz de la Universidad de los Andes, nos pusimos la tarea de llevar al campo la siguiente pregunta: ¿Qué formas de resistencia pacífica a la guerra urbana existen en Medellín? Pasamos varios días en Medellín conversando con lideres sociales sobre el trabajo de las organizaciones sociales que le “han puesto el pecho a las balas”, y quiero resaltar algunos hallazgos, dado que es ahí, en la cotidianidad de los que se resisten a usar la violencia para negociar la vida, los que saben de paz porque la hacen todos los días, donde podemos encontrar la salida de nuestra historia de violencia.

Visitamos el barrio Guadarrama, en la parte alta de la comuna 13, junto a La escombrera o El tiradero, cómo le dicen los habitantes del barrio. La escombrera es una fosa común donde yacen los cuerpos de muchos desaparecidos de la guerra urbana en Medellín. “Es una herida abierta de esta ciudad”, nos dice AKA, el líder natural y cofundador de AgroArte Colombia. AKA nos habló sobre el trabajo de AgroArte, sobre su apuesta por la memoria histórica que tiene como base la construcción de las memorias del futuro, la política de lo cotidiano y la arquitectura de lo imposible. AgroArte nace en el 2002 y sus integrantes lo entienden cómo un proceso de resistencia frente a las problemáticas desatadas por La escombrera y las violencias selectivas llevadas a cabo por medio de distintos grupos armados, en la comuna 13. AgroArte opera desde dos elementos metodológicos concretos: la siembra y el arte. La siembra tiene que ver con las memorias del futuro, o sea, con la imaginación de mundos posibles que se van sembrando, “cómo cuando se siembra un bosque”, pensando en el bienestar de los que vienen. La paz, nos dice AKA, “es cómo la siembra del bosque… es un trabajo de largo aliento”. Y el arte tiene que ver con lo que AKA llama, “el relato del alma, el relato chiquito”: cantar y celebrar “los pequeños favores”, cómo los que hace todos los días Don Jesús en Guadarrama, quien pone al servicio de AgroArte el patio de su casa para la producción de abono para el bosque que está reviviendo AKA con los niños y niñas del barrio. Las grandilocuencias del Estado con sus procesos de paz rimbombantes entre guerreros—que sin duda son necesarios—buscan desarmar a los violentos. La política de lo cotidiano, “los favores pequeños”, buscan sentar las bases para una convivencia generosa y amable: la paz cotidiana.

También pasamos una tarde con Pastora Mira, la directora del Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (CARE) en San Carlos, Antioquia. Pastora nos contó la historia que, “le quito a un hijo para hacerla madre de todos nosotros”. Pastora nos habló sobre la decisión estratégica que ha tomado de utilizar el lenguaje del Estado, de la ley, para movilizar los intereses comunes de las víctimas del conflicto armado. Nos habló sobre la tareas más difícil y necesaria que tenemos los colombianos: la reconciliación. Vale mencionar que, también por la torpeza del Estado, el CARE—que ha asistido en la enorme tarea de la reconciliación—está cerrado por tropiezos con la burocracia Bogotana.

El arte siempre ha sido refugio y arma para los que resisten a la violencia. A paso punkero caminamos las calles de Castilla, en la comuna 5 de Medellín, el escenario de la película de Víctor Gaviria, Rodrigo D no futuro, con Caliche, un punkero de la vieja guardia. Él nos habló sobre el papel que jugó el punk durante los años más difícil en Medellín, o sea los 80s y 90s. “Cuando nos querían enjaular por ser jóvenes rebeldes el punk nos acogió… nos sirvió para expresar la rabia y el dolor por medio de la mímica de lo grotesco de la violencia, pero sin ser violentos”. Cuando en Medellín asesinaban jóvenes por ser jóvenes el punk brindó un espacio para que ellos, los jóvenes amenazados por las dinámicas de la guerra, se apropiaran y resignificaran algunas imágenes violentas mediante una mímica, una simulación de lo violento, pero solo para desarticularla. Pienso en cómo la comunidad afro en los Estados Unidos se apropió de la palabra, “negro”, para desarmar su significado peyorativo y hoy se usa como un indicativo de afecto y confianza. También nos dio unas claves sobre la autonomía, sobre la no dependencia frente al Estado para hacer lo necesario, dado que el lema del punk es: “hazlo tú mismo”. Nos dijo que mientras los violentos elaboran armas de destrucción masiva, los punkeros elaboran, por sí mismos, armas de construcción masiva: guitarras, baterías, micrófonos, y uno que otro coctel pa’ alegrar el día.

Concluyo con algo muy sencillo: hemos estado buscando en el lugar equivocado las llaves que nos den entrada a un país justo, generoso y amable, que en realidad son las formas de la paz. El futuro de Colombia no está en los discursos grandilocuentes ni en la fuerza del Estado y su dominación. Está en el poder de las prácticas cotidianas de quienes saben poco de la guerra pero todo sobre la paz. La fuerza que mueve al poder que siempre está vigilante ante el ejercicio de la dominación, quiero pensar, es la misma, que cómo dijo el poeta de la Divina Comedia, /L‘amor che move il sole e l’altre strelle/.

*Joan Camilo Lopez, profesor, Columbia University, Nueva York.

Una llamada al Gaula de una mujer alertó sobre el secuestro del soldado colombo-francés José Olger Melo Charry. Quien hablaba era su esposa, asegurando no saber de su paradero desde el 6 de agosto, día en que el militar había salido rumbo al municipio de Cumbitara (Nariño).

Esa denuncia, presentada seis días después de su desaparición, activó los protocolos de búsqueda del grupo especial de la fuerza pública de Colombia que combate los delitos de secuestro y extorsión y encendió las alarmas sobre un posible plagio a manos de disidencias de las Farc que operan en la región del Bajo Patía.

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El coronel Styk Amaral Reyes Monsalve, comandante del Comando Gaula Militar, reconstruyó a El Espectador los detalles que hasta ahora maneja la institución sobre el caso. Según el oficial, la denuncia fue presentada el pasado 12 de agosto, “donde nos dicen que al parecer fue secuestrado el señor José Olger Melo Charry, quien se desempeña como soldado colombo-francés, según tenemos conocimiento de la ley francesa”.

El comandante precisó que Melo Charry no viajaba solo. Lo acompañaba una mujer que, según explicó, no tendría ningún vínculo familiar con el militar. “Sabemos que es una amiga del soldado”, indicó Reyes Monsalve. Melo Charry había llegado a Colombia el pasado 5 de agosto y al día siguiente “se desplaza hacia Cumbitara (Nariño), en compañía de una mujer de la zona, y en medio de su desplazamiento son interceptados”.

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¿Qué se sabe del soldado colombo-francés?

Para el Gaula Militar, la zona donde ocurrió la interceptación está bajo control de una disidencia de las Farc que actuaría con base en un patrón de secuestro registrado previamente. “Recordemos que en ese sector también tenemos al parecer otros posibles secuestrados”, advirtió.

“Sabemos que en sector de Remolino, en el Bajo Patía, es un área de injerencia de la estructura delincuencial Franco Benavides, quienes hacen un retén en ese momento y al percatarse que esta persona es militar, independientemente de lo que se desempeña como colombo-francés, ya con eso le hacen la retención”, explicó.

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Sobre cómo los responsables habrían identificado la condición militar de Melo Charry, el coronel señaló que ese punto aún está bajo verificación. “Eso es lo que está por establecer, porque la compañera sentimental de él no vive allá. Él estaba con una amiga que iba para ese punto. Entonces, está por establecer si al requisarlo o pedirle los documentos ven algo que lo referencian como soldado, o de pronto en medio del susto, los nervios de la amiga, dice que él pertenece al Ejército”, puntualizó.

El comandante del Comando Gaula Militar también confirmó que mantienen contacto directo con representantes de la Legión Extranjera Francesa, quienes se pusieron a disposición de las autoridades colombianas tras conocer el caso. Además, reveló que el Ejército francés informó que Melo Charry no contaba con autorización para encontrarse en Colombia: “Al parecer este joven no estaba autorizado, es decir, no tenía permiso, para estar en el país. Es lo que nos manifestaron inicialmente y ellos han estado pendientes”.

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Al preguntarle sobre las acciones concretas que adelanta la institución para dar con el paradero del militar, el coronel mencionó la activación de mecanismos humanitarios a través de la Personería, además de labores de inteligencia militar. Pero reconoció que, hasta ahora, “no hemos tenido respuestas positivas de ninguna forma”. También se refirió a la capacidad operativa de la estructura señalada como responsable del hecho: “Esta estructura delincuencial conoce muy bien la región, se mueve muy bien en la región, tiene una capacidad de liderazgo grande y pues ese es el trabajo que nos corresponde hacer”.

Ante la incertidumbre sobre las condiciones en las que se encontraría retenido el soldado, el comandante del Gaula dirigió un mensaje a sus familiares: “Confíen en que estamos trabajando en todo lo que está a nuestro alcance. A través de los mecanismos humanitarios, si es necesario, la misma Personería, la inteligencia militar, todo lo necesario para poder llegar a ellos y poderlos recuperar. Ese es nuestro trabajo”.

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Sobre la mujer que acompañaba a Melo Charry al momento de la retención, el coronel confirmó que fue dejada en libertad por los responsables. “La mujer la dejaron libre por ser de la región”, señaló, aunque precisó que, tras el hecho, se perdió el rastro de ella en la zona.

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La demanda de justicia siempre nace rodeada de grandes aspiraciones e impaciencia. Se exige verdad inmediata, reparación completa y reconciliación duradera. Cuando inevitablemente no se alcanzan semejantes expectativas, se la declara insuficiente o fracasada. Cada generación está convencida de que vive una crisis sin precedentes con instituciones encargadas de impartir justicias radicalmente imperfectas, que sus conflictos son únicos y que nadie antes tuvo que responder a dilemas semejantes. Ningún mecanismo diseñado para afrontar un pasado traumático nació rodeado de consenso. Todos fueron acusados de insuficiencia, politización o falta de legitimidad o lentitud y, sin embargo, muchos terminaron dejando un legado mucho más importante que las controversias que los acompañaron, no porque fueran perfectos, sino porque ayudaron a construir sociedades capaces de exponer las verdades sobre las atrocidades en lugar de negarlas.

El Tribunal de Núremberg fue denunciado como la justicia de los vencedores y acusado de aplicar un derecho creado después de los hechos. Décadas después constituye uno de los pilares del derecho penal internacional. El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia fue criticado por la larga duración de sus procesos, por la poca representación de las víctimas y por el hecho de que la justicia se impartió en La Haya y no en los Balcanes. Sin embargo, su jurisprudencia transformó el derecho penal internacional incorporando conceptos como distintas formas de autoría penal y la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue cuestionado por su parcialidad al concentrar su actuación en los crímenes cometidos por una sola de las partes en conflicto. Aun así, consolidó avances fundamentales en la definición jurídica de genocidio y violencia sexual, al tiempo que enfrentó al movimiento negacionista que buscaba diluir las reales motivaciones de los crímenes. El Tribunal Especial para Sierra Leona fue criticado por concentrarse únicamente en los máximos responsables y por el reducido número de personas procesadas. Las Cámaras Extraordinarias en la Cortes de Camboya fueron objeto de constantes denuncias por interferencias políticas, retrasos y costos excesivos.

Ninguna de esas críticas era infundada. Pero ninguna impidió que esos mecanismos dejarán un legado jurídico e institucional mucho más profundo que las controversias que los acompañaron. Hoy la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se encuentra en la misma encrucijada y debe observar las críticas y asumirlas, asegurando el legado más favorable para Colombia.

La enseñanza no es que las críticas contemporáneas fueran indebidas, al contrario, muchas estaban justificadas y fueron indispensables para el avance de la justicia. Permitieron corregir errores, exigir mejores resultados y mantener la fidelidad al mandato con el que fueron creadas estas instituciones. Pero la experiencia comparada también demuestra que el verdadero alcance de estos mecanismos sólo puede apreciarse con el paso del tiempo, cuando deja de discutirse lo que no hicieron y empieza a verse lo que hicieron posible.

Desde esa perspectiva cobra sentido mirar a Colombia. El debate que hoy rodea a la JEP no comenzó en Colombia ni terminará aquí. Forma parte de una conversación internacional mucho más antigua sobre cómo las sociedades enfrentan jurídicamente la violencia y cómo intentan impedir que el pasado se ignore o se plasme desde la negación.

Pero sí existe, sin embargo, un riesgo particular, Colombia suele mirarse únicamente desde Colombia. Hoy, por ejemplo, buena parte de la conversación pública sobre la JEP carece de contexto y gira en torno a lo mismo que se criticó a otros tribunales: la lentitud de los fallos, los altos costos de funcionamiento, los criterios de selección de los máximos responsables. Aunque el diseño de la JEP dialogó intensamente con experiencias internacionales, esa perspectiva aparece con mucha menos frecuencia cuando se evalúa su funcionamiento cotidiano. El resultado es que dificultades y problemas inherentes a todos los procesos de transición terminan presentándose como fracasos exclusivamente colombianos. La comparación no debe servir para relativizar los problemas sino para entenderlos mejor.

La verdadera contribución de mecanismos como la JEP rara vez se limita a las sentencias que producen, la mayoría de las veces incluye sus aportes a la reconstrucción de la verdad: la preservación de archivos que algunos quieren destruir, la protección de testimonios que otros buscan silenciar, o el reconocimiento de las víctimas que algunos quieren negar.

Al final, estos tribunales fijan responsabilidades y construyen una verdad pública suficientemente sólida para que ninguna generación tenga que comenzar de nuevo cuando alguien quiera negar el pasado. Este es el legado democrático de estos mecanismos que permanece una vez las controversias políticas se diluyen. La justicia no puede cambiar el pasado, pero debe contribuir a un futuro sin negacionismo y más responsable – un futuro con justicia. Comprenderlo no disminuye los desafíos, les da perspectiva y esa perspectiva nos obliga a ejercer algo poco frecuente en el debate público: la humildad histórica; no para renunciar a la crítica sino para entender que ninguna sociedad ha construido instituciones capaces de perdurar sin atravesar exactamente las mismas dudas que hoy atraviesan Colombia y la Jurisdicción Especial para la Paz.

Algún día los debates que hoy parecen trascendentales habrán perdido intensidad. Las polémicas pasarán. En cambio, las instituciones que una sociedad decidió construir, las víctimas que decidió escuchar y las verdades que decidió preservar permanecerán.

La historia rara vez recuerda a las democracias por la perfección de sus instituciones, pero si las recuerda por el coraje de haberlas construido y sostenido durante momentos críticos, como los de hoy en Colombia.

*Almudena Bernabeu. CEO Guernica 37

El presidente Abelardo de la Espriella firmó la extradición a Estados Unidos de alias Araña (Geovanny Andrés Rojas), cabecilla de la disidencia Comandos de la Frontera y quien es pedido por la justicia de ese país por narcotráfico. Además, confirmó que otros cuatro criminales -“Mocho Olmedo” (Willington Henao Gutiérrez), “Muñeca” (Carmen Evelio Castillo), “HH” (Gabriel Yepes Mejía) y “Pinocho” (Fredy Castillo)- también irán a juicios federales.

Desde el Palacio de San Carlos, el mandatario resaltó esa medida como un movimiento que busca la “paz duradera del país sustentada en hechos, justicia y resultados” y ratifica su apuesta en una nueva política de seguridad del Estado. En compañía del ministro de Justicia, Iván Cancino, el jefe de Estado dijo que “la paz total fracasó estruendosamente en su propósito fundamental porque abrió espacios y concedió beneficios a integrantes de estructuras criminales sin que en casos, como los que hoy nos ocupan, se acreditaran aportes verificables y resultados concretos para la consecución de la paz”.

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De la Espriella señaló que con su mandato se “desmontará ese modelo de falsa paz” y emprenderá una política de “seguridad, legalidad y autoridad del Estado”. Tras cuestionar los procesos de diálogo del gobierno de Gustavo Petro, el presidente anunció que se firmó la extradición de esos cinco cabecillas de grupos criminales.

Willington Henao Gutiérrez, alías Mocho Olmedo; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alías Muñeca; y Geovanny Andrés Rojas, alías Araña fueron los tres primeros, resaltando que todos se encuentran bajo custodia de las autoridades. Ellos serán entregados de forma inmediata a la justicia de Estados Unidos. El presidente también dejó en firme los decretos de Gabriel Yepes Mejía, alias HH y Fredy Castillo, alias Pinocho, quienes están prófugos de la justicia. “Los espacios de diálogo y de falsa paz no son refugios judiciales”, aseguró.

En su declaratoria el jefe de Estado remarcó una consigna que elevó desde su carrera a la Presidencia: “Quien quiera transitar hacia la legalidad deberá demostrarlo con hechos concretos y verificables y en este gobierno no hay forma distinta que sometiéndose a la justicia”, dijo.

Esto se da como una de las movidas clave del nuevo gobierno en materia de lucha contra los grupos armados ilegales. En el gobierno anterior, el expresidente Gustavo Petro había frenado la extradición a Estados Unidos de “Araña”. En ese momento, la decisión fue criticada porque venía de una petición formal de ese país y tenía el aval de la Corte Suprema de Justicia.

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Dijo además: “La paz no será en nuestro gobierno una patente de corso para delinquir”. Todo esto ocurre en un momento en el que Colombia ya aceptó hacer parte de la estrategia del “Escudo de las Américas”, iniciativa del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para emprender una lucha frontal contra el narcotráfico.

Eso, además, va en línea con la decisión de aceptar las operaciones conjuntas, como lo anunció el secretario de Guerra de ese país, Pete Hegseth, en territorio colombiano. Sin embargo, esa medida todavía tendrá que pasar por el visto bueno del Congreso colombiano, pero es una puerta que se abrió en el diálogo con los estadounidenses.

Estas acciones van en la línea del presidente De la Espriella de cambiar la forma de tramitar la criminalidad en el país en su mandato. Un gesto que viene después de que el mismo día en que se posesionó, varios reclusos que se encontraban en la cárcel La Paz de Itagüí (Antioquia) fueran trasladados hacia otras cárceles del país.

Esa resolución para trasladar a los jefes criminales que estarían asociados a la estructura conocida como “Oficina de Envigado” que habrían participado en el llamado “tarimazo” que se realizó el 21 de junio de 2025 cuando el entonces presidente Gustavo Petro convocó a la ciudadanía a un evento de apoyo en La Alpujarra, en Medellín. Hasta ese centro administrativo de la ciudad llegaron nueve jefes criminales y voceros en el espacio de diálogo sociojurídico que el gobierno adelanta con las bandas criminales de Medellín.

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De la Espriella agregó que no hubo aportes concretos de “estas personas a la consecución de la paz”. “Ese momento llegó, por eso he ordenado proceder con la entrega de estos peligrosos criminales”, insistió. Para el caso de “HH” y “Muñeca” dio que las autoridades tienen instrucción de capturarlos con prontitud.

Previo a la firma de los decretos también reafirmó su postura de cooperación internacional con Estados Unidos en esta materia, así como con otros partidos. “A los criminales les digo, no habrá escondite, privilegio, mesa de dialogo ni artificio jurídico que los coloque por encima de la ley”, dijo.

Las otras extradiciones de De la Espriella

Esta es la segunda tanda de extradiciones que deja en firme el presidente, quien el pasado 13 de agosto había aprobado la entrega de Diego Alberto Londoño, Armando Luis Suárez, Jorge Luis Mojica, Roderick Aldair Morales y Didier Ignacio García.

El primero de los casos es el de Diego Alberto Londoño, quien será enviado a Perú, debido a que ese país lo solicitó por el delito de tráfico de drogas ilícitas agravado. La aprobación, de acuerdo con la resolución, se hace debido a que no se encuentra requerido por las autoridades judiciales colombianas y su captura obedece a fines de extradición.

Estados Unidos solicitó la entrega de dos colombianos por varios delitos. Armando Luis Suárez Calvo será extraditado para ser juzgado en ese país por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de drogas y lavado de activos. Mientras que Didier Ignacio García Rodríguez es pedido por esa nación, pues debe comparecer a juicio por los presuntos delitos de concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir 5 kg o más de cocaína para importarla a EE.UU.

Otro de los casos es el de Jorge Luis Mojica Ortiz, un ciudadano dominicano-colombiano, pedido por República Dominicana para ser juzgado por el delito de violación sexual en perjuicio de un menor de edad. Y Roderick Aldair Morales Delgado, quien será trasladado a Panamá para rendir cuentas por estar presuntamente relacionado con el delito de homicidio agravado, en grado de tentativa.

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Un adolescente abre TikTok en cualquier territorio del país y se encuentra con hombres vestidos de camuflado que exhiben armas, fajos de billetes y la vida dentro de un grupo armado. Si muestra interés, el algoritmo de las redes sociales le recomienda más contenido parecido y, si pregunta cómo unirse, la conversación puede continuar por mensajes privados y terminar en una oferta de transporte hacia otra región. Para entonces, las instituciones que deben protegerlos probablemente ya van tarde. Mientras TikTok o Facebook no consiguen impedir que esas cuentas se multipliquen y lleguen a miles de usuarios, el Estado colombiano tampoco tiene la capacidad suficiente para prevenir el reclutamiento, buscar a quienes son captados ni llevar ante la justicia a quienes dieron la orden.

Ese es el doble fracaso que documentó la oenegé Human Right Watch (HRW) en un reciente informe titulado “Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá: Reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia”. En otras palabras, los grupos armados están perfeccionando sus formas de atraer menores con mayor rapidez que las plataformas y las autoridades encargadas de protegerlos. Las cifras lo dicen todo: cerca de 1.500 menores de edad fueron víctimas de reclutamiento desde 2021, según datos de la Defensoría revisados por HRW. Además, de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el 44 % de los menores reclutados en 2025 fueron captados a través de redes sociales.

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En el informe, Human Right Watch, una organización no gubernamental internacional dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, identificó 52 cuentas y 37 publicaciones en TikTok que glorificaban la vida armada, con más de 85.000 seguidores combinados y videos con hasta 250.000 reproducciones.También halló 20 cuentas en Facebook con más de 15.000 seguidores que facilitaban el contacto y ofrecían transporte a interesados. La oenegé envió a ByteDance, creadora de TikTok, y Meta, empresa dueña de Facebook e Instagram, reportes de todos sus hallazgos y las cuentas fueron eliminadas. Sin embargo, entre julio y agosto de 2026 aparecieron perfiles nuevos con contenido similar.

Por su parte, la JEP rastreó en mayo de 2025 un total de 146 cuentas vinculadas a presuntas prácticas de reclutamiento; nueve meses después, 109 habían sido eliminadas, pero 37 seguían activas. La directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, señala que las respuestas de ByteDance y Meta, que se enfocan en bajar el contenido denunciado, están siendo insuficientes para evitar que sean usadas como medio para el reclutamiento. “En primer lugar, no han tomado las medidas suficientes para evitar que el algoritmo recomiende a los usuarios cuentas usadas por los grupos armados para atraer y reclutar. En la práctica, el algoritmo coadyuva en la promoción de ese contenido”, sostuvo.

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Asimismo, agregó que, “incluso cuando las plataformas retiran, de manera tardía, el contenido y perfiles de los grupos armados, nuevas cuentas con contenido muy similar siguen apareciendo” Aunque Goebertus resalta el canal de comunicación con las plataformas, explica que medidas como “bloquear la búsqueda de la palabra Farc para prevenir la difusión del contenido de reclutamiento es simplista y alejado de la realidad que observamos en redes sociales y que viven los niños y niñas en sus territorios”. De acuerdo con la abogada, “basta con buscar con un hashtag para encontrarlo con facilidad. La moderación de contenido de habla hispana es muy baja y depende demasiado de procesos automatizados.

En general, las plataformas han tratado de evitar ser reguladas”. En este punto, Goebertus resaltó la importancia de un protocolo para la detección, reporte y bloqueo de contenido relacionado con el reclutamiento. Dicho protocolo ya lo contempla la ley de entornos digitales (Ley 2489 de 2025), pero llevar su cumplimiento más allá del papel es otro desafío en un contexto de impunidad judicial que se evidencia en cifras. De las 3.947 investigaciones abiertas por reclutamiento entre 2016 y 2025, solo 45, alrededor del 1 %, pasaron a etapa de investigación formal, 25 llegaron a juicio y apenas nueve terminaron en condena, casi siempre contra autores materiales de bajo rango.

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En 2024, líderes de las disidencias de “Mordisco” y “Calarcá” recibieron entre 11 y 15 años de cárcel por reclutar a diez niños, nueve de los cuales murieron en un bombardeo en Caquetá en 2019. Es la única condena que HRW halló en diez años contra quienes dieron la orden. A esta impunidad se suma la poca capacidad para activar los protocolos de búsqueda cuando un menor ingresa a un grupo armado. El informe de la oenegé señala que los municipios carecen de fondos para activar rutas de protección urgente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no tiene capacidad para atender casos fuera del horario laboral y la reducción de la cooperación internacional golpeó a los equipos que gestionaban los casos.

En esa línea, se contempla la incertidumbre por la propuesta del presidente Abelardo de la Espriella de eliminar la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, de la que depende la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el Uso, la Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes, clave para la desvinculación de menores. Ante el vacío estatal y el hecho de que los grupos armados modernizan sus métodos de reclutamiento más rápido de lo que el Estado y las plataformas digitales desarrollan mecanismos para impedirlo, Juanita Goebertus advierte que la política de seguridad ha sido inefectiva.

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“Mientras los armados sigan avanzando en su control social y territorial, y algunas zonas sigan en condiciones de pobreza, será imposible reducir el reclutamiento. Se necesita más que el despliegue de fuerza pública, el fortalecimiento de las investigaciones y judicializaciones, y oportunidades de educación y empleabilidad para que los jóvenes no sean reclutados por ningún medio”, concluye Goebertus. De no cerrarse esas brechas, las plataformas seguirán eliminando cuentas cuando el contenido ya haya llegado a miles de usuarios y el Estado seguirá abriendo investigaciones cuando los menores ya hayan sido reclutados. Y así, entre una respuesta tardía y otra, las familias todavía esperan que sus hijos regresen a casa.

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El pasado 21 de agosto, el senador por el estatuto de oposición Iván Cepeda envió una acción de tutela al gobierno de Abelardo de la Espriella por la suspensión temporal de 20 emisoras de paz.

El documento fue enviado al ministerio de Tecnologías de la Información (TIC) y las Comunicaciones e Inravisión para conocer las razones de la suspensión de la programación de estas emisoras de paz. Para Cepeda, esta decisión representa una vulneración de los derechos fundamentales a la información, a la libertad de expresión y a la paz.

“Esta determinación desconoce que estas emisoras fueron creadas con fundamento en lo dispuesto en el punto 6.5 del Acuerdo Final de Paz y el deber que le asiste a las autoridades estatales de cumplir de buena fe lo pactado”, agregó el senador.

Frente a la petición, el también senador por Salvación Nacional, Enrique Gómez, señaló que estas emisoras de paz eran “mentira pura”. Para el parlamentario, se trataba de “megáfonos oficiales de las FARC para adoctrinar regiones y atacar al gobierno de Abelardo De La Espriella con la plata de los colombianos. Esta berraca de ministra tuvo los pantalones de desmantelar ese nido de propaganda. Por eso el defensor de las FARC quiere tumbarla”.

En otro lado del gobierno, el nuevo director del Centro Nacional de Memoria Histórica, D’mar Córdoba, aseguró que las 20 emisoras siguen al aire. “No hubo cierre de frecuencias, hubo suspensión temporal de una parrilla mientras se revisan contenidos y contratación. Nadie tiene derecho fundamental a que el Estado le sostenga un programa propio en la radio pública, y contra una directriz administrativa el camino es el contencioso, no la tutela”, agregó el funcionario.

En medio de estos choques, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) a través de una comunicación en conjunto con la Misión de Observación Electoral y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la Flip alertó por la orden de Inravisión, el sistema de medios públicos, de frenar la programación de noticias y contenidos de esas emisoras creadas con el Acuerdo de Paz de 2016.

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La orden se divulgó a través de un mensaje de WhastApp a los periodistas que conforman las emisoras de paz en municipios como Florida, Bojayá, Arauquita, Puerto Leguízamo, Algeciras, El Tambo, Chaparral, Ituango, Convención, Fonseca y San Jacinto. En el texto se lee que, por instrucción de la nueva gerente de Inravisión, Ángela María Mora, se establecieron nuevos lineamientos.

La instrucción fue cambiar la programación de las franjas para que fuera “exclusivamente musical”. Además, se centralizaron las emisiones desde Bogotá. “Se suspende temporalmente la emisión de noticias, boletines, programas informativos y espacios de locución, hasta nueva instrucción”, se lee en el mensaje.

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La declaración de bienes y rentas de D’mar Córdoba Salamanca como nuevo director del Centro Nacional de Memoria Histórica se encuentra en la página de la Presidencia de la República, un paso previo a su nombramiento en ese cargo. Este es el perfil del nuevo director de la entidad.

Córdoba Salamanca es abogado de la Universidad Católica con especialización en Derecho Constitucional y Administrativo, así como una maestría en Derecho Constitucional de la misma universidad. Ha sido parte del programa radial La Hora de la Verdad del exministro Fernando Londoño Hoyos durante más de dos décadas.

De hecho, este programa celebró su nombramiento y señaló que Córdoba llega con el compromiso de “defender la verdad, cuestionar las versiones oficiales y darle voz a quienes durante años no han sido escuchados”. Esto en medio de la línea de “guerra cultural” que la administración de Abelardo de la Espriella ha trazado en algunos de sus funcionarios.

De hecho, El País de España destacó que en varias publicaciones de sus redes sociales, el ahora director cuestionó la existencia de un conflicto armado en Colombia en una narrativa negacionista. Por ejemplo, en esta del 9 de marzo de 2025 señaló que “la narrativa del conflicto armado sirvió para presentar a estas guerrillas como fuerzas beligerantes, cuando en realidad operaban como grupos criminales con una agenda ideológica”.

Tras la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad en el año 2022, Córdoba promovió una comisión alterna llamada “Comisión Civil para el Esclarecimiento de la Verdad”, enfocada en los testimonios de las víctimas de las Farc, pero especialmente aquellas que pertenecían a las fuerzas militares. Según Córdoba, esta comisión buscaba contar “lo que la Comisión de la Verdad del acuerdo de La Habana jamás contó”.

También trabajó en las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) de las exsenadoras del Centro Democrático, Paola Holguín (ahora ministra de Cultura) y Thania Vega. Además, fue profesor de Derecho en las universidades Católica, La Gran Colombia y la Sergio Arboleda.

Córdoba recibe la entidad de las manos de María Gaitán, nieta del asesinado Jorge Eliécer Gaitán, en medio de varias polémicas por un museo de la memoria histórica que lleva varios años estancado. En un inicio, por los cambios en la hoja de ruta planteados por el director durante la administración de Duque, Darío Acevedo, y después por fallas en la edificación.

No fue hasta marzo de 2026, cuando el museo reanudó su construcción tras tres años de parálisis marcados por problemas contractuales, disputas judiciales y falta de recursos.

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