Está reflexión no parte de una lectura frívola, o sea superficial, de la realidad social y política colombiana sino de una observación cuidadosa, rigurosa y consensuada de los ejercicios de poder que han elaborado los lideres sociales en zonas urbanas dentro de su cotidianidad para hacer que la vida se abra camino entre la marginalización y la violencia impuesta. Con mis amigos y colegas, Rafael Augusto Restrepo, María Belén Castellanos y Beth Fisher-Yoshida, y nuestros estudiantes del programa de maestría en resolución de conflictos de la universidad de Columbia y de la maestría en construcción de paz de la Universidad de los Andes, nos pusimos la tarea de llevar al campo la siguiente pregunta: ¿Qué formas de resistencia pacífica a la guerra urbana existen en Medellín? Pasamos varios días en Medellín conversando con lideres sociales sobre el trabajo de las organizaciones sociales que le “han puesto el pecho a las balas”, y quiero resaltar algunos hallazgos, dado que es ahí, en la cotidianidad de los que se resisten a usar la violencia para negociar la vida, los que saben de paz porque la hacen todos los días, donde podemos encontrar la salida de nuestra historia de violencia.

Visitamos el barrio Guadarrama, en la parte alta de la comuna 13, junto a La escombrera o El tiradero, cómo le dicen los habitantes del barrio. La escombrera es una fosa común donde yacen los cuerpos de muchos desaparecidos de la guerra urbana en Medellín. “Es una herida abierta de esta ciudad”, nos dice AKA, el líder natural y cofundador de AgroArte Colombia. AKA nos habló sobre el trabajo de AgroArte, sobre su apuesta por la memoria histórica que tiene como base la construcción de las memorias del futuro, la política de lo cotidiano y la arquitectura de lo imposible. AgroArte nace en el 2002 y sus integrantes lo entienden cómo un proceso de resistencia frente a las problemáticas desatadas por La escombrera y las violencias selectivas llevadas a cabo por medio de distintos grupos armados, en la comuna 13. AgroArte opera desde dos elementos metodológicos concretos: la siembra y el arte. La siembra tiene que ver con las memorias del futuro, o sea, con la imaginación de mundos posibles que se van sembrando, “cómo cuando se siembra un bosque”, pensando en el bienestar de los que vienen. La paz, nos dice AKA, “es cómo la siembra del bosque… es un trabajo de largo aliento”. Y el arte tiene que ver con lo que AKA llama, “el relato del alma, el relato chiquito”: cantar y celebrar “los pequeños favores”, cómo los que hace todos los días Don Jesús en Guadarrama, quien pone al servicio de AgroArte el patio de su casa para la producción de abono para el bosque que está reviviendo AKA con los niños y niñas del barrio. Las grandilocuencias del Estado con sus procesos de paz rimbombantes entre guerreros—que sin duda son necesarios—buscan desarmar a los violentos. La política de lo cotidiano, “los favores pequeños”, buscan sentar las bases para una convivencia generosa y amable: la paz cotidiana.

También pasamos una tarde con Pastora Mira, la directora del Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (CARE) en San Carlos, Antioquia. Pastora nos contó la historia que, “le quito a un hijo para hacerla madre de todos nosotros”. Pastora nos habló sobre la decisión estratégica que ha tomado de utilizar el lenguaje del Estado, de la ley, para movilizar los intereses comunes de las víctimas del conflicto armado. Nos habló sobre la tareas más difícil y necesaria que tenemos los colombianos: la reconciliación. Vale mencionar que, también por la torpeza del Estado, el CARE—que ha asistido en la enorme tarea de la reconciliación—está cerrado por tropiezos con la burocracia Bogotana.

El arte siempre ha sido refugio y arma para los que resisten a la violencia. A paso punkero caminamos las calles de Castilla, en la comuna 5 de Medellín, el escenario de la película de Víctor Gaviria, Rodrigo D no futuro, con Caliche, un punkero de la vieja guardia. Él nos habló sobre el papel que jugó el punk durante los años más difícil en Medellín, o sea los 80s y 90s. “Cuando nos querían enjaular por ser jóvenes rebeldes el punk nos acogió… nos sirvió para expresar la rabia y el dolor por medio de la mímica de lo grotesco de la violencia, pero sin ser violentos”. Cuando en Medellín asesinaban jóvenes por ser jóvenes el punk brindó un espacio para que ellos, los jóvenes amenazados por las dinámicas de la guerra, se apropiaran y resignificaran algunas imágenes violentas mediante una mímica, una simulación de lo violento, pero solo para desarticularla. Pienso en cómo la comunidad afro en los Estados Unidos se apropió de la palabra, “negro”, para desarmar su significado peyorativo y hoy se usa como un indicativo de afecto y confianza. También nos dio unas claves sobre la autonomía, sobre la no dependencia frente al Estado para hacer lo necesario, dado que el lema del punk es: “hazlo tú mismo”. Nos dijo que mientras los violentos elaboran armas de destrucción masiva, los punkeros elaboran, por sí mismos, armas de construcción masiva: guitarras, baterías, micrófonos, y uno que otro coctel pa’ alegrar el día.

Concluyo con algo muy sencillo: hemos estado buscando en el lugar equivocado las llaves que nos den entrada a un país justo, generoso y amable, que en realidad son las formas de la paz. El futuro de Colombia no está en los discursos grandilocuentes ni en la fuerza del Estado y su dominación. Está en el poder de las prácticas cotidianas de quienes saben poco de la guerra pero todo sobre la paz. La fuerza que mueve al poder que siempre está vigilante ante el ejercicio de la dominación, quiero pensar, es la misma, que cómo dijo el poeta de la Divina Comedia, /L‘amor che move il sole e l’altre strelle/.

*Joan Camilo Lopez, profesor, Columbia University, Nueva York.

La demanda de justicia siempre nace rodeada de grandes aspiraciones e impaciencia. Se exige verdad inmediata, reparación completa y reconciliación duradera. Cuando inevitablemente no se alcanzan semejantes expectativas, se la declara insuficiente o fracasada. Cada generación está convencida de que vive una crisis sin precedentes con instituciones encargadas de impartir justicias radicalmente imperfectas, que sus conflictos son únicos y que nadie antes tuvo que responder a dilemas semejantes. Ningún mecanismo diseñado para afrontar un pasado traumático nació rodeado de consenso. Todos fueron acusados de insuficiencia, politización o falta de legitimidad o lentitud y, sin embargo, muchos terminaron dejando un legado mucho más importante que las controversias que los acompañaron, no porque fueran perfectos, sino porque ayudaron a construir sociedades capaces de exponer las verdades sobre las atrocidades en lugar de negarlas.

El Tribunal de Núremberg fue denunciado como la justicia de los vencedores y acusado de aplicar un derecho creado después de los hechos. Décadas después constituye uno de los pilares del derecho penal internacional. El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia fue criticado por la larga duración de sus procesos, por la poca representación de las víctimas y por el hecho de que la justicia se impartió en La Haya y no en los Balcanes. Sin embargo, su jurisprudencia transformó el derecho penal internacional incorporando conceptos como distintas formas de autoría penal y la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue cuestionado por su parcialidad al concentrar su actuación en los crímenes cometidos por una sola de las partes en conflicto. Aun así, consolidó avances fundamentales en la definición jurídica de genocidio y violencia sexual, al tiempo que enfrentó al movimiento negacionista que buscaba diluir las reales motivaciones de los crímenes. El Tribunal Especial para Sierra Leona fue criticado por concentrarse únicamente en los máximos responsables y por el reducido número de personas procesadas. Las Cámaras Extraordinarias en la Cortes de Camboya fueron objeto de constantes denuncias por interferencias políticas, retrasos y costos excesivos.

Ninguna de esas críticas era infundada. Pero ninguna impidió que esos mecanismos dejarán un legado jurídico e institucional mucho más profundo que las controversias que los acompañaron. Hoy la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se encuentra en la misma encrucijada y debe observar las críticas y asumirlas, asegurando el legado más favorable para Colombia.

La enseñanza no es que las críticas contemporáneas fueran indebidas, al contrario, muchas estaban justificadas y fueron indispensables para el avance de la justicia. Permitieron corregir errores, exigir mejores resultados y mantener la fidelidad al mandato con el que fueron creadas estas instituciones. Pero la experiencia comparada también demuestra que el verdadero alcance de estos mecanismos sólo puede apreciarse con el paso del tiempo, cuando deja de discutirse lo que no hicieron y empieza a verse lo que hicieron posible.

Desde esa perspectiva cobra sentido mirar a Colombia. El debate que hoy rodea a la JEP no comenzó en Colombia ni terminará aquí. Forma parte de una conversación internacional mucho más antigua sobre cómo las sociedades enfrentan jurídicamente la violencia y cómo intentan impedir que el pasado se ignore o se plasme desde la negación.

Pero sí existe, sin embargo, un riesgo particular, Colombia suele mirarse únicamente desde Colombia. Hoy, por ejemplo, buena parte de la conversación pública sobre la JEP carece de contexto y gira en torno a lo mismo que se criticó a otros tribunales: la lentitud de los fallos, los altos costos de funcionamiento, los criterios de selección de los máximos responsables. Aunque el diseño de la JEP dialogó intensamente con experiencias internacionales, esa perspectiva aparece con mucha menos frecuencia cuando se evalúa su funcionamiento cotidiano. El resultado es que dificultades y problemas inherentes a todos los procesos de transición terminan presentándose como fracasos exclusivamente colombianos. La comparación no debe servir para relativizar los problemas sino para entenderlos mejor.

La verdadera contribución de mecanismos como la JEP rara vez se limita a las sentencias que producen, la mayoría de las veces incluye sus aportes a la reconstrucción de la verdad: la preservación de archivos que algunos quieren destruir, la protección de testimonios que otros buscan silenciar, o el reconocimiento de las víctimas que algunos quieren negar.

Al final, estos tribunales fijan responsabilidades y construyen una verdad pública suficientemente sólida para que ninguna generación tenga que comenzar de nuevo cuando alguien quiera negar el pasado. Este es el legado democrático de estos mecanismos que permanece una vez las controversias políticas se diluyen. La justicia no puede cambiar el pasado, pero debe contribuir a un futuro sin negacionismo y más responsable – un futuro con justicia. Comprenderlo no disminuye los desafíos, les da perspectiva y esa perspectiva nos obliga a ejercer algo poco frecuente en el debate público: la humildad histórica; no para renunciar a la crítica sino para entender que ninguna sociedad ha construido instituciones capaces de perdurar sin atravesar exactamente las mismas dudas que hoy atraviesan Colombia y la Jurisdicción Especial para la Paz.

Algún día los debates que hoy parecen trascendentales habrán perdido intensidad. Las polémicas pasarán. En cambio, las instituciones que una sociedad decidió construir, las víctimas que decidió escuchar y las verdades que decidió preservar permanecerán.

La historia rara vez recuerda a las democracias por la perfección de sus instituciones, pero si las recuerda por el coraje de haberlas construido y sostenido durante momentos críticos, como los de hoy en Colombia.

*Almudena Bernabeu. CEO Guernica 37

Recordemos cómo llegamos hasta aquí. La CPI es un tribunal permanente e independiente, con sede en La Haya, creado por el Estatuto de Roma de 1998, que solo juzga a personas naturales, y nunca a Estados, por los cuatro crímenes más graves para la humanidad: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Además, es un tribunal complementario, lo que implica que solo actúa cuando la justicia nacional no quiere o no puede investigar de verdad esos crímenes.

El proceso colombiano para entrar a la Corte fue particularmente exhaustivo. Como el Estatuto de Roma contenía disposiciones que chocaban con nuestra tradición jurídica, primero fue necesario reformar la Constitución mediante el Acto Legislativo 02 de 2001, que adicionó el artículo 93 para habilitar el reconocimiento de la jurisdicción de la CPI. Solo después, el Congreso aprobó el Estatuto mediante la Ley 742 de 2002, y el 5 de agosto de ese año el país lo ratificó. Es decir, el Ejecutivo lo propuso, el Legislativo lo discutió y lo aprobó, y el Judicial, a través de la Corte Constitucional en sentencia C-578 de 2002, avaló el tratado en su estudio de constitucionalidad. Así, los tres poderes concurrieron para que Colombia se vinculara a la Corte. Y es esa convergencia la que no puede perderse de vista y la que hace que se trate de una decisión de Estado, no de gobierno. Cualquier cambio en un asunto de esa magnitud debería surtir un proceso equivalente de deliberación institucional, y no debería ser una decisión unilateral del Ejecutivo del momento.

La razón jurídica de fondo para esa exigencia es el bloque de constitucionalidad. El artículo 93 de la Constitución en sus primeros incisos establece que los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia no pueden suspenderse ni en estados de excepción, tienen el mismo rango que la Constitución y son criterio interpretativo obligatorio de los derechos que ella consagra. La Corte Constitucional ancló el “tratamiento diferente” que exige el Estatuto de Roma precisamente en ese artículo, la misma norma que blinda los tratados de derechos humanos. Por eso, el vínculo de Colombia con la CPI no quedó como una simple política exterior de una administración, sino incorporado de forma permanente a la parte dogmática de nuestra Constitución. Retirarse no es entonces un simple giro diplomático, sino una decisión que tensiona el bloque de constitucionalidad y el deber del Estado colombiano de no dejar en la impunidad las violaciones más graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, en un país que las ha sufrido por tantos años.

A esto se suma el principio establecido en el artículo 9 de la Constitución, según el cual las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y, de manera expresa, en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Por eso, invocar la soberanía para salir de la Corte, sin considerar los principios que aceptamos para ingresar, resulta ser una lectura incompleta de esa norma constitucional.

El Estatuto de Roma, en su artículo 127, permite que un Estado denuncie el tratado mediante notificación escrita al Secretario General de la ONU, con efectos un año después. Pero incluso si Colombia iniciara ese camino, tendría que surtir un procedimiento interno de derogación legislativa, inédito hasta ahora, y, aun así, seguiría obligada a cooperar con las investigaciones que puedan haberse iniciado antes de cumplido ese término.

Colombia ha sido tradicionalmente respetuosa del derecho internacional y, en el caso de la CPI, ha sido particularmente activa; incluso hoy, tiene una candidata propuesta para ser jueza del tribunal. Renunciar a esa jurisdicción, sin el mismo respaldo institucional que permitió aceptarla, no solo sería jurídicamente cuestionable frente al bloque de constitucionalidad y contrario a nuestra tradición de apego a los compromisos internacionales, sino que, sobre todo, enviaría una señal a las víctimas de que los crímenes más graves pueden quedarse sin esa última garantía frente a la impunidad.

* Directora del equipo investigador de Vértice - Política exterior, derechos humanos y paz IG (@verticepolexterior)

Esta nueva etapa exige mayor responsabilidad. El gobierno debe procurar unir a la nación, gobernar sin eliminar al otro, sin sesgos ni discriminación; mientras que a la oposición le corresponde adelantar un control político reflexivo y objetivo sobre la gestión del gobierno y fiscalizarla mediante los instrumentos dispuestos en la ley; de lo contrario, se caerá en una oposición visceral.

Los líderes del Pacto Histórico anunciaron que ejercerán la resistencia civil pacífica. La Corte Constitucional ha señalado que esta debe ser pública, pacífica, orientada al bien común y compatible con el orden constitucional. Si la inconformidad se sustenta en desconocer los resultados electorales por presunto fraude y por el incumplimiento de los requisitos para ser elegido, el ordenamiento jurídico colombiano cuenta con recursos legales previamente establecidos a los que se debe acudir, demostrando su agotamiento o ineficacia.

La resistencia civil constituye un recurso excepcional y no puede terminar debilitando el ordenamiento constitucional que pretende defender; los candidatos conocían y se acogieron a las reglas del debate electoral, tan es así que el senador Iván Cepeda y la representante a la Cámara Aida Quilcué ya ocupan sus curules en el Congreso. Es válido que se promuevan las concentraciones, las protestas y las manifestaciones; esto hace parte de la libertad de expresión, de conciencia y de participación política.

Por otro lado, de manera insistente el presidente quería rendirle un homenaje a los miembros de la Fuerza Pública. Ciertamente, la labor de militares y policías, en un país golpeado durante décadas por el conflicto armado y diferentes formas de violencia, merece reconocimiento y exaltación. No obstante, la posesión presidencial constituye un acto político e institucional de la más alta relevancia y posee una gran fuerza simbólica; por eso, el mandatario no debe enviar mensajes equívocos o riesgosos. Cuando un presidente civil actúa o se expresa en tono militar, respaldando a ultranza las actuaciones de la Fuerza Pública, puede generar en el imaginario colectivo el predominio del poder militar sobre las demás autoridades e instituciones civiles, situación que, lejos de fortalecer la unidad nacional, propicia en algunos sectores el rechazo y el desacato.

Respecto a los grupos armados al margen de la ley les ha dado plazos perentorios para que se entreguen, se sometan a la justicia, o serán dados de baja. Vale recordar que el fin del Estado en los conflictos armados es la obtención de la ventaja militar; se busca neutralizar la capacidad de combate del adversario (capturar, desarmar o herir), no su destrucción total o exterminio. Hizo falta en el discurso de posesión que expresara en forma categórica la obligación que tienen los miembros de la Fuerza Pública de respetar los derechos humanos y de dar plena aplicación al Derecho Internacional Humanitario, para que graves crímenes como las ejecuciones extrajudiciales no se repitan.

Refiriéndose a los “grupos narcoterroristas” y al combate frontal del crimen, el presidente dijo que la opción del diálogo está completamente agotada. Jurídicamente no está obligado a continuar dialogando o realizando acercamientos con guerrilleros u otras estructuras que no cumplieron con lo acordado, que continúan cometiendo crímenes de guerra y otros delitos. Sin embargo, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento que le corresponde garantizar al presidente de la República, mediante el diálogo y los procedimientos sociales, políticos e institucionales razonables para alcanzarla, sin reducir la estrategia exclusivamente al uso de la fuerza.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, le envió una carta al presidente De La Espriella en la que expresó profunda preocupación por varios anuncios de su futuro gobierno en materia de derechos humanos; le asiste razón. Tanto para la oposición como para el actual gobierno, los ciudadanos reclaman respeto por la Constitución, mesura y sensatez; las posturas irreflexivas o extremas revictimizan y no permiten abordar con patriotismo los graves problemas humanitarios, sociales y económicos que vive el país.

Permítanme un colofón al comienzo de este artículo:

Hoy Colombia está escribiendo otra página. Mañana contarán que después del terremoto del 10 de agosto de 2026, el gobierno de turno no acepto recibir apoyo internacional de especialistas en salvar vidas. ¿Sumisión real? O ¿Cazando enemigos? Sólo… sólo batallas internacionales.

Luego de lo inusual retomo el tema central de este escrito. Un poco de historia:

Algunas cifras tomadas del Informe final de la Comisión de la Verdad pueden refrescar nuestra endémica amnesia acerca del conflicto armado:

Muertos:450.664 personas perdieron la vida a causa del conflicto armado entre 1985 y 2018Si se tiene en cuenta el subregistro, la estimación del universo de homicidios puede llegar a 800.000 víctimas. Desaparecidos: 121.768 personas fueron desaparecidas forzadamente en el marco del conflicto armado, en el periodo entre 1985 y 2016Si se tiene en cuenta el subregistro, la estimación del universo de desaparición forzada puede llegar a 210.000 víctimas. Secuestro: 50.770 fueron víctimas de secuestro y toma de rehenes en el marco del conflicto armado entre 1990 y 2018.Si se calcula el subregistro potencial, se estima que el universo de víctimas de secuestro podría ser de 80.000 víctimas. Década con más víctimas: entre 1995 a 2004 hubo 38.926 víctimas (77 % del total de secuestros) y sólo entre 2002 y 2003 fueron 11.643 víctimas (23 % del total).

Según cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo y las Unidad para las víctimas con corte a 2026, 49.741 mujeres han sido registradas oficialmente como víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia. Aquí también hablamos del subregistro debido al miedo, la estigmatización y el silencio cómplice que rodea este delito. Del total de personas reconocidas por este delito, el 90% son mujeres.

Estas cifras guardan el silencio de quienes ya no están también deja la huella del dolor, la rabia, la tristeza de las víctimas como la fortaleza, lucha y resistencia de quienes han padecido la violación a los derechos humanos, la militarización, la confrontación armada, dígase, las guerras en Colombia.

Hagamos memoria: ¿Recuerdan o saben que fue el Estatuto para la seguridad nacional? ¿El estado de sitio? ¿Militares juzgando a civiles en Consejos Verbales de Guerra? ¿Torturas? ¿Mujeres violadas? ¿Jóvenes asesinados y presentados como bajas en combate? Por negociaciones de paz diferentes organizaciones dejaron las armas, por negociaciones sabemos parte de la verdad, por negociaciones tenemos una Constitución como punto de encuentro entre diferentes pensamientos de hacer país.

¿Recuerdan el Plan Colombia desde 1999? Acuerdo entre Colombia y Estados Unidos. Sus objetivos: revitalización social, económica, acabar el conflicto armado y crear una estrategia antinarcóticos. Duró 15 años con presencia de asesores militares. ¿Terminaron la guerra? ¿Terminaron con el narcotráfico? ¿Por qué ayer no pudieron y hoy sí podrán? Las bombas serán más potentes, lo demás serán daños colaterales.

En casi 80 años de guerra permanente la salida militar no ha demostrado ser la solución. Al fracaso de la aplicación de la paz total no vale la guerra total, no vale una presencia extranjera ¿Soberanía? ¿Consultó el señor Abelardo de La Espriella al senado que el ejército de EEUU será su invitado a nuestra casa? O ¿Songo sorongo, nos quieren preparar para un autoritarismo?

Tampoco vale enmascarar lo que hay detrás de volver a las oscuras décadas anteriores de lucha contra el comunismo. Sabremos ¿Qué es? Sí vale aclarar que nunca ha existido un país comunista, que el intento de socialismo fracasó y hoy queda la socialdemocracia, que simplificando es la fusión de sistema capitalista con un Estado Social de Derecho).

Las guerras las enmascarar cuando hoy son por los recursos naturales ¿Seremos la excepción? Pronto tropas extranjeras podrán traer su guerra a Colombia con la anuencia del nuevo presidente, mientras tanto algunos ministerios se ocupan de darle ideología a los afanes militares o en retroceder la modernización de la Constitución con la batalla cultural. ¿Por qué no lo llamarán por su nombre?

Quieren volver al Concordato (tratado entre Colombia y la Santa Sede) que entre otras prerrogativas incluía: La fe católica en el centro del ordenamiento social y el Estado obligado a protegerla; el control total de los planes de estudio y el poder de la censura; se entregó a la iglesia el registro de los nacimientos, matrimonios, defunciones y cementerios; los obispos eran libres del juzgamiento civil. ¿Desde cuándo hay pederastia de la cual no se habló o informó?

Esto significa que por un lado siguen con la guerra pacificando territorios y aplicando químicos para erradicar la coca ¿Y los seres humanos, animales, ecosistema? ¿Importa? A fin de cuentas, son “imbéciles” o esos que “comen potaje carcelario”. Para el fracking hay que tener el camino despejado mientras otras, otros Biblia en mano enseñan evangelios como jamás los predicó Jesús.

Esto significa que vendrá la “evangelización” y el intento de regresar a las mujeres a sus casas, intentar dejarlas sin autonomía y sin derecho a decidir sobre sus cuerpos. Recuerdan que en la década de los 70´s dieron anticonceptivos indiscriminadamente en zonas rurales “porque las mujeres parían como conejos”, ahora necesitan mano de obra, entonces hay que inducirla u obligarlas a parir.

Esto quiere decir que nos quieren disciplinar, dejar de lado al Estado laico, la libertad de culto y libertad de pensamiento, nos quieren unificar, homogenizar como a los privados de la libertad en El Salvador y que pensemos como… ¿Pensemos?

“Abolir las barreras de las leyes entre los hombres -como hace la tiranía- significa arrebatar el libre albedrío y destruir la libertad como una realidad política viva, porque el espacio entre los hombres, tal como se halla delimitado por las leyes, es el espacio vivo de la libertad”, nos recuerda la filósofa del siglo XX, Hannah Arendt, en “Los orígenes del totalitarismo”.

En el capítulo sobre “Ideología y terror de una nueva forma de gobierno”, también nos afirma que “El gobierno totalitario no restringe simplemente el libre albedrío y arrebata las libertades; tampoco ha logrado, al menos por lo que sabemos, arrancar de los corazones de los hombres el amor por la libertad”.

Conocer el pasado es evitar dolores y permitirse construir una sociedad que nos permita decir que hacemos parte de una condición humana que ha madurado con el devenir de la historia.

Gustavo enseñaba incluso cuando parecía estar conversando. Lo hacía con una frase corta, con una pregunta precisa, con una corrección amable, con una pausa y también con sus silencios. Eran silencios de escucha, de prudencia y de respeto por el caso analizado o por el dolor ajeno. En un país acostumbrado al ruido y a la opinión rápida, él sabía que muchas veces lo primero era oír, entender y acompañar, para hablar después con responsabilidad.

Gustavo dedicó su vida entera en la defensa de los derechos humanos. Su ejemplo me enseñó que la frustración no puede agotar la esperanza y que a pesar de la evidencia repetida de que el derecho llega tarde, responde mal o no responde, no podemos abandonarlo. Él me enseñó que cuando todo parece cerrado, hay que volver a mirar el expediente, buscar la norma, escribir el argumento, interponer el recurso, presentar la acción y dejar constancia. Cada recurso jurídico, más que un trámite, es una forma concreta de memoria, dignidad y resistencia.

Eso hacía Gustavo. Insistía con serenidad, rigor y una profunda conciencia ética. Lo hacía sin estridencia, sin poses heroicas y sin convertir las causas de las víctimas en protagonismo propio. Sabía que el derecho, aunque insuficiente, podía abrir grietas. Detrás de cada caso veía personas concretas, familias que esperaban una respuesta, comunidades que pedían verdad y víctimas (de todos los actores armados, sin excepción) que merecían algo más que quedar reducidas a una estadística de nuestra larga tragedia nacional.

Gustavo resistió a las peores épocas de violencia en contra de la Rama Judicial, los abogados, los defensores de derechos humanos y quienes creían que el derecho podía ser una barrera frente a la barbarie. En un país donde ejercer el derecho también ha significado exponerse, señalar responsabilidades y correr riesgos, él sostuvo una forma de valentía sobria, hecha de constancia, permanencia y disciplina. Nunca aceptó un escolta, un chaleco antibalas o un esquema de seguridad, la protección que tenía (suena ingenuo, pero es real) era la solidez y seriedad de su trabajo.

El análisis de la situación de derechos humanos y en especial de la administración de justicia dio origen en el año de 1988 a la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), ONG que dirigió por 34 años. La CCJ ha sido mucho más que una organización de derechos humanos, ha sido una escuela de la dignidad para muchos nuevos juristas. Allí se enseñaba que el rigor jurídico puede caminar junto a la sensibilidad humana, que el litigio puede ser una forma de acompañamiento y que la defensa de los derechos humanos exige método, paciencia, archivo, estudio, memoria y una profunda disciplina ética. Ojalá lo siga siendo. Ojalá esa escuela permanezca como proyecto hacia el futuro. Hay mucho por hacer todavía.

Gustavo Gallón encarnó la palabra jurista en su sentido más alto, exigente y escaso. Conoció el derecho, lo estudió, lo practicó y lo enseñó, siempre unido a una responsabilidad ética que le daba sentido a su trabajo. Ejerció la profesión jurídica desde las causas difíciles, desde el servicio público de la conciencia democrática, desde la defensa de todas las víctimas y desde la convicción de que el derecho merece respeto cuando protege la dignidad humana.

Fue maestro siempre, desde el lugar en que estuviera. En la Comisión Colombiana de Juristas, en los debates públicos, en los espacios internacionales, en las columnas escritas en El Espectador, en la conversación personal, en la explicación paciente y en la defensa persistente de aquello que otros preferían dejar pasar. Quienes aprendimos de él sabemos que su virtud consistía en transmitir una manera de estar en el mundo, serena, rigurosa y firme, capaz de resistir la tentación de acostumbrarse a la injusticia.

Me alegra profundamente que sus últimos años los haya pasado en Ginebra, un lugar que siempre quiso. Hay vidas que encuentran al final una cierta armonía con su propio recorrido, y Gustavo llegó allí como embajador y representante de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas, con la alta dignidad de hablar en nombre del país en un escenario que conocía, respetaba y al que había contribuido durante décadas desde la sociedad civil. Fue un cierre digno para una vida ilustre.

Ahora que vengan muchos homenajes y recuerdos. El mejor homenaje al reconocer su inmensa contribución a la defensa de los derechos humanos es que sus colegas, estudiantes, amigos y amigas vuelvan sobre sus enseñanzas. Que el país recuerde cuánto le debe a su insistencia, a su rigor y a su capacidad de luchar por los derechos humanos sin perder la humanidad en el camino.

El mejor homenaje será seguir haciendo aquello que él enseñó. Escuchar más, estudiar mejor, resistir el cansancio, acompañar a quienes sufren e interponer los recursos y las acciones jurídicas que existan, incluso cuando parezca que la respuesta favorable está lejos. También el homenaje será sostener la palabra cuando el poder prefiera la comodidad de nuestro silencio y mantener la dignidad cuando la injusticia apueste por nuestro agotamiento.

Hoy se fue un maestro, un amigo y un jurista de los que quedan pocos. Aprendí de Gustavo que ante el dolor humano el derecho debe ser una forma de presencia. Que ante la frustración el derecho debe ser una forma de perseverancia. Y que ante la injusticia es una obligación insistir en el derecho.

Gracias, maestro. Adiós, jurista.

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El punto de inició fue la Quebrada del Sol, zona rural de Santa Marta. Allí hubo combates entre el Ejército y estructuras de las Conquistadoras. Desde ese punto, la tensión bajó de las montañas a la troncal, bajo una campaña certera de bloqueos y acciones militares del grupo armado calificables como terroristas. Atacaron con Drones la Estación de Policías de los Linderos, incineraron un camión del Ejército y un bus de servicio interdepartamental e instalaron cilindros bombas.

En contexto: Combates con ACSN tensan mesa de paz y dejan afectaciones en comunidades de la Sierra Nevada

La tensión se hizo evidente a tal punto que en dos de los bloqueos hubo tala de árboles para impedir el paso. Más de 80 vehículos quedaron represados mientras avanzaban los diálogos para levantar los cierres en medio de un comercio cerrado. Sin embargo, no se trataba solo de un problema de orden público, sino de una muestra de control territorial con capacidad de presión frente a una fragilidad institucional y estatal.

El operativo tampoco fue menor. El Ejército reportó la incautación de 7 fusiles calibre 5,56, 4 armas cortas, un mortero artesanal, 12 granadas de mortero, 1 dron y material de intendencia. No estamos hablando de una estructura improvisada y desde hace un tiempo importante se ha venido advirtiendo del poder de fuego de este grupo que ha impedido incluso el ingreso del Ejercito Gaitanista de Colombia. Ahora bien, las ACSN., no operan solo con fusiles. Su poder está en algo más difícil de desmontar. Controlan miedo, movilidad, silencios, economías locales y relaciones comunitarias. Por eso una presión en la Sierra se siente en la vía, en el turismo y en la vida diaria.

La Troncal del Caribe mostró algo más complejo. En la Sierra Nevada el Estado puede disputar el territorio, pero no siempre logra ordenar la vida cotidiana. Y cuando un grupo armado puede convertir una carretera nacional en instrumento de presión, el mensaje ya no es local, es regional y nacional con implicaciones que van más allá de una postura desafiante. Se trata de un grupo que logró instalar un sistema paralelo al Estado que goza de legitimidad y de silencios políticos-administrativos. Esto hace la diferencia entre la presencia militar y gobierno del territorio. El Estado puede entrar, combatir e incautar armas. Pero gobernar exige una legitimidad que no existe.

La negociación tampoco fue fácil y demostraron quienes ponen las condiciones. Lo primero es que el Ejército tuvo que devolver el drone incautado (no era para uso militar) y salir bajo la protección del Ministerio Público y la alcaldía de Santa Marta.

Lo segundo, es la incertidumbre de saber si se puede o no reanudar los diálogos de paz, aunque las Conquistadoras dejaron sentada su posición cuestionando la falta de confianza y el tipo de paz que quieren: “Hace una semana vino el señor Silva a hablar de paz y de la necesidad de seguir trabajando ¿está es la paz que quieren? ¿Quién puede confiar en un gobierno así?

Lo tercero es la garantía del proceso electoral. Algunos líderes afirmaron desde un discurso pasional que se trataba de un tema político del gobierno de Petro ante la respuesta a la decisión de apoyo al candidato De la Espriella, como si las operaciones militares no implicaran planificación y se tratara de réplicas automáticas y lo cuarto, un corredor humanitario para poder sacar heridos y personas muertas, del Ejército, la Policía y posibles civiles. Sobre estos últimos no hay información. Tampoco hay registros del operativo militar que pudo dejar también muertos y heridos.

Finalmente, la euforia por lograr una negociación que implique desbloqueos y restaurar la movilidad no puede ocultar los problemas reales que subyacen en el territorio. La Sierra Nevada no es periferia. Es territorio indígena, campesino, turístico, ambiental y criminalmente estratégico. Allí se cruzan rutas ilegales, economías formales, control social armado y una institucionalidad que llega tarde o llega solo con uniforme. Lo ocurrido no era una sorpresa. Era una crisis anunciada, como otras crisis que simplemente se han aplazado como la situación del Parque Tayrona y la gobernanza armada que impone las condiciones.

Se restableció el pasó, sí. Era necesario y gana la reapertura económica de la temporada turística. ¿Quién ganó el pulso? El que demostró que tiene más poder, legitimidad y capacidad de doblegar. El que envió el mensaje más contundente, aunque la euforia por lograr el desbloqueo oculte una realidad profunda.

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Después de décadas de conflicto armado, violencia sociopolítica, exclusión y profundas desigualdades, nuestra sociedad continúa enfrentando el desafío de construir una democracia real, capaz de garantizar que nunca más la violencia ocupe el lugar de la política y del diálogo. No se trata únicamente de cerrar las heridas del pasado. Se trata de decidir qué lecciones estamos dispuestos a asumir de nuestra propia historia y qué responsabilidades tenemos con las generaciones que heredarán el país que hoy estamos construyendo.

Las víctimas de crímenes de Estado hemos sido protagonistas de una de las páginas más dolorosas de esa historia, pero también la más invisibilizada. Hemos vivido las consecuencias de la desaparición forzada, la persecución política, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, el despojo de tierras, la estigmatización y la impunidad. Hemos conocido el vacío que deja una ausencia sin respuestas y la incertidumbre de quienes pasan años buscando verdad y justicia en medio del silencio institucional.

Sin embargo, reducir la historia de las víctimas únicamente al dolor sería desconocer una parte fundamental de lo que hemos significado para este país.

Porque si algo ha demostrado Colombia es que las víctimas no han sido solamente quienes padecieron la violencia. También han sido quienes se han negado a aceptar que la guerra sea el destino inevitable de nuestra sociedad. Han sido las madres que buscan a sus hijos cuando otros insisten en el olvido. Han sido las comunidades que resisten cuando tantos fuerzan el silencio. Han sido las organizaciones que mantienen viva la memoria cuando muchos prefieren pasar la página sin haber conocido plenamente la verdad de lo ocurrido.

Buena parte de las conquistas democráticas alcanzadas en las últimas décadas tienen detrás la persistencia de miles de víctimas que transformaron el dolor en organización, la indignación en exigencia de justicia y la memoria en una herramienta para defender el futuro. Los avances en el reconocimiento de las víctimas, la creación de mecanismos de verdad, los procesos de búsqueda, los escenarios de participación ciudadana y los esfuerzos por consolidar la paz no surgieron de manera espontánea. Son el resultado de años de movilización social y de una convicción profundamente democrática: ninguna sociedad puede construir un futuro digno sobre la base de la impunidad.

Por eso nuestra apuesta por la paz nunca ha sido una apuesta ingenua.

No nace de desconocer la complejidad de los conflictos que atraviesan a Colombia. Nace precisamente, de haber conocido las consecuencias humanas, políticas y sociales de la guerra. Nace de comprender que la violencia no ha resuelto los problemas estructurales que dice combatir y que, por el contrario, deja generaciones enteras marcadas por el miedo, la exclusión y la pérdida.

Defender la construcción de paz significa defender la posibilidad de que las diferencias sean tramitadas a través de la democracia y no mediante la eliminación física de quien piensa, actúa o se organiza de manera diferente. Significa proteger la vida como el valor fundamental de la sociedad. Significa entender que ninguna causa política, económica o ideológica puede justificar la negación de la dignidad humana.

De la misma manera, nuestra defensa de la democracia no responde a una consigna abstracta. Surge de una experiencia histórica concreta. Sabemos que la democracia comienza a deteriorarse cuando la diferencia política es presentada como una amenaza, cuando la protesta social es criminalizada, cuando quienes ejercen oposición carecen de garantías y cuando amplios sectores de la sociedad son convertidos en sospechosos por sus ideas, sus reivindicaciones o su compromiso con la transformación social.

La historia reciente de Colombia dejó suficientes lecciones sobre las consecuencias de recorrer ese camino. Por eso resulta indispensable fortalecer una democracia que amplíe derechos en lugar de restringirlos, que escuche a las comunidades en lugar de estigmatizarlas y que reconozca la diversidad como una riqueza colectiva y no como un obstáculo para la convivencia.

A casi una década de la firma del Acuerdo de Paz, el país enfrenta una responsabilidad histórica que no puede ser postergada. La paz no puede seguir siendo entendida como un asunto exclusivo de quienes firmaron un acuerdo o de quienes habitan los territorios más golpeados por la guerra. La paz constituye una necesidad democrática para toda la sociedad colombiana. Su consolidación depende de la capacidad del Estado y de la ciudadanía para garantizar derechos, proteger la vida, combatir la impunidad y generar condiciones que permitan superar las causas que alimentaron durante décadas la violencia.

Por esa razón, las garantías de no repetición representan mucho más que una obligación jurídica. Constituyen un compromiso ético con la historia del país. Significan reconocer que ninguna democracia puede considerarse sólida mientras persistan condiciones que permitan la persecución política, el asesinato de líderes sociales, la exclusión de amplios sectores de la población o la utilización de la violencia como mecanismo de control social y político.

Lo que esperamos para Colombia en los próximos años no es un privilegio para las víctimas ni una agenda sectorial. Esperamos la consolidación de un país que haga de la vida el centro de sus decisiones; que fortalezca los caminos abiertos por la paz; que garantice la participación política sin miedo; que proteja a quienes defienden derechos humanos; que reconozca el papel de las mujeres, las juventudes y los sectores históricamente excluidos en la construcción de la democracia; y que comprenda que la justicia, la verdad y la memoria son condiciones indispensables para cualquier proyecto de nación que aspire a ser verdaderamente democrático.

Las víctimas hemos dedicado décadas a la búsqueda de verdad y justicia, pero nuestra lucha nunca ha sido únicamente una disputa con el pasado. Cada proceso de búsqueda, cada acto de memoria, cada movilización y cada exigencia de justicia han sido también una forma de disputar el futuro. Porque la verdadera dimensión de las garantías de no repetición no consiste únicamente en evitar que determinados crímenes vuelvan a ocurrir; consiste en construir una sociedad donde desaparezcan las condiciones que hicieron posible esos crímenes.

Las generaciones que nos precedieron dejaron una tarea inconclusa: construir una Colombia donde la diferencia no sea motivo de persecución, donde la democracia no pueda ser reducida por el miedo y donde la vida tenga más valor que cualquier proyecto de poder. Muchas de esas personas ya no están. Otras continúan esperando respuestas, buscando a quienes faltan o defendiendo causas que durante años intentaron ser silenciadas. A ellas les debemos una parte importante de los avances que el país ha logrado conquistar.

Por respeto a esa historia, pero sobre todo por responsabilidad con quienes vendrán después de nosotros, Colombia no puede permitirse renunciar a los aprendizajes que dejó el dolor ni a los avances conquistados. No puede aceptar nuevamente discursos que conviertan la diferencia en amenaza, ni proyectos que pretendan resolver mediante la fuerza problemas que pertenecen al terreno de la política, de la justicia social y de la democracia.

La paz, la verdad, la justicia, la memoria y las garantías de no repetición no representan únicamente las banderas de las víctimas. Representan la posibilidad de construir un país donde nunca más una persona sea perseguida por pensar diferente, donde ninguna familia tenga que pasar décadas buscando a un ser querido y donde la democracia sea lo suficientemente fuerte para proteger la dignidad humana por encima de cualquier interés particular.

Que nunca más el miedo, la estigmatización o la violencia definan nuestro destino colectivo.

Ese es el país por el que miles de víctimas han luchado durante años. Ese es el legado que hemos decidido defender. Y ese es el horizonte que, con esperanza, responsabilidad y compromiso democrático, seguimos proponiendo para Colombia.

*Esta carta fue escrita por el Movimiento Nacional de Crímenes de Estado (Movice).

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Cuando los jesuitas eligen al Superior General, los electores se encierran durante varios días para escucharse unos a otros. Cada uno sopesa quién puede ser la persona más apta para ser el líder espiritual del momento. No hay lugar para el proselitismo. Solo el discernimiento. El día de la elección oran en silencio y, al concluir, votan en secreto. Después, aceptan el resultado como un mandato.

Desde esa experiencia me acerco a la elección de presidente de Colombia. Tengo amigos y amigas que votarán por Iván Cepeda o por Abelardo de la Espriella. Conozco las razones de cada uno de ellos y las respeto. Soy consciente de que elegimos desde nuestra libertad, influenciada por nuestra historia: la familia, la cultura y las búsquedas intelectuales. Y también por los intereses, los temores y las esperanzas.

Desde esa formación, en el discernimiento colectivo acepto de antemano como presidente a quien sea elegido, así yo no haya votado por él. Lo hago con la determinación de trabajar, desde el lugar que me corresponde, por la reconciliación.

En los Defensores de la Patria, en el Pacto Histórico y en los que defienden el voto en blanco hay personas que buscan sinceramente lo mejor para Colombia y no son enemigos. No obstante, la agresividad de las campañas a la presidencia demostró que aún estamos lejos de construir un proyecto común.

Por eso invito a que en estos pocos días dediquemos tiempo para conocer la historia, las cualidades y los planes de los candidatos. Los invito a liberarse de presiones familiares, sociales o empresariales y a soltarse de las redes sociales. Que cada persona se permita ejercer el criterio propio y vote a conciencia.

Con un llamado al discernimiento, quiero poner también ante ustedes mi sentir. He vivido muchos años en barrios populares y comunidades campesinas. Conozco la grandeza de nuestro pueblo: creativo y diverso, sus luchas por la supervivencia y su tenacidad frente al sufrimiento. Conozco los esfuerzos de algunos sectores de las élites para construir Estado e instituciones y promover el desarrollo. Es verdad que hemos logrado grandes avances, pero tenemos un largo camino por recorrer. Hoy, Colombia sigue siendo un país inmensamente rico y brutalmente desigual y violento.

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Por esto, al analizar quién puede ser presidente veo que no sirven los discursos y montajes de campaña. Me mueve quien haya vivido en terreno y conozca en su piel el dolor de la gente y haya perseverado en la búsqueda de la verdad y los derechos de las víctimas de todos los sectores. Que conozca la lucha de la no violencia por superar la exclusión y la inequidad y, desde allí, haya trabajado por la paz con aciertos y también con errores porque estos enseñan que, para no repetirlos, hay que construir y acordar con los otros y rodearse de personas idóneas. Alguien que acoja en los seres humanos marginados el derecho a ser gestores de la democracia y su capacidad de producir valor y les articule con el desarrollo empresarial. Alguien que haya estado en las tareas de protección de la naturaleza al lado de las comunidades y los resguardos. Que, por el servicio a una nación frenada por la desconfianza, esté dispuesto a superar los odios y aceptar el reto de la reconciliación.

Espero que esa persona, al llegar a la presidencia, asuma el desafío de la seguridad desde la protección todas y cada una de las personas, la vida querida y la confianza; y no desde las armas y el miedo. Y sea alguien dispuesto a asumir el riesgo de irse a fondo en la liberación del país de la corrupción y del narcotráfico.

Sobre todo, espero que quien asuma la presidencia sea portador de la sabiduría y la humildad para comprender que la causa a la que entrega su vida es más grande que su propia persona.

El próximo domingo elegiremos presidente. Pero al día siguiente seguiremos siendo un solo pueblo que comparte la misma historia, los mismos dolores y las mismas esperanzas. Ojalá tengamos la madurez de aceptar el resultado con serenidad y de escuchar a quienes piensan distinto. A partir de ese día tenemos el desafío de trabajar juntos por una nación que nos merecemos y de la que todas y todos somos responsables.

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Lo que sí hicieron muchos fue creer, equivocadamente, que la violencia y la guerra eran el camino para resolver las diferencias. Con el paso del tiempo, las consecuencias de esa decisión fueron devastadoras. Nosotros vivimos la masacre de Bojayá; miles de familias colombianas sufrieron el horror de más de cuatro mil masacres, el desplazamiento forzado y la pérdida de sus seres queridos.

Yo ya viví la falsa promesa de que “con plomo se solucionan las cosas”. Hoy sigo conviviendo con las consecuencias de las decisiones que tomaron otros. La diferencia es inmensa: mientras mi comunidad perdió a más de un centenar de sus habitantes, quienes promovieron o decidieron la guerra no pusieron ni un solo muerto de los suyos. No se trata de desear que hubieran perdido la vida; se trata de reconocer que quienes más sufrieron los costos del conflicto fueron quienes nunca eligieron la guerra y, sin embargo, cargaron con todo su peso.

Hoy, cuando Colombia vuelve a debatirse entre los extremos políticos, mi pensamiento regresa a ese pasado. Tal vez en aquella época nunca tuve la oportunidad de escribirles a los colombianos y colombianas que hoy tienen en sus manos la posibilidad de decidir el rumbo democrático del país.

Ustedes son libres de elegir. Esa es la esencia de la democracia. Pero les pido que, antes de hacerlo, piensen en esa Colombia profunda que durante décadas ha reclamado, sin ser escuchada, mejores oportunidades y una vida digna. Piensen en quienes todavía esperan un puesto de salud, un médico, un medicamento, una escuela de calidad, una vivienda digna, agua potable y oportunidades para construir un futuro en paz. Piensen también en la urgente necesidad que tenemos como nación de enfrentar las profundas desigualdades que nos dividen, de desterrar el racismo y la exclusión que aún persisten, y de construir un país donde el lugar de nacimiento, el color de la piel o la condición social no determinen las oportunidades de una persona.

Cada voto tiene el poder de acercarnos a esa Colombia más justa e incluyente, o de mantener las brechas que durante tanto tiempo han condenado a millones de compatriotas al abandono y al olvido.

Recuerden que cada decisión que se toma en las urnas tiene consecuencias reales sobre la vida de millones de personas. Puede significar el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación, el empleo y el desarrollo; o puede significar que muchas comunidades sigan recibiendo únicamente el abandono, la violencia y los ataúdes.

Yo ya conozco el costo de las decisiones equivocadas. Lo pagó mi pueblo. Por eso mi única invitación es que nunca olvidemos que la política debe servir para proteger la vida, no para seguir alimentando la guerra. Que el voto sea siempre una esperanza de paz y de dignidad para todos los colombianos.

*Excomisionado de la Verdad y víctima de la masacre de Bojayá

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Después del escrutinio, su campaña se convirtió en el refugio de los sectores más cuestionados del país, encabezados por el Centro Democrático, Álvaro Uribe, sobre quien pesa la sombra trágica de los 7.837 casos de ejecuciones extrajudiciales, el paramilitarismo, la corrupción de Cambio Radical y el Partido Conservador. El ropaje de la renovación resultó ser el viejo disfraz del pasado más doloroso.

Esta contradicción ética no se detiene en las fronteras nacionales; se nutre de una peligrosa estrategia continental que de la Espriella celebra con entusiasmo, olvidando la dignidad soberana y la realidad de la población colombiana en el exterior. La injerencia explícita de Donald Trump en la contienda electoral colombiana ha sido recibida con alabanzas por una campaña que parece ignorar el drama de la migración.

Los datos de la Universidad de Syracuse (TRAC Immigration) nos dan cuenta de la cruda realidad: solo en marzo del presente año, 4.075 colombianos fueron expulsados de Estados Unidos, situándonos como el quinto país que sufre estas vulneraciones. En lo que va del año, la cifra asciende a más de 18.877 deportados bajo una política republicana que busca asfixiar los canales legales de ingreso. Detrás de esos fríos números habitan tragedias humanas que demuestran una dolorosa doble moral. Muchos de los votantes de Abelardo son familiares de quienes han padecido el desprecio del Gobierno estadounidense. Ese dolor silencioso de jóvenes como Brayan Rayo, quien en su celda de aislamiento suplicó a los guardias una nota para llamar a su madre; una carta ignorada que devino en suicidio apenas una hora después.

La otra fascinación: el mesianismo autoritario del modelo de Nayib Bukele en El Salvador. Sobre dicho gobierno salvadoreño, expertos internacionales advierten de la comisión de crímenes de lesa humanidad institucionalizados. Las cifras horrorizan a cualquier conciencia democrática: más de 89.000 detenciones arbitrarias, de las cuales el propio Bukele admitió que al menos 8.000 eran inocentes, al menos 403 muertes bajo custodia carcelaria y cientos de desapariciones forzadas. La seguridad es un deber del Estado, por supuesto, pero jamás puede construirse sobre la base de la barbarie y la vulneración de las garantías fundamentales.

Del mismo modo, el idilio con el mandatario argentino Javier Milei, cuya narrativa de “honestidad” hoy lo consume en escándalos por corrupción, sumada a multitudinarias manifestaciones por la crisis económica, la pobreza y la falacia de las medidas de ajuste que sufre la Argentina. Su otro mejor amigo, el ecuatoriano Daniel Noboa, principal aliado en temas de seguridad de De la Espriella, se desmorona ante los hallazgos periodísticos que en marzo de 2025 vincularon a la infraestructura logística familiar del Grupo Noboa con la incautación de 2,3 toneladas de cocaína con destino a Amberes.

Lo que Colombia se juega en esta elección presidencial no es una simple alternancia de poder, sino la preservación de la soberanía nacional, los recursos naturales y la vida misma. Permitir y celebrar la interferencia extranjera de proyectos que desprecian los derechos humanos y violan cualquier soberanía no puede resignarnos a que nuestro destino sea la repetición del horror. La esperanza de nuestra nación radica en el rechazo rotundo a la tiranía del odio y en la convicción profunda de que la grandeza se labra protegiendo la vida en todas sus formas; debemos dejar de ser espectadores del pasado del dolor para convertirnos en los arquitectos de un porvenir justo, libre y en paz.

*Abogado defensor de Derechos Humanos y parte de la defensa de las antiguas FARC en la JEP.

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Por ello, desacostumbrarse al terror, puede ser una de las primeras acciones para alejar las violencias de lo cotidiano, desacostumbrarse es dejar de ser tan duros, tan fuertes, tan machos, es decir, inhumanos.

Dejarnos “atravesar el alma”, permitirnos la compasión, el sentir con el otro o la otra, su dolor y sufrimiento, para transformarlo, eso es humanidad, siendo su antítesis el uso de la violencia para infundir terror y con él, control político y social.

La estética, el arte, más que interpretación de nuestra realidad puede ser evasión y correspondencia, como lo expresó Boudelaire. Por ello, fui a contemplar una obra de teatro después de la coyuntura del 31 de mayo, un monólogo de mujer. Escrita por una mujer, protagonizada por una mujer, interpretada por una mujer, expresando las múltiples violencias hacia la mujer, con una sala mayoritariamente femenina, con un sold out en el cierre de la tercera temporada de esta obra de teatro, “Gato por liebre”, escrita por Piedad Bonnett, protagonizada por “Esther Ramírez”, cuya interpretación fue magistralmente realizada por la actriz, Diana Ángel.

Un monólogo de mujer, con la crudeza de la memoria que se niega a callar, aborda las múltiples violencias, desde los orígenes de la reciente violencia política de los años 40s y 50s, que provocaron un sin número de desplazamientos forzados, cuyas víctimas son la mayoría de los habitantes de las grandes urbes colombianas, sus hijos, nietos y bisnietos. Nos recuerda que la violencia hace parte de las historias de las familias colombianas, no solo esa de los conflictos armados, sino aquella del trabajo, de la sobrevivencia, de la habitación, de la migración forzada, de las violencias sexuales, económicas y culturales. Una mujer, “Esther”, que, a través de la interpretación de Diana, nos permite conocer las intimidades de las violencias, incluyendo aquella sutil de revestirse de hombre, disfrazarse para poder sobrevivir, el machismo que perpetua lo violento. Una puesta en escena con muchos simbolismos, expresión corporal e interacción con el público, que nos involucra en la historia, como testigos o como corresponsables por la indiferencia histórica, ante violencias que persisten.

Una obra escrita hace 35 años, por Piedad Bonnett para el Teatro Libre, muy vigente, actualizada por Teatro del Barrio. Al concluir la obra, la ovación, el abrazo, el reconocimiento a Piedad, al director de la Obra, al equipo y por supuesto a Diana Ángel, mujer excepcional, quien a través de su arte conecta con lo ético y lo político, interpela amorosamente, atraviesa el alma y provoca sentarse a escribir estas líneas.

La violencia aparece como algo sistemático, interpretando a Foucault, la violencia no sólo es la represión física, sino la que se ejerce a través de los lenguajes, lo simbólico, los imaginarios que se construyen colectivamente desde la institucionalidad. Y como Arendt lo abordó extensamente, sobre la violencia se debe precisar que no genera el poder, pero si lo puede destruir. El poder surge del acuerdo social, de un común acuerdo; ese es el sustento del Estado Social de Derecho, ese Contrato Social del que habló Hobbes y que sigue siendo vigente y reivindicado por muchos países, donde la violencia es algo poco común. Ese Contrato Social debe surgir del común acuerdo sobre lo que ha generado históricamente la violencia, la desigualdad y exclusión social, la riqueza mal distribuida, la limitación al acceso a derechos para todas y todos, la explotación desmedida de los recursos naturales, el favorecimiento de los intereses de las grandes riquezas, siendo quienes determinan el rumbo del Estado y el gobierno, a eso se le conoce como Plutocracia, ploutos (riqueza) y Kratos (poder), desde su origen griego.

Un Acuerdo Social es la manera de superar las múltiples violencias, y es la esencia de la democracia. Esto requiere un pensamiento crítico, conocer la historia del pensamiento de la humanidad, no solo el de otras latitudes, sino el que se encuentra cimentado en el continente americano, el pensamiento ancestral y el de nuestra filosofía latinoamericana, que permita incorporar en la vida cotidiana el sentido de lo político y lo ético, que entrelazados pueden generar una valoración distinta frente a la perversión del mal y su banalidad, donde una de sus manifestaciones, es la multiplicidad de violencias, es decir, la negación del otro, como lo plantea Levinas. Por ello, si queremos hablar de democracia y superar las violencias, debemos actuar desde lo ético, lo político y la alteridad en la diversidad, generando ese Acuerdo Social.

*Filósofo, defensor de Derechos Humanos de la Fundación Hasta Encontrarlos

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El candidato, cercano a Marco Rubio y al Partido Republicano de Estados Unidos, alude a la necesidad de renovar alianzas con el país del norte e Israel “para derrotar el narcoterrorismo, no conciliando con bandidos ni haciendo procesos de paz. La paz no se negocia; la experiencia empírica ha demostrado que no ha servido de nada”.

“La ignorancia es atrevida”, señor De La Espriella. Para frenar la denominada violencia en los campos de Colombia en la década de los cincuenta, promovida por los partidos Liberal y Conservador, ellos debieron negociar y acordar el excluyente Frente Nacional.

Cuando la toma de la Embajada de República Dominicana en Bogotá, en 1980, el gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala negoció con el Movimiento 19 de Abril (M-19). Las 61 personas y los 15 embajadores salieron sanos y salvos.

En 1984, el presidente Belisario Betancur negoció con las FARC, y de ese acuerdo nació la Unión Patriótica, demostrando que una organización armada podía transitar hacia la política. Sin embargo, más de 4.000 militantes que no empuñaron armas fueron asesinados. ¿Eran bandidos? Porque, según el candidato, “la paz hay que imponerla con la fuerza de las armas y las leyes de la República: dar de baja a los bandidos o enviarlos a la cárcel”.

Vale recordar que en la década de los setenta se dieron los Consejos Verbales de Guerra, donde civiles eran juzgados por militares bajo el eterno Estado de sitio o de excepción. Iniciaron las desapariciones, allanamientos, torturas… Ya vivimos la fuerza de los fusiles. ¿Hubo paz? En esta etapa del Estatuto de Seguridad, cada persona estaba bajo sospecha con la doctrina de la Seguridad Nacional y el enemigo interno.

Y para el señor De La Espriella, la izquierda tendrá en él “un enemigo acérrimo”. ¿Qué es la izquierda señor candidato? Ya pasó la Guerra Fría y usted sigue hablando de los enemigos comunistas ¿Existen? No gobernará para todos los colombianos y colombianas, pese a que la Carta Magna incluye en todo su articulado los Derechos Humanos. Dice que respetará la Constitución. ¿Conoce su origen?

En los Acuerdos de Cese del Fuego y Diálogo Nacional de 1984, Oscar William Calvo, vocero del Partido Comunista de Colombia Marxista-Leninista y del Ejército Popular de Liberación, propuso en un discurso en el Museo Zea una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para elaborar una nueva Constitución. Si el candidato lee o escucha esa intervención, sabrá que la esencia de lo aprobado en 1991 está en ese discurso.

La propuesta y su naturaleza nació de unos acuerdos, y la ANC se convocó por otros. Así, aunque la Constitución tenga “micos”, fue lo mejor que podía ofrecer el momento y fue producto de un Diálogo Nacional, diálogo de todas las fuerzas, también propuesto en 1984. ¿Sabía esos detalles el candidato?

El abogado Abelardo solo cree en la paz impuesta con las armas y anuncia que con él “no habrá procesos de paz”. Colombia ya ha ensayado el militarismo, y los resultados los conocemos. Critica los Acuerdos de 2016 con las FARC y ridiculiza lo pactado con una simpleza que no corresponde a un candidato. No ve contexto, no analiza probabilidades cuando se firman acuerdos, no escudriña lo que hizo el presidente Iván Duque según su propio anuncio: “Hacer trizas la paz”.

La paz es una apuesta de país, continuada, de voluntad política de Estado, de partidos y sociedad, de convivencia. Exige que un pobre salga de su pobreza y que un rico lo sea menos; impone un Estado Social de Derecho y también monopolio de la fuerza militar. ¿Socialdemocracia? Las apuestas militaristas del candidato, llevarían a una mayor atomización de los grupos armados o a un posible acercamiento entre ellos y, eso sí, a una confrontación más intensa que deja en el centro a los civiles.

No podemos despedirnos sin mencionar la actitud machista, componente del sistema patriarcal, al increpar a la presentadora y periodista María Lucía Fernández de Caracol, quien en pleno ejercicio profesional preguntó a Abelardo De La Espriella sobre la posibilidad de gobernar sin ética, a partir de la afirmación del candidato: “La ética no tiene nada que ver con el derecho”. ¿Qué respondió él? “La ignorancia es atrevida”, devolviendo su desfachatez.

Tampoco se puede pasar la actitud de insistir a una periodista dirigiese la mirada hacia su pene. ¿Qué códigos éticos y qué calidad humana acompañan a este candidato a la presidencia? ¿Qué trato dará a las mujeres en cualquier forma de relación si llegase a la Casa de Nariño? ¿Usted, mujer o varón, permitiría su misoginia?

No se trata de carácter, de ser una persona directa o de su origen costeño, es su concepción irrespetuosa, excluyente, indigna, de relacionamiento a partir de la desigualdad con las mujeres. Es falocéntrico. No confundamos la chicha con la limonada.

Pienso en voz alta: no es el gobernante que merecemos como país.

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Lo que está en juego en la segunda vuelta no es solamente una disputa entre programas de gobierno. También es una disputa. De un lado, una visión que insiste en la militarización, el castigo y la construcción de enemigos internos. Del otro, una perspectiva que reconoce los límites de la prohibición y la necesidad de respuestas centradas en derechos humanos, desarrollo rural y construcción de paz. La diferencia no es menor. Del lenguaje que adopte el próximo gobierno dependerá, en buena medida, la manera en que el país siga entendiendo a miles de familias que habitan los territorios donde se cultiva coca.

Por eso resulta especialmente pertinente la nueva entrega de Desintoxicando Narrativas, una investigación de Elementa que examina cómo han sido representadas las personas cultivadoras en el discurso público colombiano. El estudio muestra que las palabras utilizadas para describirlas no son neutrales. Durante décadas, discursos políticos, mediáticos e institucionales han recurrido a categorías que reducen a comunidades enteras a una amenaza criminal, borrando las condiciones sociales, económicas e históricas que explican su relación con los cultivos de uso ilícito.

Llevamos más de medio siglo nombrando a la gente como si nombrarla mal no costara nada: narcocultivador, narcoguerrilla, plaga, cáncer. Palabras que parecen descripciones objetivas y son, en realidad, sentencias de guerra —y muchas veces de muerte— que borran las identidades de las personas. Este uso del lenguaje despoja de humanidad a las familias cultivadoras para dejar en su lugar a un enemigo abstracto. Cuando el Estado y los medios fusionan deliberadamente al campesino de subsistencia, al narcotraficante y al actor armado bajo un mismo rostro criminal, no están informando; están construyendo una coartada.

Y las consecuencias de esa coartada han sido profundamente reales. La Comisión de la Verdad documentó cómo la llamada guerra contra las drogas sirvió para legitimar múltiples formas de violencia institucional sobre territorios históricamente abandonados. Cada vez que a una familia se le colgó el prefijo “narco”, el Estado encontró una justificación para intervenir desde la fuerza antes que desde los derechos. Se penalizó la planta mientras se ignoraban las condiciones que hacían del cultivo una estrategia de supervivencia.

Ese es precisamente el riesgo que enfrentamos hoy. El resurgimiento de discursos que prometen resolver el problema de las drogas mediante la represión y la eliminación de enemigos no representa una propuesta novedosa. Es el retorno de una fórmula conocida, cuyos resultados ya fueron documentados por las comunidades que sufrieron fumigaciones, erradicaciones forzadas, desplazamientos y militarización. Es la reaparición del lenguaje que convirtió a poblaciones enteras en objetivos legítimos de una guerra que nunca resolvió las causas estructurales del problema.

Pero el daño de estas narrativas no consiste únicamente en reciclar los errores del pasado. También radica en su capacidad para ocultar a las personas que viven detrás de las cifras. La retórica de la “mano dura” y la obsesión por las hectáreas erradicadas dejan fuera de escena a quienes sostienen la vida cotidiana en los territorios rurales. Invisibilizan a las mujeres que participan en las economías vinculadas al cultivo, a los jóvenes que enfrentan la ausencia de oportunidades y a las comunidades étnicas que han cargado de manera desproporcionada con los costos de la guerra contra las drogas.

Cuando la única presencia estatal en una vereda llega vestida de camuflado y fusil, llamar a ese territorio una “zona roja” no es un ejercicio descriptivo. Es una forma de condena. La lógica prohibicionista ha preferido demonizar la subsistencia campesina antes que preguntarse por qué, en amplias regiones del país, las economías legales siguen siendo insuficientes para garantizar una vida digna.

A las puertas de un nuevo gobierno, el desafío es claro. Los derechos no se garantizan avalando discursos que esconden una guerra detrás de promesas de seguridad. Las personas cultivadoras llevan décadas exigiendo ser reconocidas como sujetos políticos, ciudadanos y titulares de derechos, no como amenazas. Ignorar esa demanda implicaría desconocer algunos de los aprendizajes más importantes que ha dejado el conflicto armado y el proceso de construcción de paz.

Y aun si en las urnas logramos evitar el regreso de quienes prometen arrasar con lo construido, la tarea seguirá pendiente. La desintoxicación de las narrativas no puede depender de los resultados de una elección. Tiene que convertirse en un esfuerzo permanente de la sociedad, los medios, las instituciones y la dirigencia política.

La nueva entrega de Desintoxicando Narrativas parte precisamente de esa convicción: que las palabras importan porque producen realidades, legitiman políticas y delimitan quién merece protección y quién puede ser tratado como enemigo. Entender cómo opera el estigma sobre las personas cultivadoras es un paso indispensable para impedir que vuelva a convertirse en política pública. Porque permitir que la criminalización y el miedo sigan dictando el rumbo de las leyes es, sencillamente, tirar por la borda dos décadas de avances y acercarnos, una vez más, al fracaso de la paz.

* Paula Aguirre Ospina, directora de oficina en Colombia de Elementa DDHH

** Esteban Linares, investigador de Elementa DDH

*** Elementa es una organización de derechos humanos feminista con sede en Colombia y México que trabaja desde un enfoque socio-jurídico y político en temas de política de drogas y verdad, justicia y reparación.

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Decía en el párrafo anterior que hubo dos procesos violentos en la historia reciente que alteraron drásticamente el rumbo. El primero de ellos, golpes violentos a los ecosistemas, porque fueron ataques directos al territorio y a sus entornos ambientales. Al pueblo Wayúu, a la relación territorial y la espiritualidad que sostienen esas relaciones de poder y que no permiten que se transgredan ciertos principios que pueden llegar a generar desequilibrios. Por esto la riqueza de los palabreros y la palabra en condiciones agrestes, incluso para la cultura. Estos golpes los propinó el bloque Norte y particularmente el frente Contra Insurgencia Wayúu y solo por citar un caso: la masacre de Bahía Portete.

El segundo proceso es reciente y ubica al Grupo Especial de Comandos Urbanos del frente Javier Cáseres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, con una figura que es guajira pero que ha quebrantado vínculos entre la espiritualidad, la cultura y la familia. Un ejemplo: el duelo cuyo respeto es fundamental en toda la dimensión social del guajiro-wayúu y su ancestralidad. Alias Nain o el Bendito Menor, pudo negociar, ser fuerte y tener respeto, pero decidió imponer la violencia. Dicen, quienes lo conocen, que es una persona de palabra. Si te dice que te va a matar, estas muerto y si te da la palabra en un negocio, no necesitas de documento notariado. Pero no hizo esto y mientras rompía elementos del ecosistema (que no voy a mencionar porque no son de conocimiento público), atacó con fuerza desmedida un encuentro familiar en La Punta de los Remedios y masacró, en agosto del 2025, a cuatro personas. Otras tres quedaron heridas.

Y es aquí donde nacen los JJ, cuyo nombre (tampoco estoy autorizado a revelar, porque no sé si es un nombre falso o verdadero), pero si es el alias de quien comanda este grupo, que está siendo financiado por políticos (algunos que ejercen poder desde Bogotá y otro que tuvieron cargos públicos); expolicías, exmilitares, comerciantes y narcos locales. Todos guajiros. Los JJ nacieron con una única misión: cobrárselas a alias el Bendito Menor y desarticular el Grupo Especial de Comandos Urbanos del frente Javier Cáseres. Su interés no es romper los vínculos estratégicos, comerciales y geo-globales, con otros grupos que tienen presencia en La Guajira. Por eso no son aliados de ninguno de ellos, aunque los quieran situar, erróneamente, como una filial o como un outsider del Ejercito Gaitanista de Colombia.

En este sentido, sus repertorios de violencias son focalizados y dirigidos intentando no trasgredir el sistema normativo Wayúu, que se balancea sobre una línea muy delgada y que, según Polo Figueroa, “se manifiesta a través de la sacralidad de la vida, la integridad de la persona, el valor y respeto a la palabra, la responsabilidad colectiva y solidaridad, obrar con la verdad, la conciliación, la reparación y la reconciliación”. Este grupo extorsiona y tiene por lo menos un caso registrado de secuestro en Dibulla. Pero no participa en política. No pretende tener un control territorial, salvo el que implique la protección de sus financiadores y no está interesado en dominar territorios para cambiar ordenes sociales, por esto no hacen tanta “limpieza social”.

Los JJ reclutan menores. No respetan las reglas de la guerra ni las del DIH. De hecho, ninguno de los grupos lo hacen. Su lema personal se basa en la antigua tesis mal adaptada de la Lay del Talión, ojo por ojo y diente por diente, que hicieron famosa alguno marimberos guajiros, pero que no corresponde con la cosmovisión Wayúu porque cuando se comete un daño, no siempre impera la venganza sino buscar la formade de restaurar el equilibrio social roto y la paz mediante el diálogo.

Este grupo es carente de cualquier ideología política y social. Es un grupo de venganza, que como lo indica Castillo Román, citando a Quintanilla Madero en su monografía sobre la venganza como motivación para la inserción a grupo armados en Colombia, “está compuesta por diferentes factores sensitivos tales como el honor, la pasión, el odio, la injusticia y la frustración”. Eso son los JJ un grupo que no va a tener la posibilidad de entrar en proceso de negociación formal, aunque sean una amenaza para la seguridad en La Guajira y todos los días sigan creciendo y sumando apoyos.

Los JJ van a desaparecer casi tan rápido como aparecieron porque no tienen una base social o ideológica. No tienen una proyección y sus motivaciones son solo vengativas. Pero antes de hacerlo se van a llevar varias vidas por delante, incluyendo de sus mismos pueblos que hacen parte de las filas enemigas. Hasta el momento han sido ataques dirigidos y entrega de personas del grupo de alias Nain a las autoridades, pero la suma de desagravios hace que se amplíen los repertorios de violencias.

Finalmente, una forma de leer el territorio es a través de la comprensión de los fenómenos y no especularlos porque con esto solo enaltecen la figura del forajido que nadie pueda capturar y que desafía al Estado. Que alias el Menor se mueve de Castillete, Puerto López, Taroa y Puerto Estrella, en espacios controlados por el ELN y donde quien pase por esas trochas es retenido, lo dudo mucho. Incluso que transita desde Bahía Honda a Punta Gallina y, con el control que tiene el Ejercito Gaitanista de Colombia, con un retén permanente en la comunidad de Jachina, en la entrada a las Salinas, también lo pongo en duda.

Ahora, que llegó hasta el cerro de la Teta, donde antes tenía dominio la Segunda Marquetalia y que aprovechó el vacío de poder que dejó este grupo, que se replegó en febrero de este año por los ataques que recibió de parte del Ejército de Colombia, es un hecho y, que esto le permitió adentrarse al basto e incontrolado territorio venezolano (Cojoro) y con esto quitarle el negocio de la droga a una estructura de narcos de Venezuela llamada los Jobitos, de quienes incluso se comenta que le secuestraron, asesinaron y descuartizaron a su jefe de sicarios, es otro lío que le suma a su amplio portuario criminal.

Alias el Bendito Menor es una traspolación. Es un guajiro mestizo, negro y afro que traspola la identidad y de la territorialidad del Wayúu: toma todo lo del Wayúu; lo incorporan y lo traspola territorialmente haciendo alianzas de compadrazgo con los indígenas Wayúu para que estos los protegen, incluso con santería, de los otros grupos armados y la presencia de las autoridades del Estado. Se mueve entre el sistema de parentesco y patriarcado.

Por ahora síganle el paso a los JJ y ellos tarde o temprano los van a ir llevando a los clanes políticos, que juegan a tirar la piedra y esconder la mano. Así funciona La Guajira. Muy difícil de leer.

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Las paredes de uno de los puentes vehiculares de Llano Grande, en el municipio antioqueño de Rionegro, fueron cubiertas con la memoria colectiva de cientos de víctimas que plasmaron el nuevo y doloroso umbral revelado de lo ocurrido; se ha actualizado la infame estadística de las ejecuciones extrajudiciales, transitando de las 6.402 almas inicialmente documentadas a un registro de horror que suma 1.435 víctimas más. Hoy son 7.837 seres humanos que fueron víctimas de lo que comúnmente se conoce como falsos positivos.

Así Uribe pretenda responsabilizar de estas acciones a la campaña de Cepeda y busque instaurar una narrativa según la cual este hecho fue una afrenta contra su familia, lo cierto es que la fotografía que quedó instalada en la memoria colectiva no fue el silencio respetuoso ni la compasión, sino el acto visceral de la censura y la acción de borrar el mural. El muralismo devuelve la identidad a los desaparecidos y asesinados, quitándoles el número de expediente judicial para devolverles su rostro, su nombre y su dignidad ante la sociedad que han pretendido sumir en la amnesia colectiva.

De acuerdo con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la reparación a las víctimas de crímenes de lesa humanidad debe ser integral. Restablecer el daño moral implica disputar el espacio estético. Cuando el arte popular toma la calle, el dolor privado se transforma en una demanda de justicia pública. Este acto de resistencia visual encarna una ruptura del ciclo de la victimización al que han sido sometidas las familias de los “falsos positivos”.

Por otra parte, el derecho a la ciudad y la prohibición de la censura son pilares de cualquier sociedad que se pretenda democrática; el espacio público es para muchos el lienzo colectivo, no el feudo privado de un caudillo que decide qué verdades se pueden exhibir y cuáles deben ser borradas. La emancipación de las víctimas ante esta situación implica negarse a ser solo víctimas pasivas de una impunidad pactada. Las familias de las víctimas de crímenes de Estado en Colombia ya no aceptan ese libreto de sumisión.

Uribe no solo borró una capa de pintura en Rionegro; intentó borrar la memoria viva de un país. Es gracias al Acuerdo Final de Paz que las compuertas se abrieron para que la verdad fluyera de forma irreversible. Blanquear una pared podrá limpiar un bien público, pero jamás lavará la responsabilidad histórica frente a un clamor de justicia que ya pertenece a la conciencia de miles de víctimas.

El arte popular y la memoria viva no son herramientas de confrontación, sino puentes indispensables para transitar hacia un país donde la diferencia se resuelva en paz. Es en el reflejo de los rostros de las víctimas de Estado y en la voluntad inquebrantable de abrir caminos de entendimiento donde se edifica la única paz duradera: aquella que nace del respeto profundo por la dignidad humana y del compromiso colectivo con un futuro donde la verdad nunca más sea censurada. Borrar de manera forzada un muro no logra borrar el mandato ético de una sociedad que ha decidido sanar a través de la palabra y el arte.

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Otro fin de semana con asesinatos a manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Otra muestra de la falta de voluntad de paz de un grupo guerrillero que ha fortalecido su arrogancia y sigue atrincherado en un diagnóstico errado de la realidad colombiana. Algo que cambió de manera notable, sin embargo, fue la postura del presidente de la República, Gustavo Petro. Aunque el Gobierno ya en varias ocasiones ha rechazado la violencia de este grupo criminal, el mandatario utilizó su cuenta de X para publicar un largo texto en el que rechaza el actuar del ELN y los relaciona directamente con el negocio del narcotráfico. En el ocaso de su gobierno, el mandatario admite, a su manera, que subestimó el reto que tenía enfrente para alcanzar un acuerdo de paz con una agrupación terca, violenta y manipuladora.

Ya hemos citado en varios editoriales la declaración del presidente Petro cuando era candidato sobre el ELN. En aquel momento, presa de un optimismo que incluso en aquel momento sonaba a ingenuidad, el ahora mandatario dijo que pactar la paz con la guerrilla tomaría poco tiempo, si acaso algunos meses. Varios años después, el tono ha cambiado. “Ustedes nunca pudieron comprender la importancia del primer gobierno progresista de Colombia y se burlaron de las conversaciones de paz”, escribió este fin de semana el presidente Petro. Tiene toda la razón. La guerrilla desaprovechó la generosidad de un gobierno que quería firmar un acuerdo final y que le presentó al país, con entusiasmo, los avances de diálogos que terminaron congelándose.

El mensaje del presidente Petro es el diagnóstico de un líder político de izquierda que ve cómo las guerrillas están entregadas al negocio del narcotráfico. Para cualquier persona que desee entender cómo ha evolucionado la guerra en nuestro país, esa publicación, más allá de sus golpes a la oposición política, es lectura ineludible. “Ustedes en medio del ojo del huracán geopolítico del poder del capital en el mundo decidieron fue controlar los cultivos de hoja de coca del Catatumbo, matando cerca de 200 campesinos civiles a los que llaman ahora paramilitares”, escribió el mandatario. “Vivir del narcotráfico solo lleva a pensar como narcotraficantes y por tanto a considerar la vida como algo desechable y al pueblo como un simple instrumento de codicia”, agregó, y concluyó con un mensaje de frustración: “mientras el capitalismo mundial se degrada en genocidios, guerras y misiles, agotando su tiempo de manera definitiva, ustedes hacen lo mismo y lo imitan. Son un espejo del capitalismo degradado”.

La publicación del presidente se debió a la masacre el 19 de mayo en la que el ELN asesinó a siete personas, que la guerrilla acusó de ser paramilitares. En el comunicado donde aceptaron los hechos, dijeron que “el incidente ocurre en un contexto de agudización del conflicto en la región donde el ELN enfrenta la alianza narcoparamilitar entre la Banda del 33 y Fuerzas Armadas de Colombia”. Ese es el nivel de delirio en el que vive el grupo criminal. Este domingo, la guerrilla mató con un dron al soldado profesional Aldair Bermúdez Rodríguez. Otros siete militares quedaron heridos en el ataque. Como explicó la Segunda División del Ejército Nacional, “estos hechos se presentarían como retaliación a las contundentes operaciones militares desarrolladas el día anterior en el sector de La Llana, donde las tropas sostuvieron combates de encuentro contra integrantes de esta estructura armada ilegal”.

¿Cómo se llegará a la paz con una guerrilla que no reflexiona sobre su violencia irracional? El presidente Petro no tuvo respuesta. ¿El próximo presidente o presidenta sí la tendrá?

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La búsqueda de personas desaparecidas es un trabajo de alto riesgo. Las mujeres buscadoras viven entre amenazas, seguimientos, estigmatización y actos constantes de intimidación. Algunas han tenido que abandonar sus territorios o salir del país para protegerse; otras han sido asesinadas. Mientras recorren kilómetros buscando encontrar alguna pista sobre sus familiares, el Estado sigue sin dar respuesta integral a la desaparición y tampoco garantiza las condiciones mínimas de seguridad para ejercer la búsqueda. En Colombia buscar trae riesgos de seguridad, pero no hacerlo implica quedarse sin saber qué pasó, y condenarse a la impunidad.

Las historias recientes vuelven a mostrar la gravedad de esta situación en el país. Claribel Moreno lideró durante casi cuatro años la búsqueda de su hija Natalia Buitrago Moreno, desaparecida en 2021. Durante ese tiempo acudió a la Fiscalía General de la Nación, habló con medios de comunicación y llevó el caso incluso a la plenaria de la Cámara de Representantes, donde denunció públicamente la lentitud de las investigaciones y la revictimización institucional. También alertó sobre amenazas reiteradas contra ella y su familia, un atentado en el que resultó herida una de sus hijas y la necesidad de que otra tuviera que salir del país por razones de seguridad. Parece que nada de eso fue suficiente para protegerla. La semana pasada Claribel Moreno fue asesinada en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca.

El caso de Claribel no es aislado. En municipios como Cartago continúan desapareciendo personas, en su mayoría menores de edad, en medio de contextos marcados por la presencia de grupos criminales y por la insuficiente respuesta estatal. Precisamente como respuesta a estas desapariciones surgió la Organización de Madres Buscadoras de Cartago, integrada por mujeres que, ante el silencio institucional y la falta de avances en las investigaciones, decidieron emprender ellas mismas la búsqueda de sus hijos e hijas.

Desde entonces, han intentado sostener esa búsqueda a través de múltiples estrategias. Han participado en mesas departamentales de seguimiento, denunciado y sostenido reuniones con la Fiscalía, visibilizado los casos en redes sociales, impulsado documentales, murales y entrevistas para mantener viva la memoria de quienes desaparecieron e incluso llevaron su situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, pese a años de denuncias y esfuerzos de visibilización, las amenazas no se han detenido. Lina María Gómez, buscadora de su hijo Nicolás Aristizábal Gómez, creadora y líder de la organización, continúa recibiendo panfletos con amenazas y otro tipo de intimidaciones para que abandone la búsqueda. Mientras tanto, el número de desapariciones sigue en aumento en Cartago.

Aunque Colombia cuenta hoy con normas como la Ley 2364 de 2024, que reconoce el derecho a la protección y garantía de seguridad para el ejercicio de la búsqueda libre de personas desaparecidas, la distancia entre el reconocimiento jurídico y la realidad sigue siendo enorme. Las medidas de protección son tardías o incapaces de responder a los riesgos que enfrentan quienes buscan.

Las mujeres buscadoras sostienen hoy una parte fundamental de la lucha contra el olvido en Colombia. Gracias a ellas muchos casos continúan abiertos, numerosas desapariciones siguen siendo nombradas y el país no ha podido ignorar esta violencia. Pero mientras el Estado siga sin garantizar condiciones de seguridad, buscar seguirá costando vidas.

* Investigadora de la línea estado de derecho, justicia y democracia de Dejusticia

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La memoria ha sido fundamental en el desarrollo cultural y político de las naciones, en la medida en que tradicionalmente constituyó una identidad nacional a través de relatos oficiales de Estados, de héroes y proezas: una memoria nacional positiva. Los estudios sobre la memoria plantean que desde los años 70, víctimas y minorías han venido adelantando un proceso de refutación de relatos y narrativas oficiales, construyendo memorias dispares. Esta transformación ha virado también hacia formas de institucionalización como políticas públicas, con entidades e instituciones particulares en todo el mundo: centros de memoria, comisiones de la verdad, apuestas museográficas.

El efecto del mural, y en general de cualquier dispositivo de memoria, es tener un impacto en la sociedad recurriendo a una evocación del pasado que busca saldar deudas, intentar sanar heridas y gestionar traumas. El valor de algunos de estos ejercicios de memoria buscan incluso ser patrimonios. Los murales, sus mensajes, sus lenguajes y los símbolos que evocan, revisan críticamente el pasado, buscan conmover con los testimonios, las narrativas y los relatos de aquellos que sobrevivieron a la guerra. Hay en cierta medida una importancia moral del pasado que trasciende el ejercicio memorial.

Existe una hipótesis que atraviesa el ejercicio memorial en un proceso transicional: la no repetición, entendida como la capacidad y el efecto de la memoria para prevenir el resurgimiento de la guerra, de los odios y de los estereotipos que contribuyeron en la generación de genocidios, desapariciones, asesinatos, entre otros. El mural no solo viene con el ejercicio de la pintura sobre una estructura, sino que moviliza instrumentos de acciones públicas simbólicas, que son inmateriales, de hecho poco técnicos si se quiere, y que contribuyen a la ritualización de lo colectivo, pues genera interacciones sociales heterogéneas.

Parte de lo que se observa en el caso colombiano es que sectores pintan murales con cifras icónicas que reflejan una verdad judicial ampliamente investigada, no solo por el componente judicial transicional colombiano, sino por investigaciones académicas, periodísticas e internacionales. Estos pueden generar efectos inesperados: a veces convencen a indecisos sobre el pasado, en otros polariza, en otros elimina los prejuicios y en otros, los refuerza. Un mural puede hacer públicas las memorias, los símbolos que emanan del esclarecimiento y la objetividad judicial —las cifras de las ejecuciones extrajudiciales y su contrastación con la evidencia empírica de la JEP o las sentencias de aparatos judiciales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos—, que en efecto buscan denunciar las violaciones a los derechos humanos, los hechos victimizantes, los sufrimientos causados y la posibilidad —ardua y a veces tediosa— de gestionar los legados del conflicto violento y generar apuestas de paz.

El mural como dispositivo es un recurso que educa; el intento de la conexión con el símbolo que este demarca es la evocación pública del pasado doloroso, pero también el combate de memorias belicosas. En términos de la capacidad simbólica, las frases, los colores, los números, la estética de este, enuncian versiones del pasado que buscan armar al ciudadano contra violencias futuras, cumplir los imperativos de los “nunca más” que han caracterizado a las comisiones de la verdad en el mundo: nunca más discriminar, nunca más desaparecer, nunca más asesinar.

Sin embargo, la memoria es un campo permanente en disputa. Cuando aparecen noticias sobre el borrado sistemático de murales, estamos presenciando algo más que simple vandalismo o decisiones administrativas menores. Se trata de una segunda victimización: el intento de silenciar las voces que han logrado emerger en el espacio público. El acto de borrar un mural que denuncia violaciones a los derechos humanos constituye una forma de censura que revela las tensiones no resueltas de la sociedad colombiana.

Detrás de estas decisiones están actores de poder que se sienten amenazados por la verdad que estos dispositivos de memoria hacen visible. Los murales que emergen y son borrados representan la tensión entre una Colombia que busca la paz y otra que se resiste al cambio. Esta resistencia evidencia que sectores de la sociedad aún no están dispuestos a asumir la responsabilidad histórica que implica la construcción de paz.

La inmersión en dispositivos memoriales —sean monumentos públicos, museos, placas, exposiciones o murales— implica la búsqueda de transformación de comportamientos que propenden por la pacificación de las relaciones sociales. Cuando se borran sistemáticamente, se está atacando no solo la memoria de las víctimas, sino la posibilidad misma de construir una sociedad democrática basada en la verdad y la no repetición. El borrado sistemático evidencia una paradoja de la justicia transicional colombiana: mientras institucionalmente se promueve la memoria, la verdad y la reparación, en la práctica cotidiana persisten resistencias profundas a enfrentar el pasado violento.

El desafío no es menor. La defensa de estos espacios de memoria no es solo una cuestión estética o cultural, sino profundamente política: es la defensa del derecho de las víctimas a ser escuchadas, del derecho de la sociedad a conocer su historia y del derecho de las futuras generaciones a heredar una memoria que las proteja de repetir los errores del pasado.

La memoria, materializada en murales, no busca abrir heridas sino cerrarlas desde la verdad. Borrarla es mantenerlas abiertas para siempre.

*PhD Estado de Derecho y Gobernanza Global. Miembro de Berliner Gruppe für interdisziplinäre Friedens-und Konfliktfors -GIFK-, en español: Grupo de Berlín para la Investigación Interdisciplinaria de la Paz y los Conflictos. william.mesa.cardenas@gmail.com

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La paradoja es evidente. Washington reconoce que las organizaciones criminales mutaron y que hoy son más flexibles, transnacionales, financieras, tecnológicas y menos jerárquicas. Pero, aun así, propone enfrentarlas con una lógica de guerra. Habla de carteles como organizaciones terroristas, de ataques a la producción en el origen, de control fronterizo, sanciones, persecución global y despliegue de capacidades militares. Todo eso puede producir golpes operativos importantes y resultados visibles en el corto plazo. Lo que no garantiza es transformar las condiciones que hacen posible la expansión y adaptación permanente del mercado.

Uno de los principales puntos ciegos de esta estrategia es que sigue anclada en respuestas fundamentalmente punitivas y cinéticas frente a un fenómeno que exige una lógica mucho más fina para producir resultados sostenibles. Aunque incorpora herramientas más sofisticadas, estas terminan operando bajo la misma lógica de castigo y contención. El problema es que el mercado de drogas ya demostró una enorme capacidad de adaptación frente a ese tipo de presión. Cuando se golpea un eslabón, rápidamente aparecen otros actores, nuevas rutas y mecanismos más eficientes de operación.

En Colombia, esa experiencia es bastante conocida. Durante décadas el éxito se midió en hectáreas erradicadas, toneladas incautadas, laboratorios destruidos y personas capturadas. Entre finales de los años 90 y la suspensión de la aspersión aérea en 2015, por ejemplo, Colombia asperjó y erradicó más de 2 millones de hectáreas de coca. Sin embargo, según UNODC, los cultivos reaparecieron, se desplazaron territorialmente y terminaron alcanzando nuevos máximos históricos años después, llegando en el 2023 a 253.000 hectáreas.

Hoy el mercado es incluso más eficiente. La producción potencial de cocaína pasó de cerca de 290 toneladas métricas a comienzos de los años 2000 a más de 2.600 toneladas en 2023, impulsada por mayores rendimientos por hectárea, enclaves productivos y cadenas criminales mucho más sofisticadas.

Al mismo tiempo, el consumo mundial tampoco disminuyó. A comienzos de la década pasada se estimaban alrededor de 17 millones de consumidores de cocaína en el mundo y hoy la cifra supera los 25 millones, mientras el mercado continúa expandiéndose hacia nuevos destinos. Algo similar ocurrió con las estructuras criminales. Capturas, neutralizaciones, desmovilizaciones y extradiciones produjeron fragmentaciones temporales, pero no lograron desarticular de manera sostenible las capacidades financieras, territoriales y logísticas de las organizaciones. El resultado fue un ecosistema criminal más atomizado, más resiliente y más difícil de contener. Para no ir más lejos, hoy tenemos en el país más de 27.000 integrantes de este tipo de organizaciones en Colombia con una influencia de algún tipo en más de 600 municipios. Seguir empujando la pared con las mismas manos difícilmente permitirá moverla de lugar.

Es en eso, justamente, donde la discusión debería cambiar. El problema no es solo la coca ni únicamente el narcotráfico entendido como una cadena aislada. El verdadero desafío es el ecosistema criminal que se articula alrededor de estas economías. Un entramado donde convergen narcotráfico, minería ilegal, extorsión, tráfico de personas, delitos ambientales, lavado de activos y captura institucional. Los grupos armados no solo controlan rutas o compran hoja de coca. También regulan economías locales, imponen normas, median conflictos, capturan rentas públicas y disputan gobernabilidad en amplias zonas del país.

Por eso, insistir exclusivamente en erradicación, interdicción o presión operativa es confundir el síntoma con la enfermedad. El desafío ya no pasa solamente por reducir hectáreas, sino por desmontar sistemas criminales complejos que mezclan economías legales e ilegales, aprovechan vacíos institucionales, normas superpuestas, incertidumbres jurídicas y logran gobernar territorios donde el Estado no consigue hacerlo de manera efectiva.

¿Qué viene para Colombia?

La política de Trump sigue partiendo de una idea cómoda y profundamente discutible: que si se golpea más duro la oferta, el mercado necesariamente se reduce. Pero la experiencia colombiana, y del mundo en general, muestra otra cosa. Las acciones tradicionales de control no han logrado resultados sostenibles cuando operan desconectadas de seguridad territorial, justicia, desarrollo rural y transformación económica.

Para Colombia y los países productores y de tránsito, esta lógica puede tener efectos problemáticos. Refuerza la idea de que la reducción de coca depende principalmente de la presión operativa, empuja al Estado a priorizar resultados rápidos sobre transformaciones sostenibles y aumenta la injerencia estadounidense sobre una agenda que debería responder mucho más a las realidades territoriales del país.

Al final, quienes vuelven a quedar en el centro del costo político y operativo de esta guerra son, principalmente, las comunidades cultivadoras, que cada vez más participan en eslabones intermedios de la cadena de producción.

Algo similar ocurre frente a las organizaciones criminales. Esta mirada refuerza la idea de que desmantelarlas depende principalmente de producir más capturas, bajas o extradiciones, mientras las finanzas criminales, las redes logísticas, la corrupción y los mecanismos de gobernanza ilegal mantienen intacta buena parte de su capacidad de adaptación.

La discusión no debería centrarse en si se necesita control. Claro que se necesita. Pero un control inteligente, selectivo y estratégico. No se trata de perseguir más campesinos ni de sumar operativos tradicionales para alimentar indicadores de corto plazo. Se trata de hacer más riesgosa y costosa la operación de los actores que realmente sostienen el negocio, desde las redes financieras y logísticas hasta las estructuras de corrupción y los mecanismos que conectan lo legal con lo ilegal.

Desde la perspectiva de la Fundación Ideas para la Paz, la alternativa pasa por cambiar la lógica de intervención. Menos énfasis en la reacción punitiva y más en una estrategia integral de seguridad territorial. Eso implica ordenar la acción del Estado alrededor de cuatro objetivos articulados que permitan proteger a la población civil, contener la expansión de los grupos armados, recuperar el control territorial y fortalecer las instituciones de seguridad y justicia. No se trata de hacer más operaciones, sino de hacerlas mejor, afectando las capacidades estructurales de las organizaciones y no solamente sus manifestaciones visibles.

También implica reconocer que no todos los territorios cocaleros requieren la misma respuesta. En algunos la prioridad será contener la violencia. En otros, recuperar control institucional. Y en otros, abrir oportunidades económicas reales. La transformación territorial debe asumirse como una inversión estratégica de largo plazo y no como una promesa de sustitución rápida o una operación diseñada únicamente para cumplir metas anuales.

La agenda con Estados Unidos tampoco puede limitarse a aceptar esta presión. Colombia debería proponer una cooperación mucho más estratégica, enfocada en inteligencia financiera, control de precursores, persecución del lavado de activos no solo en nuestro país, sino principalmente en el exterior, trazabilidad logística, control de armas y fortalecimiento judicial. En resumen, pensar menos en hectáreas como fetiche eterno y más en afectación estructural al negocio criminal.

El riesgo de la apuesta de Trump

Ahora, además, aparece un elemento nuevo que puede agravar este escenario. Una mayor exigencia de cuentas y resultados (“accountability”) por parte de Estados Unidos hacia los países productores. La política de Trump no solo busca éxitos, sino que los condiciona. Esto puede traducirse en certificaciones más estrictas, evaluaciones unilaterales y presiones directas sobre gobiernos como el colombiano para mostrar avances rápidos, medibles operativamente y alineados con sus prioridades. El riesgo es que esa lógica no se quede en lo diplomático y termine permeando otras agendas, incluyendo el comercio bilateral, la cooperación y la inversión, como lo ha manifestado la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) en algunos de sus informes. En ese contexto, la política de drogas deja de ser un tema sectorial para convertirse en una herramienta de presión mucho más amplia, con efectos potencialmente impredecibles sobre la relación entre ambos países.

La pregunta no es si Colombia debe cooperar con Estados Unidos. Claro que debe hacerlo. La pregunta es si esa cooperación seguirá atrapada en el pasado o si servirá para construir una política más seria, más territorial y más efectiva. Porque después de décadas de guerra contra las drogas, una cosa debería estar clara. Repetir la misma receta, incluso con más fuerza, no fue, no es y no será una estrategia exitosa. Es, más bien, una nostalgia punitiva que sigue pedaleando en una bicicleta estática. Bienvenidos al pasado.

*Javier Andrés Flórez es el director del Área de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la paz (FIP).

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