Una cámara fotográfica congeló un instante de felicidad. Era domingo, diciembre de 1998 y, en la plaza principal de Mesetas, dos hermanos y su madre le sonreían al futuro; una foto que sería la última postal juntos. Al despedirse, Carlos tomó la mano de su hermana Cecilia y la fue soltando en un desprendimiento lento y sutil, como si los dedos se negaran a alejarse del todo.

“Sentí en ese momento que iba a pasar mucho tiempo sin volverlo a ver”, recuerda Cecilia entre lágrimas. No fueron meses. Fueron 27 largos años de incertidumbre, silencio y duelo en pausa.

El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes ha sido categorizado como un delito invisible en Colombia. La búsqueda de quienes desaparecieron en las filas de la guerrilla ha enfrentado históricamente obstáculos para sus familias, desde la falta de garantías institucionales hasta el señalamiento social.

Para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), encontrar a Carlos implicó reconstruir no solo su historia, sino toda la estructura de la Columna Móvil Arturo Ruiz: quiénes la integraron, qué ruta recorrieron desde el Caguán hasta el Catatumbo, y qué pasó con los menores que, como él, desaparecieron en la Operación Berlín, entre noviembre de 2000 y enero de 2001.

Este trabajo, de la mano de sobrevivientes, hoy firmantes de paz, ha logrado dar respuesta a algunas familias. En el caso de Carlos, su hallazgo, identificación y entrega digna es la primera de un menor reclutado, desaparecido y asesinado en la Operación Berlín.

Al sur del Meta, el Estado llegó tarde y la violencia muy temprano. Carlos creció entre Granada y Mesetas, un territorio atravesado por los ríos Ariari y Güejar. Con el tiempo se convirtió en el brazo fuerte de su padre: él cargaba la yuca, el plátano y sembraba el maíz, hasta que la guerra se lo llevó.

A los 17 años, según el relato de su hermana Cecilia, Carlos fue reclutado por el Frente 40 de las antiguas FARC-EP. “Cuando mi hermano desapareció, mi papá estaba muy triste, muy solo, él era el que le colaboraba en la finca”, cuenta Cecilia. El golpe destrozó el hogar. Su padre cayó en depresión profunda, batalló once años contra la epilepsia y el dolor de la ausencia hasta que en 2023 murió con la esperanza de estrecharlo entre sus brazos. Su madre, mientras tanto, recorrió trochas y caseríos buscando respuestas, pero solo encontró silencios. Cecilia, décadas después, asumió la antorcha de la búsqueda, superando el miedo a las represalias.

“Uno siente temor… por eso calla, por eso pasa tanto tiempo sin decir nada”, confiesa. Pero el amor pesó más que el miedo.

La desaparición de Carlos profundizó el dolor de su familia y, según el relato de su hermana, estuvo acompañada por el desplazamiento forzado. El desarraigo hizo parte de una violencia extendida. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) documentó la gravedad de este fenómeno en el Meta, en su informe ‘Pueblos arrasados’, publicado en 2015.

Cecilia no supo entonces a dónde había ido su hermano. Durante años su familia solo tuvo el vacío de su ausencia. Fue mucho después, en su búsqueda, que logró reconstruir el camino que lo llevó a la muerte en medio del fuego cruzado durante la Operación Berlín.

Entre 1990 y 2017 el Meta registró 2.977 víctimas de reclutamiento forzado en el universo de víctimas imputadas estadísticamente, la cifra departamental más alta de la clasificación presentada en el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos (HRDAG, por su sigla en inglés). El documento registra en todo el país 16.238 niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento entre 1990 y 2017, seguido por Antioquia, Guaviare, Caquetá y Cauca.

1.100 kilómetros hacia la muerte

Entre julio y diciembre del 2000, Carlos y cientos de adolescentes reclutados en la Orinoquía y Amazonía sufrieron una travesía extenuante: recorrieron en lancha y a pie siete departamentos, 1.100 kilómetros durante cinco meses, hasta llegar a los límites entre Santander y Norte de Santander.

La Columna Móvil Arturo Ruiz (CMAR) fue creada ese mismo año y salió desde el Caguán, en pleno corazón de Caquetá. Sus compañías avanzaban con la misión de apoyar a estructuras de las FARC-EP en el Magdalena Medio y el Catatumbo frente a la arremetida militar y paramilitar.

La Columna incorporó a numerosos menores reclutados, algunos provenientes de la zona de despeje, una extensa área de 42.000 km cuadrados entre Meta y Caquetá. Desde enero de 1999 hasta febrero de 2002, la fuerza pública abandonó esta zona por orden del entonces presidente Andrés Pastrana, para adelantar los diálogos con esta guerrilla.

La JEP y la Comisión de la Verdad han documentado la magnitud del reclutamiento asociado a la Columna Móvil Arturo Ruiz y al Bloque Oriental, considerado uno de los más sanguinarios dentro de esa guerrilla.

La JEP estableció que al menos 201 niños y niñas hicieron parte de la Columna Móvil durante la Operación Berlín. Esta entidad también reveló que, entre 1971 y 2016, al menos 18.677 menores fueron reclutados por las antiguas FARC-EP, según el universo provisional de hechos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), documentado en el auto 05 de 2024, en donde se registra la responsabilidad de 8.987 casos de reclutamiento forzado a menores de edad, atribuidos al Bloque Oriental.

Algunos de ellos eran indígenas provenientes de Vichada y otros eran campesinos de las zonas del río Duda, como Mesetas, Puerto Rico y Uribe, en el departamento del Meta. La mayoría fueron reclutados mediante engaños y amenazas.

Niños de tierra caliente cargados con fusiles que pesaban casi tanto como ellos, transportados en lanchas de dos pisos por ríos torrentosos y obligados a marchar de noche con destino a las cumbres gélidas del nororiente colombiano. Para la guerrilla no había infancia, eran cuerpos capaces de cargar munición.

La JEP documentó que la edad de los menores oscilaba entre 12 y 17 años y no tenían experiencia en combate. También relató que, durante el largo recorrido, pasaron hambre, fatiga, hostigamientos, torturas, además de sobrellevar el fuerte frío del páramo de Berlín, un imponente ecosistema de alta montaña ubicado dentro del complejo de páramos de Santurbán. Estos documentos a su vez recogen testimonios de niñas que fueron obligadas a soportar diversas violencias basadas en género y abusos sexuales durante el reclutamiento.

La Operación Berlín

Ubicado a más de 3.000 metros de altura, el páramo de Berlín se convirtió en escenario de combates enmarcados en una operación militar que se extendió entre el 19 de noviembre de 2000 y el 5 de enero de 2001.

Durante una madrugada el estruendo de helicópteros del Ejército Nacional rompió la niebla; hubo ataques y ametrallamientos. Algunos menores combatieron y otros huyeron sin poder llevar alimentos. Así lo recuerda Sandra, una sobreviviente de la Operación Berlín, hoy firmante de paz.

Oriunda de La Julia, en Uribe (Meta), Sandra cuenta que llegó a las filas cuando tenía 12 años y que en esta decisión pesaron las necesidades económicas, la falta de oportunidades escolares y la historia de violencia de su familia.

Sobre el viaje hacia el páramo, ella relata cómo fue el traslado de los numerosos jóvenes: “Eran lanchas de dos pisos. A unas que les cabían 20 o 25 muchachos con equipaje… Uno se subía y a esperar a dónde lo iban a descargar”.

En el trayecto, Sandra recuerda que hicieron una pausa en Vichada, donde operaba el Frente 16, y durante varias semanas recibieron formación en manejo de paracaídas, enfermería y tareas relacionadas con la “economía” o remesa y la contabilidad. La travesía continuó hasta llegar al páramo, donde recibieron la orden de “reencauchar”, es decir, ajustar equipos, armamentos y redistribuir la remesa, pero esa noche no terminaron la tarea.

A la mañana siguiente, sobre las 4:45 am, ella y sus compañeros despertaron con el ruido de los helicópteros sobrevolando los campamentos. Algunos corrieron sin saber hacia dónde disparar, varios cayeron por abismos y otros murieron bajo el fuego aéreo. “Era muy triste, uno se sentía en familia; éramos tantos y quedar tan poquitos, fue muy duro”, relata Sandra, quien logró sobrevivir por esos días gracias a los tomates de las tomateras, el único alimento que tenían al alcance.

En la huida, Sandra perdió su tarjeta de identidad y su nombre apareció en los noticieros, lo que desató la angustia de su madre, que la buscó en hospitales y cementerios de Bucaramanga.

Según la Comisión de la Verdad, durante los días que duró la operación, las ráfagas y bombas cayeron sobre cultivos, animales y casas y mataron tanto a guerrilleros como a civiles. Las FARC-EP respondieron con fuego abierto y la siembra de minas antipersonal.

Investigaciones periodísticas documentaron que el 16 de noviembre de 2000 un menor se entregó al Ejército y aportó información sobre la composición de la estructura, los jóvenes que integraban la columna y el armamento que llevaban. Otros dos integrantes fueron capturados esa misma semana y también aportaron información sobre los desplazamientos. Esos hechos hicieron parte del seguimiento militar a la CMAR, pero la documentación revisada indica que el Ejército ya realizaba labores de inteligencia antes de la deserción.

La fuerza pública entrevistó a los menores detenidos sin la compañía del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y utilizó esa información en su estrategia de combate. “El Ejército reconoce que detuvo a 23 menores y otros 27 se entregaron y registra que 62 guerrilleros murieron en combate. De las 78 necropsias realizadas por Medicina Legal, 28 eran menores de edad, seis de ellos con estallido craneal, lo que significa que fueron asesinados en estado de indefensión”, así lo registró la Comisión de la Verdad en su informe final.

Esto confirma que la fuerza pública tenía información suficiente sobre la presencia de menores en la Columna Móvil Arturo Ruiz y, aun así, la Orden de Operaciones 046 salió del comando de la Quinta Brigada el 18 de noviembre. Una investigación periodística de El Espectador reveló un informe de inteligencia de la Décima Octava Brigada, fechado el 26 de octubre de 2000, en el que identificaba al menos 150 menores de entre 14 y 17 años.

Este hecho es ilustrativo principalmente porque las niñas y niños vivieron doble victimización: la primera al ser reclutados por las FARC-EP y la segunda al no recibir garantías de derechos por parte del Ejército Nacional.

Las familias de menores reclutados le manifestaron a la Comisión de la Verdad que la única reparación que esperan es saber el paradero de sus hijos desaparecidos en la Operación Berlín.

En esa espera se mantuvo Cecilia por muchos años, hasta que encontró en una jornada institucional una oportunidad para romper el silencio. En 2021 la Unidad de Búsqueda realizó una jornada móvil de atención en el parque del pueblo y en ese momento se iniciaron las gestiones que, con el tiempo, se convertirían en las primeras piezas del rompecabezas en el proceso de búsqueda de su hermano.

El derecho a la búsqueda y al duelo

Ana María Salamanca, investigadora de la UBPD en el Centro Regional Nororiente, señala que, como mecanismo humanitario y extrajudicial, la UBPD trabaja para recuperar y devolverles a sus familias los cuerpos de personas desaparecidas durante el conflicto. En los casos de menores reclutados, su labor busca esclarecer su paradero y restituirles, en la medida de lo posible, su identidad y dignidad.

En esa tarea reconstruyeron la estructura de la Columna Móvil Arturo Ruiz para entender qué sucedió con la vinculación de los menores, los frentes que la conformaron y los recorridos.

La documentación sobre la Operación Berlín mostraba que los cuerpos de los combatientes muertos en los enfrentamientos habían sido trasladados a la Quinta Brigada y luego remitidos al Instituto de Medicina Legal, pero muchos eran menores de edad sin cédula ni registro de huella dactilar en la Registraduría. Entonces, ¿qué pasó con esos cuerpos? Esa pregunta llevó al equipo investigador hasta el Cementerio de Bucaramanga.

La búsqueda comenzó a tomar forma en 2020, cuando las organizaciones Coalición contra la vinculación de menores (Coalico) y Bemposta Nación de Muchachos impulsaron el acompañamiento a los sobrevivientes de la Operación Berlín, por ser un caso emblemático para hablar de los niños y niñas en la guerra.

En 2021, la mayoría de quienes hicieron parte de la columna se encontraron en Bogotá para reconstruir los nombres y los rastros de sus compañeras y compañeros desaparecidos en un ejercicio de memoria.

En 2022 y 2023, los sobrevivientes de la operación, con el apoyo de Coalico, Bemposta y la Corporación Reencuentros, una organización de excombatientes que contribuye en la búsqueda de personas desaparecidas, participaron en las intervenciones en el Cementerio de Bucaramanga en compañía del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para realizar labores de necropsia. En ese ejercicio los cuerpos empezaron a tener nombre cuando reconocieron a sus compañeros en las fotografías, por sus alias de guerra, sus rasgos, sus cicatrices y sus fracturas. Así orientaron las identidades a partir de estos indicios.

El trabajo de los sobrevivientes sumado al cotejo genético con las familias, permitieron a esos cuerpos encontrar una identidad para, finalmente, abrir un camino de regreso a casa. “No los vamos a dejar de buscar. Nos duele a nosotros que fuimos su familia social, ¿cómo será a su familia biológica?”, precisó Naiza Quintero, coordinadora regional de la Corporación Reencuentros en la región oriente, para quien la búsqueda es una forma de aportar a la reconciliación.

Naiza explica que durante la firma del Acuerdo de Paz en La Habana, como firmantes, adquirieron el compromiso humanitario de aportarle a la verdad y a la búsqueda y es lo que continúan haciendo.

En casos como el de la familia de Carlos, que perdieron todo contacto tras su reclutamiento, la UBPD implementa la llamada “búsqueda inversa”, una estrategia que parte de la información verificada de cuerpos hallados e identificados para encontrar a las familias. Una vez que se tiene un nombre, se rastrean registros en el sistema de salud y se cruza información con solicitudes de búsqueda. Sin embargo, muchas de estas familias nunca iniciaron su búsqueda, porque decir que un familiar estuvo en un grupo armado traía señalamiento y estigma.

El regreso de Carlos

En el Cementerio Municipal de Bucaramanga, el tiempo había borrado parte de los rastros. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) encontró que algunas bóvedas habían sido utilizadas para disponer cuerpos en distintos momentos, con restos de diferentes personas mezclados en su interior.

Mientras los sobrevivientes aportaban mapas de memoria y nombres de guerra para ubicar a sus antiguos compañeros, Mercedes, la madre de Carlos, entregaba su muestra de ADN con el temor aferrado al pecho.

En 2024, el teléfono sonó. Las pruebas biológicas confirmaron que el cuerpo hallado era Carlos.

“Siempre tuvimos la esperanza de verlo llegar con vida”, confesó Cecilia.

En febrero de 2025 Carlos finalmente regresó a casa. No como el hombre maduro que imaginaban, sino en un cofre cubierto de dignidad. Su entrega fue la primera realizada como resultado de la investigación sobre personas desaparecidas en la Operación Berlín. Su cuerpo finalmente fue sepultado en Granada (Meta), cerca de la tierra que lo vio nacer y de las aguas donde aprendió a nadar.

“Ahora me siento más tranquila... ya sé dónde está”, susurra Cecilia con un suspiro que le tomó décadas exhalar. “Esto es cerrar un capítulo. Por fin pude borrar la imagen de su mano soltando la mía en aquel parque”, recuerda la hermana de la víctima.

Esta ceremonia puso fin a la incertidumbre, pero abrió una nueva lucha. Cecilia cuenta que cuando intentó registrar a Carlos como víctima ante el Estado encontró obstáculos para que su condición de menor reclutado fuera reconocida. Este tipo de situaciones tiene antecedentes documentados en Colombia: la Corte Constitucional, en la Sentencia T-506 de 2020, estudió un caso en el que la pertenencia de un menor a un grupo armado había terminado eclipsando su condición de víctima de reclutamiento cuando era menor de edad. La JEP, además, reconoce jurídicamente entre reclutamiento y utilización, desaparición, violencias intrafilas y otros hechos.

Carlos ya descansa en paz, pero la historia de su regreso no es solo el final de una tragedia familiar, es el recordatorio de miles de menores que aún esperan, en alguna fosa olvidada del páramo o de la selva, la mano que al fin los traiga de vuelta a casa.

La UBPD reseña que al 30 de junio de 2026, en las áreas del Cementerio Municipal de Bucaramanga relacionadas con la Operación Berlín, se recuperaron 72 cuerpos, 66 de ellos correspondientes a la Operación Berlín. A la fecha se han logrado cinco entregas dignas más, principalmente en el departamento del Meta.

La Comisión de la Verdad documentó que el reclutamiento y la desaparición de menores pueden quedar invisibilizados por el estigma y la falta de información. La historia de Carlos muestra el valor de la búsqueda humanitaria y de la restitución de la identidad y la dignidad de quienes fueron reclutados siendo niños. Para las familias, la búsqueda continúa hasta obtener respuestas sobre los desaparecidos y hasta que sean reconocidos como víctimas de la guerra.

Un buen número de niñas y niños reclutados continúan desaparecidos y quienes sobrevivieron, como Sandra, acogiéndose a la reincorporación, cargan con la discriminación y el estigma por haber pertenecido al grupo armado.

El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En el Estatuto de Roma, el reclutamiento, alistamiento o utilización de menores de 15 años en hostilidades está tipificado como crimen de guerra. El hecho de que un menor haya expresado voluntad de incorporarse no elimina, por sí mismo, su condición de víctima de reclutamiento.

En el caso 07, la Sala de Reconocimiento de Verdad y responsabilidad de la JEP ha señalado que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes estuvo relacionado con vulnerabilidades estructurales de los territorios y con políticas y estrategias de crecimiento de las FARC-EP.

La propia JEP caracteriza el fenómeno como un patrón nacional sistemático, complejo y multicausal. Por estos hechos, en noviembre de 2024 la JEP imputó a seis antiguos integrantes del último Secretariado de las FARC-EP como máximos responsables y documentó cinco patrones macrocriminales: reclutamiento y utilización de niños y niñas, malos tratos, torturas y homicidios en la vida intrafilas, violencias reproductivas, violencias sexuales y violencias por prejuicio por orientación sexual o identidad de género diversas. En abril de 2026, la JEP adoptó además una decisión regional que involucró a 20 antiguos integrantes de distintos bloques y estructuras.

*Los nombres de las personas que aparecen en esta historia fueron cambiados para proteger su identidad y la de sus familias.

Esta historia es resultado del proceso de formación y producción ‘CdR/Lab Hilando la memoria: periodismo para investigar la desaparición forzada en Colombia’, una iniciativa de la Asociación Consejo de Redacción (CdR) en alianza con el Servicio Civil para la Paz de Agiamondo en Colombia.

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Una llamada al Gaula de una mujer alertó sobre el secuestro del soldado colombo-francés José Olger Melo Charry. Quien hablaba era su esposa, asegurando no saber de su paradero desde el 6 de agosto, día en que el militar había salido rumbo al municipio de Cumbitara (Nariño).

Esa denuncia, presentada seis días después de su desaparición, activó los protocolos de búsqueda del grupo especial de la fuerza pública de Colombia que combate los delitos de secuestro y extorsión y encendió las alarmas sobre un posible plagio a manos de disidencias de las Farc que operan en la región del Bajo Patía.

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El coronel Styk Amaral Reyes Monsalve, comandante del Comando Gaula Militar, reconstruyó a El Espectador los detalles que hasta ahora maneja la institución sobre el caso. Según el oficial, la denuncia fue presentada el pasado 12 de agosto, “donde nos dicen que al parecer fue secuestrado el señor José Olger Melo Charry, quien se desempeña como soldado colombo-francés, según tenemos conocimiento de la ley francesa”.

El comandante precisó que Melo Charry no viajaba solo. Lo acompañaba una mujer que, según explicó, no tendría ningún vínculo familiar con el militar. “Sabemos que es una amiga del soldado”, indicó Reyes Monsalve. Melo Charry había llegado a Colombia el pasado 5 de agosto y al día siguiente “se desplaza hacia Cumbitara (Nariño), en compañía de una mujer de la zona, y en medio de su desplazamiento son interceptados”.

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¿Qué se sabe del soldado colombo-francés?

Para el Gaula Militar, la zona donde ocurrió la interceptación está bajo control de una disidencia de las Farc que actuaría con base en un patrón de secuestro registrado previamente. “Recordemos que en ese sector también tenemos al parecer otros posibles secuestrados”, advirtió.

“Sabemos que en sector de Remolino, en el Bajo Patía, es un área de injerencia de la estructura delincuencial Franco Benavides, quienes hacen un retén en ese momento y al percatarse que esta persona es militar, independientemente de lo que se desempeña como colombo-francés, ya con eso le hacen la retención”, explicó.

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Sobre cómo los responsables habrían identificado la condición militar de Melo Charry, el coronel señaló que ese punto aún está bajo verificación. “Eso es lo que está por establecer, porque la compañera sentimental de él no vive allá. Él estaba con una amiga que iba para ese punto. Entonces, está por establecer si al requisarlo o pedirle los documentos ven algo que lo referencian como soldado, o de pronto en medio del susto, los nervios de la amiga, dice que él pertenece al Ejército”, puntualizó.

El comandante del Comando Gaula Militar también confirmó que mantienen contacto directo con representantes de la Legión Extranjera Francesa, quienes se pusieron a disposición de las autoridades colombianas tras conocer el caso. Además, reveló que el Ejército francés informó que Melo Charry no contaba con autorización para encontrarse en Colombia: “Al parecer este joven no estaba autorizado, es decir, no tenía permiso, para estar en el país. Es lo que nos manifestaron inicialmente y ellos han estado pendientes”.

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Al preguntarle sobre las acciones concretas que adelanta la institución para dar con el paradero del militar, el coronel mencionó la activación de mecanismos humanitarios a través de la Personería, además de labores de inteligencia militar. Pero reconoció que, hasta ahora, “no hemos tenido respuestas positivas de ninguna forma”. También se refirió a la capacidad operativa de la estructura señalada como responsable del hecho: “Esta estructura delincuencial conoce muy bien la región, se mueve muy bien en la región, tiene una capacidad de liderazgo grande y pues ese es el trabajo que nos corresponde hacer”.

Ante la incertidumbre sobre las condiciones en las que se encontraría retenido el soldado, el comandante del Gaula dirigió un mensaje a sus familiares: “Confíen en que estamos trabajando en todo lo que está a nuestro alcance. A través de los mecanismos humanitarios, si es necesario, la misma Personería, la inteligencia militar, todo lo necesario para poder llegar a ellos y poderlos recuperar. Ese es nuestro trabajo”.

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Sobre la mujer que acompañaba a Melo Charry al momento de la retención, el coronel confirmó que fue dejada en libertad por los responsables. “La mujer la dejaron libre por ser de la región”, señaló, aunque precisó que, tras el hecho, se perdió el rastro de ella en la zona.

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El terremoto de magnitud 7,4 y su tragedia que ya cumple una semana le cambió todo la agenda al presidente Abelardo de Espriella. Medicina Legal ya identificó a 314 víctimas mortales y, según sus reportes, siguen desaparecidas 262 personas. Pero incluso en medio de esta crisis humanitaria, la fuerza pública siguió su itinerario y, desde el primer día de gobierno, desplegó la estrategia de “mano dura” que el jefe de Estado prometió en campaña.

En los 12 días que van de esta administración, se han registrado 13 operativos contra grupos armados ilegales que han resultado en bombardeos, capturas, incautación de material de guerra y muerte de jefes criminales. El problema es que esa estrategia ya se tradujo en comunidades heridas y confinadas en territorios como Cajibío, Cauca.

Como también era predecible, las estructuras criminales respondieron con violencia. Mientras el presidente De la Espriella daba su discurso de posesión frente a las tropas del Ejército formadas en el cantón militar Pichincha en Cali, grupos armados en zonas de Cauca, Antioquia, Tolima y Nariño desplegaron ataques con drones, explosivos, hostigamientos y atentados contra la fuerza pública.

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Solo ese 7 de agosto, se reportaron 12 atentados contra policías y militares, dejando varios heridos. Desde entonces, esa ofensiva se mantiene con al menos un ataque por día dejando, hasta ahora, cuatro uniformados muertos y el reciente secuestro de tres policías de la Dijín.

Por otra parte, además de la fuerza pública, las comunidades también han resultado afectadas. El pasado 10 de agosto, justo cuando Colombia comenzaba a atravesar una crisis humanitaria a raíz de un terremoto de magnitud 7,4, el más fuerte de la última década, el presidente informó a través de un video que tendría “grandes noticias para Colombia”.

Se trataba del primer bombardeo dentro de su mandato contra el Eln en Catatumbo que permitió la incautación de material de guerra y la muerte de algunos combatientes, pero que también se tradujo en denuncias de tres civiles heridos, confinados y desplazados de sus hogares. La Defensoría del Pueblo y las alcaldías prendieron las alarmas.

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El llamado de urgencia pedía el respeto de la población civil y, por su parte, el Ministerio de Defensa explicó que el bombardeo respetó todas las normas del Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, ante las denuncias recibidas por los daños colaterales de esos enfrentamientos, la Defensoría pidió a la Fiscalía adelantar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y establecer si la responsabilidad es de la fuerza pública o de un grupo armado ilegal. El caso puntual del Catatumbo, así como el resto de acciones militares en el resto del país, pusieron nuevamente sobre la mesa el debate de una estrategia de seguridad puramente militar que se pueda coordinar con la protección de las comunidades.

Para el general (r) Luis Eduardo Martínez, actual secretario de Seguridad de Antioquia, un departamento golpeado fuertemente por el conflicto armado en los últimos años a raíz de los enfrentamientos entre disidencias y estructuras como el Clan del Golfo en sus dinámicas de control territorial, es fundamental la presencia de la fuerza pública.

“La presencia de la Fuerza Pública está para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos, entonces, bienvenida sea. Pero no una presencia pasiva, necesitamos una presencia activa, trabajando de la mano con los organismos de justicia”. Y agregó que se espera que durante este nuevo gobierno se conformen “burbujas operacionales con capacidades especiales en inteligencia e investigación”.

Para investigadores del conflicto armado en el país, el panorama no es nuevo, y tampoco sorpresivo. A eso le suman que el conflicto armado ha mutado en cuanto a la organización de las estructuras armadas, sus mismos objetivos e incluso sus tácticas de guerra, acudiendo cada vez más al uso de tecnologías y drones con explosivos. Para Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos y DIH de Vivamos Humanos, organización fundada por el expresidente Ernesto Samper, que ha seguido de cerca el conflicto en una zona como Catatumbo, la fórmula de Abelardo de la Espriella no es eficaz, pero sí peligrosa.

En su concepto, lo que ha logrado el presidente hasta el momento, como la muerte de mandos medios de las estructuras criminales o la incautación de material de guerra, no tendrá un impacto profundo en las dinámicas de guerra actuales y enumera tres razones puntuales.

“Primero, puede suceder un repliegue del grupo armado, que es una acomodación estratégica y no significa que el grupo esté débil o se vaya a acabar. Segundo, pueden intensificarse las confrontaciones y operativos de actores ilegales, dejando a la población civil en medio. Tercero, siempre hay recambios y sucesores. Una estrategia de mano dura puede significar elevar el riesgo para poblaciones históricamente afectadas”, señaló.

Lo que sí puede hacer esa estrategia, hasta ahora prematura del gobierno pero que podría extenderse durante los próximos cuatro años, es generar una percepción de seguridad.

“Hasta el momento, los reportes de la fuerza pública mencionan campamentos afectados o incautación de material de guerra y estupefacientes. Esto puede generar una sensación de seguridad en la opinión pública, pero sustancialmente no ha mermado la presencia de grupos armados, ni su reconfiguración territorial, ni el número de sus filas, ni ha mejorado las condiciones de vida de las personas”, añadió Mejía para mencionar que es necesario una estrategia que involucre más factores de presencia estatal.

Por su parte, Jorge Mantilla, profesor de la Universidad del Rosario y experto en crimen, seguridad y conflicto, las acciones de “mano dura” se han traducido en un componente de una estrategia mucho más amplia. “El éxito de la estrategia se medirá no tanto en el número de bajas y capturas, sino en la construcción de legitimidad, la recuperación del control territorial y la disminución de indicadores de economías ilícitas —particularmente extorsión, reclutamiento y cultivos de uso ilícito—, así como en el impacto ambiental frente a la minería y la deforestación”, explicó.

En ese sentido, Mantilla coincide en que la estrategia debe ir más allá de la confrontación directa y pasar a la investigación profunda y los golpes financieros a la estructuras criminales.

Ahora bien, para el investigador Mantilla, esa legitimidad que busca construir el Estado frente a la percepción de seguridad podría estar en una cuerda delgada debido a los efectos colaterales de las operaciones militares, específicamente de los bombardeos, pues desembocan en impactos negativos en las comunidades.

“Esto podría aumentar la conflictividad social y la desconfianza de las comunidades hacia el Estado, abriendo un nuevo capítulo de violaciones a los derechos humanos en Colombia”, apuntó. Para Mejía, si bien el uso de la fuerza del Estado es legítimo, también hay reglas fundamentales que se deben cumplir, como la proporcionalidad.

“La fuerza pública afirma que respeta todo, pero hay que cuestionar si incautar dos toneladas de explosivos justifica un bombardeo que afecte viviendas e hiera civiles bajo el principio de necesidad militar”, señaló. Otra de los asuntos a tener en cuenta para los investigadores es el uso del lenguaje, pues la narrativa oficial del nuevo gobierno adoptó la palabra “narcoterrorismo”, algo preocupante porque, bajo esa premisa, se podría desconocer el DIH argumentando que no existe un conflicto armado interno sino una amenaza terrorista.

A todo este panorama, se le suma una de las primeras órdenes del presidente: el ingreso de Colombia al llamado “Escudo de las Américas” y la firma de un acuerdo de cooperación con Estados Unidos para adelantar operaciones militares conjuntas.

En entrevista con El Espectador, la defensora del Pueblo, Iris Marín, resaltó la necesidad de que en las acciones ofensivas de la fuerza pública deben tenerse en cuenta las condiciones para evitar los daños a bienes y a personas civiles. “Esto implica que operativamente se tiene que definir cuál es el objetivo, que el medio de guerra que se elige, el explosivo o el arma, no va a tener efectos indiscriminados o colaterales en la población civil y evitar daños innecesarios. Es decir, que el ataque no sea más grande que el daño que se pretende evitar”, dijo.

En medio del debate, el presidente Abelardo de la Espriella anunciará hoy, 20 de agosto, la cúpula militar. Mientras tanto, en las regiones crecen las alertas para no cometer el mismo error de 50 años de conflicto armado: dejar en el medio de la confrontación a la población civil.

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A una semana de que termine el gobierno de Gustavo Petro, desde Nariño se muestra el último avance en la política de Paz Total. Según pudo conocer El Espectador, en ese departamento ya cuentan con un territorio autorizado para convertirse en Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en la que estarían 400 de los 2000 hombres que componen las filas de Comuneros del Sur. El proceso esperará a la llegada de Abelardo de la Espriella para poder avanzar en una política de dejación de armas.

En la negociación en el marco de la Paz Total con el grupo armado de Comuneros del Sur —disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN)— se prepara la entrega de material de guerra, hallazgos de cuerpos de personas dadas por desaparecidas, una serie de avances en sustitución de cultivos de uso ilícito y una Zona de Ubicación Temporal en Mallama (Nariño) lograda por consulta previa con comunidades indígenas.

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“El mensaje al presidente electo es claro: hoy Nariño es el norte de la paz para el país con los resultados logrados a través de los procesos de Diálogos Regionales de Paz. Estará en manos del nuevo gobierno la inmensa oportunidad de lograr que cerca de 400 hombres que puedan llegar a la Zona de Ubicación Temporal cuenten con un marco jurídico y garantías para abandonar la guerra que tanto dolor ha causado a las comunidades nariñenses”, expresó el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar.

De acuerdo con el mandatario local, esperan que con la llegada de Abelardo De la Espriella al poder se tramite una nueva ley de orden público para que desde Nariño se logre un gran proceso para que 2000 hombres en armas entren a esa Zona de Ubicación Temporal (ZUT) y “concretar un marco jurídico que permita el sometimiento de esos grupos armados [...] Aquí puede haber una victoria temprana para el siguiente gobierno”.

El proceso que avanza desde 2024 espera la llegada de la nueva administración para dar su puntada final. En abril de 2025, el frente, que se separó del ELN, hizo entrega de 585 artefactos entre minas, morteros y granadas. El presidente Gustavo Petro viajó en su momento a Nariño para conocer los avances del proceso de paz y ordenar la destrucción del material.

Además, en diálogo con este diario, el mandatario señaló que su prioridad al momento de dialogar con la administración entrante son “unos diálogos de paz que han dado resultados concretos y que esperamos que en los próximos seis meses el Gobierno nacional, en la nueva ley de orden público, pueda incluir condiciones que permitan que estos grupos armados, los mil hombres que están en armas, puedan dejar las armas con una decisión del gobierno nacional”.

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Hace una semana, Yormai Contreras Castillo pudo volver a los brazos de su madre. El menor, de 16 años, permaneció secuestrado durante 26 días por hombres del Eln, que se lo llevaron en medio de un retén ilegal en el kilómetro 25, en zona rural de Tibú (Norte de Santander), el pasado 7 de abril. Su tía, Carmen García, presidenta de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, señaló que, aunque la liberación se dio el pasado 2 de mayo, solo hasta el 11 de mayo decidieron emitir un comunicado público sobre el regreso de Yormai, debido al trauma psicológico que dejó este episodio en la familia y en el menor.

“Todavía no nos hemos recuperado emocionalmente de la situación. Aunque hace una semana lo entregaron, nos demoramos tanto para sacar el comunicado porque nos estamos recuperando. Esto fue un trauma muy grande y muy doloroso”, contó Carmen García a El Espectador, quien hoy agradece que su sobrino no fue uno más de los menores secuestrados y que permanecen reclutados por grupos armados en el Catatumbo. Una situación que conoce de cerca, pues su organización humanitaria ha intermediado en toda la región para lograr la liberación de menores en estas circunstancias. Con el caso de Yormai, este año ha sido posible la liberación de ocho menores.

Sin embargo, las secuelas físicas y psicológicas del ataque apenas comienzan. De acuerdo con García, Yormai “no se siente preparado para hablar porque tiene un trauma bastante fuerte”, el cual espera pueda tratarse con terapia psicológica, un proceso que, por ahora, la familia ha asumido por su cuenta. “Por solicitud expresa de la familia, y en respeto a su intimidad, seguridad y bienestar emocional, nos abstendremos de entregar información adicional sobre el caso. Pedimos comprensión, sensibilidad y respeto frente a este momento de reencuentro familiar y recuperación emocional”, señaló la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz en su comunicado.

Durante los 26 días que duró el secuestro de Yormai Contreras, un grupo de más de 200 campesinos permaneció reunido exigiendo su liberación. Bajo una pancarta con su nombre y fotografía, viendo pasar a hombres armados y escuchando explosiones, Carmen García y su hermana Blancanieves Castillo, madre del menor, lideraron un plantón en el mismo punto del kilómetro 25 donde el Eln se llevó a Yormai a la fuerza y, posteriormente, lo trasladó hacia la frontera con Venezuela.

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Días atrás, García relató a este diario que el grupo armado decidió llevárselo luego de encontrar en el celular de Yormai una conversación con un joven de su misma edad, quien le decía que había estado trabajando “en una cocina (laboratorios de coca) de la disidencia de las Farc”, grupo que sostiene una confrontación armada con el Eln por el control del territorio. Desde ese momento, perdieron todo contacto con el menor y la respuesta del Eln fue que lo entregarían dentro “de uno a dos meses” porque “ellos lo iban a educar”, relató García.

La situación de violencia en el Catatumbo ha seguido escalando desde enero de 2025, cuando el Gobierno de Gustavo Petro declaró el estado de conmoción por la crisis humanitaria, que ya ha dejado más de 105.000 víctimas, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. En el informe “Catatumbo: Persistencia de la guerra y anhelos de paz”, la institución explicó que los “enfrentamientos comenzaron en el sector del kilómetro 25 del municipio de Tibú y se extendieron en distintas áreas del territorio. Miembros del Eln llegaron a las casas, sacaron y retuvieron a algunos pobladores y asesinaron a personas, dejando sus cuerpos en la vía con la orden de no recogerlos”.

La Defensoría del Pueblo, que acompañó a la familia durante el proceso, celebró la liberación del menor y señaló que “ningún niño, niña o adolescente debe estar en medio de la guerra”. Asimismo, la institución liderada por Iris Marín reiteró el llamado urgente al Eln y a “todos los grupos armados a cesar el secuestro y toda forma de violencia contra la población, especialmente de menores de edad. La libertad, la vida y el derecho a un buen futuro deben ser respetados siempre”. La Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz también agradeció a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por hacer seguimiento cercano al caso.

“Que este hecho nos recuerde la importancia de proteger la vida, la libertad y la dignidad humana en medio de las complejas realidades que atraviesa nuestro país, y reafirme la necesidad de seguir fortaleciendo los caminos humanitarios, el diálogo y el respeto por los principios del Derecho Internacional Humanitario”, fue el último mensaje de Madres del Catatumbo. Hoy, desde casa y junto a su sobrino, Carmen García reconoce que, aunque el proceso de recuperación para Yormai será largo, el desenlace de su caso “son los gestos que necesitamos para llegar a la paz” y espera que pronto sean liberadas las demás personas que siguen secuestradas por el Eln.

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La salida del ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, a pocas semanas del cambio de gobierno, volvió a poner sobre la mesa un debate que ha sido uno de los tantos lunares de la paz total, que hoy por hoy enfrenta balances críticos por sus resultados. La carta de renuncia llegó al despacho del presidente Gustavo Petro, luego de que él mismo la solicitara, y apenas unas horas después de que Cuervo señalara en una rueda de prensa los desaciertos de esa política. Pero, sobre todo, el ministro saliente se desmarcó de una de las decisiones más polémicas de Petro: darle estatus político a las disidencias de las Farc. Una resolución que incluso el Consejo de Estado tuvo que suspender en la mesa con la Segunda Marquetalia.

“Yo creo que no fue correcto darle estatus de negociación política”, afirmó el ministro. En su concepto, esa determinación “generó muchísimos problemas” y, además, desconoció el Acuerdo de Paz de 2016. En efecto, según la Corte Constitucional, quienes hayan firmado acuerdos de paz con el Gobierno en el pasado no podrán acceder a la justicia transicional y tampoco adelantar diálogos políticos con el Ejecutivo. Precisamente, la decisión del Consejo de Estado se centró en un asunto puntual: al tratarse de una estructura reincidente, entonces debió adoptar la figura de Estructura Armada Organizada de Crimen de Alto Impacto (Eaocai), y no la de un Grupo Armado Organizado (GAO), que le entregó estatus político.

Jorge Mantilla, investigador del conflicto armado y profesor de la Universidad del Rosario, señaló el impacto de haber dado estatus político a las disidencias: “El reconocimiento político a la Segunda Marquetalia afectó no solo a ese grupo, sino al Acuerdo de 2016 y su implementación. Fue un error en términos de deslegitimar la construcción de paz, más allá de que un grupo se fortaleciera o tuviera un estatus. Aunque para el país era evidente que Iván Márquez y la Segunda Marquetalia carecían de legitimidad, esto fue un golpe muy duro para los excombatientes, para el partido Comunes y para los procesos de reintegración, desmovilización y transformación territorial”. Para Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), también existen repercusiones para las comunidades.

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“Estas personas se habían comprometido previamente con las víctimas y el país a desarmarse y reincorporarse a cambio de beneficios jurídicos y económicos. Otorgarles un nuevo estatus genera un incentivo perverso: permitir a los grupos negociar, recibir beneficios y luego rearmarse para buscar una nueva negociación”, señaló. Y agregó un asunto clave que hoy es una de las críticas más fuertes a la paz total: “Dar estatus a estos grupos significó otorgarles una gran concesión a cambio de nada. Se dieron ceses al fuego prematuros sin exigirles que dejaran de expandirse, de reclutar o de afectar a la población civil”.

Según datos de la FIP, los grupos armados ilegales cerraron el 2025 con más de 27.000 integrantes. A eso se le suma el panorama relacionado con las otras dos disidencias con mayor presencia en el país: el Estado Mayor Central, de alias “Iván Mordisco”, y el Estado Mayor de Bloques y Frente, de alias “Calarcá”. En total, ambas facciones crecieron un 23 %, para un total de 4.019 integrantes y, en los últimos dos años, crecieron en un 50 % las agresiones contra la Fuerza Pública. Para quienes estudian este crecimiento, aunque las cifras de homicidios se redujeron, la gobernanza criminal creció exponencialmente.

En efecto, un reciente estudio del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) y el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Cede) de la Universidad de los Andes detalló cómo los ceses al fuego en periodos determinados se tradujeron en control territorial. El informe resaltó un hallazgo fundamental: las formas de violencia más visibles, como los homicidios y las masacres, ni disminuyeron ni aumentaron. Sin embargo, las formas de violencia menos visibles se dispararon: la extorsión aumentó un 337 %; las amenazas a las comunidades crecieron un 70 % y el reclutamiento forzado de menores de edad aumentó un 168 %. Asimismo, la gobernanza criminal creció un 32 %.

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Andrés Macías, doctor en Estudios de Paz y Conflicto de Tokyo University of Foreign Studies en Japón y actual Coordinador del Grupo de Investigación OPERA de la Universidad Externado, señala que para las comunidades lo importante es que los procesos de paz se traduzcan en mejoras en su seguridad. “Pero, si por el contrario, permite que el grupo armado mantenga el control territorial y las economías ilegales mientras negocia, el impacto puede ser contraproducente para la población civil”, explicó. Sin embargo, el investigador agregó que existen diferencias importantes entre el estatus político y el sometimiento.

Por un lado, cuando una mesa tiene estatus político, significa que el gobierno puede negociar transformaciones relacionadas con el conflicto con un grupo armado que tiene motivaciones políticas. Pero, según Macías, si en ese escenario el grupo armado mantiene actividades como la extorsión, el narcotráfico o el control territorial mientras negocia, puede fortalecer su capacidad de coerción sobre la población y consolidar formas de gobernanza criminal. “En esos casos, las comunidades pueden percibir que el proceso termina otorgando legitimidad a un actor que continúa vulnerando sus derechos, especialmente si no existen mecanismos eficaces de verificación y sanción frente a los incumplimientos”, dijo.

Para el investigador Macías, se puede hablar de un grupo insurgente con estatus político señalando a las Farc o al Eln, pero las disidencias no deberían tener ese trato. Aquí entra el otro escenario, el del sometimiento. Este proceso parte del objetivo principal de desmantelar la organización mediante beneficios jurídicos condicionados al abandono de las armas y al sometimiento a la justicia. “Aunque este modelo puede ofrecer mayor claridad en materia de responsabilidad penal, normalmente tiene menos margen para negociar asuntos políticos o territoriales y suele ofrecer menos instrumentos para construir acuerdos humanitarios durante el proceso”, añadió.

A estos escenarios se le suman polémicas que han puesto en crisis las mesas de paz total. Recientes investigaciones periodísticas han dejado ver la expansión de las disidencias en medio de las negociaciones. Por ejemplo, un informe de Noticias Caracol reveló como por medio de chats, cartas, fotos, correos, documentos internos y confidenciales de la Fuerza Pública, la disidencia de “Calarcá” habría podido esquivar controles y emboscadas del Ejército.

Ahora bien, la decisión del Consejo de Estado lo que hizo fue distinguir claramente entre ambos escenarios: el del estatus político y el del sometimiento. Para Mantilla, esa resolución del alto tribunal marca un precedente clave. “Una decisión de este tipo permite que las acciones del Ejecutivo —como la asignación de recursos o el diseño de programas— sean demandadas, lo que podría convertir el pacto en un acuerdo de papel. Finalmente, esto llevaría a que estas personas aleguen un incumplimiento del Estado sobre compromisos irrealizables y terminen volviendo a las armas”, dijo. En realidad, el asunto jurídico y de estatus político fue una de los principales debates cuando se instaló la mesa de diálogo con la Segunda Marquetalia en junio de 2024, pues “Iván Márquez” y “Walter Mendoza”, ambos jefes disidentes, abandonaron el Acuerdo de 2016.

Sin embargo, el gobierno Petro la ausencia de una política acorde con la Constitución hoy podría pintar un panorama incierto al único proceso que ha tenido avances: el de la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. En el mismo gobierno saliente reconocen que de las siete mesas de negociación que hay activas con grupos criminales rurales y urbanos, ninguna tiene realmente movimientos. En el papel, lo cual es parte de los informes de gestión que se le quieren entregar a la administración entrante, hay funcionarios designados para mantener los canales de conversación. No obstante, cuando falta menos de un mes para el relevo presidencial, todo quedó congelado.

Lo anterior ya pasó con las dos disidencias que incluso tenían zonas de ubicación para mover a sus hombres. Con la de Comuneros del Sur, que surgió del Eln, quedaron varios puntos escritos sobre los cuales trabajar un posible tránsito a la legalidad, y hasta se buscó un punto geográfico en Nariño para llevarlos. Sin embargo, ese último tramo de los acercamientos nunca se concretó. En este departamento también había canales concretos para dar un paso igual con la Coordinadora Bolivariana, disidencia de la Segunda Marquetalia. Eso no se concretó por la falta de un marco jurídico aceptado por ambas partes, aunque con esta misma estructura sí se logró la movilización de un centenar de sus miembros que actúan en Putumayo a una zona de ubicación.

El lío con ellos, admitido por las oficinas que tocan temas de paz en la Casa de Nariño, es que solo podrían acudir a un sometimiento para su dejación de armas, lo cual implica que paguen algo de cárcel. Según varias fuentes de este sector adscrito a la Presidencia, había voluntad de dar el paso, pero todo se frenó para saber qué condiciones impondrá la entrante administración de Abelardo de la Espriella. Más allá de la discusión jurídica, está el debate político que ya se libra entre los equipos de empalme. El saliente Gobierno del presidente Gustavo Petro pidió espacios para hablar exclusivamente de su política de paz total. Pero el Ejecutivo que asumirá desde el 7 de agosto ya dejó claro que esos temas solo se abordarán desde los comités de seguridad. Además, que solo habrá sometimiento.

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Una fuerte denuncia hizo el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, por medio de una publicación en su cuenta de X. A menos de dos días de la liberación de los 57 soldados que estuvieron retenidos por habitantes del municipio de El Tambo (Cauca), el alto funcionario del gobierno Petro señaló que en la región se estaría planeando una nueva acción violenta en contra de la Fuerza Pública, orquestada por las disidencias de las Farc.

“El Ministerio de Defensa Nacional informa a la opinión pública que se ha tenido conocimiento de una posible concentración forzada de personas en el cañón del Micay, Cauca, promovida por integrantes de la estructura armada residual ‘Carlos Patiño’” escribió el ministro Sánchez Suárez. A renglón seguido, señaló que esa reunión “tendría como propósito la ejecución de actos violentos”, incluidos eventuales secuestros de uniformados.

Su denuncia, según conoció El Espectador, se dio después de que empezara a circular un video en el que un grupo de habitantes de la región del cañón del Micay se reúnen para leer un comunicado a la opinión pública, en el que piden que cese la acción de las Fuerzas Militares allí y que haya mayor presencia de las demás instituciones del Estado. Una demanda que no es nueva y que la hizo incluso en su momento el exministro Iván Velásquez Gómez.

El ministro Sánchez Suárez agregó que, según la información que han recopilado las autoridades, las personas que estarían detrás de la planeación de una nueva posible acción violenta contra la Fuerza Pública, incurren en faltas graves a la legislación. “Esta conducta constituiría graves delitos como ataque a servidor público y secuestro extorsivo, cuyas penas pueden superar los 40 años de prisión, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal colombiano”, dijo el funcionario.

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Las demandas de la comunidad

El video conocido por este diario, en el cual un grupo de personas lee un comunicado relacionado con los hechos ocurridos el pasado fin de semana en el departamento del Cauca, tiene fecha del 23 de junio. Es decir, habría sido grabado en la noche del lunes anterior, un par de horas después de que se adelantara la liberación de los 53 soldados profesionales y cuatro suboficiales que estuvieron retenidos por la misma comunidad.

“Las comunidades organizadas de la zona sur y zona cordillera del municipio de El Tambo (Cauca) nos dirigimos a la opinión pública, a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y a los entes de control del Estado colombiano para manifestar nuestro más enérgico rechazo a los hechos de violencia ocurridos en el día de hoy en el sector del corregimiento de Fondas, contra las comunidades del cañón del Micay”, leyó el vocero.

En el comunicado agregan que la operación de rescate de los militares que estuvieron retenidos durante casi tres días por las comunidades, dejó personas heridas y capturadas. En efecto, el propio ministro de Defensa señaló que algunos de los presuntos responsables de la retención de los soldados fueron llevados a Popayán para su judicialización: tres menores de edad y 13 adultos. Sin embargo, la Fiscalía no halló argumentos para presentarlos ante un juez de control de garantías y fueron liberados.

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Según los argumentos de la comunidad, estos hechos se dieron “en un contexto de confrontación armada que vulnera gravemente los derechos de las comunidades”. Y agregaron que rechazan cualquier tipo de acción violenta, venga de parte de organizaciones al margen de ley o de la Fuerza Pública. “La voz del pueblo no se silencia, se respeta”, dijeron en el video.

El comunicado concluye con una petición al Gobierno Nacional para que se dé “el esclarecimiento inmediato de los hechos ocurridos, con garantía de verdad, justicia y reparación de las víctimas; la desmilitarización progresiva de los territorios donde la presencia armada ha generado temor y zozobra en la población civil; inversión social estructural en nuestras comunidades, salud, educación, vías, acceso a tierras y proyectos productivos, que permitan una vida digna y la implementación efectiva del Acuerdo de Paz”.

Problemas estructurales

No es la primera vez que los habitantes del cañón del Micay piden presencia integral del Estado en la región. Tampoco han sido los únicos actores sociales que denuncian falta de institucionalidad del Estado allí. Primero fue el exministro Velásquez, quien en el consejo de ministros del 4 de febrero dijo que el Gobierno Nacional había tenido “problemas de articulación” para llegar a El Plateado en el marco de la Operación Perseo, que inició el 12 de octubre de 2024.

Luego se sumó el general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército, con jurisdicción en el departamento del Cauca, quien le dijo a El Espectador que la Fuerza Pública mantiene su presencia y operaciones allí, pero hay retrasos evidentes en compromisos del Estado sobre asuntos como vías para el desarrollo y sustitución de cultivos de uso ilícito.

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El último en referirse a ese tema fue el general Erik Rodríguez, segundo comandante del Ejército y comandante encargado de la institución. “El territorio no se recupera solo con soldados. Nosotros vamos, estabilizamos la región y generamos las condiciones para que los servicios esenciales del Estado lleguen a esa población, pero solo con nuestra presencia no se estabiliza zona”, señaló el general en diálogo con este diario.

Y agregó: “Tienen que llegar el Ministerio de Transportes a hacer las carreteras que deben hacer, el Ministerio de Educación a garantizar que todos los niños estudien en vez de irse para las filas de esas organizaciones narcoterroristas, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud. Tienen que llegar oportunidades para que en esas regiones apartadas las actividades económicas legales sean más productivas que el cultivo de la coca. O que por lo menos les den un nivel de vida digna a la gente”.

Por ahora no hay pronunciamientos adicionales a las denuncias del ministro Sánchez Suárez sobre la situación de seguridad y orden público en la región. Tampoco el Ejército se ha referido al respecto. Se sabe que las operaciones de la Fuerza Pública continuarán en el cañón del Micay, en el marco de la Operación Perseo, ahora con un objetivo particular: dar con el paradero de alias “Kevin”, el líder de las disidencias de las Farc, señalado de controlar el negocio del narcotráfico y de seguir atizando la guerra en la región.

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En la noche del jueves 27 de junio fue asesinado en el departamento del Cauca Eyber Danilo Poto Pazú, hijastro del viceministro para los pueblos étnicos, Nelson Lemus. Según las primeras versiones, la estructura Dagoberto Ramos de la disidencia de las FARC conocida como Estado Mayor Central (EMC) estaría detrás del homicidio.

Según informó el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), la víctima había sido secuestrada desde el pasado 22 de junio en Caloto. El joven era un comunero del resguardo indígena de San Francisco, ubicado en el municipio de Toribío.

En una reciente visita a este territorio, el equipo periodístico de Colombia+20 evidenció el control armado que dictan los miembros de esta disidencia, que tienen retenes en las entradas de las veredas, regulan el orden social y ejercen violencia contras la población civil.

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“Estos criminales nos quieren sumir en la guerra miserable para seguir delinquiendo sobre el marchitamiento de la Nación. Estos actos distan mucho de una verdadera vocación de paz. ¿Qué sacan asesinando personas inocentes? ¿Cuál es la supuesta lucha por el pueblo si asesinan al mismo pueblo indefenso con total inhumanidad?”, expresó el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López Maya, a través de su cuenta de X.

Cabe resaltar que el frente Dagoberto Ramos hace parte del Bloque Occidental del EMC, que desde marzo de este año se levantó de la mesa de diálogos con el Gobierno Nacional, lo que llevó al Ejecutivo a desplegar una estrategia ofensiva en el departamento del Cauca.

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De hecho, el pasado 21 de junio el presidente Petro lanzó una misión para recuperar el control del territorio y llevar presencia integral del Estado. “El Gobierno y la Fuerza Pública seguirá confrontando la miseria de los criminales mientras al mismo tiempo seguiremos garantizando la inversión pública hacia la atención de nuestro pueblo en el sur occidente para avanzar en el cierre de brechas”, agregó López Maya en su publicación.

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Tras el homicidio también se pronunció la vicepresidenta Francia Márquez: “No estamos aquí para ver morir a nuestras hijas e hijos. Por el contrario, nuestra lucha es por que crezcan en un país con garantía de derechos, oportunidades y en paz”.

¿Quién es el viceministro Nelson Lemus?

Nelson Lemus es un líder indígena nasa de vieja data, que ha impulsado varios proyectos en el norte del Cauca y en febrero de 2024 asumió las riendas del viceministerio para los pueblos étnicos de la cartera de Igualdad.

En los últimos años se desempeñó como asesor del exsenador Feliciano Valencia. En el pasado también fue consejero mayor del Cric.

Así opera la Dagoberto Ramos

Según reportes de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el frente Dagoberto Ramos cuenta con más de 245 miembros armados y una red de apoyo que supera los 100 colaboradores.

“En cuanto a su liderazgo, las autoridades identifican a Wilmar Pazu Rivera, alias Cholinga, como el principal cabecilla, quien está implicado en delitos como extorsión, porte de armas y reclutamiento de menores, seguido de cerca por alias Fito y alias Maicol, quienes controlan zonas específicas y son responsables del reclutamiento y la seguridad de los cargamentos”, dice un informe de Pares.

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En los últimos años, esta estructura ha reclutado forzosamente a decenas de jóvenes indígenas, campesinos y afrodescendientes.

Aunque se concentra en el Cauca, la estructura se mueve por varias zonas del suroccidente del país. Se ha registrado presencia de sus integrantes también en Valle del Cauca, Huila, Tolima y Nariño.

“Los enfrentamientos históricos con el ELN han tenido lugar principalmente en los municipios de Florida y Pradera en el Valle, así como en el norte del Cauca, incluyendo localidades como Silvia, Toribío, Miranda, Caloto, Caldono y Corinto”, indica el informe de la Fundación.

Gran rechazo y preocupación ha causado la difusión de un panfleto del Clan del Golfo en el que se hacen señalamientos contra el periodista Norbey Valle David, quien es corresponsal de Caracol Radio en Medellín.

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En el panfleto, el grupo armado indica que “el periodista Norbey Valle David publica con frecuencia videos, donde sindica al Ejército Gaitanista de una cantidad de hechos completamente falsos”.

El hecho fue rechazado por la Defensoría del Pueblo, que en comunicado resaltó que no le corresponde a ningún grupo ilegal pronunciarse sobre el trabajo de la prensa, calificar su labor o pretender establecer límites a su labor.

La entidad resaltó que, aunque el documento señala que se respeta la libertad de prensa, los señalamientos cumplen fines intimidatorios, por lo que “instamos a las autoridades competentes a adoptar de manera inmediata las medidas de prevención y protección que correspondan, evaluar el nivel de riesgo del periodista y garantizar condiciones seguras para el ejercicio libre e independiente de la prensa en la región”.

Por su parte, la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) indicó que “este tipo de acciones ponen en riesgo el libre ejercicio del periodismo, afectan la libertad de prensa y vulneran el derecho de los ciudadanos a recibir información libre e independiente”.

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De igual forma, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) calificó el hecho como intimidatorio, toda vez que “este tipo de comunicados emitidos por grupos armados constituyen, en sí mismos, amenazas directas contra la prensa. Aunque el panfleto afirme que ‘no debe ser interpretada como una amenaza para este periodista’, esa salvedad no neutraliza el riesgo ni su efecto intimidatorio”.

Sumado a esto, explicaron que el panfleto surge por una publicación que hizo el periodista sobre la muerte de un integrante del Ejército, que corroboró la misma institución por los canales oficiales. “Este caso vuelve a evidenciar la desprotección que enfrenta el periodismo regional, especialmente de quienes informan sobre el conflicto y la operación de grupos armados ilegales”.

Según la Flip, entre 2022 y mayo de 2026, registramos 387 agresiones contra la prensa por parte de grupos armados, mientras que en lo que va corrido de este año se han reportado 36 agresiones contra la libertad de prensa en Antioquia, lo que incluye el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, director de El Confidente de Yarumal.

La Defensoría del Pueblo entregó en la mañana de este viernes 26 de junio un nuevo balance sobre el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales. Según la entidad, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026 se registraron 51 casos.

Según detalló la entidad, el 65 % de los casos de reclutamiento forzado corresponde a niños y adolescentes, mientras que el 35 % restante corresponde a niñas y adolescentes. Además, el 17 % de las víctimas pertenece a la población indígena, el 12 % es afrocolombiana y el 71 % no se reconoce como parte de ningún grupo étnico.

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La Defensoría señaló que el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc sería el grupo armado que presuntamente más menores habría reclutado entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026, al concentrar el 23,5 % de los casos registrados en el país. En igual proporción se ubica el Ejército de Liberación Nacional (Eln), también con el 23,5 %.

Les siguen el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), de las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”, con el 21,6 % de los casos, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), con el 3,9 %. En el caso de Comandos de Frontera, se lea atribuye el 2 % de los reclutamientos registrados. El 21,6 % restante corresponde a disidencias sin identificar y el 3,9 % a otros grupos armados no identificados.

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En cuanto a los reportes por departamento, Norte de Santander registra el mayor número de casos de reclutamiento forzado, con un total de 15 denuncias. Le siguen Cauca, con 14 reportes, y Antioquia, con cuatro. Además, la Defensoría señaló que febrero fue el mes en el que se registró el mayor número de casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, al concentrar el 35 % del total.

Durante 2025, la entidad reportó un total de 410 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Del total, el 57 % correspondió a niños y adolescentes, mientras que el 43 % restante correspondió a niñas. Durante ese período, el mayor número de casos se registró en el departamento del Cauca, con 182 reportes.

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Los municipios más golpeados por el conflicto armado y priorizados para la implementación del Acuerdo de Paz respaldaron mayoritariamente a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio.


Un análisis de los resultados electorales en los 167 municipios donde están los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) muestra que Cepeda ganó en 121 de ellos, mientras que Abelardo de la Espriella se impuso en 46 de los territorios más afectados por la violencia, la pobreza rural, la débil presencia institucional y las economías ilícitas.


La diferencia también fue amplia en términos de votos en esos territorios. Cepeda sumó 1.534.669 frente a 808.996 obtenidos por De la Espriella, una ventaja de 725.000 sufragios.


Los PDET abarcan 167 municipios agrupados en 16 subregiones del país que fueron creados en el Acuerdo de Paz de 2016 con el propósito de llevar inversión, infraestructura y servicios básicos a zonas que han estado marcadas por el abandono estatal y la confrontación armada.


El mapa electoral de esos territorios muestra tendencias que coinciden, en buena medida, con algunas de las fracturas políticas y regionales que han acompañado la implementación de la paz.


La mayor fortaleza de Cepeda estuvo en el Pacífico colombiano. En varios municipios de Nariño y Cauca obtuvo porcentajes que rozan la unanimidad electoral. En Nariño hubo varias votaciones contundentes como en los municipios de Mosquera, donde alcanzó el 98 % de la votación; en Roberto Payán logró el 97,8 %, igual que en Magüí Payán el 97,6 %; y en Francisco Pizarro el 96,5 %.

En Cauca, los resultados fueron igualmente contundentes en Timbiquí, Jambaló, Buenos Aires, López de Micay, Suárez y Argelia.

Se trata de municipios atravesados durante años por la presencia de distintos grupos armados como las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. También son territorios donde la implementación del Acuerdo de Paz, la sustitución de cultivos de uso ilícito y la presencia estatal han sido temas centrales de la discusión pública.

El respaldo a Cepeda también fue notable en algunos de los principales centros urbanos de las zonas PDET. En Tumaco obtuvo el 88,9 % de los votos; en Buenaventura el 85,5 %; en Santander de Quilichao el 73,3 %; en Apartadó el 66,4 %; y en Turbo cerca del 66 %.

El respaldo al candidato progresista no se limitó al Pacífico. También ganó en numerosos municipios del Putumayo, Caquetá, Meta y Urabá, varias de las regiones donde el conflicto armado tuvo algunas de sus expresiones más intensas durante las últimas décadas. En municipios como Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Orito y Valle del Guamuez obtuvo amplias ventajas.

Esa combinación de apoyos le permitió imponerse en cerca de tres cuartas partes de los municipios PDET del país, el principal instrumento territorial creado por el Acuerdo de Paz de 2016.

Antioquia, el fortín de De la Espriella

El electo presidente Abelardo de la Espriella, por su parte, encontró uno de sus principales bastiones en Antioquia. Aunque el departamento alberga varias de las regiones más afectadas por el conflicto armado y priorizadas por los PDET, buena parte de sus municipios respaldó la candidatura del abogado barranquillero.

En el nordeste antioqueño, De la Espriella se impuso con amplitud en municipios como Vegachí, donde obtuvo el 76,8 % de los votos; Yalí, con 74,2 %; Yolombó, con 73,3 %; y Amalfi, con 71,8 %. También ganó en Remedios, Segovia, Anorí, Briceño, Cáceres, Tarazá, Valdivia e Ituango, territorios que enfrentan la presencia y el azote de disidencias de las FARC y del Clan del Golfo.

La tendencia también se extendió a parte del Bajo Cauca y del Urabá antioqueño, dos de las regiones donde hoy persisten algunas de las disputas armadas más intensas del país. Aunque Cepeda logró imponerse en municipios clave como Apartadó y Turbo, el mapa departamental mostró una competencia mucho más equilibrada que la observada en regiones como el Pacífico nariñense o el norte del Cauca.

Fuera de Antioquia, De la Espriella registró algunos de sus mejores resultados en Norte de Santander, en municipios como Sardinata (87,8 %). También ganó en municipios emblemáticos del conflicto armado como Tibú y Sardinata, en el Catatumbo

En Arauca obtuvo la victoria en puntos como Puerto Rondón (82,3 %) y Cravo Norte (75,6 %) y también logró una importante votación en Tame y Fortul.

También ganó en municipios como Santa Rosa del Sur -sur de Bolívar- (75 %), en San José del Guaviare; en Florencia, capital del Caquetá; y El Carmen de Bolívar, uno de los municipios más representativos de los Montes de María.

El debate sobre el “voto fusil”


La votación en estos territorios ha alimentado una de las discusiones más intensas que dejó la campaña presidencial alrededor de la idea de que la presencia y presión de grupos armados ilegales sería la única explicación sobre los resultados de las votaciones en las regiones más afectadas por la guerra.


La tesis del denominado “voto fusil” cobró fuerza después de que Cepeda obtuviera resultados “extraordinarios” en varios de esos municipios del Pacífico y del sur del país. Para algunos sectores políticos, esas cifras serían una evidencia de presiones ejercidas por organizaciones armadas sobre la población civil.


No obstante, los resultados sugieren que, aunque los territorios priorizados para la paz se inclinaron mayoritariamente por Cepeda, el comportamiento electoral estuvo lejos de ser homogéneo. Cada subregión mostró dinámicas propias atravesadas por factores históricos, económicos, culturales y políticos.


Varios investigadores han advertido que los datos disponibles no respaldan una explicación tan simple.


Michael Weintraub, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED), de la Universidad de los Andes, analizó información de presencia de grupos armados elaborada por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) y encontró que, aunque municipios donde operan estos actores registraron un aumento mayor en la participación electoral respecto a aquellos donde no hay presencia armada, la presencia de grupos ilegales no estuvo asociada a una mayor polarización ni a victorias totales para alguno de los candidatos.


La conclusión cuestiona una de las premisas centrales del “voto fusil” sobre que los territorios con presencia armada necesariamente terminan votando en bloque por una misma opción política. De hecho, en algunos de esos territorios el voto desde hace décadas no ha cambiado en su posición ideológica.


A eso se debe sumar que sí hubo una movilización ciudadana en las capitales del país para apoyar a personas en territorios donde hay dificultades en el transporte. Por ejemplo, varios colectivos de jóvenes organizaron colectas de fondos para que ciudadanos en esas zonas pudieran llegar a votar.


El investigador y experto en crimen y seguridad Jorge Mantilla, por su parte, afirmó que la teoría del “voto fusil” desconoce la complejidad social y política de las regiones afectadas por la guerra y termina reduciendo las decisiones electorales de millones de ciudadanos a una explicación basada exclusivamente en la coerción.


Los resultados de la segunda vuelta muestran esa diversidad. Aunque Cepeda ganó en la mayoría de municipios PDET, De la Espriella también obtuvo victorias contundentes en territorios donde existe o ha existido presencia de grupos armados ilegales, como Tibú, Sardinata, Tame, Puerto Rondón, Cravo Norte y San José del Guaviare.


Las críticas a esa tesis también llegaron desde los territorios. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) emitió un comunicado en el que rechazaba los señalamientos sobre los resultados de las votaciones en ese departamento.

“Tales señalamientos desconocen la dignidad, la conciencia política, el ejercicio democrático de millones de colombianos y colombianos que han expresado libremente su decisión en las urnas. Además, constituyen una estigmatización de comunidades y territorios que, pese a décadas de conflicto, violencia y abandono estatal, han defendido la vida, la democracia y el derecho a decidir”, indicó el CRIC en el comunicado.

Y agregó: “Nuestros territorios no votan bajo el miedo, votan desde la memoria, la dignidad, la esperanza de construir un país donde la vida, la paz y la justicia social sean una realidad para todos y todas”.


En todo caso, la votación de estos municipios —y, en general, los 12.708.712 votos que obtuvo Iván Cepeda frente a los 12.959.542 de Abelardo de la Espriella— deja planteada una de las primeras tensiones del próximo gobierno. Aunque ganó la Presidencia, De la Espriella fue derrotado en la mayoría de los territorios que durante años estuvieron en el centro de la guerra y que hoy siguen concentrando buena parte de los desafíos de seguridad, implementación del Acuerdo de Paz y presencia estatal.

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Ya hay fecha para que el expresidente Álvaro Uribe Vélez se presente en la indagatoria a la cual fue citado por la Fiscalía General de la Nación, en el expediente que se adelanta en su contra por presuntos vínculos con paramilitares en Antioquia, las masacres de El Aro y La Granja, en Ituango, y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, perpetrado en febrero de 1998.

El exmandatario lo confirmó a través de la red social X, que rendirá indagatoria el próximo 24 de julio. “La Fiscalía me cita para indagatorio el 24 de julio, sin practicar las pruebas que ella decretó. El mismo camino del magistrado César Reyes me indagatorió (sic) y me metió a la cárcel sin practicar las pruebas”, escribió el líder natural del Centro Democrático.

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En su mensaje, Uribe Vélez calificó el hecho como un “atropello” y aseguró: “Esta Fiscalía ha complacido al gobierno dándole impunidad a cuanto bandido hay y entonces toma revancha política conmigo, llevándome a una indagatoria sin pruebas, sin méritos, todo para buscar ponerme preso antes de que Petro termine”.

Aunque estos procesos contra Uribe Vélez fue abierto y cerrado en el año 2000, el ente investigador tiene los tres expedientes de nuevo en sus manos desde el mes de septiembre de 2020, cuando el político renunció al Senado y la Corte Suprema de Justicia perdió la competencia para continuar con las investigaciones que había asumido.

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La Fiscalía recibió los casos el 14 de septiembre de 2020 y, hasta hace apenas una semana, los expedientes no se habían movido ni un milímetro. Los procesos están relacionados con dos de las masacres ocurridas en el departamento de Antioquia entre 1997 y 1998, cuando él era gobernador.

El ente investigador también indaga sobre la posible relación de Uribe Vélez con la creación de un grupo de autodefensas en el municipio de San Roque y con el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, quien era concejal de Ituango.

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Los hechos por los que investigan al expresidente Uribe Vélez

Masacre de La Granja

La ola de violencia paramilitar en el corregimiento de La Granja (Ituango) inició con el asesinato de cuatro campesinos en 1996. Más de 20 paramilitares comandados por alias “Doble Cero” llegaron el 11 de junio de ese año y, por orden de los hermanos Fidel y Vicente Castaño, y Salvatore Mancuso, asesinaron a William Villa García, Graciela Arboleda Rodríguez, Héctor Hernán García y Jairo de Jesús Sepúlveda Arias.

La incursión armada habría sido financiada desde la oficina de finanzas de ese grupo armado en el centro de Medellín, conocida como el Parqueadero Padilla. Por estos hechos, en 2023, la Fiscalía llamó a juicio a quien administraba esa estructura criminal: Jacinto Soto Toro, alias “Lucas”.

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Masacre de San Roque

La masacre de San Roque ocurrió entre el 13 y 17 de septiembre de 1996. La mención de este hecho aparece en una investigación previa que adelantaba la Fiscalía contra el expresidente, relacionada con la presunta conformación de grupos paramilitares en los años 90 en la hacienda Guacharacas, de propiedad de su familia.

Según el pronunciamiento de la Corte en 2020, el grupo al margen de la ley, “al parecer utilizó como base de operaciones la Hacienda Guacharacas, ubicada entre los municipios de Yolombó y San Roque de propiedad de la familia Uribe Vélez para esa época”.

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Masacre del Aro

Otro de los hechos por los cuales la Fiscalía le sigue la pista al expresidente Álvaro Uribe tiene que ver con lo ocurrido entre el 22 y 31 de octubre de 1997 en el corregimiento de El Aro, también en Ituango. Allí, un grupo de aproximadamente 200 paramilitares sembraron el terror bajo el mando de Carlos Castaño, según aseguró el propio Salvatore Mancuso ante la justicia.

Quince personas fueron asesinadas y 40 casas quemadas durante las dos semanas que duró la incursión paramilitar que avanzó con el fin de exterminar el pequeño asentamiento, donde algunos de sus habitantes fueron señalados, sin pruebas, de ser colaboradores de la guerrilla.

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Asesinato de Jesús María Valle Jaramillo

El defensor de derechos humanos era presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia cuando fue asesinado, el 27 de febrero de 1998. Sicarios llegaron hasta su oficina en la capital del departameto, el mismo día en el que un campesino de Ituango lo esperaba para darle detalles de lo que había pasado en el corregimiento de El Aro.

Durante una entrevista en 1997, el propio Valle Jaramillo señaló que las masacres perpetradas por los paramilitares contaron con la participación de militares de la Cuarta Brigada del Ejército: “No me mueven odios contra el gobernador (Uribe Vélez) o el comandante de la brigada. No tengo intereses políticos. Lo hago porque ese es mi pueblo y no quiero que siga sufriendo”, dijo. En octubre de 2025, un juez de Medellín compulsó copias en contra de los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez por su posible responsabilidad en el crimen.

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El punto de inició fue la Quebrada del Sol, zona rural de Santa Marta. Allí hubo combates entre el Ejército y estructuras de las Conquistadoras. Desde ese punto, la tensión bajó de las montañas a la troncal, bajo una campaña certera de bloqueos y acciones militares del grupo armado calificables como terroristas. Atacaron con Drones la Estación de Policías de los Linderos, incineraron un camión del Ejército y un bus de servicio interdepartamental e instalaron cilindros bombas.

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La tensión se hizo evidente a tal punto que en dos de los bloqueos hubo tala de árboles para impedir el paso. Más de 80 vehículos quedaron represados mientras avanzaban los diálogos para levantar los cierres en medio de un comercio cerrado. Sin embargo, no se trataba solo de un problema de orden público, sino de una muestra de control territorial con capacidad de presión frente a una fragilidad institucional y estatal.

El operativo tampoco fue menor. El Ejército reportó la incautación de 7 fusiles calibre 5,56, 4 armas cortas, un mortero artesanal, 12 granadas de mortero, 1 dron y material de intendencia. No estamos hablando de una estructura improvisada y desde hace un tiempo importante se ha venido advirtiendo del poder de fuego de este grupo que ha impedido incluso el ingreso del Ejercito Gaitanista de Colombia. Ahora bien, las ACSN., no operan solo con fusiles. Su poder está en algo más difícil de desmontar. Controlan miedo, movilidad, silencios, economías locales y relaciones comunitarias. Por eso una presión en la Sierra se siente en la vía, en el turismo y en la vida diaria.

La Troncal del Caribe mostró algo más complejo. En la Sierra Nevada el Estado puede disputar el territorio, pero no siempre logra ordenar la vida cotidiana. Y cuando un grupo armado puede convertir una carretera nacional en instrumento de presión, el mensaje ya no es local, es regional y nacional con implicaciones que van más allá de una postura desafiante. Se trata de un grupo que logró instalar un sistema paralelo al Estado que goza de legitimidad y de silencios políticos-administrativos. Esto hace la diferencia entre la presencia militar y gobierno del territorio. El Estado puede entrar, combatir e incautar armas. Pero gobernar exige una legitimidad que no existe.

La negociación tampoco fue fácil y demostraron quienes ponen las condiciones. Lo primero es que el Ejército tuvo que devolver el drone incautado (no era para uso militar) y salir bajo la protección del Ministerio Público y la alcaldía de Santa Marta.

Lo segundo, es la incertidumbre de saber si se puede o no reanudar los diálogos de paz, aunque las Conquistadoras dejaron sentada su posición cuestionando la falta de confianza y el tipo de paz que quieren: “Hace una semana vino el señor Silva a hablar de paz y de la necesidad de seguir trabajando ¿está es la paz que quieren? ¿Quién puede confiar en un gobierno así?

Lo tercero es la garantía del proceso electoral. Algunos líderes afirmaron desde un discurso pasional que se trataba de un tema político del gobierno de Petro ante la respuesta a la decisión de apoyo al candidato De la Espriella, como si las operaciones militares no implicaran planificación y se tratara de réplicas automáticas y lo cuarto, un corredor humanitario para poder sacar heridos y personas muertas, del Ejército, la Policía y posibles civiles. Sobre estos últimos no hay información. Tampoco hay registros del operativo militar que pudo dejar también muertos y heridos.

Finalmente, la euforia por lograr una negociación que implique desbloqueos y restaurar la movilidad no puede ocultar los problemas reales que subyacen en el territorio. La Sierra Nevada no es periferia. Es territorio indígena, campesino, turístico, ambiental y criminalmente estratégico. Allí se cruzan rutas ilegales, economías formales, control social armado y una institucionalidad que llega tarde o llega solo con uniforme. Lo ocurrido no era una sorpresa. Era una crisis anunciada, como otras crisis que simplemente se han aplazado como la situación del Parque Tayrona y la gobernanza armada que impone las condiciones.

Se restableció el pasó, sí. Era necesario y gana la reapertura económica de la temporada turística. ¿Quién ganó el pulso? El que demostró que tiene más poder, legitimidad y capacidad de doblegar. El que envió el mensaje más contundente, aunque la euforia por lograr el desbloqueo oculte una realidad profunda.

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La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sanción de tres días de arresto impuesta al representante a la Cámara Miguel Polo Polo por incumplir la orden judicial de ofrecer disculpas públicas a las madres de las víctimas de los llamados “falsos positivos”.

La decisión, adoptada en sede de consulta y con ponencia del magistrado Manuel Antonio Zamudio, ratificó el fallo del Juzgado 30 Civil de Bogotá, que declaró en desacato al congresista al concluir que no cumplió la orden emitida por la Corte Constitucional en septiembre del año pasado.

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El caso se originó tras la instalación en el Congreso de la exposición “Mujeres con las botas bien puestas”, organizada por el Colectivo de Madres de Falsos Positivos (Mafapo) como un acto de memoria y reconocimiento a los jóvenes ejecutados extrajudicialmente por integrantes de la Fuerza Pública.

Durante la jornada, Polo Polo difundió un video en el que retiró y depositó en una bolsa de basura varios de los elementos utilizados en el homenaje. En esa ocasión, el congresista afirmó: “Yo le quiero preguntar quién le habrá pagado a esos presuntos campesinos que vinieron aquí al Congreso a ensuciar la Plaza Rafael Núñez para poner estas botas”.

Según el Tribunal, aunque el representante respondió requerimientos y presentó comunicaciones durante los últimos meses, sus actuaciones estuvieron orientadas a favorecer sus propios intereses y no a materializar acciones efectivas de reparación dirigidas a las integrantes de Mafapo.

Con esta decisión, la magistratura concluyó que el juzgado que impuso la medida restrictiva actuó conforme a la ley y confirmó la sanción de arresto contra el congresista.

El incidente de desacato contra el representante Miguel Polo Polo se remonta a diciembre del año pasado. Desde entonces, el Juzgado 30 Civil de Bogotá le requirió en varias oportunidades que aportara pruebas del cumplimiento de la orden emitida por la Corte Constitucional. Sin embargo, el despacho concluyó que “pese a los requerimientos efectuados se tiene que Miguel Abraham Polo Polo no ha dado cumplimiento íntegro al numeral sexto de la sentencia proferida por la Corte Constitucional el día 4 de septiembre de dos mil veinticinco 2025”.

La orden del alto tribunal exigía al congresista “reconocer y publicar en sus redes sociales una disculpa pública en la que reconozca la naturaleza legítima de la instalación ‘Mujeres con las botas bien puestas’, su origen como ejercicio de memoria de víctimas del conflicto armado, y el carácter inexacto de sus afirmaciones sobre un presunto pago a las creadoras de la exposición artística, las madres integrantes de la Asociación de Madres de Familia de Falsos Positivos”.

De acuerdo con el juzgado, no existe evidencia en las redes sociales del representante que demuestre el cumplimiento integral de esa orden. “Debido a lo ordenado por la alta corporación, este despacho evidencia que dicha orden no fue acatada íntegramente, pues no obra en las redes sociales del querellado Miguel Abraham Polo Polo prueba de que se hubiese publicado una disculpa pública conforme lo dispuesto por el tribunal constitucional y bajo el término ordenado”, señala la decisión.

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El despacho evaluó un video publicado por Polo Polo, en el que afirmó: “Lo reconozco por orden de la honorable Corte. Como dije anteriormente, nunca me referí a las señoras de la MAFAPO y no sabía quiénes eran (…) dejo claro que no me consta que las señoras de la MAFAPO recibieran un pago por dichas manifestaciones”. Además, manifestó: “Les presento disculpas (…) si en mi video se sintieron aludidas. Esa no fue mi intención”.

No obstante, el juzgado concluyó que se trató de una “disculpa hipotética”, al considerar que la expresión “si se sintieron aludidas” trasladaba la responsabilidad a las víctimas. “La Corte no le ordenó manifestar una duda o una falta de constancia probatoria personal; le ordenó reconocer la inexactitud de su dicho. Declarar que ‘no le consta’ el pago equivale a mantener una sospecha latente sobre la honorabilidad de la Asociación MAFAPO, desatendiendo el mandato de rectificación definitiva”.

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Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026, más de 12.000 personas ha sido víctimas de desplazamiento forzado en Colombia por culpa de los grupos armados. Así lo dejan ver las más recientes cifras publicadas por la Defensoría del Puelo en su Boletín de Movilidad Humana, que da cuenta de los meses y zonas del territorio nacional donde la problemática fue más evidente.

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De acuerdo con el documento, solamente en mayo de este año 2.799 personas tuvieron que abandonar sus hogares por 15 eventos de desplazamiento forzado masivo. A su vez, a otras 15.045 se es restringió su movilidad por la violencia.

Los datos presentados por la entidad dan cuenta de “el confinamiento se posiciona como el mecanismo más usado por los grupos armados ilegales para ejercer el control territorial”. De acuerdo con la Defensoría, “mientras se apoderan de los corredores estratégicos y las economías ilegales, las comunidades quedan encerradas, con serias dificultades para acceder a alimentos, servicios de salud, educación y otros derechos esenciales”.

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El informe detalla que los eventos de confinamiento en el país se concentraron en Caquetá y Putumayo, y los desplazamientos en Antioquia, Bolívar, Cauca, Guainía, Guaviare, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca. Sobre los desplazamientos en el último mes, el documento da cuenta de que casi la mitad estaba en El Tarra y Tibú (Norte de Santander). También se reportaron hechos en Barrancominas (Guainía), Buenaventura (Valle del Cauca) y Roberto Payán y Linares (Nariño).

El boletín de la Defensoría de Pueblo también expone que “el desplazamiento y el confinamiento continúan impactando en mayor medida a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes”. Por ejemplo, entre enero y mayo de este año los desplazamientos forzados afectaron directamente a 13 comunidades afrodescendientes y 14 comunidades indígenas. De igual manera, el confinamiento afectó territorios habitados por 25 comunidades étnicas, de las cuales 19 son indígenas y 6 afrodescendientes.

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Según la entidad, “estos hechos sitúan a estas comunidades en un lugar de doble vulneración, pues ven afectadas la garantía de sus derechos fundamentales, la permanencia en sus territorios, sus formas de vida, su cultura, así como sus procesos de autonomía comunitaria”.

Por otra parte, la Defensoría resaltó que en los primeros cinco meses del año 44.597 migrantes estuvieron en tránsito irregular por Colombia, lo que dio cuenta de una reducción del 38,7 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 72.699 personas migrantes. Por ejemplo, el flujo de migrantes desde Panamá hacia Colombia disminuyó un 61,2 %, pasando de 10.246 personas entre enero y mayo del 2025 a 3.980 personas en el mismo periodo del 2026. Según la entidad, “esta tendencia está relacionada con el endurecimiento de las políticas migratorias en países del norte del continente y el aumento de las deportaciones”.

En su boletín, la Defensoría del Pueblo también expuso que mayo también estuvo marcado por un avance significativo en materia de protección de derechos, pues se expidió la Ley 2577 de 2026, em la que se reconoce el desplazamiento forzado interno asociado al cambio climático, la degradación ambiental y los desastres. El documento resalta que esa norma, dentro de otras cosas, “crea el Registro Único de Desplazamiento Ambiental y establece mecanismos para identificar, proteger y atender a las personas, familias y comunidades afectadas por este tipo de fenómenos”.

Asimismo, el documento da cuenta de que entre enero y mayo de este año la Defensoría les hizo seguimiento a 23 eventos de movilidad forzada relacionados con factores ambientales, que provocaron el desplazamiento de 25.453 personas. En sus cifras quedó expuesto que Córdoba es el departamento con mayor afectación, seguido por municipios de Nariño, Cauca y Norte de Santander.

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Un hombre, apuntado con un arma, se arrodilla en el suelo y suplica que no lo maten mientras afirma que su esposa acaba de dar a luz recientemente. La escena ocurre en el sector de El Dividivi, en Riohacha (La Guajira). Quienes sostienen los fusiles son hombres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), liderados por alias “Naín”, jefe del comando menor de ese grupo.

Este mismo grupo, el pasado 15 de junio, generó más de siete bloqueos en la Troncal del Caribe, corredor vial que conecta a La Guajira con Magdalena. La acción fue una represalia por las operaciones de la fuerza pública, que intenta retomar el control del territorio.

Aunque las autoridades confirmaron que la movilidad en la Troncal ya fue restablecida, la situación para los habitantes de La Guajira sigue siendo compleja debido al control armado de las ACSN. En diferentes videos que circulan en redes sociales, se ve a alias “Naín” amenazando a pobladores y exigiendo información sobre otros jefes de bandas delincuenciales que se disputan economías ilícitas como la extorsión y el narcotráfico.

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Este escenario de violencia ha sostenido durante meses una crisis humanitaria en el departamento, donde el grupo armado ha anunciado paros armados y cometido asesinatos selectivos.

La guerra de las ACSN contra grupos como el Clan del Golfo desató, el pasado marzo, confinamientos en poblaciones indígenas de la zona rural de Aracataca (Magdalena). Un niño de seis años y un adulto de 92 años fueron dos de las víctimas mortales, además de 11 heridos que tuvieron que ser evacuados en helicópteros por la fuerza pública.

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Desde entonces, las Fuerzas Militares sostienen una operación contra las ACSN que se ha expandido desde la Sierra Nevada hasta La Guajira. En ese contexto, el pasado 10 de abril se confirmó la muerte de nueve presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras, quienes harían parte del anillo de seguridad de alias “Naín”, en el municipio de Maicao (La Guajira).

Dos días después, la represalia del jefe del comando menor de ese grupo derivó en una masacre en la que la Defensoría del Pueblo confirmó el asesinato de cinco jóvenes, entre ellos un menor de 17 años.

En un video, medio que alias “Naín” acostumbra utilizar para difundir sus amenazas, aseguró que “las calles se mancharán de mucha sangre sin importar nada ni nadie” y declaró como objetivos militares a varios jefes de grupos criminales de la región, entre ellos “Jairito Herrera, Pedro Cotes de Uribia, uno de los mayores narcotraficantes y sapos de la ley; los JJ, alias Kevin Moscote, o más conocido como Kevin Masacre, y todos sus colaboradores”. En ese momento, las ACSN anunciaron un paro armado.

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Lerber Dimas Vásquez, director ejecutivo de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada, advirtió a El Espectador que el anuncio del paro armado agravaría el panorama de “violencia extrema” que ya enfrenta Riohacha, municipio que lidera la tasa de homicidios en lo corrido de 2026 en el norte del país.

De acuerdo con Dimas Vásquez, la situación en Riohacha “se supera por la cantidad de actores que están: Segunda Marquetalia, Eln, Clan del Golfo, los JJ y la Autodefensa Conquistadora de la Sierra, que se están peleando a sangre y fuego este territorio y que hoy tiene al menos tres masacres: dos de ellas en Maicao y una en Riohacha”.

La más reciente arremetida de las ACSN fue el bloqueo de la Troncal del Caribe, en respuesta a un operativo militar del pasado 15 de junio. El comandante del Ejército, el general Royer Gómez, señaló a El Espectador que la operación se trató de un asalto aéreo, que no incluyó bombardeos y “tampoco presentó un riesgo para la población civil”.

Según el alto oficial, como represalia, “la organización criminal constriñó a la población civil y la obligó a salir a la Troncal del Caribe para bloquearla”. Estos bloqueos evitaron la captura de alias “Cholo”, presunto integrante de las ACSN, y dejaron dos civiles heridos. Durante varias horas, cientos de turistas y pobladores estuvieron atrapados.

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Los bloqueos fueron levantados a la medianoche del pasado 16 de junio, según confirmó la gobernadora de Magdalena, Margarita Guerra Zúñiga. Sin embargo, al día siguiente, los videos con los hostigamientos armados de alias “Naín” en La Guajira ya circulaban en redes sociales. Mientras se observa a algunos hombres obligados a colocar sus manos sobre la cabeza y mirar hacia una pared, el jefe del comando menor de las ACSN repite sus amenazas contra otros presuntos jefes de bandas delincuenciales y exige a la población que entregue información para encontrarlos.

Líderes sociales de la zona advierten que, mientras la ofensiva militar continúe en el territorio, las represalias de los grupos armados estarán dirigidas contra la población civil.

Asimismo, este panorama de violencia se desarrolla en paralelo con las negociaciones que adelanta el Gobierno nacional con las ACSN. Mientras el grupo sostiene en la mesa acuerdos para dejar a la población civil por fuera del conflicto, los antecedentes de Aracataca y la Troncal del Caribe muestran una realidad de violencia que persiste en La Guajira.

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Un juez de Valle del Guamuez (Putumayo) acaba de ordenar que se suspenda inmediatamente la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) destinadas para las disidencias de las Farc al mando de alias Walter Mendoza. La decisión se dio en medio de una tutela presentada por la comunidad indígena del resguardo Telar Luz del Amanecer, que alegó que no se realizó consulta previa.

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De acuerdo con la decisión del juzgado promiscuo municipal de Valle del Guamuez, la comunidad presentó la tutela señalando que el Ministerio del Interior, la Presidencia de la República, la Dirección de Consulta previa y el comisionado de Paz les vulneraron el derecho a la consulta previa, la defensa y el debido proceso. La comunidad indígena consideró “irregular el trámite dado a una actividad estatal por la omisión de la consulta previa que es de obligatorio cumplimiento, pues entiende que no se han respetado las reglas del debido proceso y no se le ha garantizado su defensa en forma legal”.

El despacho intentó contactar a las entidades del Gobierno Nacional señaladas, pero ninguna respondió a la tutela. Como resultado, ordenó “la suspensión inmediata de la ejecución de obras, adecuaciones y cualquier actividad derivada de la Resolución 053 del 25 de febrero de 2026 en la Zona de Ubicación Temporal “Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal de Valle del Guamuez” (ZUT-ZOCIUT), hasta tanto se surta el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada con el Resguardo Indígena Telar Luz del Amanecer".

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Se tiene previsto que desde este jueves 17 de junio inicie el traslado de 99 hombres de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) para que inicien su tránsito a la vida civil en el marco de la política de Paz Total del Gobierno. Ese traslado, según dijo el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, se realizará en helicópteros contratados por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño.

Aunque inicialmente estaba previsto que los integrantes de esa disidencia llegaran por tierra a la ZUT, el general López le advirtió a la cúpula militar que la Fuerza Pública no tiene las condiciones para garantizar la seguridad de los desplazamientos terrestres por las extensas zonas que deben atravesar los distintos grupos hasta el punto de concentración. Fue él mismo recomendó que el traslado se hiciera de forma aérea.

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Para que se materializara el traslado, el Ejecutivo suspendió las operaciones ofensivas militares y especiales de Policía contra integrantes de los Comandos de Frontera —la estructura adscrita a la CNEB que opera en Putumayo— y que hacen parte del listado reconocido por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz para el desplazamiento a la zona de ubicación.

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Siete bloqueos mantienen paralizada la Troncal del Caribe, un corredor clave del norte del país que conecta Magdalena con La Guajira. El comercio está cerrado, mientras turistas y campesinos se encuentran atrapados, y organizaciones de derechos humanos exigen un corredor humanitario para evacuarlos. La situación se originó tras una operación de las Fuerzas Militares, el pasado 15 de junio, que derivó en combates entre la fuerza pública y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). En represalia, este grupo criminal anunció un paro armado en el corredor vial, que hoy afecta el tránsito desde Santa Marta (Magdalena) hasta Dibulla (La Guajira). Los combates, que iniciaron en la vereda Quebrada del Sol, en zona rural de Santa Marta, también obligaron al confinamiento de comunidades indígenas kogui.

Aunque los bloqueos se mantienen desde ayer, la gobernadora de Magdalena, Margarita Guerra Zúñiga, denunció una “inexplicable demora” por parte de la Policía “para intervenir y restablecer la movilidad en la Troncal del Caribe”. La funcionaria señaló que actualmente “hay cientos de ciudadanos afectados: menores de edad, adultos mayores y turistas atrapados en medio de siete bloqueos que mantienen aislada una parte fundamental de nuestra región”. Guerra agregó que tropas del Ejército se encuentran listas para intervenir, pero “la directriz para el ingreso de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) no llega. Cada hora de retraso agrava la situación humanitaria y pone en riesgo a la población civil”.

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Al inicio de la operación militar contra las ACSN, comunidades indígenas y campesinas denunciaron bombardeos que pusieron en riesgo a civiles. Sin embargo, el comandante del Ejército, el general Royer Gómez, explicó a El Espectador que la operación de las Fuerzas Militares se trató de un asalto aéreo, que no incluyó bombardeos y “tampoco presentó un riesgo para la población civil”. Según el alto militar, como represalia, “la organización criminal constriñó a la población civil y la obligó a salir a la Troncal del Caribe para bloquearla”. Estos bloqueos evitaron la captura de alias “Cholo”, presunto integrante de las ACSN, y dejaron dos civiles heridos. Asimismo, la estación de Policía de Buritaca, ubicada en la Troncal, fue atacada con drones, dejando un uniformado herido.

La situación de seguridad que hoy se presenta en la Sierra Nevada cuenta con antecedentes de varios meses. Por un lado, las hostilidades de las ACSN, que incluyen extorsiones, llevaron a que el pasado 19 de febrero el Gobierno ordenara el cierre, durante 17 días, del Parque Tayrona, en Santa Marta. Un mes después, combates entre las ACSN y el Clan del Golfo, el segundo grupo armado con mayor presencia en la región, desataron una crisis humanitaria en zona rural de Aracataca (Magdalena). Un niño de seis años y un adulto de 92 años fueron dos de las víctimas mortales, además de 11 heridos que fueron evacuados en un corredor humanitario del Ejército el pasado 10 de marzo.

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Ahora, frente a los nuevos impactos que deja este paro armado, Lerber Dimas Vásquez, director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada, señaló que gran parte del comercio y la movilidad en Santa Marta y Dibulla se encuentra afectado. “No es posible que una ciudad como Santa Marta se paralice frente a una gobernanza criminal que está en el territorio, y tampoco se puede permitir que, frente a alguna acción militar, se presenten bloqueos y una crisis para los pobladores y turistas”. Las organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que hasta ahora no hay un balance oficial de afectados, por lo que solicitaron la presencia de entidades como la Defensoría.

Con el riesgo de que el paro armado se extienda y pueda afectar las elecciones del 21 de junio en la región, el experto en seguridad y profesor de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, señaló que este panorama se encuentra condicionado a la prolongación de la ofensiva militar. “De igual forma, ya se causó un daño significativo al sector comercial porque los combates se escucharon en muchas de las zonas turísticas”. Para Trejos, la operación “es una reacción muy tardía del Estado contra un grupo con el que mantiene diálogos, al que no lograron darle un golpe significativo y tampoco contuvieron la reacción del grupo, que hoy produce todas esas afectaciones a la población civil. Es la muestra de un gobierno débil”.

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A la espera de que las autoridades puedan garantizar la plena movilidad en la Troncal del Caribe, se mantiene la exigencia de las comunidades indígenas: el cese de las actividades militares en su territorio. Un líder indígena de la Sierra Nevada que, por su seguridad, pidió omitir su nombre, insistió en que la militarización “lleva a que los mismos campesinos estén obligados a crear un cerco de seguridad para los grupos armados, generando una situación insostenible para los civiles. Necesitamos ser incluidos en los diálogos y que se respalde a las autoridades tradicionales para que puedan tomar las decisiones que dejen al territorio por fuera del conflicto”.

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En las últimas horas, las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta y quienes se movilizan por la Troncal del Caribe han vivido las consecuencias de los enfrentamientos que se registran en esa zona del país por un operativo del Ejército Nacional contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), una estructura heredera de los grupos paramilitares que han operado en esa región del país desde hace décadas.

La situación ha generado bloqueos en la vía, miedo en las comunidades y nuevos cuestionamientos sobre el rumbo de los diálogos que ese grupo armado mantiene con el Gobierno de Gustavo Petro en el marco de la política de paz total.

Las ACSN emitieron un comunicado en el que cuestionaron la ofensiva militar, y aseguraron que contradice los acercamientos de paz que sostienen con el Ejecutivo y que deteriora la confianza en el proceso. “El gobierno de Petro y su Oficina de Paz nos ataca con asalto armado en la Sierra Nevada. Hace una semana vino el comisionado, señor (Mauricio) Silva –delegado del Gobierno en esa mesa–, a hablar de paz y de la necesidad de seguir trabajando. ¿Esta es la paz que quieren? ¿Quién puede confiar en un gobierno así?”, señaló la organización armada este 15 de junio.

El grupo también señaló que supuestamente ha dado instrucciones para disminuir las acciones armadas y que ha respetado la presencia de la Fuerza Pública en el territorio. También se refirió a las afectaciones humanitarias que dejó el ataque en la vereda Quebrada del Sol. “Quieren hablar de paz y se meten a pueblos indígenas y atropellan campesinos inocentes, mototaxistas. Hay niños indígenas de colegios asustados y corriendo”, indicó.

Además, sostuvo que las medidas adoptadas para facilitar los acercamientos con el Gobierno han resultado insuficientes frente a las operaciones militares que continúan en el territorio. “Nos congelan órdenes de captura para hablar con comunidades de paz y la respuesta es esperar y atacarnos por la espalda. Nosotros, desde el día cero, le dijimos sí a la paz y vamos a hablar con comunidad internacional, ONU y OEA, como veedores garantes”, escribió el grupo.

En medio de los enfrentamientos, también comenzó a circular en redes sociales un comunicado atribuido a las ACSN en el que se anunciaba para este 16 de junio el “cierre total de establecimientos, tiendas y restaurantes” en varios sectores de la Troncal del Caribe. El documento, que fue desmentido por el mismo grupo armado, aparecía firmado por “Bendito Menor”, uno de los comandantes de esa estructura armada, quien tiene 26 años.

Naín Pérez, el nombre detrás de “Bendito Menor”, se ha convertido en una de las caras más visibles de las ACSN. Sus publicaciones en redes sociales, en las que suele exhibir armamento y lanzar mensajes amenazantes, incluso contra el presidente Petro, lo han convertido en una figura controvertida para las conversaciones que sostiene el grupo con el Gobierno.

Horas después de la difusión del documento, las ACSN escribieron que el comunicado “es totalmente falso, no hemos dado ninguna instrucción. ACSN vela por el bien común. Santa Marta, Troncal del Caribe y La Guajira pueden abrir con total tranquilidad sus negocios”.

“La comunidades exigen respuestas y diálogos”

Aunque el grupo armado asegura que en la Troncal Caribe se puede continuar con tranquilidad las actividades cotidianas, las confrontaciones en la Sierra Nevada dejan a las organizaciones sociales y comunidades sumidas en la preocupación.

“Esto es inaceptable y no es una forma de resolver conflictos. Puedo entender las molestias de un frustrado proceso de paz, pero esta acción daña la economía turística y genera incertidumbre de con quiénes se puede interlocutar”, escribió en su cuenta de X Lerber Dimas Vásquez, director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada (PDHAL).

A través de las redes sociales de esa organización, se ha venido actualizando lo que ocurre en el territorio. Este martes, la plataforma informó que “el paro en la Troncal del Caribe sigue. Anoche las comunidades permitieron la salida de los vehículos represados pero volvieron a cerrar. Exigen respuestas y diálogos”.

La PDHAL describió, además, un panorama que contradice la imagen de contención que el grupo proyectó en su comunicado: “El actor armado sigue cruzando una línea muy delgada entre el desafío y el terrorismo”, escribieron desde la plataforma.

Las consecuencias de la confrontación sobre las comunidades indígenas también han alertado al Cabildo Arhuaco del Magdalena y La Guajira, que señaló que las acciones armadas registradas en el territorio ancestral de la comunidad de Kandumake han afectado a la población civil arhuaca y representan una amenaza para la pervivencia física y cultural del pueblo indígena.

“Estos actos constituyen una grave transgresión al equilibrio espiritual del territorio, una vulneración directa a la integridad de nuestras comunidades y una amenaza contra la pervivencia física y cultural de nuestro pueblo”, señaló el Cabildo. En su pronunciamiento recordó además que la Sierra Nevada de Santa Marta “no es solamente un espacio geográfico; es el corazón del mundo, territorio sagrado donde se sostiene el orden de la vida”.

El cabildo pidió a todos los actores armados, legales e ilegales, “el cese inmediato de cualquier forma de presencia, confrontación o acción bélica dentro de nuestros territorios ancestrales” y reclamó medidas urgentes para proteger a las comunidades.

“Exigimos al Estado colombiano el cumplimiento efectivo de su deber constitucional de proteger a los pueblos indígenas, garantizando nuestra autonomía, la integridad territorial y el respeto a nuestros derechos fundamentales”, agregó el comunicado.

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El segundo bombardeo adelantado por las Fuerzas Militares en Chocó contra el Clan del Golfo dejó nueve muertos que, al parecer, era integrantes de ese grupo armado. De acuerdo con las autoridades, las operaciones se adelantaron específicamente en el municipio de Nuquí.

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Los operativos fueron adelantados por tropas del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial, apoyados por uniformados de la Policía Nacional. Además de los presuntos integrantes muertos, las autoridades reportaron la incautación de varias armas.

De acuerdo con la información reportada, fueron incautadas nueve armas largas, proveedores de diferentes calibres, material de comunicaciones y varios uniformes de organización criminal. Según manifestó la fuerza pública, la operación “representa una afectación significativa a las capacidades armadas y logísticas de la Subestructura Jhon Fredy Orjuela”.

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El primer bombardeo en contra del Clan del Golfo en Chocó fue el pasado 31 de mayo, día de la primera vuelta presidencial. Así lo confirmó el comandante de las Fuerzas Armadas, el general Hugo López, quien aseguró que los hechos ocurrieron a primera hora de ese domingo en límites de los departamentos del Chocó y Valle del Cauca.

“Las Fuerzas Militares continuamos con el desarrollo de las operaciones en todo el territorio nacional contra cada una de las estructuras criminales que delinquen a lo largo y ancho del país”, señaló el comandante en esa ocasión.

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