Hace cuatro años Colombia conoció un resumen doloroso sobre sí misma: el Informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, titulado “Hay futuro si hay verdad”. A puertas del décimo aniversario del Acuerdo de Paz –que se cumplirá el próximo 24 de noviembre– y de la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella, resurgen las preguntas sobre el futuro de las recomendaciones que dejó la Comisión.


Marta Ruiz, periodista y excomisionada de la Verdad, lidera Acuérdate de la Verdad, un proyecto que nació en 2025 para mantener vivo ese legado. En entrevista con Colombia+20 hace un balance del cumplimiento de las recomendaciones y los riesgos que ve para la construcción de paz en los próximos años.


¿Qué tanto cree que se han cumplido las recomendaciones del Informe final?


Hace cuatro años el presidente Gustavo Petro se comprometió a cumplir a rajatabla las recomendaciones. Creo que hubo mucha voluntad política en la mayoría de los temas, pero más allá de la voluntad, las mismas recomendaciones se han enfrentado con dificultades de tipo más estructural y, digámoslo así, con una correlación de fuerzas en el Congreso y en otros ámbitos de la política para poder sacarlas adelante.

Por ejemplo, muchas de las recomendaciones en materia de seguridad se han hecho de manera más lenta y menos contundente, porque hacer cambios en las Fuerzas Armadas es una cosa muy compleja. Lo mismo ocurre con los cambios propuestos en la política de drogas, donde este Gobierno tuvo la voluntad política, pero no la correlación de fuerzas para hacer un cambio profundo.


Entonces, yo digo que el balance tiene claridades y oscuridades, pero lo que sí quiero destacar es que hubo mucha voluntad política de cumplirlas. Y que en varios ministerios esto siempre estuvo presente, cumplir.

El quinto informe de seguimiento señala que en 2025 el país atravesó una de las peores crisis humanitarias de los últimos años. ¿Qué nos dice eso sobre el cumplimiento de las recomendaciones?


La Comisión recomendó mantener abierto el diálogo con todos los actores de violencia, y eso es importante. Independientemente de lo que uno opine de la paz total o no, nosotros creemos que el camino es el diálogo para resolver la violencia armada en Colombia.

Ahora bien, nuestras recomendaciones son de corto, mediano y largo plazo. Eso requiere un esfuerzo mucho más grande que el de un gobierno de cuatro años.


Por ejemplo, el cambio de las economías ilegales, que fue muy importante para nosotros en el análisis que hicimos de los territorios. Eso requiere un esfuerzo mucho más grande que el de un gobierno de cuatro años.

Entonces, creemos que no ha habido la capacidad o no se ha logrado un esfuerzo suficientemente integral, rápido y contundente para que ciertos territorios se transformen desde sus economías, su cultura, su política y sobre sus relaciones de poder.

Y por eso nosotros siempre dijimos que la paz necesita una construcción de toda la sociedad que decide que la paz es su proyecto de Nación. Pero Colombia sigue dividida en torno a la paz y, finalmente, en torno al proyecto de nación que quiere.

Hay dudas de cara a lo que viene con el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. ¿Le preocupa que vaya en contravía de las recomendaciones del Informe final?


Creo que sí. Todo lo que él propone va en contravía de lo que propuso la Comisión. A mí me parece importante señalar que la Comisión escuchó e hizo un análisis de los factores más estructurales que explican la continuidad permanente de la violencia y de la guerra en Colombia. Los factores que señala la Comisión son los que nosotros creemos que hay que trabajar para que no se repita.

Creo que si un presidente va completamente en contravía de la evidencia que muestra cuáles son esos factores, inevitablemente vamos a continuar en medio de la violencia.

Las políticas que plantea Abelardo de la Espriella ya se han probado en Colombia y, lejos de darnos unos resultados espectaculares, no han resuelto estratégicamente las dinámicas de violencia. Es decir, fumigar ya se ha probado y no sirve para resolver el problema. Segundo, ir y matar a unos jefes como él dijo. Colombia ya ha matado a todos los narcos que ha querido y los ha extraditado. Ese no es el problema. Si él quiere otros cuatro años de probar lo mismo, pues nos va a dejar —según nuestro pronóstico— anclados en los mismos problemas.


El nuevo gobierno llegará cuando falten apenas unos meses para que se cumpla el décimo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz. ¿Qué aspectos del Informe final considera más urgentes de retomar para evitar que el país siga repitiendo sus ciclos de violencia?


Tengo la impresión de que Abelardo no ha cogido el Acuerdo de Paz para decir: “Voy a acabar con él”. Incluso se quedó callado con lo de la JEP, como que alguien le dijo que era una reforma constitucional muy compleja.

Pero el tema de drogas es donde más se aleja, y además es el tema central hoy en día. El otro sería el militarismo, es decir, la noción que tiene de lo que es el conflicto social en Colombia, como una amenaza que hay que tratar militarmente, son los grandes retrocesos.

Él va en contravía de lo esencial del Acuerdo de Paz, del alma del Acuerdo, que es justamente que tenemos que salir del círculo de la violencia y construir una paz territorial.

Él no tiene la paz en su lenguaje; no existe. Todo lo que hace va en contravía del Acuerdo de Paz porque él no concibe la paz como un horizonte ni como una necesidad existencial de Colombia. Él lo dijo muy bien cuando usó la expresión “paz romana”, que es una paz donde se impone la fuerza y se gobierna desde la mano dura. Eso es exactamente lo contrario de lo que se buscó con el Acuerdo de Paz.

Tampoco creo que tenga una noción de la justicia restaurativa. No le interesa, quiere hacer cárceles para todo el mundo. Entonces, yo creo que todo en él es contrario al Acuerdo de Paz.

Hay otro tema con el que De la Espriella se va encontrar y es el de la violencia contra firmantes de paz y los líderes sociales. ¿Qué tan lejos está hoy el Estado de cumplir esa recomendación de garantizarles la seguridad?

El Estado no ha podido cumplir con eso, ni siquiera este gobierno. También han continuado los asesinatos de líderes sociales. Vuelvo y digo: si no entendemos que esos son problemas sistémicos y estructurales que tenemos que abordar, los resultados seguirán siendo limitados. Los presidentes pueden ayudar mucho a que las cosas mejoren, pero tampoco pueden resolverlo todo por sí solos.

El gobierno de Petro lo demuestra, porque tuvo voluntad, pero las realidades rebasaron esa voluntad. Entonces, yo creo que esa es una gran preocupación. Yo no quiero saber qué estará sintiendo la gente desmovilizada de las FARC en este momento frente a este gobierno.

Creo que un gobierno que entra estigmatizando, que hizo campaña señalando, genera temor. La Comisión encontró una conexión muy fuerte entre la estigmatización y los hechos de violencia reales. Es decir, muchas veces la estigmatización precede a la violencia, legitima la violencia y la activa. Esto aplica también para Petro, que es un hombre muy estigmatizante.

Desde que se firmó el Acuerdo de Paz no hemos tenido un clima propicio para la paz. Hemos tenido momentos. Petro, cuando arrancó, generó esa sensación, pero muy rápido empezó a insultar a todo el mundo. Y la paz necesita un clima, un espíritu, una disposición colectiva. Incluso necesita cierto silencio.

¿Qué falló en la paz total para que no se diera ese clima necesario para avanzar en las recomendaciones?

Creo que no hemos tenido la serenidad suficiente para evaluar la paz total. Tiene, si se quiere, un pecado original —aunque es difícil llamarlo pecado— y es preocuparse por bajar la violencia y generar un clima humanitario. En muchas regiones estos acuerdos ayudaron a disminuir la violencia, pero en muchas otras no, porque son grupos que se han fracturado y tienen disputas entre ellos por los recursos.

Yo creo que Colombia sigue atrapada en buscar soluciones a la violencia armada, cuando en realidad tiene que buscar soluciones para las poblaciones donde están esos grupos. Es decir, el tema de las economías.

Hay cosas que han funcionado y cosas que no. Y en general, como era una apuesta tan ambiciosa, uno puede decir que es un fracaso porque si algo no ha sido es total.

Son muy poquitos los logros, pero eso no quiere decir que no hubiera que insistir en procesos de este tipo. Yo creo que había que hacer el esfuerzo. Tuvo muchos problemas de diseño, de enfoque y de implementación. Lo que pasa es que no puedes dejar que tu política de paz sea toda tu política de seguridad.

Para mí, el gran error de la paz total fue que actuó con una lógica parecida a la negociación de La Habana. Es decir, les dieron una estructura política y no entendieron a qué se estaba enfrentando.

¿Cree que el país se ha ido olvidando del Informe final de la Comisión de la Verdad y de las recomendaciones que dejó?


El informe fue pensado para el largo plazo. No es un informe sencillo, sino una explicación compleja, estructural y sistémica de lo que pasó en Colombia. Creemos que ese informe va ganando sedimentación con el tiempo. De hecho, fue pensado especialmente para las nuevas generaciones. No se puede evaluar su impacto en cuatro años.

Los procesos de memoria y de transición son largos, entonces con el tiempo eso va teniendo su lugar. Además, hay sectores que no lo dejan morir. Piensa en la Constitución de 1991. Más de 30 años después seguimos hablando de ella, seguimos diciendo cuidado tocan la Constitución. Es decir, esas cosas no ocurren de un día.

Yo creo que la verdad sigue siendo un tema vigente. Hay gente que dice que hay que dejar el pasado atrás, pero el pasado sigue más vivo que nunca. De hecho, creo que eso fue una de las cosas que hizo Abelardo: decir que “Cepeda y Uribe peleen por el pasado, mientras yo me meto aquí hablando del futuro”, pero que pena decirlo pero Abelardo también viene del pasado.

El pasado sigue ahí. Uno puede darle la espalda, pero siempre hay momentos en los que las sociedades tienen que volver a revisarlo. El informe seguirá vigente mientras Colombia siga dándole la espalda a su pasado.

¿La estrategia de socialización del informe fue suficiente?

Hay un problema estructural. La Comisión entrega el informe y cierra, se liquida, se acaba. Nosotros alcanzamos a hacer dos meses de socialización y se dejó una red aliada de organizaciones de la sociedad civil que siguen haciendo un esfuerzo muy valioso, pero con sus recursos, con lo poco que tienen.

Lo ideal es que hubiera existido una institución delegataria de ese informe que, en mi parecer, pudo haber sido el Centro de Memoria, pero no lo fue. Por eso propusimos un Ministerio de la Paz, porque dijimos que debía haber una institucionalidad de la paz bajo el paraguas de un ministerio que recogiera todo lo relacionado con reparación, memoria y la construcción de políticas de paz, incluida la verdad.

También era importante mantener vivo el espíritu de construir verdad, porque la verdad no se construye hasta 2022 y ya. Entonces no hay instituciones que sigan ese legado del Estado. Se ha dicho que podría hacerlo el Ministerio de Educación, pero las instituciones tienen demasiadas obligaciones. Habría sido necesario que una institución se echara eso al hombro, y no la hubo. No se diseñó desde el principio.

El Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones tiene un mandato muy específico: hacer monitoreo a las recomendaciones. Ellos no tienen como tarea divulgar el informe.

¿Cómo nació el proyecto Acuérdate de la Verdad?


Cuando salimos de la Comisión, y me di cuenta de que la Universidad de Notre Dame iba a alojar todo el informe y los contenidos transmedia, pregunté si eso iba a estar en redes sociales, y me dijeron que no. Y pensé: gravísimo. Si eso no se mueve en redes, una página web no la mira nadie.

Entonces pensé, “hay que crear un proyecto de redes”. Es una manera de moverlo, porque si no eso se muere, se queda ahí sí como un libro publicado y ya.

¿Con qué audiencias se han encontrado?

Tenemos dos públicos. Un público de un newsletter que mandamos, que es un público afín a la Comisión. Y tenemos un público nuevo de jóvenes en redes sociales. A ellos no les interesa el mamotreto ni los documentos densos, pero sí les interesan mucho las historias pequeñas que les explican cosas.

Es impresionante cómo a la gente joven le gusta que le expliquen cosas y cómo les gustan que les expliquen cosas del pasado. Por eso optamos por un proyecto muy de redes sociales. Creemos que desde ahí motivamos a la gente a interesarse en el tema y en el informe.

Ahora, yo soy pesimista en una cosa: nadie va a leer el informe completo. La gente llega a los temas que le interesan. Ojalá algún día podamos decantar y tener una narrativa más compartida y más amigable.

En Acuérdate de la Verdad no solo hablan del pasado, también explican hechos recientes de violencia. ¿Esa es una forma de demostrar que las recomendaciones de la Comisión siguen vigentes?

Exactamente. El alma de este proyecto es esa. Es vincular el hoy con lo que dijo la Comisión. La Comisión trabajó a partir de patrones de violencia. Y la comisión lo que dice: “mire, todo esto que está pasando tiene que ver con todo lo que dijo la Comisión”.

Es la manera de dejarlo vigente para que el informe no sea una cosa del pasado muerto, sino del pasado vivo, del pasado que te ayuda a entender el hoy.

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Colombia cerró 2025 con un contraste marcado entre una grave crisis humanitaria y avances significativos en la construcción de paz.

El quinto informe del Comité de Seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad revela que, pese a que los municipios más afectados por el conflicto concentran la mayoría de los desplazamientos, confinamientos y violaciones al derecho internacional humanitario, las comunidades rurales —especialmente en los territorios PDET— persisten procesos de paz impulsados desde los territorios y se identifican transformaciones estructurales en marcha, como la reducción de la pobreza multidimensional y la extensión de los PDET hasta 2034.

Así lo evidencia también Julia Cogollo, presidenta del Comité de Seguimiento, en entrevista con Colombia+20.

El informe señala algunos avances en transformación rural, pero también advierte que 2025 fue el peor año humanitario en décadas, no solo en Catatumbo sino por las cifras de confinamiento y desplazamiento en todo el país. ¿No ve una contradicción entre esos avances y el deterioro humanitario?

Yo creo que más que demostrar de pronto que es una contradicción, lo que estamos mostrando también es una gran realidad, y es que justamente los territorios PDET coinciden con las zonas donde hay mayor conflictividad en este país. Pero eso no indica que las acciones no se puedan implementar, porque en el territorio, a pesar de que hay desplazamientos, de que hay confinamientos, la gente sigue construyendo, la gente sigue viviendo y la institucionalidad, digamos, garante de la implementación de los PDET sigue desarrollando acciones permanentemente en esos territorios, también como una manera para contener la crisis humanitaria que se vive permanentemente.

Entonces ahí el mensaje que queremos dar es que queremos mostrar una realidad realmente adversa, pero que en medio de esa adversidad sí existen situaciones de esperanza a través de la implementación misma. Entonces yo creo que es más que mostrar como esa contradicción, lo que queremos mostrar es una realidad que es compleja pero que la gente vive, y en medio de toda la conflictividad vive permanentemente transformando y construyendo paz.

Y eso lo queremos mostrar también porque nos parece que tenemos que seguir incentivando la esperanza en los territorios y la posibilidad de garantizar mayor protección institucional a las personas que viven en las zonas rurales de alta conflictividad.

¿Cómo se explica algo que dice el informe y es en que en zonas de mayor conflictividad hay más iniciativas de paz de las comunidades?

Sí. A pesar de que hay desplazamientos, de que hay confinamientos, la gente sigue construyendo, la gente sigue viviendo y la institucionalidad, digamos, garante de la implementación de los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PEDT)sigue desarrollando acciones permanentemente en esos territorios, también como una manera para contener la crisis humanitaria que se vive permanentemente. Entonces, ahí el mensaje que queremos dar es que mostrar una realidad realmente adversa, pero que en medio de esa necesidad sí existen situaciones de esperanza.

Si hay algo que nos dejó muy potente todo este proceso fue la movilización social que se generó después de la oleada paramilitar tan dura que tuvimos entre 1999 y 2007, e incluso la fuerte conflictividad entre 2014 y 2015. Las comunidades no tenían manera de incidir, no tenían forma de alzar la cabeza, y los PDET hacen una gran movilización social para reconstruirse y devolver la esperanza.

La gente hoy tiene como una carta y una agenda de paz, tanto los poderes como las recomendaciones del informe final para para el informe final de la comisión de la verdad, y eso hace que efectivamente haya una luz de esperanza. Si tú te vas a cualquier territorio.

Desde que se entregó el Informe Final de la Comisión de la Verdad en 2022, ¿cuáles recomendaciones son las que más se han cumplido y cuáles tienen mayor rezago?

Las recomendaciones con más rezago son las étnicas. Tienen un rezago muy importante, no solo en las recomendaciones como tal, sino también en la implementación el Acuerdo de Paz. Hoy las estadísticas no hacen una diferenciación ni en el diagnóstico ni en la implementación, y eso no ayuda ni a visibilizar ni a tomar medidas correctas para implementar políticas en comunidades étnicas.

El segundo factor es la discriminación estructural hacia los pueblos étnicos. Está el conflicto armado y sobre ellos están las comunidades étnicas. Estos factores hacen que se acentúe mucho más la baja implementación.

Hay recomendaciones con mucho avance. Yo creo que el tema de tierras ha avanzado significativamente. No es lo ideal, pero ha avanzado. También las recomendaciones sobre mujeres rurales: hay entregas, iniciativas productivas, programas de la URT, y eso muestra un avance significativo que es importante destacar.

Petro dijo en su discurso que cumpliría “a rajatabla” las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y este podría ser casi de los últimos informes que reciba su actual gobierno. ¿Ve señales reales de compromiso con el cumplimiento de las recomendaciones?

Cuando inició el gobierno de Gustavo Petro, en su campaña, dijo que iba a cumplir las recomendaciones. Yo considero que no tenía la total dimensión de eso porque hay recomendaciones que no se cumplen ni siquiera en el mediano plazo y muchas dependen del Congreso.

Insistimos en que se concretaran en política pública, específicamente en el Plan Nacional de Desarrollo. Creemos que ha habido voluntad política, pero no todas las recomendaciones dependen del Ejecutivo. Hay recomendaciones clave como el Estatuto del Campesinado, el Estatuto de la Oposición, el Decreto 1325, que aparecen como cumplidas, pero desde el enfoque transformador las grandes transformaciones territoriales todavía no se ven.

Por eso el informe del primer semestre de 2026 será sobre las reparaciones a víctimas y las del segundo semestre de 2026 será un balance de cómo este gobierno implementó las recomendaciones, y servirá para hacer llamados al siguiente gobierno.

En el apartado de víctimas, el informe señala lentitud en la reparación, incluso tras las primeras sanciones propias de la JEP. ¿Cuál es el panorama real?

Eso justamente nos motivó a hacer el informe sexto. Hay una ralentización de la implementación de las medidas de reparación, sobre todo en lo colectivo. Las cifras muestran que la implementación es muy baja.

Los PIRC (Planes Integrales de Reparación Colectiva) tardarían 26 años en completarse al ritmo actual. Entre 2003 y 2020, en zonas PDET solo 19 planes se han implementado. La ejecución presupuestal de reparación colectiva a marzo de 2025 fue apenas del 3,2%. El 79% de los 558 sujetos de reparación colectiva son étnicos, lo que evidencia la intersección de vulnerabilidades.

Eso es lo que nos llevó a decir que aquí hay que poner una alerta muy fuerte, porque las víctimas son el centro del Acuerdo y de las recomendaciones.

¿En términos de seguridad sí se evidencia un deterioro del panorama frente al momento en que se entregó el informe de la Comisión de la Verdad?

Sí. Cuando se entregó el informe no teníamos el panorama de tantos actores armados como hoy. La Cruz Roja ha dicho que hay ocho conflictos armados en el territorio. Eso muestra un deterioro profundo de la situación de seguridad y que las garantías de no repetición están bastante críticas.

Los PDET fueron extendidos hasta 2034. ¿Ustedes respaldan esa decisión?

Sí, nosotros abrazamos esa extensión porque los PDET se convirtieron en una política pública y como política pública deben ser de cumplimiento de los gobiernos. Es una manera de protegerlos y garantizar su implementación.

Los PDET son una política importante para la no repetición, la reparación integral de las víctimas y la construcción de paz territorial. Dialogan muy bien con la implementación de las recomendaciones y eso es una de las mayores garantías de implementación.

Lea también: ¿Qué significa y qué viene tras la aprobación de la ley que amplía por 10 años las zonas PDET?

Si tuviera que dejar una sola alerta a los candidatos que compiten por la silla presidencial, ¿cuál sería?

La primera alerta es que en este proceso electoral saquen las manos de la violencia y se garantice la participación democrática, con elecciones en paz y transparentes.

La segunda es que vean las recomendaciones como una gran agenda de paz, como una hoja de ruta para seguir construyendo la paz en Colombia, y que vean al Comité de Seguimiento como un aliado estratégico.

¿Cree que como sociedad nos hemos olvidado del Informe Final de la Comisión de la Verdad?

Yo creo que en parte sí. Se ha ido olvidando el Informe Final del Acuerdo de Paz y otros documentos porque las estrategias pedagógicas son muy pocas. El responsable de la pedagogía es el gobierno.

Sin embargo, en los territorios el informe y las recomendaciones siguen siendo parte de las agendas de paz. Hay que promover el informe como un documento que reflexiona sobre las causas del conflicto armado y que da pistas para transformarlo. Hay que fortalecer la pedagogía en universidades e instituciones educativas porque ahí hay un pilar potente para lograr la transformación.

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Colombia cerró 2025 con un contraste difícil de digerir. Mientras en los territorios más golpeados por el conflicto armado se consolidan -especialmente impulsado por las comunidades- avances en transformación rural, derechos y reconocimiento de poblaciones históricamente excluidas, el país vivió la peor crisis humanitaria de las últimas dos décadas.

El deterioro no solo se enmarca en lo ocurrido en Catatumbo con los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, sino también en las cifras de desplazamiento y confinamiento. “En 2025, los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) concentraron el 60 % de los desplazamientos y más del 65 % de los confinamientos del país. Las violaciones al DIH superaron las cifras registradas en todo 2024, alcanzando los niveles más altos en casi una década, y más del 50 % de esos hechos se concentraron en esos municipios”, dice el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que se publica este viernes y que pone en evidencia una paz que avanza en políticas públicas, pero retrocede en el control efectivo del territorio.


El documento es contundente al describir el contexto. Según el Comité, 2025 fue “el año de mayor crisis humanitaria en dos décadas”, con “la cifra más alta de desplazamientos forzados en 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados”, una situación que “triplicó los registros del año anterior”. La violencia armada no solo persiste, sino que se ha intensificado en varias regiones, afectando de manera directa a comunidades que, paradójicamente, siguen comprometidas con la implementación del Acuerdo de Paz.


“Los territorios más afectados por el conflicto armado, la pobreza y el abandono estatal continúan apostándole a la paz”, señala el Comité, al analizar la apropiación territorial de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en los 170 municipios y 16 subregiones PDET.


Para sustentar esa afirmación, el informe recurre a datos que muestran transformaciones estructurales en curso. Uno de los más relevantes es la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. A esto se suma la extensión de los PDET hasta 2034, una decisión que convierte esta política en un compromiso de largo plazo y la blinda de los cambios de gobierno.


En diálogo con Colombia+20, Julia Cogollo, presidenta del Comité, confirma esa premisa y dice que el recrudecimiento de la violencia no ha detenido las acciones de paz, ni el trabajo comunitario en las zonas rurales más afectadas.

“En el territorio, a pesar de que hay desplazamientos y confinamientos, la gente sigue construyendo, sigue viviendo, y la institucionalidad sigue desarrollando acciones permanentemente en esos territorios, también como una manera de contener la crisis humanitaria”.


Avances en temas de género, retroceso en seguridad


El informe destaca que el enfoque de derechos de las mujeres es el que presenta los mayores niveles de ejecución (62 %) y resalta el impacto del Programa Especial de Adjudicación de Tierras para mujeres campesinas y pesqueras, que ha entregado más de 7.600 hectáreas a nivel nacional. Para el Comité, estos avances son claves para entender por qué, pese al deterioro de la seguridad, los territorios siguen apostándole a la paz. El documento también pone el foco en los avances normativos para poblaciones históricamente excluidas, como los pueblos indígenas y las personas LGBTIQ+, y en el giro territorial de la justicia transicional.

Las primeras sentencias de la JEP en 2025, en los casos 01 (secuestro) y 03 (ejecuciones extrajudiciales), incorporaron las voces de víctimas de territorios PDET en la definición de las sanciones propias, un hecho que el Comité considera clave para fortalecer la legitimidad del sistema de justicia.


Sin embargo, el informe no cae en triunfalismos. La lectura de fondo es clara: la paz no está garantizada. Los avances en política pública conviven con un escenario de control armado, confinamiento y desplazamiento que sigue golpeando con fuerza a las mismas regiones donde se implementan los programas de paz.

La no repetición, advierte el Comité, está en riesgo si el Estado no logra frenar la crisis humanitaria ni recuperar el control territorial.
“Cuando se entregó el informe de la Comisión de la Verdad en 2022 no teníamos un panorama de tantos actores armados y de tantos conflictos. Eso muestra efectivamente que ha habido un deterioro profundo de la situación de seguridad y que las garantías de no repetición están bastante críticas”, dice Cogollo. Por eso, el documento insiste en que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad no pueden quedarse en el plano declarativo.

El riesgo del olvido y las alertas a los candidatos


Más allá de los avances y los rezagos en la implementación, el informe deja una preocupación adicional: el riesgo de que el Informe Final de la Comisión de la Verdad pierda centralidad en el debate público. Consultada sobre si como sociedad Colombia se ha ido olvidando de ese documento, Cogollo responde con franqueza:

“Yo creo que se ha ido olvidando del Informe Final de la Comisión de la Verdad y de todos los documentos que se producen, porque las estrategias pedagógicas y las garantías de la pedagogía son muy pocas”.

No obstante, aclara que el panorama no es homogéneo y que en los territorios el informe sigue teniendo vigencia política y social. “Hay un número importante, sobre todo en los territorios, que ven el informe final y las recomendaciones como parte de sus agendas de paz” señala.

En ese sentido, hace un llamado a que el documento no sea leído solo como un ejercicio de memoria histórica, sino como una hoja de ruta para la transformación e insiste en reforzar su dimensión pedagógica.

De cara al próximo ciclo electoral, Cogollo lanza alertas directas a quienes aspiran a gobernar el país. La primera está relacionada con las garantías democráticas en los territorios más afectados por la violencia:

“La primera alerta es que, en este proceso electoral, saquen las manos de la política de las campañas, que se garantice la participación efectiva en la democracia y que logremos tener elecciones en paz y transparentes”.

Y concluye con un llamado a reconocer el rol del Comité de Seguimiento: “Que vean en el Comité un aliado estratégico para construir esa paz”.

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Este mes se presentó el cuarto informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo de la Comisión de la Verdad que recoge año tras año la implementación de las 220 recomendaciones del informe final para frenar el conflicto armado en el país.

Dentro de las principales preocupaciones del Comité está la escalada de violencia política en el país, las crisis humanitarias que estallan en puntos neurálgicos del territorio, la violencia de género y la baja implementación, factores que siguen obstaculizando el alcance de la paz grande.

En ese contexto, uno de los llamados más urgentes del Comité es que, si bien el gobierno actual ha hecho esfuerzos por implementar las recomendaciones, hay que sostener el diálogo como foco en la política, así como de cara a las próximas elecciones.

En entrevista con Colombia+20, Wilson Castañeda, presidente del Comité de Seguimiento y Monitoreo de la Comisión de la Verdad, entregó detalles sobre los escenarios de riesgo más urgentes a atender y envió un mensaje de esperanza para construir paz.

¿Cuál es su balance general de los tres años del informe final de la Comisión de la Verdad y a poco tiempo de que cumpla un año como presidente del Comité de Seguimiento?

En este momento histórico urge acelerar la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad porque si bien están vigentes, la lentitud en la implementación nos está haciendo perder tiempo importante para consolidar los mecanismos de no repetición en materia de ponerle fin al conflicto armado.

¿Cree que las recomendaciones del Informe han quedado en el olvido?

Cuando se presentó el informe final de la Comisión se identificaron dos respuestas históricas que nos permiten responder al balance del informe hoy. La primera es que el padre Francisco de Roux fue muy insistente en recordarle a la opinión pública que el informe de la Comisión de la Verdad era un bien público, construido con la ciudadanía que debía velar por la implementación de sus recomendaciones.

Este no es un informe que pertenezca a ningún sector político, sino que es un bien público y debe ser cuidado como tal. La respuesta del entonces presidente electo y la vicepresidenta a la opinión pública de que iban a cumplir el informe a rajatabla dejó en el imaginario de muchas personas que eso era suficiente, que eran las recomendaciones para el gobierno Petro.

Por supuesto el gobierno tiene responsabilidades, pero la responsabilidad frente al informe es de todo el pueblo colombiano en su conjunto: gobierno, sociedad civil, comunidad internacional.

Tres años después del informe de la Comisión de la Verdad y un año de presidencia en mi caso, identifico que hay una cierta tranquilidad en la implementación de las recomendaciones del informe final que se está convirtiendo en olvido y ese olvido nos puede pasar una factura muy grande y es que no logremos el cometido.

La razón de esas recomendaciones es garantizar una paz estable y duradera para que no volvamos a los ciclos de violencia, pero eso es lo que estamos viviendo hoy en Colombia. Que persistan esos ciclos de violencia nos debe interpelar sobre cuál es nuestro compromiso con la implementación y cómo en un momento tan complicado esas recomendaciones son una hoja de ruta para cerrar los conflictos.

¿Cómo ha visto la gestión de este gobierno siendo uno de los principales responsables en la implementación de las recomendaciones?

Este gobierno tuvo un arranque muy significativo, sobre todo cuando esbozó la construcción de plan de desarrollo que propuso incluir el artículo 8, que llevaba todas las recomendaciones al plan de desarrollo, pero que desafortunadamente esa propuesta que avanzó en Cámara, no avanzó en Senado y dejó la recomendaciones por fuera y el gobierno a través de planeación nacional sí hizo un ejercicio muy juicioso y logró incorporar 104 de las 220 recomendaciones en el actual plan de desarrollo Colombia, una potencia para la vida.

En ese mismo primer año la bancada de gobierno presentó más de 80 proyectos de ley relacionados con las recomendaciones. Cuando empieza el segundo y tercer año empezamos a ver que si bien hay esfuerzos del gobierno que se concentran sobre todo en su política de paz total, los resultados no le son favorables.

Estamos sobre los tres años del informe final y deberíamos estar rondando aproximadamente un poco más de la mitad de las recomendaciones en implementación, pero tenemos un rezago muy importante.

Hemos visto con preocupación que este año hemos tenido más de 73 líderes sociales asesinados, aumento de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y una crisis significativa en feminicidios y trans feminicidios. Esto muestra un deterioro del bienestar en territorios que le han apostado al Acuerdo de Paz.

¿De qué manera la política de paz total ha frenado o impulsado la puesta en marcha de las recomendaciones?

Cuando la Comisión de la Verdad entregó el informe fue consciente de que hay conflictos abiertos en Colombia y se hizo un llamado para que el país caminara hacia la paz grande. Este Comité encuentra una voluntad sensata del gobierno actual en su proyecto de paz total que responde a la paz grande y hemos encontrado avances significativos, pero también riesgos.

Este es un gobierno que creyendo en la centralidad de la paz tomó la decisión de sentarse con los actores, como indicaba la Comisión de la Verdad, y buscar una salida negociada. Encontramos un avance significativo en Buenaventura, Medellín y una parte de Quibdó, que son territorios que le apostaron a un proceso de paz novedoso que tiene el reto de lograr que el Congreso legisle al respecto.

Por supuesto lo que ha pasado con Comuneros del Sur donde se han logrado acuerdos más rápidos con una gran participación de la sociedad civil y las autoridades de Nariño. Sin embargo tenemos preocupaciones porque la mayoría de procesos están paralizados y nos preocupa el diálogo con ELN. También nos preocupan los ceses al fuego unilaterales o bilaterales que no se discutieron en articulación con los territorios. Otra preocupación es la ausencia de la participación ciudadana.

Hemos visto en los territorios donde se implementó el proyecto de paz total fueron territorios donde se incrementó el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Se incrementó el minado de los territorios campesinos y se aumentó el riesgo de la ciudadanía con prácticas como confinamiento en Catatumbo, sur de Bolívar, Chocó y Cauca.

¿Qué grandes avances y desafíos críticos que requieran atención urgente han podido identificar?

A lo largo y ancho del país hay un montón de personas de la sociedad civil que están dinamizando el legado de la Comisión de la Verdad. Identificamos procesos ciudadanos que realizaron en Colombia y otros países actos de memoria y de fortalecimiento del legado en acciones que dan cuenta que la sociedad está tomando en serio el llamado del informe final.

El Ministerio de Educación ha logrado avanzar en la cátedra para la paz y hay escuelas y universidad que la están impartiendo y permitiendo hacer memoria desde los escenarios educativos. También celebramos que en el último informe del Instituto Kroc se pudo reconocer que pasamos de un 51% a un 57% de la implementación del Acuerdo de Paz.

En contexto: Acuerdo de Paz superó mitad del plazo para su implementación: seguridad, su talón de Aquiles

Hay retos críticos como la concreción de un país que respeta la vida. Nos preocupa que seguimos encontrando un gran desconocimiento de los funcionarios y funcionarias públicas de su responsabilidad frente a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Todavía no logramos concretar proyectos de bienestar para los excombatientes y seguimos con una alta tasa de asesinatos. No hemos encontrado un mecanismo de protección integral que les haga pensar que lo mejor fue haber dejado las armas.

Si bien logramos una reforma de la Ley 1448, Ley de Víctimas, no logramos darle herramientas fuertes al Estado para que avance en la reparación integral y las garantías de no repetición, que es una deuda histórica.

Celebramos que la Jurisdicción Especial para la Paz por fin reabra su caso de violencia sexual, el macrocaso 11, pero después de un año no vemos avances claros y no es clara la ruta para los comparecientes.

Nos preocupa la permanencia de la violencia dentro de la política y la democracia. Eso da cuenta de una situación grave como el atentado contra Miguel Uribe. Esa es una de las recomendaciones más estructurales del informe de la Comisión y es sacar la violencia de la política no solo verbal sino también simbólica.

¿Cuál es el llamado frente a la violencia política que se mantiene de cara a las próximas elecciones?

Hay que hacer un diálogo de país que nos permita generar grandes pactos, el más urgente es sacar la violencia de la política. Estamos a un par de meses de la campaña electoral. La manera en cómo se ha subido el tono de las agresiones entre candidatos y candidatas, la ausencia de un diálogo desde las ideas y las agresiones, nos tiene hoy con un candidato presidencial en una grave situación. Hacemos un llamado urgente de que no podemos dar más espera. Pidamos a todos los partidos políticos y a todos los liderazgos políticos un pacto que ponga en el centro el diálogo. Bienvenida la diferencia en torno al diálogo, pero no permitimos ningún tipo de violencia física, verbal o simbólica.

Hagamos del diálogo nuestro único ejercicio de articulación y así podamos por fin reconciliarnos donde todos y todas las colombianas tengamos cabida y la diferencia no sea un motivo de exclusión, sino de integración.

¿Qué hace falta para alcanzar la paz grande y cuál es el llamado a la generación actual para continuar en la construcción de paz?

La Comisión de la Verdad es consciente que hay prácticas de violencia que son estructurales y que si bien hay unos responsables particulares de esas violencias son violencias que están alimentadas por unas prácticas sociales que se han naturalizado. El informe final nos desafía a hacer pactos para poner fin al patriarcado, a la misoginia, al lenguaje violento, a la agresión.

Las nuevas generaciones tienen la responsabilidad de trazar una hoja de ruta para este momento tan difícil que vivimos en el país. Debemos hacer una lectura en primera persona para saber cuál es nuestro trabajo frente al llamado estructural para alcanzar la paz. Son acciones muy concretas para responder desde cada uno.

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Este sábado, hace tres años, la Comisión de la Verdad le entregó al país el “Informe final sobre el conflicto armado en Colombia”. Fue el mismo presidente Gustavo Petro, recién elegido, quien recibió en el teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, y de manos del padre Francisco de Roux, entonces presidente de la Comisión, las recomendaciones de esa entidad que trató de explicar el porqué de la guerra que ha golpeado al país y cómo caminar hacia su terminación, pero también hacia la reconciliación.

En entrevista con Colombia+20, el padre De Roux hace un balance de lo que ha pasado en el país desde la entrega del informe, el impacto en la sociedad y los retos que todavía están pendientes por resolver. A pesar del miedo a la verdad que todavía carga el país, el padre hace un llamado urgente a detener la guerra y dice que aún es tiempo para tomar conciencia y apropiarse del “Informe final” de la Comisión.

Se cumplen tres años de la entrega de este informe. ¿Cuál es el balance que hace?


Mi sentir es que realmente en esa magnitud de cosas y de problemas que hay en Colombia, el informe de la Comisión tuvo inicialmente una presencia de muchas formas. Me ha llamado la atención encontrar la cantidad de iniciativas hechas por las comunidades, por organizaciones sociales. Creo que la sociedad colombiana se ha abierto mucho más que nunca a la búsqueda de la verdad. Nosotros entregamos lo que pudimos esclarecer sobre lo que le pasó al país en esta tragedia tan grande a partir de los testimonios de las víctimas y oyendo a los responsables. Fue un esfuerzo enorme establecer con rigor y explicar por qué nos estaban pasando las cosas. Pero estamos lejos de pensar que eso es la verdad acabada.

El informe no tiene ninguna pretensión, sin embargo, en Colombia le tienen mucho miedo a la verdad porque piensan que el informe va a contribuir a que el país se polarice más y los colombianos nos estigmaticemos y nos señalemos, diciendo que eres el culpable. El informe no es para eso, es para que comprendamos qué fue lo que nos pasó en Colombia para que tuviera que cargar con el dolor de casi 10 millones de personas.

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¿Y a nivel internacional?

Mi sentir es que realmente en esa magnitud de cosas y de problemas que hay en Colombia, el informe de la Comisión tuvo inicialmente una presencia de muchas formas. A nivel internacional, la Universidad de Notre-Dame se apropió de todo el informe de manera pedagógica y se tradujo buena parte al inglés y al francés para que con la ayuda de la embajada de Francia el informe pudiera tener comunicación.

El Banco de la República de Colombia situó en todas las bibliotecas del Banco de la República en el país, no solamente los textos de la comisión, sino también una organización pedagógica con materiales pedagógicos para que los ciudadanos que visitan las bibliotecas del Banco de la República puedan tener acceso.

¿Usted siente que la sociedad ha avanzado en la apropiación del contenido del informe?

Creo que las apropiaciones han sido sectoriales en el mundo universitario, en el mundo educativo, y también son apropiaciones parciales, de grupos de profesores que se han entusiasmado. Ha habido un programa dentro del Ministerio de Educación, pero por supuesto el programa se ha quedado corto. Ha habido esfuerzos regionales, pero cuando uno ve la totalidad de la sociedad del futuro, sentiría que para que haya una verdadera apropiación de la sociedad, honradamente nos falta mucho.

En los días de la Comisión, el impacto fue muy grande, porque todos los días, durante alrededor de 1.200 días, la Comisión tuvo una presencia pública en alguna parte del país. Eso hoy en día no se tiene.

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Yo siento que en el país hay la conciencia de que aquí pasaron cosas gravísimas y ya no hay esa especie de resistencia, de estigmatizar inmediatamente, de decir que esa verdad es una verdad izquierda o es una verdad ideologizada, sino que se entendió que hay una magnitud inmensa de víctimas que nos están diciendo una realidad gravísima de Colombia y nosotros tenemos que respetar eso. En eso ha ganado mucho el país, y si bien se mezcla el debate político y todo, pero eso nadie lo puede discutir.

En el país hay miedo a la verdad todavía, y también hay mucha resistencia a dejarse afectar, es decir, a dejarse conmover por el sufrimiento de las víctimas. De alguna forma seguimos en este desarrollo del país, donde sentimos que se están haciendo muchas cosas buenas, en el desarrollo empresarial, en el desarrollo cultural, en el desarrollo de la infraestructura urbana.

El presidente Gustavo Petro, recién elegido, recibió de sus manos las recomendaciones del “Informe final” y en su discurso de posesión dijo que las cumpliría a rajatabla. ¿Sí ha cumplido el Gobierno?

Fue muy impactante el hecho de que el presidente recogiera de mis manos las recomendaciones y me dijera voy a estudiarlas. Ahora cuando uno entra a verlo de fondo, uno encuentra que hay cosas en que el presidente se ha movido eficazmente. Por ejemplo, las recomendaciones piden una incorporación lo más rápida posible del mundo afrocolombiano dentro de las decisiones del país y también una incorporación lo más rápida posible de las etnias indígenas de Colombia, y creo que el presidente en eso ha ido muy a fondo. Que hayamos tenido un embajador en Estados Unidos afro, una embajadora de Naciones Unidas que es una mujer indígena, y por supuesto, la vicepresidenta, Francia Márquez.

Nosotros esperábamos del presidente la lucha por la reconciliación de este país y que lograra trabajar con todos los colombianos teniendo en cuenta que los intereses son múltiples porque ante todo es la cabeza de un país polarizado, dividido, asustado, entonces unifique este país. Pero se vinieron las críticas perfectamente normales y el presidente poco a poco se fue retirando de eso y entró a ser parte de la polarización del país, que era muy en contra de lo que la Comisión estaba esperando.

Muchas de las recomendaciones requerían acciones concretas del Congreso, del Ejecutivo y del sistema de justicia. ¿Cuál de estos tres poderes ha mostrado mayor indiferencia o resistencia al informe?

Es complejo, creo que las altas cortes nos han acompañado, hemos tenido buenos comentarios. He sentido la actitud del presidente diciendo que van a cumplir a rajatabla las recomendaciones de la comisión y eso ha atravesado al gobierno y por eso hay que decir que hay una disposición muy abierta en todos los niveles del gobierno. Pasar la cosa a la práctica es distinto, pero disposición hacia el informe es honradamente a todos los niveles.

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En el Congreso yo si veo problemas. Para ser claro, la narrativa de la Comisión es que aquí hubo una lucha armada y que ni la sociedad ni los gobiernos nuestros lo encontraron una solución, y que si se hubiese atajado las razones que dieron lugar al inicio de la lucha armada se habría podido resolver lo que luego se complicó. La otra narrativa es distinta. Dice que las instituciones sí han respondido, que en el país no hubo conflicto armado interno, que somos una sociedad democrática suficientemente justa que ha resuelto muchos problemas y que lo que hay son unos grupos terroristas muy pequeños. El contraste de las narrativas. Ese conflicto de narrativas es lo que está de fondo en el Congreso.

¿Cuál sería su mensaje para superar los retos?


Es urgente que nos respetemos y confiemos, y el hecho de tener puntos de vista distintos o narrativas distintas sobre las causas de los millones de víctimas que hay en Colombia no puede llevarnos a odiarnos y a aumentar el número de víctimas. Esas posiciones distintas tenemos que aceptarlas, y desde allí, escuchándonos, trabajar desde las diferencias en la construcción de esta comunidad nacional entre todos y todas. De lo contrario no habrá futuro tranquilo para los niños de Colombia mañana.

Uno de los llamados más concretos de la Comisión en general era que se necesita superar la guerra. ¿Qué lectura hace de esa llamada paz total con la que el gobierno ha querido superar esa guerra, pero también qué lectura hace del regreso de la violencia en varios territorios?


A mí no me cabe la menor duda que el presidente está jugando con una idea de que el país tiene que lograr la paz y que tiene que vivir en paz. Pero el problema es de una complejidad inmensa. Las recomendaciones que tiene la Comisión, que están todas entrelazadas entre ellas, no son un plan de gobierno, ni siquiera tampoco son un plan nacional de desarrollo. Es una apuesta ética al país. Por eso es tan importante que el país las lea y las trabaje.

No queremos tener enemigos internos y colombianos que sean enemigos internos. Eso destruye la confianza colectiva y que nos tengan que cuidar de otros colombianos porque no tenemos confianza porque las armas están en la política, como acabamos de ver con Miguel Uribe. Hay que hacer un cambio con un Ejército que esté para la paz del país.

No importa quién sea el presidente, qué aparatos militares tengamos, o hacemos estas cosas, o esto se va a continuar reproduciendo en Colombia de formas distintas.

Ese es el fondo de la Comisión, es decir, queridos colombianos, o esto lo hacemos o aceptamos que hemos resuelto continuar la máquina de víctimas y que Colombia seguirá haciendo cosas muy bellas en desarrollo, en carreteras, en ciudades, en metros, en todo, y seguirá con la máquina de víctimas, que es lo durísimo de esto.

Estos grupos armados, muy peligrosos, que hacen sufrir tanto a las comunidades porque están peleando entre ellos, están produciendo valor ahora y por supuesto, con eso cooptan a las comunidades. El país no se lo toma en serio. Y repito, independientemente de que sea presidente, si el Congreso no se entiende de fondo y se pasa todo un Congreso discutiendo cosas que no tocan la profundidad y no resuelve, Colombia va a continuar en eso.

¿Siente que el informe de la Comisión, su legado y recomendaciones quedaron en el olvido?

Estamos a tiempo de rescatarlo, de ponerlo en práctica. Entre otras porque en la historia de la sociedad siempre hay más o menos este tipo de movimiento. Luego de cinco años, diez años después, hay una reflexión de si esto se ha hecho, por qué no lo hemos puesto en práctica, y entonces se retoma con fuerza. Eso ha pasado en muchas partes, y yo espero que pase entre nosotros más temprano que tarde.

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¿Cómo evalúa el trabajo de seguimiento y de monitoreo para mantener vivas esas recomendaciones? ¿Usted cree que ha tenido el suficiente trabajo, y sobre todo el suficiente respaldo institucional para justamente hacer el trabajo de seguimiento?

Es un trabajo serio, riguroso, es un comité que hay que tener en cuenta que ellos no son funcionarios públicos, ellos utilizan su tiempo voluntario, tienen recursos para viajes y recursos para las necesidades. Cuando he visto las entregas de los informes de ellos, muy en detalle, sobre cada una de las recomendaciones y lo que el gobierno hace, yo creo que es un trabajo bueno, es un trabajo que sí debería ser mucho más escuchado por la sociedad y más movilizado por los medios cuando salen los informes.

¿Cuál es la acción más esperanzadora que ha visto en estos tres años?


Yo tendría que escoger entre los actos de las víctimas que en este proceso se abrieron a convertirse en luchadoras por la paz, que pusieron odios y dolores muy profundos, y se convirtieron en promotores de paz y generaron actos de reconciliación muy bellos. Esas cosas continúan.

Me ha impresionado, por ejemplo, la actitud de las madres de Soacha. Esto lo continúan haciendo como ejemplo de reconciliación con los militares que asesinaron a sus hijos. Y me ha impresionado también por la actitud de los militares de ponerlo todo al servicio de la paz hoy en día y de perseverar y acompañar a las madres de los muchachos que ellos asesinaron. Es el eco de un proceso de paz que quiso poner a las víctimas en el corazón del problema. Eso a mí me da mucha esperanza de que la reconciliación sea posible.

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El 28 de junio de 2022, apenas unos días después de la segunda vuelta presidencial en la que resultó electo Gustavo Petro, la Comisión de la Verdad entregó su informe final y presentó 67 recomendaciones para “esclarecer el conflicto, dignificar a las víctimas, alcanzar la convivencia en los territorios y establecer caminos de no repetición”. Fue un trabajo continuo de 1.200 días para entregar un número similar de páginas en varios volúmenes. De eso hace casi tres años.

Y aunque puede ser poco tiempo para valorar en perspectiva el trabajo y el legado de la Comisión, algunas de las personas que integraron del organismo y un grupo de expertos se dieron a la tarea de revisar siete desafíos para reflexionar sobre los aprendizajes y las lecciones aprendidas: la participación y el diálogo social, los enfoques diferenciales, el arte y la cultura, los actos de reconocimiento, el trabajo psicosocial, el legado, y la verdad en el exilio. Todos estos fueron aspectos que representaron una innovación en los formatos de comisiones de la verdad en el mundo.

“Este libro quiere ser una contribución para que el legado de la Comisión de Colombia se conozca, se distribuya y llegue al mayor número de personas posibles y de sectores diversos. Se centra en los aprendizajes, las reflexiones, la experiencia de quienes formaron parte de la comisión y de quienes estuvieron acompañándola de cerca. Unas miradas, internas y externas, que son complementarias y que merece la pena poner a dialogar”, dijo a El Espectador Fernando Travesí, director del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), entidad que junto a la Fundación Humanity United (HU) hicieron realidad el texto de 370 páginas que también fue apoyado por la Embajada de Suecia en Colombia.

La aspiración de Leslie Wingender, de Humanity United, es empezar a responder algunas de las múltiples preguntas que se hacen en el exterior sobre cómo se abordaron algunos retos en Colombia, qué se hizo en algunos casos puntuales y cómo se resolvieron dilemas y problemas, como la atención psicosocial que necesitaron las víctimas y todas aquellas personas que participaron del proceso, incluidos los equipos de trabajo de la Comisión.

Uno de los valores agregados del libro es que, para abordar los siete desafíos, algunos exintegrantes de la comisión explicaron en detalle las preguntas que se hicieron al comienzo de su trabajo y cómo fueron respondiendo a esos desafíos.

Por ejemplo, cómo garantizar una participación amplia, plural y equilibrada en un país con casi 10 millones de víctimas (muchas de ellas ya habían sido convocadas antes a ejercicios similares); con un conflicto armado persistente y con una sociedad altamente polarizada.

Gerson Arias, quien fue el director de Diálogo Social explica en el primer texto del libro cómo respondieron estas preguntas y cómo enfrentaron y resolvieron el reto del confinamiento por el Covid.

La excomisionada Marta Ruíz, por su parte, detalla cómo definieron la realización de los actos de reconocimiento de responsabilidad (en los que los llamados victimarios o perpetradores reconocían y pedía perdón por el daño causado con su actuar durante el conflicto), que ella califica como los “mayor poder transformador”. Pero también habla de la “primera estrellada” cuando no lograron consolidar el primer encuentro de este tipo entre excombatientes de las FARC y las familias de los nueve concejales de Rivera, Huila, que fueron asesinados por esa guerrilla.

A partir de ese fiasco, cuenta ella, la Comisión tuvo que redefinir una ruta que les permitiera avanzar en la construcción de confianza y lograr los objetivos del reconocimiento.

Dora Lucía Lancheros, como coordinadora del equipo psicosocial de la Comisión de la Verdad hizo un repaso sobre las reflexiones éticas y políticas que se hicieron cuando comenzó el trabajo con las víctimas y debían responder a desafíos como la expectativa de validar la experiencia del dolor y la resistencia de las víctimas, así como la aceptación de la responsabilidad de quienes generaron el daño.

En el caso de uno de los capítulos más innovadores del informe de la Comisión de la Verdad, el que abordó la afectación a cerca de cinco millones de compatriotas en el exilio, el excomisionado Carlos Beristain hace un relato de cómo afrontaron los desafíos organizativos prácticos y metodológicos para recoger, analizar y procesar 2.080 testimonios de personas que estaban en diferentes lugares del mundo.

Cada capítulo es una explicación muy práctica del qué y el cómo que con seguridad será de mucha utilidad para quienes estudian los sistemas de justicia transicional, pero, sobre todo, para las nuevas generaciones en Colombia que se puedan interesar en cómo se aborda el reto de buscar la verdad, la convivencia y la reconciliación.

Y en ese sentido, Fernado Travesí, del ICTJ, se atreve a lanzar sus propias reflexiones sobre los aciertos y desafíos de la comisión colombiana. “Un acierto fue reconocer todo lo que se había hecho en el país en materia de búsqueda de la verdad, de documentación, de análisis, Colombia lleva décadas trabajando por los derechos de las víctimas, reclamando justicia, verdad y reparación e intentando transformar el país para que la violencia cese y no se repita. Tal vez por eso, la Comisión de la Verdad tuvo un mandato demasiado amplio”.

Y también resalta que esta Comisión nació de un Acuerdo de Paz, no todas tienen ese origen y eso implicó darle un marco concreto, unas limitaciones y también una gran responsabilidad. “Se le cargó de muchísimas expectativas”, admite. “Al final no se cumplieron todas porque el mandato era incompatible con los tiempos y los recursos disponibles… y además, llegó la pandemia”.

Y remata con esta frase: “la selección de los comisionados también deja lecciones en las que reflexionar. Al final, elegir poniendo demasiado énfasis en criterios de “representatividad” hace que alcanzar consensos dentro de la comisión sea difícil pues la comisión se puede convertir en un “mini-parlamento” y se espera que la Comisión, en su plenaria, alcance consensos que el país no ha logrado nunca... Esta es una tensión presente en los procesos de selección de comisionados. ¿Cuál debe ser el perfil? ¿Técnico o activista?”.

La extensión del informe es también un desafío para la difusión y apropiación de los análisis y conclusiones. La transmedia es una buena herramienta, esfuerzos e iniciativas como este libro son contribuciones a que se acceda al trabajo de la comisión y al contenido de su informe de otra manera.

¿Cree usted que en Colombia somos un poco injustos al valorar esta experiencia?

Sí, sin duda. La polarización política de todos los procesos de transición lleva a juicios sesgados, parciales y más emocionales que objetivos. Una Comisión de la Verdad de un país debe ser como un faro, moral, ético de reconocimiento de la parte más dura y terrible de un país. Puede que ahora, desde algunos sectores, se mira a la Comisión con desdén o como un esfuerzo fallido. Sin embargo, estoy seguro de que una mirada desde la perspectiva del tiempo, le ira dando, mejor dicho, consolidando el gran valor que tiene.

El padre Francisco de Roux, expresidente de la Comisión, dice que estas reflexiones llegan en un momento del país en el que es necesario insistir en el mensaje que él le entregó al entonces presidente electo, Gustavo Petro en torno a la imperiosa necesidad de lograr un gran acuerdo entre los colombianos para lograr La Paz Grande. “Le dijimos que defendiera e impulsara sus promesas de cambio conversando con todo el país, le pedimos que incorporara a la mayor parte de los colombianos en ese diálogo porque de otra manera no es posible hacer la paz en el país”, recuerda el sacerdote jesuita.

En su concepto, la imposibilidad de llegar a ese acuerdo hace que sea necesario recordar las recomendaciones, implementar con rigor lo acordado en La Habana y proteger a los que firmaron el acuerdo, además de elevar el nivel de la paz en el país, creando el Ministerio para La Paz.

El expresidente de la Comisión reconoce que en el país persisten dos narrativas: una en la que se piensa que Colombia es una sociedad incluyente, democrática y desarrollada, en la que la violencia es producida por un grupo pequeño de criminales que deben ser combatidos. Y hay otra narrativa que sostiene que Colombia ha hecho transformaciones extraordinarias en muchos aspectos, pero todo lo ha hecho en medio de una de las tragedias humanas más grandes del mundo con más de 10 millones de víctimas y que estamos obligados a hacer cambios profundos para alcanzar la paz. Esas dos narrativas no deberían ser excluyentes, recalca.

Las regalías del libro se donarán a la fundación de Pastora Mira.

Colombia+20 tendrá una charla sobre este domingo 11 de mayo en la Filbo sobre este libro. Participarán los excomisionados Carlos Berinstain y Alejandra Miller, y la periodista Gloria Castrillón. Moderará la periodista de Colombia+20, Paulina Mesa Loaiza. El encuentro será en el pabellón 16 stand 1323 a las 10:30 a.m.

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La exposición “Hay futuro si hay verdad. De la Colombia herida a la Colombia posible”, una de las iniciativas más emblemáticas del legado de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV), cerró esta semana su primera etapa en Bogotá y empieza su gira por diferentes regiones del país. Su itinerancia nacional estará a cargo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, con el liderazgo del Museo Nacional.

La muestra hace parte del arduo trabajo para divulgar el Informe final de la CEV, un histórico documento que se le entregó al país hace poco menos de dos años, cuyo legado ha tenido obstáculos para mantenerse vigente en un país con tendencia al olvido.

¿Podrías vivir en un mundo sin verdad? Esa es la pregunta con la que inicia la exposición “Hay futuro si hay verdad: de la Colombia herida a la Colombia posible”, que estuvo abierta desde el pasado 12 de febrero en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá y que condensa, asombrosa y dolorosamente, casi 60 años de la historia de violencia en Colombia.

La exposición, creada con el respaldo de instituciones como la embajada de Alemania, la Cooperación Alemana GIZ y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, es un recurso pedagógico que presenta los hallazgos del informe final de la CEV. Con un enfoque participativo y plural, busca esclarecer el conflicto armado interno, ofrecer recomendaciones para la no repetición y generar un espacio de reconocimiento que permita la reconstrucción del tejido social.

De acuerdo con el Centro de Memoria, más de 52.625 visitantes recorrieron sus instalaciones, en su mayoría adolescentes y jóvenes, quienes participaron activamente en 533 visitas guiadas y 59 activaciones culturales bajo la consigna #UnaConversaciónPermanenteDePaís.

Con un alcance significativo en redes sociales, donde acumula cerca de 108.940 interacciones, la exposición ha sabido movilizar sensibilidades y promover una cultura de memoria y paz a través de pedagogías inclusivas y lenguajes accesibles.

El acto simbólico de entrega, encabezado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Museo Nacional de Colombia, fue realizado hace unos días y materializó el compromiso del Estado con la preservación de la memoria histórica.

La responsabilidad de mantener viva esta exposición y llevarla a otras regiones recae en estas instituciones, en colaboración con aliados estratégicos como la Embajada de Suecia, la Gobernación del Valle del Cauca y la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación de Cali. Cali será la próxima ciudad en acoger la muestra, donde se espera continuar fortaleciendo los procesos locales de diálogo y reflexión.

La itinerancia nacional de “Hay futuro si hay verdad” responde también al mandato del Decreto 588 de 2017, que reconoce la verdad como un derecho fundamental y un bien público, pero además que fue por el que se creó a la Comisión de la Verdad. En las recomendaciones del Informe final se dice que la muestra debe quedar accesible el legado de la CEV en una exposición permanente.

“Este legado permanecerá accesible en el Informe de la Comisión, su archivo, su transmedia y la exposición permanente en el Museo de Memoria de Colombia”, reza el informe en su página 727.

Tanto la falta de terminación del Museo de la Memoria -obra que está a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)- como disputas que tuvo esa entidad bajo la dirección de María Gaitán Valencia, nieta del prócer liberal Jorge Eliécer Gaitán, con la Comisión —como lo contó este diario en mayo del año pasado— llevaron a que la exposición se haya montado en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

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Su itinerancia nacional no solo contribuye a la justicia y la reconciliación, sino que ha permitido visibilizar las experiencias de las víctimas, resignificar el dolor del conflicto armado y reafirmar el poder de la verdad en la construcción de paz. Además, acerca el legado de la CEV a las regiones más afectadas por el conflicto, sino que también fortalece el proceso de sanación colectiva y promueve un entendimiento más profundo de nuestra historia reciente.

¿Cómo es la exposición?

La exposición consta de seis momentos. El primero y el segundo dan cuenta del porqué de crear una comisión de la verdad que permitiera comprender la persistencia de la guerra en Colombia, así como sus efectos en las regiones y las poblaciones vulnerables. Además, explica la metodología usada por la CEV para la creación del Informe, que tardó casi 42 meses en construir.

El tercero es sobre la Colombia herida. Allí hay una serie de paneles con las cifras de víctimas del conflicto y estadísticas por cada tipo de hecho violento, como desplazamiento, desaparición o violencia sexual. Frente a cada categoría hay videos y audios con testimonios de víctimas, sus formas de resiliencia o los pedidos que aún hoy les hacen a sus victimarios. En resumen, este punto del recorrido muestra la barbarie del conflicto y sus consecuencias en la población y el medioambiente.

El cuarto momento es una visualización de los hitos en más de seis décadas de conflicto. Es, ni más ni menos, una extensa línea de tiempo que incluye antecedentes de la violencia entre 1920 y 1957, luego el relato histórico del conflicto entre 1958 y 2017 y un epílogo que va hasta el cierre de la Comisión de la Verdad en 2022. Los períodos están agrupados por temáticas como el auge del narcotráfico, el Caguán, los Pepes, el origen de los grupos paramilitares y las conversaciones de paz, entre otras.

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El quinto momento es la Colombia adentro, un paisaje sonoro y cartográfico por las subregiones en las que la CEV abordó lo que ocurrió en la guerra.

El último momento se titula “La Colombia posible” y tiene las recomendaciones finales de la CEV y un enorme collage de palabras en las que resaltan conceptos como derechos humanos, dignidad, inclusión e igualdad. Este espacio tiene cojines para que la gente pueda sentarse y responder la pregunta: ¿cuál es tu participación?

Para más información sobre las próximas fechas y ciudades de la itinerancia, se puede consultar www.museonacionaldecolombia.gov.co y www.hayfuturosihayverdad.co.

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Esta semana usted supo la noticia, en el exilio, de que la fiscalía (514 de la Unidad de Seguridad Pública) que conoció su denuncia por las amenazas de las que fue víctima hace dos años, decidió archivar su caso sin adelantar ninguna investigación, según seguimiento que ha hecho su abogada ¿Cómo recibió esa decisión que implica que nunca se sabrá quiénes lo intimidaron?

La recibí con mucho malestar e indignación aunque no me tomó por sorpresa: esa decisión es congruente con la conducta negligente que tuvo la fiscalía desde el inicio, cuando asaltaron mi casa, el primer acto violento que hicieron en mi contra. Ese día del asalto, dos investigadores del CTI llegaron al apartamento, y me aseguraron que en menos de 24 horas me regresarían los materiales robados por “un habitante de calle”. Han pasado casi tres años y aún sigo esperando. El segundo acto violento, que agravó mi situación de seguridad personal, fue la serie de llamadas a mi celular para amenazarme de muerte. La denuncia por este caso es la que acaba de cerrar el fiscal que usted menciona y no es raro que archiven también la denuncia por el asalto a mi casa. La impunidad es un mecanismo del sistema judicial sin respuesta. Es lo mismo que ha ocurrido con los líderes ambientales, sindicalistas, periodistas, etc., que han sido atacados: un problema persistente en la historia del conflicto armado colombiano.

¿Cuándo ingresaron a su apartamento y cómo ocurrió el asalto?

El hurto a mi apartamento sucedió en la madrugada del 19 de febrero de 2022. Estaba durmiendo en mi cuarto y también dormía, en otro cuarto, un compañero de piso. Aunque el supuesto ladrón estuvo cerca de una hora en la sala del apartamento, ni mi compañero de piso ni yo nos despertamos. Funcionarios de la fiscalía recogieron videos de las cámaras de edificios y locales comerciales cercanos. En las imágenes es claro cuando un hombre con capota grande con que se tapaba la cara, ingresó por una ventana del apartamento con acceso a la calle. La abrió con facilidad, sin romper el vidrio, y entró. Un día antes, el 18 de febrero, yo había tenido un día muy intenso porque, junto con mi jefe en la Comisión de la Verdad, Alejandro Valencia, habíamos entrevistado al detenido Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, jefe de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, o clan del Golfo, de acuerdo con el plan de trabajo que se había trazado en la Comisión. “Otoniel” estaba recluido en la sede de la DIJIN (Dirección de Investigación Criminal) de la Policía, en Bogotá en donde, como se supo públicamente, habíamos tenido dificultades para poder hablar con él.

Sobre el asalto a su casa, ¿cómo es posible que ninguno de ustedes dos se hubiera despertado o hubiera sentido ruidos extraños dentro del apartamento?

Es un misterio al que no le hemos encontrado explicación. Le aclaro, por si hay dudas, que no habíamos tomado trago, no habíamos estado en fiesta y ninguno de nosotros era ni es consumidor de drogas. Simplemente, cuando nos encontramos por la noche, fuimos a una pizzería cercana a comer algo y regresamos. Nos dormimos poco después. Resalto, además, que por la forma en que el hombre abrió la ventana, sin romperla ni hacer ruido, y por lo que se llevó, era muy habilidoso. Sus movimientos al entrar y salir del apartamento, eran propios de alguien con entrenamiento. Parecía todo menos un “habitante de calle” como sostuvo la fiscalía desde el primer momento. Hoy me pregunto: ¿solo se les ocurrió esa hipótesis a los agentes del CTI? ¿Por qué y cómo llegaron a esa conclusión tan rápida? ¿Nunca trabajaron otra?

¿Qué se robó el asaltante?

Las dos grabadoras de voz en donde estaba la entrevista del día anterior, con alias “Otoniel”; un computador portátil, un parlante, mis dos celulares y mi billetera con todos mis documentos personales. Mi maletín de trabajo quedó revuelto. Todo lo que se llevó estaba en el mismo lugar, en la sala. Al principio no me di cuenta pero por sugerencia del director del CTI que había llegado por llamada que hizo el presidente de la Comisión de la Verdad a la fiscalía, revisé las bibliotecas de la sala y me di cuenta que faltaban unos libros y unos documentos que habíamos recopilado para entender las acciones de los grupos del conflicto armado. Todo lo que se llevó el asaltante se relacionaba con mi trabajo de investigador en la Comisión de la Verdad.

¿Los objetos robados eran suyos o de su compañero de piso?

El computador era de él pero estaba al lado de mis otras pertenencias por lo que el hombre que ingresó al apartamento pudo confundirse creyendo que me pertenecía. Lo demás era mío.

Entonces ¿está seguro de que ese asalto – que podría haber sido un robo de apartamenteros – se relaciona con su trabajo?

Claro. En ese momento y fecha era de conocimiento público que, junto con mi jefe, el comisionado Alejandro Valencia, estábamos entrevistando a ‘Otoniel’, como ya le conté. Las grabadoras hurtadas contenían el testimonio de la última semana de conversaciones con él ¿Quién entra a un apartamento a hurtar unas grabadoras? ¿Por qué sabía que yo guardaba las grabadoras? ¿Por qué el asaltante se llevó libros y documentos en relación con el conflicto armado? Además, con los mismos videos recopilados por la fiscalía quedó en evidencia que mi casa estaba siendo vigilada desde antes y que hubo operativos de seguimiento. La persona que ingresó a la casa lo hizo con pleno conocimiento de lo que iba a buscar.

¿Se puede concluir que las acciones violentas en su contra tuvieron origen en la información que estaba recopilando en sus entrevistas a actores armados pues, según entiendo, habló, además de “Otoniel” con otros jefes y hombres de las organizaciones criminales…

Sí, estoy totalmente seguro de eso no solo por el extraño asalto y por la fecha en que ocurrió el asalto, en particular (horas después de entrevistar a “Otoniel”), sino por lo que se llevó el hombre que ingresó ilegalmente a mi casa, además de la violación a mi privacidad laboral y personal.

¿Con cuáles funcionarios de la fiscalía tuvo usted contacto en el momento del robo de sus pertenencias de trabajo?

Con el director nacional del CTI a quien envió la entonces vicefiscal Marta Mancera. Pero después de unas semanas, nunca más la fiscalía volvió a interesarse y mi caso, tanto en cuanto al asalto como en cuanto a las amenazas posteriores, empezó a pasar de mano en mano de varios fiscales hasta hoy cuando el que cierra mi caso ni siquiera ha tenido una conversación conmigo.

Después del robo a su apartamento, usted también recibió varias llamadas intimidantes ¿Cuántas veces lo amedrentaron? ¿Cómo se identificaban los interlocutores y cómo lo amenazaron?

Me hicieron once llamadas, todas con el mismo patrón. Le entrego copia a usted de las grabaciones que hice para que escuche cómo me amenazaron (ver transcripción de una amenaza, en párrafo aparte).

¿Cuándo decidió exiliarse y por qué tomó esa decisión extrema?

Decidí salir del país cuando el Estado no fue capaz o no quiso garantizar mi seguridad pese a todo lo que estaba enfrentando. La negligencia y poca celeridad de la Fiscalía en el desarrollo de las investigaciones sobre lo que me estaba sucediendo, me demostró, además, que no tenía cómo seguir viviendo en condiciones normales. Desde el momento en que mi apartamento fue asaltado, perdí la tranquilidad; tuve que cambiar de vivienda constantemente y salir de la ciudad; puse en riesgo a mi familia y seres queridos. Entonces empecé a tratar de irme de Colombia. Con ayuda de la embajada de España salí del país, y gracias a la embajada de Noruega, he podido estudiar aquí, en donde vivo ahora.

En términos generales, ¿sobre qué hablaron con el jefe narcoparamilitar clan del Golfo alias “Otoniel”? ¿Es verdad que estaba dándoles información sobre los nexos entre esa banda y unos sectores del Estado?

Se trataba de repasar su actividad criminal desde cuando fue integrante de las milicias de las FARC, su paso por la guerrilla del EPL, su vinculación con el clan Castaño, su comandancia del bloque Centauros de las AUC, hasta llegar a ser el jefe de organización armada más grande del país, hoy, el Clan del Golfo o AGC. Como fue de público, Otoniel estaba revelando, en el sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz, la manera en que agentes de Estado – entre estos, militares y policías -, colaboraron con algunos de esos grupos armados como el bloque Centauros y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Como usted ya lo mencionó de manera tangencial, la Comisión de la Verdad denunció, en su momento, que la DIJIN había dificultado el acceso de ustedes a “Otoniel” con obstáculos como impedirles reunirse con él o interrumpir las entrevistas ¿Sucedió así o no?

Por parte de la DIJIN hubo una actitud de dilación en todo momento. Las entrevistas, como la misma prensa lo registró en esa época, fueron interrumpidas de varias maneras. Primero, no querían dejar que entráramos con las grabadoras con el argumento de que no estaban autorizadas; después, tuvimos problemas para el ingreso a la DIJIN: pese a haber tramitado todos los permisos, dificultaron la entrada del comisionado Valencia porque, según afirmaron, no aparecía en la base de datos. En otra oportunidad nos impidieron el uso de nuestros esferos porque “podían ser un arma con la cual ‘Otoniel’ se hiciera daño o intentara atacarnos”; y, finalmente, nos interrumpieron una sesión completa, nos sacaron de la celda de reclusión y nos dijeron que se trataba de un “asunto de seguridad nacional”. Por la noche, nos enteramos que había un supuesto plan para sacar de la DIJIN a Otoniel. Era absurdo pensar que alguien podía intentar la ejecución de un plan de rescate del que, en ese momento, era el hombre más custodiado del país en las instalaciones más seguras de la Policía.

“Otoniel”, ¿había manifestado su voluntad de entrevistarse con ustedes y confesar sus relaciones con agentes del Estado o se negaba a revelar sus secretos?

Él le envió una carta al presidente de la Comisión en que manifestaba su voluntad de contribuir con el esclarecimiento de la verdad del conflicto armado. Y estaba cumpliendo, revelando los patrones de violencia que perpetró en el tiempo en que fue jefe de las AUC y de las AGC.

Cuando extraditaron, de manera acelerada, a “Otoniel”, se comentó públicamente que el gobierno Duque estaría interesado en callarlo o, al menos, en dificultar las confesiones del capo ¿Coincide usted con esa versión?

No tengo prueba directa al respecto pero no hay que desconocer que, cuando “Otoniel” empezó a hablar ante la JEP, ante la Comisión de la Verdad y, en general, en el sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz, se aceleró su extradición

Además de hablar con alias “Otoniel”, ¿cuántas entrevistas adicionales realizó y con quiénes?

Como yo pertenecía al grupo de entrevistadores de la Comisión de la Verdad, tuve a cargo la toma de otros testimonios de máximos responsables de violaciones de derechos humanos, además de la realización de entrevistas que fueron surgiendo a medida que avanzaba la escritura del Informe Final. Entre las que se conocieron públicamente, hice grabaciones con Seuxis Pausías Hernández o ‘Jesús Santrich’ y con Rodrigo Granda y José Benito Cabrera o ‘Fabián Ramírez’, de las antiguas FARC; con Carlos Antonio Moreno Tuberquia o “Nicolás”, segundo al mando de las AGC o Clan del Golfo, también extraditado a Estados Unidos; y con Juan Carlos Rodríguez Agudelo, o ‘Zeus’, que también estaba involucrado con el Clan del Golfo y quien fue abatido recientemente. A esas entrevistas se les sumaron otras con varios excomandantes paramilitares, exdirectivos del extinto DAS y exjefes de inteligencia estatal.

En esas entrevistas, ¿obtuvo muchas confesiones, además de otros delitos, sobre nexos con políticos y funcionarios públicos?

Nuestra labor en el grupo de entrevistas era elaborar un cuestionario que permitiera entender las causas de la violencia, las motivaciones detrás de esa violencia y las implicaciones de los actos que se ejecutaron. Como el mandato de la Comisión lo ordenaba, debíamos esclarecer los patrones de violencia, sus hechos y las causas que explicaban por qué el conflicto armado se reciclaba con el objeto de satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas. Por el carácter oficial de nuestro trabajo, todos los investigadores estábamos cobijados por la excepción del deber de denuncia lo cual nos permitió conocer delitos en curso y aclarar, con detalles, los pormenores de las alianzas entre grupos armados, políticos, empresarios y la participación de terceros civiles en el desarrollo de la guerra, una de las grandes deudas que había dejado la Ley de Justicia y Paz. Lastimosamente el tiempo de la Comisión fue muy corto para esclarecer más de 60 años de guerra. Además, se atravesó una pandemia y, con ello, un fuerte cambio en la forma de trabajar y vivir que condicionó la toma de testimonios y actividades de la Comisión.

¿Tal vez usted se volvió “sospechoso” y sujeto de seguimientos y de planes para interferir su trabajo por parte, presuntamente, de hombres de agencias de inteligencia estatales por sus entradas a las cárceles y por sus entrevistas a los protagonistas de delitos graves cometidos en desarrollo del conflicto armado de Colombia?

No lo sé, pero sí creo que siempre ha habido interés en ocultar la verdad, específicamente en cuanto a la responsabilidad de los determinadores de crímenes graves cometidos durante el conflicto armado.

El fiscal o los fiscales que le tocaron a usted en suerte, no parecen haberle dado la importancia que tiene el hecho de que se desempeñara como investigador de la Comisión de la Verdad. La hoy clausurada entidad para la que usted trabajó, ¿se solidarizó con usted y lo acompañó en sus denuncias?

Carlos Berinstain es el único excomisionado que me ha acompañado, emocional y presencialmente, durante estos dos años y nueve meses en que cambió mi vida. Me abrió las puertas para salir al exilio con algún acompañamiento y recursos; y, desde su humanidad, me ha ayudado a transitar este periodo tan difícil. Mi cariño y admiración siempre por su coherencia integral en la defensa de los derechos humanos. Hay otros excompañeros que también han sido solidarios conmigo pero la Comisión de la Verdad, como institución, no me ofreció el respaldo que yo esperaba.

¿Cómo es posible que la Comisión no se hubiera volcado a apoyarlo si usted estaba sometido a esas dificultades debido, precisamente, a su trabajo?

El hurto a mi apartamento coincidió con la recta del cierre de la Comisión lo cual supuso que, tanto investigadores como comisionados, estuvieran enfocados en la escritura del informe final. Quizás por eso no atendieron mi caso como se debía, pese a la solidaridad que los obligaba, y a las dos cartas que le envié a la presidencia y a cada uno de los comisionados en que los informaba sobre mi situación. Sentí impotencia y frustración por la soledad en que me encontré frente a dificultades relacionadas con el trabajo de investigación y recopilación de información que se me había asignado: el mismo que, hoy, me tiene fuera de mi país. Debo decir que el presidente de la Comisión, padre Francisco de Roux, se comunicó conmigo, en algún momento, y delegó a dos personas para q la fiscalía me atendiera y para ayudarme a buscar la forma de salir del país. Pero entendí su gesto como una decisión personal.

Y su jefe directo, el comisionado Alejandro Valencia, ¿tampoco estuvo al tanto de su situación?

Después del día del asalto al apartamento, nos comunicamos con el objeto de terminar aspectos de la entrevista a alias “Otoniel”, y de corregir partes del capítulo de hallazgos y recomendaciones en que participé. Posteriormente, hablamos sobre la entrega del informe y nunca volví a tener contacto con él.

Valencia ¿no se interesó en el riesgo que usted estaba corriendo?

Mas allá de haber estado en mi casa el día del hurto, y de unas declaraciones que le dio a la prensa en esa fecha, nunca volvió a hablar conmigo de lo que me estaba pasando.

¿Cuáles fueron sus tareas asignadas en ese despacho?

Ingresé a la Comisión de la Verdad antes de que se constituyera como entidad. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) abrió una licitación para el ingreso de personal a la Comisión. Fui seleccionado junto con un grupo de investigadores con el trabajo específico de elaborar un “mapeo de fuentes” (una especie de estado del conflicto armado), y, en mi caso, la caracterización de las sentencias sobre el conflicto, tanto de Justicia y Paz como las de las cortes. En resumen, había que diligenciar una matriz en la que ubicáramos el contexto en que actuaban los actores armados y las demás personas involucradas; las decisiones tomadas en las sentencias y lo que hacía falta por investigar, por ejemplo, las compulsas de copias que nunca se desarrollaron.

E hizo parte ¿de cuáles grupos de trabajo?

Una vez que la Comisión se constituyó, formé parte del equipo de entrevistas a máximos responsables de violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Mi tarea era, específicamente, hacer perfiles de las personas que se iban a entrevistar y escribir un cuestionario detallado de las preguntas que se les iban a hacer, que se nutrían con el cruce de fuentes primarias y secundarias. También apoyé la redacción y revisión de los casos relacionados con el Esclarecimiento de la verdad y con el capítulo de Hallazgos y Recomendaciones del Informe Final.

Es claro que su trabajo y las revelaciones que estaba grabando, lo pusieron en la mira ¿Cómo vive ahora y cómo se siente emocionalmente en el lugar donde reside? ¿Quisiera volver?

Este año salí de un tratamiento psiquiátrico por depresión mayor. Terminé ese proceso de recuperación que duró más de un año y que me puso en otro plano emocional y humano. Ahora curso mis estudios doctorales, escribo unas memorias cortas del exilio y en un blog además de que, a veces, participo en espacios de discusión política con otros exiliados. El deseo de todo exiliado es tener garantías para el retorno ¿Quién no quiere volver a la casa de donde lo sacaron a la fuerza? El Estado colombiano tiene una deuda pendiente con más de un millón de ciudadanos que fuimos obligados a estar fuera del país por causa del conflicto armado.

“La decisión del fiscal me revictimiza”

En el escrito del fiscal 514 que archivó su denuncia por las amenazas en su contra, él argumentó que “no trascienden la esfera meramente personal…” y que “no alcanzaron a afectar intereses sociales…” Ese argumento parece absurdo: como si las amenazas a una persona no importaran ¿le dieron alguna explicación adicional a la decisión de preclusión?

No. Sabré si hubo otras consideraciones cuando los abogados del CAJAR que me han acompañado, en particular, Yessika Hoyos, quien me ha apoyado, presenten el recurso de reposición. Pese a ello, el daño, en mi contra, está hecho: me revictimizaron; y, aunque no espero nada de la justicia que no ha mostrado ningún interés en adelantar investigaciones serias e independientes, la decisión de este fiscal me impacta y revive el dolor emocional que he padecido por el asalto a mi apartamento, las amenazas posteriores y mi exilio forzado. Afirmar, como lo hace el fiscal, que las intimidaciones en mi contra “no afectaron intereses sociales”, significa desconocer mi rol de servidor público y defensor de derechos en la Comisión de la Verdad y el propio mandato constitucional de la entidad creada para encontrar, analizar y estudiar el conflicto armado.

Transcripción de una amenaza: “tres metros bajo tierra”

En una de esas grabaciones se escucha decir al hombre que llamó al exfuncionario de la Comisión de la Verdad, hoy en el exilio: “Dos malp… hijuep…están contratándono… Nos trajeron fotografías de usted y fotografías de la familia, dirección de la residencia y números telefónicos… Es por eso que tenemos su número. Aparte, (nos dieron) la cantidad de $15 millones en efectivo para ejecutar una muerte por encargo, un sicariato, un derramamiento de sangre en su contra… Si usted está recibiendo un comunicado de nosotros, señor, esa es la solución del problema, si así usted lo quiere porque, e la vida, hablando se entiende la gente. Yo, a usted, le vengo a hablar con pruebas: grabaciones que hicimos en donde dicen motivos, razones de por qué quieren acabar con su vida… No tenemos una certeza de quiénes son en realidad, usted los conoce mejor que nosotros ¿Por qué realizamos un comunicado? Porque lo investigamos, lo seguimos, estuvimos pisándole los talones, respirándole en la nuca y usted ni cuenta se dio. Sabemos que usted es un hombre de bien, que no se mete con nadie porque donde usted fuera un malp… hijuep…, señor Andrés, créanos, usted ya estuviera tres metros bajo tierra…”.

Con una mochila y un par de cámaras para documentar su travesía, el profesor Jordi Romero Castillo llegó hasta varios lugares del país en donde el conflicto armado golpeó con fuerza durante los tiempos de la guerra con las extintas FARC y recogió las historias de varios grupos de jóvenes que intentan hacer memoria a través de procesos creativos.

Su recorrido por Colombia hace parte de una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), que evaluó 292 propuestas para socializar el Informe Final de la Comisión de la Verdad en los territorios afectados por la violencia.

De todas las propuestas, el Pnud escogió las 10 más creativas y apoyó a los grupos de jóvenes para entregarles las herramientas necesarias para que comenzaran sus proyectos creativos en los que plasmaron el legado de la Comisión de la Verdad.

Bajo esta iniciativa, las comunidades pudieron contar cómo fueron los años del conflicto, los momentos de dolor que vivieron en la guerra y la resiliencia con la que afrontaron las adversidades.

Muchos de los proyectos estuvieron conformados por excombatientes, exmilitares y víctimas del conflicto armado, quienes se organizaron para dejar una huella después del Acuerdo de Paz.

Narrar para sanar las heridas del conflicto

“Hay varias razones para contar lo ocurrido en Colombia. La primera es que eso nos va a ayudar a sanar heridas y la segunda es para que todo lo que sucedió no vuelva a ocurrir en nuestro país”, dijo a este medio el profesor Jordi, quien acompañó los procesos creativos de varias comunidades.

Uno de los proyectos que quedó resonando en su cabeza fue el de una comunidad en Algeciras, Huila, donde durante el conflicto las balas se apoderaron del lugar, según cuentan sus habitantes.

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“Nos ha tocado ser muy resilientes. Hemos perdido nuestros amigos y familias, pero hemos sido fuertes en el territorio. La secuela de la guerra es dura, pero tenemos que recuperar a los jóvenes y la niñez”, dijo una de las habitantes de la zona.

En este espacio, unos jóvenes de Tolima y Huila hicieron una serie llamada “La Guerra de las Gallinas”, mediante la cual contaron cómo fueron los años en los que el conflicto armado tomó sus veredas.

“Las personas que hacemos parte del proyecto somos víctimas del conflicto armado, excombatientes o exmilitares que de alguna forma estuvimos involucrados y sentimos la necesidad de contarlo para que Colombia y el mundo sepa qué fue lo que pasó. Eso nos ayuda a sanar”, dijo Cenuver Giraldo, guionista y director de la producción.

En su travesía por varias comunidades, el profesor Jordi entendió que cada región del país tiene diferentes maneras de entender el conflicto y que las formas de representarlo se dan conforme a las realidades de cada espacio. Además, pudo ser testigo de la importancia de hacer la paz en los territorios, pues al final son las víctimas quienes claman que se acabe la guerra.

La importancia de divulgar el informe de la Comisión de la Verdad

En el Carmen del Daríen, en Chocó, Jordi conoció la historia de Mercedes y de otra docena de mujeres, quienes se resistieron al desplazamiento forzado y aún viven en el territorio en que lucharon contra la guerra.

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“Cuando llegaban aquellos nos tocaba a las mujeres enfrentar la situación. Salimos con miedo, yo no quisiera ni acordarme de eso. Muchos de nuestros compañeros han muerto y yo soy una que siempre le digo a los jóvenes que tenemos que luchar por nuestro territorio. No podemos tirar la toalla”, dijo una de la víctimas en diálogo con Jordi.

La comunidad de esa zona del país guarda en sus corazones la necesidad de proteger el territorio que tanto les ha costado y es por eso que hicieron del espacio un “museo itinerante” para recordar la historia del departamento.

“Estar acá nos transporta a esa época del país a la que no quisiéramos regresar nunca más. Esa época cuando las estrellas perdieron el brillo por la ira del fuego”, dijo el profesor Jordi mientras conocía el museo en Chocó.

Según Jordi, el Informe de la Comisión de la Verdad es un libro muy grande, pero es necesario buscar las maneras para conocerlo y entender qué fue lo que pasó en el país.

Las memorias del profesor Jordi en tres comunidades está plasmada en la primera temporada de una serie web que fue impulsada con el apoyo de Pnud y que busca mostrar las estrategias que se están desarrollando en los territorios para socializar el legado de la Comisión de la Verdad.

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Wilson Castañeda fue elegido el miércoles como nuevo presidente del Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad tras la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC en 2016.

Castañeda es un politólogo con doctorado en Filosofía y su trabajo es reconocido por la defensa de los derechos humanos, la paz y los derechos de la población LGBTIQ+, así como por su trabajo académico. De hecho, es el actual director de la ONG Caribe Afirmativo, que trabaja por el reconocimiento de los derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas en Colombia.

El Comité de Seguimiento al Informe Final es un mecanismo para hacerle seguimiento a la implementación de las recomendaciones que dio ese documento realizado por la Comisión de la Verdad, cuyo mandato finalizó hace dos años. El objetivo es el seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones, incluidas en el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición

El nuevo presidente estará al frente del comité hasta 2025 y desde ya ha establecido cinco prioridades para garantizar el seguimiento y la apropiación de las recomendaciones expuestas en el informe de la Comisión de la Verdad.

Como primer punto, el académico ha planteado la necesidad de poner en funcionamiento el sistema de seguimiento y monitoreo para poder tener una visión clara y en tiempo real de cómo va la implementación de lo propuesto en el Informe Final.

Su segundo objetivo está pensado en la elaboración del cuarto informe de la Comisión, el cual será presentado en junio de 2025. Para esta entrega, el enfoque será la paz territorial y se estima que el quinto informe, que será entregado en diciembre del próximo año, hable de los avances y la implementación de los enfoques de género y étnicos.

La apropiación de la verdad como “bien público” será otra de las prioridades de Castañeda en su gestión y mediante esta busca la participación activa de la población civil en procesos de memoria histórica.

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El cuarto punto será la territorialización de las recomendaciones mediante un diálogo abierto con los gobiernos regionales del país para la implementación de las recomendaciones específicas en zonas donde hay procesos de construcción de paz.

Finalmente, Castañeda trabajará en un programa de articulación con el Sistema Integral para la Paz, mediante el cual busca fortalecer las acciones conjuntas en entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPDD), para garantizar un trabajo colaborativo.

“El Comité reafirma su compromiso con la verdad, la paz y la justicia en Colombia, y bajo la dirección de Wilson de Jesús Castañeda Castro, se continuará trabajando de manera decidida para que las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad se implementen plenamente y contribuyan a la construcción de una sociedad más justa e incluyente”, se lee en un comunicado emitido por el comité este martes.

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“Un florero que se rompe” es el nuevo libro de poemas y relatos que recoge los impactos emocionales de ocho personas que trabajaron en la Comisión de la Verdad (CEV). Este grupo de exintegrantes de la entidad trabajó durante tres años escuchando los testimonios de víctimas, responsables y testigos de la guerra en Colombia, como parte del proceso de elaboración del Informe Final de la Comisión, considerado el análisis más completo del conflicto armado en el país.

¿Qué sabemos de las 800 personas que trabajaron en la Comisión de la Verdad? ¿Qué sucedió con las vidas de quienes dedicaron esos años a investigar y escuchar a víctimas, responsables y testigos de la guerra? Esas son algunas de las preguntas que llevaron a los ocho extrabajadores a abordar las secuelas que había dejado su labor dentro de esas institución.

Algunos de esos impactos dejaron heridas que ahora emergen en las páginas de este libro, que quiere ser la invitación a la sociedad a reflexionar sobre la salud emocional y mental de quienes trabajan en derechos humanos, un tema que rara vez se toca.

El lanzamiento del libro tuvo lugar el 24 de agosto de 2024 en el Ficciones Bar de Libros de Bogotá, donde se reunieron cerca de 70 personas para escuchar a los autores y reflexionar sobre sus propias experiencias. “Un florero que se rompe” presenta once relatos que reflejan los sentimientos y emociones de ocho personas que utilizaron la escritura para comprender, narrar y sanar una experiencia. El evento fue un espacio de catarsis y de conversación que se extendió a varias personas que habían hecho parte de la Comisión de la Verdad o que trabajan en la defensa de los derechos humanos.

Según el comunicado de prensa, el mismo padre Francisco de Roux, expresidente de la Comisión de la Verdad, reaccionó al libro. “Es una verdad brutal y dolorosa. No solamente de hechos físicos reales, como las jornadas violentas hasta las 9 o 10 de la noche y los dolores del cuerpo. Es también la verdad de lo que ustedes sintieron y siguen sintiendo en su interior”, dijo.

En su mensaje, De Roux dijo que se sentía responsable: “Tener esta realidad de ustedes reflejada en el libro me toca el alma y me sacude. Por supuesto, me siento responsable, con una responsabilidad moral y visceralmente humana… Hoy reconozco que desde mi lugar no brindé el apoyo suficiente a estas personas que fueron tan importantes en el proceso. Pagaron inmensos costos personales y familiares, poniendo en riesgo sus vidas y su salud emocional”. Además, hizo un llamado para futuros trabajos como el que hizo la CEV: “Cuídense primero a ustedes mismos como equipo”.

¿Cómo se realizó el libro?

El proceso que llevó a la creación de “Un florero que se rompe” fue posible gracias a un taller de escritura en el que participaron los exmiembros de la Comisión. Guiados por la escritora bogotana Eliana Hernández, y bajo el apoyo del colectivo Enramada y la Universidad de Chicago, los participantes encontraron en la escritura una forma de comprender y narrar su experiencia en la Comisión. Este ejercicio colectivo de creación sirvió también para abrir espacios de escucha y reconocimiento, partiendo de la premisa de que la escritura es en sí misma un acto de escucha profunda.

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“Los escritos de este fanzine son un intento colectivo por responder estas preguntas. Podríamos decir, simplemente, que se trató de un taller de escritura creativa para exintegrantes de la Comisión de la Verdad. Sin embargo, cuatro personas que creamos esta metodología –una poeta, un abogado, una periodista y un sociólogo–, fue más bien un espacio de experimentación que nos permitió hacer realidad un anhelo: fusionar métodos y saberes. Las ocho personas que aceptaron nuestra invitación hicieron el ejercicio de organizar en palabras su experiencia en la Comisión de la Verdad, guiadas por la escritora bogotana Eliana Hernández. Nos convocaba la escritura. Y los medios para llegar a ella fueron la respiración, el diálogo, la lectura, la escucha y la experimentación”, dice la introducción del libro.

Entre quienes escribieron el libro está Andrés Celis, investigador de la Comisión de la Verdad cuyo caso trascendió a la opinión pública por las amenazas y hostigamientos que ha recibido tras la entrevista que en febrero de 2022 le hizo a ‘Otoniel’, al exjefe del Clan del Golfo, y que lo obligaron a salir del país para proteger su vida.

En contexto: “Estoy padeciendo lo que documenté”: Andrés Celis, investigador de CEV amenazado

“Las afectaciones más que todo son psicosociales. Lo que generan ese tipo de amenazas y lo que me ha tenido a mí más consternado es que haciendo las investigaciones para la Comisión de la Verdad y hablando con algunas víctimas, cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, estoy padeciendo parte de lo que documenté, eso en particular es lo que a mí me tiene en descolocado, vivir en carne propia lo que uno ha documentado”, dijo entonces Celis a este diario.

Y agregaba: “En mi caso particular, uno aguanta y aguanta mucho y genera cosas como aislarse, no frecuentar las mismas personas, estar muy solo y con una cantidad de interrogantes. Me pregunto, ¿por qué uno haciendo un ejercicio de esclarecimiento termina metido en una situación tan difícil? Una de las cosas más difíciles para mí es la afectación a los seres queridos, a la familia. Las mamás y los papás no suelen decir mucho pero es un sufrimiento en silencio, lo ven a uno mal, no dicen nada, pero uno sabe que eso también les ha afectado a ellos. El simple hecho de tener que salir del país así es duro”. Su testimonio da cuenta de esos impactos psicoemocionales.

Las experiencias plasmadas en sus páginas son una muestra de la complejidad de trabajar con la memoria de la violencia y, al mismo tiempo, una llamada a construir redes de apoyo que permitan sanar a quienes están en la primera línea de la defensa de los derechos humanos. “Un florero que se rompe” es un recordatorio de que el trabajo por la verdad y la justicia no solo deja huellas en las víctimas directas del conflicto, sino también en quienes se dedican a contar sus historias.

El libro ya está disponible para su descarga digital. Aquí lo puede hacer.

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La Comisión de la Verdad recopiló cerca de 28.000 testimonios a lo largo y ancho del país, inspeccionó miles de expedientes judiciales y fuentes documentales, recibió cientos de informes aportados por la sociedad civil y trabajó durante casi cinco años con más de 600 investigadores tutelados por 12 comisionados que tuvieron la difícil labor de condensar todo aquel acervo en un informe que diera cuenta sobre los hechos y dinámicas más importantes del conflicto armado en Colombia.

El producto principal de aquella labor se conoció hace dos años, el 28 de junio de 2022, y es el Informe Final de la Comisión de la Verdad, que reúne en 11 volúmenes la aproximación más profunda que se haya hecho a las causas que motivaron la guerra en Colombia y el desarrollo de la misma a través del tiempo.

No obstante, buena parte del material que permitió construir dicho informe se encuentra recopilado en los casos y anexos del Informe Final, constituyéndose en valiosos documentos de investigación sobre temáticas específicas, con importantes revelaciones que han pasado desapercibidas. En Colombia+20 hemos ido publicando a lo largo de los últimos dos año uno por uno los casos y anexos más relevantes, y acá ofrecemos un resumen de ellos, que pueden consultarse en cada uno de los enlaces.

En contexto: Todo lo que debe saber sobre la Comisión de la Verdad

Las manos extranjeras dentro del conflicto colombiano

La guerra colombiana se ha entendido siempre como un conflicto armado interno, en donde diferentes actores locales entraron en confrontación. Pero uno de los hallazgos más importantes de la Comisión tuvo que ver con establecer que desde el comienzo hubo una injerencia determinante de potencias extranjeras como los Estados Unidos en el marco de su estrategia contra el comunismo, que luego derivó en la llamada “guerra contra las drogas”.

También se evidenció el rol que poderosas compañías extractivas multinacionales tuvieron financiando directamente a batallones y unidades del Ejército, o en otros casos a las guerrillas que las extorsionaban para dejarlas operar dentro de sus territorios.

‘Parqueadero Padilla’: la lista completa de financiadores de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá

Este anexo del informe final fue elaborado por el reportero Juan Diego Restrepo tras un año de trabajo con la veintena de cajas que componen el expediente del sonado caso del ‘Parqueadero Padilla’, liderado en sus comienzos por el hoy ministro de Defensa Iván Velásquez. En aquel parqueadero del centro de Medellín se descubrió durante un allanamiento la contabilidad del grupo de Autodefensas de Córdoba y Urabá, liderado por los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso, quienes a la postre crearían las Autodefensas Unidas de Colombia.

Aunque el caso judicial terminó empantanado y sin condenas contra la mayoría de mencionados en el proceso, la Comisión de la Verdad estableció que alrededor de 500 empresas y personas naturales de Antioquia, Córdoba y el Eje Cafetero aportaron dinero a ese grupo paramilitar, que por esos años estaba en plena expansión. Por primera vez se publicó el listado completo de personas mencionadas en el caso, que hicieron pagos a las Autodefensas, una lista que incluye a famosos ganaderos y bananeros paisas, también a poderosas empresas como Leonisa, Coltejer, Vehicaldas, concesionarios de Toyota, entre otras.

El ELN también participó en el genocidio de la Unión Patriótica

La narrativa más aceptada sobre el genocidio de la Unión Patriótica establece que una alianza de narcos, paramilitares y agentes del Estado perpetraron miles de crímenes para exterminar dicho partido político de izquierda, que había surgido tras los acuerdos parciales entre Belisario Betancur y las FARC a mediados de los ochenta.

No obstante, en uno de los casos de estudio de la Comisión de la Verdad se prueba que en un territorio puntual, el departamento de Arauca, el Ejército de Liberación Nacional, otro grupo guerrillero de izquierda, contribuyó con decenas de asesinatos contra militantes de la Unión Patriótica para evitar que estos consiguieran por la vía de la legalidad el poder de alcaldías y consejos municipales.

Este caso es más amplio y contiene detalles ya conocidos de la guerra entre las FARC y el ELN en ese departamento sostuvieron a mediados de los 2000, una pugna que venía de rencillas entre ambas organizaciones en la región desde la década del ochenta.

Los hechos ocultos de la masacre de Tacueyó

El consenso histórico establecía que la célebre masacre de Tacueyó era responsabilidad de Hernando Pizarro y Javier Delgado, un par de mandos guerrilleros perturbados que decidieron exterminar a su propia tropa. La masacre ocurrió entre 1985 y 1986 en las montañas del Cauca, en el seno de una pequeña disidencia de las extintas FARC en donde varios comandantes terminaron ejecutando a 163 de sus propios hombres por acusaciones de espionaje.

Sin embargo, la Comisión encontró indicios de que Javier Delgado podría ser en realidad un infiltrado del Ejército y que aquello obedecía a un plan para desestabilizar al grupo guerrillero desde adentro. Las propias Fuerzas Militares reconocieron en su testimonio a la Comisión que si tuvieron un infiltrado dentro del grupo, aunque no precisaron que fuera Delgado, y aseguraron que este hombre “presenció toda la masacre y que, contra todo pronóstico, logró sobrevivir”.

Un bloque paramilitar que se creó desde una cárcel

En un anexo sobre la historia de la confrontación entre guerrilleros y paramilitares al interior de la cárcel Modelo de Bogotá la Comisión realizó un completo diagnóstico de la precaria situación carcelaria en el país, donde se denuncia la corrupción del INPEC y la forma como en el interior de los penales la guardia termina cogobernando en alianza con los delincuentes.

No obstante, entre las revelaciones más importantes de este anexo hay una que confirma con otros testimonios la reciente versión del paramilitar Salvatore Mancuso ante la Justicia Especial para la Paz, asegurando que el Bloque Capital de las Autodefensas fue fundado en Bogotá por narcos y paramilitares presos en la cárcel Modelo, por petición expresa Francisco “Pacho” Santos, quien luego sería vicepresidente de la República durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Además, este documento ofrece detalles de cómo ocurrió el asesinato del humorista Jaime Garzón y de su vista a la Modelo pocos días antes del magnicidio para intentar que dos paramilitares presos, Ángel Gaitán Mahecha y Miguel Arroyave, mediaran ante Carlos Castaño, quien ya había ordenado su muerte.

El movimiento estudiantil: victimizado desde el comienzo de la violencia

Los caminos del movimiento estudiantil y la violencia colombiana parecen ir siempre entrelazados. Desde las grandes protestas universitarias contra la hegemonía conservadora y la masacre de las bananeras a finales de la década de 1920, cuando cayó por balas de la Policía el joven Gonzalo Bravo Pérez, considerado el primer estudiante caído, hasta la persecución de activistas y líderes estudiantiles por hechos tan recientes como el atentado al centro comercial Andino en 2017.

La Comisión estableció que la violencia contra los estudiantes y sus organizaciones ha sido sistemática en todas las fases del conflicto colombiano, con especial saña en contra de las universidades públicas, consideradas fortines de los grupos guerrilleros, que a su vez, infiltraron y penetraron las organizaciones estudiantiles provocando una militarización del movimiento social muy dañina.

Como un dato anecdótico, aunque no menor, la Comisión de la Verdad descubrió que las famosas “papas bomba” que los universitarios utilizan en sus protestas desde los años ochenta, fueron importadas desde las guerras centroamericanas a donde muchos universitarios colombianos viajaron como voluntarios para unirse a los grupos guerrilleros de aquellos países.

La multinacional minera AngloGold Ashanti intervino en el conflicto

Con un estudio de los títulos mineros en un amplio territorio del Chocó, la Comisión de la Verdad pudo probar que los intereses de la multinacional minera AngloGold Ashanti terminaron coincidiendo con la violencia y el desplazamiento en la región, e incluso que dicha empresa transfirió recursos económicos a batallones y unidades militares que operaban en la misma zona en donde se encontraban sus títulos mineros.

Como un detalle importante, este anexo revela el mecanismo de “testaferrato minero”, con el cuál terceros hacían de intermediarios para que la multinacional se apoderara de títulos mineros. En uno de estos casos la Comisión pudo probar que varios títulos le fueron concedidos primero a Santiago Uribe Vélez, hermano del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y que luego estos títulos pasaron a manos de la AngloGold Ashanti.

¿Quiénes fundaron las AGC o Clan del Golfo y cómo lo hicieron?

Con un estudio del reciclaje de la violencia en el Bajo Cauca y el sur de Córdoba después de la desmovilización de los paramilitares, la Comisión de la Verdad terminó estableciendo cuáles fueron los hechos que permitieron la fundación de las AGC, también llamadas Clan del Golfo, en la subregión de Urabá.

El documento contiene detalles de los primeros financiadores, de los apoyos que militares activos y políticos locales dieron a los fundadores del grupo, así como de la decisión de antiguos narcos y paramilitares como Carlos Mario Jiménez “Macaco” y Daniel Rendón Herrera “Don Mario”, que buscaban un “plan B” para garantizar que no perderían las rutas de la cocaína una vez se consolidara el proceso de paz con los grupos paramilitares.

La responsabilidad de medios de comunicación y periodistas dentro del conflicto

Este documento fue elaborado por la periodista Nubia Rojas, quien rastreo en múltiples fuentes documentales los ataques más significativos a la prensa y a los reporteros desde la década de 1930 hasta el presente, pero además hizo un hallazgo importante: algunos medios de comunicación y sus directores también habían jugado un papel relevante a la hora de justificar u ocultar hechos del conflicto, promoviendo narrativas que contribuyeron a encender más la guerra en algunos momentos de la historia nacional.

“El periodismo colombiano ha tenido, desde la aparición de los primeros periódicos en la época de La Colonia, un estrecho vínculo con el poder político -fuera este oficialista u opositor; pero, sobre todo, oficialista- y así se convirtió él mismo en una forma de poder que sus dueños han sabido siempre capitalizar para favorecer sus intereses”, asegura el texto, que reseña prácticas como el mal uso del lenguaje y la revictimización en los cubrimientos.

Gitanos: la guerra contribuye a su exterminio como pueblo

Uno de los capítulos más desconocidos del conflicto colombiano tiene que ver con la violencia en contra del pueblo Rrom o gitano que vive en el país. Para otro anexo de la Comisión de la Verdad se entrevistó a centenares de sus miembros, testimonios que se cruzaron con datos del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), para comprobar que el conflicto armado fue un importante factor de asimilación en contra de los gitanos, provocando que perdieran aspectos fundamentales para ellos como la lengua propia y su vida nómada. La violencia también obligó a que muchos de ellos tuvieran que huir desplazados hacia Ecuador, Venezuela o Argentina, lo que ha causado una considerable disminución de la población gitana en el país.

Las otras “chuzadas” del DAS

El escándalo de las interceptaciones ilegales del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) es ampliamente conocido, pues afectó a magistrados, políticos y periodistas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a quien esa entidad respondía por estar adscrita a la Presidencia de la República.

Sin embargo, había un capítulo oculto de aquellas operaciones ilegales de espionaje que fue revelado por la Comisión en uno de sus anexos. Se trata de la “Operación Europa”, una trama de espionaje, amenazas y hostigamientos que sufrieron activistas, defensores de derechos humanos, reporteros e incluso ciudadanos extranjeros, por órdenes de dicha entidad, en medio de múltiples acciones encubiertas e ilegales que se realizaron por fuera del país, principalmente en Europa.

Aunque los hechos están probados en documentos y fueron confirmados por las propias víctimas, nunca se avanzó en los procesos judiciales por estos crímenes, además, buena parte del material probatorio fue destruido por antiguos funcionarios poco antes de los allanamientos que la Fiscalía realizó en las instalaciones del extinto DAS.

El despojo a una comunidad del Caquetá por culpa de una base militar

Aunque se ha hablado mucho de despojo por parte de grupos paramilitares, había un episodio vergonzoso del conflicto que salpicaba también a las Fuerzas Militares. Se trata del desplazamiento del caserío de Peñas Coloradas, en el departamento de Caquetá. Como lo demostró la Comisión de la Verdad en uno de sus casos, terminó quitándole a una comunidad su tierra por causa de los operativos militares, el miedo, la zozobra y dudosas maniobras administrativas que hasta hoy siguen sin resolverse, luego de que se instalara una base militar en medio de un territorio que era fortín de la guerrilla de las FARC.

Nota de la editora: Esta nota fue publicada inicialmente en junio de 2023, cuando se cumplió el primer aniversario de la entrega del informe final. El artículo fue actualizado y republicado el 28 de junio de 2024.

Tras un mandato de cuatro años, en el que la Comisión de la Verdad investigó y entabló diálogo con diversos sectores de la sociedad para escuchar más de 28.000 testimonios, el 28 de junio de 2022 presentó al país un informe final de 11 volúmenes con hallazgos y 67 recomendaciones para esclarecer el conflicto armado, dignificar a las víctimas y garantizar la no repetición.

Sin embargo, a dos años de la presentación del informe final, la implementación de dichas recomendaciones ha sido más lenta de lo esperado. Aunque se había previsto un avance del 35%, el segundo informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo, entidad creada con mandato hasta 2029 para observar este proceso, indicó que se encuentra en una etapa inicial.

La Comisión de la Verdad, dentro del volumen de recomendaciones, propuso cinco orientadas a “garantizar la reparación integral, la construcción de memoria, la rehabilitación y el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y de responsabilidades”. Desde Dejusticia nos hemos enfocado en monitorear su implementación.

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En su segundo informe, el Comité de Seguimiento y Monitoreo destaca que para avanzar en la implementación de las recomendaciones es necesario: reconocer y resarcir los daños diferenciados a cada víctima y sujeto colectivo; crear condiciones para superar el estado de vulnerabilidad de las víctimas y facilitar su recuperación de agencia, autonomía y su valor social; y ayudar a sanar las heridas individuales, comunitarias y territoriales.

De igual manera, el Comité la hace cuatro llamados a las entidades estatales en materia de reconocimiento y reparación para las víctimas:

• El Gobierno y el Congreso deben asegurar que la reforma a la Ley de Víctimas no sea regresiva e incluya soluciones duraderas.
• El Gobierno debe destinar mayor presupuesto y ajustar las medidas necesarias para garantizar y aumentar los recursos destinados a la política de víctimas y restitución de tierras.
• La Unidad para las Víctimas debe mejorar el registro de desplazamiento forzado transfronterizo y exilio, y el Gobierno debe promover su reconocimiento legal como un hecho victimizante, diferenciado y autónomo.
• Garantizar el cumplimiento de sentencias para pedir perdón a familias de víctimas y restituir el buen nombre de todas las víctimas.

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Aunque las recomendaciones no son vinculantes, buscan ayudar a satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado. Si no se implementan, no habrá oportunidad de transformar las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas que facilitaron que sufrieran las atrocidades de la guerra.

También se perdería la oportunidad de reconocer el alcance de la violencia que enfrentaron y de sus esfuerzos de construcción de paz, a pesar de las condiciones adversas producto del conflicto.

El compromiso y la voluntad para la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad debe venir de todas las ramas del poder, y contar con el impulso y la vigilancia de la sociedad civil.

★ Para conocer más sobre las iniciativas de la Red de Aliados del Legado de la Comisión de la Verdad, de la que hacemos parte, visite: www.seremos.co

★ Lee aquí el segundo informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo en: https://n9.cl/2gcxc

A dos años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad, el Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM), instancia que se encarga de observar la implementación de las recomendaciones formuladas en ese documento, entregó su segundo informe con el balance de cumplimiento. Su presentación tuvo lugar este miércoles, 26 de junio, en el Museo Nacional de Colombia, Bogotá.

En esta oportunidad, el informe se centró principalmente en las recomendaciones que se relacionan con la construcción de paz a nivel nacional y territorial, la reparación integral a las víctimas, la ampliación de la democracia, el debilitamiento del narcotráfico, el acceso a la justicia y la superación de la impunidad, el mejoramiento de las condiciones de seguridad y la creación de culturas de paz.

Esto con la intención de mantener en el radar la relación entre los temas del Informe y las problemáticas que definen el campo de disputa político, económico y social en la coyuntura actual. Asimismo, este ejercicio responde a la necesidad de difundir los principales hallazgos y resultados de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones al Estado y a la sociedad colombiana que quedaron plasmadas en el informe de la Comisión para la no repetición del conflicto armado en Colombia.

Un panorama agridulce en el cumplimiento

“El conflicto permanece y se acentúa en algunas zonas del país, por lo que se siguen generando desplazamientos forzados, confinamientos, asesinatos de líderes y lideresas sociales, de personas en proceso de reintegración, reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, entre otras violaciones a los derechos humanos. Las recomendaciones son una apuesta a futuro y el camino para establecer y fortalecer los diálogos sociales frente a la Colombia en paz, por lo que están en el centro de los debates del país, tanto a nivel nacional como territorial”, señaló Marina Gallego, presidenta del CSM.

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En ese contexto, el informe de seguimiento también hace énfasis especial en que, a dos años de los Hallazgos y Recomendaciones finales, y 7 años de la firma del Acuerdo de Paz, se han evidenciado avances y movimientos importantes en materia de paz.

Sin embargo, el informe señala que aunque hay aumentos presupuestales y de metas, la reparación para las víctimas continúa siendo uno de los mayores desafíos, pues el número de personas por reparar continúa en aumento y esto hace que la reparación se vuelva casi imposible de cumplir en el mediano plazo, tanto así que el CSM señala que se requieren 46 años para reparar a la totalidad de las víctimas hasta hoy.

El documento, además, observa la implementación de la paz total del Gobierno de Gustavo Petro y destaca que, a pesar de algunos avances, lo urgente es trabajar por el marco jurídico en el cual se harán las negociaciones dado que, hasta el momento, no está diseñado y aprobado completamente.

La presentación del informe inició hacia las 9:00 de la mañana en el Auditorio Teresa Cuervo Borda, con la presencia del excomisionado Leiner Palacios; el padre Francisco de Roux; la investigadora de la Universidad de los Andes y exnegociadora con el ELN Angelika Rettberg; el profesor Rodrigo Uprimny; la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, María Gaitán; la cabeza de la Unidad para las Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas; y la excomisionada y directora de la Agencia para la Reincorporación, Alejandra Miller.

“No hay un avance contundente”

El 26 de junio de 2022, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad entregó oficialmente su Informe Final y junto a él las expectativas de que las recomendaciones recogidas para darle fin al conflicto armado se divulgaran. Hoy, dos años después, el Comité de Seguimiento destaca que el legado del Informe se sostiene en el tiempo y no ha permanecido estático, por el contrario, es consultado, estudiado, discutido y socializado en una variedad de espacios académicos, culturales, sociales y comunitarios en diferentes territorios de Colombia y en el exterior.

Asimismo, el Informe Final de la Comisión sigue dando frutos. “Funcionariado público y Fuerza Pública han participado en seminarios, talleres y jornadas de socialización. En algunos ministerios, la labor de pedagogía interna o el diseño de estrategias para llevar a cabo jornadas de socialización, formación y sensibilización con la ciudadanía también muestran un buen punto de partida en cuanto al reconocimiento de la relevancia histórica del Informe Final”, indica el documento del CSM.

Pero uno de los logros importantes que destaca el Comité es que el Fondo Documental de la Comisión de la Verdad haya sido reconocido por la Unesco como Memoria del Mundo en Latinoamérica y el Caribe a finales de 2023.

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Sin embargo, también hacen espacio para reconocer los retos que todavía quedan por superar. “El CSM ha podido identificar que las recomendaciones son mencionadas y reconocidas en sus aspectos más generales. En ese sentido, se tienen puntos de partida valiosos, pero no un avance contundente. Son muchos los retos frente al legado. El aspecto más notorio, es que en general el trabajo de la CEV sigue siendo visto por algunos sectores de la sociedad como algo lejano a los intereses inmediatos de la ciudadanía”, se lee en el informe.

El Acuerdo Final y la paz total

Una de las primeras recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad es precisamente la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.

El documento que presentó el Comité de Seguimiento apunta que, a partir del análisis de un cruce de contenidos entre las 578 medidas identificadas en el Acuerdo Final y las 67 recomendaciones del tomo Hallazgos y Recomendaciones del Informe Final realizado por el equipo del Instituto Kroc, se concluyó que el 38.4% de medidas del Acuerdo guardan relación con el 52% de las recomendaciones de Hallazgos y Recomendaciones.

En ese contexto, el CSM señala que el Instituto Kroc concluyó que desde 2019 el ritmo de la implementación disminuyó considerablemente, pero destacan que se mantenga el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la creación de la Unidad para la Implementación del Acuerdo.

Sin embargo, en materia de Acuerdo de Paz, los llamados urgentes del Comité hacen referencia a priorizar las medidas más rezagadas como el Capítulo étnico y las medidas de género; la sustitución de cultivos de uso ilícito; la protección de las comunidades; la ampliación de la democracia; la promoción de la reconciliación para la no repetición; y la reparación integral a las víctimas del conflicto.

Ahora bien, con respecto a la política de paz total, el informe señala que la presencia de diversos grupos armados en el territorio, así como los conflictos entre ellos y con el Estado, hacen necesaria una política de paz que combine la implementación del Acuerdo de 2016 con negociaciones políticas y acogimiento a la justicia de grupos armados no políticos. En ese sentido, el llamado es a fortalecer la colaboración armónica de todos los niveles y avanzar en la aprobación de una Ley de Sometimiento a la Justicia para organizaciones armadas.

“Para el CSM, es necesaria una solución política a las negociaciones, con el fin de que los ceses al fuego bilaterales se conviertan en multilaterales entre grupos armados en disputas regionales y con el tiempo, en ceses permanentes (...) y que los diferentes procesos de negociación que se están llevando a cabo tengan en cuenta el principio de centralidad de las víctimas”, se lee en el documento.

La reparación a las víctimas está en el centro

Para las 9.625.203 víctimas del conflicto armado reconocidas por el Registro Único de Víctimas (RUV), la Comisión de la Verdad presentó 52 recomendaciones sobre el reconocimiento de dignidad y el deber de los involucrados para reconocer su responsabilidad en las violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Del total de recomendaciones, el informe seguimiento hace referencia a 35 para dar cuenta de su implementación.

Por un lado, el CSM reconoce los avances en la realización de al menos 9 actos de reconocimiento de responsabilidades y de la dignidad de las víctimas, llevados a cabo por entidades estatales, y por otro lado, le hace un llamado de atención al Gobierno para que garantice el cumplimiento efectivo de las sentencias que ordenan el pedido de perdón por parte del Estado, así como la restitución y restablecimiento del buen nombre de todas las víctimas.

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Respecto a los procesos de búsqueda de las personas dadas como desaparecidas, el Comité reconoce como un avance las acciones llevadas a cabo por la UBPD y resalta la expedición del decreto 0532 de 2024 que crea el Sistema Nacional de Búsqueda.

Se espera que la UBPD y el Gobierno nacional avancen en su implementación. “Este sistema constituye un avance significativo en los procesos de búsqueda y un reconocimiento a las personas y a las organizaciones que llevan décadas esperando respuestas sobre el paradero de sus seres queridos desaparecidos en el marco del conflicto armado”, señala el informe.

Sin embargo, el CSM también hizo un llamado especial al Gobierno para que avance en los trámites jurídicos y administrativos para la sanción e implementación de la ley que reconoce y protege a las mujeres y personas buscadoras.

Durante la instalación del evento para la presentación del informe, Julia Eva Cogollo, miembro del Comité de Seguimiento, realizó un acto simbólico y de reconocimiento a las mujeres buscadoras e invitó a que se cumpla con esa petición para que ellas puedan sentir y escuchar la paz. “Tenemos la esperanza de que todas las recomendaciones se puedan cumplir y logremos la paz tan anhelada”, dijo.

El informe del CSM también recoge recomendaciones en cuanto al acceso a la justicia, la ejecución de las primeras sanciones de la JEP y las necesidades para que la paz territorial sea una realidad. “Aunque los desafíos continúan siendo grandes, hay motivos para persistir en la esperanza en que las cosas se están moviendo y en que es necesario reconocer dicho movimiento. Nunca los cambios son de golpe, siempre tienen temporalidades y señales que nos indican que hay asuntos en el país que llegaron para quedarse”, concluyó Marina Gallego, presidenta del CSM.

El Comité de Seguimiento y Monitoreo, una instancia que debe seguir la implementación de las recomendaciones consignadas en el Informe Final de la Comisión de la Verdad (CEV), entregará el próximo 26 de junio el segundo balance de cumplimiento de lo pactado en el documento que se entregó según lo estipulado en el Acuerdo de Paz.

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El objetivo del monitoreo es hacerle seguimiento a las recomendaciones que quedaron plasmadas en el Informe hacia entidades estatales, diversos sectores de la sociedad civil, grupos armados y la comunidad internacional.

En esta versión, el informe de seguimiento estará enfocado en las recomendaciones que se relacionan con la construcción de paz a nivel nacional y territorial, la reparación integral a las víctimas, la ampliación de la democracia, el debilitamiento del narcotráfico, el acceso a la justicia y la superación de la impunidad, el mejoramiento de las condiciones de seguridad y la creación de culturas de paz.

“Es posible sostener que existe estrecha relación entre los temas que trata el Segundo Informe del CSM y las grandes problemáticas que definen el campo de disputa político, económico y social en la coyuntura actual”, señala el Comité.

En ese contexto, los temas se debatirán al detalle durante el evento de presentación el próximo 26 de junio a las 8:30 a.m. en el Auditorio Teresa Cuervo Borda del Museo Nacional de Colombia en Bogotá. El encuentro se realizará en conmemoración del segundo año de entrega del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV).

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La invitación responde a la necesidad de difundir los principales hallazgos y resultados de este ejercicio de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones del informe.

La primera versión de este informe se entregó el 26 de julio de 2023, exactamente a 1 año y un mes después de que la Comisión entregara su Informe Final. Para esa oportunidad, el informe se centró específicamente en los artículos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que tenían relación con las recomendaciones, la agenda legislativa y otras acciones.

Uno de los puntos álgidos en ese momento fue el hundimiento del “artículo 8″ del PND con el que se buscaba que las entidades el Gobierno acogieran “progresivamente” las recomendaciones del Informe Final. Esa vez, el Comité de Seguimiento rechazó la exclusión de ese artículo, pero reconoció el esfuerzo del Gobierno porque se diera blindaje al proceso.

En ese sentido, el primer informe de balance concluyó que “la ausencia del artículo 8 en el Plan Nacional de Desarrollo no ha mermado el compromiso” y de paso reconoció “la voluntad del Gobierno para cumplir con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad”.

Esta nueva versión del informe que será entregada el próximo miércoles espera recoger un nuevo panorama sobre la implementación y las problemáticas actuales en materia de paz.

Tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada. Ese fue el pacto principal entre la multinacional Chiquita Brands y las Autodefensas en el Urabá y Magdalena, un negocio que más tarde catapultó el modelo paramilitar y su conexión con el más alto sector empresarial del país.

Así lo documentó la investigación “La sombra oscura del banano. Urabá: conflicto armado y el rol del empresariado”, informe realizado por Fucude y la corporación Opción Legal, y entregado a la Comisión de la Verdad para esclarecer las estrategias de la multinacional que acaba de ser declarada responsable por sus relaciones con el paramilitarismo por el Tribunal del Distrito Sur de Florida.

Según el fallo que se conoció el lunes, la millonaria financiación de la multinacional bananera Chiquita Brands, con hasta US$1,7 millones de dólares a los paramilitares colombianos, está conectada con los homicidios cometidos por estos grupos criminales en el Urabá y Magdalena medio, entre 1997 y 2004.

Para ubicar en el tiempo este episodio de violencia en el país, el documento hace referencia a una primera reunión entre los ejecutivos de Chiquita y Carlos Castaño para finales de 1996 y 1997 en Medellín, específicamente en Montecasino, casona en la que se planearon los más crueles ataques de las AUC. El negocio que se pactó esa vez estaba ambientado por una etapa en la que la protesta social y la exigencia de derechos laborales de los obreros bananeros se redujo a su más mínima expresión. Y no fue un negocio desde el desconocimiento, según el informe, Chiquita sabía a la perfección la relación preexistente entre la relación de las Convivir y los paramilitares.

La Comisión de la Verdad explica en su volumen No Matarás -en el apartado llamado Las ACCU y la industria bananera- que los tribunales de Justicia y Paz señalaron que las Convivir (cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la defensa agraria, y para muchos el origen de las autodefendas) fueron un eje central en la consolidación de las relaciones entre los empresarios bananeros y los grupos paramilitares, tanto en Urabá como en el sur de Córdoba. No fue solo la acción contrainsurgente, sino que implicó la violencia contra los trabajadores de la industria.

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“En el 2000 Chiquita investigó una vez más los pagos de seguridad en Colombia y el memorándum muestra que los funcionarios corporativos entendieron exactamente cómo fluía el dinero de la empresa a las AUC y concluyeron que las Convivir en el Urabá estaban vinculadas a Carlos Castaño, que era un ‘tipo muy malo’. Por otro lado, los pagos hechos a la AUC eran revisados y aprobados por altos ejecutivos de la compañía, e incluían a gerentes de alto nivel, directores, y empleados. Chiquita sabía de los pagos a las AUC, y también conocía la naturaleza violenta de dicha organización”, se lee en el informe.

Incluso, según la investigación, la multinacional registraba esos pagos en sus libros contables bajo el rótulo de “pagos de seguridad”, “pagos por seguridad”, o “servicios de seguridad” y esos abonos ni siquiera se detuvieron cuando las AUC fueron clasificadas por el gobierno de Colombia, la Unión Europea y por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera. Finalmente, los pagos se ocultaban en un “elaborado sistema sistema de organizaciones intermediarias”.

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Los informes del Departamento de Justicia de Estados Unidos señalaron este accionar como “moralmente repugnante” luego de que un fiscal asignado al caso detalló que Chiquita “continuó, mes tras mes, año tras año, pagando a los mismos terroristas (...) Chiquita estaba pagando el dinero para comprar las balas que acabaron con los colombianos inocentes de las fincas [de Chiquita]”.

Si bien en varios momentos la multinacional negó todo e incluso se presentaba como una víctima de extorsión por parte de los paramilitares, las investigaciones del fiscal estadounidense lograron concluir que, según lo que planteaba Carlos Castaño, jefe de las AUC, en realidad los paramilitares estaban entregando un servicio orientado a proteger a Chiquita.

Según el informe que recibió la Comisión de la Verdad, la hipótesis de extorsión quedó totalmente descartada debido al número de pagos que hizo Chiquita (cien en total), la cantidad de años por la que se prolongó la práctica (siete años), la creación de las políticas de pago anteriormente descritas, y que la compañía en realidad nunca acudió a instancias nacionales e internacionales para denunciar a las AUC.

“Chiquita, en su condición de multinacional poderosa que controla la cuarta parte de la producción mundial de la fruta, tenía todos los recursos posibles en sus manos para proteger legalmente sus operaciones y pudo haber firmado un convenio especial con el Ministerio de Defensa”, indica el informe.

Por otro lado, el informe señala que Chiquita no había sido objeto de violencia por parte de grupos paramilitares, sino que desde su llegada a la zona, los paramilitares habían prohibido las huelgas y “disciplinado” a los trabajadores bananeros.

Con las ACCU con el dominio del territorio, y con la llamada retoma o retorno a Urabá, bajo el objeto de reactivar la industria bananera, la orden era prohibir los paros.

“¿La orden cuál era? Prohibir que los obreros de las bananeras hicieran paro. Y así se logró. Antes de eso, había paros que duraban meses, [...] la economía bananera estaba quebrada [...]. Son casi 100 muertos de sindicalistas en el año 1995. Sin mencionar el 96 y el 97. [...] Así que los verdaderos ganadores de la guerra en el Urabá fueron los magnates de la industria bananera. Todas las fincas bananeras colaboraron: Uniban [sic], Banacol, Chiquita, Dole. Todas las empresas nos colaboraron”, señaló el testimonio del exparamilitar Hébert Veloza, conocido también como HH.

Sin embargo, los pagos fueron apenas una parte de la relación entre la multinacional y los paramilitares. Según el informe “No matarás” de la Comisión, el objetivo de Castaño era, además, someter a los grupos paramilitares que hacían presencia en Urabá para así tener control completo de la zona y garantizar el tráfico de cocaína y el comercio ilegal de armas.

El documento también detalla que Chiquita prestó su infraestructura y dio la autorización de operar como un puerto privado para el ingreso de fusiles de los paramilitares. Además, según la Comisión de la Verdad, cuando la empresa pactó con los paramilitares, también asumió el esconder droga en los contenedores que llevaban banano. Chiquita Brands lo ha negado, pero las investigaciones señalan que sí hubo envíos de cocaína en buques de exportación de Chiquita Brands.

Según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, en 1994 las acciones violentas de las ACCU fueron 178 en los departamentos de Chocó y Antioquia, pero al año siguiente llegaron a 419. Esta tendencia se sostuvo hasta que empezó a bajar en 1997, justo cuando las Convivir fueron restringidas y se les prohibió el uso de armamento. Según otras fuentes, en la región «se pasó de algo más de 400 homicidios en 1994 a más de 800 en 1995, a más de 1.200 en 1996 y se bajó a algo más de 700 en 1997 y a cerca de 300 en 1998»922. “Urabá era el lugar de Colombia con más violencia”, señala el informe

El juicio contra Chiquita Brands en Estados Unidos

Este lunes, el Tribunal del Distrito Sur de Florida declaró responsable a Chiquita Brands por las consecuencias de sus relaciones con las Autodefensas de Carlos Castaño y ordenó a la empresa mundialmente reconocida a pagar una millonaria indemnización a un primer grupo de víctimas.

Como conoció El Espectador, los jurados y el juez del Tribunal del Distrito Sur de Florida llegaron a la conclusión de qué ocho de las nueve víctimas, de estos casos emblemáticos, lograron probar que su ser querido fue asesinado por las Autodefensas Unidas de Colombia, justo en el momento en que Chiquita Brands estaba financiando a este grupo paramilitar.

Ahora, la multinacional bananera tendrá un mes para decidir si apela este primer fallo en su contra, con el cual se ordenó una indemnización a las víctimas, cuyo monto este diario se abstiene de publicar por seguridad de los nacionales demandantes.

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¿Podrías vivir en un mundo sin verdad? Esa es la pregunta con la que inicia la exposición “Hay futuro si hay verdad: de la Colombia herida a la Colombia posible”, que abrió hace unos días en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá y condensa, asombrosa y dolorosamente, casi 60 años de la historia de violencia en Colombia.

La muestra hace parte del arduo trabajo para divulgar el Informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), un histórico documento que se le entregó al país hace poco menos de dos años, cuyo legado ha tenido obstáculos para mantenerse vigente en un país con tendencia al olvido.

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La exposición, que estará abierta hasta el 31 de diciembre, consta de seis momentos. El primero y el segundo dan cuenta del porqué de crear una comisión de la verdad que permitiera comprender la persistencia de la guerra en Colombia, así como sus efectos en las regiones y las poblaciones vulnerables. Además, explica la metodología usada por la CEV para la creación del Informe, que tardó casi 42 meses en construir.

El tercero es sobre la Colombia herida. Allí hay una serie de paneles con las cifras de víctimas del conflicto y estadísticas por cada tipo de hecho violento, como desplazamiento, desaparición o violencia sexual. Frente a cada categoría hay videos y audios con testimonios de víctimas, sus formas de resiliencia o los pedidos que aún hoy les hacen a sus victimarios. En resumen, este punto del recorrido muestra la barbarie del conflicto y sus consecuencias en la población y el medioambiente.

El cuarto momento es una visualización de los hitos en más de seis décadas de conflicto. Es, ni más ni menos, una extensa línea de tiempo que incluye antecedentes de la violencia entre 1920 y 1957, luego el relato histórico del conflicto entre 1958 y 2017 y un epílogo que va hasta el cierre de la Comisión de la Verdad en 2022. Los períodos están agrupados por temáticas como el auge del narcotráfico, el Caguán, los Pepes, el origen de los grupos paramilitares y las conversaciones de paz, entre otras.

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Este punto de la exposición muestra, además, los once hallazgos bajo los cuales agrupó la CEV algunas de las temáticas que apuntan al origen y las causas de persistencia del conflicto, y esbozan algunas sugerencias para prevenir su profundización y repetición, entre ellas la relación de cultura y narcotráfico, el modelo de seguridad y la impunidad.

“Uno se para aquí y se da cuenta de que todo se ha repetido en este país. Estamos una y otra vez matándonos. Cambian los victimarios, pero no las víctimas. Como que nos da miedo la paz”, dice Diana, de 22 años, visitante de la exposición.

El quinto momento es la Colombia adentro, un paisaje sonoro y cartográfico por las subregiones en las que la CEV abordó lo que ocurrió en la guerra. Ese punto de la muestra está al aire libre, se pueden escuchar los sonidos de animales y los cambios de una zona a otra a través de los mapas. Además, hay tabletas disponibles con la enorme información que tiene la transmedia de la Comisión para quien quiera ahondar en hechos, hallazgos o temáticas puntuales.

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El último momento se titula “La Colombia posible” y está ubicado en un espacio mitad oscuro, mitad claro, que cierra la exposición. En las paredes están las recomendaciones finales de la CEV y un enorme collage de palabras en las que resaltan conceptos como derechos humanos, dignidad, inclusión e igualdad.

Este espacio tiene cojines para que la gente pueda sentarse y responder la pregunta: ¿cuál es tu participación?

El legado de la Comisión de la Verdad

La exhibición no es tan grande como estaba proyectada, según cuenta a Colombia+20 Adriana Serrano, coordinadora general de la exposición. Por ejemplo, faltan algunos de los objetos que recogió la CEV de cientos de víctimas durante los eventos de escucha.

Entre ellos está, por ejemplo, la falda hecha por las tejedoras de Mampuján que se usó para Develaciones, un canto a los cuatro vientos, la obra de teatro que se presentó en diciembre de 2021, que también fue un legado de la Comisión.

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Sin embargo, la muestra debió adecuarse al espacio dado que aún no puede ser exhibida en el Museo Nacional de Memoria, obra que está a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y no está terminada.

Es en ese museo en donde, por mandato del Decreto 588 de 2017 que creó a la Comisión de la Verdad y por las recomendaciones del Informe final, debe quedar accesible el legado de la CEV en una exposición permanente.

“Este legado permanecerá accesible en el Informe de la Comisión, su archivo, su transmedia y la exposición permanente en el Museo de Memoria de Colombia”, reza el informe en su página 727.

Tanto la falta de terminación de la obra del museo como disputas que tuvo el CNMH, bajo la dirección de María Gaitán Valencia —nieta del prócer liberal Jorge Eliécer Gaitán—, con la Comisión —como lo contó este diario en mayo del año pasado— llevaron a que la exposición se haya montado en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

“Por ahora se quedará aquí, pero desde ya estamos pensando en las decisiones que debemos tomar. Incluso hemos pensado que podría estar itinerante, aunque hay cosas que ya tienen ese carácter móvil. Afortunadamente, tenemos una red de aliados gigante como la JEP, el Banco de la República, etc”, explica Serrano.

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La exposición cuenta con una agenda permanente de recorridos guiados que duran cerca de una hora y media, además de ejercicios de mediación pedagógica, casi todos hechos por jóvenes mediadores.

“Uno de los objetivos que nos hemos trazado es traer a nuevos públicos: queremos gente joven, queremos tener acercamientos con gente que no es tan afín, y también con personas que quizás han sido apáticas o no han tenido información sobre el trabajo de la Comisión. Por ejemplo, trajimos a todas las personas que nos ayudaron a poner paneles a instalar el piso, con los temas eléctricos. Queremos involucrar a todos, que todo el que sepa venga”, afirma Serrano.

Esta apuesta fue posible gracias a la gestión y el trabajo de la excomisionada de la verdad Lucía González, cuyo trabajo en la CEV siempre fue en torno a las expresiones culturales. La exposición también contó con el apoyo de la Cooperación Alemana, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Rodeemos el Diálogo, Unicef, la Fundación Ford, el Grupo Sura y el Ministerio de Cultura.

Si nació colombiano, es casi seguro que se sabe, por lo menos, unas cinco historias de familias víctimas de la violencia en este país. Es casi seguro que, si no le pasó a su familia, fijo sí a su vecina o a la amiga de su vecina o a la hermana de la amiga de su vecina, y entonces alguna idea tiene de lo que implica el despojo, la desaparición forzada, el secuestro o el asesinato.

Mientras uno escucha esas historias, van apareciendo imágenes en la cabeza que se asemejan a las que uno ve en los noticieros, los periódicos o las películas: secuestrados delgadísimos, amarrados y con la mirada perdida. Filas de campesinos caminando por las trochas que los conducen a quién sabe dónde, pero no a sus casas. De allá están huyendo, de allá los echaron a la fuerza. Montañas colombianas repletas de guerrilla y ejército que se disparan entre sí. Uno allá no ha estado, pero se lo imagina y casi que lo hace con los colores y hasta los olores indicados. Nadie graba un secuestro y, mucho menos, una masacre. No hay registros de ese horror (por fortuna).

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Hace unos años, la Comisión de la Verdad y la agencia de investigación Forensic Architecture se aliaron. Ellos tampoco tuvieron registros muy gráficos de los despojos ni de las desapariciones, pero después de más de año y medio de investigación conjunta, reconstruyeron algunos de los lugares en los que ocurrieron hechos como las masacres de Honduras y La Negra, ocurridas el 4 marzo de 1988, y que son emblemáticas porque ejemplifican o son un punto de partida para lo que años después seguirían replicando “actores del Estado privados e ilegales”. Por medio de tecnología 3D, las personas que asistan a la exposición podrán ver la infraestructura o la zona en la que ocurrieron hechos como estos. No es un intento por reconstruir el horror, sino más bien una recuperación de memoria precisa para que se conozca qué fue lo que pasó y, además, para que jamás se repita.

La exposición, que ya se exhibió en el Museo Miguel Urrutia (MAMU) del Banco de la República, y en el Museo de Antioquia, es una investigación generada a partir de un proceso metodológico de “verificación abierta”, basado en un proceso abierto y en la creación de una amplia comunidad de prácticas fundamentada en el reconocimiento de una diversidad de formas de conocimiento y que incluyó una red de campesinos, activistas, abogados, historiadores, científicos, geógrafos, diseñadores, periodistas, estudiantes, artistas y arquitectos. Con esta muestra, los resultados se abren a la sociedad para plantear nuevas preguntas y caminos investigativos a partir de la sintonía con las huellas de los eventos de desaparición, al igual que con los rastros de los intentos de borrarlas.

“Huellas de la desaparición” estará disponible hasta mayo de 2024 en el Museo La Tertulia, en Cali. Los visitantes encontrarán en los tres pisos del Edificio de Colección –600 metros cuadrados– gigantografías con infografías e imágenes producto de recreaciones digitales; videos desarrollados por F.A especialmente para este proyecto; reproducciones facsimilares de material de archivo que recogen evidencias utilizadas para contrastar las versiones oficiales de estos hechos, y piezas gráficas y documentales diversas, resultado de la confluencia de diferentes métodos de investigación que articulan herramientas tradicionales de las ciencias sociales con el uso de nuevas tecnologías como la construcción de modelos digitales, animaciones en 3D, análisis de datos y entornos de realidad virtual.

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“Acoger esta exposición en el Museo La Tertulia se considera como una oportunidad para incentivar el pensamiento crítico, propiciar espacios de diálogo y apoyar la divulgación de memoria en torno a hechos ocurridos en el contexto del conflicto armado colombiano, los cuales continúan teniendo un profundo impacto en nuestro presente y en la producción artística de nuestro país”, dijo Melissa Aguilar, curadora del Museo La Tertulia.

Se puede ver la violencia ambiental, aún en curso, que afecta las tierras y al pueblo Nukak. La imagen presenta una constelación de prácticas de destrucción que incluyen no solo las consecuencias del conflicto armado entre las fuerzas militares, paramilitares y guerrilla en las tierras de los Nukak, sino también el resultado de las economías formales e ilícitas que incluyen el cultivo de la coca y su destrucción.

En la muestra, entonces, no solamente está el resultado audiovisual con animaciones 3D y entornos de realidad virtual, sino una serie de apoyos gráficos como murales y maquetas que ayudan a entender mejor las representaciones que usaron en el video de la retoma del Palacio de Justicia, etc.

Pero centrándonos en los videos, esta investigación tuvo en cuenta tres zonas o casos concretos: el despojo en la región bananera del Urabá antioqueño, la desaparición forzada tras la toma y la retoma del Palacio de Justicia y la violencia que ha afectado a pueblos y territorios indígenas de la cuenca amazónica nororiental, específicamente al pueblo Nukak.

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Con mapas diagramáticos de las fincas, fotografías aéreas, imágenes de archivo, informes filtrados a la prensa del DAS en el que, además, se registró una técnica masiva para matar, esta investigación hizo una geografía de la masacre con detalles y texturas con base en fotografías y registros tomados luego de los hechos. Se reconstruyó lo que ocurrió tal y como lo describió el informe del extinto DAS, pero, además, con ayuda de algunas de las víctimas que, sin revelar su identidad, dieron detalles de lo que pasó.

Hay un video del Palacio de Justicia en el que están las imágenes que hemos visto durante años y años por cada una de las investigaciones o aniversarios de la toma y la retoma: los hechos fueron reconstruidos con ciertos detalles para revelar los hallazgos de la investigación. Las personas, incluido ejército, rehenes, policía, testigos, periodistas, etc., fueron modelados con colores que permiten entender su rol en algo que aún sigue siendo un trágico misterio en este caso: la desaparición de los rehenes que salieron vivos del Palacio, pero que nunca volvieron a aparecer, o que aparecieron muertos.

Los resultados de esta investigación se hicieron públicos el pasado 10 de diciembre de 2021, Día Internacional de los Derechos Humanos, como parte de los primeros hallazgos de investigación de la Comisión de la Verdad a ser divulgados.

La recomendación 14 es producto del enorme desafío de la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Según las estimaciones de la Comisión, el universo de personas desaparecidas forzadamente entre 1985 y 2016 puede ascender a 210.000 víctimas. Si bien las cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas presentadas en 2022 son más conservadoras, el universo que estiman es de alrededor de 105.000 víctimas, lo que no hace que el desafío sea menor.

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Además de lo anterior, otra barrera es la articulación interinstitucional. La búsqueda, identificación y entrega de restos de las víctimas requiere de la confluencia de distintas entidades, lo que no se ha dado de la mejor manera. Esto ha dado lugar a problemas, por ejemplo, de acceso a la información y de eficiencia en los procedimientos técnicos de identificación de restos. Por ello, la recomendación 14 de la CEV apunta a poner en marcha diversos ajustes para darle impulso a la búsqueda, principalmente a través de medidas de articulación institucional entre quienes participan en estos procesos.

En marzo de 2023 iniciamos el seguimiento a la implementación de, entre otras, la recomendación 14. Para ello, enviamos solicitudes de información a las entidades responsables de acuerdo con el enunciado de cada recomendación; para el caso de la recomendación 14 nos dirigimos, principalmente, a la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y a la Fiscalía General (FGN). Pues son quienes tienen roles fundamentales en la búsqueda de las personas desaparecidas en los procedimientos humanitario y judicial, respectivamente.

Las respuestas obtenidas nos dejaron ver la ausencia de diálogo interinstitucional sobre el tema y la falta de claridad en la apuesta estratégica de búsqueda de las personas desaparecidas; pero también nos permitió ver que hay un impulso institucional que busca avanzar con el fin que perseguía la recomendación 14. En primera medida, la FGN no aportó respuesta en relación con las acciones que está adelantando en el contexto de la búsqueda de personas desaparecidas.

Lo anterior, pese a que, más allá de la recomendación en concreto, tiene funciones de búsqueda, identificación y entrega de restos dentro de los procesos que lleva a cabo. En segundo lugar, frente al reconocimiento de las recomendaciones, la Fiscalía General de la Nación (FGN) subrayó la naturaleza extrajudicial de la CEV, argumentando que carece de la capacidad para asignar responsabilidades y funciones a otras entidades del Estado. Esta respuesta muestra la falta de compromiso de acatar las recomendaciones, que también se refleja en que no informaron haber realizado ningún ajuste para agilizar los procesos de búsqueda.

No obstante, la otra cara es lo reportado por la UBPD. Esta entidad destaca la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (artículo 198), que tiene como objetivo crear mecanismos de articulación interinstitucional para la búsqueda, identificación y entrega digna de restos de las personas desaparecidas, a través de, por ejemplo, facilitar el acceso a información que reposa en distintas unidades por parte de la UBPD. De acuerdo a lo informado en la respuesta a un derecho de petición de seguimiento enviado en septiembre, la UBPD informó haber hecho espacios de participación con organizaciones de la sociedad civil y entidades para construir el decreto que regula el Sistema de Búsqueda y que esperan que entre en vigor en noviembre.

La disparidad en las respuestas de la FGN y la UBPD muestran elementos que obstaculizan y favorecen la implementación de las recomendaciones de la CEV. Frente a los primeros, insistir en la naturaleza no vinculante de las recomendaciones es utilizado como un argumento para separarse de lo dicho por la CEV, a pesar de la relación cercana entre la recomendación y la misionalidad de la entidad.

En el ejemplo que hemos presentado, la FGN no reporta ningún avance en relación con la recomendación 14 pues afirma que no es obligatoria; sin embargo, no se entiende cómo puede afirmar que las recomendaciones no son obligatorias cuando están directamente relacionadas con lo que debería hacer para mejorar las funciones que desempeña dentro de los procesos de búsqueda de las personas desaparecidas.

Frente a los segundos, un factor que favorece la implementación es que una entidad se encargue de liderar el proceso de implementación, pese a que varias compartan la responsabilidad. En el caso de la recomendación 14, la UBPD ha liderado el proceso de creación del Sistema de Búsqueda, que es la figura institucional con la cual esperan darle cumplimiento a la recomendación 14. Al materializarse en un instrumento normativo puede ayudar a superar las objeciones sobre la vinculatoriedad de la recomendación.

Este ejemplo muestra que, en tanto, las recomendaciones no son obligatorias, las entidades pueden construir la manera de implementarla, no hay un camino predefinido por la CEV para hacerlo. Asimismo, da cuenta de que las recomendaciones apuntan a fines que deben superponerse a las disputas entre entidades y a posiciones mezquinas frente a su origen. Así, el fin de la recomendación 14 de “garantizar que la búsqueda [de los desaparecidos] sea una prioridad que compromete al Estado en su conjunto” debe prevalecer entre las entidades que comparten este propósito. Esperamos que el impulso que le ha dado la UBPD sea suficiente para convocar a las demás entidades dolientes.