En la tarde hubo fútbol. Soldados y habitantes del caserío de Las Delicias, en Puerto Leguízamo (Putumayo), disputaron un último partido antes de que llegaran los abastecimientos enviados desde a sede principal del batallón en el corregimiento de La Tagua. Mientras un pelotón descargaba los víveres, decenas de guerrilleros de las Farc se acercaron sin ser advertidos al perímetro de la base. Todo estaba listo para perpetrar un ataque a las 10:30 pm que marcaría la historia del conflicto armado colombiano. Pero uno de los guerrilleros fue visto por uno de los centinelas de la base y, minutos después de las 2:30 pm del 30 de agosto de 1996, comenzó la balacera.

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Hoy se conmemoran 30 años de esa toma guerrillera en la que murieron 27 militares, 16 resultaron heridos y otros 60 fueron secuestrados. Cuando el centinela se dio cuenta de la presencia de hombres armados, gritó en alarma para pedir refuerzos y abrió fuego. Casi al mismo tiempo, una granada cayó en la plaza de armas, donde se encontraba buena parte de la tropa. Los soldados corrieron hacia las trincheras mientras la base comenzaba a ser golpeada con morteros, granadas, bombas incendiarias, fusiles y ametralladoras. Lo que siguió fueron cerca de 17 horas de combate.

De un lado estaban 110 integrantes de la Compañía C del Batallón de Selva número 49, comandados por el capitán Orlando Mazo. Del otro, alrededor de 500 guerrilleros pertenecientes a los frentes 2, 14, 32 y 48, la columna móvil Teófilo Forero y la guardia especial del Bloque Sur de las Farc. La diferencia no solo estaba en el número de hombres. La guerrilla conocía la ubicación de las trincheras, los puestos de vigilancia, el centro de comunicaciones y los depósitos de armamento.

Una operación preparada durante meses

La toma de Las Delicias no fue improvisada. Investigaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, así como fallos judiciales, han documentado que el plan comenzó a tomar forma el 17 de diciembre de 1995, más de ocho meses antes del ataque. Tres guerrilleros fueron enviados a la zona para infiltrarse entre los cerca de 150 habitantes del caserío y recopilar información sobre la base. Se presentaron como trabajadores de una finca cercana, se ganaron la confianza de la población y lograron aproximarse a los soldados.

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Uno de ellos, conocido como alias “Camilo”, aprovechó su afición por la pesca para acercarse al capitán David Zambrano, quien entonces comandaba la base. Otros integrantes de la guerrilla ingresaron haciéndose pasar por vendedores de productos agrícolas e incluso participaron en actividades deportivas organizadas dentro de la guarnición. Así pudieron grabar imágenes de las instalaciones y establecer las rutinas de los militares, los tiempos de abastecimiento, el tipo de armamento disponible y los caminos por los que podían ingresar.

Con esa información, las Farc construyeron una réplica de la base en las riberas del río Suncilla, al occidente de Remolinos del Caguán. Allí concentraron a sus hombres y ensayaron la operación. Para cuando comenzó el ataque, la guerrilla llevaba meses estudiando una posición militar que tenía trincheras deficientes, un sistema de comunicaciones precario y serias limitaciones para recibir apoyo aéreo. Días antes de la toma, la compañía que estaba en Las Delicias fue relevada por los 110 militares al mando del capitán Mazo. El oficial ya había estado seis meses antes en esa base y había pedido su retiro del Ejército. De acuerdo con las reconstrucciones del caso, fue enviado nuevamente a esa guarnición después de solicitar la baja.

Una noche bajo fuego

Los primeros puestos de vigilancia fueron destruidos al comienzo de la incursión. Los guerrilleros ocuparon parte de las trincheras y concentraron el ataque sobre los puntos de defensa ubicados en la entrada de la base. Los soldados respondieron y obligaron a los primeros grupos de asalto a retroceder, pero la intensidad del fuego fue destruyendo paulatinamente la guarnición. En medio del combate, un uniformado logró recuperar el radio de comunicaciones y entregárselo al capitán Mazo, quien solicitó refuerzos a La Tagua. Cerca de la medianoche, dos aviones OV-10 llegaron a la zona, iluminaron y atacaron los alrededores de la base.

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Sin embargo, no consiguieron comunicarse con los militares que permanecían en tierra y finalmente tuvieron que retirarse. Para entonces, la guerrilla ya controlaba el campo de fútbol y varios puestos de vigilancia. Cerca de 50 soldados resistían alrededor de tres posiciones, dirigidos por el capitán Mazo y apoyados desde la retaguardia por el subteniente Torres. Durante la noche, los militares recogieron las armas y municiones de quienes habían muerto o resultado heridos para sostener la defensa.

Los refuerzos que salieron desde Puerto Leguízamo tampoco pudieron llegar a tiempo. Un grupo de infantes de marina fue emboscado en Puerto Boy, a unos 20 minutos de Las Delicias, por guerrilleros apostados en las dos orillas del río. La operación quedó detenida mientras el combate avanzaba hacia su desenlace dentro de la base. Al amanecer del 31 de agosto, después de una breve pausa, comenzó un nuevo asalto. Los militares lograron rechazar inicialmente a la guerrilla y causarle varias bajas, pero sus municiones empezaron a agotarse. Cerca de las once de la mañana, los hombres que defendían la retaguardia fueron capturados. Solamente dos puestos permanecían bajo control del Ejército.

El capitán Mazo ordenó entonces intentar una salida hacia el río Caquetá. La idea era atravesar las instalaciones, alcanzar la ribera y resistir con la munición disponible o lanzarse al agua para llegar a la otra orilla. Mazo salió de la trinchera acompañado por tres soldados, pero fue alcanzado por el fuego de una ametralladora. Otros uniformados que intentaron seguirlo también fueron abatidos. Según las reconstrucciones del ataque, el capitán fue rematado cuando se encontraba herido.

Con casi todo el parque agotado, los últimos soldados destruyeron parte de su dotación y dejaron de disparar. La base quedó en manos de las Farc. El saldo fue de 27 militares muertos —dos oficiales, siete suboficiales y 18 soldados—, 16 heridos y 60 secuestrados. Siete uniformados que estaban fuera del perímetro al comenzar el ataque lograron salir ilesos. Al menos nueve guerrilleros murieron durante los enfrentamientos.

Diez meses de cautiverio

Cuando los primeros refuerzos llegaron a Las Delicias, en la tarde del 31 de agosto, la guerrilla ya se había retirado. Además de llevarse a los 60 uniformados, había incautado 99 fusiles. Los militares capturados fueron trasladados por los ríos Putumayo y Piñuña Blanco y posteriormente divididos en tres grupos. Durante el primer mes permanecieron en una zona selvática del norte de Ecuador, a varias horas de la frontera con Colombia.

El secuestro se prolongó durante diez meses. Los uniformados fueron liberados el 14 de junio de 1997, después de que el gobierno de Ernesto Samper aceptara desmilitarizar Cartagena del Chairá, en Caquetá. La decisión produjo un enfrentamiento público entre el Ejecutivo y la cúpula militar, entonces encabezada por el general Harold Bedoya, quien rechazó las concesiones otorgadas a la guerrilla para facilitar la entrega.

Las Delicias dejó al descubierto una cadena de fallas: una base vulnerable, información militar obtenida durante meses por la guerrilla, comunicaciones insuficientes, refuerzos que no llegaron a tiempo y una enorme desigualdad entre las fuerzas enfrentadas. También anticipó una etapa en la que las Farc pasaron de la guerra de emboscadas a operaciones de gran escala contra instalaciones militares.

Lo que determinó la JEP sobre Las Delicias

Casi tres décadas después del ataque, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconstruyó lo ocurrido con los 60 militares capturados en Las Delicias. Los antiguos integrantes de las Farc reconocieron que la operación fue ejecutada por estructuras del Bloque Sur y entregaron información sobre sus comandantes y propósitos. Fabián Ramírez Cabrera, uno de los antiguos jefes de esa estructura, también habló de su participación en la liberación de los uniformados.

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La JEP estableció que los militares permanecieron bajo vigilancia de los frentes 32, 48 y 49 hasta junio de 1997. Para que fueran entregados, las Farc solicitaron el despeje militar de Cartagena del Chairá. El gobierno de Ernesto Samper aceptó bajo varias condiciones, entre ellas que no existiera un canje. Según la jurisdicción, la liberación se produjo unilateralmente y sin exigir una contraprestación.

Esa conclusión llevó a la Sala de Reconocimiento a hacer una distinción jurídica. La captura de los 60 soldados, al haberse producido durante una operación militar, fue considerada una aprehensión de combatientes susceptible de amnistía. Para la JEP, en ese caso específico no se reunieron los elementos necesarios para calificar la privación inicial de la libertad como el crimen de guerra de toma de rehenes o como el crimen de lesa humanidad de privación grave de la libertad.

La posible amnistía, sin embargo, no cobijó lo ocurrido durante los casi diez meses de cautiverio. En el proceso fueron acreditados como víctimas 43 integrantes de la Fuerza Pública y 22 familiares y allegados. Seis uniformados relataron que padecieron torturas, golpes, paludismo, leishmaniasis y picaduras de insectos. También denunciaron que los guerrilleros utilizaron una misma jeringa para tratar a varios cautivos, lo que habría provocado enfermedades como hepatitis.

Otros testimonios señalan que algunos militares permanecieron amarrados y fueron obligados a cumplir extensas jornadas de marcha. Los cautivos también eran amenazados con ser asesinados si se producía un intento de rescate y vigilados incluso cuando hacían sus necesidades fisiológicas. La justicia ordinaria documentó, además, padecimientos físicos y mentales, esfuerzos desmedidos y torturas psicológicas.

La JEP concluyó que esas conductas podían constituir crímenes de guerra de tortura, tratos crueles y atentados contra la dignidad personal. Los antiguos miembros de las Farc imputados en el Caso 01 reconocieron estos crímenes concurrentes, que quedaron incluidos en la Resolución de Conclusiones de 2022 y posteriormente en la primera sentencia sancionatoria contra el último secretariado de esa guerrilla.

El 16 de septiembre de 2025, la JEP declaró penalmente responsables a Rodrigo Londoño Echeverri; Jaime Alberto Parra Rodríguez, conocido en la guerrilla como Mauricio Jaramillo o “el Médico”; Milton de Jesús Toncel Redondo; Pablo Catatumbo Torres Victoria; Pastor Lisandro Alape Lascarro; Julián Gallo Cubillos, y Rodrigo Granda Escobar, conocido como Ricardo Téllez. La condena no se limitó a Las Delicias: abarcó los patrones de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes cometidos por las Farc que fueron investigados en el Caso 01.

A los siete exintegrantes del secretariado les fue impuesta una sanción propia de ocho años, con restricciones efectivas de derechos y libertades. Durante ese periodo deberán participar en proyectos restaurativos relacionados con memoria y reparación simbólica, búsqueda de personas desaparecidas, recuperación ambiental y acción contra minas antipersonal. La sentencia los responsabilizó, según la situación particular de cada uno, por crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluidos homicidios, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles y atentados contra la dignidad de quienes permanecieron cautivos.

Treinta años después, Las Delicias sigue siendo recordada por las ruinas de aquella base, por los soldados que murieron intentando defenderla y por los 60 uniformados obligados a caminar hacia la selva para comenzar diez meses de cautiverio. La toma no duró más de un día. Sus consecuencias, en cambio, marcaron durante años la historia de las Fuerzas Militares y de una guerra que todavía intenta reconstruir lo que ocurrió aquella noche en Putumayo.

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Fabiola León Posada tiene la memoria dividida en dos: una parte para la felicidad y otra para el dolor. Recuerda que su casa de infancia, en Ciudad Berna (Bogotá), siempre tenía las puertas abiertas para recibir a todo el que llegara. Cuenta que su tío, Leonardo Posada Pedraza, se reunía en la sala con todos sus amigos, que eran también líderes sociales. Comían, conversaban, escuchaban música y contaban chistes. “Eran reuniones llenas de alegría, canciones y risas que duraban días. Eso fue lo primero que desapareció”, dijo ella. Esos días de felicidad se quedaron alojados en un rincón de su cabeza al que cada tanto vuelve cuando siente que le duele lo que le hicieron a su familia el 30 de agosto de 1986, cuando mataron a Leonardo.

La imagen está tan intacta en sus recuerdos que hoy, 40 años después del crimen, Fabiola León recrea a la perfección lo que sucedió, al punto de que habla en presente, como si el homicidio de ese congresista de la Unión Patriótica (UP), el primero en llegar al Congreso por parte de esa colectividad, hubiera sido ayer. “Tengo grabado el día que lo matan. Es un sábado a las siete de la noche. Están dando Sábados Felices. Llaman a mi mamá para decirle que lo mataron. Mi abuelita me coge. Me dice: ‘Me lo mataron’”, narró haciendo pausas largas para tragarse el llanto que todavía, a sus 50 años, le ahoga la voz. “Los recuerdos siempre van de la época más feliz, al momento más triste, cuando lo matan”, agregó, después de regresar de ese viaje en bucle que se quedó en su mente y la de su familia.

Ese sábado de 1986, dos sicarios que iban en una moto Suzuki roja le dispararon seis veces a Leonardo Posada cuando volvía a su casa en Barrancabermeja (Santander). A pesar de que intentaron salvarlo en el hospital, él murió y se convirtió en la primera víctima de la UP. Después de su muerte, el país fue testigo de una avalancha de asesinatos que dejó más de 6.000 víctimas, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Al dolor de ese recuerdo, Fabiola le agrega la impunidad. Dice que una de las cosas más fuertes para ella fue cuando la JEP, que documenta el caso del genocidio contra la UP, señaló que no había mucho más por hacer porque la mayoría de los llamados a responder estaban muertos y no había más investigaciones en curso.

“La justicia ordinaria no llegó a una condena para ninguno de los autores materiales e intelectuales y la JEP llegó a una encrucijada porque incluso se habla de alias “Vladimir”, como presunto responsable, pero nos dicen que por otro lado él ya cumplió su pena y no hay forma de volverlo a contactar. Los únicos autores que tenían opción de decir algo ya cumplieron condena y nos quedamos sin información. Es un caso que no tiene justicia ni tiene verdad”, explicó Fabiola. Esa instancia de paz calificó el ataque contra la UP como un genocidio e imputó como máximos responsables al mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, al brigadier general (r) Rito Alejo del Río Rojas y a los tenientes coroneles (r) Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez.

Fabiola León y su familia también están a la espera de que se cumplan las medidas de reparación que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), luego de que el 30 de enero de 2023 encontrara responsable al Estado colombiano por el exterminio de la UP y las múltiples violaciones a los derechos humanos. “Sabemos que hasta un punto el Ministerio de Cultura estaba haciendo unos documentales, pero las estrategias de reparación están embolatadas, se perdieron entre el gobierno Petro y la nueva administración. La acción estatal está debilitada, no hay compensación”, apuntó. El pasado 9 de noviembre de 2025, el expresidente Gustavo Petro presidió un acto de perdón público en Santa Marta.

Sin embargo, Reina Pedraza se murió esperando el perdón y la verdad sobre lo que le hicieron a su hijo. Fabiola recuerda que un día le preguntó a su abuela que si prefería la justicia o la verdad. Ella respondió que solo quería saber por qué lo mataron. Esa respuesta, según explica la familia Posada Pedraza, sigue siendo esquiva, al menos por parte del Estado. “En última instancia, se trata de un castigo por pensar diferente o por creer que exigir derechos nos pueden señalar. Incluso hoy, en 2026, defender los derechos humanos sigue siendo calificado como algo malo o perjudicial. Como si se tratara de un enemigo”, explicó Fabiola, al tiempo que aclara que Leonardo Posada tenía una labor estrictamente social.

“Leonardo había denunciado las violaciones a derechos humanos cometidas por paramilitares en Santander. También denunció la connivencia del paramilitarismo con el Ejército señalando directamente al militar Faruk Yanine Díaz. Además, en ese tiempo la gente no tenía alcantarillado, ni luz. Sus propuestas en Barrancabermeja tenían que ver precisamente con la reivindicación de servicios básicos. Lo que denunciaba era que no había agua potable y se violaban los derechos humanos. Por eso lo asesinaron”, agregó. Los hechos ocurrieron 40 días después de que la UP llegara al Congreso, tras los diálogos de paz que desarrolló el gobierno Belisario Betancur con las Farc 1985.

Cuarenta y ocho horas después del asesinato de Leonardo Posada, en circunstancias similares fue asesinado Pedro Nel Jiménez en Villavicencio, otro político elegido popularmente al Senado por la UP. La desconfianza que generaron esos dos asesinatos entre los militantes del partido fue tal que muchos decidieron volver al monte a empuñar las armas, como alias “Iván Márquez”, quien también había sido elegido representante a la Cámara; y unos más, como Ricardo Palmera, de sumarse a la insurgencia (hoy conocido como alias “Simón Trinidad”). La guerrilla de las Farc creció hasta volverse el enemigo número uno del Estado y luego, firmar un acuerdo de paz en 2016 para dejar de serlo.

Sin embargo, hoy “Iván Márquez” sigue siendo el jefe de una disidencia de esta guerrilla. La falta de una respuesta concreta por parte del Estado y la ausencia de justicia ha provocado en la familia Posada Pedraza una suerte de desgaste profundo por tratar de sostener lo que queda de historia y de memoria. “Lo mínimo que se sabe de Leonardo corre el riesgo de desaparecer. Este legado puede agotarse con nosotros. Por eso, la reconstrucción de la memoria ha sido un esfuerzo. Ha sido nuestra propia gente la que mantiene vivo el recuerdo en un país indolente. El Estado prometió monumentos y reparaciones simbólicas que nunca se concretaron”, explicó Fabiola León.

Eso sí, la sobrina de este líder político tiene claro que, ante la ausencia, “nos quedan nuestros propios recuerdos”. Tanto ella como su familia recuerdan la historia de Leonardo Posada cada que les es posible, aunque eso signifique volver a pasar por el corazón los momentos de felicidad y de tristeza. Fabiola reconoce que a veces siente que se le olvidan detalles. También, confiesa que teme que llegue el día en que no quede nadie para recordar, que ya nadie cuente la historia de uno de los momentos más violentos de la historia en Colombia contra un partido político y entonces el asesinato de la primera víctima de la UP se convierta nada más que en un episodio familiar.

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Una cámara fotográfica congeló un instante de felicidad. Era domingo, diciembre de 1998 y, en la plaza principal de Mesetas, dos hermanos y su madre le sonreían al futuro; una foto que sería la última postal juntos. Al despedirse, Carlos tomó la mano de su hermana Cecilia y la fue soltando en un desprendimiento lento y sutil, como si los dedos se negaran a alejarse del todo.

“Sentí en ese momento que iba a pasar mucho tiempo sin volverlo a ver”, recuerda Cecilia entre lágrimas. No fueron meses. Fueron 27 largos años de incertidumbre, silencio y duelo en pausa.

El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes ha sido categorizado como un delito invisible en Colombia. La búsqueda de quienes desaparecieron en las filas de la guerrilla ha enfrentado históricamente obstáculos para sus familias, desde la falta de garantías institucionales hasta el señalamiento social.

Para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), encontrar a Carlos implicó reconstruir no solo su historia, sino toda la estructura de la Columna Móvil Arturo Ruiz: quiénes la integraron, qué ruta recorrieron desde el Caguán hasta el Catatumbo, y qué pasó con los menores que, como él, desaparecieron en la Operación Berlín, entre noviembre de 2000 y enero de 2001.

Este trabajo, de la mano de sobrevivientes, hoy firmantes de paz, ha logrado dar respuesta a algunas familias. En el caso de Carlos, su hallazgo, identificación y entrega digna es la primera de un menor reclutado, desaparecido y asesinado en la Operación Berlín.

Al sur del Meta, el Estado llegó tarde y la violencia muy temprano. Carlos creció entre Granada y Mesetas, un territorio atravesado por los ríos Ariari y Güejar. Con el tiempo se convirtió en el brazo fuerte de su padre: él cargaba la yuca, el plátano y sembraba el maíz, hasta que la guerra se lo llevó.

A los 17 años, según el relato de su hermana Cecilia, Carlos fue reclutado por el Frente 40 de las antiguas FARC-EP. “Cuando mi hermano desapareció, mi papá estaba muy triste, muy solo, él era el que le colaboraba en la finca”, cuenta Cecilia. El golpe destrozó el hogar. Su padre cayó en depresión profunda, batalló once años contra la epilepsia y el dolor de la ausencia hasta que en 2023 murió con la esperanza de estrecharlo entre sus brazos. Su madre, mientras tanto, recorrió trochas y caseríos buscando respuestas, pero solo encontró silencios. Cecilia, décadas después, asumió la antorcha de la búsqueda, superando el miedo a las represalias.

“Uno siente temor… por eso calla, por eso pasa tanto tiempo sin decir nada”, confiesa. Pero el amor pesó más que el miedo.

La desaparición de Carlos profundizó el dolor de su familia y, según el relato de su hermana, estuvo acompañada por el desplazamiento forzado. El desarraigo hizo parte de una violencia extendida. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) documentó la gravedad de este fenómeno en el Meta, en su informe ‘Pueblos arrasados’, publicado en 2015.

Cecilia no supo entonces a dónde había ido su hermano. Durante años su familia solo tuvo el vacío de su ausencia. Fue mucho después, en su búsqueda, que logró reconstruir el camino que lo llevó a la muerte en medio del fuego cruzado durante la Operación Berlín.

Entre 1990 y 2017 el Meta registró 2.977 víctimas de reclutamiento forzado en el universo de víctimas imputadas estadísticamente, la cifra departamental más alta de la clasificación presentada en el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos (HRDAG, por su sigla en inglés). El documento registra en todo el país 16.238 niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento entre 1990 y 2017, seguido por Antioquia, Guaviare, Caquetá y Cauca.

1.100 kilómetros hacia la muerte

Entre julio y diciembre del 2000, Carlos y cientos de adolescentes reclutados en la Orinoquía y Amazonía sufrieron una travesía extenuante: recorrieron en lancha y a pie siete departamentos, 1.100 kilómetros durante cinco meses, hasta llegar a los límites entre Santander y Norte de Santander.

La Columna Móvil Arturo Ruiz (CMAR) fue creada ese mismo año y salió desde el Caguán, en pleno corazón de Caquetá. Sus compañías avanzaban con la misión de apoyar a estructuras de las FARC-EP en el Magdalena Medio y el Catatumbo frente a la arremetida militar y paramilitar.

La Columna incorporó a numerosos menores reclutados, algunos provenientes de la zona de despeje, una extensa área de 42.000 km cuadrados entre Meta y Caquetá. Desde enero de 1999 hasta febrero de 2002, la fuerza pública abandonó esta zona por orden del entonces presidente Andrés Pastrana, para adelantar los diálogos con esta guerrilla.

La JEP y la Comisión de la Verdad han documentado la magnitud del reclutamiento asociado a la Columna Móvil Arturo Ruiz y al Bloque Oriental, considerado uno de los más sanguinarios dentro de esa guerrilla.

La JEP estableció que al menos 201 niños y niñas hicieron parte de la Columna Móvil durante la Operación Berlín. Esta entidad también reveló que, entre 1971 y 2016, al menos 18.677 menores fueron reclutados por las antiguas FARC-EP, según el universo provisional de hechos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), documentado en el auto 05 de 2024, en donde se registra la responsabilidad de 8.987 casos de reclutamiento forzado a menores de edad, atribuidos al Bloque Oriental.

Algunos de ellos eran indígenas provenientes de Vichada y otros eran campesinos de las zonas del río Duda, como Mesetas, Puerto Rico y Uribe, en el departamento del Meta. La mayoría fueron reclutados mediante engaños y amenazas.

Niños de tierra caliente cargados con fusiles que pesaban casi tanto como ellos, transportados en lanchas de dos pisos por ríos torrentosos y obligados a marchar de noche con destino a las cumbres gélidas del nororiente colombiano. Para la guerrilla no había infancia, eran cuerpos capaces de cargar munición.

La JEP documentó que la edad de los menores oscilaba entre 12 y 17 años y no tenían experiencia en combate. También relató que, durante el largo recorrido, pasaron hambre, fatiga, hostigamientos, torturas, además de sobrellevar el fuerte frío del páramo de Berlín, un imponente ecosistema de alta montaña ubicado dentro del complejo de páramos de Santurbán. Estos documentos a su vez recogen testimonios de niñas que fueron obligadas a soportar diversas violencias basadas en género y abusos sexuales durante el reclutamiento.

La Operación Berlín

Ubicado a más de 3.000 metros de altura, el páramo de Berlín se convirtió en escenario de combates enmarcados en una operación militar que se extendió entre el 19 de noviembre de 2000 y el 5 de enero de 2001.

Durante una madrugada el estruendo de helicópteros del Ejército Nacional rompió la niebla; hubo ataques y ametrallamientos. Algunos menores combatieron y otros huyeron sin poder llevar alimentos. Así lo recuerda Sandra, una sobreviviente de la Operación Berlín, hoy firmante de paz.

Oriunda de La Julia, en Uribe (Meta), Sandra cuenta que llegó a las filas cuando tenía 12 años y que en esta decisión pesaron las necesidades económicas, la falta de oportunidades escolares y la historia de violencia de su familia.

Sobre el viaje hacia el páramo, ella relata cómo fue el traslado de los numerosos jóvenes: “Eran lanchas de dos pisos. A unas que les cabían 20 o 25 muchachos con equipaje… Uno se subía y a esperar a dónde lo iban a descargar”.

En el trayecto, Sandra recuerda que hicieron una pausa en Vichada, donde operaba el Frente 16, y durante varias semanas recibieron formación en manejo de paracaídas, enfermería y tareas relacionadas con la “economía” o remesa y la contabilidad. La travesía continuó hasta llegar al páramo, donde recibieron la orden de “reencauchar”, es decir, ajustar equipos, armamentos y redistribuir la remesa, pero esa noche no terminaron la tarea.

A la mañana siguiente, sobre las 4:45 am, ella y sus compañeros despertaron con el ruido de los helicópteros sobrevolando los campamentos. Algunos corrieron sin saber hacia dónde disparar, varios cayeron por abismos y otros murieron bajo el fuego aéreo. “Era muy triste, uno se sentía en familia; éramos tantos y quedar tan poquitos, fue muy duro”, relata Sandra, quien logró sobrevivir por esos días gracias a los tomates de las tomateras, el único alimento que tenían al alcance.

En la huida, Sandra perdió su tarjeta de identidad y su nombre apareció en los noticieros, lo que desató la angustia de su madre, que la buscó en hospitales y cementerios de Bucaramanga.

Según la Comisión de la Verdad, durante los días que duró la operación, las ráfagas y bombas cayeron sobre cultivos, animales y casas y mataron tanto a guerrilleros como a civiles. Las FARC-EP respondieron con fuego abierto y la siembra de minas antipersonal.

Investigaciones periodísticas documentaron que el 16 de noviembre de 2000 un menor se entregó al Ejército y aportó información sobre la composición de la estructura, los jóvenes que integraban la columna y el armamento que llevaban. Otros dos integrantes fueron capturados esa misma semana y también aportaron información sobre los desplazamientos. Esos hechos hicieron parte del seguimiento militar a la CMAR, pero la documentación revisada indica que el Ejército ya realizaba labores de inteligencia antes de la deserción.

La fuerza pública entrevistó a los menores detenidos sin la compañía del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y utilizó esa información en su estrategia de combate. “El Ejército reconoce que detuvo a 23 menores y otros 27 se entregaron y registra que 62 guerrilleros murieron en combate. De las 78 necropsias realizadas por Medicina Legal, 28 eran menores de edad, seis de ellos con estallido craneal, lo que significa que fueron asesinados en estado de indefensión”, así lo registró la Comisión de la Verdad en su informe final.

Esto confirma que la fuerza pública tenía información suficiente sobre la presencia de menores en la Columna Móvil Arturo Ruiz y, aun así, la Orden de Operaciones 046 salió del comando de la Quinta Brigada el 18 de noviembre. Una investigación periodística de El Espectador reveló un informe de inteligencia de la Décima Octava Brigada, fechado el 26 de octubre de 2000, en el que identificaba al menos 150 menores de entre 14 y 17 años.

Este hecho es ilustrativo principalmente porque las niñas y niños vivieron doble victimización: la primera al ser reclutados por las FARC-EP y la segunda al no recibir garantías de derechos por parte del Ejército Nacional.

Las familias de menores reclutados le manifestaron a la Comisión de la Verdad que la única reparación que esperan es saber el paradero de sus hijos desaparecidos en la Operación Berlín.

En esa espera se mantuvo Cecilia por muchos años, hasta que encontró en una jornada institucional una oportunidad para romper el silencio. En 2021 la Unidad de Búsqueda realizó una jornada móvil de atención en el parque del pueblo y en ese momento se iniciaron las gestiones que, con el tiempo, se convertirían en las primeras piezas del rompecabezas en el proceso de búsqueda de su hermano.

El derecho a la búsqueda y al duelo

Ana María Salamanca, investigadora de la UBPD en el Centro Regional Nororiente, señala que, como mecanismo humanitario y extrajudicial, la UBPD trabaja para recuperar y devolverles a sus familias los cuerpos de personas desaparecidas durante el conflicto. En los casos de menores reclutados, su labor busca esclarecer su paradero y restituirles, en la medida de lo posible, su identidad y dignidad.

En esa tarea reconstruyeron la estructura de la Columna Móvil Arturo Ruiz para entender qué sucedió con la vinculación de los menores, los frentes que la conformaron y los recorridos.

La documentación sobre la Operación Berlín mostraba que los cuerpos de los combatientes muertos en los enfrentamientos habían sido trasladados a la Quinta Brigada y luego remitidos al Instituto de Medicina Legal, pero muchos eran menores de edad sin cédula ni registro de huella dactilar en la Registraduría. Entonces, ¿qué pasó con esos cuerpos? Esa pregunta llevó al equipo investigador hasta el Cementerio de Bucaramanga.

La búsqueda comenzó a tomar forma en 2020, cuando las organizaciones Coalición contra la vinculación de menores (Coalico) y Bemposta Nación de Muchachos impulsaron el acompañamiento a los sobrevivientes de la Operación Berlín, por ser un caso emblemático para hablar de los niños y niñas en la guerra.

En 2021, la mayoría de quienes hicieron parte de la columna se encontraron en Bogotá para reconstruir los nombres y los rastros de sus compañeras y compañeros desaparecidos en un ejercicio de memoria.

En 2022 y 2023, los sobrevivientes de la operación, con el apoyo de Coalico, Bemposta y la Corporación Reencuentros, una organización de excombatientes que contribuye en la búsqueda de personas desaparecidas, participaron en las intervenciones en el Cementerio de Bucaramanga en compañía del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para realizar labores de necropsia. En ese ejercicio los cuerpos empezaron a tener nombre cuando reconocieron a sus compañeros en las fotografías, por sus alias de guerra, sus rasgos, sus cicatrices y sus fracturas. Así orientaron las identidades a partir de estos indicios.

El trabajo de los sobrevivientes sumado al cotejo genético con las familias, permitieron a esos cuerpos encontrar una identidad para, finalmente, abrir un camino de regreso a casa. “No los vamos a dejar de buscar. Nos duele a nosotros que fuimos su familia social, ¿cómo será a su familia biológica?”, precisó Naiza Quintero, coordinadora regional de la Corporación Reencuentros en la región oriente, para quien la búsqueda es una forma de aportar a la reconciliación.

Naiza explica que durante la firma del Acuerdo de Paz en La Habana, como firmantes, adquirieron el compromiso humanitario de aportarle a la verdad y a la búsqueda y es lo que continúan haciendo.

En casos como el de la familia de Carlos, que perdieron todo contacto tras su reclutamiento, la UBPD implementa la llamada “búsqueda inversa”, una estrategia que parte de la información verificada de cuerpos hallados e identificados para encontrar a las familias. Una vez que se tiene un nombre, se rastrean registros en el sistema de salud y se cruza información con solicitudes de búsqueda. Sin embargo, muchas de estas familias nunca iniciaron su búsqueda, porque decir que un familiar estuvo en un grupo armado traía señalamiento y estigma.

El regreso de Carlos

En el Cementerio Municipal de Bucaramanga, el tiempo había borrado parte de los rastros. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) encontró que algunas bóvedas habían sido utilizadas para disponer cuerpos en distintos momentos, con restos de diferentes personas mezclados en su interior.

Mientras los sobrevivientes aportaban mapas de memoria y nombres de guerra para ubicar a sus antiguos compañeros, Mercedes, la madre de Carlos, entregaba su muestra de ADN con el temor aferrado al pecho.

En 2024, el teléfono sonó. Las pruebas biológicas confirmaron que el cuerpo hallado era Carlos.

“Siempre tuvimos la esperanza de verlo llegar con vida”, confesó Cecilia.

En febrero de 2025 Carlos finalmente regresó a casa. No como el hombre maduro que imaginaban, sino en un cofre cubierto de dignidad. Su entrega fue la primera realizada como resultado de la investigación sobre personas desaparecidas en la Operación Berlín. Su cuerpo finalmente fue sepultado en Granada (Meta), cerca de la tierra que lo vio nacer y de las aguas donde aprendió a nadar.

“Ahora me siento más tranquila... ya sé dónde está”, susurra Cecilia con un suspiro que le tomó décadas exhalar. “Esto es cerrar un capítulo. Por fin pude borrar la imagen de su mano soltando la mía en aquel parque”, recuerda la hermana de la víctima.

Esta ceremonia puso fin a la incertidumbre, pero abrió una nueva lucha. Cecilia cuenta que cuando intentó registrar a Carlos como víctima ante el Estado encontró obstáculos para que su condición de menor reclutado fuera reconocida. Este tipo de situaciones tiene antecedentes documentados en Colombia: la Corte Constitucional, en la Sentencia T-506 de 2020, estudió un caso en el que la pertenencia de un menor a un grupo armado había terminado eclipsando su condición de víctima de reclutamiento cuando era menor de edad. La JEP, además, reconoce jurídicamente entre reclutamiento y utilización, desaparición, violencias intrafilas y otros hechos.

Carlos ya descansa en paz, pero la historia de su regreso no es solo el final de una tragedia familiar, es el recordatorio de miles de menores que aún esperan, en alguna fosa olvidada del páramo o de la selva, la mano que al fin los traiga de vuelta a casa.

La UBPD reseña que al 30 de junio de 2026, en las áreas del Cementerio Municipal de Bucaramanga relacionadas con la Operación Berlín, se recuperaron 72 cuerpos, 66 de ellos correspondientes a la Operación Berlín. A la fecha se han logrado cinco entregas dignas más, principalmente en el departamento del Meta.

La Comisión de la Verdad documentó que el reclutamiento y la desaparición de menores pueden quedar invisibilizados por el estigma y la falta de información. La historia de Carlos muestra el valor de la búsqueda humanitaria y de la restitución de la identidad y la dignidad de quienes fueron reclutados siendo niños. Para las familias, la búsqueda continúa hasta obtener respuestas sobre los desaparecidos y hasta que sean reconocidos como víctimas de la guerra.

Un buen número de niñas y niños reclutados continúan desaparecidos y quienes sobrevivieron, como Sandra, acogiéndose a la reincorporación, cargan con la discriminación y el estigma por haber pertenecido al grupo armado.

El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En el Estatuto de Roma, el reclutamiento, alistamiento o utilización de menores de 15 años en hostilidades está tipificado como crimen de guerra. El hecho de que un menor haya expresado voluntad de incorporarse no elimina, por sí mismo, su condición de víctima de reclutamiento.

En el caso 07, la Sala de Reconocimiento de Verdad y responsabilidad de la JEP ha señalado que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes estuvo relacionado con vulnerabilidades estructurales de los territorios y con políticas y estrategias de crecimiento de las FARC-EP.

La propia JEP caracteriza el fenómeno como un patrón nacional sistemático, complejo y multicausal. Por estos hechos, en noviembre de 2024 la JEP imputó a seis antiguos integrantes del último Secretariado de las FARC-EP como máximos responsables y documentó cinco patrones macrocriminales: reclutamiento y utilización de niños y niñas, malos tratos, torturas y homicidios en la vida intrafilas, violencias reproductivas, violencias sexuales y violencias por prejuicio por orientación sexual o identidad de género diversas. En abril de 2026, la JEP adoptó además una decisión regional que involucró a 20 antiguos integrantes de distintos bloques y estructuras.

*Los nombres de las personas que aparecen en esta historia fueron cambiados para proteger su identidad y la de sus familias.

Esta historia es resultado del proceso de formación y producción ‘CdR/Lab Hilando la memoria: periodismo para investigar la desaparición forzada en Colombia’, una iniciativa de la Asociación Consejo de Redacción (CdR) en alianza con el Servicio Civil para la Paz de Agiamondo en Colombia.

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La declaración de bienes y rentas de D’mar Córdoba Salamanca como nuevo director del Centro Nacional de Memoria Histórica se encuentra en la página de la Presidencia de la República, un paso previo a su nombramiento en ese cargo. Este es el perfil del nuevo director de la entidad.

Córdoba Salamanca es abogado de la Universidad Católica con especialización en Derecho Constitucional y Administrativo, así como una maestría en Derecho Constitucional de la misma universidad. Ha sido parte del programa radial La Hora de la Verdad del exministro Fernando Londoño Hoyos durante más de dos décadas.

De hecho, este programa celebró su nombramiento y señaló que Córdoba llega con el compromiso de “defender la verdad, cuestionar las versiones oficiales y darle voz a quienes durante años no han sido escuchados”. Esto en medio de la línea de “guerra cultural” que la administración de Abelardo de la Espriella ha trazado en algunos de sus funcionarios.

De hecho, El País de España destacó que en varias publicaciones de sus redes sociales, el ahora director cuestionó la existencia de un conflicto armado en Colombia en una narrativa negacionista. Por ejemplo, en esta del 9 de marzo de 2025 señaló que “la narrativa del conflicto armado sirvió para presentar a estas guerrillas como fuerzas beligerantes, cuando en realidad operaban como grupos criminales con una agenda ideológica”.

Tras la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad en el año 2022, Córdoba promovió una comisión alterna llamada “Comisión Civil para el Esclarecimiento de la Verdad”, enfocada en los testimonios de las víctimas de las Farc, pero especialmente aquellas que pertenecían a las fuerzas militares. Según Córdoba, esta comisión buscaba contar “lo que la Comisión de la Verdad del acuerdo de La Habana jamás contó”.

También trabajó en las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) de las exsenadoras del Centro Democrático, Paola Holguín (ahora ministra de Cultura) y Thania Vega. Además, fue profesor de Derecho en las universidades Católica, La Gran Colombia y la Sergio Arboleda.

Córdoba recibe la entidad de las manos de María Gaitán, nieta del asesinado Jorge Eliécer Gaitán, en medio de varias polémicas por un museo de la memoria histórica que lleva varios años estancado. En un inicio, por los cambios en la hoja de ruta planteados por el director durante la administración de Duque, Darío Acevedo, y después por fallas en la edificación.

No fue hasta marzo de 2026, cuando el museo reanudó su construcción tras tres años de parálisis marcados por problemas contractuales, disputas judiciales y falta de recursos.

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Claudia Giraldo y John William Taborda vivieron el conflicto, hace más de dos décadas, desde montañas distintas. La de Claudia, como víctima del conflicto, estaba en el municipio de Granada, en el oriente de Antioquia. Allí, durante 18 horas, entre el 6 y 7 de diciembre de 2000, sobrevivió a un ataque de las FARC que comenzó con la explosión de un carro bomba, al que le siguieron intensos combates. Murieron 22 personas y quedó destruida gran parte del casco urbano del pueblo.

La de John Taborda, hoy firmante de paz, estaba al otro lado, en Ituango, norte del departamento. En 1997, luego de una incursión de las Autodefensas Unidas de Colombia desde el Nudo de Paramillo, que incluyó la masacre de El Aro (donde fueron asesinadas 15 personas), tuvo que desplazarse con toda su familia. Jhon tenía 5 años; su vida cambió desde entonces. En 2009 terminó en las filas del frente 18 de las extintas Farc, como combatiente, y posteriormente estuvo preso. “Volví a empezar de cero gracias a la firma del Acuerdo de Paz”, dice.

Las vidas de Claudia y John tienen algo en común: desde 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz, cada uno por su lado, se dio a la tarea de sembrar y comercializar café e integrar en sus proyectos a campesinos, víctimas del conflicto y firmantes de paz.

Con la firma del Acuerdo, el café se convirtió en mucho más que un producto agrícola en Antioquia. En municipios marcados por décadas de conflicto, una taza reúne a comunidades que intentan reconstruir vínculos rotos por la guerra. No es casual encontrarse con bolsas de café cuyo nombre incluye, la palabra paz, historias de reconciliación al respaldo de los empaques, o incluso, sitios donde los clientes encuentran en el menú la oferta de un “tinto de la paz”.

Tejipaz: la memoria de Granada

En Medellín ya existen varios lugares donde la paz se conversa alrededor de una taza de café. Uno de ellos es Trópicos, en el centro de la ciudad, impulsado por la Federación Mesa Nacional del Café, donde se comercializan aquellos producidos por organizaciones de firmantes de paz de distintas regiones del país. El otro es Tejipaz, Café de la Memoria, abierto en el mes de febrero de este año en el sector de Provenza, en el barrio El Poblado, y liderado por víctimas del conflicto y organizaciones campesinas del Oriente antioqueño.

“Vivimos la paz cuando estamos tomando una tacita de café, cuando compartimos y volvemos a encontrarnos”, comenta Claudia Giraldo, al recordar que hace 26 años sobrevivió embarazada a la toma guerrillera que destruyó gran parte de su municipio. Hoy, junto a su hijo, habla de reconciliación y relata cómo víctimas (o sobrevivientes como prefiere que se les mencione), campesinos, jóvenes, mujeres y también firmantes participan en procesos productivos alrededor del café, el cacao, la panela, las frutas y otros productos del campo.

“La guerra nos aisló, puso una barrera entre el campo y la ciudad. Hoy estamos tratando de volver a conectarnos. El café es la disculpa perfecta para sentarnos a conversar”, explica la mujer quien ha liderado procesos de reconciliación en Granada.

Relata que la idea de Tejipaz nació en 2015, después de probar por primera vez un café colombiano de calidad en Estados Unidos. Ese momento la llevó a preguntarse por qué los colombianos no consumían los mejores productos que cultivaban. Al año siguiente, con otros campesinos de Granada, comenzó a trabajar cafés especiales, orgánicos y sostenibles como parte de una apuesta por la salud, la economía campesina y la reconciliación.

“Queríamos demostrar que sí era posible volver a vivir del campo y recuperar nuestras tradiciones. Una de las consecuencias del conflicto es el desplazamiento y mucha gente no sabe lo que significa reconstruir un pueblo. Así comenzamos con nuestro café y se formó toda una cadena productiva. Hoy queremos que la gente en Medellín vuelva a reconocer el valor de lo que se produce en las veredas”.

Actualmente el proceso involucra a 30 asociaciones de campesinos y favorece a 1.000 familias de Granada y municipios vecinos, en distintas temporadas productivas. La mayoría de las integrantes de Tejipaz son mujeres víctimas del conflicto.

“Vivimos la paz cuando estamos tomando una tacita de café. La paz no puede imponerse: debe construirse pasito a pasito, desde el corazón”, explica, mientras agradece a muchas manos que se han unido a esta idea: “Estos 10 años hemos tenido el acompañamiento en distintos momentos de la Alcaldía de Granada, la Gobernación de Antioquia, Naciones Unidas, sector privado, que ven en esto una posibilidad de crecer”.

Ubuntu: “Soy porque somos”

Esa misma idea atraviesa la historia de John William Taborda, firmante del Acuerdo de Paz y representante legal de la cooperativa multiactiva Coomudess, impulsora de la marca café Ubuntu, en Fredonia, en el suroreste del departamento.

“Han sido 10 años de muchos retos y aprendizajes. Después de dejar las armas estudié Administración de Empresas y encontré en el café una posibilidad de sostenibilidad económica y transformación social. Nos permitió conectar con la gente más allá de la firma del Acuerdo”, relata.

Ubuntu, explica Taborda, proviene de una filosofía sudafricana cuya traducción más conocida es “soy porque somos”. El proyecto reúne actualmente a 24 personas: 14 firmantes y 10 integrantes de la comunidad.

La cooperativa participa en toda la cadena productiva: cultivo, recolección, transformación, tostión, molienda y comercialización. Su café de especialidad, cultivado en Fredonia a casi 2.000 metros de altura, ha alcanzado perfiles de taza de hasta 86 puntos. Pero para Taborda el mayor logro no está solamente en el producto. “No somos los mismos de hace diez años. Hemos aprendido, estudiado y reconstruido relaciones con las comunidades”.

Recuerda que el proceso de reincorporación ha tenido dificultades políticas, económicas y de seguridad, pero insiste en que la apuesta por la paz sigue vigente. “El Acuerdo abrió caminos diferentes para nosotros y para nuestras familias. Uno de los grandes cambios es recuperar la familia, estudiar y construir proyectos productivos colectivos. Sentimos orgullo de estar trabajando por pasar la página de la guerra”, agrega.

Luz Amalia Jaramillo pasó 16 años en la guerrilla. Hace cinco años llegó a Medellín, proveniente de Ituango, y todavía recuerda el miedo que sentía al caminar sola por la ciudad. “Me perdía mucho en las calles y me daba temor salir sola”, cuenta.

Hoy hace parte del proyecto Ubuntu y asegura que encontró allí una nueva familia. “Somos muy unidos y queremos seguir creciendo para ayudar a más mujeres y campesinos. Hay que seguir adelante y evitar que las nuevas generaciones repitan nuestra historia”, comenta mientras abraza a su niña de siete años.

“Mi sueño es que ella tenga oportunidades. Yo ingresé a la guerrilla a los 14 años y prácticamente ahí se fue toda mi juventud. Hoy tengo esperanza y trabajo para que ella viva, tenga una vida digna y con esperanza de que estudie”, dice la madre.

Carlos Mario Henao, docente y presidente del Consejo de Administración de Coomudess, considera que experiencias como Ubuntu muestran que sí es posible construir relaciones distintas en territorios golpeados por la violencia. “Aquí no hablamos de víctimas y victimarios. Hablamos de personas trabajando juntas”.

Para él, el café se convirtió en una posibilidad de producción, comercio justo y reconciliación. “Lo importante es valorar al ser humano venga de donde venga”.

En Fredonia, Jorge Andrés Jiménez, administrador de Hacienda La Chapolera, donde se produce Ubuntu, coincide en que estos proyectos demuestran que sí es posible abrir espacios compartidos. “Desde la finca se apoyan procesos de trabajo conjunto con firmantes y comunidades campesinas. Todos tenemos algo que aportar”.

¿En qué se parece la paz al café?

¿En qué se parece la paz al café?, le pregunta Daniel Castaño, uno de los clientes de café Trópicos, que funciona en un edificio de la Universidad de Antioquia, a su administradora, Camila Graciano, firmante del Acuerdo de Paz quien exhibe con orgullo su título de barista certificada.

“Se parecen en que el Acuerdo y el café tienen notas de reconciliación. Es un aprendizaje constante y nos enseña a tratarnos bien entre todos. Yo sé que vengo de un mundo distinto y me están acogiendo en otro sitio distinto. Es reconocernos entre todos y conversar con un tintico”, responde Camila.

Trópicos funciona como una marca sombrilla que reúne café producido por organizaciones de firmantes de distintas regiones del país. “Al principio la gente sentía temor. Pero cuando nos ven comprometidos con el proceso, nos apoyan. Cada marca cuenta con sus propios clientes”, dice mientras explica las notas achocolatadas, cítricas y dulces de cafés producidos en Antioquia y otras regiones, como Ubuntu, Paramillo, Cinzonte, entre otros.

Reincorporación y reconciliación

Lo que ocurre alrededor de proyectos como café Ubuntu hace parte de una red más amplia de reincorporación que atraviesa distintas regiones del departamento. Según cifras de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), con corte al 28 de febrero de 2026, en Antioquia 1.240 personas adelantan actualmente su proceso de reincorporación: 335 mujeres y 905 hombres, con mayor presencia en el Urabá antioqueño y el Valle de Aburrá.

En paralelo, excombatientes impulsan 624 proyectos productivos colectivos e individuales que benefician a 1.215 personas. De ellos, 609 son iniciativas individuales y 15 colectivas relacionadas con agricultura, confecciones, turismo, ganadería, miel y café.

En Dabeiba, Mutatá, Fredonia, Ituango y Medellín, distintas cooperativas y asociaciones comenzaron a construir cadenas productivas y espacios de comercialización donde la paz también se conversa alrededor de una taza de café.

En medio de un país todavía atravesado por heridas y polarización, el café terminó convirtiéndose en una metáfora inesperada: una bebida cotidiana donde víctimas, firmantes y ciudadanos vuelven a sentarse en la misma mesa.

“El café de la paz nace allí donde las comunidades deciden transformar el dolor en encuentro y el territorio en esperanza. Colombia le muestra al mundo que la reconciliación también puede tener aroma de café y por eso desde la Misión de Verificación de la ONU seguimos acompañando estas iniciativas”, expresa Richard Clarke, jefe adjunto de la oficina regional en Medellín de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia

Juan Carlos Vélez, cliente de café Trópicos, lo resume de manera sencilla mientras sostiene una taza caliente entre las manos: “La paz como el café es para todo el mundo”.

Una de las imágenes más recordadas de la ceremonia de dejación de armas de las antiguas FARC hace nueve años en la vereda Buenavista en Mesetas, Meta, no fue un contenedor ni una de las 8.994 armas que se recibieron ese día. Fue un AK-47 completamente dorado que en lugar de un cañón terminaba convertida en una pala. Fue un regalo del entonces presidente Juan Manuel Santos a Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko y el último comandante que tuvo ese grupo armado.

La escultura, del artista Alex Sastoque, tenía un nombre que difícilmente podía retratar mejor ese momento de Colombia: Metamorfosis. El país asistía al silenciamiento de las armas de la que durante décadas fue considerada la guerrilla más antigua del continente, y que apenas hacía siete meses había firmado el Acuerdo de Paz.

La “Metamorfosis” terminó convirtiéndose en el símbolo de ese 27 de junio de 2017, pero el verdadero alcance de esa jornada iba mucho más allá de esa imagen. La dejación de armas marcó uno de los hitos del Acuerdo de La Habana y el cierre de un proceso que durante meses movilizó a cientos de observadores internacionales, excombatientes y funcionarios para registrar y certificar, una por una, las armas que quedaron bajo custodia de la recién llegada al país Misión de Verificación de las Naciones Unidas.

Pero esa historia no comenzó en Buenavista.

Cuando el país seguía el acto central por televisión que se realizó en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Mariana Páez, la mayor parte del trabajo ya se había hecho. En un tiempo récord el Mecanismo Tripartito -Gobierno, excombatientes y la Misión de la ONU- había empezado la recolección de armas en las 26 zonas veredales -como antes se llamaban los ETCR- y los siete puntos transitorios donde permanecían concentrados los excombatientes.

“En cada zona del país hubo dejaciones. En Pondores, en Antioquia hubo otras fechas. Fue un proceso que duró varios meses por lugares. Luego se recogieron las armas, se trasladaron a esa ceremonia de Mesetas que fue el acto final de esa dejación. Siempre insistimos mucho en esa palabra porque no entregamos las armas las dejamos por un arma mucho mejor: la palabra”, recuerda Pastor Alape, exintegrante del último secretariado de las FARC y hoy firmante del Acuerdo de Paz.

Fue esa operación, más que el acto protocolario, la que convirtió la dejación de armas en uno de los ejercicios de verificación más complejos -y más rápidos- que ha acompañado Naciones Unidas en un proceso de paz en el mundo.

Detrás de cada fusil depositado en un contenedor se dio una logística que había comenzado meses antes.

“Comenzamos todo el proceso de dejación de armas organizando toda la logística para ello. Debíamos seleccionar los lugares, instalar los campamentos, contar con los “armeros” donde se iban a depositar las armas; esto tomó meses. No fue un proceso improvisado. Se realizaron múltiples ensayos. Fue un proceso técnico muy riguroso”, recuerda Martín Catardi, quien integró la Misión de Verificación de Naciones Unidas y participó directamente en la operación.

Mientras el Gobierno y las FARC renegociaban el Acuerdo de Paz -pues se había perdido el plebiscito en octubre de 2016-, la Misión siguió verificando el cese al fuego y preparando el procedimiento y los protocolos de seguridad que meses después permitirían la dejación de armas.

Cuando finalmente comenzaron las jornadas de dejación, nada quedaba librado a la improvisación. Cada arma debía recorrer el mismo circuito, sin importar si el procedimiento ocurría en Mesetas, Pondores, Icononzo, Dabeiba o cualquiera de las demás zonas de concentración.

“Los miembros de las Farc que estaban en el proceso de dejación de armas se acercaban a las mesas del campamento y se presentaban uno a uno. Entregaban el arma; luego pasaban a la mesa donde se registraba, se verificaba que el arma estuviera en condiciones seguras, que no tuviera munición y que fuera seguro su depósito. Se registraba y se guardaba en un armero dentro de un contenedor. La persona pasaba a la mesa siguiente, donde comenzaban los trámites administrativos. Esto se realizó en 27 lugares del país, casi de manera simultánea.”

Cada excombatiente recibía un certificado que acreditaba que había cumplido con la dejación de armas. Ese mismo día también concluía el proceso de identificación y se adelantaban los trámites para abrir la cuenta bancaria donde posteriormente comenzarían a recibir los apoyos económicos previstos para la reincorporación.

Las jornadas se desarrollaron en tres fases y entre cada una transcurrían cerca de tres semanas. Al terminar cada día, los contenedores quedaban sellados con candados y precintos bajo custodia permanente de observadores de Naciones Unidas.

Pero mientras la operación avanzaba con una precisión casi quirúrgica en los campamentos, alrededor del proceso persistía una incertidumbre que ningún protocolo podía despejar. La dejación de armas coincidía con los primeros desafíos de la implementación del Acuerdo de Paz y con crecientes dudas entre los excombatientes sobre el cumplimiento de lo pactado.

Esa tensión también quedó reflejada en la ceremonia de Mesetas. Santos celebró que aquel sería “el día en que las armas se cambiaron por las palabras” y afirmó que las FARC dejaban definitivamente de ser un grupo armado para convertirse en un actor político legal.

Londoño, por su parte, utilizó ese mismo escenario para expresar públicamente las preocupaciones de la organización.

“Manifestamos nuestra preocupación por la negligencia estatal en honrar su palabra. Los asesinatos de dirigentes populares no se detienen, mientras crece la amenaza paramilitar en todo el país. Aún no arrancan los mecanismos previstos y vemos trabas de orden burocrático, administrativo, judicial y hasta político”, dijo frente al presidente, los delegados internacionales y cientos de excombatientes.

El intercambio resumía el momento que atravesaba el proceso. Las armas ya estaban quedando bajo custodia de Naciones Unidas, pero la confianza entre las partes seguía construyéndose en medio de la incertidumbre.

Y esas dudas también tenían un rostro mucho más íntimo: el de miles de hombres y mujeres que, después de pasar buena parte de su vida en la guerra, comenzaban a desprenderse de aquello que durante años había definido su existencia. Pero también el de comunidades alrededor de esos espacios que aún venían con desconfianza en el proceso.

“Nosotros lo que hacíamos era enlazarnos mucho con las Juntas de Acción Comunal, con los presidentes para organizar charlas. Muchas veces explicamos lo que pasaba en el proceso, incluida la dejación de armas que era algo muy técnico. En un momento tuvimos un un enlace de de la entonces Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que estaba en territorio, para que él pudiera complementar estas pedagogías”, explica Guillermina Gunitski, quien era voluntaria de la Misión de Verificación de la Onu en ese momento de la dejación.

Jermison Noreña, conocido durante la guerra como “Irson”, estaba en el ETCR de Mariana Páez ese día junto a cerca de 700 guerrilleros y afirma que, aunque sabía que era el Acuerdo de Paz era la decisión correcta, tenían incertidumbres del futuro.

“Nosotros entendíamos que no era una decisión tomada de un día para otro. Eso venía desde la Décima Conferencia y de muchos intentos de paz anteriores y el Acuerdo de 2016 era lo que había que hacer. Pero también sabíamos que iban a venir dificultades y riesgos. Eso se había discutido mucho”, explica.

En su caso, el cambio era radical. Había ingresado a la guerrilla cuando tenía 12 años y llevaba más de tres décadas viviendo bajo la lógica de la guerra. “Dejamos el fusil y con eso empezó una nueva etapa. Acá seguimos. Acá seguimos”, explica.

Nueve años después, esa incertidumbre sigue presente. La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia —quien durante su campaña anunció que buscará desmontar buena parte de la arquitectura del Acuerdo de Paz— volvió a despertar inquietud entre los firmantes.

Este viernes 26 de junio, apenas unos días después de su elección, un grupo de excombatientes le envió una carta en la que le pidió respetar los compromisos adquiridos por el Estado y garantizar la continuidad de la implementación, recordándole que la dejación de armas fue una decisión irreversible construida sobre la confianza en ese pacto.

¿Qué se hizo con las armas?

La operación no terminaba cuando el excombatiente dejaba el fusil en el armero.

Cada arma quedaba registrada en una base de datos con un código único y permaneció bajo custodia permanente de la Misión de Naciones Unidas. Los contenedores eran sellados con precintos de seguridad y permanecían vigilados por observadores internacionales hasta completar cada una de las fases de la dejación.

Solo entonces comenzaba una nueva etapa: trasladar todo ese material al depósito central en Funza, Cundinamarca, donde volvería a verificarse arma por arma antes de partirla en tres partes para inutilizarla definitivamente.

El inventario total que salió de las zonas veredales era mucho mayor que las 8.994 armas individuales. Durante los meses siguientes, la Misión también acompañó la ubicación y destrucción del material que permanecía oculto en las caletas que las antiguas FARC reportaron como parte del Acuerdo de Paz.

En total fueron intervenidas 750 de las 1.027 caletas reportadas por la antigua guerrilla. Se entregaron 1.765.862 cartuchos de diferentes calibres y 38.255 kilos de explosivos entre granadas, minas antipersonal y morteros. El material recuperado fue destruido de manera controlada o trasladado para su disposición final bajo supervisión de Naciones Unidas.

Solo cuando ese proceso terminó comenzó la fundición del acero. Parte del metal fue utilizado para construir tres monumentos acordados durante la implementación del Acuerdo. El primero fue inaugurado el 26 de noviembre de 2018 en Bogotá -cuando se cumplieron dos años de la firma-. Se trata de Fragmentos, la obra de la artista Doris Salcedo que abrió al público en agosto de 2019.

El 11 de julio de 2024 se inauguró el otro en la sede de la ONU en Nueva York. La obra es del artista chileno Mario Opazo y se llama Kusikawsay –que significa en quechua “vida nueva y venturosa”-. Se trata de una canoa que sale de la tierra hacia el cielo como un misil y está enclavada en una tumba. Desde distintas perspectivas parece un proyectil, pero al estar cerca y recorrerla se descubre su cavidad. Un tercero, destinado a Cuba como país garante del proceso, permanece pendiente.

La Metamorfosis nunca habló únicamente de cambiar un fusil por una pala. Anunciaba un futuro en el que, una vez silenciadas las armas, empezaría el trabajo de construir paz. Nueve años después, mientras el país vuelve a debatir el futuro del Acuerdo, esa sigue siendo una tarea que aún exige abrir camino todos los días.

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El Clan del Golfo –que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)– respondió al ultimátum que lanzó el presidente electo, Abelardo de la Espriella, a los grupos armados del país el pasado 25 de junio, cuando aseguró que tiene un plazo de un mes para “organizar su sometimiento al Estado de derecho” y que “no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptable”.

En una carta de cuatro puntos dirigida al nuevo mandatario este 29 de junio, la organización armada afirmó que el debate no es si se someterá o no, pues eso será “inevitable”, sino bajo qué condiciones jurídicas y de seguridad se llevaría a cabo ese proceso.

“La cuestión no radica en si nos acogemos a la justicia —conscientes estamos de que esto será inevitable en algún momento—, sino en las condiciones bajo las cuales lo haremos”, señaló el grupo armado. También afirmó que son necesarias “la seguridad jurídica y personal, y las garantías necesarias para que nuestros combatientes de base y comunidades no continúen padeciendo el olvido perpetuo del Estado”.

Uno de los principales puntos de la misiva es la crítica al marco jurídico para un eventual sometimiento. El Clan del Golfo sostiene que las herramientas actuales no ofrecen garantías suficientes para una organización de sus dimensiones y plantea la necesidad de construir un esquema que permita una transición con seguridad jurídica, verdad, reparación y garantías de no repetición.

“Debería existir una ley que garantice —en un plazo razonable e improrrogable— seguridad jurídica, verdad plena, reparación efectiva y garantías de no repetición; no un proceso eterno que ha sostenido una burocracia absurda pero ha producido escasa restauración del daño”, dice el EGC.

La organización también utilizó como referencia el proceso de Justicia y Paz que siguió a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). “21 años después de aquel proceso de sometimiento, sus exintegrantes siguen sin poder acceder a derechos elementales, como abrir una cuenta de ahorros, contar con salud digna o ejercer derechos políticos”, se lee en la carta.

Clan del Golfo reitera disposición al diálogo y pide vincular a Estados Unidos

El grupo armado ilegal reiteró su disposición a continuar conversaciones de paz. “Estamos listos, Señor Presidente”, señaló la organización, que además manifestó su voluntad de recibir al comisionado de paz que designe el nuevo gobierno y mantener el acompañamiento internacional en un eventual proceso.

El grupo armado ya había enviado un mensaje la presidente electo en el que decía que los resultados de las elecciones del pasado 21 de junio no modifican su disposición de seguir en la mesa.

En la nueva carta, el Clan del Golfo también extiende una invitación para que los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido se vinculen a las conversaciones.

“Reconocemos su legítimo interés en la transformación de las economías informales presentes en los territorios donde el Ejército Gaitanista de Colombia ejerce presencia, y los invitamos a sumarse como socios de la construcción de país y de la transformación territorial efectiva”, se lee en la misiva.

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En Yotoco, Valle del Cauca –en lo que una vez fue una hacienda del cartel de narcotráfico del Norte del Valle–, hay un salón de clases que no existe en ningún otro lugar del mundo.

De lunes a sábado, Tanja Nijmeijer, la otrora popular holandesa que estuvo en las filas de las FARC y hoy es firmante de paz, les enseña inglés a otros excombatientes de la extinta guerrilla, a sus hijos, a hijos de militares y de víctimas del conflicto en la finca ‘Trópicos, frutos de la esperanza’, donde hombres y mujeres que dejaron las armas hacen su proceso de reincorporación. Entre ejercicios de pronunciación, juegos de roles y el verbo to be, sus alumnos se preparan durante ocho horas al día para atender clientes extranjeros y vender café colombiano en el mercado internacional.

No es la primera vez que Nijmeijer dicta clases en Colombia. La holandesa, conocida durante la guerra como Alexandra Nariño, llegó al país hace más de 25 años para enseñar inglés en colegios de élite, pero decidió entrar a las FARC donde también impartió clases a los exguerilleros. Hoy, 10 años después de la firma del Acuerdo de Paz, vive en una finca a hora y media de Cali con “los pelados”, como llama a los estudiantes.

En ese lugar la rutina arranca a las 5:30 de la mañana, cuando el grupo se levanta, se alista, hace aseo y sube a desayunar. En el trajín de las primeras horas, Tanja encuentra pequeños privilegios cotidianos: “A veces –dice– algún barista me prepara un tintico rico”.

A las ocho en punto arrancan las clases que también dictan dos profesores más. Una sala pequeña, donde apenas caben los estudiantes, hace de aula. Sobre el muro blanco, Tanja proyecta letras y vocabulario. Afuera, el paisaje son los cafetales. Adentro, durante ocho horas, la realidad se traduce al inglés. “Ellos mantienen activos todo el tiempo. Es rara la vez que veo a alguien aburrido o sin prestar atención. Es un curso exigente porque están practicando constantemente”, cuenta la firmante de paz.

La iniciativa es impulsada por la Federación Mesa Nacional del Café (Femncafé), una organización creada por firmantes de paz y comunidades que reúne a 1.600 hombres y mujeres de 37 organizaciones de Valle del Cauca, Cauca, Tolima, Huila, Cundinamarca, Meta, Caquetá, Antioquia y Cesar. Además, hace parte de #PuentesParaLaReconciliación, el ecosistema de recursos para la paz de la Fundación Compaz que lidera el expresidente y uno de los arquitectos de ese Acuerdo de Paz, Juan Manuel Santos.

Antonio Pardo, firmante de paz y representante legal de Femncafé desde hace ocho años, explica que los 27 participantes del curso ya tienen experiencia en la cadena del café y varios se han formado como baristas. “La idea es que ahora tengan las herramientas para sostener una conversación en inglés en el área comercial”, señala.

El proyecto nació hace dos meses, mientras Tanja se capacitaba en barismo para una de las tiendas Trópicos –la marca sombrilla de café de la Mesa que lleva el mismo nombre de la finca– que abrirán próximamente en Cali. “Estuve en ese curso y había varios hijos e hijas de firmantes, y también firmantes. Muchos me preguntaban por qué no dictaba un curso de inglés, que sentían esa necesidad. Hablé con Antonio y le dije que me parecía una buena oportunidad para los pelados, pero también para Femncafé. A las cafeterías Trópicos llega mucho extranjero y muchas veces nadie sabe atenderlos. Cuando hay comercialización hay que hablar con gringos, se exporta café y la gente no es capaz de hablar inglés. Antonio me dijo: ‘Vamos a hacer eso, pero rápido’”, recuerda.

Los costos de esta primera versión del curso –que dura un mes y termina el 10 de julio– los asumió la Federación. Según Pardo, ellos garantizan el transporte, la alimentación, todo. “Sembramos el café, lo cosechamos, lo trillamos, lo tostamos, lo vendemos. Nos quedó una plata y con eso vamos a formación en inglés. No queremos que diez años después sigan diciendo que los firmantes siguen chillando y siguen contando lo mismo, la misma mierda. Lo importante es que hoy la mesa de café tiene, por ejemplo, chinos que ya se han formado en baristas, formándose en inglés. Y los exguerrilleros están enseñando”, cuenta.

Para Nijmeijer, esa decisión tiene un significado que va más allá del aprendizaje de un idioma; es también una forma de demostrar que los firmantes pueden sacar adelante sus proyectos sin depender de nadie. “Con esto mostramos que, si no hay apoyo, nosotros mismos lo hacemos. Estamos acostumbrados a eso. Yo noto muchas veces que la sociedad, cuando uno sale del monte, lo ve como población vulnerable. Pero eso no significa que los firmantes necesiten asistencialismo ni que sean incapaces. Nosotros podemos autocapacitarnos, sacar estos proyectos adelante. Ese es el mensaje que me gustaría dar”, dice.

La expansión de las tiendas Trópicos es otra muestra de esa apuesta. Aunque algunas han contado con apoyos institucionales, otras las han sacado adelante con lo que genera la propia venta del café.

“En la Universidad de Antioquia, en Medellín, nos dieron la mano para poner la primera tienda de café de la paz. Ahí no nos ayudó el Gobierno, fue la universidad. La que vamos a abrir en Cali sí va a tener apoyo del Gobierno Nacional por medio de la Agencia de Reincorporación. La de Neiva la pusimos con nuestros recursos, con lo que hemos vendido en café. Y la que vamos a poner en Versalles (en Cali), y la de Bogotá también son con recursos propios. Hemos recibido apoyos importantes, pero mayoritariamente son recursos propios”, afirma Pardo.

La importancia del café para dejar la guerra atrás

Antonio había dormido en los cafetales durante los ocho o nueve años que estuvo en la guerra, pero de café no sabía nada. Y eso, “no saber nada” del producto más importante del país, es algo que hoy no concibe ni para él ni para ningún colombiano.

Su reincorporación la hizo en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de La Elvira, en Buenos Aires, Cauca, el departamento con más familias caficultoras del país: más de 97.000. Fue allí donde empezó a trabajar con otros firmantes en proyectos alrededor del café, según cuenta la Fundación Compaz.

Con los años se formó como barista, aprendió sobre cata y conoció una industria que, asegura, históricamente ha estado lejos del alcance de los campesinos. “Es muy chistoso porque la gente no lo entiende, o mejor, no lo sabe. El café es un mundo de élites. Ser barista en Colombia es una formación costosa. Nosotros hemos ido aprendiendo, practicando, pero la fuerza de la Federación es lograr que ese conocimiento se democratice, que se comparta. Que la gente en el campo tenga la posibilidad de sembrar su café, tostarlo, catarlo y hacer una buena taza de café mediante un show de barismo”, señala.

Cuando habla del tema hay algo que cambia en su tono de voz. Las frases salen una detrás de otra, se le escapa alguna mala palabra y, casi siempre, una disculpa después de decirla. Habla como si en el café se jugara algo más que una cosecha. Para él, es así. Antonio ve en ese cultivo la posibilidad de que un joven del campo encuentre un camino distinto al de la guerra.

Según señala Compaz en su página web, uno de los ejemplos más visibles de lo que ha logrado Femncafé está en Argelia, Cauca, donde muchas familias han reemplazado o combinado los cultivos de coca con café gracias al acompañamiento de esta iniciativa.

“Después de 60 años de tradición cafetera, a los campesinos no les han enseñado a tostar el café, a trillarlo, a hacer barismo. Ya van como cuatro generaciones y a ninguna le han enseñado a salir de la materia prima. Es tan loco que hoy, después de 60 años, el campesino llega con su carga de café y es otro el que le dice cuánto vale. Los que producen el mejor café del mundo muchas veces no saben cuánto vale su café. Estamos en la colonia todavía con el café”, afirma.

Antonio habla de los campesinos y de la Mesa como de su familia. La palabra le sale sola. Es una familia que se preocupa por el otro, que se forma, se prepara y comparte lo que sabe y que ahora aprende inglés. Quiere que reconocer en el café una posibilidad de vida se vuelva una costumbre para los jóvenes del país, que el campo deje de ver el grano como una condena y que nadie siga tratando al campesino con menosprecio.

“Lo importante de esto que hacemos es despertarles a los muchachos y a las muchachas del campo el sueño de que el café es una posibilidad de vida. Tengo 37 años. Sí, nosotros ya salimos de la guerra, yo no me voy a devolver. Entonces el mensaje no es para nosotros, no es para vernos el ombligo. El mensaje tiene que ser para ellos. Que sepan que pueden formarse como baristas, como catadores, que el café es un negocio para el mundo y que no tienen que abandonar su finca ni pensar en la ilegalidad como una opción”, afirma.

En Yotoco, esta semana, algunos de esos muchachos a los que Antonio llama su familia tendrán con Tanja una clase entera de vocabulario de café en inglés. Solo de café.

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La expansión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) hacia Maicao está modificando el mapa del conflicto armado en La Guajira. Esa es la principal conclusión de la Alerta Temprana de Inminencia 013 de 2026, emitida por la Defensoría del Pueblo el pasado 17 de junio, pero divulgada este lunes, en la que advierte que el municipio fronterizo enfrenta un riesgo creciente de confrontaciones entre grupos armados ilegales y de nuevas afectaciones contra la población civil.

En Maicao confluyen el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC agrupadas en la Segunda Marquetalia, las ACSN y varias estructuras de criminalidad organizada, tanto locales como transnacionales, que disputan rentas ilegales derivadas de la extorsión, el narcotráfico, el contrabando y el control de pasos fronterizos.

Según el documento, “la pretensión de consolidación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, la presencia del ELN y de las disidencias de las FARC-Segunda Marquetalia, así como el accionar de estructuras de criminalidad organizada, tanto transnacional como local, configuran un escenario de alto riesgo para la población civil”.

Para la Defensoría, el principal cambio en el escenario de seguridad es el proceso de expansión territorial de las ACSN, un grupo que hasta hace pocos años concentraba su presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta y que ahora busca consolidar su influencia en uno de los corredores fronterizos más estratégicos del Caribe.

Las Autodefensas Conquistadoras son parte de los grupos que están en la paz total de Gustavo Petro, pero esa mesa no ha tenido ningún avance.

Según la alerta, las ACSN han fortalecido su presencia en el casco urbano y en corregimientos como Carraipía y Paraguachón, en desarrollo de una estrategia para controlar corredores de movilidad y economías ilícitas asociadas a la frontera con Venezuela.

“La incursión de las ACSN en territorios donde otros actores mantienen presencia e influencia incrementa las tensiones y eleva la probabilidad de confrontaciones armadas”, advierte la Defensoría, que también alerta sobre un posible aumento de homicidios, secuestros, amenazas, extorsiones y restricciones a la movilidad de la población civil.

El organismo identifica cuatro dinámicas que hoy explican el riesgo en el municipio. La primera corresponde al control histórico que ejerce el ELN sobre los corregimientos de Carraipía y La Majayura. La segunda ocurre en Paraguachón, donde esa guerrilla y la Segunda Marquetalia mantienen una coexistencia alrededor de los principales pasos ilegales hacia Venezuela, sin enfrentamientos abiertos, pero sí mediante mecanismos de regulación y control sobre las comunidades.

La tercera dinámica se desarrolla en el casco urbano, donde organizaciones como Los Rafita, Los Payasos y La Banda del Oso disputan el control de economías ilegales y sectores estratégicos del municipio. La cuarta, considerada el principal motivo de la alerta, es la expansión de las ACSN y su intención de consolidar un nuevo dominio

Como evidencia de esa escalada, la entidad recuerda el homicidio múltiple ocurrido el 9 de enero en el barrio Altos de Parrantial, donde cinco jóvenes fueron asesinados por hombres armados. También menciona la masacre del 12 de abril en Villa Mery, en la que cinco personas, entre ellas dos menores de edad, murieron tras un ataque indiscriminado atribuido por la comunidad a las disputas entre organizaciones criminales.

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“Estos hechos se complementan con el uso de videos intimidatorios difundidos en redes sociales, en los que se muestran actos de tortura y declaraciones forzadas como mecanismo de disciplina social”, dice la Defensoría.

Hace una semana se vio otra de las consecuencias de esa guerra. Las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta y quienes se movilizan por la Troncal del Caribe vieron el bloqueo en la vía que protagonizaron las ACSN y que duró varios días.

A inicios del año, las ACSN también hicieron cerrar el Parque Tayrona instrumentalizando a las comunidades que viven y trabajan allí.

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Entre las poblaciones más expuestas, según la entidad, aparecen comunidades indígenas Wayuu, campesinos, población afrodescendiente, comerciantes, migrantes, líderes sociales, defensores de derechos humanos, mototaxistas y niños, niñas y adolescentes.

“Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló en su ATI un total de 18 recomendaciones de carácter urgente a entidades como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación de La Guajira, como también a la fuerza pública, instándoles a tener en cuenta el cumplimiento de los deberes de respeto, garantías y salvaguarda de los derechos humanos”, dice la entidad.

Las acciones incluyen prevención de reclutamiento, protección de comunidad étnicas y fortalecer las investigaciones judiciales contra los grupos armados que actúan en Maicao.

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La Consejería Comisionada de Paz del Gobierno de Gustavo Petro se pronunció sobre la difusión de un panfleto atribuido al Clan del Golfo –el grupo ilegal más grande del país que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)– en el que se hacen señalamientos contra el periodista Norbey Valle David, corresponsal de Caracol Radio en Medellín.

En el documento, el grupo armado aseguró que el comunicador “Norbey Valle David publica con frecuencia videos, donde sindica al Ejército Gaitanista de una cantidad de hechos completamente falsos”.

Tras conocerse la denuncia, la Consejería informó a través de su cuenta de X que el caso fue remitido al Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación –conformado por la MAPP/OEA, representantes del Gobierno y del Clan del Golfo– para el registro y la verificación de la información.

Además, recordó que el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario hace parte de los compromisos establecidos en Doha, Catar, donde se han llevado los distintos ciclos de diálogo con ese grupo armado.

También pidió a los diferente organizmos de Gobierno que investiguen y atiendan este tipo de casos de forma eficaz.

“Expresamos nuestra total solidaridad con las personas amenazadas. Las libertades de expresión y prensa son esenciales para cualquier democracia”, añadió la Consejería.

La Defensoría del Pueblo también rechazó los señalamientos contra el periodista. La entidad afirmó que no le corresponde a ningún grupo armado pronunciarse sobre el trabajo de la prensa, calificar su labor o pretender establecer límites a su ejercicio, y advirtió que este tipo de mensajes tienen un carácter intimidatorio.

“Aunque el comunicado afirme que no constituye una amenaza y manifieste respetar la libertad de prensa, sus señalamientos producen un efecto objetivamente intimidatorio que incrementa el riesgo para la vida, la integridad y la libertad del periodista, y envían un mensaje de presión e intimidación a los medios de comunicación en general al pretender fijar parámetros de conducta desde la ilegalidad”, escribió la entidad y pidió a las autoridades adoptar medidas de protección y evaluar el nivel de riesgo de Valle David.

El caso ha encendido nuevas alertas sobre la seguridad de los periodistas en Antioquia. En mayo pasado fue asesinado Mateo Pérez por el Frente 36 de las disidencia de la disidencia de Calarcá, mientras realizaba labores periodísticas en Briceño.

El crimen conmocionó al país y reavivó las preocupaciones sobre las garantías para el ejercicio de la prensa en territorios con presencia de grupos armados, además de generar cuestionamientos sobre la continuidad de la mesa de negociación que el Gobierno mantiene con esa estructura.

¿Qué ha pasado con la mesa de negociación del Clan del Golfo?

Las amenazas contra el periodista se conocieron después de que el grupo armado le enviara un mensaje al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para mantener abierto el proceso de diálogo que adelanta con el Gobierno y permitir que el proceso continúe durante la transición hacia la nueva administración.

En ese comunicado el Clan del Golfo también señaló que 400 de sus integrantes permanecen preagrupados a la espera de la orden de movilización para su ingreso a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) –un mecanismo diseñado para que inicien su tránsito a la vida civil–, que estaba previsto para este 25 de junio.

Según dio a conocer la delegación del Ejecutivo, la entrada de los mimebros del EGC a ese espacio fue aplazada porque aún no existen las garantías necesarias para poner la ZUT en marcha.

Este sábado, la estructura ilegal volvió a referirse al tema. A través de su cuenta de X, difundió videos en los que se ven los integrantes del EGC que estarían preagrupados.

“Nuestra voluntad de paz siempre fue genuina, pero el Gobierno Petro incumplió las condiciones para el ingreso a la ZUT y aplazó el proceso cuando ya había 400 hombres preagrupados”, escribió el grupo armado.

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El mismo día en que la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló unos audios sobre presuntos acuerdos entre exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo, se conoció la captura de Ingrid Paola Ávila Hernández, alias “La Patrona”. La mujer es señalada como una de las principales articuladoras financieras de esa organización criminal y hermana de alias “Chiquito Malo”, máximo jefe del grupo.

En contexto: Capturan a alias “La Patrona”, hermana “Chiquito Malo”, el máximo jefe del Clan del Golfo

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que esa captura, realizada el pasado 24 de junio, “confirma que la estructura criminal que más golpeamos es el Clan del Golfo en todos sus componentes”. Agregó que, durante este gobierno, “cerca del 50 % de las afectaciones realizadas contra grupos armados organizados ilegales han sido contra el Clan del Golfo, donde hemos neutralizado cerca de 8.300 de sus integrantes e incluso hemos empleado bombardeos”.

La más reciente de esas operaciones ocurrió el pasado 12 de junio en Nuquí (Chocó). Las Fuerzas Militares informaron en su momento que en la ofensiva murieron nueve presuntos integrantes del Clan del Golfo pertenecientes a la estructura John Freddy Orjuela. Cuatro días después, Medicina Legal indicó que cuatro de los fallecidos eran menores de edad.

En la misma línea, al resaltar la captura de alias “La Patrona”, el ministro Sánchez sostuvo que la “fuerza pública nunca ha dejado de combatir a los grupos criminales, sin excepción alguna. Lo han hecho con determinación, con profesionalismo y sacrificio, pagando incluso un alto costo en vidas de militares y policías que han ofrendado todo por la seguridad de los colombianos”.

Cabe recordar que, al inicio del Gobierno de Gustavo Petro, el presidente decretó un cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo a partir del 1 de enero de 2023, como parte de la estrategia de paz total. Aunque la medida estaba prevista hasta el 30 de junio de ese año, fue suspendida el 19 de marzo de 2023, luego de que Petro ordenara reanudar las operaciones ofensivas tras atribuirle a esa estructura criminal participación en el paro minero del Bajo Cauca y otros hechos de violencia contra la fuerza pública.

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De acuerdo con la investigación de Noticias Caracol, en septiembre de 2022 Danilo Rueda, excomisionado de Paz, le habría ofrecido a uno de los jefes del Clan del Golfo, conocido con el alias de “Jerónimo”, beneficios como suspender las operaciones ofensivas, así como la salida de altos mandos del Ejército Nacional, la Policía Nacional y los organismos de inteligencia, a cambio de iniciar diálogos con esa organización criminal.

En los audios, Danilo Rueda dice: “Hay cosas que no se hacen explícitas. Digamos, porque ninguno quiere mostrar que cesa. ¿Me hago entender? Todo el mundo quiere decir: ‘Yo soy fuerte’. Es que nosotros los conocemos, los reconocemos, tranquilo. Mire, en otra región ¿qué logramos? Usted controla hasta acá. Juguemos a los congelados. Entonces, todos nos quedamos congelados, los tres”.

A ese ofrecimiento, alias “Jerónimo” respondió: “Incluido el Ejército y la Policía”. “Congelados. Ahora, si a alguien le da por moverse, ahí ya empieza el lío. Entonces, juguemos a los congelados”, volvió a decir Rueda.

A raíz de estas revelaciones, la Procuraduría abrió una indagación previa para establecer si existieron irregularidades en los presuntos acercamientos con el Clan del Golfo en el marco de la política de paz total. La actuación disciplinaria cobija al excomisionado de Paz, Danilo Rueda; al exministro de Defensa, Iván Velásquez; al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus; y al exsubdirector de esa entidad, Ricardo Rey Rosanía.

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Como parte de la investigación, el Ministerio Público también ordenó escuchar en declaración al general (r) Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional. El oficial en retiro aseguró que, durante su gestión, recibió llamadas de la entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia, en las que, según su versión, se cuestionaban procedimientos de la fuerza pública contra grupos armados que presuntamente interferían con la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro.

El ministro Pedro Sánchez también se pronunció sobre estas indagaciones el pasado 26 de junio. El jefe de la cartera de Defensa señaló que, de llegar a ser ciertas las afirmaciones del medio de comunicación, no se trataría solo de un irrespeto contra la fuerza pública, sino que “se está promoviendo la acción criminal, pero serán las autoridades las que decidan sobre la veracidad de esos hechos y determinen si se configuraron delitos”.

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Mientras avanzan las investigaciones para establecer si el Gobierno de Gustavo Petro otorgó este tipo de beneficios al Clan del Golfo, Sánchez insistió en que, desde que asumió el Ministerio de Defensa tras la salida de Iván Velásquez en febrero de 2025, no ha recibido instrucciones contrarias a la Constitución. “De parte de este ministerio, y hablando como ministro de Defensa, puedo asegurar que no hemos recibido ninguna orden contraria a la Constitución y a la ley”, concluyó.

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Los firmantes de paz se dirigieron por primera vez –al menos de forma pública y conjunta– al presidente electo Abelardo de la Espriella, quien en reiteradas ocasiones ha criticado con vehemencia al Acuerdo de Paz y a las instituciones que derivaron de él.

Este 26 de junio enviaron una carta abierta al nuevo mandatario en la que le solicitaron garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en 2016 y dar un nuevo impulso a la implementación del ese pacto firmado con las antiguas FARC en la Habana.

En el documento, difundido por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), los excombatientes reconocen las diferencias que De la Espriella ha expresado frente al Acuerdo, pero recuerdan que “los compromisos del Estado trascienden las posiciones políticas de quienes llegan al poder. Cumplir el Acuerdo no significa respaldar a un gobierno, a un partido o a quienes lo negociaron; significa fortalecer la institucionalidad, la seguridad jurídica y la confianza de los colombianos en la palabra del Estado”.

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Según escribieron, a casi 10 años de la firma del Acuerdo Final –que se cumplen el próximo 24 de noviembre–, el 85 % de las personas que dejaron las armas permanece en la legalidad y continúa vinculada a su proceso de reincorporación. “Pocos procesos de paz han logrado sostener un nivel de permanencia semejante. Esa cifra demuestra que quienes dejamos las armas seguimos honrando el compromiso asumido con Colombia, incluso en medio de enormes dificultades”, se lee en la misiva.

Sin embargo, advirtieron que persisten graves dificultades. como la seguridad que sigue siendo, según la carta, la principal preocupación. “Desde 2016 han sido asesinados 489 firmantes de paz, con una tasa de homicidios 20 veces superior a la media nacional. Además, el 94 % de las personas firmantes considera que la débil presencia institucional es la principal causa de inseguridad”, añade la misiva.

Como explicó hace unos días a Colombia+20 Leonardo González, director de Indepaz, ese será un reto para la estrategia de seguridad basada en la confrontación armada que ha planteado De la Espriella porque el fenómeno no puede leerse únicamente como una consecuencia directa del conflicto armado. “No se trata solo de actores armados ilegales. Detrás de muchos asesinatos hay disputas territoriales, economías ilegales y conflictos socioambientales”, señala. En muchos casos, añade, los grupos armados ejecutan los crímenes, pero responden a intereses más amplios.

El documento de los firmantes también cuestiona los resultados de la política de paz total impulsada por el gobierno del saliente presidente Gustavo Petro. “Mientras el Estado concentraba buena parte de sus esfuerzos en nuevos procesos con organizaciones que aún permanecían en armas, miles de firmantes vimos cómo el Acuerdo perdía impulso. Ello significó una mayor estigmatización, el deterioro de las condiciones de seguridad y el desplazamiento forzado de firmantes de paz”, afirmaron.

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Otras preocupaciones de los firmantes de paz

Además de las dificultades en materia de seguridad, los excombatientes señalaron que persisten barreras para acceder a tierra y vivienda. De acuerdo con las cifras citadas en la carta, apenas el 27 % de los firmantes en zonas rurales y el 11 % en zonas urbanas son propietarios de sus viviendas.

A eso se suma que, según señalan, el 25,45 % de los firmantes está desempleado y que solo 2.459 de más de 11.000 personas registran aportes activos al sistema de seguridad social.

En medio de esas dificultades, los firmantes insistieron en que el Acuerdo de Paz no se limita a la reincorporación de quienes dejaron las armas. “Su propósito es reparar a las víctimas, fortalecer la presencia del Estado en los territorios históricamente abandonados, impulsar el desarrollo rural, ampliar la democracia y crear las condiciones para que ninguna generación de colombianos vuelva a encontrar en la violencia un camino posible”, escribieron los excombatientes.

Asimismo, hicieron un llamado a fortalecer la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y el Consejo Nacional de Reincorporación, que consideran clave para el futuro de la implementación.

“Usted no negoció este Acuerdo, pero como Presidente de la República le corresponde garantizar que el Estado colombiano cumpla la palabra que comprometió. Ese será también un mensaje de confianza para millones de colombianos: que en nuestro país los compromisos de Estado se honran, independientemente de quién gobierne”, se lee al final de la carta.

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El Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)— le envió un mensaje al presidente electo, Abelardo de la Espriella para mantener abierto el proceso de diálogo que adelanta con el Gobierno Nacional y permitir que el proceso continúe durante la transición hacia la nueva administración.

El grupo armado afirmó en un comunicado que los resultados de las elecciones del pasado 21 de junio no modifican su disposición de seguir en la mesa y afirmó que entiende las conversaciones como un proceso con el Estado colombiano y no con un gobierno en particular.

“Entendemos este proceso como un acuerdo con el Estado colombiano y con la sociedad, y no con un gobierno de turno. Por ello, los resultados electorales del pasado 21 de junio no modifican nuestra voluntad ni nuestra disposición de avanzar”, afirmó.

El pronunciamiento se dio el mismo día que De la Espriella advirtiera a los grupos armados ilegales que tendrán un mes para organizar su sometimiento a la justicia y asegurara que en su gobierno “no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables”, en un giro frente a la política de paz total del gobierno saliente.

En ese contexto, el Clan del Golfo insistió en que el proceso debe continuar y pidió al mandatario electo vincularse directamente a su seguimiento.

“Solicitamos al gobierno entrante que designe observadores que acompañen y conozcan de primera mano el desarrollo de este espacio. No tenemos nada que ocultar y sí mucho que mostrar sobre lo construido”, señalan en el comunicado.

El grupo armado también hizo un balance de los avances alcanzados durante las conversaciones. Aseguró que ya funcionan grupos de trabajo en doce de los dieciséis municipios focalizados, que se avanzó en la construcción de los protocolos para la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) y que unos 400 integrantes permanecen preagrupados a la espera de la orden de movilización.

Sin embargo, el jueves tanto el Gobierno como el Clan del Golfo confirmó que el ingreso a la ZUT previsto para el 25 de junio fue aplazado porque aún no existen las garantías necesarias para ponerla en marcha.

El documento concluye reiterando la voluntad de continuar las conversaciones y asegurando que el futuro del proceso debe estar por encima de la coyuntura política.

“La paz de los territorios —y la suerte de las comunidades que esperan dejar atrás el sufrimiento del conflicto— está por encima de cualquier cálculo electoral o mediático”.

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El próximo 7 de agosto, cuando Abelardo de la Espriella asuma la Presidencia, heredará un conflicto armado muy distinto al que enfrentaron gobiernos anteriores.

Varias de las principales organizaciones ilegales se han fragmentado, pero también han ampliado su presencia territorial, fortalecido sus economías criminales y consolidado formas de control sobre las comunidades.

Contener ese crecimiento será uno de los principales desafíos del presidente electo, quien durante la campaña prometió una estrategia de confrontación armada y un regreso de la “mano dura” que rompe con la paz total de Gustavo Petro y descarta las negociaciones con los grupos ilegales.

Así lo advierte un informe de la Fundación Conflict Responses (CORE), que analizó la evolución de los principales actores armados entre 2018 y 2025 y concluyó que la mayoría se fortaleció en lo militar, económico y político. En el organizacional, en cambio, predominaron las divisiones internas y las fracturas entre mandos.

Este es el estado actual de las estructuras que el nuevo gobierno ha prometido acabar.

Clan del Golfo

Con 9.915 integrantes y presencia en 292 municipios, el Clan del Golfo –la organización armada ilegal más fuerte del país– se convertirá en uno de los principales desafíos para Abelardo de la Espriella en materia de seguridad.

El grupo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y que sostiene una mesa de diálogos con el Gobierno Petro, opera bajo el mando de Chiquito Malo, El Cura, Gerónimo, Rodrigo, Richard y Monseñor. Su presencia está principalmente en el Caribe, el Urabá antioqueño, el Pacífico y algunas zonas de la frontera oriental.

De acuerdo con CORE, desde 2018, el EGC ha ganado poder “en lo militar, organizacional, económico, político e ideológico”.

El informe sostiene que este crecimiento no puede explicarse solo por la política de paz total porque “su proceso empezó tardíamente y mucho después de muy buena parte de su fortalecimiento, el proceso de expansión de las EGC responde principalmente a la implementación sostenida y relativamente exitosa de sus propios planes de crecimiento territorial y consolidación armada”.

Esta idea contradice hasta cierto punto que el grupo haya crecido en medio de las gabelas que, según reveló Noticias Caracol, ofreció Danilo Rueda en septiembre de 2022 al grupo armado: frenar bombardeos, desescalar operaciones de la Fuerza Pública y retirar capacidades de inteligencia en zonas de influencia del Clan del Golfo.

Para la fundación CORE, su éxito no depende únicamente de su capacidad militar, sino también de “su habilidad para administrar alianzas, regular conflictos locales y procesar tensiones derivadas de su propio crecimiento”.

Uno de los factores clave para consolidar su poder –añade el centro de investigación– ha sido la flexibilidad de su operación y el uso de los llamados “puntos”, encargados de labores de inteligencia y vigilancia de la población.

El informe expone, además, la capacidad del grupo para imponerse en escenarios de confrontación “como ocurrió frente a Los Caparros, en el Bajo Cauca; contra el ELN en Chocó; y contra el ELN y el EMBF en el sur de Bolívar, mientras que en otras regiones —como el suroccidente antioqueño y Montes de María— avanzaron con niveles mínimos o indirectos de confrontación”.

CORE advierte, sin embargo, que la expansión del EGC también enfrenta límites. Los casos del Atlántico, el Magdalena Medio y el oriente antioqueño muestran las dificultades que tiene la organización para consolidar su gobernanza criminal en territorios donde existen otros actores armados.

Estado Mayor Central (EMC)

La disidencia de las FARC al mando de Iván Mordisco, conocida como Estado Mayor Central (EMC), llega al gobierno de De la Espriella con 4.176 integrantes y presencia en 131 municipios, según el informe de CORE.

De acuerdo con los investigadores, el grupo “se ha fortalecido durante el gobierno de Petro en varias partes del país”, particularmente en zonas de Amazonas, Huila, Tolima y Valle del Cauca. En el gobierno de Iván Duque, su expansión se concentró principalmente en Guaviare, Vaupés, Arauca, Cauca y Nariño, territorios donde aún conserva una importante capacidad de influencia.

Según el informe, eso se refleja en que el EMC “ha incrementado sus miembros, sus municipios de injerencia, su economía y su gobernanza”. Uno de los factores que contribuyó a ese crecimiento fue el proceso de negociación adelantado con el Gobierno entre septiembre de 2022 y abril de 2024. Durante ese periodo, en el que estuvo vigente un cese bilateral al fuego, el grupo logró fortalecer “su gobernanza en varias partes del país, como Cauca, Nariño y Guaviare y aumentar sus integrantes”.

CORE también atribuye su expansión a “las economías criminales que maneja, el envío de combatientes entre sus zonas de control y el hecho de que, por mucho tiempo, en varias áreas de injerencia, no tenía grandes disputas con otros grupos armados”. Ese fue el caso de territorios como Guaviare, el río Naya, Huila y el sur de Tolima.

En Guaviare –uno de los principales bastiones de Mordisco–, sin embargo, el EMC se ha debilitado durante los últimos dos años por la confrontación que sostiene con el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), al mando de Calarcá Córdoba, y la Fuerza Pública.

La disidencia de Calarcá surgió justamente de una fractura interna del EMC que, según dice el informe, derivó en un debilitamiento organizacional en 2024. El quiebre del grupo armado se dio cuando las estructuras encabezadas por Calarcá rompieron con Mordisco por diferencias sobre si continuar o abandonar el proceso ante la decisión del presidente Petro levantar el cese.

Desde entonces, el EMC quedó por fuera de la política de paz total y su máximo comandante pasó a ser objetivo prioritario de las operaciones militares en medio de la presión del gobierno de Donal Trump.

Además de Mordisco, dos de sus principales jefes son Antonio Medina y Dionisio Rayo.

Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF)

El Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) –que tiene una mesa de paz con Petro–, está conformado por 2.837 integrantes y hace presencia en 104 municipios. Además de Calarcá Córdoba, tres de los comandantes principales del grupo armado son Danilo Alvizú, Jhon Mechas y Andrey Avendaño.

Según el informe de CORE, el EMBF tiene incidencia principalmente en la Amazonía, los Llanos Orientales, Antioquia –donde recientemente ha perpetrado varios hechos de violencia.

Aunque su origen está marcado por esa fractura interna del antiguo Estado Mayor Central, el informe sostiene que durante el gobierno de Petro el EMBF se convirtió en “quizá el ejemplo más claro de fortalecimiento”, impulsado en buena medida por el proceso de negociación con el Gobierno.

CORE señala que la organización aprovechó el cese bilateral al fuego para “expandir y proteger sus avances territoriales”, especialmente en departamentos como Huila.

“La baja presión militar del Estado ha facilitado la consolidación de su control territorial en la Amazonía y los llanos orientales, principalmente, lo cual ha aprovechado para profundizar su gobernanza. También, la falta de líneas rojas predefinidas y consecuencias por sus acciones en territorio permitió que la mesa contribuyera a facilitar sus planes de fortalecimiento en vez de contenerlos”, añade el informe.

En contexto: Los actos de violencia que sacuden, pero no han hundido, la mesa de paz con disidencia de Calarcá


El documento también advierte que el grupo ha diversificado sus fuentes de financiación más allá del narcotráfico, con otras actividades como la minería ilegal, la deforestación y la extorsión.

Sin embargo, CORE recuerda que algunas de sus estructuras han sufrido golpes recientes. El Frente 33, por ejemplo, ha perdido fuerza desde enero de 2025 por la confrontación armada en Catatumbo.

Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB)

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), al mando de Walter Mendoza, tiene una de las mesas de paz con más avances. El pasado 18 de junio, 99 de sus integrantes ingresaron a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Valle del Guamuez, Putumayo, donde iniciaron su tránsito a la vida civil.

Aun con ese paso, uno de los pocos avances concretos de la paz total de Petro, el grupo tiene 2.045 combatientes en armas -eran 2.144, pero se restan los 99 que ingresaron a la ZUT- y presencia en 42 municipios. Conflict Responses señala que sus principales fuentes de financiación son el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

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Esta organización ilegal –que se separó de la Segunda Marquetalia– está conformada por los Comandos de Frontera, con presencia en Putumayo, y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, en Nariño. Además de Mendoza, entre sus principales comandantes figuran Allende y Araña.

De acuerdo con el informe, el fortalecimiento militar de la CNEB se produjo principalmente durante el gobierno de Duque, cuando los Comandos de Frontera se expandieron hacia Caquetá, Amazonas e incluso Huila. “Durante el gobierno de Petro, se ha expandido menos - principalmente en Nariño, en municipios como Ricaurte, Andes Sotomayor, La Llanada, Samaniego y algunos otros - como parte de una alianza con los Comuneros del Sur y las Autodefensas Unidas de Nariño, conocida como ‘La Triada’, para enfrentar al EMC”, señala el informe.

En el marco de la mesa de diálogos que sostiene con el Gobierno desde junio de 2024, la CNEB “no ha tenido ningún cese bilateral formal”. Sin embargo, CORE encontró que en algunas de sus zonas de influencia “las operaciones militares en su contra han bajado, incluso desde antes de que empezara su negociación”. Esto –añaden los investigadores– habría contribuido a consolidar su presencia territorial.

Segunda Marquetalia

La disidencia de Iván Márquez, conocida como Segunda Marquetalia, cuenta con 573 integrantes y presencia en 21 municipios, principalmente en zonas de frontera con Venezuela. Además de Márquez, entre sus principales comandantes están Jhon 40 y Gerson González.

Según CORE, la organización “no se ha fortalecido” durante los últimos años. “Aunque intentó aprovechar sus negociaciones al hacer reuniones para aumentar su cohesión interna entre las tres alas de la organización, no fueron efectivas y la alianza interna se rompió”, se lee en el informe.

El documento señala además que “su dinámica militar dentro de Colombia ha dependido principalmente del Frente Acacio Medina y la Columna Teófilo Forero; otras unidades han desaparecido”. Esto se explica, en parte, porque la Segunda Marquetalia ha priorizado su presencia y poder en Venezuela, donde residen varios de sus principales comandantes.

ELN

El pie de fuerza del Ejército de Liberación Nacional (ELN) es de 6.877 integrantes y tiene presencia en 217 municipios del país. Sus principales comandantes son Antonio García, Pablo Beltrán y Pablito, y su economía depende del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el secuestro.

De acuerdo con el informe, desde 2018 el ELN “se ha fortalecido militar, económica y políticamente”. Sin embargo, -dice CORE- aunque hoy opera en más municipios que en 2018, su presencia militar parece ser menor que la que alcanzó en 2022.

Conflict Responses asegura que uno de los principales cambios ha sido la expansión de su influencia política. Según el centro de investigación, la promesa de participación en la mesa de negociación –suspendida desde enero de 2025 por los ataques en Catatumbo– y el cese al fuego que mantuvo con el Gobierno durante un año contribuyeron a que el grupo aumentara “su poder sobre la sociedad civil local en diferentes partes del país donde ya operaba”.

En cuanto al fortalecimiento militar, el ELN ganó terreno en regiones como Catatumbo y Arauca, donde ha logrado imponerse en disputas con el EMBF y el EMC, respectivamente. En contraste, se ha debilitado en zonas como el sur de Bolívar y Chocó.

El informe hace énfasis en que los territorios donde más se ha fortalecido tienen frontera con Venezuela, donde el ELN ha construido durante años una retaguardia funcional para sus economías ilegales y capacidad de repliegue.

Debilitar –o acabar– al ELN será uno de los principales retos de De la Espriella, sobre todo si se tiene en cuenta que los gobiernos de los últimos 60 años han intentado distintas fórmulas para que este grupo salga de la guerra.

Comuneros del Sur

Según CORE, Comuneros del Sur –el frente que se separó del ELN– cuentan con una estructura de 251 integrantes y presencia en 14 municipios, principalmente en el departamento de Nariño, donde mantienen su mayor nivel de influencia territorial y donde el Gobierno Petro tiene previsto instalar una ZUT, aunque hasta ahora no se conocen avances.

El grupo está comandado por HH, Jairo y Fercho, y, según exponen los investigadores, tiene una economía basada en actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilícita y la extorsión.

“Los mandos medios tienen autonomía frente al liderazgo. Su cohesión y voluntad de la paz está en duda por las Autodefensas Unidas de Nariño, que nacieron con miembros de Comuneros del Sur”, añade la fundación.

Conflict Responses señala que no hay información suficiente para comparar si el grupo ha tenido un crecimiento.

Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN)

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) –un grupo heredero del paramilitarismo– cuentan con un pie de fuerza estimado de 594 integrantes y presencia en 22 municipios, principalmente en la región Caribe.

La organización está comandada por Pinocho, Cholo y Bendito Menor -quien se ha convertido en una de las caras más visibles de las ACSN-, y obtiene sus principales recursos del narcotráfico y la extorsión.

CORE señala que su cohesión interna depende de los lazos familiares y personales que mantienen varios de sus integrantes con el exjefe paramilitar Hernán Giraldo. Sin embargo, no existe información comparable que permita establecer con precisión si el grupo se ha fortalecido o debilitado en los últimos años.

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El Gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)— reafirmaron su intención de mantener vivo el proceso de diálogo, pese al cambio de gobierno que se producirá el próximo 7 de agosto.

En comunicados conocidos este jueves, ambas partes también anunciaron que la Zona de Ubicación Temporal proyectada para Tierralta, Córdoba, fue aplazada debido a que todavía no cumple las condiciones legales para entrar en funcionamiento.

El comunicado de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz informó que, en una reunión realizada el 24 de junio con delegados de España, Noruega, Qatar y Suiza, además de la Conferencia Episcopal, el Consejo Mundial de Iglesias, la Procuraduría y la MAPP-OEA, ambas delegaciones reafirmaron su disposición de continuar el proceso.

“Mantener la voluntad de paz y de cumplimiento de los compromisos suscritos en la ciudad de Doha durante las sesiones adelantadas durante los meses de septiembre y diciembre de 2025”, señaló el Gobierno al resumir la posición de la delegación del EGC.

Por su parte, la delegación oficial manifestó su decisión de “permanecer y continuar en el proceso de conversación sociojurídica en curso y hacer el respectivo proceso de empalme con el nuevo gobierno” de Abelardo de la Espriella.

Se aplaza la Zona de Ubicación de Temporal

El principal anuncio fue el aplazamiento de la Zona de Ubicación Temporal en Tierralta, considerada uno de los puntos centrales de esta fase de conversaciones.

Según el comunicado oficial, la zona “no cuenta aún con las condiciones establecidas en la ley y, por tal razón, no se realizará su desarrollo en la fecha prevista del 25 de junio de 2026“.

El Gobierno añadió que la medida busca facilitar “el tránsito del grupo armado hacia la desmovilización de manera gradual, incremental y progresiva”, una vez se cumplan los requisitos previstos en la Ley 2272 de 2022.

En un comunicado separado, el Estado Mayor Conjunto del Clan del Golfo aseguró que la postergación fue acordada con el Gobierno y negó que obedezca a una ruptura de las conversaciones.

“El ingreso a la Zona de Ubicación Temporal (previsto para el 25 de junio, fue aplazado por el Gobierno Nacional porque no cumplieron con las condiciones logísticas, operativas y jurídicas necesarias”, dijo el grupo armado que, sin embargo, dijo que sus integrantes están listos para iniciar el proceso.

Uno de los mensajes más relevantes de ambos documentos es la intención de blindar el proceso frente al cambio de gobierno.

Mientras el Ejecutivo confirmó que adelantará un empalme con la administración entrante, el Clan del Golfo sostuvo que el proceso “no es con un gobierno de turno” y aseguró que los resultados electorales “no modifican” su voluntad y disposición de avanzar.

Además, el grupo solicitó al presidente electo permitir que observadores acompañen el desarrollo de la mesa para conocer de primera mano sus avances.

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Danilo Rueda, el primer comisionado de Paz de la administración de Gustavo Petro, respondió este 25 de junio a la investigación de Noticias Caracol que reveló audios de reuniones sostenidas en 2022 con integrantes del Clan del Golfo, en las que habría ofrecido –en el marco de la paz total– frenar bombardeos, desescalar operaciones de la Fuerza Pública y retirar capacidades de inteligencia en zonas de influencia de esa organización armada.

A través de un comunicado, Rueda aseguró que el informe periodístico no incluyó su versión de los hechos y denunció amenazas y estigmatizaciones. “Ante la furia desatada en redes a raíz de un informe periodístico que no contrastó mi versión, se me ha estigmatizado y se me ha amenazado. Ante la imposibilidad de dar a conocer el contexto correspondiente, me permito realizar las siguientes precisiones”, escribió el exfuncionario.

Sin embargo, la Unidad investigativa de Noticias Caracol sí contactó al excomisionado, pero Rueda no respondió las preguntas.

Rueda defendió además su gestión como cabeza de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz entre agosto de 2022 y diciembre de 2023 y aseguró que todas sus actuaciones se desarrollaron “conforme a la Constitución, la ley y el derecho internacional”.

Según indicó, los contactos con el Clan del Golfo –entonces conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)– hicieron parte de una fase exploratoria. Durante ese periodo, dijo, se sostuvieron tres reuniones con presencia de la comunidad internacional y, en una ocasión, con integrantes de la Iglesia.

Rueda añadió que esos encuentros se hicieron “sin ningún tipo de cese de operaciones militares o policiales. De la misma manera ocurrió con otros grupos armados”.

También aseguró que en las exploraciones se plantearon exigencias al grupo armado para construir confianza y se escucharon sus expectativas frente al proceso. “En nuestra intervención se señalaron los límites y condiciones del diálogo conforme a la historia de dejaciones de armas y la jurisprudencia constitucional, el propósito de transición al Estado de derecho, los mecanismos judiciales para la rendición de cuentas, la arquitectura jurídica y social del proceso y los acuerdos de cooperación judicial con terceros países”, escribió el excomisionado.

¿Qué dicen las conversaciones reveladas por Noticias Caracol?

El pronunciamiento se conoce un día después de que la Unidad de Investigación de Noticias Caracol revelara audios de una reunión realizada en septiembre de 2022 en el Urabá antioqueño. Según muestran las grabaciones, el jefe del Clan del Golfo conocido como Jerónimo pidió retirar grupos de infiltración e inteligencia de las zonas donde opera esa estructura y frenar los bombardeos.

Rueda, por su parte, le propuso al grupo “jugar a los congelados” –una fórmula con la que se habría buscado evitar acciones ofensivas de ambas partes mientras avanzaban los acercamientos exploratorios– y habló de trabajar en el cese de bombardeos y en una “limpieza” dentro de la Fuerza Pública y los organismos de inteligencia como muestra de confianza.

Las conversaciones que publicó Noticias Caracol también muestran que el entonces comisionado pidió al Clan del Golfo información sobre eventuales unidades militares o policiales que incumplieran las directrices del Gobierno de frenar la ofensiva contra el grupo armado y aseguró que esos reportes serían trasladados al entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Frente al vínculo que habría tenido con la salida de oficiales de la Fuerza Pública, Rueda negó haber intervenido en ese tipo de decisiones. “No recibí ni entregué al Ministro de Defensa, nombres de generales o coroneles para su destitución, como lo señalan las versiones periodísticas que circulan en diferentes medios de comunicación. Ni eran de mi competencia ni de mi responsabilidad. Si recibía información de alguna situación irregular todo se tramitaba con trazabilidad al ministro y las entidades judiciales, si así hubiera sucedido”, aseguró.

Según la versión que dio a conocer el exministro Velásquez horas después de conocerse la investigación, el remezón que sufrieron las Fuerzas Militares y la Policía el 12 de agosto –dos semanas antes de la reunión de Rueda con el grupo armado– respondió a una evaluación que realizó antes de asumir el cargo de ministro de Defensa y no tuvo nada que ver con lo que señala la investigación.

“Fue un procedimiento riguroso que contó con la consulta de fuentes, documentos e investigaciones, como bien lo supo desde sus inicios el director de la unidad investigativa, Ricardo Calderón, especialmente en lo relacionado con los oficiales de la Policía Nacional y del Ejército Nacional”, escribió.

Según añadió el exministro, Rueda no tuvo que ver nada en ese proceso. “No tuvo ninguna participación ni conocimiento”, señaló.

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La idea de que la presencia de grupos armados ilegales explica por sí sola el comportamiento electoral de las regiones más afectadas por el conflicto se convirtió en una de las discusiones más repetidas tras la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio. La tesis, conocida como “voto fusil”, cobró fuerza después de que Iván Cepeda obtuviera resultados “extraordinarios” en varios municipios del Pacífico y del sur del país.

Sin embargo, una revisión de los resultados electorales en los 167 municipios donde funcionan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) -y que además son las zonas más azotadas por la guerra- muestra un panorama más complejo.

La discusión también pasa por alto que los municipios PDET no son un bloque político uniforme. Aunque comparten indicadores de afectación por el conflicto, reúnen realidades muy distintas. Allí conviven regiones del Pacífico, el Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba, los Montes de María, Arauca, el Putumayo y la Amazonía, territorios con historias electorales, composiciones sociales y dinámicas de conflicto profundamente diferentes.

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Tampoco se trata de zonas donde las preferencias políticas aparecieron de manera repentina durante esta elección. En muchos municipios del Pacífico y del sur del país, las votaciones favorables a sectores alternativos, de izquierda o cercanos a las agendas de paz vienen registrándose desde hace varios procesos electorales, incluso antes de la firma del Acuerdo de Paz de 2016.

Los resultados de la segunda vuelta muestran además que la presencia de grupos armados no produjo un comportamiento electoral uniforme. Mientras Cepeda obtuvo algunos de sus mayores porcentajes en municipios de Nariño, Cauca, Putumayo y Chocó, De la Espriella también logró victorias contundentes en zonas con presencia histórica del ELN, las disidencias de las FARC o el Clan del Golfo.

Algo similar ocurrió en el Catatumbo. Aunque Cepeda obtuvo resultados destacados en varios municipios de la subregión, De la Espriella se impuso en Tibú y Sardinata, dos de los territorios más emblemáticos del conflicto armado contemporáneo. En Antioquia también ganó en buena parte del nordeste y del Bajo Cauca, regiones que hoy concentran algunas de las disputas más intensas entre organizaciones ilegales.

Para distintos investigadores, el debate alrededor del denominado “voto fusil” corre el riesgo de simplificar fenómenos mucho más amplios relacionados con la exclusión histórica, la relación entre las comunidades y el Estado, las agendas locales de desarrollo, la implementación del Acuerdo de Paz y las distintas visiones sobre seguridad presentes en cada territorio.

En ese sentido, la controversia no gira únicamente alrededor de quién ganó en determinados municipios, sino sobre la capacidad de reconocer a las poblaciones de las regiones más afectadas por la guerra como actores políticos con preferencias propias.

Esta es una discusión que ha acompañado distintos procesos electorales en Colombia y que volvió a cobrar fuerza tras una elección definida por apenas unos 250.000 votos de diferencia en todo el país.

Varios investigadores han advertido que los datos disponibles no respaldan una relación automática entre presencia armada y apoyo electoral a un determinado candidato.

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Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), explica que no se puede decir que hay votaciones atípicas o extraordinarias sin que haya comparación en el tiempo.

“Para que algo sea atípico se tiene que comparar consigo mismo y en el tiempo (…) Sólo un 0.56% de las mesas del 2026 tuvieron 100% de votos. No todas estas ocurren en zonas de control, de hecho, muchas de ellas son zonas de disputa donde es difícil lograr este control”, explica.

Y agrega: “Pero lo más importante es que ya ha ocurrido en el pasado y corresponde a zonas rurales donde sí efectivamente un grupo de población tiene tendencias históricas muy definidas: las zonas indígenas votan mayoritariamente a la izquierda, y en el caso de De la Espriella esas zonas han votado tradicionalmente a la derecha”.

Michael Weintraub, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes, encontró que los municipios con presencia de grupos armados registraron un crecimiento mayor de la participación electoral que aquellos donde no operan estas organizaciones. Sin embargo, ese fenómeno no se tradujo en una mayor polarización ni en ventajas sistemáticas para alguno de los candidatos.

El investigador Jorge Mantilla también ha cuestionado la teoría del “voto fusil”. Según ha señalado, esta explicación desconoce la complejidad política y social de regiones que durante décadas han convivido con distintos actores armados y termina reduciendo las decisiones electorales de millones de ciudadanos a una explicación basada exclusivamente en la coerción.

Este 25 de junio, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) pidió no estigmatizar a las comunidades de las zonas PDET ante las declaraciones de Andrés Gury Rodríguez, concejal de Medellin, quien señaló que los “los próximos ataques y bombardeos tienen que ser dirigidos a esas zonas (donde ganó Cepeda) porque en esas zonas están los bandidos”.

La entidad lo calificó de irresponsable y recordó que “en los territorios PDET habitan más de cinco millones de compatriotas, que en su mayoría hacen parte de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas que a través del tiempo han padecido el rigor del conflicto armado y el abandono estatal".

Con todo ello, no se puede desconocer la influencia de los grupos armados en las elecciones. Algunas alertas de la Misión de Observación Electoral (MOE) para estos comicios apuntaron a eso. En el informe de febrero pasado, la MOE indicaba que el 96,4 % de los municipios donde se votaban las curules de paz -que son los mismos que los PDET- presentaba algún nivel de riesgo por injerencia de grupos armados ilegales, frente al 76 % registrado en 2022, lo que confirma una tendencia de deterioro sostenido de las condiciones para el ejercicio democrático en estas zonas.

Además, el 27,4 % de todos los municipios del país con riesgo por injerencia armada pertenece a alguna Citrep, lo que refuerza su papel como epicentro del riesgo electoral asociado al conflicto armado.

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El presidente electo Abelardo de la Espriella dio este lunes un ultimátum a los grupos armados y les dijo que tenían un mes para “organizar sus sometimiento”.

Las declaraciones las dio De la Espriella durante la ceremonia de entrega de la credencial que lo acredita como el nuevo mandatario.

"A esas personas que intimidan al pueblo mediante el caos y la violencia. A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje. Disponen de un mes para entrar en razón y organizar. Disponen de un mes para organizar su sometimiento al estado de derecho“, indicó.

En el Congreso pasado, tanto el Gobierno como varios legisladores intentaron aprobar una ley de sometimiento para los grupos armados, pero ninguna prosperó.

Así mismo, De la Espriella dijo que en su gobierno solo imperará la ley y no habrá ofertas para los grupos armados.

“No habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin. La convivencia del actual gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzoso. En la era del Tigre se acabó. La ley, y solo el imperio de la ley”, indicó.

Tanto en su campaña como en el programa de Gobierno, el presidente electo ha dicho que no llevará negociaciones de paz. Aún es una incertidumbre qué hará con algunas iniciativas que quedarán bajo su gobierno con la recién instalada Zona de Ubicación Temporal con la disidencia de Mendoza en Putumayo y que por decreto va hasta el 25 de diciembre.

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El próximo 7 de agosto, Abelardo de la Espriella se posesionará como presidente de Colombia hasta 2030. La campaña que lo llevó a ganar en las urnas el pasado 21 de junio se centró en gran parte en el enfoque de seguridad que tendría su mandato, resaltando la mano dura contra los grupos armados y el crimen organizado, así como la lucha contra el narcotráfico. De hecho, sobre ese último punto fue claro en que traería de regreso la fumigación de cultivos de uso ilícito. Aunque dijo que no lo haría con glifosato, que fue restringido por la Corte Constitucional desde 2017, sí afirmó que se retomaría la aspersión, pero esta vez con herbicidas de menos componentes químicos y más naturales. Sin embargo, exmagistrados y expertos consultados por El Espectador sostienen que el presidente electo no la tendría fácil para materializar esta propuesta cuando llegue a la Casa de Nariño.

El palo en la rueda que tendría De la Espriella para materializar la fumigación arrancó durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que suspendió la aspersión con glifosato en 2015, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo catalogó como un químico “probablemente cancerígeno para humanos”. Dos años después, el alto tribunal resolvió una tutela presentada por comunidades indígenas y afrodescendientes de Nóvita (Chocó), que alegaban que el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG) fue ejecutado en sus territorios, entre 2013 y 2014, sin consulta previa y afectó su salud, ambiente, fuentes hídricas y cultivos lícitos. La Corte, además de darles la razón, puso seis condiciones que deberían cumplirse si en algún momento se quería retomar la aspersión.

Isabel Pereira, coordinadora de Política de Drogas del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), asegura que el presidente electo no podrá cumplir su promesa tan fácilmente. La investigadora resaltó que para esa modalidad de fumigación, según definió la Corte, “la regulación debe ser diseñada y reglamentada por un órgano distinto e independiente de quienes ejecutan los programas de erradicación de cultivos ilícitos”. Señala que el alto tribunal fue claro al definir que esa regulación “debe derivarse de la continua evaluación del riesgo a la salud y otros riesgos en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado; el proceso decisorio debe incluir la revisión automática de las decisiones cuando alerte nuevos riesgos, y esta tarea debe estar a cargo de entidades capaces de expedir estas alertas”.

Además, la investigación científica sobre el riesgo de la actividad de erradicación que sea tenida en cuenta para tomar decisiones “debe tener rigor, calidad e imparcialidad; los procedimientos de queja deben ser comprehensivos, independientes, imparciales y vinculados con la evaluación del riesgo; la decisión debe fundarse en evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente”, como lo dice la decisión judicial de 2017. Aunque el alto tribunal se ha referido específicamente al glifosato, los expertos consultados por este medio consideran que el precedente aplica para cualquier producto que se vaya a usar en la fumigación. Juristas y analistas coinciden en que debe primar la consulta previa a las comunidades y la evaluación de los riesgos que puedan correr.

Paula Aguirre, directora de Elementa Colombia, una de las organizaciones de la Sociedad Civil que les ha hecho seguimiento a las políticas de drogas en el territorio nacional, le aseguró a este diario que no es suficiente que De la Espriella diga que no se va a fumigar con glifosato. “Las órdenes tendrían que aplicarse para cualquier herbicida con el que se quiera fumigar. Se tiene que hacer un análisis de riesgo real y de posibles afectaciones a derechos de cualquier químico, tenga el nombre que tenga. Cuando la gente escucha ‘fumigación’ cree que este es un método preciso y sin margen de error. No, estamos hablando de que el químico, sea cual sea, cae sobre humanos, animales, fuentes hídricas y cultivos de pancoger”, señala la abogada Aguirre.

Por esa misma línea apunta la coordinadora de Política de Drogas de Dejusticia. Según ella, De la Espriella “está proponiendo un bioherbicida, pero no ha dicho cuál. Dependiendo de cuál sea, se revisa si está en una lista de sustancias peligrosas, si requiere permiso de importación. Todo eso necesita un permiso, una licencia ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)”. Pereira agrega que “incluso antes de ese paso, el Consejo Nacional de Estupefacientes, que es el órgano rector de la política de drogas, tiene que adoptar una política, una resolución en la que se autorice lo que propone el presidente electo”.

Por su parte, la exmagistrada de la Corte Constitucional y actual decana de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario Cristina Pardo Schlesinger, señala que aunque existe la posibilidad de que se pueda hacer legalmente la aspersión, se deben cumplir con los requisitos establecidos por el alto tribunal, especialmente los relacionados con el riesgo que pueda correr la población. “No es que el riesgo deba ser totalmente descartado o probado, pero sí tener presente el principio de precaución. La sentencia de 2017 trata el tema del riesgo, pero de todas maneras el Gobierno debe hacer un estudio serio y evaluar el riesgo para que no sea un riesgo altísimo de afectación a la salud o al medio ambiente”, dijo a El Espectador. Asimismo, señaló que otro pilar a tener en cuenta es la consulta previa a las comunidades.

La exmagistrada resalta que la Corte ha sido clara en señalar que “las comunidades tienen derecho a la consulta previa en temas de aspersión. No solo si es sobre sus resguardos, sino sobre el territorio en el que podrían sufrir afectaciones”. Ese derecho “no solamente lo tienen las comunidades que cultivan coca como cultura ancestral, sino el resto de comunidades. Además, se debe garantizar un proceso de participación en el que se suministre suficiente información sobre riesgos y beneficios. Debe ser de buena fe: argumentos y objeciones de las comunidades deben ser contestados con la verdad”. Asimismo, señala que el alto tribunal dejó claro que “como principio de precaución debe haber una serie de medidas escalonadas. Primero la erradicación voluntaria, si las personas no quieren viene la erradicación manual y en últimas la aspersión”.

Además de los obstáculos jurídicos, están los económicos que harían inviable la promesa. Expertos como la abogada Aguirre y Juan Carlos Garzón, especialista en políticas de seguridad y drogas, concuerdan en que experiencias de gobiernos pasados terminan siendo más populistas que efectivas. “Lo que vemos, desde que se fumiga en el país y desde que se ha asumido una perspectiva prohibicionista de la política de drogas, es que la mata que se quita en un lado, a la fuerza, aparece en otro lado. Y muchas veces, en el mismo lado después de un tiempo. Por algo tenemos las cifras de cultivos año tras año”, señala la directora de Elementa Colombia.

A su vez, Garzón dice que se puede destruir la planta temporalmente, pero no la economía que la sostiene. “Si la coca sigue teniendo comprador, si paga más rápido que cualquier cultivo legal y si el Estado no ofrece una alternativa creíble, la erradicación termina siendo un corte temporal, no una solución. El otro límite es el control territorial. En muchas zonas cocaleras los grupos armados regulan precios, imponen reglas, controlan la movilidad y ordenan la economía local. En ese contexto, fumigar puede dar la impresión de una respuesta rápida, pero no cambia la estructura del negocio. Si el nuevo Gobierno Nacional dice que quiere recortar el gasto público, la pregunta que surge es si tiene sentido insistir en una estrategia costosa, difícil de ejecutar y que ha mostrado resultados frágiles”, concluye Garzón.

Justamente en este aspecto hace énfasis Aguirre, ya que De la Espriella no ha explicado de dónde va a sacar el dinero para financiar esta medida. “Se eligió diciendo que Colombia está quebrada por la mala administración del gobierno de Gustavo Petro, entonces, además de decir a qué bioherbicidas se refiere, porque en ningún lado ha hecho referencia concreta a lo que plantea utilizar, tiene que informar con qué va a pagar algo que, según sus cálculos, cuesta tres veces más que la fumigación con glifosato, que de por sí es ridículamente costosa e inefectiva”, concluyó la experta en derechos humanos y política de drogas.

Según Garzón, otro filtro que enfrentaría el futuro gobierno de De la Espriella es el tiempo. “Cumplir esas reglas no se resuelve con un decreto. El gobierno de Iván Duque intentó reactivar la aspersión durante todo su mandato, anunció fechas que luego se aplazaron y avanzó en trámites que nunca fueron suficientes para superar las exigencias de la Corte. Por eso, prometer que se fumigará pronto y, al mismo tiempo, que se respetarán todas las condiciones legales, ambientales y sociales es prometer dos cosas que, en lo inmediato, difícilmente caben juntas”, asegura el experto. La nueva administración, dentro de otras cosas, tendrá que atender las 261.000 hectáreas de cultivos de coca en Colombia, según las cifras del Gobierno Nacional y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Parte de lo que propone el presidente electo para hacerle frente a la problemática no son acciones nuevas, como la fumigación con drones. En febrero de este año el gobierno de Gustavo Petro anunció el inicio de un programa de erradicación de cultivos de coca mediante drones equipados para fumigar, justamente con glifosato, de forma focalizada. La estrategia fue presentada como una alternativa a las antiguas fumigaciones aéreas con avionetas, bajo el argumento de que los drones permiten mayor precisión, reducen la exposición de las comunidades y disminuyen los riesgos para los uniformados encargados de la erradicación. Sin embargo, esa propuesta del progresismo no ha sido puesta en marcha, pues no ha pasado el filtro del Consejo Nacional de Estupefacientes.

Aunque por ahora es solo una idea y puede que no llegue a materializarse antes de que Gustavo Petro deje la Casa de Nariño en menos de tres meses, los habitantes de zonas cocaleras como Cauca y Nariño sostienen que los cultivos de la planta siguen siendo su principal fuente de ingresos ante la falta de alternativas económicas sostenibles. Además, cuestionan que el Gobierno haya recurrido nuevamente al glifosato después de criticar por años esa posibilidad. Más allá de los estrictos requisitos que ha marcado la Corte, la solución, o al menos parte de ella, está en manos del Congreso. Así lo señala la exmagistrada Pardo, quien resalta que aunque las decisiones judiciales han protegido a las comunidades, “falta lo principal, no hay una ley de consulta previa. La Corte ha pedido al Congreso varias veces, pero es un tema muy complejo que ha sido dejado de lado”.

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El juez promiscuo de Valle del Guamuez (Putumayo) desestimó los argumentos presentados por el Gobierno de Gustavo Petro, con los que pretendía solicitar la nulidad del fallo de tutela que ordenó frenar la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) destinadas a las disidencias de las Farc al mando de alias “Walter Mendoza”.

La decisión se produjo en el marco de una tutela presentada por la comunidad indígena del resguardo Telar Luz del Amanecer, que alegó la vulneración de su derecho a la consulta previa. El caso será analizado por un juez de segunda instancia, quien deberá determinar si se configuró un desacato a la orden judicial.

En contexto: Juzgado ordenó suspender inmediatamente instalación de las ZUT para disidencias de “Mendoza”

De acuerdo con el fallo de tutela, conocido el pasado 17 de junio, la comunidad indígena presentó la acción constitucional al considerar que el Ministerio del Interior, la Presidencia de la República, la Dirección de Consulta Previa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz vulneraron sus derechos a la consulta previa, la defensa y el debido proceso.

El resguardo indígena Telar Luz del Amanecer calificó como “irregular el trámite dado a una actividad estatal por la omisión de la consulta previa, que es de obligatorio cumplimiento, pues entiende que no se han respetado las reglas del debido proceso y no se le ha garantizado su defensa en forma legal”.

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Aunque el despacho intentó contactar a las entidades accionadas, ninguna respondió a la tutela. Como resultado, ordenó “la suspensión inmediata de la ejecución de obras, adecuaciones y cualquier actividad derivada de la Resolución 053 del 25 de febrero de 2026 en la Zona de Ubicación Temporal ‘Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal de Valle del Guamuez’ (ZUT-ZOCIUT), hasta tanto se surta el proceso de consulta previa, libre e informada con el Resguardo Indígena Telar Luz del Amanecer”.

Para ese mismo día, el 17 de junio, estaba previsto el inicio del traslado de 99 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), quienes comenzarían su tránsito a la vida civil en el marco de la política de Paz Total del Gobierno. Según explicó el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, el traslado se realizaría en helicópteros contratados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, encabezada por Otty Patiño.

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Para llevar a cabo el traslado, fueron suspendidas las operaciones militares ofensivas y las operaciones especiales de la Policía Nacional contra integrantes de los Comandos de Frontera (la estructura de la CNEB que opera en Putumayo) incluidos en el listado reconocido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para su desplazamiento a la zona de ubicación.

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