Colombia cerró el gobierno de Gustavo Petro exportando más que un año atrás, pero con una dificultad que las cifras agregadas esconden: buena parte del crecimiento reciente proviene del petróleo, el oro y otros productos cuyo comportamiento depende más de los precios internacionales que de una transformación de la capacidad productiva del país.

Según el más reciente informe del DANE, entre enero y julio de 2026, las exportaciones llegaron a USD 32.489 millones, 12,7 % más que en el mismo periodo de 2025. El resultado luce favorable hasta que se mira qué se está vendiendo. Los combustibles y productos de las industrias extractivas crecieron 16,6 %, hasta USD 13.142 millones, mientras el grupo de otros sectores aumentó 90,1 %, impulsado casi por completo por el oro no monetario. Las manufacturas cayeron 2,5 % y el sector agropecuario retrocedió 2,4 %.

Esa composición resume buena parte del problema que recibe el nuevo gobierno: Colombia ha conseguido sostener el valor de sus exportaciones, pero todavía tiene dificultades para ampliar de manera consistente la cantidad de empresas, productos y mercados capaces de generar divisas.

Los números de los cuatro años anteriores muestran el recorrido.

En los últimos cinco meses de 2022, después de la llegada de Petro a la Casa de Nariño, las ventas externas todavía se movían en niveles elevados. En agosto alcanzaron USD 4.582 millones FOB; en septiembre fueron USD 4.779 millones; en octubre, USD 4.213 millones; en noviembre, USD 4.520 millones, y en diciembre cerraron en USD 4.498 millones.

Exportaciones para abajo

Después vino la caída.

En 2023, las exportaciones colombianas sumaron USD 49.543 millones, una reducción de 12,9 % frente al año anterior. Los combustibles y productos de las industrias extractivas explicaron buena parte del retroceso: sus ventas bajaron 18,6 %, con disminuciones de 25,4 % en hulla, coque y briquetas y de 16,6 % en petróleo y sus derivados.

El agro tampoco logró compensar la caída. Sus exportaciones disminuyeron 12,8 %, principalmente por el descenso de 29,4 % en las ventas de café sin tostar. Las manufacturas cayeron 3,8 %.

En 2024, el comercio exterior prácticamente se quedó quieto. Las exportaciones alcanzaron USD 49.552 millones, apenas 0,4 % menos que en 2023. Los combustibles volvieron a retroceder, esta vez 10,6 %, con caídas de 22,4 % en carbón y 5,1 % en petróleo.

El contrapeso apareció en el agro. Sus ventas aumentaron 14 %, impulsadas por el café sin tostar, que creció 21,8 %, y el banano, con un incremento de 33,9 %. Las manufacturas avanzaron 4,3 %.

También creció con fuerza el grupo de otros sectores, 20,4 %, aunque nuevamente con una particularidad: el aumento estuvo explicado por el oro no monetario.

En 2025 hubo una recuperación modesta. Las exportaciones llegaron a USD 50.200 millones, 1,3 % más que en 2024. El petróleo y el carbón volvieron a caer, esta vez 17,9%, mientras el agro aumentó 33,2 %. El café descafeinado creció 70,2 % y el aceite de palma 83,6 %. Las manufacturas subieron 4,8 % y el oro no monetario mantuvo su crecimiento.

Y así llegó el último tramo del gobierno.

Entre enero y julio de 2026, el aumento de 12,7 % parece romper la tendencia de estancamiento. Pero el detalle vuelve a importar. El petróleo creció 18,6 %, el carbón 1,5 % y el oro volvió a dispararse. En cambio, dos de los sectores sobre los que descansa la diversificación de la oferta colombiana tuvieron un comportamiento negativo.

Estados Unidos siguió siendo el principal destino, con 28,4 % del valor exportado, seguido por Panamá, con 8,5 %, e Italia, con 5,2 %. El crecimiento de las ventas hacia este último país fue particularmente alto, 367,2 %, impulsado por sus compras de oro y petróleo.

Acá, la gran pregunta: ¿cuánto de lo que Colombia está exportando responde a una mayor capacidad de producir y vender bienes y servicios competitivos, y cuánto depende del comportamiento de unos pocos productos?

Analdex llegó a su Congreso Nacional de Exportadores con esa preocupación sobre la mesa.

Un país que exporta poco y concentra mucho

Este jueves 3 de septiembre, en Cartagena, la Asociación Nacional de Comercio Exterior presentó su propuesta “Colombia Futuro Exportador: Ruta 2030″. El documento parte de una comparación poco favorable.

Durante el primer semestre de 2026, según las cifras presentadas por el gremio, las exportaciones llegaron a USD 27.844 millones y crecieron 14,2 %. Cerca del 95 % de ese incremento, señaló Analdex, estuvo concentrado en combustibles y oro.

La distancia con el máximo histórico también sigue siendo considerable. En 2012, Colombia exportó USD 60.125 millones. Catorce años después, el país todavía no ha conseguido superar esa marca.

La diferencia se hace más evidente cuando se mide por habitante.

Colombia exporta alrededor de USD 946 por persona, equivalente al 30,3 % del promedio mundial, que Analdex calcula en USD 3.114. El país ocupa el puesto 115 entre 190 economías y el decimoquinto entre 20 países latinoamericanos.

Chile exporta USD 5.388 por habitante; Costa Rica, USD 5.129, y México, USD 5.039. Para alcanzar el promedio regional, Colombia tendría que llevar sus exportaciones hasta unos USD 114.400 millones anuales.

El problema tampoco está repartido de manera uniforme entre las empresas.

En 2025 hubo 9.404 compañías exportadoras. Pero solo 460 vendieron más de USD 10 millones cada una y concentraron 88,9 % del valor exportado. Mientras tanto, 7.634 empresas exportaron menos de USD 1 millón y representaron apenas 2,4 % del total.

Además, la base de empresas que exportan de manera recurrente se redujo. Entre los trienios 2021-2023 y 2023-2025 se perdieron 395 exportadores constantes, una disminución de 7,4 %.

La concentración también aparece en los mercados. Estados Unidos, la Unión Europea y Panamá reúnen 52,3 % de las exportaciones colombianas.

Estados Unidos merece una atención particular. En 2025 recibió productos colombianos por USD 14.872 millones y, según Analdex, 2.490 empresas están relacionadas con productos afectados por medidas arancelarias estadounidenses como las secciones 301 y 232. El gremio calcula que un eventual aumento del arancel de 10 % a 12,5 % significaría unos USD 86 millones adicionales al año para los productos colombianos que ingresan a ese mercado.

Hay otro problema que atraviesa todas esas cifras y que el exportador siente antes de que aparezca en cualquier ranking internacional: el dólar.

Cuando el dólar deja menos pesos

El 12 de agosto de 2022, pocos días después de que Petro asumiera la presidencia, el dólar cerró en COP 4.162. En aquel momento, la tasa de cambio venía descendiendo desde niveles superiores y el mercado reaccionaba, entre otros factores, a señales provenientes de Estados Unidos.

Cuatro años después, la situación cambiaria se convirtió en uno de los principales dolores de cabeza para los exportadores colombianos.

La apreciación del peso reduce los ingresos que recibe en moneda local una empresa que vende en dólares. La cuenta es sencilla.

Analdex presentó un ejemplo durante su congreso: una exportación de US$1 millón liquidada a una tasa de COP 4.400 representaría ingresos por COP 4.400 millones. Con una tasa de COP 3.144,3, la misma venta produciría COP 3.144,3 millones.

La operación internacional no cambió. El producto vendido es el mismo, el cliente paga el mismo millón de dólares y la empresa entrega la misma mercancía. Lo que cambia es la cantidad de pesos que recibe al convertirlos.

En ese ejemplo, la diferencia es de COP 1.255,7 millones, equivalente a 28,5 % de los ingresos en pesos.

El efecto no se limita a una empresa concreta. Según las estimaciones presentadas por Analdex, por cada COP 100 de apreciación del peso, las exportaciones no minero-energéticas se reducen 0,8 %, mientras que las exportaciones de servicios disminuyen 3,3 %.

El problema es especialmente relevante para una economía que pretende diversificar sus ventas externas. Una empresa que exporta manufacturas, alimentos o servicios puede aumentar productividad, buscar nuevos clientes y abrir mercados, pero una apreciación fuerte de la moneda puede reducir en pesos el resultado de todo ese esfuerzo.

Por eso el gremio planteó medidas de corto plazo, entre ellas recuperar mecanismos como el Certificado de Abono Tributario, garantizar la devolución oportuna del IVA y establecer apoyos para las primas de cobertura cambiaria.

También llamó a las empresas a proteger su caja, aumentar productividad y utilizar herramientas de cobertura frente al riesgo cambiario.

Pero la propuesta de Analdex no se queda en contener el golpe.

La Ruta 2030

El objetivo que plantea el gremio es duplicar las exportaciones de bienes: pasar de los USD 50.200 millones de 2025 a más de USD 100.000 millones en 2030.

La cifra parece enorme porque lo es. Pero matemáticamente supone un crecimiento anual compuesto cercano a 14,8 % durante cinco años. Es una tasa exigente, aunque distinta de duplicar las exportaciones todos los años.

Para acercarse a esa meta, Analdex propone ampliar la base empresarial hasta llegar a 10.000 exportadores recurrentes. La definición del gremio contempla compañías que mantengan ventas internacionales superiores a USD 1.000 durante más de tres años consecutivos.

La propuesta también fija cinco prioridades para los primeros 100 días del nuevo gobierno.

La primera es definir prioridades claras entre sectores y mercados, de modo que los recursos públicos y las estrategias de promoción tengan objetivos concretos.

La segunda apunta a uno de los problemas que durante años han frenado la expansión agroexportadora: los estándares y los requisitos de admisibilidad sanitaria. Sin resolverlos, tener un producto competitivo no garantiza que pueda entrar a un mercado.

La tercera es digitalizar e interoperar al Estado para reducir los trámites que aumentan costos y tiempos para los exportadores.

La cuarta tiene que ver con financiación, capital de trabajo, garantías y logística.

Y la quinta combina defensa comercial y diplomacia económica. La apuesta es proteger el acceso al mercado estadounidense, pero al mismo tiempo abrir nuevos destinos.

La discusión, en últimas, no se reduce a si Colombia exportó más o menos durante el gobierno Petro. Las cifras muestran años de caídas, recuperación parcial y crecimiento reciente, pero también revelan una estructura que sigue dependiendo demasiado de unos cuantos productos, empresas y mercados.

El oro puede hacer crecer una estadística en un año. El petróleo puede sostenerla en otro. Un dólar favorable puede aliviar los márgenes de un exportador. Ninguno de esos factores, por sí solo, construye una base exportadora más grande.

El nuevo gobierno recibe una economía que necesita vender más al mundo y, sobre todo, conseguir que más empresas puedan hacerlo durante más tiempo.

Los USD 100.000 millones que propone la “Ruta 2030” deberán moverse a través de miles de empresas exportando, nuevos productos entrando a otros mercados y una estructura productiva capaz de resistir cuando el petróleo baje, el oro deje de brillar o el dólar vuelva a jugar en contra.

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El conflicto entre Andean Tower Partners Colombia (ATP) y TV Azteca que había puesto bajo observación la conectividad de 57.780 accesos de internet en 261 municipios llegó a un punto de acuerdo. Las compañías informaron este jueves que alcanzaron un entendimiento para mantener su relación comercial y contractual, con el que buscan cerrar las disputas económicas y jurídicas que habían enfrentado durante las últimas semanas.

El acuerdo involucra 419 sitios que ATP le arrienda a la Unión Temporal Fibra Óptica (UTFO), representada por TV Azteca Sucursal Colombia, y que están relacionados con el Contrato de Aporte 437 de 2011.

Las empresas señalaron que alcanzaron un consenso sobre las diferencias que mantenían alrededor de la ejecución de esos contratos. TV Azteca, además, manifestó su “firme compromiso” de cumplir con la totalidad de las condiciones de pago acordadas.

Contexto: Disputa entre TV Azteca y ATP podría afectar casi 58.000 usuarios de internet

Esos 419 sitios hacen parte de una infraestructura utilizada por TV Azteca para prestar servicios a otros operadores, entre ellos pequeños proveedores de internet que atienden a miles de usuarios en regiones donde las alternativas de conectividad son limitadas.

El posible impacto había sido advertido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que analizó la información entregada por las compañías después de que ATP notificara la terminación de dos contratos marco de arrendamiento por incumplimientos en los pagos.

Según ese análisis, los 419 sitios involucraban potencialmente a 500 clientes de TV Azteca. Entre ellos había 245 pequeños proveedores de internet que atendían 57.780 accesos fijos en 261 municipios de 23 departamentos.

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En julio, ATP había señalado que las obligaciones pendientes de TV Azteca superaban los 10.336 millones de pesos, además de unos COP 567 millones en intereses de mora. La compañía mexicana, por su parte, controvirtió la existencia y exigibilidad de la deuda y la validez de la terminación contractual, y sostuvo que la controversia debía resolverse dentro de su proceso de reorganización y mediante un arbitraje.

Ese escenario llevó a la CRC a advertir sobre el posible efecto que tendría una interrupción de la infraestructura. En 70 municipios, los accesos potencialmente afectados representaban más de la mitad de las conexiones de internet fijo. En el conjunto de los municipios involucrados, equivalían a cerca de una cuarta parte de las conexiones.

La concentración también era significativa en algunos departamentos. Boyacá tenía 72 nodos involucrados, Nariño 47, Cundinamarca 46 y Santander 45. En Chocó, la red de TV Azteca representaba cerca de 15.000 accesos.

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Hasta ahora, sin embargo, no se había confirmado una interrupción del servicio. ATP también había informado que extendió hasta octubre de 2026 los plazos aplicables exclusivamente a los sitios ubicados en los territorios afectados por el terremoto, con el propósito de reducir eventuales impactos sobre la conectividad durante la emergencia.

Ahora, con el entendimiento anunciado entre las partes, ese escenario cambia.

El acuerdo establece las condiciones para la continuidad de la relación contractual sobre los 419 sitios.

Aún no hay detalles sobre el monto, el calendario o las demás condiciones económicas pactadas.

Preguntas rápidas:

¿El internet puede verse afectado por este conflicto?

Si es cliente de un proveedor local que usa la infraestructura de TV Azteca, el riesgo existía; con el acuerdo la continuidad queda protegida, aunque conviene confirmar con el operador.

¿Qué municipios estaban en mayor riesgo?

Chocó, Boyacá, Nariño y Cundinamarca concentraban muchos nodos; en Chocó la red de TV Azteca representaba cerca de 15.000 accesos.

¿Se conocen ya los términos económicos del acuerdo?

Las empresas confirmaron el entendimiento pero no han divulgado montos ni calendario; esos detalles siguen pendientes.

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El primer voto no salió de una urna, sino de WhatsApp. Entre el martes 1 y este jueves 3 de septiembre, 5.286 caficultores eligieron a sus representantes gremiales desde el celular, después de registrar previamente su cédula y una fotografía en el ChatBot de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). Para un país donde votar sigue significando, muchas veces, viajar hasta una escuela, hacer fila y buscar una mesa en una lista pegada a una pared, el gremio cafetero acaba de probar algo distinto: llevar una elección hasta el teléfono de quienes debían participar en ella.

La cifra equivale al 78 % de los caficultores que se habían preinscrito para utilizar el mecanismo electrónico. Hubo votos emitidos desde Europa, Norteamérica y Oceanía, además de Venezuela, Ecuador y Panamá. La Federación se convirtió, según informó el gremio, en la primera entidad del país en realizar unas elecciones de forma virtual.

La experiencia llega a las puertas del centenario de una organización cuya estructura de representación depende, precisamente, de que los productores elijan a quienes tomarán decisiones en su nombre. Y no es una elección menor. Entre este fin de semana y los días previos, cerca de 350.000 caficultores habilitados para votar definirán quiénes ocuparán miles de espacios de representación en la estructura gremial.

La elección, sin embargo, no terminó en la pantalla.

Quienes no participaron mediante el sistema electrónico podrán votar de manera presencial el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre. Para ello, la Federación habilitó 2.950 mesas en 601 municipios cafeteros del país. El proceso contará con 9.204 jurados de votación y 403 observadores de la Misión de Observación Electoral (MOE).

Más de 18.000 candidatos aspiran a representar a los productores, según confirmó la Federación a El Espectador en una reciente entrevista. De esta elección saldrán 4.668 representantes para los 389 comités municipales y otros 90 para los 15 comités departamentales. Los elegidos asumirán sus cargos el próximo 30 de octubre.

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El celular como nueva urna

El mecanismo electrónico funcionó sobre una plataforma que la Federación ya tenía: su chatbot de WhatsApp. Los caficultores interesados debían inscribirse previamente mediante ese canal, registrar su número de cédula y enviar una fotografía para completar el proceso de autenticación.

Después, entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde, podían emitir su voto.

Sobre el proceso hubo, además, jurados de votación, delegados de la MOE y auditorías internas y externas. El objetivo es resolver el problema que persigue a cualquier intento de trasladar una elección a internet: que detrás de cada voto exista, efectivamente, la persona habilitada para emitirlo y que el resultado pueda ser verificado.

“Colombia cafetera está eligiendo, una democracia que seguimos construyendo con participación, transparencia y la voz de los caficultores”, dijo Germán Bahamón, gerente general de la Federación, al cierre de la jornada virtual.

La novedad tecnológica tiene una utilidad bastante más concreta que la simple modernización de un proceso. La caficultura está repartida por cientos de municipios y miles de veredas. Para una parte de los productores, participar en una elección implica desplazamientos que pueden consumir buena parte del día. El voto electrónico no elimina ese problema para todos, porque también existen zonas rurales con dificultades de conectividad y caficultores que no utilizan estas herramientas digitales. Por eso la elección mantiene su componente presencial, con mesas fijas y móviles.

Pero la prueba deja una puerta abierta: que la participación gremial pueda depender menos de la distancia.

Una democracia que atraviesa la ruralidad

Las elecciones cafeteras se realizan cada cuatro años y constituyen la base del modelo de gobierno de la Federación. Los representantes municipales y departamentales no administran una institución cualquiera. Desde esos espacios se organiza la representación de los productores dentro de una de las organizaciones gremiales más antiguas y extendidas de Colombia.

El tamaño del proceso ayuda a dimensionarlo. Hay cientos de municipios involucrados, miles de candidatos y una estructura electoral desplegada en buena parte de la geografía cafetera. En 2022, la participación alcanzó el 55 % del censo electoral. Esta vez, el gremio llega a las urnas después de ensayar una segunda puerta de entrada: la digital.

La jornada ocurre, además, mientras varias zonas cafeteras siguen atendiendo las consecuencias del terremoto del 10 de agosto. Más de 120 municipios reportaron afectaciones y alrededor de 11.000 caficultores habían informado daños, según los balances previos de la Federación. La cosecha comenzó en medio de viviendas afectadas, infraestructura de beneficio deteriorada y dificultades para movilizar trabajadores y producto.

La emergencia llevó al gremio a evaluar un eventual aplazamiento de las elecciones. Finalmente, decidió mantenerlas. El argumento era que la reconstrucción puede durar meses y que el Congreso Cafetero necesita sesionar posteriormente con los nuevos representantes.

Ahora, mientras algunas regiones continúan contando daños, los caficultores también están eligiendo quiénes deberán representarlos durante los próximos años.

Preguntas rápidas:

¿Quiénes pudieron votar por WhatsApp y cómo se registraron?

Preinscripción en el chatbot, registro de cédula y foto para autenticación.

¿Qué pasa si no votó por el celular?

Podrá votar presencialmente el 5 y 6 de septiembre en las mesas habilitadas.

¿La votación electrónica es segura y verificable?

La FNC usó jurados, observadores de la MOE y auditorías internas y externas.

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La Federación Nacional de Cajas de Compensación Familiar, Fedecajas, señala que las cajas activaron apoyos voluntarios para atender la emergencia inmediata después del terremoto. Sin embargo, el gremio asegura que la participación del sistema en la reconstrucción dependerá de las normas que determine el Gobierno bajo el estado de emergencia.

William Alzate Rincón, presidente de Fedecajas, explica que los recursos de las cajas tienen una destinación específica establecida por la ley. Por eso, aunque las entidades pueden apoyar la atención inicial con aportes voluntarios, no pueden redirigir recursos ordinarios hacia la reconstrucción sin una autorización normativa expresa.

“El sistema se volcó inmediatamente a cubrir con sus aportes voluntarios la emergencia inmediata, pero ya para destinar recursos del sistema tienen que esperar que una norma les permita utilizarlo de alguna manera”, señaló el presidente de Fedecajas.

Después del terremoto de Armenia de 1999, se creó el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, Forec. Según explica Alzate, una de las fuentes de financiación de ese fondo fue un aporte de las cajas de compensación familiar de todo el país. Este es un antecedente para la discusión sobre el papel que podría tener el sistema en la recuperación de los territorios afectados por el sismo.

Aun así, Fedecajas afirma que cualquier medida debe respetar la base de redistribución de los recursos. Las cajas administran aportes realizados por los empleadores y destinados a subsidiar en dinero y servicios a trabajadores de menores y medianos ingresos, de acuerdo con las cargas familiares que tengan a cargo.

“Redistribuir y ayudar a los demás, de eso se trata el sistema de compensación familiar”, dice Alzate, quien explica que los aportes de empresas con mayor capacidad económica ayudan a financiar subsidios, programas y servicios para trabajadores vinculados a empresas más pequeñas.

El sistema está compuesto por 42 cajas de compensación familiar y Fedecajas indica que los recursos tienen una alta concentración: “En este momento se está haciendo una negociación porque realmente el sistema de compensación familiar tiene una descompensación nacional y es que aproximadamente el 60% de los recursos que maneja el sistema lo manejan cinco cajas: Compensar, Colsubsidio, Cafam, Comfama y Comfandi. Esas son las cinco cajas más grandes del país; las demás ahí van”, dice Alzate.

Según el gremio, esa asimetría puede limitar la capacidad de respuesta de cajas ubicadas en territorios con menor base empresarial y menores aportes.

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Colombia tiene anunciados 72 proyectos de hidrógeno capaces de movilizar más de USD 20.000 millones. La cifra suena lejana para quien paga la factura de energía, llena el tanque o compra alimentos. Pero no lo es tanto: si estas tecnologías logran producir energía y materias primas a precios competitivos, podrían cambiar desde el costo de fabricar fertilizantes hasta el transporte pesado. El problema es que, entre anunciar un proyecto y convertirlo en una planta funcionando, Colombia tiene una especialidad histórica: perder años.

Esa fue una de las discusiones centrales del Foro de Hidrógeno y Gases Renovables realizado este miércoles por la ANDI y Naturgas. Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, sostuvo que el país enfrenta un “shock energético” y necesita reducir sus vulnerabilidades mediante una mayor autonomía en el sector.

En este momento, Colombia intenta resolver dos problemas al tiempo: avanzar en la transición energética sin descubrir demasiado tarde que retirar o limitar unas fuentes antes de tener listas las alternativas puede comprometer el suministro.

Para la ANDI, el hidrógeno es una de esas alternativas. Los 72 proyectos anunciados podrían generar encadenamientos en sectores como fertilizantes, refinerías y transporte pesado.

Pero ¿cuántos de esos USD 20.000 millones pasarán del anuncio a la inversión real?

El hidrógeno tiene una dificultad que las cifras de potencial suelen esconder. Producirlo a gran escala y a precios competitivos sigue siendo uno de los principales desafíos mundiales. Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, recordó que el hidrógeno de bajas emisiones representa hoy apenas el 9 % de la producción global. La carrera, por tanto, no consiste solo en demostrar que Colombia puede producirlo, sino en lograr hacerlo a un precio que alguien quiera pagar.

Esto recuerda al proyecto de biocombustibles que, similar a estas otras innovaciones, se ha quedado en un potencial, en ideas que, si la política pública no las acompaña, se quedan en los archivos de las ideas de un futuro menguante.

Ahí aparece una diferencia entre tener recursos y tener una industria. Colombia cuenta con capacidad renovable, disponibilidad de biomasa y sectores que podrían consumir estos energéticos. Eso no garantiza que los proyectos sean viables. Hace falta infraestructura, reglas estables, inversión y, sobre todo, compradores.

Los gases renovables podrían tener una ruta más inmediata. El análisis presentado por la ANDI identifica a Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca como las regiones con mayor potencial para producir biogás a partir de biomasa. En términos simples, residuos agrícolas, pecuarios e industriales pueden convertirse en energía, reduciendo desperdicios y creando una fuente adicional de suministro.

Mac Master insistió en que el país necesita volver a crecer entre 4 % y 5 % y señaló cinco sectores capaces de impulsar esa recuperación, entre ellos infraestructura, industria y el minero-energético. De manera que su llamado al gobierno podía ser otro que generar condiciones de confianza para que la inversión ocurra.

Ese puede ser, precisamente, el cuello de botella. Colombia no parece tener escasez de recursos naturales ni de proyectos anunciados. Tiene 72 iniciativas de hidrógeno sobre la mesa y una oportunidad estimada en más de USD 20.000 millones. La oportunidad, según los gremios, yace sobre la mesa.

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Para los municipios más golpeados por el rezago de infraestructura, conseguir que una empresa financie una carretera, una ambulancia, una escuela o maquinaria para atender emergencias puede significar convertir una necesidad acumulada durante años en una obra concreta. El problema es que buena parte de los proyectos que el Estado tiene listos para recibir inversión privada todavía no encuentra quién los financie.

El Banco de Proyectos de Inversión de Obras por Impuestos de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) registra 161 proyectos disponibles para que empresas contribuyentes destinen parte de sus impuestos a su ejecución. De ese universo, apenas 35 aparecen con solicitudes de empresas interesadas. Los otros 126 no registran, por ahora, un interesado.

La diferencia equivale a que cerca de ocho de cada diez proyectos disponibles todavía no tengan una empresa vinculada en el banco.

¿Qué proyectos esperan financiación?

En el portafolio aparecen carreteras terciarias y urbanas, puentes, maquinaria amarilla para atender emergencias y mantener vías, soluciones de energía para comunidades rurales, dotación de colegios, ambulancias y proyectos de agua y saneamiento. En total, son cerca de 1,3 billones de pesos.

Entre los proyectos sin interesado aparecen algunos con costos superiores a 50.000 millones de pesos. Uno de ellos busca mejorar la vía Astilleros-Tibú, en Norte de Santander, con un costo de 60.781 millones de pesos. Otro contempla obras para mejorar la navegabilidad en las bocas del río Atrato, en Antioquia, por 53.001 millones de pesos. En Cesar aparecen un proyecto de pavimento rígido en Chiriguaná por 51.884 millones de pesos y otro para el corredor La Laguna de los Indios, en La Paz, por 50.637 millones de pesos.

También hay proyectos de 50.133 millones de pesos para instalar soluciones solares en comunidades indígenas no interconectadas de Cumaribo, Vichada, y de 49.319 millones de pesos para llevar conectividad a municipios PDET de Nariño.

Es decir, el problema no es solamente encontrar empresas para financiar pequeños proyectos municipales (como ocurre en Santa Rosa del Sur y Montecristo, municipios de Bolívar, para la adquisición de una ambulancia para el transporte asistencial por 366 millones de pesos), sino llamar la atención de empresas para las obras de infraestructura que requieren inversiones de decenas de miles de millones de pesos y que tampoco registran un interesado.

¿Qué están buscando financiar los territorios?

La infraestructura vial tiene un peso visible dentro del portafolio. Hay proyectos para pavimentar vías urbanas, mejorar carreteras terciarias, construir puentes y atender corredores rurales en departamentos como Cesar, Nariño, Casanare, Córdoba, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Santander, Norte de Santander, Boyacá y Caquetá.

Pero otro de los patrones que sobresale es la gestión del riesgo. En distintos municipios se solicitan recursos para adquirir o fortalecer bancos de maquinaria amarilla destinados a atender emergencias, mitigar riesgos y mantener la malla vial. Hay proyectos de este tipo en Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Nariño, Bolívar, Casanare, Huila, Caquetá y otros departamentos.

En el Valle del Cauca, por ejemplo, el banco registra proyectos para adquirir maquinaria amarilla en municipios como Calima El Darién, El Dovio, Argelia, Riofrío, Pradera, Florida, Bolívar, Roldanillo y Caicedonia. Algunos tienen empresas interesadas y otros permanecen sin ellas.

En educación también se repiten proyectos de dotación de mobiliario, computadores, herramientas tecnológicas, instrumentos musicales, equipos de cocina, parques infantiles y adecuaciones sanitarias.

En energía, el portafolio incluye soluciones solares para comunidades y escuelas rurales que no están conectadas al sistema eléctrico convencional. En salud aparecen ambulancias terrestres y fluviales, unidades móviles odontológicas y equipos para fortalecer la atención de poblaciones rurales.

Hidroituango muestra lo que ocurre cuando aparece el contribuyente

Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. anunció que proyecta destinar 96.220 millones de pesos en 2026 a 13 proyectos mediante Obras por Impuestos.

De esos 13 proyectos, nueve se tramitarían mediante la opción de fiducia, por 68.524 millones de pesos, y cuatro mediante convenio, por 27.696 millones de pesos.

La inversión se distribuye en varios frentes. Transporte concentra 35.616 millones de pesos; adaptación al cambio climático y gestión del riesgo, $27.696 millones; educación, 21.391 millones de pesos; salud, 6.670 millones de pesos, y agua potable y saneamiento básico, 4.845 millones de pesos.

Entre los proyectos hay dos intervenciones viales en Antioquia: una de 13.120 millones de pesos para mejorar cinco kilómetros de vías en San Rafael y otra de 22.495 millones de pesos para intervenir 6,1 kilómetros en San Carlos.

En salud, la empresa financiará 345 equipos biomédicos para 21 municipios PDET de Antioquia, con una población objetivo de 797.338 personas.

La compañía también anunció recursos para tres centros de desarrollo infantil, dotación de establecimientos educativos rurales y proyectos de gestión del riesgo.

El caso sirve para dimensionar el mecanismo desde el otro lado de la ecuación: una empresa encuentra proyectos que puede financiar con parte de sus obligaciones tributarias y los convierte en obras o bienes concretos en territorios priorizados.

El cuello de botella está después de formular el proyecto

Obras por Impuestos fue diseñado para permitir que determinados contribuyentes destinen parte de su impuesto de renta a la ejecución de proyectos de inversión en municipios y territorios priorizados por el Estado.

La existencia de un banco con 161 proyectos muestra que hay una oferta de iniciativas estructuradas, pero formular un proyecto y conseguir quién lo financie son dos problemas distintos.

Un municipio puede tener identificada una necesidad de 3.000 millones para maquinaria de pesos, una vía de 10.000 millones de pesos o una intervención de 50.000 millones de pesos. Pero mientras no aparezca un contribuyente que quiera asumir el proyecto dentro del mecanismo, la obra permanece en el portafolio.

El atractivo inicial es que las empresas pueden maniobrar su inversión social mediante impuestos que, de todos modos, pagarían al Estado. También pueden formular un proyecto desde cero. En cualquier caso, debe ser aprobado por la junta directiva de la organización.

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El fabricante alemán de automóviles Volkswagen dijo el jueves que la dirección y los sindicatos habían acordado recortar otros 50.000 puestos de trabajo en todo el mundo de aquí a finales de la década.

Así, llegará a 100.000 el número de empleos que serán eliminados, en la mayor reestructuración jamás realizada en la industria automovilística mundial.

“Es esencial adaptar de forma sistemática los niveles de personal a las realidades económicas”, señaló Volkswagen en un comunicado.

La empresa aprobó el plan para “la reducción de alrededor de 50.000 empleos” adicionales a los 50.000 ya acordados.

El mayor fabricante de automóviles de Europa se ha visto golpeado por los aranceles estadounidenses, una demanda irregular de coches eléctricos y, sobre todo, la feroz competencia en y desde China.

La compañía, que además de Volkswagen incluye firmas como Audi y Porsche, reducirá el 15% del total de su plantilla en todo el mundo.

Volkswagen dijo que tanto la dirección como los sindicatos coincidieron en que el futuro de cuatro plantas alemanas —en Hannover, Emden, Zwickau y Neckarsulm— no estaba garantizado más allá de la década de 2030.

El cierre de las plantas marcaría la primera vez que Volkswagen clausura fábricas a gran escala en su país de origen.

La adopción de los planes por parte del consejo de supervisión de Volkswagen, compuesto tanto por representantes de los trabajadores como de los accionistas, pone fin por ahora a delicadas negociaciones entre ambas partes.

“El consejo de supervisión aprobó por unanimidad el plan para el futuro presentado por el consejo de administración”, declaró el presidente ejecutivo, Oliver Blume.

“Es una señal firme para el futuro del Grupo Volkswagen”, remarcó.

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La tierra del occidente de Colombia se movió toda con el terremoto del 10 de agosto de 2026. Pero el país todavía dimensiona la magnitud de lo ocurrido, ya que hay unas zonas de la ruralidad a las que es más difícil acceder y conocer el estado de sus habitantes. Si bien es el mismo suelo, el impacto y las consecuencias a largo plazo pueden ser muy diferentes para las áreas urbanas y rurales.

Hasta el momento se sabe de 331 personas fallecidas, pero todavía quedan 136 desaparecidas. Abundan las fotos de los edificios colapsados, las casas en escombro y la infraestructura deteriorada en las ciudades principales como Pereira, Manizales, Cali y Quibdó.

La cuenta de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Desastre (UNGRD) va en 200.929 viviendas averiadas, 37.542 destruidas, 5.871 edificios averiados y 651 colapsados. De estas cifras pocas son las imágenes que llaman la atención o que dejan ver el tamaño del desastre en el campo.

“El efecto más dramático del terremoto ocurre en zonas densamente pobladas debido a las aglomeraciones. Es eso lo que roba titulares. En la ruralidad ocurre lo mismo, pero al ser dispersa no genera noticia y es más difícil de cuantificar”, asegura Jaime Alberto Rendón, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR) de la Universidad de La Salle.

Conocer cómo está la ruralidad después del sismo es un reto en sí mismo debido a factores como: la dispersión territorial y la ausencia de vías en buen estado que conecten los territorios alejados de las cabeceras municipales. Esos son apenas dos de los agravantes que tienen los habitantes de estas zonas del país para atender la emergencia que está próxima a cumplir un mes.

Una brecha que se amplía

Poner los ojos en el campo es mirar la desigualdad que allí reside. Esta es otra dificultad que se destaca en medio de las labores de reconstrucción. La falta de acceso a bienes del Estado (centros de salud, vías y escuelas) y a viviendas dignas, por parte de la población rural.

Nelson Vargas Ortiz, docente de Uniagraria, explica que en el campo las personas suelen construir sin tener en cuenta las normativas. Muchas viviendas no tienen sistemas estructurales y usan materiales que son por bloques, “es como si las hicieran con fichas de dominó. Se caen con esa facilidad”.

Más que una falla, la realidad responde al bajo nivel adquisitivo de las familias que no les alcanza para hacer algo diferente y construyen así, como siempre lo han hecho, como pueden.

“Son viviendas inseguras. Incluso a la gente le da temor ir a la alcaldía a sacar licencias de construcción porque les salen costosas. Fácilmente el 99,8 % de los hogares campesinos no cumplen con métodos constructivos, es decir, son construcciones ilegales sin licencia”, sostiene Vargas.

Además, la tragedia llegó a lugares en los que de por sí ya había un déficit habitacional, según el informe sobre déficit habitacional rural en Colombia, elaborado por la Dirección de Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda y publicado en marzo de este año.

Chocó ya tenía, antes del terremoto, un déficit de 59.000 hogares rurales sin vivienda adecuada. Entre 2022 y 2025 el Ministerio de Vivienda solo alcanzó a cubrir el 0,28 % de ese déficit, con 163 viviendas nuevas certificadas en todo el departamento. Ahora el departamento tiene 5.000 viviendas destruidas y 26.000 averiadas, de acuerdo con los datos preliminares de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Desastre (UNGRD).

Valle del Cauca tenía 34.000 hogares en la misma condición de déficit. No recibió ni una sola vivienda rural nueva de parte del Estado entre 2022 y 2025, pero sí se aprobaron 17.703 unidades de vivienda por parte de privados. Allí ahora quedan 53.169 viviendas averiadas y 13.51 destruidas.

En Risaralda cuenta con un déficit de 5.000 hogares y una cobertura estatal de apenas 0,34 %, el sector privado aprobó 12.306 unidades. Más las 11.986 viviendas destruidas. Caldas está con 7.000 hogares en déficit, logró cobertura estatal 2,56 % y sumó 4.417 unidades privadas, pero ahora queda con 2.348 viviendas destruidas y 25 acueductos afectados. Finalmente, Quindío tenía 1.000 hogares sin vivienda adecuada y ninguna solución estatal, el mercado privado aprobó 7.906 unidades. El terremoto dejó 3.026 viviendas destruidas.

Una afectación que va más allá de la vivienda

El panorama de las casas rurales es delicado, como el de las ciudades. En los centros urbanos hay casos en los que las personas se quedaron sin en dónde vivir y sin su lugar de trabajo (como local comercial, consultorio, entre otros).

Pero en el campo las labores relacionadas con lo agroalimentario operan diferente. En la mayoría de los casos, las personas tienen sus unidades productivas en el mismo lugar en el que viven. Ello profundiza todavía más el nivel de afectación, pues quienes perdieron sus hogares también se quedaron sin su fuente de ingresos o las inversiones que habían hecho en infraestructura.

Vargas relata que la mayoría de los emprendimientos rurales se hacen desde la misma vivienda porque se hace con recursos muy limitados y así se ahorran costos. Ese es el sustento. Entonces las familias, además de su casa, perdieron establos de animales como cerdos o pollos, el lugar en el que hacían queso o demás actividades relacionadas con sus cultivos.

De hecho, a la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) le preocupa que tras la tragedia los cafeteros se queden sin sus ingresos. El motivo es la pérdida de los lugares en los que realizaban el beneficio del café en sus mismas fincas (proceso de despulpado, lavado y secado), que es necesario para comercializar el pergamino seco. El gremio ha establecido que 5.600 cultivadores tienen afectaciones en este tipo de infraestructura.

En contexto: Los cafeteros llegan, tras el terremoto, a la cosecha y a las elecciones gremiales.

Esto sin contar las escuelas, centros de salud y demás bienes públicos que se destruyeron, que de por sí suelen ser pocos en los lugares más apartados.

Cultivos que se tambalean

El impacto no solo es inmediato para las unidades productivas, respecto a la infraestructura. Es posible que las familias que viven en la ruralidad no tengan los recursos para reconstruir las instalaciones productivas porque no alcanzan los ingresos o todavía deben la que tenían.

Eso puede llevar a que se vea interrumpido el proceso de producción. De ese modo, Vargas alerta que puede incrementar el desempleo porque las unidades productivas quedaron inutilizables.

Además, la actividad agrícola se puede ver afectada por otras vías.

Una de ellas es que, al moverse la tierra pueden generarse algunos problemas con las plantas. También ocurre que el desastre lleve a las personas a migrar, lo que reduciría la mano de obra para las labores. Así se alterarían los tratamientos de poscosecha y la preparación para la comercialización. Y, para terminar, se dificulta la salida por las carreteras o vías terciarias por las que transitan los productos, analiza Rendón.

El panorama es complejo de por sí, pero en otras regiones hay que sumar un obstáculo adicional para las comunidades: el clima. En Chocó después del temblor llegaron las inundaciones.

Ana Mansa es lideresa y vive en el Medio Atrato cuenta que todo ello ha hecho que se pierdan algunos cultivos de plátano y arroz, por lo que debe resembrarlos. Entre tanto, la comunidad está ocupada en las labores de reconstrucción y reparación de las casas.

“Si la casa no se arregla, no podemos recoger la cosecha. Las dos cosas son necesarias. Por eso hacemos algo que se llama mano cambiada para conseguir recursos y ayudarnos entre varios. Consiste en que tú me ayudas y cuando necesites hacer un trabajo, yo te ayudo”, relata Mansa.

La tragedia en perspectiva

Aunque la situación del campo es difícil, la seguridad alimentaria del país está protegida, de acuerdo con Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Pues considera que las afectaciones no terminan vulnerando la capacidad del país de abastecer las necesidades de los consumidores.

La presión está en los habitantes de la ruralidad que necesitan superar la emergencia en un contexto de mayores obstáculos y menores apoyos, frente a los habitantes de las ciudades.

“Las brechas urbanas y rurales, por donde se le mire, se amplían con estas tragedias. Los recursos y ayudas se dirigen a las ciudades, por lo que las recuperaciones son más rápidas. Pero en el campo llegan auxilios como alimentos, para el diario vivir, pero no en infraestructura y caminos que contribuyan a reducir las brechas”, sostiene Rendón.

La emergencia que vive el país no tiene precedentes. En adelante, la forma como se configure la atención determinará el futuro del campo en una zona estratégica para la alimentación del país.

Son dos los caminos: una población rural cada vez más sola y desprotegida o una que recibe el impulso necesario para aumentar su productividad y mejorar la calidad de vida. El resultado dependerá de las acciones del Gobierno, las administraciones locales y los privados que lleguen, o no, con inversiones.

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El dólar cerró su cotización a la baja, al registrar COP 3.142. Esto se traduce en una caída de 17 pesos frente al cierre del miércoles, así como una variación de 0,54 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.140,55, fijada por la Superintendencia Financiera.

Los precios mínimo y máximo se ubicaron en COP 3.130 y 3.159, respectivamente. El promedio, por su parte, se registró en COP 3.141.

El análisis que hace Daniel Londoño, quien es el country manager de Global66, es que la divisa borró en una semana casi todo lo que había perdido en agosto.

Sin embargo, el dólar sigue estando en niveles bajos si se compara con el arranque del año. La diferencia supera los COP 600 y refleja, en términos porcentuales, una caída del 16,3 %, y del 22 % si se tiene en cuenta el inicio de 2025.

¿Qué está moviendo al dólar?

El CEO de Values AAA, Jeisson Valeguera, explica que detrás de este comportamiento hay diversas variables. Las principales orbitan las expectativas sobre las tasas de la Reserva Federal (Fed), el comportamiento del petróleo, los flujos de capital hacia Colombia y el diferencial de las tasas de interés.

Primero, la Fed. Lo que determine la Reserva Federal de Estados Unidos es clave para Colombia, especialmente por su impacto sobre los flujos de inversión. Si el emisor estadounidense opta por mantener las tasas de interés elevadas, o incluso aumentarlas, los activos estadounidenses podrían resultar relativamente más atractivos para los inversionistas (o simplemente desincentivar la inversión en general), lo que podría reducir el flujo de capitales hacia mercados emergentes como Colombia. Una menor entrada de dólares al país podría, a su vez, generar presiones al alza sobre la tasa de cambio.

El miércoles, el Departamento de Comercio informó que el gasto de consumo personal en Estados Unidos fue superior al esperado (3,7 % versus 3,6 %), a lo que se suma que el ingreso de personal ocupado aumentó 0,4 %, lo que también resultó ser superior al proyectado (0,2 %). Esto llevó al DXY a avanzar 0,24 % en la sesión.

El peso del petróleo. Lo que ocurra con el precio de este combustible también es clave para anticiparse a los movimientos del dólar. Esto se debe a que el petróleo es uno de los principales productos de exportación de Colombia y sus variaciones de precio tienen efectos sobre el ingreso de divisas al país.

Cuando el precio del crudo sube, aumentan los ingresos provenientes de las exportaciones petroleras y puede producirse una mayor entrada de dólares, lo que tiende a presionar a la baja la tasa de cambio. Cuando el precio cae, ocurre el efecto contrario: disminuyen los ingresos por exportaciones y puede reducirse la oferta de dólares, generando presiones al alza sobre el precio de la divisa.

Londoño detalla que esta semana el barril de referencia Brent (que es el que le importa a Colombia) encadenó cuatro jornadas de caída y cerró el jueves por debajo de USD 87, después de que Irán y Omán acordaran el reparto de aguas e ingresos del Estrecho de Ormuz, aunque Teherán aclaró que la reapertura efectiva requiere más que ese entendimiento.

También está el peso que tiene el comportamiento de la economía local. En esto se incluyen elementos como el comportamiento del déficit fiscal, el peso que tienen emergencias de gran escala como el terremoto (que por sí solo demandara recursos superiores a los COP 30 billones) y políticas de Estado, como eventuales reformas tributarias.

Sobre esto último, las cuentas del gobierno de Abelardo de la Espriella apuntan a una administración basada en el recorte y la austeridad, lo que de entrada deja de lado la imposición de nuevos impuestos.

Esto podría resultar atractivo para los inversionistas, pues de fondo se podría interpretar que el Estado seguiría financiando sus faltantes con deuda; pero también deja la pregunta de cómo construir la “patria milagro” sin más aportes de los contribuyentes.

De forma paralela, está la lucha contra la inflación que libra el Banco de la República. Esta semana, el gerente del Emisor, Leonardo Villar, recordó la importancia de mantener una política monetaria que permita hacer frente a la inflación, entre otras medidas, mediante tasas de interés elevadas. No obstante, señaló que las previsiones apuntan a que la inflación comenzará a moderarse y que podría converger hacia la meta del 3 % en 2028. A medida que la inflación ceda, también habría espacio para que las tasas de interés comiencen a bajar.

Esto también es relevante para el comportamiento del dólar. Uno de los factores que ha incidido en su caída durante los últimos meses ha sido el llamado carry trade. En términos generales, se trata de una estrategia mediante la cual los inversionistas buscan financiarse en países donde las tasas de interés son relativamente bajas y llevar esos recursos hacia mercados donde las tasas son más altas, con el objetivo de obtener ganancias por ese diferencial.

¿Qué se espera para esta semana?

Con este panorama claro, Balaguera considera que el billete verde podría experimentar una semana de alta volatilidad, probablemente moviéndose alrededor de un rango entre los COP 3.100 a los COP 3.200.

“El rumbo dependerá especialmente de las señales de la Fed, el petróleo y el apetito global por activos emergentes”, explica.

Para Londoño, esta semana viene acompañada de varios eventos que marcarían el puso del dólar, como el informe completo del empleo en Estados Unidos, así como la última lectura de indicadores relevantes antes de la reunión de la Fed, en la segunda semana de septiembre. En lo local, el DANE entregará el reporte de inflación con corte a agosto.

“El escenario base es un rango entre COP 3.100 y COP 3.220, con el piso donde estaba el techo hace diez días y el riesgo cargado hacia arriba mientras la Fed siga sonando dura y el crudo siga cediendo”, concluye.

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En el marco del Congreso Nacional de Minería, que se desarrolla en Cartagena, la ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, anunció una decisión que desató los aplausos de los asistentes: la derogación de los denominados distritos mineros especiales.

“Un país minero no se decreta desde un ministerio. Tiene que construirse con cada uno de ustedes. Quiero traerles una noticia que sé que les va a gustar mucho: anoche hasta tarde nuestros ‘mineros’ estuvieron trabajando en un resolución para derogar 10 resoluciones que habían de delimitación de los distritos mineros especiales”.

Según lo explicado por la jefe de cartera, la mencionada resolución no afectará los derechos de ningún ciudadano porque “nada se ejecutó”.

Como lo explicó en su momento la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, fueron establecidos por la Ley Ley 2294 de 2023 y reglamentados por el Decreto 0977 de 2024.

Su propósito es el de ser instrumentos de planificación socioambiental, es decir, promover las regiones mineras al tiempo en que se preservan los ecosistemas ambientales estratégicos. En otras palabras, en el papel le ponía límites a la minería, pero no dejaba desprotegidas a las comunidades que se dedican a estas actividades.

“Estos distritos buscan fomentar la asociatividad entre mineros de pequeña escala, impulsar la industrialización con base en minerales estratégicos, desarrollar nuevas alternativas productivas y garantizar condiciones laborales dignas, soberanía alimentaria y resolución de conflictos relacionados con la minería. Entre sus objetivos destacan la planificación socioambiental para proteger ecosistemas estratégicos, la promoción de la formalización minera, el impulso a la reindustrialización y la reconversión productiva, así como la gestión sostenible de recursos hídricos. Estos distritos pretenden transformar las regiones mineras en territorios productivos y sostenibles, contribuyendo al desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades”, detalló en su momento la UPME.

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El comercio electrónico sigue ganando protagonismo en Colombia. Según el más reciente reporte de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), durante el segundo trimestre del año se realizaron 223,87 millones de compras en línea, un crecimiento del 31,1 % frente al mismo periodo de 2025. Esto representa 53 millones de transacciones adicionales en un año.

Según lo explicado por la cámara, detrás de este dato se esconde un hito histórico para esta modalidad comercio, ya que es la cifra más alta registrada para un segundo trimestre en Colombia.

Información más granular muestra que, entre abril y junio, las ventas del comercio electrónico se contaron en COP 41.81 billones, lo que implica un aumento del 20,5 % de cara al mismo periodo de 2025.

“Al descontar el efecto de la inflación, las ventas llegaron a COP 28,78 billones de pesos constantes, con un crecimiento real de 13,8 % frente al mismo periodo del año anterior. Esto confirma que el comercio electrónico mantiene una expansión real y que el aumento de las ventas no responde únicamente al incremento de los precios”, detalla la cámara.

Como explica la presidenta de la CCCE, María Fernanda Quiñones, estos resultados evidencian la creciente frecuencia con la que los consumidores recurren al canal digital para realizar sus compras.

Una muestra clara de esta tendencia es la disminución del 8,1 % en el valor del ticket promedio (fue de COP 186.755), lo que sugiere que los pagos digitales están comenzando a utilizarse en una mayor variedad de compras y transacciones, incluso en aquellas de menor valor.

Una vez más, si se descuenta la inflación, el ticket promedio fue de COP 128.585, con una caída de 13,9% interanual y de 10,4% frente al trimestre anterior.

Las categorías con más compras

• Entretenimiento: 27,99%
• Tecnología (17,22%)
• Retail (13,22%)

Las categorías con mayor valor de ventas

• Tecnología concentró (12,07%)
• Retail (11,55%)
• Seguros (11,47%).

“El crecimiento de las transacciones confirma que el comercio electrónico está ampliando su presencia en distintos momentos y necesidades de consumo. Para las empresas, esto implica una oportunidad para fortalecer sus capacidades digitales, pero también la necesidad de ofrecer experiencias de compra cada vez más simples, confiables y adaptadas a diferentes tipos de transacción”, concluyó María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.

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En lo que ya es catalogado como un evento inusual, cuatro pilares de la inteligencia artificial registran caídas e intermitencias este jueves 3 de septiembre.

Según lo registrado en la plataforma Down Detector, Chat GPT (de Open IA), Claude (de Anthropic), Gemini (de Google) y Grok (de X) presentan afectaciones desde pasadas las 8 de la mañana.

Se considera inusual porque, aunque cada una puede presentar fallas, no es común que las cuatro lo hagan al tiempo.

Según lo reportado por Open AI a las 9:58 de la mañana, se está investigando la causa que ha generado problemas en servicios como conversaciones, inicios de sesión, carga de archivos y generación de imágenes.

En su más reciente actualización, publicada a las 10:50 de la mañana, se informa que se han aplicado medidas de mitigación, mientras se avanza en la supervisión de la recuperación.

Claude, por su parte, reporta que sus servicios registran un “apagón parcial” que ya supera las tres horas en varios de sus modelos.

Algunos expertos en redes sociales señalan que una posible causa estaría relacionada con las afectaciones que también registra hoy Microsoft Azure que, casualmente, también tiene reportes de caídas pasadas las ocho de la mañana en Down Detector.

Esto resulta relevante porque, aunque cada compañía de inteligencia artificial cuenta con sus propios modelos e infraestructura, muchas dependen parcialmente de servicios en la nube para operar. Por ello, una interrupción en Azure podría ayudar a explicar por qué varias de las principales plataformas de IA están experimentando dificultades de manera simultánea.

No obstante, hay que resaltar que las causas se siguen investigando y que, de momento, no se tiene certeza de lo que pudo haber causado estas afectaciones.

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que las exportaciones colombianas alcanzaron los USD 4.690,7 millones en julio, lo que representa un crecimiento de 5,9 % frente al mismo mes de 2025.

Este comportamiento se explica, principalmente, por el desempeño que tuvo el grupo de otros sectores, el cual consolidó una variación del 51,6 % gracias a los USD 598,4 millones que sumaron sus ventas externas. Esto le permitió sumar 4,6 puntos porcentuales de los 5,9 en los que aumentaron las exportaciones.

Para aterrizar qué se encuentra en ese grupo de “otros sectores”, el reporte del DANE señala que el protagonista en esa sombrilla es el oro no monetario que, en julio, sus exportaciones se contaron en USD 595,1 millones, registrando así una variación anual del 51 %.

También influyeron las ventas de combustibles y productos de industrias extractivas, las cuales sumaron USD 1.874,2 millones. Esto se tradujo en un crecimiento del 8,3 % frente a julio del año pasado, así como una contribución de 3,3 puntos porcentuales a la variación total.

Resalta del reporte que las manufacturas y los productos agropecuarios, alimentos y bebidas cerraron julio con cifras inferiores a las alcanzadas hace un año. Puntualmente, el primer grupo retrocedió 7,1 % (con una contribución negativa a la variación total, de -1,7 puntos porcentuales), mientras que el segundo cayó 0,8 % (-0,2 puntos porcentuales).

Entre los principales productos exportados por Colombia en julio se destacó el petróleo y sus derivados, con ventas por USD 1.259,7 millones. Le siguieron el ya mencionado oro no monetario, el café, con USD 485,2 millones, y las hullas, coque y briquetas, con USD 464,2 millones. También sobresalieron los productos químicos y conexos, con USD 399,4 millones, y los artículos manufacturados clasificados principalmente según el material, con USD 264,3 millones.

En este mes, los principales destinos de las exportaciones colombianas fueron: Estados Unidos (28,5 %), Panamá (7,2 %), Países Bajos (5,4 %), China (4,9 %), Italia (4,6 %), Canadá (4,3 %) y Brasil (3,8 %).

“En el periodo enero - julio 2026, las exportaciones colombianas fueron USD 32.489,2 millones FOB y registraron un aumento de 12,7%, frente al mismo periodo de 2025. Las exportaciones del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de US$13.142,0 millones FOB y aumentaron 16,6% frente al mismo periodo de 2025. Este comportamiento obedeció principalmente al aumento de las ventas externas de Petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (18,6%) y Hulla, coque y briquetas (1,5%) que contribuyeron, en conjunto, con 12,9 puntos porcentuales a la variación del grupo”, detalla el DANE.

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El cuidado de la salud mental debe ser un asunto de especial interés en Colombia. Cifras del Consejo Colombiano de Seguridad muestran que, entre 2015 y 2024, se registró un aumento sostenido en la demanda de atención en salud mental, así como en los impactos económicos asociados a esta problemática.

Los datos más recientes, con corte a 2024, indican que más de 83.000 personas en edad de trabajar fueron atendidas por episodios depresivos, lo cual duplica los registros que se tenían hace una década. De esta población, las mujeres representan el 70 % de los casos, mientras que los jóvenes entre 15 y 19 años concentran la mayor proporción de atenciones (16,7 %).

Lea también: La realidad silenciosa de los riegos psicosociales en el trabajo en Colombia

Recientemente se publicaron los resultados del Índice de Salud Mental de Telus 2026, elaborado por AON (compañía global de servicios profesionales) y Telus Health (firma referente en servicios y tecnología de salud y bienestar).

Este estudio, basado en las respuestas de 10.000 empleados de diez países de América Latina, incluida Colombia, concluye que la salud mental se ha convertido en un factor crítico para la productividad, la gestión del talento y la sostenibilidad de las organizaciones.

Para interpretar mejor este índice, es importante tener en cuenta que 0 corresponde al nivel más bajo de salud mental y mayor riesgo, mientras que 100 representa el nivel más alto de salud mental y menor riesgo. El indicador se construye a partir de las respuestas de los trabajadores, que son convertidas en puntajes y luego promediadas para obtener un resultado sobre 100.

El más reciente reporte señala que Colombia obtuvo un puntaje de 66, lo que ubica a la nación por encima del promedio regional (65) y la posiciona en la categoría de “vulnerable”.

“El 52% de los trabajadores se ubica en un nivel de riesgo moderado y el 27% en un nivel alto. Estos indicadores destacan la relación entre el bienestar emocional de los empleados, el desempeño organizacional y la continuidad operativa”, explica AON.

Sobre el estado emocional, el 30 % de los trabajadores colombianos señaló sentirse ansioso y nervioso; el 35% dice que experimenta sentimientos frecuentes de desesperanza; el 31% asegura que se siente aislado con frecuencia, y 29% manifiesta sentirse abrumado o bajo estrés constante en el trabajo.

El componente económico también tiene un peso importante y se mantiene como uno de los principales detonantes del estrés. Así lo reflejan algunas de las cifras del estudio: el 51 % de los trabajadores en Colombia no cuenta con ahorros de emergencia, mientras que el 37 % identifica sus finanzas personales como su principal fuente de tensión.

El costo de la salud mental para la productividad

El impacto de la salud mental en la productividad es cada vez más evidente. Un artículo de investigación publicado en el Journal of Economic Behavior and Organization encontró una relación significativa entre el deterioro de la salud mental y una menor productividad laboral. Según sus estimaciones, las pérdidas de productividad asociadas a este deterioro equivalen, en promedio, a unos 54 minutos por semana.

Otro estudio, publicado en el American Journal of Preventive Medicine, estimó que las pérdidas anuales de productividad asociadas al trastorno depresivo mayor entre los adultos estadounidenses ascienden a cerca de US$119.000 millones, equivalentes a unos US$5.824 por cada adulto afectado.

El estudio precisa que los costos derivados de la incapacidad laboral representan el 44 % de las pérdidas totales de productividad, seguidos por el presentismo (33 %), el absentismo (18 %) y la pérdida de productividad en el hogar (5 %).

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Aunque durante años la salud mental fue tratada como un tabú, las cifras globales muestran que es un tema que debe abordarse con seriedad. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que cerca de 840.000 personas mueren cada año en el mundo por problemas de salud asociados a riesgos psicosociales vinculados al trabajo.

Si bien las muertes por accidentes o enfermedades físicas laborales siguen siendo mayores, esta cifra deja claro que los riesgos psicosociales no solo afectan la salud, sino que también pueden costar vidas.

Los datos también señalan que uno de cada cuatro trabajadores en el mundo reporta haber sufrido algún episodio de violencia o acoso en su lugar de trabajo, mientras que uno de cada tres señala haber trabajado más de 48 horas semanales, lo que implica una sobrecarga laboral que genera estrés, cansancio y efectos tanto físicos como mentales.

Para el caso colombiano, no abundan los datos específicos sobre riesgos psicosociales, pero sí existen algunos indicadores indirectos. Un ejemplo de ello es que, según el Instituto Nacional de Salud, entre enero y septiembre de 2025 se registraron 28.290 intentos de suicidio. Por su parte, Medicina Legal reportó que durante todo el año pasado se presentaron 2.984 suicidios, lo que representó un aumento del 24,2 % frente a 2024.

El mencionado Índice subraya que, en Colombia, el 26% de los empleados afirma que su salud mental impacta en su rendimiento. Entre los países que registran niveles más bajos pueden llegar a perder hasta 110 días laborables al año, frente a los 10 días entre quienes presentan niveles más altos.

El reto de las empresas: hablar de salud mental sin estigmas

Parte del problema radica en que los temas de salud mental siguen siendo evadidos en los entornos de trabajo. Según el Índice, el 72 % de los empleados cree que sincerarse con sus empleadores sobre estos asuntos puede llegar a limitar sus oportunidades profesionales.

Sin embargo, esto no quiere decir que este problema quiera ser invisibilizado por los trabajadores, ya que el 42 % señala que recibir un mejor apoyo para su bienestar sería más importante que obtener un aumento salarial del 10 %.

“Estos resultados confirman que la salud mental de los empleados influye directamente en la productividad, la continuidad del negocio y la capacidad de las empresas para atraer y retener talento. El desafío para los líderes está en transitar de iniciativas puntuales hacia una estrategia integral, con indicadores claros, líderes preparados y soluciones que respondan a las necesidades reales de su gente”, señaló Francisco Bravo, Head de Capital Humano para Hispanic South America en Aon.

Para esta compañía, este panorama plantea prioridades y oportunidades de mejora tanto para las empresas como para los líderes en las compañías. Se recomienda, por ejemplo, incorporar la salud mental en los indicadores de desempeño organizacional; capacitar a los líderes para reconocer señales de malestar e iniciar conversaciones; diseñar soluciones personalizadas y basadas en evidencia, y fomentar culturas laborales en las que hablar de salud mental no represente un riesgo para el desarrollo profesional.

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El sistema de cuatro pilares que propuso el Gobierno de Gustavo Petro, y que el Congreso aprobó en 2024, entrará en vigencia el 1° de abril de 2027. Esta semana, la Corte Constitucional avaló la mayor parte de la iniciativa y devolvió a la Cámara de Representantes algunos puntos para que subsane vicios de trámite.

Ahora, los actores del sistema pensional deben retomar la implementación que quedó suspendida en junio del año pasado, cuando el alto tribunal decidió frenar la entrada en vigencia de la reforma (que inicialmente se iba a estrenar el 1° de julio de 2025).

En entrevista con El Espectador, Andrés Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), habló sobre los impactos de la decisión y lo que deberían tener en cuenta los afiliados.

¿Cómo reciben la decisión de la Corte Constitucional?

Recibimos tres mensajes. El primero es que desde el 1° de abril de 2027 habrá un nuevo sistema pensional, después de 30 años, y es la reforma que aprobó el Congreso de la República en 2024, a partir de la propuesta del Gobierno de Gustavo Petro.

El segundo es que todos los actores del sistema tenemos que ponernos las pilas a trabajar porque tenemos menos de seis meses para que esto no ocasione traumatismos a los colombianos, que están acostumbrados a que en el mundo pensional las cosas funcionen. No solamente es la implementación, sino finalizar la reglamentación. Buena parte de los temas que hay que reglamentar están pendientes: por ejemplo, el funcionamiento del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, las especificidades de cómo van a funcionar los fondos generacionales, la nueva oferta de vehículos de ahorro a largo plazo que compensen la caída de los subsidios por parte del Gobierno.

El tercer mensaje es que hay que ir al Congreso de la República a terminar de perfeccionar nueve artículos y un décimo propuesto, que la Corte Constitucional devolvió al Congreso, para que se subsanen los vicios de trámite. Esos artículos son todos muy importantes, pero tal vez ninguno es estructural.

Recibimos la decisión con compromiso y obediencia a las instituciones, pero también con tristeza porque es una reforma que no nos deja un sistema pensional del cual nos podamos sentir orgullosos, es deficitaria.

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¿Es fácil avanzar en la reglamentación y en la implementación sin tener claros esos nueve artículos?

No es fácil porque una cosa viene detrás de la otra. Sin embargo, sin que la ley esté perfeccionada sí se pueden empezar a constituir las mesas de trabajo regulatorias y de implementación para ir adelantando, porque tenemos poco tiempo.

Ahora, cada uno de esos nueve puntos que están en los artículos y en el décimo propuesto son temas relevantes. Entonces, por ejemplo, hay uno que tiene que ver con la propiedad de las cuentas de ahorro individual; otro sobre los miembros que hacen parte del comité directivo que va a administrar el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo a cargo del Banco de la República, es clave que haya consistencia institucional, y uno más sobre las comisiones de las administradoras.

¿Qué deben hacer los afiliados en este momento?

Para empezar, saber si les aplica o no la reforma pensional. Las mujeres con 750 semanas cotizadas o más y los hombres con 900 semanas o más al 1° de abril de 2027 quedan en el régimen de transición, es decir, con las reglas actuales, las de la Ley 100 de 1993.

La reglamentación inicial estableció que usted puede renunciar a la transición si es más favorable para su pensión acogerse a las reglas del nuevo sistema. ¿Cómo sé si me conviene? Lo más sencillo es hacer la doble asesoría para que analicen los escenarios según su historia laboral. En general, pareciera que los beneficios del viejo régimen de la Ley 100 son mejores para la mayoría, pero cada caso es distinto.

¿Qué deben hacer los usuarios que entran en el nuevo sistema?

Enterarse de en qué Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI) quedaron. La ACCAI administrará las cotizaciones por encima de 2,3 salarios mínimos.

Si usted estaba en un fondo, la ACCAI es ese mismo fondo, pero si estaba en Colpensiones, tenía que elegir hasta el 16 de enero de 2025. Si no lo hizo, le asignaron una.

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¿Cómo puede averiguar cuál es su ACCAI?

El sistema del registro de la ACCAI hace parte del sistema de la PILA, que administra el Ministerio de Salud. Entonces un derecho de petición al Ministerio de Salud es suficiente para saber. También puede buscarlo en el RUAF.

Hay cuatro ACCAI privadas y una pública…

Sí, la pública es Positiva Seguros. Tiene un reto enorme porque en seis meses debe montar todo un esquema de inversiones y un sistema de atención al cliente diferencial al que tiene en el mundo de los seguros.

La regulación de la Superintendencia Financiera para los administradores de fondos de pensiones es muy estricta y Positiva hasta ahora no ha prestado ese tipo de servicios. Entonces se tiene que conectar al sistema de información de las administradoras de fondos de pensiones, interactuar con el Banco de la República y con Colpensiones de forma electrónica, crear bases de datos para sus clientes, sus afiliados, etcétera.

¿Qué pasa si el Congreso no subsana los vicios de trámite?

Se deberían subsanar. Lo que pide la Corte Constitucional es que se discutan las proposiciones, solo la discusión de la proposición subsana el vicio porque no es un tema de fondo sino de forma. La proposición puede rechazarse, como se necesita que se rechacen en varios casos. Sería, entonces, una falta del Congreso no llevar a cabo los debates.

¿Qué se propone para el cambio en las comisiones de las AFP?

La proposición busca acabar con la comisión sobre los saldos. Si la proposición es aceptada, se restaría cerca del 90 % de los ingresos de las administradoras, lo que no tiene sentido porque estamos haciendo más con la reforma que antes: administramos un sistema de multifondos, pero además vamos a administrar uno de fondos generacionales.

En caso de que se elimine la comisión por saldo, ¿qué pasaría con las ACCAI?

Lo que pasa es que, sin esa comisión por saldo, realmente no hay forma de prestar el servicio porque no hay remuneración suficiente.

Ya había unos decretos reglamentarios, ¿se mantienen?

Hasta ahora la ley no ha cambiado. Esos decretos servirían, pero sí hay cambios en el debate de la Cámara, que deben ser conciliados con el Senado, podría cambiar la reglamentación. Y si la Corte Constitucional, en la revisión de las demandas de fondo, produce cambios en la ley, pues eso también va a implicar cambios en la reglamentación.

La tarea que tiene ahora la Corte es precisamente empezar a revisar las múltiples demandas de fondo que tiene la ley.

También lea: Reforma pensional: lo que debe saber tras la decisión de la Corte Constitucional

¿La reforma se podría caer en un análisis de fondo?

La jurisprudencia nos dice que las leyes se caen completas porque hay problemas de forma, problemas de trámite. Pero, superado ese tema con la sentencia de esta semana, lo que uno esperaría es que haya modificaciones puntuales a artículos o a grupos de artículos que hayan sido demandados y sobre los cuales la Corte Constitucional encuentre vicios de constitucionalidad.

¿Cuáles son los puntos que se deben reglamentar de manera urgente?

Hay que reglamentar los fondos generacionales. Es importante porque las administradoras de fondos de pensiones y el Banco de la República tienen que firmar contratos con terceros, fiducias, custodios, en la construcción de esta tecnología, que no es simple. Y es importante saber qué va a permitir la reglamentación.

El otro tema importante es todo lo que tiene que ver con el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que es un lugar a donde van a llegar más o menos un tercio de los recursos que se cotizan a Colpensiones y que necesita reglas para saber cómo se van a contratar los vehículos fiduciarios con los cuales se van a invertir esos dineros, etcétera.

¿Cuánto invirtieron los fondos de pensiones en la implementación?

Los datos ya superan varias decenas de millones de dólares.

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En el marco de las actividades de enajenación adelantadas por el MinTIC, mediante el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la cartera ha puesto a disposición de las instituciones educativas bienes tecnológicos.

Recientemente el ministerio informó que ha procedido a recibir las manifestaciones de interés para dicha adjudicación, mediante el mecanismo de destinación final de enajenación a título gratuito de bienes muebles de menor cuantía del mencionado fondo.

Es por lo anterior que la cartera invita a las instituciones educativas y a las demás entidades del Estado colombiano interesadas a manifestar, por escrito, su interés en acceder a estos bienes tecnológicos.

El llamado va especialmente dirigido a las instituciones educativas ubicadas en municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. La solicitud deberá ser remitida al correo electrónico minticresponde@mintic.gov.co o mediante radicado físico radicado en la dirección Carrera 8va entre Calles 12A y 12B Edificio Murillo.

Para ello, deberá tenerse en cuenta la documentación que se encuentra en el siguiente link.

“En la manifestación, la entidad pública debe acatar los requisitos señalados en la Resolución número 00323 del 19 de agosto de 2026, artículo 3. Presentación de la manifestación de interés y sus parágrafos”, concluyó el MinTIC.

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GeoPark anunció su entrada al mercado venezolano a través del bloque Bare, un activo productor de petróleo pesado ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco. “Es una de las mayores acumulaciones de hidrocarburos del mundo. Bare representa una oportunidad de redesarrollo a gran escala, con un largo historial operacional, respaldada por producción existente, infraestructura instalada y un considerable potencial de recobro remanente que puede incrementar significativamente la creación de valor de largo plazo de GeoPark”, dijo la empresa.

La operación contempla un contrato de 25 años con PDVSA Petróleo S.A., bajo el nuevo marco de Contrato de Participación Productiva (CPP). La transacción se financió con acciones de GeoPark e implicará que el Grupo Gilinski adquiera indirectamente el control de GeoPark.

También lea: Grupo Gilinski se convierte en mayor accionista de GeoPark con inversión de USD 107 millones

Las acciones de GeoPark se emitirán al Grupo Gilinski con una prima y un mecanismo de oferta pública de adquisición que, según la empresa, “brindará a los accionistas una oportunidad de liquidez”.

Se estima que la incorporación de Bare y la mayor producción de Vaca Muerta en Argentina incrementarán potencialmente la producción de GeoPark a 75.000-85.000 barriles equivalentes de petróleo por día para 2030, aproximadamente 2,7 veces los niveles actuales de producción.

El plan de redesarrollo contempla, según la compañía, una producción neta acumulada de aproximadamente 400 millones de barriles para GeoPark y elevar el factor de recobro del campo de 4-5 % a un rango de 8-9 %. El potencial máximo de producción del bloque sería de entre 85.000 y 95.000 barriles de petróleo por día, la producción bruta actual está en 11.000 barriles de petróleo por día.

¿Cómo será la transacción?

El marco contractual CPP es la estructura con la que se avanzará en el redesarrollo de Bare, según el marco establecido por la Ley Orgánica de Hidrocarburos de Venezuela y su reglamentación. GeoPark, como operador, financiará el 100 % de las inversiones de capital contempladas en los programas de trabajo aprobados y tendrá una participación económica neta de 65 %.

La estructura de la transacción incluye una participación inicial de GeoPark del 5 % en la sociedad holding del CPP (“CPP Holdco”), una sociedad que controla indirectamente a la compañía venezolana que suscribió el CPP. Después, GeoPark adquirirá el 95 % restante a cambio de 42,1 millones de acciones de la petrolera emitidas a una entidad del Grupo Gilinski, a un precio de USD 12,22 por acción. Este valor representa una prima de 26 % frente al precio promedio ponderado por volumen (VWAP) de 30 días de la compañía.

Los términos de intercambio representan aproximadamente USD 160 millones, equivalentes a USD 1,5 por acción de incremento inmediato de valor para los accionistas de GeoPark.

Una vez se complete la emisión, GeoPark espera que el Grupo Gilinski tenga aproximadamente 56,3 % de las acciones ordinarias en circulación y se convierta en el accionista controlante de la compañía. Existe, además, un mecanismo de ajuste que podría llevar su participación hasta aproximadamente 58,4 %, mediante la entrega de hasta 5,4 millones de acciones adicionales, dependiendo de posibles mejoras en las condiciones contractuales del proyecto antes del cierre.

El acuerdo también contempla una oferta pública de adquisición (OPA) que será lanzada por el Grupo Gilinski, se estima que será a USD 12,22 por acción, por un monto total de USD 100 millones.

La entrada en vigor del CPP todavía está sujeta a las aprobaciones, autorizaciones, requisitos regulatorios y requisitos de cumplimiento relacionados con las sanciones aplicables.

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El oro subió por segundo día consecutivo, mientras el dólar se depreciaba frente al yen y los operadores reaccionaban a los comentarios de Donald Trump que sugerían que los nuevos ataques contra Irán probablemente serían de corta duración.

El precio del oro al contado subió hasta un 1,4%, superando los 4.440 dólares la onza, tras haber aumentado más del 1% el día anterior. El repunte del petróleo se detuvo brevemente después de que Trump declarara a la prensa que no creía que la campaña de bombardeos contra Irán durara " demasiado tiempo “. El constante aumento de los precios de la energía ha ejercido presión al alza sobre las expectativas de tipos de interés, lo que supone un obstáculo para el oro, que no genera rendimientos.

El dólar estadounidense cayó frente a otras divisas el jueves, tras un fuerte aumento del yen, lo que mantuvo a los operadores en alerta ante cualquier señal de que las autoridades tomarán medidas adicionales para respaldar la moneda japonesa. Un dólar más débil abarata el oro para los compradores en otras divisas.

El oro ha subido ligeramente este año tras un periodo de gran volatilidad en su cotización, alcanzando un máximo histórico en enero antes de sufrir una caída de cuatro meses hasta junio. Posteriormente, los precios repuntaron, mientras los inversores seguían de cerca el conflicto en Oriente Medio y analizaban si la Reserva Federal tendría que endurecer su política monetaria. Los indicios de que los bancos centrales siguen comprando también han contribuido a la subida de la materia prima.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, declaró el miércoles que existen indicios de que la inflación continúa moderándose , a medida que disminuye el impacto de los aranceles y el aumento de los precios de la energía no se extiende a otros servicios. Esto moderó las expectativas de una subida de tipos, que se vieron respaldadas además por datos que muestran que las empresas estadounidenses crearon empleos a un ritmo más moderado en agosto.

“Los mercados, desde el oro hasta los bonos, son cada vez más propensos a movimientos bidireccionales de mayor amplitud”, a medida que la atención se centra en los datos previos a la próxima reunión de la Reserva Federal, incluidas las nóminas del viernes, afirmó Christopher Wong, estratega de Oversea-Chinese Banking Corp. Las fuertes fluctuaciones del petróleo han aumentado la incertidumbre macroeconómica, añadió.

La semana pasada, un discurso contundente del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en la reunión de Jackson Hole, generó expectativas de que el banco central podría subir las tasas de interés para contener la inflación. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), encargado de fijar la política monetaria, se reunirá nuevamente a mediados de septiembre.

«Dado que Warsh no ha dado indicios concretos sobre el resultado de la reunión, los datos que se publiquen ahora cobran mayor importancia a la hora de determinar la política monetaria a corto plazo», declaró Wong, de OCBC. «Esto deja a los mercados vulnerables a grandes cambios de precios, sobrevaloraciones y reversiones en torno a publicaciones clave».

El oro al contado subió un 1,1% hasta los 4428,89 dólares la onza a las 10:45 en Londres. La plata avanzó un 0,6% hasta los 65,69 dólares la onza, mientras que el platino y el paladio también registraron ganancias. El índice Bloomberg Dollar Spot, que mide el valor de la divisa estadounidense, cayó un 0,3%.

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Dirla Rodríguez Córdoba se levantó temprano ese lunes, puso una aguapanela al fuego e hizo unas masitas para los muchachos, como muchos otros días de sus 71 años. Se fue a bañar con agua fresca. Estaba quitándose la toalla, a punto de ponerse el uniforme de trabajar, cuando sintió que todo empezaba a irse de lado, como un borracho que no encuentra la pared. Eran las 7:30 de la mañana del 10 de agosto.

Su hija le gritó desde afuera: “Mamá, ¿usted no está sintiendo el temblor?”. La casa iba y venía, iba y venía. Dirla no alcanzó a vestirse. Con la ropa interior a medio poner se hincó a rezar, y cuando su hija volvió a gritarle que saliera, ella se negó. Adentro tenía a tres niños que no eran suyos, a su cuidado esa mañana. “Son hijos ajenos”, se dijo. “Soy responsable de ellos y no los puedo dejar solos”. Su hija tuvo que arrastrarla hacia la calle mientras el televisor caía detrás de ellas y el techo, sobre sus cabezas, se abría como un labio partido sin llegar a abrirse del todo.

“Me siento muy orgullosa de la edad que tengo”, dice Dirla, con la respiración corta, sentada en un mesón de la calle en el sector de Playa Alta, como le dice a su jardín sin matas, donde se acuesta con más matriarcas del barrio El Futuro 2 en Quibdó, capital de Chocó. “Aunque ahora me agito un poco al hablar y sigo con el susto encima”.

Los que van

En la sala de espera del aeropuerto, rumbo a Quibdó, nadie mira a nadie. Todos, con la cabeza inclinada sobre el celular, juegan, ven videos, hablan con la familia, responden a un jefe que en este momento les importa menos que nunca. Solo unos pocos levantan la vista para buscar a los suyos entre la fila. Al llegar al Chocó, en cambio, nadie deja de mirar a nadie. Es una gran familia que, ante la ausencia de casi todo, aprendió hace mucho a salvarse a sí misma.

Javier Mosquera lleva tres años sin pisar el departamento. Va a ver a su madre y a sus hermanas a la casa donde se crió y que ahora tiene una grieta que nadie sabe todavía si es cosmética o de fondo. En la maleta lleva, escasamente, ropa, porque lo demás, lo que de verdad quiere llevarles, prefiere comprarlo allá, donde el dinero rinde como ayuda y no como equipaje. Un amigo suyo de toda la vida perdió la casa por completo y sigue herido: le cayó una pared encima. Piensa antes de responder a la pregunta de qué debería saber Colombia sobre lo que pasa en Chocó por estos días: “Hemos estado durante mucho tiempo olvidados”.

A dos metros, un hombre de 87 años, con boina negra, acomoda sus lentes de prisma y tantea a intervalos ininterrumpidos la pantalla de los horarios de los vuelos por despegar. Parménides Ríos salió del Chocó a sus 20 años para hacer carrera militar y hoy va a enterrar una casa de dos plantas que construyó con su esposa hace 40 años para las vacaciones de toda la familia. Pérdida total, asegura, unos 250 millones de pesos convertidos en escombro en un instante de la mañana del lunes.

Un aterrizaje en la luna verde

El Chocó está lleno de vías que no aparecen en ningún mapa. Hay que buscarlas en el verde espeso de la selva, en la alfombra de árboles con sus rizos color café de dragas de oro y platino que llevan un siglo removiendo el mismo suelo, bajo un techo de nubes grises que amenazan tempestad desde antes de aterrizar. El avión, ya bajando, parece no saber dónde pisar: todo, hasta el último metro antes de la pista, es verde puro. Solo al final aparecen las primeras casas de madera en los bordes punteados de las laderas, y con ellas llega, incluso antes de abrir la puerta, un olor a humedad, a tierra que nunca termina de secarse.

En Quibdó nadie se ha hecho solo. Siempre hay una mano. En Quibdó todos se miran, y son la amabilidad hecha cuerpo.

El primer restaurante cerca del aeropuerto es una casa pequeña de madera de cuatro por cuatro, con tablas tan separadas en el piso que se les escapa la luz del sol por debajo. Ahí come el bodeguero y el capitán de la aerolínea, sin distinción de mesa ni de mantel. Hay ollas apiladas hasta el techo. “Déjate atendé”, dice un comensal en chanclas. Y podría uno irse sin pagar porque aquí, pareciera, nadie es foráneo. Alrededor, entre bocado y bocado, aparecen conversaciones sin buscar: “Tengo mucho miedo”, dice uno. “Hay muchas casas destruidas”, dice otro, como quien constata el clima.

A San José del Palmar, epicentro del terremoto, cuentan, solo se puede llegar por aire. Desde allí, si se trata de llegar por tierra hasta Quibdó, el camino obliga a bajar hasta Risaralda y el Valle del Cauca y volver a subir, en un remolino que no tiene ninguna razón de existir más que para el desgaste de su propia gente: siete horas, 304 kilómetros, cuando en línea recta, si algo los conectara, no serían más de 100. Ni siquiera el agua los une: 11 ríos separan a los dos lugares, entre ellos el Atrato y el San Juan, y ninguno hace de puente.

En estos días, la tierra se ha seguido moviendo; uno de los últimos temblores fue de 4,4, dicen unos. El acompañamiento psicosocial, según dirá más tarde el líder comunitario Jhorman Rentería, “está muy quieto”: llegó comida, llegó agua, llegaron colchonetas, pero casi nadie ha llegado todavía a preguntar cómo duerme la gente por dentro.

Zona norte

Quibdó recibe con el calor húmedo de una olla en ebullición. A 35 grados no se puede pedir más que el regreso de la tempestad del primer día de la creación. Las calles del barrio El Futuro, en la zona norte, están destapadas: piedra, camino abierto, casas a medio construir, mucho pasto, ladera, techos sostenidos apenas por láminas de zinc. Y sin embargo, todos están atiborrados, con sillas de plástico Rimax encalladas en un piso que, después de tanta lluvia, parece de gelatina. Todos saludan. A todos los saludan.

Al lado de una casa de cemento partida por el sismo hay una de madera, intacta, con dos gatos acostados el uno junto al otro, indiferentes a todo. Un ¡bip, bip! de un bus de transporte público espanta a un motociclista mal parqueado. Los dos conductores ríen. Y ese cruce de pitazo y risa dura menos de tres segundos, pero dice, quizás, más que cualquier estadística sobre lo que sostiene a ese barrio.

Lo que falta aquí, después de cuatro horas de recorrido, no es agua ni comida ni siquiera vías. Es Estado. No aparece un solo policía. Y pese a eso, o quizás por eso, no hay tal vez lugar más seguro en toda la ciudad que este, entre las matriarcas de El Futuro.

Esta semana fue una comisión oficial, revisó las casas por encima y siguió de largo. Nadie en el barrio cree que algo vaya a cambiar después de esa visita. Lo saben, con amargura, que serán ellos mismos quienes reconstruyan.

Johan Asprilla, voluntario, conoce esa zona como la palma de su mano. Dibuja el mapa mientras habla: se entra por Huapango, en la calle 31, y de ahí para arriba están Los Álamos, Buenos Aires, el Obrero, La Fe, San Fernando, La Unión, La Victoria (frente a la estación de policía agrietada, donde a un detenido le cayó una pared en el pie y le cogieron 25 puntos), Casa Blanca, Villa España y El Futuro 1. Ahí una tienda quedó intacta sobre la vía, mientras que, detrás de ella, donde no llega ninguna cámara, el terreno se desprendió y se llevó 12 viviendas hacia el vacío. “Muchos periodistas o funcionarios solo recorren la carretera principal, ven las fachadas y no entran a los sectores donde de verdad ocurrieron los hechos más graves”, dice Asprilla, con gotas espesas que bajan de la frente a la camisilla azul tipo básquet.

—Dicen que en la zona norte hay 500 familias afectadas.

—La realidad, si uno se mete a los barrios, puede ser más de 1.000.

En el barrio Medrano, un edificio de tres pisos con una tienda se vino abajo por completo; el dueño salió vivo y vivió para contarla. En frente, el colegio Carrasquilla Industrial, que no llevaba ni un año construido, sufrió fracturas en los muros. Una niña de ese colegio terminó en el hospital por los escombros que le cayeron encima.

Pese a todo esto y a las estadísticas que los ubican en el peor lugar de los índices de pobreza y desigualdad del país, los chocoanos no quieren salir del Chocó. “Los negros hemos sido históricamente abandonados”, dice Didier Rentería, líder social. “Pero mírennos: nosotros siempre hemos sido muy unidos”.

El Jardín

Cuenta con habla huracanada Carmen Hernández, presidenta de la Asociación de Venezolanos en el Sur, que el techo del Coliseo de Boxeo, el primer albergue que la Alcaldía había dispuesto para los damnificados, tenía fallas que nadie conocía hasta que el agua empezó a filtrarse, gota a gota, y después a chorro. Cuando la lluvia arreció, ya no quedó otra opción que sacar a la gente en plena madrugada del viernes para moverlos al Coliseo El Jardín. A las cuatro de la mañana ya estaban instalados ahí, con rostros mudos como piedras, esperando al alcalde.

El primer día del sismo llegaron cien familias: negros, migrantes venezolanos, comunidades afro e indígenas, todas mezcladas sin distinción de origen. Al día siguiente la cifra ya era otra: 197 personas, 63 familias y 97 niños.

Fueron también cien las arepas y cien los sánduches que los comerciantes, “los paisas”, pudieron brindar para apoyar a los afectados sin que nadie se los pidiera dos veces, mientras que de UNICEF y de la Federación Luterana llegaron kits pensados para veredas remotas que, contra todo pronóstico, terminaron siendo justo lo que hacía falta en el centro de Quibdó.

Cuando tembló, a las propias hijas de Carmen las profesoras del colegio las encerraron en un tercer piso durante los cinco minutos que duró el sismo. Nadie sabía qué otra cosa hacer. “Hace falta capacitar a la población y a las instituciones en protocolos de evacuación”, dice. “Y reordenar la normativa de construcción de vivienda con criterios antisísmicos obligatorios. No se trata de pegar bloques por pegar”.

Andrés Felipe Porras llegó desde Medellín con cuatro voluntarios más el mismo día del terremoto. Representa a Aprecopaz, la fundación que nació después de pasar su infancia vendiendo aguapanela por las calles. Eligió el Chocó porque el departamento lleva décadas acumulando abandono, violencia y ahora, además, un terremoto. Cinco días después de la emergencia, lo que más falta, insiste, mientras el sudor resbala a cuentagotas de su frente, es alguien que pregunte cómo está la cabeza de la gente que perdió, en un solo minuto, la casa, el terruño y el arraigo.

El sábado regresa a Medellín porque se le acabó un medicamento personal. No está seguro de qué tan pronto volverá, pero sus ojos inquietos tienen una respuesta: ojalá pronto.

En barrios como Medrano, Flores de Buenaños y Cabí hay quienes prefieren dormir bajo una carpa sobre las ruinas de su propia casa antes que abandonar el lote, por miedo a perderlo para siempre, con la esperanza de que alguien, algún día, los escuche.

La nevera que mandó el país

Ya no hay tanta gente como los primeros días, dice el vigilante del Hospital San Francisco de Asís. Sacaron a un grupo grande de pacientes hacia Medellín después de la visita presidencial: 30 o 40 remisiones que le quitaron presión a las salas.

Ovidio Garrido, el interventor, saluda apurado, con el teléfono ensartado entre la oreja y el hombro mientras le indica a un abogado las maniobras pendientes. Son las seis de la tarde y su jornada no da señales de terminar. Justo ahora acaban de llegar unos médicos voluntarios.

El primer día activaron el protocolo de evacuación: todos los pacientes salieron al parqueadero mientras se evaluaba si el edificio era seguro. Lo era, con salvedades, como columnas dañadas y una grieta profunda en la planta de oxígeno. Con apoyo de la Gobernación y la Fuerza Aérea evacuaron a 17 pacientes críticos el segundo día, 18 el tercero. El pico de sobreocupación, el día después del sismo, llegó a 285 %. A corte del 13 de agosto, iba en descenso, cerca de 161 %, y hasta lograron reabrir la consulta externa.

Días atrás, el hospital lanzó un llamado nacional de urgencia porque las fluctuaciones eléctricas les habían quemado las neveras donde conservaban la sangre. No tenían dónde guardarla. Ahora, gracias a donaciones del sector privado y de fundaciones, ya repusieron los equipos, y la ciudadanía respondió con tanta fuerza que el banco de sangre superó las 100 unidades almacenadas.

Nadie oficial mandó esa nevera. La mandó el país, en cuanto se enteró.

Bocachico

En el antiguo restaurante La Catrina (“un bar”, según el taxista que llevó al equipo de El Espectador) funciona ahora el centro de acopio Bocachico, con 50 personas trabajando a diario. Didier Rentería afirma que han llegado entre 50 y 60 toneladas recolectadas. La intención, dice, no es que todo se quede en Quibdó, que suele llevarse entre 80 % y 90 % de cualquier ayuda que entra al departamento, sino repartirla también en los municipios, a través de consejos comunitarios, colectivos juveniles y juntas de acción comunal. “Lo que vamos a necesitar de aquí en adelante son materiales de construcción”, afirma. “Tejas, cemento, ladrillos. Porque el temor más grande de las familias es cómo van a reconstruir sus casas”.

Mayiris Palma coordina la logística. Once toneladas llegaron en un vuelo desde Bogotá con insumos hospitalarios que ya se repartieron entre el San Francisco de Asís y las IPS desabastecidas; camiones salen hacia Istmina para atender la subregión del San Juan. A San José del Palmar, con 18 derrumbes bloqueando la vía, solo se puede entrar por aire. En los barrios Las Américas y Las Cascorbas, en la zona norte de Quibdó, todavía no ha llegado el apoyo suficiente. La suegra de Palma tiene la casa gravemente agrietada. Cuando llegó el avión con las toneladas de ayuda, no hizo falta más que una convocatoria para que decenas de personas llegaran de forma voluntaria a descargar los camiones. “La disposición de la gente para servir ha sido del 100 %”, dice; después sigue cargando cajas, y sigue calmando al hijo que llora cuando ella se aleja.

Tanta es la faena, que hasta el contralor departamental mueve mercancía como cualquier voluntario más. “Primero soy chocoano antes que funcionario”, dice Alan Yecid Mosquera. Está apoyando la logística de los insumos para Nóvita, Tadó, Condoto. El albergue municipal colapsó su capacidad; necesitan, con urgencia, colchonetas y carpas para uno alterno. Tiene 36 años y se crió en Quibdó. La casa de su padre quedó partida a la mitad; un tío y una prima perdieron las suyas por completo. Cree, esta vez, que la respuesta del Gobierno fue distinta, aunque sabe, por historia propia, que las promesas chocoanas suelen tardar en pasar de los discursos a la realidad tangible.

Pero Andrés Parra, rescatista de 30 años, no comparte ese optimismo: calcula que entre el 30 % y el 40 % de la población de Quibdó vive en la zona norte, la misma que sigue sin cobertura completa de organismos de ayuda. Hay gente que entra a viviendas inestables para rescatar una nevera, un celular, arriesgándose a que la estructura entera colapse encima. “El Chocó no estaba preparado para atender una emergencia de esta magnitud”, dice. “Y la verdad es que seguimos sin estarlo si se llega a presentar algo aún mayor”.

El capitán Anderson Galindo, médico y jefe de un equipo del Círculo Internacional de Auxiliadores Técnicos (CINAT), quien llegó directo de atender el terremoto de Venezuela, lo explica desde otro ángulo: la fase más peligrosa no es la primera, sino la que viene después, cuando las patologías de base de la población, las que ya existían antes del sismo, empiezan a descompensarse sin que nadie las esté monitoreando. Se quedarán hasta inicios del próximo mes. “El Chocó, incluso desde antes del terremoto, siempre ha requerido esa atención que apenas ahora se le está brindando”, dice.

Las que se quedaron afuera

En la zona norte hay familias enteras durmiendo al frente de su propia casa. Zulia Rodríguez antes dormía normal, con sus hijos, adentro. Ahora duermen todos apretados a la intemperie, aguantando frío, zancudos y lluvia. Cuando llueve, esperan a que escampe para poder tenderse en el suelo de nuevo. En la mañana del jueves volvieron a sentir un temblor. Le da miedo volver a entrar a su casa, como a la mayoría de las familias que colindan en estos barrios.

El comercio abre un rato y cierra en El Futuro. No hay agua potable, pues la que llega sale turbia, y la paca de siete litros, que antes costaba 3.000 pesos, ahora se consigue, si se consigue, en 6.000.

A pocas cuadras, otras familias de 10 personas llevan desde el lunes desplazándose de un lugar a otro, sin entrar bajo ningún techo, por puro miedo a que algo vuelva a caer.

Junto a Rodríguez está María Casas, quien iba a mudarse con cuatro familiares más a una casa que el sismo tumbó ese mismo día. “Si nos hubiéramos pasado, habríamos muerto ahí”, dice con los ojos puestos en el horizonte. La habitación donde se iban a acomodar quedó completamente derrumbada. Sobre esa casa todavía deben siete u ocho cuotas de un crédito de 20 millones de pesos. “Los bancos no tienen nada que ver con este tipo de tragedias”, admite. “Uno igual tiene que seguir pagando la cuota, pase lo que pase”. Las casas de su cuadra hay que tumbarlas todas; apenas quedan las columnas en pie. Para llegar a la suya hay que caminar con cuidado sobre tablas rotas: si uno pisa mal, se va al vacío.

Esa noche, como muchas otras familias, durmió en donde pudo: en la cancha o dentro de una camioneta o en un cambuche improvisado en el monte.

La noche llega con un aguacero bestial, con fieros rayos que acuchillan el cielo, de esos que en Quibdó no se veían desde antes del terremoto. Las cortinas de agua se abalanzan por las calles como ventisca y después se pliegan sobre sí mismas en un movimiento de hamaca, sin nadie que las empuje. No hubo clemencia del cielo por al menos seis horas seguidas. Los chocoanos, que ya están acostumbrados, dicen que apenas empieza la temporada fuerte.

Y uno se pregunta, después de haber visto a esas mujeres de esos barrios amontonadas como pingüinos en el polo: ¿cómo estarán ahora, bajo ese aguacero? Hace pocas horas las aplastaba un sol inclemente; ahora las enfría un aguacero repentino.

El agua, esta noche, va a caer por cada grieta que dejó el terremoto, y nadie sabe todavía cuántas grietas quedan por encontrar.

Playa Alta

De regreso donde Dirla Rodríguez Córdoba, el mesón de la calle acumula personas desde el lunes. Ella lo llama “playa alta”. Pero en ningún lado nadie sobra. “Cuando llueve no podemos ni dormir y nos toca pasar la noche de pie”, dice. Ayer todavía caían ladrillos sueltos de las paredes dañadas. Y, aun así, cocinan de noche en el único fogón que quedó en pie: preparan café, comparten lo que haya de comida o de harina, se acompañan hasta que el sueño, finalmente, los vence a todos por igual.

Al 14 de agosto, hay 43.858 personas damnificadas, 2.647 viviendas destruidas y otras 13.076 averiadas en 29 municipios del departamento. Seis de cada diez chocoanos en pobreza monetaria; cuatro de cada diez, en la extrema, sin cómo conseguir siquiera la canasta básica, según el más reciente informe del DANE. En Quibdó ya no cabe un damnificado más. Las vías siguen agrietadas, la señal de celular sigue cayendo y volviendo, cayendo y volviendo. Y sin embargo aquí, en este remoto paraíso verde de vías de polvo y de truenos repentinos, nadie ha dejado de saludar a nadie.

En la sala de espera de El Dorado, dos días atrás, todos miraban su celular y nadie miraba a nadie. En Playa Alta, posiblemente, una mujer de 71 años reparte un café bajo la lluvia a vecinos que no son su familia, en una casa que ya no tiene techo entero, para niños que tampoco son suyos y a los que no estuvo dispuesta a soltar. Ese es el Chocó que nadie manda a hacer. El que se hace solo, todas las veces que hace falta, mientras el resto del país decide, otra vez, si esta vez sí lo va a mirar.

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Ejecutivos de Chevron Corp., GE Vernova Inc. y Eni SpA se unieron al secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, y a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para dar a conocer una serie de acuerdos energéticos destinados a impulsar la producción de crudo en el país sudamericano.

Las empresas anunciaron los acuerdos en el marco de una ceremonia de firma celebrada el miércoles en Caracas, donde Wright afirmó que los acuerdos representaban inversiones por valor de “decenas de miles de millones” que suponían una “transformación para Venezuela”. Rodríguez afirmó que estas medidas históricas generarán pronto crecimiento económico, al tiempo que agradeció al presidente de EE. UU., Donald Trump, los esfuerzos de su administración por alcanzar acuerdos “beneficiosos para ambas partes”.

Los acuerdos representan la inversión de capital más significativa de las empresas energéticas en el país desde que las fuerzas especiales estadounidenses capturaron a su antiguo líder, Nicolás Maduro, en enero. Apenas nueve meses después de la destitución de Maduro, la administración Trump está mostrando importantes avances en su objetivo de aumentar drásticamente la producción de crudo en América. 

Venezuela cuenta con las mayores reservas del mundo, pero su industria de combustibles fósiles se ha visto mermada por años de mala gestión, corrupción y sanciones. 

Trump anunció a finales de la semana pasada un plan para hacerse con el control mayoritario de una enorme parte de la riqueza petrolera de Venezuela, en una maniobra sin precedentes que, según las autoridades, daría lugar a la segunda mayor empresa petrolera privada del mundo por reservas. El plan ha sido objeto de duras críticas, ya que se teme que la nación latinoamericana se convierta en una colonia de recursos moderna, similar a las llamadas “repúblicas bananeras” de hace un siglo, algo que podría suponer riesgos a largo plazo para las empresas petroleras que operan allí.

El Gobierno de EE. UU. negoció una participación del 35 % en la empresa norteamericana Blue Energy Partners, propiedad del empresario venezolano Alejandro Betancourt, una sociedad privada a la que se le han concedido concesiones de 100 años en 17 yacimientos petrolíferos venezolanos. Betancourt es una figura polémica en Venezuela, pero la Administración Trump ha defendido su decisión de asociarse con este inversor. 

La iniciativa estadounidense se produce meses después de que Trump expusiera su visión de lo que denominó la «Doctrina Donroe», una versión del siglo XXI de la Doctrina Monroe que advertía a las potencias europeas contra la injerencia en el hemisferio occidental. Estos acontecimientos están llevando a analistas y académicos a echar la vista atrás a una época anterior de neocolonialismo, cuando Estados Unidos ejercía un poder desmesurado sobre América Latina y sus recursos naturales.

“Estamos muy interesados en ampliar la producción energética en las Américas”, afirmó Wright durante la ceremonia. “Esta es nuestra vecindad”.

Chevron tiene previsto invertir USD 7.000 millones en los próximos cinco años a través de sus empresas conjuntas para más que duplicar la producción de crudo en Venezuela, lo que supone el mayor compromiso financiero hasta la fecha en la iniciativa liderada por el Gobierno de EE. UU.

Chevron, con sede en Houston, se ha adjudicado el derecho a explotar dos gigantescos yacimientos petrolíferos en la zona de Carabobo, dentro del prolífico Cinturón del Orinoco, según informó el miércoles en un comunicado. Los yacimientos, denominados Carabobo 1 y Carabobo-2-Sur-A, se encuentran junto a la empresa conjunta Petroindependencia de Chevron, en la que posee una participación del 49 %. 

“Estamos consolidando una posición muy sólida en lo que consideramos que es una de las mejores zonas geológicas del país”, afirmó el consejero delegado, Mike Wirth, en una entrevista. “Se trata de varios miles de millones de barriles de recursos in situ”.

Wirth se negó a comentar la inversión estadounidense en NABEP, pero señaló que valora el compromiso de la Administración Trump con las “soluciones comerciales” que beneficiarán a ambos países. “La Administración reconoce que los recursos energéticos de Venezuela pueden ser un motor tanto para la seguridad energética estadounidense como para la recuperación económica venezolana”.

Afirmó que Chevron cuenta con “importantes salvaguardias” incorporadas al acuerdo para proteger sus inversiones, pero se negó a dar detalles sobre los contratos. La empresa espera volver a incluir en sus libros parte de las reservas de Venezuela tras haberlas dado de baja hace algunos años, señaló.

La italiana Eni comenzará las operaciones de perforación en el bloque Junín 5 este jueves, según anunció el consejero delegado Claudio Descalzi en la ceremonia celebrada en Caracas en el Palacio Presidencial. El bloque Junín 5 tiene un «enorme potencial», afirmó Descalzi, ya que alberga más de 35 billones de pies cúbicos de gas natural.

Eni señaló en un comunicado que su contrato de 25 años la convierte en la operadora exclusiva del bloque Junín 5.

Eni tiene previsto presentar el plan de desarrollo del bloque en octubre.

GE Vernova Inc. se ha comprometido a establecer una alianza estratégica con la venezolana PDVSA para restaurar y reforzar la infraestructura eléctrica y energética, según los detalles anunciados durante la ceremonia. La empresa estatal de electricidad Corpoelec también firmó un acuerdo con GE Vernova.

GE Vernova tiene previsto alcanzar 1 gigavatio de nueva capacidad eléctrica en los primeros 24 meses, además de 5 gigavatios en los cuatro años siguientes, según el Departamento de Energía de EE. UU. Un gigavatio equivale a la capacidad de un reactor nuclear tradicional.

También se están llevando a cabo iniciativas para reestructurar la deuda de Venezuela, afirmó Wright en la entrevista concedida a Bloomberg Television en Caracas.

“Venezuela tiene una gran deuda histórica”, señaló Wright en la entrevista. “Estos yacimientos se explotarán en beneficio del pueblo venezolano, de los estadounidenses y de los mercados energéticos mundiales”.

En otra entrevista concedida a Bloomberg TV en Caracas, Wirth señaló que el aumento de la oferta venezolana llegará al mercado “gradualmente” y no supondrá una solución rápida a las interrupciones del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

“Estas cosas funcionan con ciclos temporales diferentes”, afirmó. “Las inversiones aquí en Venezuela llevarán años”. 

Hasta ahora, han sido las empresas privadas más pequeñas las que han liderado la iniciativa estadounidense para negociar acuerdos petroleros en Venezuela. Los avances han sido lentos y estas empresas no cuentan con el mismo poder financiero que Chevron para adquirir los equipos de perforación y producción a gran escala necesarios para aumentar la producción.

Chevron prevé producir unos 600.000 barriles de petróleo al día en Venezuela para 2031, más del doble de sus niveles actuales. El enorme potencial de recursos del país durará “décadas”, y se espera que los costes totales sean inferiores a 20 dólares por barril, según ha indicado la empresa en el comunicado.

El crudo Brent cotizaba el miércoles a unos 95 dólares por barril, lo que supone un margen de beneficio significativo. Chevron suele exportar su crudo venezolano a refinerías de la costa del Golfo de EE. UU., que lo transforman en productos como gasolina, gasóleo y combustible para aviones.

Los 300.000 barriles diarios adicionales de Chevron durante los próximos cinco años suponen un aumento de casi el 30 % en la producción venezolana, que ronda el 1,1 millón de barriles diarios. Aun así, sin nuevas inversiones, el país seguiría estando muy por debajo de los casi 3,5 millones de barriles diarios que producía a finales de la década de 1990, antes de que el expresidente Hugo Chávez nacionalizara el sector.

Sus rivales, ExxonMobil Holdings Corp. y ConocoPhillips, abandonaron el país a mediados de la década de 2000 tras la nacionalización de sus activos. Sin embargo, Chevron decidió quedarse y negoció acuerdos que le permitieron seguir extrayendo crudo. Se trató de un acuerdo inusual que suscitó críticas tanto en Estados Unidos como en Venezuela.

Los críticos estadounidenses acusaron a la empresa de canalizar dinero hacia un régimen corrupto, mientras que algunos en Venezuela lo veían como un símbolo perdurable del imperialismo estadounidense. Las operaciones de Chevron se vieron limitadas durante gran parte de la última década debido a las sanciones intermitentes de Estados Unidos. Esto la obligó principalmente a limitarse al mantenimiento de los equipos y al cobro de la deuda que le debía su socio, la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A., conocida como PDVSA.

Chevron, por su parte, afirmó que su presencia contribuyó a estabilizar la economía venezolana, aportando dólares en una época de hiperinflación y caos económico, al tiempo que suministraba crudo al mercado mundial del petróleo. Esto también situó a Chevron en una posición privilegiada cuando la Administración Trump destituyó a Maduro a principios de este año.

El acuerdo se beneficia del buen estado de las operaciones actuales de la empresa en el país, señaló Wirth. “Esto se debe a la dedicación y el compromiso de estas buenas personas que han trabajado durante años de incertidumbre y ansiedad”.

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