Kuepa, organización educativa líder en formación técnica y superior para la empleabilidad de jóvenes en América Latina, anuncia su inclusión en el puesto 25 del ranking de las Mejores Compañías EdTech del Mundo (World’s Top EdTech Companies), elaborado anualmente por la revista internacional TIME y la firma global de datos e investigación Statista. Con este reconocimiento Kuepa se consolida como la EdTech mejor posicionada de Hispanoamérica y una de las 25 más destacadas del mundo.

Este escalafón evalúa a miles de organizaciones a nivel mundial mediante un riguroso análisis que contempla el desempeño financiero, el crecimiento sostenible y el impacto directo en la transformación educativa. Por tercer año consecutivo, Kuepa se consolida en la lista como un referente de origen colombiano, reafirmando su liderazgo en el uso de la tecnología y la innovación para promover la inclusión laboral de jóvenes en la región.

Educación con impacto, tecnología e inclusión

El modelo académico de Kuepa que le valió este reconocimiento global se fundamenta en tres pilares estratégicos:

• Ecosistema tecnológico e Inteligencia Artificial: Plataforma propia que utiliza IA para brindar tutoría en tiempo real, personalizar las rutas de estudio y acompañar al estudiante durante todo su proceso.
• Docentes humanos y currículo evolutivo: Clases en vivo con profesores expertos y contenidos que se adaptan de forma continua a las habilidades más demandadas por el mercado laboral.
• Empleabilidad activa durante la formación: Conexión real con el mundo del trabajo desde el día uno a través de patrocinios empresariales, contratos de aprendizaje y vinculación laboral directa.

“Diseñamos un modelo educativo que conecta a las personas con el mercado laboral mientras estudian, no como una promesa a futuro. Que nuestros propios estudiantes nos recomienden y que hoy TIME nos reconozca entre las mejores EdTech del mundo confirma que la educación con propósito de empleabilidad real es el camino. Esto no es solo un orgullo, es el impulso para seguir transformando vidas en toda la región”, afirmó Jorge García, CEO y cofundador de Kuepa Edutech.

Transformación social a gran escala

Kuepa ha enfocado sus esfuerzos en abrir rutas concretas de desarrollo para jóvenes y adultos que buscan acceder a formación técnica y superior de alta empleabilidad. A través de alianzas estratégicas con el sector privado y modelos de estudio con prácticas remuneradas, la compañía registra tasas sobresalientes de inserción laboral y crecimiento de ingresos entre sus estudiantes.

La inclusión de Kuepa en el listado de TIME y Statista ubica a la EdTech a la par de los grandes referentes globales del sector, posicionando el talento y la innovación tecnológica de Colombia en el mapa internacional del desarrollo humano y social.

Kuepa es un grupo EdTech latinoamericano enfocado en transformar el acceso a la educación y la empleabilidad de los jóvenes en la región. A través de un ecosistema tecnológico impulsado por IA, la compañía opera una red de programas de formación técnica y educación superior, así como formación complementaria, diseñados para capacitar, vincular y desarrollar talento en las habilidades de mayor demanda del mercado laboral.

Aquí puede encontrar más información sobre Kuepa.

La nefasta experiencia del terremoto reciente en Colombia remarcó la realidad histórica de muchas poblaciones con deficiente infraestructura de servicios básicos, viviendas precarias, pobreza extrema, baja cobertura en educación y salud; además, la concentración de las instituciones educativas en las zonas urbanas y las grandes diferencias de cobertura en preescolar y primaria dentro de las ciudades.

En este panorama, la educación media, como conectora con la educación superior y, por ende, con el desarrollo individual y la movilidad social de los jóvenes, resulta sustancial para acortar las profundas brechas territoriales existentes, muy especialmente entre zonas urbanas y rurales. En nuestro país, solo 55 de cada 100 estudiantes que ingresan al sistema educativo en Colombia alcanzan el grado undécimo, es decir, que 45 de ellos no tienen la posibilidad de ingresar a la educación superior y a las oportunidades que esta les abre.

Ejemplo de ello son departamentos como el Chocó —donde estuvo el epicentro del terremoto del pasado 10 de agosto y presenta una gran destrucción de centros educativos—, Vichada, Vaupés y las ciudades de Turbo y Uribia, que son las cinco Entidades Territoriales Certificadas (ETC) con más baja proporción de estudiantes que alcanzan el grado 11. La diferencia con las ETC con la proporción más alta (Sogamoso, Duitama, Envigado, Chía y Sabaneta), es de entre 20 y 40 veces.

Estas conclusiones del informe “Las implicaciones de la inacción en la educación media en Colombia”, publicado por el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad de los Andes, se derivan del análisis de las dimensiones de cobertura y calidad educativa, específicamente en cuanto a la permanencia escolar y a los logros en las Pruebas Saber 11.

A 2023, la tasa de cobertura neta en educación media era del 51 % (535.640 estudiantes), es decir, que solo uno de cada dos estudiantes entre 15 y 16 años cursaba 10 u 11. Con el seguimiento realizado a la disminución de la matrícula desde 2013, año que en esta cohorte inició el ° (con 971.853 matriculados), se infiere que cerca de la mitad de los jóvenes colombianos no completa la educación formal.

En cuanto a la calidad educativa, el informe describe que uno de cada cuatro estudiantes de 11 logra un nivel adecuado de apropiación de las competencias básicas al término de la educación media. De los graduandos en 2023, el 45 % logró niveles aceptables de lectura crítica y matemáticas en las Pruebas Saber II.

“Este panorama es preocupante tanto a nivel individual como colectivo. Estas condiciones educativas disminuyen las posibilidades de un desarrollo personal satisfactorio, la movilidad social de los jóvenes, la continuación exitosa hacia la educación posmedia, y la participación activa en el mercado laboral y el ejercicio de la ciudadanía”, dice el análisis.

El bajo desempeño y la deserción escolar impactan negativamente en el acceso de nuestros jóvenes a las oportunidades, no solamente económicas, sino de mejoramiento de las condiciones de vida en general, cuya influencia en el desarrollo de los países también es notable. Sin duda, el nuevo Gobierno de Colombia tiene el gran reto de garantizar la cobertura, la permanencia, la pertinencia y la calidad de la educación media para promover la transformación social que requiere el país.

*Rector de la Unisimón

A través de un mensaje en sus redes sociales, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que Viviane Morales dejará de ser la ministra de Educación. En su reemplazo llega Ilva Myriam Hoyos.

“Hoy estoy designando a la doctora Ilva Myriam Hoyos como Ministra de Educación Nacional. Su talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores la preceden. Estoy seguro de que será una gran ministra y de que servirá a Colombia con entrega, carácter y convicción”, escribió De la Espriella en X.

(Lea ¿Quién es Ilva Myriam Hoyos, la nueva ministra de Educación? Este es su perfil?)

“Al mismo tiempo, despido con nostalgia a mi querida amiga Viviane Morales. Los designios de Dios son insondables y debe dejarnos tempranamente para estar al frente de una situación personal que deseo, de todo corazón, pueda resolver muy pronto”, agregó el mandatario.

“Viviane se va con mi gratitud, mi afecto y mis oraciones. Las puertas de este Gobierno y de mi amistad siempre estarán abiertas para ella. Hasta pronto, querida Viviane. Bienvenida, ministra Ilva Myriam. Que Dios las bendiga a ambas y las acompañe siempre”, escribió De la Espriella.

(Lea Esta es la lista de los representantes del presidente ante los CSU de universidades públicas)

Morales ya tenía conformado gran parte de su equipo. El pasado 12 de agosto había posesionado a las dos personas que estarían al frente de los dos viceministerios de su cartera: Camilo Noguera Pardo, que encabeza el viceministerio de Educación Superior, y Gledy María Foliaco Rebolledo, quien lidera el viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media.

¿Por qué renunció Viviane morales?

Según una carta que publicó el presidente De la Espriella y que le envió Viviane Morales el 31 de agosto, la razón por la cual deja el Ministerio de Educación es un asunto personal.

“La Biblia dice que El hombre hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor. Hoy comprendo más que nunca la verdad que encierra este proverbio. Como tuve ocasión de comentarle personalmente en días pasados, una situación familiar inesperada reclama mi presencia y toda mi atención de manera inmediata”, le escribió Morales al presidente.

“Esa circunstancia, Señor presidente, hace imposible cumplir con la dedicación que exige la responsabilidad confiada y me obliga a presentar renuncia irrevocable al cargo de ministra de educación a partir del próximo 7 de septiembre”, agregó.

En respuesta, De la Espriella, le escribió en otra misiva que aceptaba su renuncia “con pesar, pero también con el profundo respeto que merece una decisión tomada desde el amor, la responsabilidad y la integridad que siempre te han caracterizado y que he tenido el privilegio de conocer de primera mano desde hace décadas”.

“Me duele profundamente que una circunstancia familiar inesperada te obligue a cerrar anticipadamente este capítulo. Sé que no ha sido una decisión fácil. También sé que existen momentos en la vida en los que cualquier responsabilidad, por grande y honrosa que sea, debe ceder ante aquello que es verdaderamente irremplazable: la familia, los afectos, la presencia junto a quienes amamos”, se lee en la carta de respuesta del presidente.

En otro apartado le recuerda que el equipo que empezó a formar continuará con la tarea con la “seriedad y el compromiso”.

“Te acompaño con todo mi afecto, mi solidaridad y mis oraciones. Le pido a Dios que te dé la fortaleza necesaria para afrontar este momento, que lleve paz a tu corazón, que sostenga a tu familia y que muy pronto, cuando mires hacia atrás, puedas comprender también el propósito de este difícil camino”, añade el presidente De la Espriella.

¿Quién es la nueva ministra de Educación?

Ilva Myriam Hoyos, como detalla un breve perfil que le hicieron en la Universidad de la Sabana, es abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Además tiene un doctorado en Jurisprudencia de esa universidad y un doctorado en Derecho de la Universidad de Navarra, en España.

Ha sido profesora en varias universidades, como la Gran Colombia, la U. del Rosario, la Santo Tomás y la U. Externado.

Uno de los pasos más recordados en la vida pública de Hoyos fue cuando se desempeñó como procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, mientras Alejandro Ordóñez estaba al frente de esa corporación (entre finales del 2008 y 2016). Fue un lapso en el que tuvo varios desacuerdos con organizaciones defensoras de la comunidad LGBTIQ+.

Aquí puede leer un perfil un poco más detallado.

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En la noche de este 2 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella hizo su primer cambio ministerial: anunció que Viviane Morales dejará el ministerio de Educación a partir del 7 de este mes y, en su reemplazo llegará Ilva Myriam Hoyos.

Según detalló De la Espriella en un par de cartas (una escrita por Morales y otra por él, respondiéndole), el motivo de la renuncia fue un asunto personal que Morales debe atender de manera urgente y no puede aplazar.

“Como tuve ocasión de comentarle personalmente en días pasados, una situación familiar inesperada reclama mi presencia y toda mi atención de manera inmediata”, le escribió Morales al presidente. “Esa circunstancia, Señor presidente, hace imposible cumplir con la dedicación que exige la responsabilidad confiada y me obliga a presentar renuncia irrevocable al cargo de ministra de educación a partir del próximo 7 de septiembre”.

Quien llega a ocupar el nuevo cargo es una conocida de la política. Ilva Myriam Hoyos, como detalla un breve perfil que le hicieron en la Universidad de la Sabana, es abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Además tiene un doctorado en Jurisprudencia de esa universidad y un doctorado en Derecho de la Universidad de Navarra, en España.

Ha sido profesora en varias universidades, como la Gran Colombia, la U. del Rosario, la Santo Tomás, la U. Externado y la U de la Sabana, donde fue directora del Instituto de Humanidades y decana de la Facultad de Derecho.

Uno de los pasos más recordados en la vida pública de Hoyos fue cuando se desempeñó como procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, mientras Alejandro Ordóñez estaba al frente de esa corporación (entre finales del 2008 y 2016). Durante ese período tuvo varios desencuentros con organizaciones no gubernamentales que defendían a la comunidad LGBTIQ+.

Como contó El Espectador en ese momento (2013), su presencia en uno de los debates donde se discutía un proyecto de ley para avalar el matrimonio para parejas del mismo sexo, generó discusión entre las ONG y varios partidos políticos por su posición conservadora. Era de común conocimiento que no estaba a favor de la figura matrimonial entre parejas homosexuales.

Hoyos también fue Conjuez de la Sección Primera de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Estuvo en el comité Distrital de Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos del Distrito Capital en la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún).

Entre los libros que ha escrito se encuentran De la dignidad y los derechos humanos (Universidad de La Sabana), Las personas y sus derechos (Ed. Temis y Universidad de La Sabana) y La libertad religiosa en la Constitución de 1991 (Ed. Temis).

Hasta el momento, Hoyos no se ha pronunciado sobre el nuevo rol que ejercerá al frente del Ministerio de Educación, pero varias personas ya han emitido algunos mensajes sobre el nombramiento. Jorge Iván Cuervo, exministro de Justicia de Gustavo Petro, escribió que Hoyos tuvo “posiciones muy reaccionarias y hostiles contra los derechos de la mujer”.

Para De la Espriella, en cambio, es una mujer con “talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores la preceden. Estoy seguro de que será una gran ministra y de que servirá a Colombia con entrega, carácter y convicción”.

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El Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cúcuta declaró improcedente la tutela presentada en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a raíz de una comunicación del 19 de agosto de 2026 en la que se indicó que se emplearían exclusivamente los términos “niños y adolescentes” en contenidos, piezas y mensajes institucionales.

(Lea: Después de la tragedia es esencial cuidar, cuidarnos y proteger las infancias)

La demanda, instaurada por Johans Antonio Chacón Vargas, Danna Valentina Saavedra y María Camila García Castrillón, se presentó en representación de las niñas del país. En ella, argumentaron que el uso de un término genérico para referirse a la población infantil no garantizaba que las niñas fueran reconocidas e incluidas en el discurso de la institución, encargada de la protección de los derechos de la niñez en Colombia.

De acuerdo con los demandantes, el 19 de agosto de 2026, el ICBF expidió una directriz de comunicación oficial dirigida a todos sus servidores, en la “cual dispuso que en los contenidos, piezas y mensajes institucionales divulgados por la entidad se emplearan exclusivamente los términos niños y adolescentes”.

A sus ojos, esta directriz podría tener un carácter discriminatorio, porque invisibiliza las diferencias y necesidades específicas existentes dentro de la población infantil. También argumentaron que se estaría desconociendo la obligación estatal de promover un lenguaje respetuoso de la igualdad y de la no discriminación.

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Por todas estas razones, los demandantes, por medio de la tutela, pidieron dejar sin efectos esa directriz y retractarse; además de ordenar al ICBF garantizar que sus contenidos reconocieran expresamente a las niñas como sujetos de derechos.

Frente a la demanda, el ICBF respondió que no ha expedido alguna directriz, circular, lineamiento, comunicación ni acto administrativo “encaminado a invisibilizar a las niñas”. A juicio de la entidad, las niñas, junto con los niños y adolescentes, “se encuentran comprendidas dentro del concepto jurídico de niñez”.

Sobre el caso puntual de la directriz del 19 de agosto, explicó que fue una comunicación emitida por la Dirección Regional Huila y aclaró que no “corresponde a una política institucional, orientación o directriz impartida por la Dirección General del ICBF, ni constituye una instrucción de alcance nacional”.

Tras analizar la demanda, el juez indicó que no era procedente, principalmente por tres razones. La primera fue que los demandantes no acreditaron la legitimación para actuar en representación de las niñas en Colombia y no podían representarlas a todas.

También consideró que esa representación se planteó de manera abstracta e indeterminada y, para representar a menores de edad, normalmente hay que demostrar la patria potestad, la representación legal o la custodia.

“De esta manera, la acción no permite individualizar a las menores de edad presuntamente perjudicadas ni acreditar las circunstancias específicas que justificarían la intervención de los accionantes en calidad de agentes oficiosos”, se lee en el documento.

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Otra de las razones expuestas por el juez se centra en que no encontró elementos necesarios que permitieran concluir que el ICBF hubiera adoptado una política institucional para eliminar la palabra “niñas” o excluirlas del lenguaje oficial. Señaló que la comunicación a la que se refería la demanda era de carácter regional y no constituía una directriz nacional de la Dirección General del ICBF.

El juez también consideró que, antes de acudir directamente a una tutela, los demandantes podían haber presentado un derecho de petición al ICBF para solicitar una aclaración sobre dicha comunicación. Además de declarar improcedente la tutela, el juez negó las demás solicitudes e indicó que, si la decisión no es impugnada, el expediente será enviado a la Corte Constitucional para una eventual revisión.

La polémica surgió luego de una instrucción en la Regional Huila del ICBF de utilizar la expresión “niños y adolescentes”, sin incluir explícitamente a las niñas.

Después de las críticas que ha generado esta medida, la directora general del ICBF, Carolina Restrepo Cañavera, ha afirmado que su propósito es “promover una comunicación institucional clara, incluyente y acorde con la naturaleza y la misión del instituto” y que el concepto de “niñez”, básicamente, reúne a todos los niños y todas las niñas de Colombia.

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Se derrumba la casa, el negocio del vecino, la escuela, y en el peor de los casos, la familia. Se pierde todo. Entonces, la seguridad, la continuidad y el control que se necesitan para afrontar la vida cotidiana se desvanecen. Y surge una pregunta: ¿cómo se cuida y se sostiene la vida de otro ser humano cuando la propia vida se derrumba? ¿Cómo se hace frente a la adversidad del entorno cuando se suman la angustia, la tristeza y el agotamiento que deja una tragedia como la que enfrenta hoy Colombia?

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El desastre que hoy vive el país activa sensaciones de inseguridad y miedo que desestabilizan a las familias y ponen en desventaja a las niñas y los niños, pues son quienes están más expuestos; su cotidianidad, al igual que la de los adultos, está rota. En familias que además ya vivían en medio de la violencia y de profundas dificultades sociales, el terremoto generó una sobrecarga adicional que hace mucho más difícil lidiar con el mundo emocional propio, y que, por lo tanto, dificulta entender y responder con sensibilidad a las necesidades de las niñas y los niños.

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Proteger la primera infancia en este momento es urgente, y no es una tarea que el país haya ignorado: desde hace varios años, políticas como la ley de Cero a Siempre han visibilizado las infancias y la importancia de garantizar su desarrollo integral desde los primeros años de vida. Sin embargo, hoy entendemos que debemos ir más allá: proteger la primera infancia implica también priorizar el bienestar de madres, padres y cuidadores.

En este momento crítico, poner el cuidado de quienes cuidan como una acción prioritaria en las rutas de intervención va a asegurar que las personas a cargo de niñas y niños puedan regular su propio mundo emocional para atender la huella que el desastre está dejando en las infancias. Por eso, tan urgente como atender la emergencia material es la contención emocional de las y los cuidadores: activar espacios de seguridad y conexión tan sencillos como sentarse en comunidad, darse un abrazo, acompañarse, hablar sobre lo que está pasando. Estrategias simples que no resuelven las pérdidas ni los daños estructurales, pero ayudan a procesar el momento.

Poner en primer lugar el bienestar emocional de quienes cuidan no instrumentaliza sus necesidades para asegurar las de niñas y niños; es todo lo contrario. Es entender que madres, padres y otros cuidadores también necesitan ser cuidados. En Semillas de Apego lo resumimos así: el cuidado es, ante todo, un sistema de relaciones, y por eso el bienestar de quienes cuidan funciona hoy como un escudo protector para la primera infancia, pero también para las relaciones en general, pues a través de ellas se vuelve a tejer un sentido de seguridad y estabilidad.

En los territorios se está pidiendo voluntariado para atender la salud mental, y muchas personas han acudido a hacerlo, algunas con las herramientas necesarias y otras sin ellas, pero siempre con generosidad. Esto muestra un vacío estatal en la atención a emergencias, y no solo por este desastre: históricamente no hemos sabido acompañar situaciones de dificultad en un país que lleva más de siete décadas en guerra. Falta respuesta en salud mental, faltan profesionales disponibles para atender situaciones como las que hoy vive el país, así como un acompañamiento adecuado a todas estas personas que cuidan de la salud mental.

Por eso resulta indispensable garantizar la atención primaria en salud mental, entendiendo que en un país como Colombia esto no se traduce solo en especialistas y atención individual, sino en una apuesta interdisciplinaria y comunitaria, conectada al contexto, que fortalezca las habilidades de personas que en su propio entorno podrían acompañar el bienestar de otras personas, y en especial, de quienes cuidan.

Pero hay algo definitivo: esta emergencia no puede ofrecer solo una respuesta temporal. Debe empujarnos hacia un sistema donde la salud mental de quienes cuidan sea un derecho y una condición fundamental para el desarrollo de la primera infancia, sus familias y sus comunidades. Se derrumbaron casas, negocios y escuelas, pero lo que no puede derrumbarse es el vínculo que sostiene a las infancias, y ese vínculo solo se sostiene si, primero, cuidamos a quienes cuidan.

*Directora técnica del programa Semillas de Apego

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La Procuraduría General de la Nación, por medio de un comunicado, anunció que formuló pliego de cargos contra tres personas, al parecer, por una serie de presuntas irregularidades, las cuales están relacionadas con la construcción del Colegio Integrado Lucas Caballero, en el municipio de Suaita, Santander.

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De acuerdo con la entidad, las tres personas son Antonio José Pinzón Páez y Próspero Alberto Arenas Castillo, quienes ejercieron funciones de supervisión, y Nelson Eduardo Navas Beltrán, representante legal del consorcio interventor de esta obra.

La investigación disciplinaria, explicó el ente de control, comenzó por posibles deficiencias en las labores de seguimiento y control a la ejecución del contrato, que fue suscrito en 2022 por un valor de cerca de COP 15.000 millones.

Entre los puntos que busca esclarecer la Procuraduría está la licencia de construcción, pues, al parecer, esta obra habría comenzado y avanzado sin contar con este documento ni con los permisos de aprovechamiento forestal y de movimiento de tierras.

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“El ente de control también investiga posibles incumplimientos en las obligaciones de supervisión e interventoría”, agregó la entidad en el comunicado.

La Procuraduría calificó provisionalmente la conducta de los dos supervisores (Pinzón Páez y Arenas Castillo) como grave a título de culpa grave y la del representante del interventor (Navas Beltrán) como “gravísima con culpa gravísima”.

A los ojos de la Procuraduría, “las omisiones investigadas pudieron afectar la adecuada ejecución de un proyecto destinado a garantizar la infraestructura educativa para los niños, niñas y adolescentes de Suaita”.

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Cabe aclarar, como detalló la Procuraduría, que esta formulación de cargos no necesariamente implica una decisión definitiva sobre la responsabilidad disciplinaria de los investigados.

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La Trobe University, en Australia, cuenta con una convocatoria para aquellas personas que estén interesadas en estudiar un doctorado en esta institución. Se trata de Project-based Graduate Research Scholarships, una convocatoria que está abierta todo el año hasta completar las plazas disponibles.

Estas becas están vinculadas a proyectos específicos de investigación de la universidad y las personas interesadas deberán contactar al supervisor principal antes de presentar una solicitud formal. “Solo quienes reciban el respaldo del supervisor podrán continuar con la postulación”, se puede leer en su página web. Estos son los requisitos:

📚 ¿En qué consiste la beca?

• Una beca valorada en 36.000 dólares anuales (tarifa de tiempo completo de 2026) durante tres años y medio para un doctorado.
• Una beca en la matrícula durante cuatro años para estudios de doctorado
• Tesis y subsidios de reubicación.

📚 ¿Quiénes pueden postularse a la beca?

• Personas interesadas en estudiar un doctorado.
• Contar con una maestría.
• Los requisitos específicos de ingreso al doctorado y las condiciones particulares dependen del proyecto elegido.

📚 ¿Cuáles son los proyectos disponibles?

Las becas disponibles para proyectos de doctorado permanecerán abiertas hasta que se cubran las plazas.

- Escuela de Ciencias de la Salud, Servicios Humanos y Deporte

• PRO-25108 - Hacia la construcción de un sistema hospitalario de atención médica aliada sostenible, resiliente y adecuado a su propósito.
• PRO-26139 - Medición de la carga de displasia de cadera: osteotomía periacetabular y rehabilitación codiseñada frente a rehabilitación codiseñada en adolescentes y adultos jóvenes con displasia de cadera: un ensayo controlado aleatorizado (el ensayo controlado aleatorizado HOpE)
• PRO-26140 - Apoyo a los participantes del NDIS con discapacidad intelectual para que envejezcan bien.

- Facultad de Medicina Oncológica (Instituto de Investigación Oncológica Olivia Newton John)

• PRO-25110 - Desarrollo de inhibidores de HCK
• PRO-25114 - Comprensión de la resistencia inherente y adquirida a los inhibidores de la vía MAPK
• PRO-25118 - Aprovechamiento de la nanotecnología para mejorar la administración de fármacos y genes.
• PRO-25121 - Identificación y abordaje de los factores desencadenantes de la transformación preleucémica
• PRO-25122 - Mejora de la inmunovigilancia de las neoplasias mieloides
• PRO-26124 - Variación epigenética, biología del cromosoma X y genómica de lectura larga en poblaciones humanas y cáncer.

- Escuela de Informática, Ingeniería y Ciencias Matemáticas

• PRO-25117 - Sistemas robóticos de inspección de tanques de agua a gran escala
• PRO-25123 - Sensores de presión flexibles y elásticos y sistemas electrónicos blandos para dispositivos biomédicos y portátiles de próxima generación
• PRO-25127 - Simulación de líneas de luz de sincrotrón y XFEL mediante aprendizaje automático
• PRO-26142 - Visión artificial e inteligencia artificial para la clasificación de pastos mediante drones para apoyar el pastoreo de precisión en la producción lechera.
• PRO-26143 - Sensores portátiles basados ​​en IA de borde para el monitoreo en tiempo real del comportamiento y el bienestar de las vacas lecheras.

- Facultad de Educación

• PRO-26135 - Comprender el éxito en la retención de docentes en escuelas con alta rotación de personal: un enfoque de estudio de caso

- Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

• PRO-26136 - La historia política de la poesía colonial australiana

- Escuela de Psicología y Salud Pública

• PRO-25129 - Momentos críticos en las respuestas para niños afectados por el consumo de sustancias en la familia
• PRO-26137 - Comprender la seguridad frente a la violencia familiar para las familias de las Primeras Naciones involucradas en litigios ante los tribunales de familia
• PRO-26141 - Comprender las desigualdades en el consumo de alcohol
• PRO-26146 - Predictores y trayectorias de cambio en la terapia familiar: un estudio de cohorte longitudinal utilizando datos clínicos recopilados de forma rutinaria

- Escuela de Salud Rural La Trobe

• PRO-26144 - Daño al ADN con imágenes avanzadas
• PRO-26145 - Imágenes de molécula única para la búsqueda de homología de ADN

📚 ¿Cómo postularse?

• Los candidatos que cumplan los requisitos serán invitados por su supervisor principal a presentar la solicitud completa para el doctorado y la beca. Es un punto fundamental para poder postularse.
• Deberá incluir el código del proyecto correspondiente (PRO-2----) en su solicitud.
• Para solicitantes internacionales, deberá seleccionar «Beca de doctorado basada en proyectos» o «Beca de investigación industrial de La Trobe» en su solicitud.
• Deberá completar un formulario de declaración de investigación para el proyecto que elijan (solo pueden elegir uno) y adjuntarlo a su solicitud.
  1. Asegúrate de cumplir con los requisitos de admisión para el doctorado.
  2. Elija un proyecto de la lista de opciones disponibles.
  3. Compruebe los criterios de elegibilidad y cualquier condición adicional para el proyecto elegido.
  4. Envíe un correo electrónico al supervisor principal del proyecto.
• Tendrá que incluir los siguientes documentos:
  1. Una declaración que describa su interés en el proyecto y sus objetivos de investigación.
  2. Una copia de tus expedientes académicos
  3. Una copia de su tesis de investigación o cualquier publicación relevante.
  4. La hoja de vida.

Si quiere más información, podrá visitar este enlace.

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¿La forma en que hablamos afecta lo que pensamos sobre la igualdad entre hombres y mujeres? La pregunta podría parecer menor. Después de todo, las palabras son solo palabras. Pero la evidencia muestra que no es así: el lenguaje puede reforzar estereotipos, hacer visibles o invisibles a determinados grupos e incluso influir en la manera como pensamos sobre los roles de mujeres y hombres.

Hace algunos años, en mi charla TED “Suma, no restes”, hablé de algo estrechamente relacionado: desde muy pequeños, niños y niñas reciben mensajes distintos sobre lo que se espera de ellos. A las niñas se les regalan muñecas; a los niños, juegos de construcción. A ellas se las asocia con el cuidado; a ellos, con la ciencia, la tecnología y el liderazgo. Estos mensajes parecen pequeños, pero se acumulan. Ayudan a construir estereotipos que después aparecen en las decisiones educativas, las profesiones que elegimos y las oportunidades que tenemos.

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La investigación respalda que el lenguaje forma parte de esas señales. Dentro de la evidencia se encuentran, por ejemplo, los autores Pérez y Tavits, quienes realizaron un experimento con 1.200 personas bilingües en Estonia: asignaron aleatoriamente a los participantes a responder en estonio, una lengua sin género gramatical, o en ruso, una lengua que sí lo marca. Quienes respondieron en estonio expresaron actitudes más favorables hacia la igualdad de género. Los autores replicaron el resultado y encontraron evidencia similar al comparar países.

También ocurre al buscar empleo. Estudios experimentales han mostrado que las palabras utilizadas en las ofertas laborales afectan qué tan atractiva resulta una vacante para las mujeres. Una investigación publicada este año con más de 5.600 personas de Argentina, Chile, Colombia, México y Perú encontró que utilizar lenguaje inclusivo o neutral aumenta significativamente el interés de las mujeres por empleos tradicionalmente masculinizados, sin desincentivar a los hombres. No es lo mismo escribir una convocatoria pensando únicamente en “abogados” que construir un mensaje en el que las mujeres también puedan reconocerse como potenciales candidatas.

Por eso resulta preocupante la reciente controversia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre el uso de la palabra “niñas”. Su nueva directora, María Carolina Restrepo, ha defendido privilegiar el término “niñez”, argumentando que este incluye tanto a niños como a niñas. Lingüísticamente puede tener razón. La pregunta importante, sin embargo, es otra: ¿da lo mismo nombrar a las niñas que no nombrarlas?

En Colombia, claramente no. Las niñas y las mujeres enfrentan brechas que comienzan en la crianza y atraviesan la educación, la salud, el acceso al sistema financiero, el emprendimiento, la participación política y el mercado laboral. Algunas desigualdades se han reducido, otras persisten y muchas tienen causas específicamente asociadas al género. Para corregirlas, primero hay que reconocerlas.

La propia Ley de Infancia y Adolescencia lo entendió así. No habla solamente de “niñez”: a lo largo de su articulado se refiere explícitamente a “niños, niñas y adolescentes”. Más importante aún, su artículo 12 incorpora la perspectiva de género y exige reconocer las diferencias sociales, biológicas y psicológicas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que las personas desempeñan en la familia y la sociedad.

No se trata entonces de una discusión semántica ni de llenar documentos de palabras innecesarias. El lenguaje también orienta la mirada de las instituciones. Si dejamos de nombrar a las niñas, corremos el riesgo de dejar de preguntar qué les ocurre específicamente a ellas, qué barreras enfrentan y qué políticas necesitan.

Una institución como el ICBF debería entenderlo mejor que ninguna otra. Las políticas públicas con enfoque de género no buscan privilegiar a las niñas frente a los niños. Buscan reconocer que no siempre enfrentan los mismos riesgos ni parten de las mismas condiciones. Invisibilizar esas diferencias no nos hace más iguales. Para cerrar una brecha, primero hay que verla. Y para verla, hay que nombrarla.

*Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana

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Stéphanie Lavaux fue elegida como nueva rectora de la Universidad del Rosario para el periodo 2026 - 2030. La institución, por medio de un comunicado, explicó que la decisión fue adoptada por el Colegio Elector, luego de que la votación quedara 15 votos a favor y cuatro en contra.

(Lea: Icetex tiene becas para estudiar maestrías en Nueva Zelanda: requisitos y cómo postularse)

Es politóloga y doctora en Ciencia Política e Innovación Educativa y, durante más de 20 años, se desempeñó como profesora de carrera de la Universidad del Rosario. También fue directora de investigación, decana de la Escuela de Ciencias Humanas y vicerrectora académica.

Además, es integrante de la Junta Directiva de la Alianza Francesa de Bogotá y del Instituto de la Francofonía para la Gobernanza Universitaria, de la Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF). En la actualidad, se desempeñaba como Vicerrectora General Académica y de Asuntos Estudiantiles de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO).

De acuerdo con la universidad, la propuesta de Lavaux, nacida en Toulouse, Francia, se centra en “utilizar la innovación y la tecnología para ampliar, y no para reemplazar, el sentido humano de la educación”.

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“Asumo esta confianza como lo que es: un mandato de servicio. Desde hoy me pongo entera al servicio de esta casa, y no sola. Con esta elección ganaron dos. Habrá un equipo grande y mucho mejor que la misma rectora, pero desde ahora les digo que somos rectora y síndico al mando de esta institución”, dijo la rectora una vez se oficializó la designación.

Además, agradeció a Miguel Diago, quien fue el otro finalista en esta carrera por la rectoría. Es administrador de empresas de la Universidad del Rosario, con especialización en Finanzas de la Universidad EAFIT y MBA del Instituto Tecnológico de Monterrey.

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El Icetex en alianza con el Whitecliffe College, de Nueva Zelanda, lanzó una convocatoria de becas para estudiar una maestría presencial en esta institución. Las áreas de los programas son innovación, liderazgo, gestión del cambio, ciencia de datos y ciberseguridad.

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De acuerdo con la entidad, la convocatoria estará disponible hasta el 29 de octubre de 2026 a la 1:00 p.m. y está previsto que los programas comiencen en marzo del próximo año. Todas las maestrías, añadió la entidad, serán dictadas en inglés. Estos son los requisitos que debe tener en cuenta:

📚 Datos de la beca

• Cierre: 29 de octubre de 2026 a la 1:00 p. m.
• País oferente: Nueva Zelanda
• Área de estudio: Innovación, liderazgo, gestión del cambio, ciencia de datos, ciberseguridad.
• Oferente: Whitecliffe College
• Duración del programa: 1 año
• Fecha inicio: Marzo 2027
• Título a obtener: Título de Maestría otorgado por Whitecliffe College
• Ciudad: Auckland
• Tipo de curso: Presencial
• Idioma: Inglés

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📚 ¿Quiénes se pueden postular a la beca?

• Ser mayores de 21 años y menores de 65 años al momento del cierre de la convocatoria.
• Contar con título profesional de pregrado.
• Tener un certificado oficial de notas, en el cual se tenga un promedio mínimo de notas de pregrado de 3.7/5.0. 
• Acreditar mínimo 12 meses de experiencia profesional. Únicamente se tendrá en cuenta como experiencia profesional aquella adquirida con posterioridad a la obtención del título profesional.
• Tener un nivel mínimo de competencia en el idioma inglés de C1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
• Si las personas aspirantes son beneficiarias de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de Fondos en Administración, no pueden encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria, en el pago de la obligación correspondiente.

📚 ¿Qué cubre la beca?

• Son dos becas las que ofrece la convocatoria.
• El Whitecliffe College otorgará el 50 % sobre el valor de la matrícula.
• No se financiará ningún rubro adicional a los mencionados en esta sección.
• Las personas beneficiarias de la beca son responsables de cubrir por sus propios medios los tiquetes internacionales ida y vuelta, viáticos y demás rubros requeridos.

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📚 Documentos clave

• Carta de admisión al centro educativo.
• Título universitario de pregrado.
• Certificado de notas de pregrado.
• Certificado de experiencia profesional.
• Certificado de conocimiento del idioma.
• Certificado de condiciones socioeconómicas.
• Pasaporte.
• Certificado de residencia.

Si quiere más información, puede visitar este enlace.

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El terremoto del 10 de agosto de 2026 afectó a 471 municipios del territorio nacional, se reportaron 314 personas fallecidas, 4.438 personas heridas y 364 personas rescatadas, de acuerdo con el Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026 de la Presidencia de la República. Según los considerandos del mismo decreto las afectaciones no solo se dieron sobre la vida y el bienestar de las personas que habitan esos municipios, sino que, además, se reportaron 30.664 viviendas destruidas, 136.946 viviendas averiadas, 352 centros de salud y 3.470 centros educativos afectados.

Es justamente de la afectación de los centros educativos y el acceso al derecho a la educación de las y los estudiantes y lo que la evidencia nos ha enseñado.

Desde la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación del Icfes en 2023 logramos documentar la magnitud de los efectos negativos que el acceso al colegio de manera virtual tuvo en los estudiantes durante la pandemia. Los resultados los publicamos en el artículo “Impacto del retorno progresivo a los colegios en el desempeño de los estudiantes de educación media: un estudio pospandemia en Colombia” de la Revista Desarrollo y Sociedad.

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Para medir la magnitud de los efectos utilizamos el regreso escalonado o progresivo de los estudiantes a los colegios entre 2021 y 2022, comparando los resultados del desempeño académico en el examen Saber 11° de 429.544 estudiantes de la cohorte de 2021 y los 424.163 de la cohorte de 2022.

Encontramos que al comparar el rendimiento académico en el Saber 11° entre los estudiantes que tuvieron clases presenciales, aunque solo fuera por unos días a la semana, con aquellos que permanecieron en clases virtuales, aumentaron su rendimiento en 3.47 puntos en 2021 y en 1.24 en 2022. Esta mejora en el rendimiento se mantuvo en todas las cinco pruebas que se evalúan en Saber 11°: en matemáticas, el puntaje aumentó 0.83; en sociales, 0.78; en lectura crítica, 0.64; en inglés, 0.57, y en ciencias, 0.57.

Lo más importante de todo esto es que la presencialidad tiene un efecto positivo en el rendimiento educativo de los estudiantes, incluso cuando no se da todos los días de la semana. De hecho, encontramos que en todos los quintiles la intensidad de alternancia tuvo un efecto positivo que varía entre el 1.2 y los 2.6 puntos en Saber 11°. Es decir, que lo importante en términos de desempeño escolar es que se mantengan las clases presenciales, aunque no se pueda todos los días de la semana.

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Ahora bien, el impacto de la virtualidad no afectó a todos los estudiantes por igual. Durante la pandemia, los más afectados fueron los estudiantes de colegios rurales y oficiales. Encontramos que para el 2022 en los colegios privados y urbanos ya no existía una diferencia estadísticamente significativa entre los estudiantes que habían tenido clases presenciales y los que estuvieron 100 % virtuales. Los estudiantes que recibieron clases virtuales la totalidad del tiempo alcanzaron el mismo rendimiento académico de aquellos que mantuvieron clases presenciales o que retornaron a la presencialidad más pronto, es decir que, al paso de un año, el rezago desapareció.

En cambio, en el caso de los estudiantes de colegios oficiales y rurales esa brecha en el desempeño escolar persistió incluso un año después de que se diera el retorno a las aulas. O sea que los estudiantes de los colegios que se mantuvieron en la virtualidad no lograron recuperar el terreno perdido pasado un año.

Resulta importante resaltar que las estrategias de enseñanza utilizadas en los colegios como guías, llamadas, plataformas y programas de radio sí ayudaron en el desempeño escolar; sin embargo, no reemplazaron las clases presenciales. De hecho, los colegios con más estrategias virtuales redujeron la brecha, pero no lograron cerrarla.

En ese sentido, es importante resaltar que en los momentos en los que definitivamente se deben interrumpir las clases, como sucedió en la pandemia por el Covid-19 o en este caso en las instituciones educativas afectadas o destruidas por el terremoto, es fundamental que se priorice de alguna forma las clases presenciales, aunque esta sea de manera parcial.

Como lo documentamos, mantener algún tipo de presencialidad en los colegios es lo más beneficioso para los estudiantes desde el punto de vista del desempeño académico. De hecho, si fuera necesario priorizar una sola área para la implementación de clases presenciales, a pesar de las dificultades, debería ser en las de matemáticas, debido a que es el área más sensible a la falta de presencialidad, pues exige una mayor interacción y retroalimentación en tiempo real, lo cual ya fue documentado en 2008 por Rakoczy y otros.

También es fundamental que, al focalizar la distribución de los recursos en el sector oficial, a los colegios rurales y oficiales les costó más cerrar la brecha de desempeño académico después de la pandemia y, por tanto, requieren una mayor atención y apoyo por parte de quienes diseñan las políticas.

Finalmente, reconocemos que en las zonas rurales la alternancia es más difícil de implementar por limitaciones de infraestructura y de logística. Sin embargo, en este punto es fundamental que se reconozca la experiencia y las estrategias pedagógicas que docentes y directivos docentes tomaron durante la pandemia con el fin de que se puedan diseñar las respuestas más idóneas.

Dichas estrategias no deben seguir una fórmula única para todos los colegios, deben contar con cierta flexibilidad de acuerdo con el contexto en el que se aplican, deben ser monitoreadas y adaptadas según las necesidades de los estudiantes.

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció este viernes 28 de agosto la apertura de la Cuarta Convocatoria Presencial y a Distancia de este año, que ofrece la oportunidad de acceder a formación gratuita.

De acuerdo con la entidad, la oferta contempla formación en los niveles Auxiliar, Operario, Profundización Técnica, Técnico y Tecnólogo, en más de 1.500 programas en diferentes áreas.

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La formación tecnológica, que comprende los niveles de tecnólogo, “está orientada al desarrollo de competencias para la toma de decisiones, la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico y la gestión de procesos en el sector productivo”, explicó el SENA.

Mientras tanto, la formación ocupacional, que comprende los niveles de operario, auxiliar, técnico y profundización técnica, “busca fortalecer las habilidades prácticas y los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño de labores específicas”, agregó el Servicio.

La entidad aclaró que para los programas de formación titulada, la edad mínima de ingreso es de 14 años. Si bien los requisitos académicos varían de acuerdo al programa seleccionado, los cursos de nivel técnico, auxiliar y operario no requieren de título académico. Sin embargo, para el nivel de tecnólogo se requiere título de bachiller y certificación de las pruebas ICFES Saber 11.

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Entre los programas disponibles en esta Cuarta Convocatoria Presencial y a Distancia, el SENA destaca Construcción de Edificaciones, Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras, Recursos Humanos, Sistemas Teleinformáticos, Asistencia Administrativa y Cocina.

Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación del SENA, explicó que las inscripciones estarán abiertas desde este viernes 28 de agosto hasta el jueves 3 de septiembre a través de la página betowa.sena.edu.co".

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Quienes decidan aplicar a alguno de los 40.000 cupos que se ofrecen en esta convocatoria, deben estar registrados en la página y consultar las condiciones específicas del programa antes de realizar el proceso.

Tras el cierre de inscripciones, el 8 y 9 de septiembre se llevará a cabo la aplicación de pruebas web, con reprogramación el 10 y 11. El 23 de septiembre se publicarán los resultados y entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre se abrirá el proceso de formalización de matrícula. Finalmente, el 7 de octubre iniciará el periodo de formación.

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El gobierno nacional, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, radicó en el Congreso de la República la segunda versión del Presupuesto General de la Nación 2027.

La radicación del proyecto de ley trajo consigo varias sorpresas. La principal tiene que ver con que, contrario a lo que había señalado el ministro Gómez de reducir el proyecto frente a lo propuesto por el gobierno de Gustavo Petro, el monto total aumentó.

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En términos más concretos, el presupuesto presentado por el actual gobierno contempla un monto de COP 634,95 para la vigencia fiscal de 2027. Esto es COP 59,2 billones más que los COP 575,7 billones que había solicitado el gobierno de Petro.

Al poner la lupa sobre los recursos que el nuevo gobierno busca destinar al Ministerio de Educación, el proyecto de ley que empezará a ser discutido en los próximos días contempla COP 78,7 billones, la cartera que más recursos concentra en el proyecto de presupuesto. Del total, COP 75,8 son para gastos de funcionamiento y COP 2,9 para inversión.

Esto, si se compara con el presupuesto que se aprobó para el 2026, representa un aumento del 2,8 %, al pasar de COP 76,5 billones a COP 78,7 billones. Pese al aumento en la bolsa total, los recursos en inversión disminuirían, pues para este año se destinó COP 3,5 billones, mientras que para el siguiente quedarían COP 2,9. Los gastos de funcionamiento aumentarían, al pasar de COP 72,9 este año a 75,8.

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Si se compara con el proyecto de presupuesto para 2027 que radicó en una primera oportunidad el gobierno de Gustavo Petro, el Ministerio de Educación crece un poco menos a lo planteado por el gobierno saliente.

En esa propuesta, que fue devuelta por el Congreso de la República, al Mineducación le corresponderían COP 79,03 billones, COP 330.000 millones más que lo que ahora busca destinar el gobierno de De la Espriella. Mientras los gastos de funcionamiento se mantienen exactamente iguales en ambos proyectos, los de inversión se reducen en cerca de COP 300.000 millones.

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De los COP 2,9 billones en inversión, el grueso del dinero (COP 2,1 billones) estaría destinado a la calidad y el fomento de la educación superior, mientras que poco más de COP 804.000 millones apuntaría a temas de calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media.

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El gobierno de Abelardo de la Espriella designó al profesor Diego Alejandro Torres Galindo como su representante ante el Consejo Superior (CSU) de la Universidad Nacional, la universidad pública más importante del país. La decisión, según pudo conocer El Espectador, fue adoptada por medio del Decreto 1310 del 25 de agosto de 2026.

“Para el Ministerio de Educación es motivo de especial satisfacción contar con su experiencia y trayectoria en el desarrollo de esta importante responsabilidad”, se lee en una comunicación de la cartera dirigida al docente, en la cual le notifica sobre su designación.

Torres es físico egresado de la misma U. Nacional y realizó una tesis doctoral sobre física nuclear en 2007. Ha sido investigador postdoctoral en la Universidad del Oeste de Escocia, así como en la Universidad de Rutgers (2010-2012). También ha sido investigador visitante en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Además, desde 2012 es profesor asociado en la Universidad Nacional. Hasta hace poco, Torres se había desempeñado como representante elegido por los docentes ante el CSU.

“Estamos seguros de que sus conocimientos y aportes contribuirán significativamente al fortalecimiento de las labores del Consejo Superior y al cumplimiento de los propósitos misionales de la Universidad Nacional de Colombia”, apuntó el Mineducación.

Como hemos contado en este diario, el Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de decisión de las universidades públicas en Colombia. En el caso de la U. Nacional, está integrado por, entre otros miembros, dos personas designadas por el jefe de Estado. Además de Diego Torres, el otro representante del gobierno será el sacerdote Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella, abogado de la Universidad Javeriana y capellán de la Presidencia de la República.

De acuerdo con el Estatuto General de la UNAL, los demás integrantes del CSU son:

- El ministro o ministra de Educación Nacional, en este caso Viviane Morales, o el viceministro, quien lo preside.

- Un ex rector de la Universidad Nacional de Colombia, elegido por los ex rectores

- Un miembro designado por el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, de terna presentada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

- Un miembro del Consejo Académico, designado por éste;

- Un profesor de la Universidad, que ostente como mínimo la categoría de asociado, elegido por los docentes

- Un estudiante de pregrado o de posgrado elegido por los estudiantes;

- El rector de la Universidad, que ejerce como vicepresidente del Consejo, con voz pero sin voto.

Cabe apuntar que, en medio de la polémica por la elección de rector en la Universidad Nacional, Diego Torres ha defendido, desde el principio, la designación en el cargo del profesor José Ismael Peña Reyes, quien regresó a la dirección de la institución hace unos meses, luego de que así lo determinara una sentencia de segunda instancia de la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.

Nota aclaratoria (28/08/2026, 9:15 a.m.): se modificó el contenido original de este artículo, luego de que se confirmara que Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella no tiene parentesco con el presidente de la república.

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Por medio del Decreto 1310 de 2026, el gobierno de Abelardo de la Espriella dio por terminadas las designaciones de quienes eran los representantes del expresidente, Gustavo Petro, ante los Consejos Superiores (CSU) de las instituciones de educación superior (IES) públicas.

El acto administrativo del Ministerio de Educación, entonces, nombra a las personas que entrarán en su reemplazo y que, a partir de ahora, representarán al jefe de Estado en esas instancias.

El nombre que más se repite es el del sacerdote y abogado Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella, quien fue designado ante los CSU de la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad del Atlántico. Se trata de algunas de las instituciones de educación superior públicas más importantes del país.

Los demás designados son:

- Diego Alejandro Torres Galindo, como el otro representante de Presidencia ante el CSU de la U. Nacional.

- Víctor Hugo Malagón Basto, representante ante el CSU de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).

- Brenda Magaly Restrepo Plazas, representante ante el CSU de la Universidad de la Amazonia.

- Gabriel Jaime Cardona Orozco, representante ante el CSU de la Universidad Tecnológica de Pereira.

- María Rocío Cortés Vargas, representante ante el CSU de la Universidad de Cundinamarca.

- Cenaida Rubiela Alvis Barranco, representante ante el CSU de la Universidad Popular del Cesar (en la cual se desempeñó Juliana Guerrero como representante del expresidente Gustavo Petro).

- Isaura Yaneth Parejo Buelvas, representante ante el CSU de la Universidad del Magdalena.

- Wilson Caballero Ariza, representante ante el CSU de la Universidad Industrial de Santander.

- Esneyder Andres Nazarith Vidal, representante ante el CSU de la Universidad del Cauca.

- Julián Ricardo Gómez Ávila, representante ante el CSU de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).

Cabe recordar que el Consejo Superior Universitario es la máxima autoridad de dirección y gobierno de las IES públicas.

La representación del jefe de Estado ante estos órganos constituye un mecanismo de articulación institucional entre el gobierno y estas universidades, según los términos previstos en la Constitución Política, la ley y cada uno de sus respectivos estatutos.

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Uno de los primeros cambios normativos que propone el Ministerio de Educación, en cabeza de Viviane Morales, ha desatado un intenso debate en los últimos días.

Se trata del proyecto de decreto que el Ministerio de Educación publicó para comentarios y que busca modificar algunos artículos del Decreto 1075 de 2015, la normativa que reglamenta el sector de educación en el país.

El proyecto de decreto está abierto para comentarios hasta este miércoles 26 de agosto. Y allí, antes de entrar a explicar los cambios que busca el ministerio, radica uno de los primeros cuestionamientos. Si bien la normativa, como reconoce la misma cartera, establece que los proyectos normativos deben estar disponibles para comentarios por lo menos 15 días calendario, el Mineducación solo dispuso de cinco días calendario con el presente proyecto.

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La razón, explicó la cartera en la memoria justificativa del proyecto, radica en que hay contratos que deben realizar varias entidades territoriales, y sobre los que trata la propuesta, que vencen en los próximos días, por lo que debe acelerarse el cambio normativo.

Por esa razón, varias de las solicitudes que han sido radicadas por ciudadanos en el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) apuntan a ampliar el período de consulta y comentarios públicos.

¿Qué cambios propone el Ministerio de Educación?

A través de un video publicado en las redes sociales del Ministerio de Educación, la ministra, Viviane Morales, explicó que la modificación que se propone introduce precisiones jurídicas al modelo de los colegios en administración, también conocidos como colegios en concesión.

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“Se trata de dar claridad a las entidades territoriales certificadas con herramientas para fortalecer la gestión de sus establecimientos educativos oficiales, permitiéndoles apoyarse en entidades con experiencia e idoneidad en ámbitos pedagógicos, administrativos y de gestión, sin que ello implique trasladar o sustituir la responsabilidad estatal sobre la prestación del servicio educativo”.

Las entidades que entrarían a apoyar serían de carácter privado. En este punto, Morales aclaró que “bajo este esquema, los establecimientos continúan siendo oficiales. La matrícula permanece en la oferta oficial y la entidad territorial conserva la dirección, responsabilidad, control y vigilancia sobre el servicio. Es decir, la entidad pública sigue prestando el servicio con el apoyo para su administración de un tercero”.

Este es uno de los puntos que más debate ha generado.

De acuerdo con Ricardo Moreno Patiño, exviceministro de Educación Superior durante los últimos años del gobierno de Gustavo Petro, esa modificación permitiría que “particulares administren establecimientos educativos oficiales, organicen y dirijan su funcionamiento y aporten componentes esenciales de la canasta educativa, mientras las secretarías de educación conservan la denominación de prestadoras”.

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A sus ojos, según comentó en una publicación en su cuenta de X, esta “‘administración’ puede convertirse en una forma de privatización encubierta”.

Para el exministro de Educación, Daniel Rojas, también del gobierno de Petro, el proyecto de decreto sería ilegal. En un video que publicó en sus redes sociales, Rojas explicó que la Ley 715 de 2001 (que regula el uso de recursos para la educación y otros sectores) sí autorizó la figura de contratación del servicio cuando hay insuficiencia, “es decir, cuando la red pública no es capaz de garantizar el derecho [a la educación] por alguna razón”.

A su parecer, la propuesta del Mineducación se estaría saltando la ley y estaría “creando una nueva figura y la llaman de apoyo a la administración sin insuficiencia”.

De acuerdo con el exministro, la nueva propuesta eximiría la condición de que las entidades públicas no puedan prestar el servicio de educación para realizar esos contratos, algo que la regulación actual no permite. “No están previendo que haya insuficiencia, simplemente crean el apoyo a la administración porque sí”, agregó Rojas.

Para lograr esto, continúa Rojas en su video, la propuesta del ministerio crearía una “categoría para no decirle prestadores del servicio, porque entonces tendrían que someterse a algunos requisitos. Los llaman colaboradores, pero no son simples colaboradores; en realidad, están asumiendo el control pedagógico, el control disciplinario, el control operativo y el control financiero de los colegios públicos en Colombia y están obteniendo recursos públicos del Sistema General de Participaciones (SGP)”.

A este tipo de críticas, Morales respondió en su video que “de ninguna manera se trata de privatizar la educación”. Sobre esto, agregó que “la experiencia de los colegios en administración ha sido exitosa y esa afirmación está respaldada por la evaluación de resultados que muestran efectos positivos en permanencia y trayectoria educativa, mejores resultados en Saber 11 y mayor tránsito a la educación superior, además de resultados favorables en términos de eficiencia”.

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Otra de las críticas que han surgido sobre este cambio en particular tiene que ver con el tiempo que durarían los contratos. Según uno de los parágrafos del Artículo 20 de la propuesta, “los contratos para la administración del servicio se celebrarán por un plazo máximo de 12 años, de tal manera que durante su vigencia se pueda atender una cohorte educativa completa (preescolar, básica primaria, básica secundaria y media) y no podrán ser inferiores a dos (2) años”.

El exministro Rojas cuestionó este plazo. “Un niño entra a preescolar y sale de bachillerato sin haber pisado un colegio verdaderamente público. Doce años no es emergencia. Es una generación entregada a un privado. ¿Temporal? No. Es negocio de largo plazo".

¿Entidades religiosas prestando servicios de educación?

Otro de los apartes del borrador de decreto que ha generado una intensa controversia está relacionado con el rol que jugarían las iglesias o confesiones religiosas. La propuesta contempla que se puedan celebrar contratos “para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico con iglesias o confesiones religiosas”.

Para la representante a la Cámara Natalia Moreno, del Pacto Histórico, “en un Estado laico, habilitar contratos específicos para que iglesias y confesiones religiosas ‘aporten orientación pedagógica y administración’ en colegios públicos representa un retroceso inadmisible. ¿Desde cuándo el ideario o la injerencia dogmática deben suplir la responsabilidad del Estado en garantizar procesos pedagógicos críticos, plurales y científicos?“.

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Sin embargo, para la ministra Morales, “el proyecto de decreto (...) reproduce algo vigente desde hace más de treinta años: Los contratos para el desarrollo de estrategias pedagógicas con iglesias o confesiones religiosas están contemplados en el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 y reglamentados en el artículo 2.3.1.3.1.6 del Decreto 1851 de 2015″.

De hecho, la ministra de Educación añadió que “la Corte Constitucional ha declarado constitucional este tipo de colaboración con las iglesias y confesiones religiosas. Nada de decretazo”.

Relaciones laborales privadas dentro de colegios públicos

Un tercer tema que ha generado diversas inquietudes tiene que ver con un parágrafo que señala que “entre el personal administrativo, docente y directivo docente contratado por el contratista y la entidad territorial certificada no existirá vinculación alguna. Su régimen laboral se sujetará, exclusivamente, al derecho privado”.

Para el exviceministro Moreno, “esto puede profundizar diferencias laborales y riesgos de precarización frente a quienes pertenecen a la planta oficial”. Desde la perspectiva de Rojas, el exministro, los maestros “dejan de ser empleados públicos con estabilidad y derechos. Pasan a ser empleados de una empresa privada. Sin carrera, sin garantías. Enseñan en colegio público, con plata pública, pero con los derechos de un trabajador de tienda. Precarización pura”.

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Diversos actores del sector educativo, entre ellos el exministro Rojas, le han solicitado al Ministerio de Educación retirar el proyecto de decreto. Por su parte, Martha Alfonso, integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), quienes también se han opuesto a la propuesta del Mineducación, aseguró que han solicitado reuniones con la ministra Morales, las cuales no se han podido llevar a cabo por temas de agenda de la ministra.

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Bajo la premisa de una supuesta “estrategia woke”, -una expresión usada de manera despectiva para cuestionar agendas relacionadas con la igualdad- que busca instalar lo que denominan la “ideología de género” en los colegios del país, la ministra de Educación, Viviane Morales, aseguró que se puso en marcha un plan para “volver a los principios y valores” de la “patria milagro”. La línea dictaminada desde el gobierno de Abelardo de la Espriella da los primeros pasos en la implementación de un país que se inclina nuevamente hacia la derecha y que, en el camino, plantea preocupaciones por las garantías en materia de derechos de las mujeres, las niñas, los niños y la población LGBTIQ+.

El fantasma de la “ideología de género” se cuela nuevamente en el debate público, pero esta vez no desde las frases de campaña en las que De la Espriella decía que era enemigo de esta supuesta estrategia y se posicionaba en contra de que a “nuestros niños se les quiera condicionar y se les contamine para tratar de cambiar su visión sobre la sexualidad”.

Ahora, desde el poder, es Morales quien cumple con las órdenes del jefe de Estado y asegura que se va a “sacar la ideologización del país y a respetar el derecho de los padres en la educación”, ya que “ha habido una campaña que ha metido una cantidad de sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y de la educación de los hijos, especialmente en el programa de educación sexual integral”, dijo en una rueda de prensa.

(Lea aquí: Viviane Morales y la “ideología de género”: ¿por qué su llegada a Mineducación genera dudas?)

En paralelo a las declaraciones de la ministra, la opinión pública estaba debatiendo la decisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de excluir la palabra “niñas” del lenguaje institucional para referirse solo a “niños y adolescentes” o de pleno a la “niñez”, algo que generó controversia y fue anunciado por la directora elegida por la nueva administración: María Carolina Restrepo.

Con todas estas decisiones, surgen inquietudes a raíz de las declaraciones de Restrepo, de Morales y del primer decreto emitido por la ministra –en el que se permite que iglesias y colectividades religiosas den talleres pedagógicos a niños y niñas en la educación pública–. ¿A qué se refieren cuándo hablan de “ideología de género”?¿Qué significa la supuesta existencia de una “campaña woke” en los colegios?¿En qué consiste realmente la educación sexual integral para niñas, niños y adolescentes?

(Lea aquí: ¿Qué pasará con los derechos LGBTIQ+ en el gobierno de De la Espriella? Las primeras señales)

La “ideología de género”: una categoría creada para frenar los avances en derechos humanos

Lo cierto es que, al referirnos a este término, no se está haciendo alusión a una categoría científica, académica o jurídica. Las expertas consultadas aseguran que se trata de una categoría netamente política –principalmente utilizada por sectores de derecha y de ultraderecha– con el fin de generar miedo respecto a temas específicos relacionados con la educación sexual integral, los derechos sexuales y reproductivos, el matrimonio y la adopción igualitaria, entre otros asuntos vinculados con el avance en los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+.

“Es un artefacto político que se inventó y surgió a partir de los avances en términos de equidad de género y de derechos sexuales y reproductivos de la Convención Internacional de Población y Desarrollo en 1994 y después en Beijing sobre la mujer en 1995. Ahí empezó a surgir a partir del Vaticano –ni siquiera de la academia– ese concepto para deslegitimar los avances en equidad y en derechos humanos”, aseguró Mariana Sanz de Santamaría a El Espectador, abogada experta en género y en educación.

Además, Sanz explica que este término se usa como un aglutinante que construye una “amenaza inexistente”, la cual pone en riesgo valores familiares, un orden social específico, la moralidad pública según cierta ideología y cierta fe, para instaurar así un pánico moral alrededor de “temas como la educación sexual, avances en términos de reconocimiento de la comunidad LGTBIQ+, la despenalización del aborto, la Ley de Cuotas, etc”.

¿Cuáles son las consecuencias de promover este término? Según la experta, aunque “la ideología de género no existe” y funciona como “una gran cortina de humo para generar un pánico moral alrededor de unos avances en términos de equidad de género y derechos en general”, los impactos de esta narrativa sí se materializan y repercuten en la calidad y la veracidad de la información relacionada con estos temas.

“No hay posibilidad de ‘homosexualizar’ a las personas. Ninguna persona homosexual ni trans lo decidió ni tampoco se le impuso, no existe esa amenaza porque no es posible. El miedo de que todas las mujeres van a abortar por gusto y por deporte no es verdad, no existe ninguna organización, ningún movimiento que fomente que las mujeres aborten. Las mujeres siempre han abortado y siempre van a abortar porque por muchas razones no están ni en la capacidad ni en la voluntad, por lo que tampoco deberían ser obligadas a ser madres”, agrega Sanz.

En este sentido, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha calificado el uno del término “ideología de género” como una estrategia para difundir desinformación y reforzar prejuicios contra grupos históricamente discriminados.

La educación sexual integral: una herramienta para la prevención y el cuidado

En medio de un panorama en el que la información falsa muchas veces se toma la agenda, la educación sexual integral también se ha visto afectada. Según Alba Lucía Reyes, directora de la Fundación Sergio Urrego –creada a raíz del suicidio de su hijo de 16 años tras la persecución de la que fue víctima en su colegio por ser gay por parte de directivos– este tipo de narrativas debilitan una educación sexual que, de por sí, ya es precaria en los colegios y que, advierte, está muy en la línea de las estructuras patriarcales.

“La educación sexual en las familias en Colombia está muy arraigada al patriarcado, por eso es que hay tantas violencias ejercidas por adultos sobre los niños y las niñas. Aquí no se trata de ‘educarles para que sean LGBTIQ+’, aquí se trata de enseñarles, de acuerdo a su edad y a su desarrollo, sobre el cuidado de su cuerpo, el consentimiento y el respeto. Sobre las emociones que pueden pasar en su cabecita en sus edades cortas, en la prevención precisamente de este tipo de violencias, en la responsabilidad de poder vivir cada vida de manera independiente, libre, pero dentro del respeto”, precisa Reyes.

Las cifras sobre la implementación de la educación sexual en los colegios de Colombia indican que solo el 33 % cumple con los estándares mínimos de formación en derechos sexuales y reproductivos; solo el 19 % ha tenido formación en prevención del embarazo y tan solo el 15 % en prevención de VIH, según Mariana Sanz.

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Y es precisamente en este contexto en el que Reyes advierte de una fuga en el foco del problema, pues mientras se da el debate sobre la supuesta “ideología de género”, las condiciones educativas de niños, niñas y adolescentes en diferentes regiones del país carecen de garantías, especialmente para las niñas, adolescentes y otras personas que menstrúan, así como para quienes pertenecen a la población LGBTIQ+. “A mí me preocupa muchísimo que utilicemos una expresión que quiera hablar de todo, como la ‘ideología de género’. Sin embargo, en la educación no estamos haciendo nada real para poder avanzar, para poder prevenir”, puntualizó.

La normativa de la educación en Colombia: lo que indica y lo que prohíbe

De acuerdo con las expertas consultadas, hay directrices específicas que explican cuál es el camino a seguir en materia de educación e inclusión. Según Mariana Sanz de Santamaria, en este momento Colombia cuenta con la Ley General de Educación (115 de 1994) en la que se “habla de que la educación sexual hace parte fundamental del desarrollo de competencias básicas para la vida”. Y, a partir de ahí, ha habido un desarrollo curricular muy robusto.

“La ley 1620 de convivencia escolar habla sobre la importancia de que los colegios tengan protocolos y rutas de atención para temas de abuso sexual; la sentencia del caso de suicidio de Sergio Urrego en el 2015 donde la Corte Constitucional exhorta a los colegios a que sus manuales de convivencia no sean discriminatorios para la comunidad LGBTIQ+, sino que entiendan la diversidad como un valor humano; y tratados de las convenciones internacionales que hacen parte de todo nuestro marco legal que hablan sobre la importancia de que niños y niñas tengan herramientas para tomar decisiones sobre su cuerpo, y que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos”, puntualiza Sanz.

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Por esta misma razón, tanto Sanz como Reyes sostienen que hay un blindaje constitucional respecto a la garantía de estos derechos, pero que no deja de ser preocupante el accionar del nuevo gobierno. Asimismo, a esta problemática se van sumando acciones como la de dar la orden de no nombrar a niñas, niños y adolescentes en el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) sino remitirse a decir “niñez o niños”, algo que, según Reyes, anula “nuestra presencia y tanto mujeres como niñas debemos y merecemos ser nombradas”. Hasta el momento, la nueva administración lleva menos de un mes en el poder y las medidas que se tomarán desde el Ejecutivo apenas comienzan.

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La Defensoría del Pueblo pidió explicaciones al Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) sobre la instrucción en su Regional Huila de utilizar la expresión “niños y adolescentes”, sin incluir explícitamente a las niñas. La medida ha generado críticas, ante las cuales la directora general del ICBF, Carolina Restrepo Cañavera, ha afirmado que su propósito es “promover una comunicación institucional clara, incluyente y acorde con la naturaleza y la misión del instituto” y que el concepto de “niñez”, básicamente, reúne a todos los niños y todas las niñas de Colombia.

Frente a la situación, la Defensoría le solicitó brindar información sobre cuál es la directriz u orientación vigente en el ICBF respecto al uso de las expresiones “niñas”, “niños”, “adolescentes” y “niñez” en sus comunicaciones, documentos, piezas y otros contenidos institucionales. También le pidió precisar si tiene alcance nacional o regional, qué autoridad la impartió y la fecha de su adopción.

La entidad requirió copia de estas directrices, circulares, correos o cualquier otro medio por el cual se haya impartido la instrucción. Pero la solicitud clave que hizo fue la de informar sus fundamentos técnicos, jurídicos, de derechos humanos, de género y comunicativos. El ICBF, en suma, deberá precisar si se valoraron los posibles efectos de la instrucción no solo sobre la visibilización y el reconocimiento de las niñas, sino también sobre las afectaciones diferenciadas que ellas enfrentan.

“La información solicitada permitirá a la Defensoría del Pueblo conocer el alcance real de la orientación referida, establecer su correspondencia con los lineamientos nacionales del Instituto y valorar, desde una perspectiva de derechos humanos, su compatibilidad con las obligaciones constitucionales, legales e internacionales de garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, se lee en el documento firmado por la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

“Nombrarlas ayuda a identificar desigualdades”: esto dice la Defensoría

Para la Defensoría, esta discusión va más allá de la gramática o el estilo. Subrayó que buscar claridad, sencillez o eficiencia en las comunicaciones del ICBF no puede considerarse aislando sus obligaciones constitucionales de igualdad, no discriminación y reconocimiento de sujetos que, históricamente, han sido invisibilizados. “La economía del lenguaje no debería traducirse en una pérdida de reconocimiento cuando la diferenciación resulta relevante para garantizar derechos”, apuntó.

La Defensoría recordó que, en varias ocasiones, la Corte Constitucional ha reconocido que el lenguaje cumple funciones tanto instrumentales como simbólicas. Además, refleja y al mismo tiempo contribuye a construir realidades sociales, lo cual puede implicar bien sea un factor de inclusión o, por otro lado, de exclusión.

Puntualmente, desde la Sentencia C-804 de 2006, el alto tribunal cuestionó el uso del masculino como un referente universal, si trae como consecuencia la invisibilización de las mujeres. Luego, eso mismo fue reiterado en las sentencias C-001 de 2018, C-552 de 2019, C-154 de 2022 y T-250 de 2024, entre otras.

La entidad también trajo a colación el artículo 12 de la Ley 1098 de 2006, el cual señala expresamente que la perspectiva de género se debe tener en cuenta en todos los ámbitos en los que se desenvuelven los niños, las niñas y adolescentes, con el fin de alcanzar la igualdad. Ese planteamiento parte de la premisa de reconocer que las experiencias, riesgos y afectaciones durante la niñez y la adolescencia no son necesariamente iguales, además de que determinadas formas de violencia y discriminación afectan específica o desproporcionadamente a las niñas.

“Por ello, su reconocimiento expreso no constituye únicamente una cuestión de representación simbólica: tiene también una dimensión diagnóstica, programática y preventiva”, aseguró la Defensoría. “Si las niñas soportan patrones específicos o desproporcionados de violencia sexual, explotación, uniones tempranas, embarazo forzado o adolescente, trata y otras formas de violencia basada en género, nombrarlas y desagregar la información no es ornamental, pues ayuda a identificar esas desigualdades y caracterizar adecuadamente las violencias que enfrentan”.

La visibilización, según este órgano, también permite orientar políticas, programas e intervenciones, así como adoptar medidas de prevención y protección acordes con las necesidades de las niñas. A ojos de la Defensoría, una instrucción para prescindir de su mención expresa podría, dependiendo de su alcance y de los contextos en que se aplique, dificultar que se identifiquen y se comprendan adecuadamente estas formas específicas y desproporcionadas de violencia.

“La claridad, la economía o la eficiencia comunicativa pueden ser criterios legítimos de comunicación pública, pero no bastan, por sí solos, para justificar una decisión institucional que pueda reducir la visibilidad de sujetos cuya protección diferenciada está constitucional y legalmente exigida”, concluyó.

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Hace unos días, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) entregó una gran noticia para todas las personas que están interesadas o que ya se encuentran en proceso de aprender inglés.

Se trata de la entrega que realizó la entidad de SENA Speak, una plataforma de bilingüismo que integra inteligencia artificial para la práctica y fortalecimiento del idioma inglés, desde el nivel A1 al nivel B2.

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Uno de los beneficios que más ha resaltado la entidad sobre la nueva aplicación está relacionado con el hecho de no necesitar acceso a internet para poder utilizarla.

Esta característica, agregó el SENA, está alineada con el propósito de entregar más herramientas para que el aprendizaje del idioma inglés “sea más accesible y esté al alcance de todas las personas en el territorio nacional, especialmente en zonas rurales y que no tienen conexión a internet”.

Otras de las propiedades de SENA Speak están relacionadas con el reconocimiento de voz, actividades interactivas, gamificación (técnica de aprendizaje que emplea partes o reglas de juegos), acceso directo desde el dispositivo móvil y fortalecimiento de habilidades básicas: escritura, lectura, habla y escucha.

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Edison Parra, instructor de bilingüismo del SENA indicó que “lo más gratificante de esto es cuando alguien llega a un lugar lejano y puede abrir la aplicación sin ningún problema porque no necesita conectividad para poder utilizarla; además, su reconocimiento de voz permite que el aprendizaje sea mejor”.

Parra hace parte de la Fábrica de Software del SENA Regional Risaralda, la encargada de desarrollar la aplicación con el apoyo de aprendices e instructores especializados en bilingüismo.

Sin embargo, la entidad advirtió que la única funcionalidad que puede requerir conexión a internet es el reconocimiento de voz nativo de Android cuando “el dispositivo no cuenta con los modelos instalados localmente”.

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Las funciones principales, como la evaluación, interacción y acompañamiento pedagógico, operan de manera autónoma, aclaró el SENA.

“SENA Speak se perfila como una herramienta que combina pedagogía, ingeniería e inteligencia artificial para acercar el aprendizaje del inglés a miles de colombianos, generando nuevas oportunidades de formación, empleabilidad y desarrollo personal, independientemente de su ubicación geográfica o condiciones de conectividad”, agregó la entidad.

La aplicación, por el momento, solo está disponible para los usuarios que cuenten con un celular o dispositivo con sistema operativo Android. Para descargar la aplicación, deben dirigirse a la página web de SENA Speak y dar clic en la opción “Descargar aplicativo SENA Speak”.

El SENA aseguró que próximamente también se podrá descargar la aplicación en los dispositivos que tengan como sistema operativo iOS.

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