La periodista estadounidense y figura emblemática del feminismo, Gloria Steinem, murió a los 92 años, informó su fundación en un comunicado difundido el jueves.

“Gloria Steinem falleció en paz en su casa de Nueva York, rodeada de algunas de las muchas personas que la querían”, señaló Gloria’s Foundation en un comunicado publicado en Instagram, sin precisar la causa de la muerte.

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Steinem comenzó su carrera en el periodismo a principios de los años 60, cuando muchas mujeres necesitaban aún una autorización de sus esposos para tener una cuenta bancaria.

En aquella época, escribió un reportaje de investigación sobre el sexismo generalizado que enfrentaban las camareras “conejitas” en el club Playboy de Nueva York.

Su despertar feminista ocurrió durante una reunión en 1969 en la que las mujeres hablaron abiertamente sobre la experiencia de abortar, según relató.

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“Eso dio un sentido a mi propia experiencia. Yo había abortado y no se lo había dicho a nadie”, escribió luego en el New York Magazine.

Poco a poco, pasó de la escritura a los discursos y el debate público. Durante años viajó por Estados Unidos y el mundo para participar en conferencias y protestas.

En la década de los 70, Steinem fundó la revista Ms. y el National Women’s Political Caucus, y organizó la primera Conferencia Nacional de Mujeres en Houston.

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“Los casi 100 años de Gloria fueron años bien vividos, y siguió trabajando por la igualdad hasta el final”, declaró su fundación.

“El mayor don de Gloria era su capacidad para escuchar a los demás, para hacer que se sintieran vistos y escuchados. Gloria vivió fiel a su espíritu independiente, siempre con curiosidad y un gran sentido del humor”, apuntó.

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Una llamada, una orientación, una medida de protección o simplemente alguien que acompañe puede hacer la diferencia para una mujer que vive una situación de violencia de género y está en riesgo de feminicidio. Entre noviembre de 2024 y junio de 2026, SALVIA, el canal del Gobierno para orientar y acompañar estos casos, recibió en promedio cerca de 24 casos diarios relacionados con violencias basadas en género. Ahora, con la transición de gobierno y la liquidación del Ministerio de Igualdad, el futuro de la línea es incierto. Fuentes vinculadas al programa aseguran a El Espectador que todavía no saben si continuará funcionando ni qué entidad quedará a cargo.

Un escenario de incertidumbre sobre las políticas y programas que ya era pronosticado por analistas en tiempos de campaña electoral. La cartera, creada durante el gobierno de Gustavo Petro, fue liquidada después de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que la creó por irregularidades en su trámite en el Congreso y porque no se informó desde el comienzo cuánto costaría ponerla en funcionamiento. A esto se sumaron cuestionamientos por su baja ejecución presupuestal -para 2024, solo se habría ejecutado el 1.6 % del presupuesto que se solicitó-, polémicas administrativas y denuncias sobre el manejo de recursos. Al final, el 22 de junio de este año, Petro ordenó iniciar el proceso de liquidación.

(Lea más aquí: Así llega Colombia a las elecciones en temas de mujeres y LGBT: avances, violencias y vacíos)

“Lo que nos dijeron era que los programas iban a pasar a dos entidades: el Ministerio del Interior y el Departamento para la Prosperidad Social. Sin embargo, nunca se hizo el tránsito ni se alcanzó a expedir ese decreto. Es por eso que quedamos en el limbo. Estamos haciendo todo lo posible con las distintas entidades para mantener el programa”, dice Diana Acuña, coordinadora del Equipo de Articulación del Sistema SALVIA, a este diario.

El Ministerio de la Igualdad tenía cerca de 700 empleados y al menos 30 programas a su cargo. Su cierre podría tardar hasta un año, según dijo el expresidente en su momento. Entre las iniciativas que quedaron en medio de ese proceso está SALVIA, el sistema que atiende a mujeres en los 32 departamentos del país a través de la línea 155. Entre noviembre de 2024 y junio de 2026, registró 12.291 casos de violencia contra las mujeres, realizó 12.298 valoraciones de riesgo de feminicidio, brindó seguimiento especializado en 11.725 casos y otorgó 1.511 medidas de emergencia a mujeres en riesgo de feminicidio.

Con miles de mujeres recurriendo a sus servicios semana tras semana, SALVIA parece haber quedado en tierra de nadie. Aunque estuvo adscrito al Minigualdad durante el gobierno Petro, bajo el Viceministerio de las Mujeres, el sistema no nació en esa cartera. Lleva más de 13 años en funcionamiento y antes estuvo bajo el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).

Sus antecedentes, sin embargo, se remontan aún más atrás. Los primeros pasos para su creación datan de 2008, con la Ley 1257, que dictó normas de prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Según personas vinculadas a SALVIA, la iniciativa pasó de ser una línea de atención hace una década a convertirse en un programa con presupuesto, que articula entidades y cuenta con profesionales para prevenir, atender y adoptar medidas en casos de violencias basadas en género. Ahora, con la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella, la transición entre administraciones y la liquidación de la cartera, su continuidad quedó sin una entidad definida que la adopte.

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Según explica la coordinadora, sin un respaldo jurídico y un techo ministerial que sostenga su funcionamiento, es muy difícil seguir operando. En ese escenario, advierte, SALVIA podría desaparecer, dejando a miles de mujeres y niñas sin seguimiento. “Los recursos disponibles alcanzan únicamente hasta el 15 de octubre de este año. Hemos venido trabajando para mantener las capacidades construidas, y confiamos en que, durante este periodo, puedan concretarse las decisiones permiten dar continuidad al Sistema y al acompañamiento que presta”, agrega.

Su desaparición podría dejar un vacío en la respuesta a las violencias basadas en género. Se trata de agresiones que enfrentan mujeres y personas LGBTIQ+ por razones relacionadas con su género, y que pueden ir desde la violencia física o sexual, las amenazas, el maltrato psicológico o el control económico hasta el feminicidio y los crímenes motivados por prejuicios. En estos casos, una llamada sin respuesta puede tener consecuencias. Del otro lado de la línea puede haber alguien que necesita seguimiento, ayuda para activar una medida de protección o acompañamiento para encontrar una salida a la violencia, explican.

“El proceso de transición representa una oportunidad para preservar y fortalecer una capacidad pública que ya protege la vida de las mujeres en todo el país. La prevención del feminicidio requiere instituciones que trascienden los períodos de gobierno y mantengan una respuesta continua, articulada y oportuna frente a las violencias basadas en género”, dice SALVIA en el comunicado.

Hasta el momento, la decisión sobre el futuro de SALVIA estaría en manos de John Milton Rodríguez, designado por el presidente Abelardo de la Espriella como liquidador del Ministerio de Igualdad. Rodríguez, pastor cristiano de la iglesia Misión Paz a las Naciones y exsenador del partido Colombia Justa Libres, se posesionó el pasado 20 de agosto.

Tras su llegada, emitió este viernes los primeros documentos para darle celeridad al proceso de liquidación iniciado por el gobierno anterior. A través de dos resoluciones, suprimió los cinco cargos que encabezaban los viceministerios, incluido el de la viceministra de las Mujeres, y puso en marcha un nuevo mecanismo de contratación.

(Lea más aquí: Liquidador de Minigualdad suprimió viceministerios y creó nuevo régimen de contratación)

En una de esas resoluciones queda claro que el propósito de esta nueva etapa no es cumplir los objetivos misionales del Minigualdad, sino “ordenar la contratación estrictamente necesaria para extinguir la entidad de manera ordenada, oportuna y trazable, e impedir la celebración de contratos que la entidad carece de capacidad jurídica para celebrar”, se lee en el documento LIQ-00096. No obstante, hasta el momento no hay información sobre el futuro de SALVIA.

El Espectador intentó comunicarse con el liquidador para conocer el estado del proceso y qué podría ocurrir con este servicio de atención a las violencias basadas en género. Sin embargo, no fue posible concretar la entrevista. Según el equipo de comunicaciones, “la directriz es que remitimos las solicitudes de entrevistas directamente a Presidencia”, señalaron.

Mientras avanza el proceso, SALVIA continúa atendiendo casos de violencias basadas en género en los 32 departamentos del país. Los recursos disponibles para su funcionamiento alcanzan solo hasta el 15 de octubre.

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Tres semanas. Ese es el tiempo que le ha tomado al nuevo Gobierno ubicar en cargos clave a varias personas con posiciones públicas contrarias a las políticas de igualdad y género. Especialistas en esta materia encuentran en los nombramientos un patrón narrativo que reúne viejas banderas sobre la familia tradicional, la infancia, la supuesta “ideología de género” y la “batalla cultural”, ahora en manos de funcionarios con capacidad para incidir en decisiones administrativas y de gobierno. ¿Quiénes han sido nombrados y cuáles son sus posturas?

Por un lado está el Ministerio de Educación, encabezado por Viviane Morales, designada el pasado 7 de julio, quien en las últimas semanas, anunció una revisión de los materiales escolares utilizados como parte de su propuesta para combatir lo que considera una “ideologización” dentro de las aulas, principalmente en temas de género. Además, presentó un proyecto, con el que busca modificar parcialmente el Decreto 1075 de 2015, para ajustar las reglas bajo las cuales las entidades educativas territoriales pueden contratar con terceros. El borrador incluye la posibilidad de establecer acuerdos con organizaciones religiosas e iglesias para desarrollar estrategias pedagógicas en colegios oficiales. Aun así, Morales asegura que este tipo de contratos existe desde hace más de tres décadas.

Su postura es conocida en este tema. Además de ser la primera mujer fiscal en el país, en el pasado impulsó un referendo para prohibir la adopción por parte de parejas del mismo sexo, reconocida desde 2015 por una decisión de la Corte Constitucional. También fue una de las figuras que, hace una década, recurrió al concepto de “ideología de género” para cuestionar, primero, las medidas contra la discriminación en los colegios adoptadas tras el caso de Sergio Urrego. Un joven de 16 años que se quitó la vida después de sufrir discriminación por parte de las directivas de su institución debido a su orientación sexual y cuya muerte dio lugar a una sentencia que ordenó revisar los manuales de convivencia. Posteriormente, utilizó ese mismo marco para cuestionar el enfoque de género incluido en los Acuerdos de Paz.

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El 12 de agosto, Morales designó a Gledy María Foliaco Rebolledo y Camilo Noguera Pardo para liderar los dos viceministerios de su cartera. Foliaco, licenciada, magíster en Educación y con más de 20 años de trayectoria en el sector asumió como viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media. Noguera, abogado con maestría en Docencia e Investigación Universitaria, llega al Viceministerio de Educación Superior con una trayectoria marcada también por sus cuestionamientos a los enfoques de género en la educación.

Esa posición quedó plasmada en 2025, cuando dirigió la investigación “Adoctrinamiento en género en colegios. Invalidando la narrativa”, publicada por la Universidad Sergio Arboleda, de la cual es egresado. En mayo de este año llevó parte de esos planteamientos a una columna en Semana, en la que afirmó que “en los últimos tiempos, las narrativas y enfoques de género han contaminado la educación escolar”.

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El 17 de julio de 2026 fue anunciada Paola Holguín como ministra de Cultura. La exsenadora del Centro Democrático ha dicho que desde esa cartera buscará desmontar las “narrativas de género” y promover otras centradas en la familia. Su trayectoria en estos temas viene de años atrás. Durante su paso por el Congreso integró la bancada autodenominada “provida” y, tras la Sentencia C-055 de 2022, que despenalizó el aborto hasta la semana 24, respaldó el llamado “Referendo por la vida”, que buscaba proteger constitucionalmente la vida desde la concepción y revertir los efectos del fallo.

También respaldó proyectos de ley como “¡Con los niños no te metas!”, sobre acopañamiento, orientación y tratamientos de afirmación de género en menores de 18 años; “Estoy vivo desde la concepción”, contra el aborto; y “Los padres eligen”, sobre la participación de las familias en la educación sexual integral de sus hijas e hijos. Ninguna avanzó en el legislativo.

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Cerca al oído del mandatario de la “patria milagro” está Enrique Serrano López, escritor, filósofo, profesor y exdirector del Archivo General de la Nación, designado el 22 de julio como asesor presidencial. Serrano llega al Gobierno con una tarea especialmente política: ayudar a darle forma a lo que llaman la “batalla cultural”, una disputa promovida por sectores de derecha frente a los discursos que se asocian con el progresismo y los derechos humanos. Su nombramiento no fue presentado como uno meramente técnico. Al anunciarlo, De la Espriella afirmó que “la batalla más importante que libra una nación es la batalla por las ideas” y que el Gobierno necesita voces capaces de “convertir las convicciones en argumentos”. Algo que, en la práctica, podría convertirse en una forma de dar sustento político a los valores promovidos por sectores conservadores.

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Anunciada el 29 de julio como directora del ICBF, María Carolina Restrepo llegó a la entidad después de una trayectoria principalmente jurídica, financiera y corporativa. En sus primeras semanas al frente de la institución tomó dos decisiones que abrieron cuestionamientos sobre el enfoque de género en la entidad. Primero, estableció lineamientos para incorporar en el lenguaje institucional términos como “niñez” y excluir la palabra “niña”, una medida que defendió bajo el argumento de tratarse de una “precisión”. También ordenó retirar un mural en el que aparecía la expresión “Aquí estuvo Resistencia Chiquita”, al considerar que podía existir una instrumentalización política de menores. La frase corresponde a un colectivo de niñas que surgió tras el feminicidio de Yuliana Samboní en 2016 y que desde hace años utiliza el arte para que las menores de edad aprendan a identificar las violencias basadas en género.

(Lea aquí: Defensoría pide aclaraciones al ICBF ante instrucción de no usar “niñas” en su lenguaje)

El 4 de agosto, Alejandro Ordóñez fue nombrado embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), cargo que ya había ocupado durante el gobierno de Iván Duque. Su postura frente a los temas de género adquirió especial visibilidad durante sus años como Procurador General de la Nación. Desde ese cargo cuestionó a los primeros jueces y notarios que formalizaron uniones entre parejas del mismo sexo en el país, apoyados en una interpretación amplia de la Sentencia C-577 de 2011. Años después, el alto tribunal zanjó la discusión y consolidó el reconocimiento de estas uniones.

En 2016 también fue uno de los principales opositores al enfoque de género incluido en el Acuerdo de Paz y sostuvo que allí estaba “encriptada” la supuesta “ideología de género”. Ordoñez estará ahora al frente de la representación de Colombia ante uno de los principales escenarios regionales donde se discuten estándares de derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+.

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El 13 de agosto, De la Espriella nombró como agente liquidador del Ministerio de Igualdad a John Milton Rodríguez, pastor cristiano, exsenador y dirigente de Colombia Justa Libres. La designación deja a la entidad encargada de combatir desigualdades históricas de poblaciones constitucionalmente vulnerables a cargo de quien, en 2022, impulsó junto con la bancada “provida” del Congreso un referendo para revertir el derecho al aborto. Milton llegó a plantear la prohibición total, incluidas las tres causales. Años después, será él quien conduzca la liquidación de una cartera que agrupó la articulación de políticas dirigidas, entre otras poblaciones, a mujeres y personas LGBTIQ+.

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Si bien estos cargos no les dan vía libre para eliminar derechos de un plumazo, sí les permiten decidir, desde los lugares que ocupan, qué se prioriza, qué se financia, qué lineamientos se cambian y qué mensaje se envía al país desde cada una de esas instituciones.

El panorama actual no se limita a los nombramientos, empieza a reflejarse también en otros escenarios. En el nuevo periodo legislativo, la bancada “provida” ya ha impulsado varias iniciativas, entre ellas una reforma al artículo 11 de la Constitución para establecer la “protección de la vida desde la fecundación” y así eliminar el derecho al aborto; un proyecto para prohibir la maternidad subrogada bajo la figura de “explotación reproductiva”; y la llamada “Ley Laura”, que busca restringir procedimientos quirúrgicos de afirmación de género en menores de edad.

“En la Comisión Primera de 22 senadores, al menos cinco han manifestado sus agendas antiderechos; y en la Comisión Sexta de 13, al menos tres se enuncian como antigénero. Es un resultado preocupante, puesto que la Comisión Primera se ocupa de los asuntos constitucionales, las reformas a la Constitución y los derechos fundamentales y por ella se tramitan proyectos legislativos sobre los derechos LGBTIQ+ como ‘Nada que curar’ o ‘Ley integral trans’”, dice Wilson Castañeda Castro, director de Caribe Afirmativo, organización que trabaja por los derechos de las personas sexodiversas en Colombia.

Desde ese mismo sector también han empezado a moverse acciones para presionar decisiones del Ejecutivo. Una de las más recientes fue la carta que la senadora Sara Castellanos y la representante Carol Borda, ambas de Salvación Nacional, enviaron a Ana María Vesga, ministra de Salud. Allí le solicitaron revisar y derogar medidas adoptadas por el Gobierno anterior sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE), parto humanizado, atención en salud de niños, niñas y adolescentes trans y eutanasia en menores de edad.

¿Qué patrón narrativo hay en los recientes nombramientos del gobierno de De la Espriella?

Estos nombramientos, que recaen en personas que han sostenido posiciones explícitas contra distintos derechos y políticas relacionadas con género y la diversidad, coinciden también en marcos discursivos atravesados por convicciones religiosas. Para José Fernando Serrano, director del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, la preocupación no radica en que personas creyentes ocupen cargos públicos, algo propio del pluralismo democrático y de la laicidad del Estado, sino en que esas convicciones puedan influenciar las decisiones que toman en entidades públicas. “En este caso en particular, tenemos personas con experiencias de fe que quieren hacer de ella política pública, lo cual ya empieza a generar algo de ruido”, dice en entrevista con El Espectador.

(Lea aquí: ¿Ideología de género o educación sexual? La ofensiva que impulsa el gobierno De la Espriella)

Pero además, Serrano encuentra allí un hilo común entre estas figuras, por medio de ideas como la “familia tradicional”, la “protección de la niñez” y el supuesto “adoctrinamiento” en los colegios. Son nociones que, explica, son agrupadas bajo la llamada “ideología de género”, un término promovido desde el Vaticano que surgió en los años noventa, en medio de debates internacionales sobre feminismos, derechos sexuales y reproductivos y población LGBTIQ+. Pero que no tiene ningún sustento científico, académico o jurídico.

“Se acuñó en ese escenario por sectores supuestamente conservadores, pero es más complejo que esto; eran sectores que estaban en contra de estos temas, como el Vaticano, países islámicos y algunos países africanos, que se oponían a estos debates amplios. Y acuñaron ese término para empaquetar allí un montón de cosas que les generaban sospecha, inquietud o que consideraban precisamente en contra de una idea singular de familia, de sociedad o de una cierta idea de valores”, comenta.

El experto advierte que estas narrativas suelen seguir patrones reconocibles para ganar legitimidad y movilizar apoyos. Para que estas conversaciones se consoliden, recurren a elementos como la construcción de un pánico moral alrededor de aquello que se presenta como una amenaza para la familia, la niñez o determinados valores. Adicionalmente, ese discurso, puede presentarse como una propuesta aparentemente positiva, como “recuperar los valores”, pero que en el fondo está cargada de discriminación.

A esa mezcla se suma la construcción de un enemigo, incluso cuando el lenguaje no lo plantea de forma explícita. “Cuando hacemos este ejercicio de decir ‘es que nos quieren imponer’, estamos implícitamente construyendo esos enemigos, por eso son narrativas muy peligrosas en ese sentido”, afirma.

Otro ingrediente son las verdades incompletas que pueden convertirse en vehículos de desinformación. Y, finalmente, aparece la apelación a una idea tan amplia y compartida que resulta difícil controvertirla, como la protección de la niñez. “Esta idea de ‘vamos a proteger los niños’ acoge e invita a sectores de izquierda, a sectores de derecha a sectores que nunca se han sentido parte de ningún partido político, pero el llamado a vamos a proteger los niños, convoca un montón de cosas”, finaliza.

Aumento de violencia y barreras de acceso a derechos ya reconocidos: los riesgos que advierten las organizaciones sociales

El director de Caribe Afirmativo reconoce que existe una institucionalidad sólida que dificulta una regresión inmediata de derechos, además de una sociedad civil con capacidad de incidencia, a la que atribuye gran parte de los avances en materia de diversidad sexual, género y derechos reproductivos. Aun así, advierte que narrativas como la “batalla cultural” o la “agenda woke” pueden estigmatizar a los movimientos sociales y abrir nuevas ventanas de riesgo en un país donde ya persisten altos niveles de violencia y barreras para acceder a derechos.

Según la organización, entre 2024 y 2025 los asesinatos de personas LGBTIQ+ aumentaron un 64 % y el último año cerró con 270 casos. Las dificultades también están en materia de derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, un informe publicado este año por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres documentó que, pese a la despenalización del aborto, el 9,7 % de las mujeres acompañadas tuvo que desplazarse para acceder al servicio por falta de oferta, personal o medicamentos, y Bogotá recibió el 43,1 % de esos casos.

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Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, coincide en esta evaluación. Considera que estos discursos pueden deslegitimar las vivencias de las personas LGBTIQ+ y generar un entorno en el que otras personas se sientan autorizadas a reproducir actos de intolerancia y violencia. También expresa especial preocupación por la educación sexual integral ante la posible participación de organizaciones religiosas en los colegios. “Esa educación sexual tiene que ser universal, no puede ser basada en ciertos valores religiosos porque eso atenta contra la libertad de cultos que debe profesar el Estado”, dice a El Espectador.

A su juicio, parte del problema está en cómo los discursos sobre “ideología de género” tergiversan las demandas y experiencias de las personas sexodiversas “diciendo que nosotros queremos convertir o cambiar la orientación sexual o la identidad de género de los niños”, cuando, sostiene, lo que se busca es proteger a quienes son víctimas de violencia y discriminación por este motivo.

“Estamos de acuerdo con que [la educación sexual] se haga de acuerdo a la edad, de acuerdo a unas metodologías y a unas pedagogías adecuadas a cada ciclo vital. Pero no nos parece correcto que se quieran imponer unos valores religiosos que excluyen a una población”, subraya.

¿Qué debería preservar el nuevo Gobierno en materia de género y diversidad?

Más allá de los riesgos que identifican las fuentes consultadas, el antropólogo José Fernando Serrano insiste en que quienes asumieron estos cargos deberán gobernar dentro de un marco constitucional y responder a las deudas históricas del país en asuntos de género, entre ellos menciona las violencias basadas en género y la educación sexual integral.

“Si un chico tiene una pregunta sobre su sexualidad, no va a ir a la profesora o a la iglesia, va a ir a la red social, a ChatGPT o a la pornografía, que es donde puede encontrar respuestas a sus inquietudes sobre sexualidad. Entonces, ojo, esa es una responsabilidad histórica. Y, además, la violencia de género sigue estando presente y es sobre ese tipo de cosas que debemos de actuar. El silencio no permite actuar sobre eso. El silencio lo que hace es que legitima las violencias”, concluye.

Caribe Afirmativo plantea esa misma discusión desde la continuidad institucional. Para la organización, el nuevo Gobierno no parte de cero, sino que recibe políticas y compromisos que ya fueron construidos para garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+. Entre ellos están el CONPES 4147, el Sistema Nacional para la Garantía de Derechos de esta población, las rutas de atención frente a la violencia y los protocolos de inclusión en entidades públicas. También advierte sobre la necesidad de preservar los recursos y avances técnicos alcanzados, como la Guía de Práctica Clínica para la Afirmación de Género de Personas Trans.

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Cuando pensamos en las disputas políticas de nuestro tiempo solemos mirar las elecciones, las leyes, los discursos de los gobiernos o las decisiones de los tribunales. Mucho menos visible es otra disputa que también está ocurriendo: la que define qué puede conocer un Estado sobre la sociedad que gobierna. Qué información decide producir, qué poblaciones logra reconocer en sus sistemas, qué preguntas hace, cómo organiza sus registros, qué estadísticas publica y qué evidencia queda disponible para tomar decisiones parecen asuntos técnicos. Esas decisiones también determinan qué problemas podemos identificar, qué desigualdades podemos medir y qué realidades llegan a ser visibles para la acción pública.

Por eso, los datos también están en disputa.

Las discusiones recientes alrededor del género permiten verlo con especial claridad. En Estados Unidos, desde 2025, el gobierno federal adoptó una definición de sexo basada en categorías masculina y femenina y ordenó cambios en políticas, documentos y formularios oficiales. Entre otras medidas, dispuso que los formularios federales que solicitan información sobre sexo no incluyeran preguntas sobre identidad de género. Una discusión que podría parecer limitada al terreno de los valores o del lenguaje llegó también a la manera en que el Estado pregunta, registra y organiza información sobre su población.

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Argentina muestra otra dimensión. Desde la llegada de Javier Milei, el gobierno reorganizó o eliminó parte de la institucionalidad nacional que trabajaba específicamente en asuntos de género y contra la discriminación, incluido el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Eso no significa que Argentina haya dejado de producir estadísticas sobre estas poblaciones, ni que ambos casos sean equivalentes. Lo que sí muestra es que las capacidades institucionales construidas durante años pueden cambiar rápidamente cuando cambia la visión política de un gobierno.

Ahí aparece la pregunta que me interesa. Es normal que un nuevo gobierno modifique prioridades, políticas e instituciones. La pregunta es si debería poder reducir también la capacidad del Estado para conocer realidades que no encajan con su visión del mundo. ¿Qué ocurre cuando una disputa política empieza a determinar qué información se produce, qué fenómenos siguen siendo observables y qué evidencia queda disponible para que la sociedad evalúe lo que está ocurriendo?

El problema parece pequeño hasta que pensamos en sus consecuencias. Una persona trans sigue yendo al hospital, buscando empleo, estudiando, envejeciendo o enfrentando violencia aunque un sistema público no tenga información suficiente para reconocer esas experiencias. Las personas no desaparecen cuando el Estado deja de preguntarse por ellas. Lo que puede desaparecer es parte de nuestra capacidad para saber qué les está ocurriendo, identificar si enfrentan barreras distintas y determinar si las políticas que deberían protegerlas realmente están funcionando.

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Ahí aparece también una cuestión de justicia estadística: qué tan capaces son los sistemas del Estado de reconocer a las personas y de producir información que refleje la diversidad de la sociedad que buscan comprender. Esto importa porque los datos oficiales nunca son una fotografía perfecta de la sociedad. Producir información implica tomar decisiones: qué queremos conocer, qué preguntas hacemos, cómo organizamos los registros, qué diferencias necesitamos observar y qué resultados ponemos a disposición de la sociedad. Esas decisiones pueden y deben cambiar con el tiempo. Eso no significa que toda diferencia deba convertirse en una nueva variable ni que producir más datos sea siempre mejor. Significa que las instituciones públicas deberían conservar la capacidad de conocer una sociedad compleja incluso cuando parte de esa complejidad resulta incómoda políticamente.

Y esto va mucho más allá de las personas trans. La misma pregunta puede hacerse frente a la migración, la violencia, la pobreza, la discapacidad, las desigualdades raciales, el cambio climático o cualquier asunto en el que la evidencia entre en tensión con determinadas posiciones políticas. Los sistemas estadísticos necesitan revisarse. Una cosa es mejorar la manera en que conocemos un fenómeno y otra reducir nuestra capacidad de conocerlo porque preferimos que deje de formar parte de la conversación pública.

Colombia tiene aquí una oportunidad interesante. Con todas sus limitaciones, durante los últimos años distintas instituciones han ampliado la información disponible sobre diversidad sexual y de género, al mismo tiempo que el país ha avanzado en el reconocimiento jurídico de identidades trans y no binarias. Persisten vacíos importantes y nuestros sistemas no siempre conversan entre sí. Una misma persona puede ser reconocida por una institución y permanecer invisible para otra. Aun así, esos avances muestran que la infraestructura de conocimiento del Estado puede transformarse para representar mejor a la sociedad.

(Lea más: ¿Qué pasará con los derechos LGBTIQ+ en el gobierno de De la Espriella? Las primeras señales)

Podemos pensar los datos públicos como parte de una infraestructura democrática que debería ser suficientemente sólida para sobrevivir a los cambios de gobierno. No porque las estadísticas estén por encima de la política ni porque los expertos deban reemplazar la deliberación democrática, sino porque una sociedad necesita conservar cierta capacidad común para observarse, discutir sus problemas y evaluar las consecuencias de las decisiones de quienes gobiernan. La realidad del país no debería poder redefinirse completamente cada cuatro años en función de quién tenga el poder.

Eso también obliga a reconocer los límites de la producción de datos. La visibilidad puede proteger, pero también puede exponer. Recoger información sobre identidad de género, salud, origen étnico, discapacidad, migración u otras características sensibles exige propósitos claros, protección de la privacidad, seguridad y participación de las personas sobre quienes se produce esa información. Un Estado democrático no debería tener que escoger entre conocer mejor a su población y protegerla. El desafío es construir sistemas capaces de hacer ambas cosas.

Por eso la pregunta no es simplemente si necesitamos más datos. Es qué tipo de infraestructura pública de conocimiento queremos construir y para qué.

Colombia podría proponerse ser un referente regional en este terreno: desarrollar sistemas capaces de reconocer diferencias sin convertirlas en sospecha, producir información sin poner vidas en riesgo, permitir que investigadores, periodistas y organizaciones sociales evalúen lo que está ocurriendo, y ofrecer a quienes toman decisiones evidencia suficiente para identificar dónde persisten las desigualdades y si las políticas públicas están funcionando.

La evidencia, por supuesto, no gobierna sola. No decide qué valores debemos priorizar ni elimina los desacuerdos legítimos de una democracia. Pero sí puede ayudarnos a conocer las consecuencias de nuestras decisiones y a exigir que quienes gobiernan respondan por ellas. Si una política profundiza una desigualdad, necesitamos conservar la capacidad de saberlo. Si una población enfrenta mayores barreras, necesitamos poder identificarlas. Y si un gobierno decide ignorar determinada evidencia, la sociedad debería al menos conservar la capacidad institucional para producirla, discutirla y exigir explicaciones.

(Contexto: Así llega Colombia a las elecciones en temas de mujeres y LGBT: avances, violencias y vacíos)

Tal vez ahí esté una de las tareas democráticas menos visibles de nuestro tiempo: proteger la posibilidad de conocer una realidad que siempre será más compleja que la visión de cualquier gobierno.

Una democracia cuenta votos, sí. Pero también necesita instituciones capaces de contar, comprender y reconocer las vidas que existen detrás de ellos. Defender esa capacidad, con privacidad, participación y garantías, es también defender la democracia: garantizar que la capacidad de conocer la realidad del país no dependa únicamente de quien tenga temporalmente el poder de nombrarla.

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Bajo la premisa de una supuesta “estrategia woke”, -una expresión usada de manera despectiva para cuestionar agendas relacionadas con la igualdad- que busca instalar lo que denominan la “ideología de género” en los colegios del país, la ministra de Educación, Viviane Morales, aseguró que se puso en marcha un plan para “volver a los principios y valores” de la “patria milagro”. La línea dictaminada desde el gobierno de Abelardo de la Espriella da los primeros pasos en la implementación de un país que se inclina nuevamente hacia la derecha y que, en el camino, plantea preocupaciones por las garantías en materia de derechos de las mujeres, las niñas, los niños y la población LGBTIQ+.

El fantasma de la “ideología de género” se cuela nuevamente en el debate público, pero esta vez no desde las frases de campaña en las que De la Espriella decía que era enemigo de esta supuesta estrategia y se posicionaba en contra de que a “nuestros niños se les quiera condicionar y se les contamine para tratar de cambiar su visión sobre la sexualidad”.

Ahora, desde el poder, es Morales quien cumple con las órdenes del jefe de Estado y asegura que se va a “sacar la ideologización del país y a respetar el derecho de los padres en la educación”, ya que “ha habido una campaña que ha metido una cantidad de sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y de la educación de los hijos, especialmente en el programa de educación sexual integral”, dijo en una rueda de prensa.

(Lea aquí: Viviane Morales y la “ideología de género”: ¿por qué su llegada a Mineducación genera dudas?)

En paralelo a las declaraciones de la ministra, la opinión pública estaba debatiendo la decisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de excluir la palabra “niñas” del lenguaje institucional para referirse solo a “niños y adolescentes” o de pleno a la “niñez”, algo que generó controversia y fue anunciado por la directora elegida por la nueva administración: María Carolina Restrepo.

Con todas estas decisiones, surgen inquietudes a raíz de las declaraciones de Restrepo, de Morales y del primer decreto emitido por la ministra –en el que se permite que iglesias y colectividades religiosas den talleres pedagógicos a niños y niñas en la educación pública–. ¿A qué se refieren cuándo hablan de “ideología de género”?¿Qué significa la supuesta existencia de una “campaña woke” en los colegios?¿En qué consiste realmente la educación sexual integral para niñas, niños y adolescentes?

(Lea aquí: ¿Qué pasará con los derechos LGBTIQ+ en el gobierno de De la Espriella? Las primeras señales)

La “ideología de género”: una categoría creada para frenar los avances en derechos humanos

Lo cierto es que, al referirnos a este término, no se está haciendo alusión a una categoría científica, académica o jurídica. Las expertas consultadas aseguran que se trata de una categoría netamente política –principalmente utilizada por sectores de derecha y de ultraderecha– con el fin de generar miedo respecto a temas específicos relacionados con la educación sexual integral, los derechos sexuales y reproductivos, el matrimonio y la adopción igualitaria, entre otros asuntos vinculados con el avance en los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+.

“Es un artefacto político que se inventó y surgió a partir de los avances en términos de equidad de género y de derechos sexuales y reproductivos de la Convención Internacional de Población y Desarrollo en 1994 y después en Beijing sobre la mujer en 1995. Ahí empezó a surgir a partir del Vaticano –ni siquiera de la academia– ese concepto para deslegitimar los avances en equidad y en derechos humanos”, aseguró Mariana Sanz de Santamaría a El Espectador, abogada experta en género y en educación.

Además, Sanz explica que este término se usa como un aglutinante que construye una “amenaza inexistente”, la cual pone en riesgo valores familiares, un orden social específico, la moralidad pública según cierta ideología y cierta fe, para instaurar así un pánico moral alrededor de “temas como la educación sexual, avances en términos de reconocimiento de la comunidad LGTBIQ+, la despenalización del aborto, la Ley de Cuotas, etc”.

¿Cuáles son las consecuencias de promover este término? Según la experta, aunque “la ideología de género no existe” y funciona como “una gran cortina de humo para generar un pánico moral alrededor de unos avances en términos de equidad de género y derechos en general”, los impactos de esta narrativa sí se materializan y repercuten en la calidad y la veracidad de la información relacionada con estos temas.

“No hay posibilidad de ‘homosexualizar’ a las personas. Ninguna persona homosexual ni trans lo decidió ni tampoco se le impuso, no existe esa amenaza porque no es posible. El miedo de que todas las mujeres van a abortar por gusto y por deporte no es verdad, no existe ninguna organización, ningún movimiento que fomente que las mujeres aborten. Las mujeres siempre han abortado y siempre van a abortar porque por muchas razones no están ni en la capacidad ni en la voluntad, por lo que tampoco deberían ser obligadas a ser madres”, agrega Sanz.

En este sentido, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha calificado el uno del término “ideología de género” como una estrategia para difundir desinformación y reforzar prejuicios contra grupos históricamente discriminados.

La educación sexual integral: una herramienta para la prevención y el cuidado

En medio de un panorama en el que la información falsa muchas veces se toma la agenda, la educación sexual integral también se ha visto afectada. Según Alba Lucía Reyes, directora de la Fundación Sergio Urrego –creada a raíz del suicidio de su hijo de 16 años tras la persecución de la que fue víctima en su colegio por ser gay por parte de directivos– este tipo de narrativas debilitan una educación sexual que, de por sí, ya es precaria en los colegios y que, advierte, está muy en la línea de las estructuras patriarcales.

“La educación sexual en las familias en Colombia está muy arraigada al patriarcado, por eso es que hay tantas violencias ejercidas por adultos sobre los niños y las niñas. Aquí no se trata de ‘educarles para que sean LGBTIQ+’, aquí se trata de enseñarles, de acuerdo a su edad y a su desarrollo, sobre el cuidado de su cuerpo, el consentimiento y el respeto. Sobre las emociones que pueden pasar en su cabecita en sus edades cortas, en la prevención precisamente de este tipo de violencias, en la responsabilidad de poder vivir cada vida de manera independiente, libre, pero dentro del respeto”, precisa Reyes.

Las cifras sobre la implementación de la educación sexual en los colegios de Colombia indican que solo el 33 % cumple con los estándares mínimos de formación en derechos sexuales y reproductivos; solo el 19 % ha tenido formación en prevención del embarazo y tan solo el 15 % en prevención de VIH, según Mariana Sanz.

(Lea más: El 70% de docentes en Colombia no recibe formación en derechos sexuales y ESI)

Y es precisamente en este contexto en el que Reyes advierte de una fuga en el foco del problema, pues mientras se da el debate sobre la supuesta “ideología de género”, las condiciones educativas de niños, niñas y adolescentes en diferentes regiones del país carecen de garantías, especialmente para las niñas, adolescentes y otras personas que menstrúan, así como para quienes pertenecen a la población LGBTIQ+. “A mí me preocupa muchísimo que utilicemos una expresión que quiera hablar de todo, como la ‘ideología de género’. Sin embargo, en la educación no estamos haciendo nada real para poder avanzar, para poder prevenir”, puntualizó.

La normativa de la educación en Colombia: lo que indica y lo que prohíbe

De acuerdo con las expertas consultadas, hay directrices específicas que explican cuál es el camino a seguir en materia de educación e inclusión. Según Mariana Sanz de Santamaria, en este momento Colombia cuenta con la Ley General de Educación (115 de 1994) en la que se “habla de que la educación sexual hace parte fundamental del desarrollo de competencias básicas para la vida”. Y, a partir de ahí, ha habido un desarrollo curricular muy robusto.

“La ley 1620 de convivencia escolar habla sobre la importancia de que los colegios tengan protocolos y rutas de atención para temas de abuso sexual; la sentencia del caso de suicidio de Sergio Urrego en el 2015 donde la Corte Constitucional exhorta a los colegios a que sus manuales de convivencia no sean discriminatorios para la comunidad LGBTIQ+, sino que entiendan la diversidad como un valor humano; y tratados de las convenciones internacionales que hacen parte de todo nuestro marco legal que hablan sobre la importancia de que niños y niñas tengan herramientas para tomar decisiones sobre su cuerpo, y que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos”, puntualiza Sanz.

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Por esta misma razón, tanto Sanz como Reyes sostienen que hay un blindaje constitucional respecto a la garantía de estos derechos, pero que no deja de ser preocupante el accionar del nuevo gobierno. Asimismo, a esta problemática se van sumando acciones como la de dar la orden de no nombrar a niñas, niños y adolescentes en el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) sino remitirse a decir “niñez o niños”, algo que, según Reyes, anula “nuestra presencia y tanto mujeres como niñas debemos y merecemos ser nombradas”. Hasta el momento, la nueva administración lleva menos de un mes en el poder y las medidas que se tomarán desde el Ejecutivo apenas comienzan.

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La Defensoría del Pueblo pidió explicaciones al Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) sobre la instrucción en su Regional Huila de utilizar la expresión “niños y adolescentes”, sin incluir explícitamente a las niñas. La medida ha generado críticas, ante las cuales la directora general del ICBF, Carolina Restrepo Cañavera, ha afirmado que su propósito es “promover una comunicación institucional clara, incluyente y acorde con la naturaleza y la misión del instituto” y que el concepto de “niñez”, básicamente, reúne a todos los niños y todas las niñas de Colombia.

Frente a la situación, la Defensoría le solicitó brindar información sobre cuál es la directriz u orientación vigente en el ICBF respecto al uso de las expresiones “niñas”, “niños”, “adolescentes” y “niñez” en sus comunicaciones, documentos, piezas y otros contenidos institucionales. También le pidió precisar si tiene alcance nacional o regional, qué autoridad la impartió y la fecha de su adopción.

La entidad requirió copia de estas directrices, circulares, correos o cualquier otro medio por el cual se haya impartido la instrucción. Pero la solicitud clave que hizo fue la de informar sus fundamentos técnicos, jurídicos, de derechos humanos, de género y comunicativos. El ICBF, en suma, deberá precisar si se valoraron los posibles efectos de la instrucción no solo sobre la visibilización y el reconocimiento de las niñas, sino también sobre las afectaciones diferenciadas que ellas enfrentan.

“La información solicitada permitirá a la Defensoría del Pueblo conocer el alcance real de la orientación referida, establecer su correspondencia con los lineamientos nacionales del Instituto y valorar, desde una perspectiva de derechos humanos, su compatibilidad con las obligaciones constitucionales, legales e internacionales de garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, se lee en el documento firmado por la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

“Nombrarlas ayuda a identificar desigualdades”: esto dice la Defensoría

Para la Defensoría, esta discusión va más allá de la gramática o el estilo. Subrayó que buscar claridad, sencillez o eficiencia en las comunicaciones del ICBF no puede considerarse aislando sus obligaciones constitucionales de igualdad, no discriminación y reconocimiento de sujetos que, históricamente, han sido invisibilizados. “La economía del lenguaje no debería traducirse en una pérdida de reconocimiento cuando la diferenciación resulta relevante para garantizar derechos”, apuntó.

La Defensoría recordó que, en varias ocasiones, la Corte Constitucional ha reconocido que el lenguaje cumple funciones tanto instrumentales como simbólicas. Además, refleja y al mismo tiempo contribuye a construir realidades sociales, lo cual puede implicar bien sea un factor de inclusión o, por otro lado, de exclusión.

Puntualmente, desde la Sentencia C-804 de 2006, el alto tribunal cuestionó el uso del masculino como un referente universal, si trae como consecuencia la invisibilización de las mujeres. Luego, eso mismo fue reiterado en las sentencias C-001 de 2018, C-552 de 2019, C-154 de 2022 y T-250 de 2024, entre otras.

La entidad también trajo a colación el artículo 12 de la Ley 1098 de 2006, el cual señala expresamente que la perspectiva de género se debe tener en cuenta en todos los ámbitos en los que se desenvuelven los niños, las niñas y adolescentes, con el fin de alcanzar la igualdad. Ese planteamiento parte de la premisa de reconocer que las experiencias, riesgos y afectaciones durante la niñez y la adolescencia no son necesariamente iguales, además de que determinadas formas de violencia y discriminación afectan específica o desproporcionadamente a las niñas.

“Por ello, su reconocimiento expreso no constituye únicamente una cuestión de representación simbólica: tiene también una dimensión diagnóstica, programática y preventiva”, aseguró la Defensoría. “Si las niñas soportan patrones específicos o desproporcionados de violencia sexual, explotación, uniones tempranas, embarazo forzado o adolescente, trata y otras formas de violencia basada en género, nombrarlas y desagregar la información no es ornamental, pues ayuda a identificar esas desigualdades y caracterizar adecuadamente las violencias que enfrentan”.

La visibilización, según este órgano, también permite orientar políticas, programas e intervenciones, así como adoptar medidas de prevención y protección acordes con las necesidades de las niñas. A ojos de la Defensoría, una instrucción para prescindir de su mención expresa podría, dependiendo de su alcance y de los contextos en que se aplique, dificultar que se identifiquen y se comprendan adecuadamente estas formas específicas y desproporcionadas de violencia.

“La claridad, la economía o la eficiencia comunicativa pueden ser criterios legítimos de comunicación pública, pero no bastan, por sí solos, para justificar una decisión institucional que pueda reducir la visibilidad de sujetos cuya protección diferenciada está constitucional y legalmente exigida”, concluyó.

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La María Teresa Arizabaleta de 20 años, jovial y siempre crítica, había pasado toda su vida sin saber lo que era que una mujer pudiera votar, “yo anhelaba ver mi dedo marcado de rojo”, dice. Durante dos décadas, nunca conoció la posibilidad de entrar a una urna, una realidad que desde muy pequeña le generó muchas preguntas que sus padres no sabían cómo responder. En la sociedad colombiana de ese entonces, a las mujeres se les reservaba el lugar de madres, esposas e hijas, bajo la autoridad de los hombres de sus familias. En la suya no eran pocos, pues ella era la única mujer entre cinco hijos.

Hoy, a sus 92 años, cuando se cumplen 72 años de la aprobación del voto femenino en Colombia, le parece impensable una vida en la que las mujeres no participen en política. Por eso le sorprende que, en la actualidad, haya personas que propongan revocar ese derecho: “¡Ay, carajo! Que las mujeres deben darle una patada en el fondillo y mandarlos al diablo, que les pesen las tetas”, responde al escuchar la pregunta al otro lado de la línea.

La conversación se da en torno al movimiento “Repeal the 19th”, liderado por figuras religiosas, políticas y creadores de contenido de la extrema derecha en Estados Unidos, que argumentan que el voto de las mujeres no es necesario y que, por el contrario, habría causado problemas en el país. Impulsan el llamado “voto por familia” y estos discursos, difundidos en blogs, podcasts y videos en redes sociales, ya están siendo replicados en español en algunas partes de América Latina.

(Lea más: “Un voto por familia”: la propuesta que amenaza el sufragio femenino en EE. UU.)

Con la tenacidad que siempre la ha caracterizado, insiste en que es una propuesta que no tiene sentido y nunca lo tendrá. “La mujer tiene tanto derecho al voto como el hombre. Así como él desayuna, almuerza y come, y nosotras desayunamos, almorzamos y comemos, tenemos los mismos derechos que ellos. Así como ellos trabajan ocho o nueve horas, nosotras incluso trabajamos más. Tenemos los mismos derechos y por nada del mundo nos los vamos a dejar quitar”, afirma.

Lo que no le sorprende son los argumentos que promueve ese discurso. El “voto por familia” era la misma consigna que usaban los contradictores del sufragio femenino cuando ella era una adolescente y la calle era su lugar favorito para exponer sus ideas. “Lo que decían era que no era necesario que las mujeres votaran, porque el voto del hombre representaba las ideas de toda la familia y que con eso era suficiente, jajaja. ¿Te imaginás?”, cuenta con su indistinguible acento valluno entre risas, quizás con una risa cargada de sarcasmo. “Y yo decía: ‘No, no es cierto, porque mi papá piensa de una forma y mi mamá de otra’”.

Esa certeza no nació de repente. María Teresa llevaba años haciéndose preguntas. Algunas habían empezado cuando era apenas una niña, observando a su propia familia y tratando de entender por qué, si su mamá y su papá podían pensar distinto, uno de los dos tenía el derecho de decidir políticamente y la otra no. “Siempre que acompañábamos a mi papá a votar yo sentía una rabia porque mi mamá no podía votar. Un día llegué a meter el dedo de ella en la tinta roja y le dije: ‘Ya, ya votaste. ¿No? ¿Por qué no puedes votar?’. Y ninguno de los dos sabía cómo responder”.

Su mamá, María Helena Calderón, era líder de una organización de mujeres católicas. Su papá, Juan Demetrio Arizábaleta, había alcanzado el grado 33 de la masonería, uno de los máximos reconocimientos dentro de esta fraternidad, históricamente asociada con espacios de debate, sociabilidad y discusión de ideas. Fue él quien le enseñó a leer cuando ella tenía apenas tres años, relata. También fue, sin proponérselo, la primera persona que la acercó a conversaciones que terminarían despertando aún más su curiosidad. “Él se reunía con gente de la élite y yo escuchaba muchas de sus conversaciones. Todos me parecían muy inteligentes. Hoy no podría decir lo mismo de todos, jajaja. Pero en esos años yo escuchaba y después les hablaba de esas cosas a las niñas de mi colegio”, recuerda.

Entre esos dos mundos tan distintos, María Teresa empezó a formar el carácter crítico que la acompañaría por el resto de su vida. Aprendió muy temprano que las ideas podían discutirse y que también era posible rebatirlas. El problema era que, en la Colombia de los años cuarenta, una niña que hacía preguntas y contradecía a los demás no era bien visto. “Todos mis recreos los pasé castigada. Yo era una niña muy rebelde”, acota. Tenía apenas ocho años cuando entró al Gimnasio Femenino del Valle, que, pese a su nombre, era un colegio mixto en el que estudiaban tanto hombres como mujeres. Allí, conoció a quien también sería artífice de alimentar sus ideas: la directora, Matilde González, a quien todavía llama “la señorita Matilde”.

En uno de esos tantos recreos que pasó castigada, la dejaron junto a una ventana. Desde allí alcanzó a ver una reunión entre la directora, Esmeralda Arboleda y Alberto Lleras Camargo. Y, como era de esperarse por su personalidad, en lugar de conformarse con mirar desde afuera, quiso saber qué estaba ocurriendo al otro lado del cristal. “Yo quería estar ahí y escuchar, así que le pedí a la señorita Matilde que me dejara estar castigada en esa reunión y le prometí que me quedaba en silencio”. La directora accedió. Quedó completamente encantada al escuchar a la abogada Esmeralda Arboleda, quien iba todos los viernes a esa reunión.

“Yo llegaba del recreo y les daba cátedra a mis compañeras. ¿Qué les decía? Pues que nosotras teníamos que tener los mismos derechos que los hombres, que por qué no, que teníamos que hacer algo para que eso pasara algún día”, agrega.

Ella aprovechaba cualquier espacio para hablar con sus compañeras sobre los derechos de las mujeres. Y fue también en esos años de colegio cuando vivió una situación que terminaría marcándola. Una de sus compañeras, Lucero, fue sobreviviente de violación cometida por un odontólogo, un hombre mayor. Cuando se enteraron de que estaba embarazada, las familias de sus compañeras obligaron a sus hijas a alejarse de ella porque la consideraban una “mala influencia”.

María Teresa no lo hizo. Siguió siendo su amiga. “Ella tuvo que cargar con todo eso cuando tenía qué, como unos 12 años, mientras que el infame siguió su vida como si nada”, asegura. Para ella, la injusticia no estaba en Lucero, sino en una sociedad que terminó castigando y aislando a una niña por la violencia que había sufrido, mientras el hombre que la violentó continuó con su vida.

Con los años, esas preguntas y experiencias fueron dando más forma y fuerza, hasta que empezó a reconocerse como feminista. A sus 92 años -“bien vividos”, aclara- ya no recuerda exactamente cuándo se vinculó formalmente al movimiento sufragista. Lo que sí queda en su memoria es que, después de conocer a Esmeralda Arboleda, comenzó a viajar con ella para dar charlas sobre los derechos y la educación de las mujeres. Cuando empezaron las conversaciones en el Congreso, también se encargó de recoger firmas y participó en distintas manifestaciones.

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“Siempre fui rebelde y estaba convencida. Para mí, que pudiéramos votar era un recreo”, dice. Pero el camino hacia el sufragio estuvo lejos de ser un juego o fácil. Quienes se oponían a la causa las llamaban “malas mujeres”, “políticos con falda” o “mujeres desviadas”. En ocasiones, los ataques pasaban de las palabras a la violencia física.

Ella misma lo vivió cerca de La Merced. “Un hombre me pegó y me dio patadas y puñetazos. Me dijo que era muy feo que yo estuviera diciendo que las mujeres debían votar, que eso era muy feo. Y me pegó. Me dio puntapiés, me dio una patada en la cara”. Hace una pequeña pausa antes de volver sobre ese episodio y dice: “Para mí fue muy duro crecer, porque crecí con todas las contradicciones de la sociedad”.

Fue a sus 20 años cuando recibió la llamada que, de alguna manera, llevaba casi una década esperando desde aquellos días en que, castigada junto a una ventana del colegio, intentaba escuchar las conversaciones entre quienes hablaban del futuro del país. Al otro lado de la línea estaba Esmeralda Arboleda con la noticia: el 25 de agosto de 1954, el Congreso de la República había aprobado el derecho al voto de las mujeres en Colombia. “Yo estaba muy ansiosa y muy emocionada”, cuenta.

La aprobación, que quedó formalizada con la reforma constitucional del 27 de agosto de ese año, era apenas el comienzo. María Teresa todavía tenía que esperar, pues con 20 años no había alcanzado la mayoría de edad, que entonces se cumplía a los 21. Pero tres años después llegó el tan anhelado momento. El 1 de diciembre de 1957, las mujeres colombianas votaron por primera vez y María Teresa, que durante años había dicho que soñaba con ver su dedo marcado de rojo -la tinta utilizada entonces para identificar a quienes ya habían votado-, finalmente pudo hacerlo junto a su madre.

La jornada también dejó al descubierto que, aunque el movimiento sufragista estaba representado públicamente por un grupo reducido de mujeres que participaban de manera visible en los debates, 1.835.255 mujeres acudieron a votar en el plebiscito en el que se aprobó el Acuerdo del Frente Nacional. La participación mostró que el deseo de intervenir en las decisiones del país no pertenecía únicamente a quienes habían encabezado públicamente la lucha.

Sin embargo, la memoria histórica reconoce a Josefina Valencia de Hubach, Lucila Rubio, Bertha Hernández, Ofelia Uribe, María Teresa Arizabaleta, Rosita Turizo, Mercedes Abadía, María Currea y Esmeralda Arboleda como algunas de las mujeres que abrieron camino y lucharon sin cansancio. Décadas después, su papel fue reconocido a través de la Ley 2463, que adiciona y modifica la Ley 2412 de 2024. La norma contempla actos conmemorativos, esculturas y otras obras artísticas, además de espacios académicos y culturales para preservar la memoria del movimiento.

María Teresa es hoy la única sufragista que sigue viva para contar esa historia y dar fe de una lucha que, para ella, no terminó con la conquista del voto. Siguió participando en manifestaciones y cuestionando las decisiones políticas del país. En 1973, por ejemplo, viajó de Cali a Bogotá para protestar junto a otras mujeres contra la repartición del poder entre liberales y conservadores que, a su juicio, se había convertido en una democracia fallida. Incluso, continúo con la costumbre de llevar la política a su casa. “Me enamoré de un godo muy godo, Daniel. Teníamos un jeep y mientras él sacaba una bandera azul por una de las ventanas, yo sacaba mi bandera roja. Siempre me respetó, siempre respetó mis luchas”, recuerda.

Después vendrían muchas otras primeras veces. Fue la primera mujer embarazada en estudiar en la Universidad del Valle y la primera profesora de matemáticas de la misma institución. También fue senadora, participó en la creación de las comisarías de familia, fue la primera mujer candidata a la Alcaldía de Cali y la primera directora de Planeación Municipal. Entre otros logros.

A sus 92 años, María Teresa reconoce en su propia historia una misma obstinación: no quedarse quieta cuando algo le parecía injusto y no tener miedo. Esa obstinación la llevó a discutir, a marchar, a estudiar, a hacer política y a ocupar lugares donde antes no había mujeres. También le trajo insultos, escupitajos y golpes. Pero nunca consiguieron callarla. Eso sí, nunca imaginó que viviría lo suficiente para ver cómo, décadas después de aquella lucha, el voto de las mujeres volvía a ser cuestionado en alguna parte del mundo. Pero así fue. Y para las mujeres feministas que hoy defienden ese y otros derechos, tiene un mensaje claro e irreverente: “Que les pesen las tetas, ole, que no se dejen quitar nuestros derechos”.

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Atender a damnificados, liderar ayudas humanitarias y acompañar causas sociales ha sido, históricamente, parte de esa “noble tradición” de las primeras damas. O, por lo menos, así lo describió la Corte Constitucional en los años noventa. Una lógica que en Colombia terminó por institucionalizarse alrededor de las esposas de los mandatarios. Al final, a ellas también se les ha asignado históricamente el papel de cuidar, atender y acompañar. Un trabajo que durante siglos ha recaído sobre las mujeres y que el feminismo ha puesto bajo la lupa por las desigualdades que esa distribución ha dejado.

Se ha visto en múltiples ocasiones. Mientras el expresidente Juan Manuel Santos avanzaba con la implementación del Acuerdo de Paz, María Clemencia Rodríguez, conocida como Tutina, acompañaba esa misma agenda desde un lugar mucho más simbólico. En 2017 envió a distintas personalidades regalos con la frase “en nuestras manos está reconciliarnos”, acompañados de un esmalte de uñas color “reconciliadora”, lanzado como parte de una campaña de Masglo. Esto es apenas una pequeña muestra de las muchas gestiones que realizó durante esos ocho años, casi siempre alrededor de asuntos similares: ayudas a damnificados por emergencias climáticas, regalos de Navidad en algunas bases de las Fuerzas Armadas y su participación como una de las principales voces de las estrategias de atención integral a la primera infancia.

Ese vínculo entre las primeras damas y las labores simbólicas de contención y cuidado viene de mucho antes. Fue en 1934, con María Michelsen Lombana, esposa del entonces presidente Alfonso López Pumarejo, cuando se estrenó en el país la figura de la primera dama de la Nación. Desde entonces, quienes han ocupado este rol han concentrado buena parte de su agenda en asuntos ligados al cuidado, especialmente, en los temas relacionados con la infancia, las mujeres, la familia, la salud, la educación o la atención de poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Y quizá uno de los ejemplos más claros está en el nacimiento de una de las principales instituciones de cuidado y protección de niñas, niños y adolescentes en Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Fue Cecilia de la Fuente, esposa del entonces presidente Carlos Lleras Restrepo, quien, en medio de su agenda como primera dama, impulsó la Ley 75 de 1968, conocida como “Ley Cecilia”, que, tras ser sancionada, dio paso a la creación del instituto.

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Este patrón volvió a aparecer durante los primeros tres días del gobierno de Abelardo de la Espriella, tras el terremoto del 10 de agosto que dejó graves afectaciones en Risaralda, Valle del Cauca, Chocó y Caldas. En medio de la emergencia, Ana Lucía Pineda, primera dama, asumió un papel visible en la movilización de ayudas humanitarias, acompañada por las llamadas “Tigresas de la Patria”.

Una de las principales iniciativas ha sido la campaña “Colombia, un solo corazón”, activada para coordinar la recolección, el transporte y la entrega de donaciones. En ella han participado entidades como el Banco de Alimentos, la Fundación Minuto de Dios, empresas privadas y otras organizaciones que han aportado productos, transporte y capacidades logísticas para atender las necesidades básicas de las zonas afectadas. Pineda ha sido tan visible que el mandatario le agradeció públicamente durante su primera alocución presidencial, el pasado 17 de agosto: “Gracias, gracias por tanto, vida mía”.

Pero si atender una emergencia y movilizar ayudas es un asunto público, ¿por qué la mayor parte de ese trabajo termina asociado a la esposa del presidente? Las primeras damas han ocupado ese lugar desde la creación del rol. Y esa tradición también habla sobre cómo el cuidado ha quedado, una y otra vez, en manos de las mujeres.

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Primeras damas: ¿por qué el cuidado sigue siendo “cosa de mujeres”?

Más que evaluar su gestión en medio de una emergencia humanitaria, Viviana Vargas Vives, activista, feminista y defensora de derechos humanos, señala que este accionar no es nuevo y responde a una asociación histórica entre las mujeres y las labores de cuidado. “Aunque en Colombia hemos tenido ejemplos de primeras damas que recientemente han ejercido roles distintos y se han querido desmarcar también de ese concepto, la realidad es que el lugar de la primera dama desde siempre, ha estado en todo aquello que se asocia a labores propias de la maternidad”, dice a El Espectador.

Desde los estudios de género, a esto se le ha llamado “maternalismo”. Es decir, la idea de que cuidar, proteger, acompañar, alimentar o educar son cualidades supuestamente “naturales” en las mujeres. Y que, cuando ellas están expuestas a la vida pública, esas tareas pueden extenderse también hacia la sociedad, como una especie de “vocación maternal”. De hecho, las cifras muestran que esa asociación también se mantiene entre mujeres que no ocupan espacios de poder: según la OIT, el 72 % de las personas dedicadas al cuidado comunitario en Colombia son mujeres, en su mayoría sin remuneración ni protección laboral.

“Hemos tenido mujeres liderando entidades, liderando carteras, en roles directivos, pero es que aquí no solamente entra a jugar el factor de la mujer, sino el factor de la esposa. Porque el rol de la esposa es un rol que, cuando concierne a la primera dama, pesa más que su condición de ser mujer, su condición de ser profesional, su condición de tener otras capacidades, y por ser precisamente una persona que no está ahí por sus capacidades, sino por ser la esposa”, agrega Vargas.

La Corte Constitucional terminó por delimitar ese papel en 1993, a partir de la revisión de las funciones que históricamente habían asumido las primeras damas en la junta directiva del ICBF. Señaló que no son servidoras públicas, sino ciudadanas particulares frente a la administración, sin sueldo ni presupuesto propio, y que su papel es principalmente protocolario y de acompañamiento al jefe de Estado. Aun así, la Corte reconoció que podían mantener esa “noble tradición” de tener iniciativa en asuntos de asistencia social y beneficencia pública.

La pregunta, entonces, no es solo por qué las primeras damas terminan ocupándose del cuidado. También qué lugar ocupan esas tareas dentro del poder. Históricamente, mientras la seguridad, la economía o la defensa han sido presentadas como asuntos estratégicos, la atención a la infancia, la asistencia humanitaria y el cuidado han quedado con frecuencia en un terreno asociado a la sensibilidad, la caridad o la “vocación femenina”.

Para Vargas, que estas labores hayan quedado históricamente relegadas a ellas también habla del lugar que los gobiernos les han dado a los asuntos humanitarios. “Eso lo que nos demuestra es que siempre han sido un asunto de menor prioridad o de ninguna prioridad”. Y agrega que esto puede verse incluso en figuras políticas de corrientes muy distintas, donde persiste una aspiración a representar el poder de forma “hipermasculinizada”.

La fuerza, las decisiones estratégicas y asuntos como la seguridad, la defensa, la economía o la infraestructura siguen apareciendo como terrenos donde estas figuras ponen a prueba su capacidad de mando. “El lugar de sus esposas es en aquello que para ellos no es prioritario, en aquello que para ellos no es un asunto estratégico, donde puedan poner a prueba su poder masculino”, afirma.

Por su parte, Li Cuéllar, profesional en historia, codirectore y cofundadore de Sentiido, coincide en que en América Latina los principios cristianos han influido en la forma de entender la familia heterosexual, especialmente en las expectativas sobre el papel de la madre y sobre lo que significa “ser mujer”. Aun así, se distancia de la idea de reducir a las primeras damas a meros adornos. “No son solamente protocolarias, sino que toman banderas. Creo que se puede ver desde diferentes perspectivas políticas. Por ejemplo, Cristina Fernández es el mejor ejemplo de eso, de cómo ella tuvo un papel súper importante y llegó a la Presidencia de manera contundente”, asegura en conversación con este diario.

Cuéllar se refiere al caso argentino. Cristina Fernández fue la pareja sentimental de Néstor Kirchner durante su presidencia. Al terminar ese mandato, en 2007, fue elegida presidenta de Argentina. Se convirtió así en la primera mujer en llegar al cargo por elección popular y la segunda en ejercerlo. Finalmente, gobernó durante dos periodos consecutivos.

Por eso, se distancia de aquella imagen de la primera dama como una figura principalmente protocolaria, anfitriona de la casa presidencial o acompañante en viajes diplomáticos. Y vuelve al ejemplo del ICBF: “Pues uno dice, ay sí, pues la niñez, esa labor como tan noble, pero finalmente esta señora terminó empujando la creación de una institución que, con todos los problemas que tiene, se encarga de salvaguardar los derechos de la niñez”, dice.

Aun reconociendo esa capacidad de incidencia, Cuéllar pone la atención en que cuidar también implica decidir a quién se cuida. Para explicarlo, recuerda el caso de Diana de Gales. Aunque ocupó un lugar distinto al de las esposas presidenciales, su figura mostró que incluso las causas humanitarias están atravesadas por expectativas sobre qué personas se consideran dignas de recibir cuidado y atención. En medio del fuerte estigma alrededor del VIH, la princesa de Gales desafió parte de esos límites al acercarse públicamente a personas que vivían con el virus.

“Ellas tienen un poder en el Ejecutivo muy importante, por eso, si van a mover agendas, hay que preguntarles esas agendas a quiénes incluyen. ¿Qué incluye ese cuidado? ¿A quiénes va a incluir? Creo que la pregunta más importante para mí en este momento es: ¿qué infancias va a cuidar y a qué infancias va a dejar por fuera? ¿A qué mujeres va a cuidar y a qué mujeres va a dejar por fuera?”. Cuéllar afirma que en el actual gobierno se promueve una idea de protección basada en valores cristianos que, a su juicio, deja por fuera a determinados grupos de la población.

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Frente a las ayudas humanitarias que se están movilizando tras el terremoto, las expertas coinciden en que estas deben ir acompañadas de veeduría, criterios técnicos y transparencia sobre el uso de los recursos. También señalan que la distribución debe tener en cuenta las desigualdades previas de los territorios afectados y que el control político no debería empezar al final, sino desde el mismo momento en que se toman las decisiones.

Para cerrar, Vargas insiste en que la discusión de fondo está en cómo se distribuyen ciertas tareas dentro del poder, algo que, a su juicio, puede reforzarse en el actual gobierno. Sin cuestionar por ahora la gestión de Pineda, considera que su papel puede terminar concentrándose en las labores asociadas con la sensibilidad y el cuidado, para reforzar el lado más humano del presidente.

“Eso va a terminar agudizando obviamente otro tipo de prejuicios alrededor de las mujeres. Nuevamente nos va a volver a hacer pensar que la fuerza, la administración más seria, es un asunto de los hombres y todo lo que indique caridad, sensibilidad y cuidado vulnerable es un asunto de las mujeres, sin ni siquiera evaluar capacidades, sin ni siquiera evaluar habilidades, sin ni siquiera evaluar cualificación”, concluye.

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Sentir que el piso se sigue moviendo, tener la sensación de que en cualquier momento hay que salir corriendo, sentirse perdido y en constante alerta, hasta el punto de que es difícil dormir, son reacciones psicológicas normales después de vivir un terremoto. Pero, para muchas mujeres, los efectos en su salud mental son diferentes y tienen más que ver con sus labores de cuidado y con lo expuestas que están a sufrir violencias basadas en género, incluso en medio de un desastre natural..

Luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, miles de personas quedaron damnificadas. Muchas han tenido que atravesar el duelo por la pérdida de sus seres queridos, mientras otras perdieron sus hogares, negocios y proyectos en cuestión de segundos. Esto ha resultado aún más impactante en territorios como Buenaventura, que, antes de la emergencia, ya enfrentaba un contexto de pobreza y violencia que ahora puede agravarse en medio de este hecho.

Las mujeres son uno de los grupos que pueden verse más afectadas durante una emergencia, no solo por los factores de género, sino también por los roles de cuidado que históricamente se les han asignado. En ese sentido, según Liz Arévalo, directora de la Corporación Vínculos, los desastres naturales no ocurren en contextos neutrales: las desigualdades y vulnerabilidades que ya enfrentaban muchas mujeres pueden profundizarse y precarizarse aún más.

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Mujeres que quedan solas y sin vivienda, niñas que pierden a familiares o mujeres jóvenes que deben hacerse cargo de sus hermanos, de otros miembros de su familia e incluso de adultos mayores son algunos de los escenarios que pueden presentarse, pues el rol de cuidadoras continúa recayendo de manera desproporcionada sobre ellas.

En Buenaventura, la pobreza —con un Índice de Pobreza Multidimensional del 66 %, frente al 49 % nacional— se suma a estas condiciones y al conflicto armado, que entre 2017 y 2022 dejó a las mujeres como el 86,7 % de las víctimas de violencia intrafamiliar en el distrito, según cifras de Pares y CODHES. Con el terremoto, que dejó 16 muertos en el territorio, más de 250 heridos y 540 hogares afectados, el riesgo podría ser inminente.

“Todas estas vulnerabilidades pueden colocarlas en una condición aún mayor de riesgo frente a los actores armados que siguen presentes, y frente a una situación en la que no tendrán las mismas herramientas y habilidades que los hombres para buscar ayuda. Sí hay. un poder dado por las armas y por la violencia, esto también puede incrementar los riesgos para ellas”, afirmó Arévalo.

Este es el caso de Aura María Núñez Castillo, una mujer de 49 años que tuvo que ver cómo su casa se derrumbaba encima de ella durante el terremoto que “nunca vio venir” y que, además, le arrebató la posibilidad de seguir con su emprendimiento de helados, al destruir toda su cocina y sus pertenencias.

Su casa, como muchas otras del sector Pampalinda, en Calle Larga, estaba hecha de madera de palafito y había sido construida por sus propios dueños. Estas viviendas no son resistentes ante fuertes terremotos como este y también representan el esfuerzo de cientos de familias que las levantan para convertirlas en el hogar que esperaban habitar toda la vida.

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Aura vivía con su pareja, sus dos hijos, de 29 y 23 años, y sus nietos, de 12 y 3 años. Ninguno resultó herido por el derrumbe, gracias a que no se encontraban en la casa. La única que estaba allí en ese momento era ella, completamente sola.

“La casa prácticamente se me cayó encima”, relata entre risas, mientras dice que, si no le saca algo de humor al tema, se derrumba.

Actualmente, se está quedando en la casa de una vecina, quien le dio posada y además está guardando las pertenencias de otras familias que lograron sacar algunas cosas entre los escombros. Aura describe la situación con incomodidad: le da pena cocinar y estar en la casa, así que pasa los días entre lo que queda de su hogar, por si “pasa alguna ayuda”. Mientras tanto, es ella quien está asumiendo la principal responsabilidad de solucionar esta crisis. Incluso ya está buscando materiales para construir una nueva casa.

“Pero ¿qué hace uno? Seguir adelante. Porque sentarse a llorar tampoco sirve. Con llorar uno no va a hacer nada”, dijo Aura.

Para Ludivia Serrato, investigadora social, los desastres naturales pueden afectar de manera diferencial a las mujeres y tener un impacto particular en su salud mental, ya que sus efectos no se producen en un contexto neutral, sino en uno marcado por desigualdades de género, inequidades y cargas de cuidado que ya estaban presentes desde antes.

“Ante un mismo hecho, mujeres y hombres pueden enfrentar de manera diferencial los recursos, los riesgos y las posibilidades de recuperación. En el caso de las mujeres, estos desastres pueden intensificar cargas de cuidado que ya estaban distribuidas de manera desigual antes del desastre”, explicó la investigadora.

Aura relata que las viviendas de su comunidad están ubicadas en terrenos ganados al mar, conocidos como zonas de bajamar, donde, asegura, han tenido que enfrentar numerosas dificultades a lo largo de los años.

“Nos ha tocado muy duro. Somos personas que llevamos toda una trayectoria de lucha y de dificultades”, cuenta.

Dice que, aunque las adversidades no siempre logran derrumbarlos por completo porque están acostumbrados a sobreponerse, perder la vivienda sí representa un golpe especialmente duro.

“La casa sí duele”, afirma, al explicar que construirla implica un gran esfuerzo económico y que, además, el precio de la madera se ha disparado. “Hay gente que dice que es mejor construir una casa de material que una de madera, pero la madera está súper cara”, relata.

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A esto se suma que, por el desastre, Aura y su familia han tenido que estar separados. En la casa de su vecina no caben todos y ella teme por los dos menores de edad, que podrían estar en contacto con los escombros. Aunque sus hijos ya son mayores, la preocupación no termina. Pasaron de vivir todos juntos en su casa a estar repartidos entre las viviendas de amistades y conocidos.

“Por eso les digo a los muchachos: ‘No, quédense allá, quédense allá hasta más adelante’. ¿Cómo hago? Yo quiero conseguir esto lo más pronto posible porque no voy a estar esperando. Yo no voy a negar que, si me dan una ayuda, la recibo con todo el amor del mundo. Pero yo estoy moviendo todo, estoy buscando mi madera”, relata.

Serrato explica que las mujeres también tienen un papel diferencial frente al cuidado y la respuesta ante la vulnerabilidad, porque son quienes suelen organizarse rápidamente para atender, cuidar y sostener a sus comunidades. Estas formas de resistencia y afrontamiento que se crean también generan prácticas que las mujeres van construyendo en medio de estas situaciones.

“Estas pueden contribuir a la salud mental y, al mismo tiempo, fortalecer otro tipo de capacidades, saberes, agencias y recursos comunitarios que tienen las personas para enfrentar este tipo de hechos”, afirmó la experta.

Arévalo explica que, ante la pérdida de un ser querido o la separación de sus familiares, muchas mujeres tienden a asumir una carga de culpa y a cuestionarse si pudieron haber hecho algo para evitarlo. “¿Yo cómo no lo cuidé?” o “¿Por qué no me morí yo en lugar de él?” son algunas de las preguntas que pueden surgir, especialmente durante los primeros días, que suelen ser los más difíciles, y pueden afectar su salud mental.

A esto se suma que, mientras intentan resolver las necesidades más básicas —conseguir una casa, una cama, un lugar donde dormir, agua y alimentación—, también deben comenzar a enfrentar el duelo y procesar las pérdidas. Esto supone una mayor carga mental para las mujeres, quienes, tras el shock inicial, deben entrar rápidamente en “modo supervivencia” para resolver necesidades básicas como la alimentación, la vivienda y el cuidado de sus familias. Esta presión puede aumentar el estrés, la ansiedad, la impotencia y el desasosiego, e incluso provocar crisis emocionales, disociación, desorientación y dificultad para procesar lo ocurrido mientras intentan atender múltiples necesidades al mismo tiempo.

Aura es, además, víctima del conflicto armado en Colombia. Su esposo fue secuestrado por grupos armados al margen de la ley y, desde entonces, tuvo que desplazarse del corregimiento de Puerto Merizal, en el río Naya, cerca de Buenaventura. Su historia, rodeada de violencia y dificultades, que cuenta incluso entre risas, es también la de miles de personas en Colombia que hoy enfrentan esta catástrofe.

Una emergencia que llega en medio de la precarización y la necesidad, y que vuelve a poner frente al país a comunidades que llevan años sobreviviendo, pero que ahora han perdido aquello por lo que tanto trabajaron y que representaba la esperanza de una vida mejor. En Buenaventura, sus habitantes piden ser visibles y atendidos por un país que, durante demasiado tiempo, les ha dado la espalda.

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Como Aura, hay cientos de mujeres que hoy cargan no solo con la responsabilidad de reconstruir sus hogares, cuidar a sus familiares y recuperar lo que destruyó el terremoto, sino también con el dolor de haber perdido a seres queridos. Aun en medio del duelo, muchas tienen que levantarse y comenzar a reconstruir. Por eso, su salud mental también debe ser una prioridad en medio de la emergencia: atender las heridas que no se ven es tan necesario como reconstruir las viviendas y las condiciones materiales necesarias para recuperar una vida digna.

“La gente aquí está en modo supervivencia. Realmente estamos viviendo el día a día. Si hoy hubo, bien; si no, pues igual. Acá somos madres cabeza de hogar. Por lo menos, mi pareja no es el papá de mis hijos. Yo crié a mis hijos sola. Entonces me ha tocado a mí sola. Y estamos aquí, para adelante. Que lo tengan en cuenta”, afirmó Aura María Núñez.

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Un video de apenas 48 segundos fue suficiente para que la nueva directora del ICBF, María Carolina Restrepo, se viera envuelta en una polémica a menos de un mes de asumir el cargo. El clip muestra el momento en que Restrepo, con tono de rechazo e indignación, cuestiona varios dibujos y frases plasmadas en un mural ubicado cerca del despacho de la sede central de la entidad, en Bogotá.

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“Cómo usan a los niños. Esto es absolutamente abusivo. Un niño qué va a saber, dizque de resistencia chiquita. ¡Qué es eso! ¿Cómo pueden usarlos? Miserables. Cuando lo que tienen es que jugar», se escucha reclamar a Restrepo, mientras una persona con un teléfono hace zoom a la frase «Aquí estuvo recistencia (sic) chiquita" y señala una gráfica en particular.

La controversia generó cuestionamientos inmediatos, empezando por los de la exdirectora del instituto Astrid Cáceres, quien a través de sus redes sociales explicó que la frase alude a un colectivo de niñas en Bogotá, que buscaba prevenir las violencias contra la infancia a través del arte. Según la exfuncionaria, en 2023 las integrantes de la agrupación visitaron la sede en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Niña.

En diálogo con este diario, Cáceres detalló que durante esa jornada no solo se reconoció la incidencia social del grupo, sino que las niñas participaron en una muestra cultural. “Ese fue el mensaje que ellas quisieron dejar en un muro con tiza. Formaba parte de un espacio en el que también había una biblioteca y material de juego para las niñas y niños que llegaban o para los hijos de los funcionarios”.

Al ser indagada por el símbolo al que se hace énfasis en el video —que para algunos sectores evoca la hoz y el martillo vinculados al comunismo—, la exdirectora respondió que se trata de un “garabato”. “Nunca vi ese escenario. Depende mucho de lo que uno quiera ver, pero detrás de esto hay una satanización de las palabras lucha o resistencia para ligarlas con una ideología”, sentenció Cáceres.

La historia de Resistencia Chiquita

Al otro lado de la línea, Antonia, hoy de 16 años, atiende la llamada junto a su madre, Ana Estibaliz. La joven es la fundadora del colectivo social Resistencia Chiquita, cuya labor tuvo incidencia en zona rural, en la localidad de Santa Fe.

Antes de conocer su historia, Antonia recuerda que hace tres años, junto a sus compañeras, la invitaron al ICBF para presentar la obra Niña Salvaje, ganadora en 2023 del Programa Distrital de Estímulos de la Secretaría de Cultura. Ese día recorrieron las instalaciones e intervinieron el muro que hoy causa discordia. “La más chiquita del grupo fue quien lo escribió sin segunda intención. Es muy irónico que ahora nos digan que es una instrumentalización política”. Por eso, dice sentirse indignada y molesta.

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“Fueron palabras ofensivas y despectivas. Me sorprendió que ni siquiera buscara en Google qué quería decir esa frase. Y más increíble que ella, como directora, no tenga conocimiento previo de las experiencias que se tuvieron dentro de la institución”, reclama. Un episodio que también puede leerse como otro costo ante el accidentado proceso de empalme entre la administración saliente y la entrante.

La historia de Resistencia Chiquita se remonta a 2016, cuando a Antonia le faltaban 20 días para cumplir 7 años. Lo recuerda con tanta claridad, porque ese fue el punto de quiebre para su activismo en la defensa de los derechos de las niñas a una vida libre de violencias: en las noticias se estaba hablando del feminicidio de la pequeña Yuliana Andrea Samboní. Con inocencia, le preguntó a su mamá si eso mismo le iba a pasar cuando cumpliera 7 años y Ana respondió con una mezcla de dolor y sinceridad que eso podía pasar en cualquier momento de la vida, solo por el hecho de ser mujer.

“Ahí decidí que no me iba a quedar quieta ni callada y que, si alguien debía defender los derechos de las niñas, teníamos que ser las mismas niñas”, rememora. Con el ejemplo de su madre —activista, feminista y gestora cultural—, empezó a asistir a plantones. Allí conoció a Isabella (hija de una de las amigas de su mamá) y juntas crearon el colectivo. Entre marchas y arengas se bautizaron Resistencia Chiquita, “porque los cuerpos pequeños que habitamos son capaces de contener la inmensidad de nuestra lucha”, explica.

Con los cambios y la llegada a una vereda en zona rural de la localidad de Santa Fe, fue la oportunidad para Antonia e Isabella de reconocer e incidir en la prevención de las violencias contra las niñas, combinando el arte y el activismo, para mostrarles un futuro diferente, ante problemáticas recurrentes como embarazo adolescente o matrimonios infantiles. “Queríamos reflexionar sobre qué y cómo identificar las violencias de género”, sostiene.

Sin embargo, en 2024, tuvo que hacer una pausa obligatoria de su colectivo. La labor de su mamá empezó a incomodar y tuvieron que salir juntas de su hogar, producto de amenazas. El momento más crítico ocurrió el 24 de julio de ese año, cuando al regresar a su vivienda hallaron a dos de sus mascotas muertas de manera violenta.

Aunque Ana interpuso la denuncia ante la Fiscalía, señala que no recibieron esquemas de protección con el argumento de que el predio carecía de nomenclatura formal y no había un sospechoso individualizado. “Nos tocó irnos prácticamente con lo que llevábamos puesto”.

Aun así, no cesaron los hostigamientos. Cuenta que en el lugar donde se estaba hospedando, lejos de su hija, hombres armados dispararon contra el inmueble. Por fortuna, nadie salió herido. “Para algunas personas no era muy conveniente que se generaran cambios estructurales. Allá hay personas muy mayores metiéndose con niñas de 13 años. Entonces, que la directora del ICBF cuestione el mural es también una forma de revictimizar a las niñas que nos vieron y se atrevieron a hablar”, indicó Ana.

Hasta finales del año pasado, contaron con un apoyo temporal de la Secretaría de Gobierno para su reubicación, pero no tienen esquema de protección y la denuncia en Fiscalía parece no avanzar.

La niñez y el activismo

La controversia, que no esquivó el tinte político, reabrió el debate sobre la participación de la infancia en causas sociales. Desde la organización humanitaria Save The Children enfatizan que “el activismo no tiene edad” y que cualquier niña o niño que alza su voz por sus derechos ejercita una ciudadanía activa.

Este principio está amparado por la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce su libertad de expresión, de celebrar reuniones pacíficas y de ser escuchados ante las decisiones que los afectan. Figuras internacionales como Malala Yousafzai y Greta Thunberg, o locales como el activista ambiental Francisco Vera, son referente de este ejercicio a temprana edad.

De hecho, Vera, conocido por su defensa del medioambiente y exiliado por amenazas, rechazó las declaraciones de la directora María Carolina Restrepo y cuestionó que este no ha sido el único gobierno donde se desestima la voz activista de la niñez. “Quienes han dirigido la institución más importante en la protección de la infancia en el país, han tenido un profundo sesgo adultocéntrico que no nos reconoce como ciudadanos y que, al contrario, minimiza nuestra agencia diciendo que estamos instrumentalizados por alguien mayor”.

En la misma línea, Antonia defiende su autonomía: “Nosotros tenemos algo que a veces les falta a los adultos: empatía. Escuchamos y nos damos cuenta de lo que pasa. Al final, somos quienes vamos a habitar esta sociedad”. “Es mucho más lo que he aprendido de ella que lo que he tenido que enseñar. La mejor decisión que he tomado es permitirle ser y acompañarla”, defiende Ana, su mamá.

Acompañarla, sobre todo, si ese activismo tampoco ha sido fácil. Hoy, siendo estudiante de grado décimo, Antonia recuerda que por sus ideas fue objeto de matoneo en su colegio. “Muchas veces uno se pregunta para qué sigue haciendo eso. Pero al final del día es por qué lo hacemos, que también vuelve y le da ganas a uno de seguir luchando”. Esa resiliencia, agrega, le ha permitido que ahora “no oculte lo que pienso y no negocie mis posturas políticas aunque me haya costado algunas amistades”.

De las palabras y símbolos del mural cerca al despacho de la nueva directora del ICBF, parece no quedar rastro alguno. Pero sí un vestigio de polémicas y cuestionamientos que, al final del día, obligaron nuevamente a Restrepo a pronunciarse. Lo hizo, defendiendo que una “niña de 6 años no constituye, organiza, estructura y sostiene autónomamente durante años un colectivo. Ahí, necesariamente, intervienen adultos”.

Resistencia Chiquita está en pausa hace dos años luego de haber logrado romper algunos estereotipos dentro de la comunidad. Antonia tiene la intención de retomarlo, aún más luego de esta coyuntura. Por ahora, pasa sus días entre el colegio y semilleros, como aprender sobre atención a víctimas de violencia sexual. “Ya no quiero tener una doble vida. Quiero defender lo que creo”, enfatiza.

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Mientras el ICBF entra en una nueva etapa de dirección —Restrepo es abogada, con estudios en derecho tributario y en 2022 intentó llegar al Senado por el movimiento cristiano Salvación Nacional—, colectivos como Resistencia Chiquita reafirman que la participación de la infancia no depende del aval institucional ni de la coyuntura política de turno, sino de una imperiosa necesidad de hacer oír su voz frente a las violencias de género que las afectan desde temprana edad. Sobre todo, si en el último cuatrienio, el informe de empalme reportó una alarmante escalada de casos por violencia sexual a menores, con un total de 4.381 acompañamientos.

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El terremoto del pasado 10 de agosto desplomó parte de la casa de Leidi Mallive Londoño Aguirre, conocida por sus redes de apoyo como la “madre Pulga”, una mujer que durante más de tres décadas ha acompañado a las personas trans en Pereira y que tras el desastre resultó herida. Ahora, cuando es ella quien necesita ayuda, son muchas a las que alguna vez les tendió la mano las que están recogiendo dinero para ayudarle a levantar de nuevo su casa.

“Madre Pulga es parte de nuestra historia y de una generación de mujeres trans que abrió caminos, resistió y construyó comunidad cuando hacerlo era todavía más difícil”, reconoce Radiotuta, un proyecto de podcast y memoria que busca recuperar las historias y las luchas del transformismo y la población LGBTIQ+ en Colombia.

Leidi Mallive recuerda con orgullo que fueron sus amigas trans las que la acompañaron a bautizarse cuando era muy joven. Ella ni siquiera sabía de qué se trataba, pero ellas le aseguraron que toda persona debía hacerlo. Fue desde ese momento que recibió el nombre de la “pulga”, por ser como ella misma cuenta, “la marica más pequeña”.

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Nació en Aguadas, Caldas, y llegó a Risaralda aún siendo menor de edad, empujada por la violencia que enfrentaba por su identidad de género diversa. Ubica el comienzo de su activismo en 1991. De esa época recuerda las batidas de la policía, los encerramientos en calabozos que iban de 24, 48 y hasta 72 horas, y la violencia física constante. En medio de todo eso, ella y otras mujeres comenzaron a interponer acciones legales para exigir que les respetaran el derecho a estar en el espacio público y, también, a trabajar. Con el tiempo, dice, las batidas continuaron, pero ya no podían quitarles su dignidad.

Así empezó a hacerse conocida entre las mujeres trans de Risaralda. Con los años, muchas comenzaron a buscarla y ella asumió un lugar que describe simplemente como el de una madre. Un oficio que, en su caso, consiste en acompañar: recibir en su casa a quien llega sin tener dónde dormir, ir al hospital con quien se enferma, y, cuando alguna muere, hacer los trámites de defunción y conseguir las flores para el funeral. “Como madre yo les colaboro mucho aún cuando no tengo nada. Porque yo no tengo nada, yo también soy pobre como ellas”, dice.

Y es que la figura de las madres trans hace parte de las familias elegidas que muchas personas con experiencias de vida trans construyen a lo largo de los años. Son vínculos que no parten necesariamente de la consanguinidad o el parentesco biológico, sino de las experiencias compartidas y de las redes que se construyen entre quienes encuentran en otras personas el apoyo, la compañía o el cuidado que necesitan. Es desde ese vínculo que mujeres como Leidi son reconocidas como “madres”, porque acompañan, orientan y comparten lo aprendido con otras mujeres trans.

Y es esa relación de cuidado la que cobraría un nuevo sentido para ella y la población LGBTIQ+ risaraldense después del terremoto. El 10 de agosto, a las 7:34 de la mañana, un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, en Chocó, sacudió el occidente colombiano. Pereira estuvo entre las ciudades más golpeadas. En la casa de la Madre Pulga, donde vivía junto a otras mujeres trans y nueve perros que adoptó, se derrumbaron varias paredes y el resto de la estructura quedó agrietada. Por suerte, ella salió con heridas menores.

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Por eso, organizaciones sociales como la Red Comunitaria Trans y Radiotituta se unieron para ayudar a la activista bajo la consigna de “tenemos que cuidar a nuestras adultas trans”. La idea es recoger fondos para que Leidi pueda reparar su casa y atender las lesiones que sufrió durante el terremoto.

“Hoy queremos acompañarla y ayudarla a reconstruir, no solo su casa, sino también la tranquilidad y el respaldo que necesita en este momento”, se lee en la convocatoria difundida por redes sociales. Allí invitan a las personas a ayudar con dinero que llegará directamente a la cuenta de Londoño. Hasta el momento, cuenta, ha recibido COP 300.000, con los que ha podido cubrir algunos gastos básicos, incluida, la comida de sus nueve perros.

La situación de las personas trans después del terremoto

La casa de la Madre Pulga es una de las muchas historias que comienzan a aparecer después del terremoto y que demuestra que no todas las personas viven los desastres de la misma manera. El último balance realizado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reporta 304 personas fallecidas, 4.548 heridas, 426 desaparecidas y 356 personas rescatadas. No obstante, Juli Salamanca Cortés, directora ejecutiva de la Liga de Salud Trans advierte que “las emergencias no afectan a todas las personas de la misma manera”. Después de una emergencia de estas dimensiones, explica, las personas trans y no binarias enfrentan mayores dificultades para acceder a vivienda, alimentación, atención integral en salud, medicamentos y ayudas humanitarias.

A las afectaciones que deja el desastre se suman las condiciones ya estaban presentes antes, como la exclusión social, la precarización laboral y la discriminación institucional, asegura.

“Nos preocupa especialmente la situación en el Pacífico colombiano, particularmente en Chocó y Buenaventura, donde las limitaciones históricas en la presencia estatal y en la capacidad de respuesta humanitaria incrementan los riesgos para las personas trans. Muchas de ellas dependen de economías informales, redes comunitarias de cuidado y tratamientos médicos continuos que pueden verse afectados o interrumpidos durante la emergencia”, agrega.

De hecho, Caribe Afirmativo también recibió información desde Buenaventura y Argelia sobre los efectos del terremoto en la población LGBTIQ+. Líderes comunitarios y hombres trans reportaron graves daños en varias viviendas. La preocupación está en que algunas de estas personas no han encontrado albergues que respondan a sus necesidades y han tenido que quedarse temporalmente en casas de vecinos, “En estos territorios, la mayoría de estos espacios son liderados por grupos religiosos que incluso rechazan, de entrada, poder dar respaldo a una persona trans, pues proponen acciones desde una atención binaria, desconociendo su vulnerabilidad y aumentando el riesgo”, aseguró el director de la organización Wilson Castañeda.

Desde las organizaciones sociales, hacen un llamado a las autoridades, entidades humanitarias, organizaciones sociales y ciudadanía para que la respuesta incorpore un enfoque diferencial, territorial y de género. “Esto implica garantizar el acceso oportuno, digno y sin discriminación a albergues seguros, alimentación, atención en salud, medicamentos, protección frente a las violencias y ayudas económicas, respetando en todo momento la identidad y expresión de género de las personas afectadas”, añade Juli Salamanca.

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También plantea que el Gobierno nacional debería articular su respuesta con las organizaciones trans que trabajan en los territorios. Son ellas, dice, quienes ya conocen de cerca las necesidades de la población y pueden ayudar a identificar a las personas que, en medio de la emergencia, corren el riesgo de quedar nuevamente por fuera de la respuesta institucional.

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Natalia Montealegre llegó a la barra brava Fortaleza Leoparda Sur cuando tenía 13 años. Allí aprendió a hacerle aguante al Atlético Bucaramanga. Una década después, quiso que Las Arrogantes, el grupo de mujeres que había ayudado a organizar, dejara de ocupar un lugar informal dentro de la barra. El aval dependía del Comité de Líderes y les permitiría acceder a las finanzas del grupo, tener voz y voto en las decisiones y, por fin, colgar su propia bandera en el estadio. La respuesta no solo fue negativa. Natalia terminó vetada del espacio, en medio de tensiones relacionadas con ese proceso organizativo de mujeres. Desde entonces, hace parte de La Gran Familia, una disidencia conformada por quienes, debido a diferencias políticas, habían quedado al margen del grupo principal.

Fue esa “determinación por existir”, como la llama Diana Ojeda, la que terminó por convencer a la cineasta santandereana de que allí había una historia. No solo porque le permitía mostrar una cara poco contada de las mujeres dentro de estos espacios masculinizados, sino porque ese caso le resonaba. Ojeda había atravesado dinámicas violentas y excluyentes dentro del cine, hasta el punto de preguntarse si valía la pena continuar. Por eso, en aquellas barristas que se negaban a abandonar el lugar que habían construido alrededor del fútbol, encontró una oportunidad para hablar de lo que ocurre cuando las mujeres se empeñan en permanecer en espacios que intentan expulsarlas.

De esa historia nació Las Bravas, una película documental rodada en Bucaramanga que sigue a Natalia, Nani, Nataly y Karen, integrantes del primer grupo de mujeres organizado dentro de la barra brava del Atlético Bucaramanga. La película acompaña su intento por ser reconocidas oficialmente y cómo las normas no escritas del patriarcado no se lo permiten. Impulsadas por la determinación de Natalia, deciden disputar ese lugar, pero abrirse paso en un escenario hostil tiene consecuencias que se reflejan en violencias basadas en género. Mientras el grupo enfrenta el acoso y la violencia en las calles, la protagonista atraviesa una batalla más silenciosa en los tribunales de familia, donde su militancia política y social afecta la custodia de su hija.

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En entrevista con El Espectador, Diana Ojeda, directora y una de las productoras, habló sobre el filme, la relación entre el feminismo y la fanaticada, y la manera en que la cinta reivindica esa fama de “bravas” que acompaña a las santandereanas, pero esta vez convertida en una expresión de “bravura” frente al machismo. La producción, distribuida por DOC:CO, también estuvo a cargo de Ibeth Rey, Mariana Vega, Katherin Durán y Mila Bahamón.

¿Con qué historia se van a encontrar las personas que decidan ir a ver Las Bravas?

Las Bravas es la historia de un grupo de mujeres que se disputan el derecho a existir en un espacio profundamente masculinizado. Y aunque es una película de barras bravas, en realidad nos cuenta cómo opera el patriarcado en la vida cotidiana de estas mujeres y cómo ellas responden, construyendo formas de resistencia colectiva para reclamar ese lugar. Es una historia que nos habla sobre pertenencia, libertad, sororidad y de cómo, en la alianza, las mujeres encontramos esa fuerza para enfrentar las violencias que el patriarcado ejerce sobre nosotras.

Usted menciona el machismo que enfrentan las protagonistas y, en general, las mujeres que pertenecen a las barras. ¿A qué violencias particulares están expuestas?

Algo interesante de esta película es la violencia simbólica sobre las mujeres que tienen una iniciativa de organización de género en la barra brava, en la del Atlético Bucaramanga. Yo investigué y entrevisté a mujeres de barras bravas de distintos equipos, como Millonarios y América; fueron varias y sus historias coincidían en un viaje muy similar. Entonces, la forma en la que opera el patriarcado en la barra brava tiene unos códigos muy específicos, como la violencia simbólica de no permitirles tener una bandera donde ellas pinten el nombre de su parche para poder colgarla en los estadios donde alientan a su equipo.

También está la justicia espacial, es decir, ¿a quién le pertenecen ciertos espacios? Nos han hecho pensar que el fútbol y la barra, que es parte de ese universo, pertenecen exclusivamente a los hombres y que las mujeres van a acompañar a los hombres a ver los partidos. Hay países en los que ni siquiera se permite a las mujeres entrar al estadio, como Afganistán, y se tienen que hacer pasar por hombres para poder ver jugar fútbol. O sea, es una lucha muy real. La tribuna es una metáfora del mundo. Los códigos que atraviesan el comportamiento de la barra brava son profundamente machistas, de discriminación hacia las mujeres. De hecho, así empieza la película.

Cuéntenos un poco más, ¿cuál es la historia e inspiración detrás?

Como realizadora en el cine santandereano, me enfrenté a diversas situaciones de acoso, bullying y obras derivadas de las mías que no fueron autorizadas. Llegué a un punto en el que habría podido desistir de hacer cine. En medio de esa frustración por la que estaba pasando, recordé que había conocido a unas mujeres barristas cuya actitud me había parecido tan interesante que tal vez podría trabajar con ellas en una ficción.

Fui a buscarlas una noche al espacio de la barra brava grande del Bucaramanga, que es La Fortaleza. Cuando llegué, conocí a la protagonista, Natalia Montealegre. Ella me contó que esa semana iba a pedirle el aval al Comité de Líderes para que su parche, Las Arrogantes, fuera oficial y pudieran sentarse en el comité de líderes de la barra. Eso les daría ciertos derechos, como tener acceso a las finanzas de la barra y tener voz y voto en los espacios donde se toman las decisiones. También podrían tener su propia bandera, la bandera de Las Arrogantes, y colgarla en el estadio.

Yo la conocí el lunes y ese viernes les negaron el aval y vetaron a Natalia de la barra por haber organizado a las mujeres. La sacaron en medio de una situación de bullying muy fuerte. Me dijo: “ya no soy de La Fortaleza, me vetaron. Ahora soy de La Gran Familia”. Me explicó que era la disidencia del Bucaramanga, las liebres de La Fortaleza.

Cuando vi que su respuesta era de resistencia, pensé: “Ella es una de las mías. Ella va a luchar, va a pelear, no se quiere dejar borrar del espacio en el que existe y en el que está su pasión”. En ese momento pensé en mi experiencia en el cine santandereano. Nos volvimos aliadas y desde entonces la entrevisté para que me contara su historia. Ahí empezó ese viaje de Las Bravas para entender juntas lo que nos estaba pasando en esta ciudad, que es supremamente machista.

La violencia contra las mujeres en Santander es ruidosa, escandalosa y social. Yo nací en esta tierra y he tenido que enfrentar el machismo desde la cuna. Siempre había querido encontrar una historia que me permitiera entender esa doble condición del machismo santandereano, que es tan violento y ruidoso y que, a la vez, convive con esa fama que tenemos las santandereanas de ser mujeres bravas, aguerridas y contestatarias. Ese día encontré esa puerta y decidí atravesarla. Sentí que esa historia me estaba buscando y que era una película necesaria.

¿Por qué la película se llama Las Bravas? ¿Qué hay detrás de ese nombre?

La palabra brava históricamente ha estado relacionada con el fútbol, con la fuerza y la confrontación, pero nosotras en esta obra proponemos otra forma de entender la bravura, y es la valentía para desafiar el orden patriarcal, para permanecer donde nos quieren expulsar y para transformar esos espacios en una organización donde quepamos las mujeres. La palabra también sirve para entender la arrogancia de otra manera, porque esa palabra es muy importante en Santander. Nuestro himno dice, y en la película está incluso, “Santandereanos, siempre arrogantes, santandereanos, ni un paso atrás, porque llevamos en nuestra sangre la libertad”. Entonces, es entender cómo esa bravura, esa arrogancia, es la determinación de resistir, de contestar, de rebelarse, de no dejarse borrar de los espacios que ya hemos ganado las mujeres.

¿Qué conversaciones espera abrir esta película, especialmente dentro del barrismo y el feminismo?

Esta película quisiera también aportar al feminismo colombiano y latinoamericano, mostrando que la lucha por la igualdad ocurre en lugares diversos. Una cosa por la que me enamoré muchísimo de la historia es que es un proceso feminista popular y que las mujeres de los barrios populares latinoamericanos también luchan. Allí también están dando la pelea desde ese espacio y creo que es algo que debemos reconocer, que el feminismo no es solo un tema académico ni de redes sociales, sino que también está en los barrios de Latinoamérica, donde las mujeres están dando la pelea desde unas formas de lucha muy viscerales y orgánicas. Para mí, eso es como una de las cosas que me enamoraron más de la historia.

¿Qué luchas feministas están impulsando las mujeres desde el barrismo?

Desde el barrismo en Colombia hay procesos muy importantes. Por ejemplo, hablemos de sororidad. Es un reto que tenemos las feministas, que estamos movidas por este deseo y por esta lucha. Ellas en la barra encuentran en la sororidad, en la alianza, una forma de resistir a la violencia. La junta femenina fue satanizada desde el patriarcado y recuperar ese espíritu de sororidad entre nosotras creo que es lo que nos va a ayudar a avanzar frente a los retos actuales.

Ya en Colombia hay barras femeninas paralelas, como la Coordinadora Futbolera. Todas están en distintas etapas. Unas quieren por un lado que el parche exista dentro de la barra masculina. Y hay otras que ya entendieron que tienen que salir y crear espacios propios, y buscar no la igualdad, sino la liberación de los espacios que las oprimen. Es decir, crear, por ejemplo, una barra que tenga esas especificidades de lo que necesitan las mujeres, como que puedan llevar a sus hijos al estadio.

Allí hay unos procesos feministas muy interesantes y diversos que vale la pena visibilizar. Por eso invito a que veamos la película, confrontemos y pongamos esta conversación en la mesa. Es un espacio muy político [la barra] que funciona de una manera patriarcal y que se presta para mostrar lo que pasa en el país entero.

¿Qué hay en Las Bravas que puede resonar con mujeres que nunca han estado en una barra?

Escogí esta historia precisamente por la respuesta de ellas frente a esas situaciones que pretenden convertir en víctimas a las mujeres que luchan por existir en un espacio dominado por hombres, en un sistema que quiere oprimir a quienes sobresalen o que quieren tener derechos en un espacio que ellos dominan. En palabras de una de las protagonistas, “cuando queremos un pedazo del pastel, nos cortan la cabeza”. Eso es la película.

Tenemos que entender que no son violencias aisladas, que no son comportamientos machistas de fulanito y sultanito, sino que estamos hablando verdaderamente de un sistema de control social sobre las mujeres. Que eso que nos ha pasado es una experiencia colectiva, no una anécdota personal. Y que, como dice Catalina Ruiz Navarro, “las mujeres que luchan se encuentran”. ¿Y qué pasa cuando se encuentran? Se cuentan sus vivencias y se dan cuenta de que todas hemos vivido lo mismo.

Eso propone esta película, que nos encontremos en el cine. Que nos encontremos las barristas, las feministas, las que luchan desde el deporte, desde el derecho, desde la ciencia, desde el cine, desde la literatura, desde el periodismo, porque lo que cuenta esta historia es un viaje de las mujeres que luchamos. Así lo propuse en la estructura narrativa. El contexto es la barra, pero, en realidad, es una película que cuenta muchos temas de la vida de las mujeres y a lo que nos enfrentamos cuando queremos, cuando no desistimos.

Después de acompañar este proceso, ¿qué esperanza encontró en las experiencias y luchas de las mujeres barristas?

Yo creo que la esperanza está en la sororidad, reconociendo también, con mucha honestidad, que para nosotras es un reto. Es un reto porque todas y todos estamos atravesados por los códigos del patriarcado. Es un sistema en el que vivimos, en el que crecimos, en el que nos educaron, y tenemos la oportunidad de tomar conciencia de eso, desaprender y aprender nuevos códigos para relacionarnos de maneras diferentes entre nosotras.

Creo que reconocer eso es fundamental en este momento de la lucha. Y que esa sororidad, esa solidaridad entre nosotras, se logre simplemente porque somos mujeres, sin importar la ideología, el estatus socioeconómico, el nivel educativo ni otras cosas que nos atraviesan. Que logremos reflexionar acerca de la necesidad que tenemos de la sororidad y de cómo esta puede incluso salvarnos la vida o ayudarnos a conquistar las luchas que tenemos. Entonces, yo creo que ese es el punto de reflexión y de inquietud hacia el que va la respuesta que propone la película.

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Marta Royo, presidenta de Profamilia, la organización que promueve el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en el país y que cuenta con 46 sedes en el territorio nacional, comenta que tiene parte de su red fuera de servicio. El sismo dejó daños en sus instalaciones de Quibdó, Manizales, Dosquebradas y Cali —en esta última, en las sedes de Tequendama y Profamilia Fertilidad.

“Lo más probable es que en Dosquebradas y en Quibdó no podamos recuperar las clínicas donde estábamos prestando servicios”, dice a El Espectador. En las ciudades con afectaciones menores, donde ya se descartó el riesgo en sus edificaciones, la organización retomó la atención. Lo que lamenta, dice, es que las zonas más golpeadas coinciden con las que ya tenían mayores necesidades en salud sexual y reproductiva.

Frente a ese panorama, Profamilia busca sitios alternos para seguir atendiendo donde sus sedes están cerradas para ofrecer los servicios de forma presencial. Por el momento, prestaría la atención a través de brigadas móviles que les permitirían llegar a las zonas afectadas por el terremoto y la presidenta asegura que el plan es desplegar equipos la próxima semana.

No obstante, la preocupación frente a estas afectaciones radica en que hay servicios que no se pueden detener para retomarlos cuando todo esté estabilizado en la emergencia, advierte Royo. “La salud sexual y reproductiva es una parte esencial de la respuesta humanitaria. Tiene que estar desde el principio. Una niña no deja de menstruar, en una mujer embarazada, su embarazo no se suspende, una mujer que está tomando anticonceptivos necesita continuar teniendo acceso a estos”.

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De hecho, existe un estándar internacional que respalda esta necesidad. Se trata del Paquete de Servicios Iniciales Mínimos para la salud sexual y reproductiva en situaciones de crisis humanitarias, promovido por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y en el que participó Colombia. El documento explica por qué estos servicios deben garantizarse durante las crisis humanitarias y parte de la premisa de que hay atenciones que, si se interrumpen, cuestan vidas.

Plantea, por ejemplo, la importancia de que los partos ocurran en condiciones seguras y con atención disponible si hay complicaciones, de modo que la emergencia no derive en muertes maternas y neonatales. También señala la necesidad de que las personas que viven con VIH no interrumpan su tratamiento antirretroviral, porque esto afectaría gravemente su salud. A eso se suma la disponibilidad de preservativos para prevenir los embarazos no deseados o la transmisión de infecciones de transmisión sexual (ITS). Y contempla que el aborto siga siendo accesible en los términos que permite la ley, para evitar que las mujeres y personas con capacidad de gestar recurran a prácticas inseguras, entre otras recomendaciones.

“Los servicios de salud sexual y reproductiva tienen este extraordinario componente de prevención. Entonces, cuando eso se deja de prestar, lo que sucede es que vienen muchísimos más problemas. Es mejor seguir previniendo antes de enfrentar un embarazo no deseado, o ya un caso diagnosticado de VIH, o una persona que dejó de tener acceso a antirretrovirales y por lo tanto se agudizó la enfermedad”, comenta Royo. Y añade que el país necesita mecanismos sólidos para que estos servicios no se interrumpan frente a un desastre natural como este.

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Esas realidades se profundizan en ciertas regiones, pues la diversidad geográfica de Colombia, sumado a las desigualdades y el abandono estatal, hace que algunos territorios sean de difícil acceso y que allí los servicios de salud sean escasos, limitados o incluso inexistentes. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de 2025 identifica que en el país aún persisten desafíos como la pobreza rural, el desconocimiento sobre infecciones de transmisión sexual como el VPH y el VIH y el acceso a salud sexual, una brecha que se amplía entre lo rural y lo urbano.

Según el UNFPA, en 2022, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca se encontraban entre los departamentos con mayor mortalidad por VIH del país. O por su parte, el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó más de 4.000 casos de sífilis congénita en 2024 —una cifra en aumento frente al año anterior—, concentrados en departamentos como Chocó y en puertos como Buenaventura, donde el acceso a pruebas rápidas y tratamiento era limitado.

A esto, Royo agrega que no se trata solo de problemas de acceso, una de las brechas más grandes, sino de otros factores que la emergencia agudiza. “Hay dificultades para contar con personal de salud. Los insumos, si antes no llegaban, ahora toda la cadena logística se ha visto interrumpida: métodos anticonceptivos, productos de higiene menstrual, acceso a los medicamentos para poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, los antirretrovirales que necesita la población diagnosticada con VIH, pruebas de tamizaje”. A esto añade el tabú que rodea estos temas, que al no ser vistos culturalmente como prioritarios ni urgentes hace que se asuma que si alguien no logra acceder a ellos, “no pasa nada”.

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Se trata de una tendencia generalizada ante cualquier crisis humanitaria. “La salud sexual y reproductiva no puede esperar. No solamente porque las necesidades permanezcan, es que se hacen más profundas”, dice, y advierte que las niñas, las adolescentes y las mujeres quedan además más expuestas a situaciones de violencia. Organismos internacionales, entre ellos ONU Mujeres, han documentado que las crisis y los desastres pueden aumentar los riesgos de violencia basada en género y profundizar las barreras para acceder a servicios de atención y protección.

Para finalizar, Marta Royo dice que el sistema colombiano de salud debería funcionar en red. Cuenta que las clínicas de Profamilia ya están ofreciendo sus instalaciones para que profesionales de otras entidades atiendan allí. También invita a que se aproveche la experiencia de la organización en un tema que considera urgente.

“Profamilia es muy especializada en salud sexual y salud reproductiva, hemos sido un actor con el cual la población colombiana ha interactuado por más de 60 años. Nos reconocen, nos quieren, saben que les cumplimos, saben que los atendemos respetando y entendiendo sus necesidades. Entonces que nos aprovechen, porque aquí estamos, todo un equipo listo para acompañar a estas poblaciones que tristemente son las más desfavorecidas”, resume.

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Cinco días después del terremoto de magnitud 7,4, las organizaciones que trabajan con población LGBTIQ+ en los territorios comienzan a tener información más clara de las pérdidas y afectaciones que dejó el sismo, a medida que se recuperan las comunicaciones y avanzan las labores de rescate. Hay viviendas destruidas o con daños graves, sedes de organizaciones inhabilitadas y personas que todavía buscan dónde quedarse y cómo acceder a las ayudas, en varios municipios del Pacífico y el Eje Cafetero.

“En medio de una logística masiva de socorro, es previsible que el Estado priorice la respuesta estandarizada y que, de manera sutil pero sistemática, las necesidades específicas, identitarias y de protección de las personas LGBTIQ+ no queden registradas ni atendidas en los censos tradicionales de damnificados”, señaló Caribe Afirmativo, solicitando una ruta de atención diferenciada y rápida.

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Wilson Castañeda, director de la organización, explica a El Espectador que, en este contexto, para algunas personas LGBTIQ+, conseguir alojamiento o acceder a una ayuda implica obstáculos adicionales. Las organizaciones que trabajan en los territorios señalan, por ejemplo, que las personas trans y no binarias encuentran dificultades en albergues que no contemplan sus identidades y que quienes viven del trabajo sexual o de actividades informales perdieron su fuente inmediata de ingresos.

En Pereira, la Fundación Plataformas informó sobre la muerte de una mujer transformista y señaló que, al momento de elaborar el reporte, continuaban las labores para recuperar su cuerpo de un edificio colapsado. La organización también recibió reportes de varias personas LGBTIQ+ que perdieron completamente sus viviendas. Según informó la Fundación, hasta el jueves había brindado atención psicológica a 16 personas y entregado tres ayudas alimentarias a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

En Manizales, uno de los tres puntos de atención de Like por la Vida quedó inhabilitado por los daños en la edificación. La organización también reportó que varias personas LGBTIQ+ perdieron sus viviendas por grietas y colapsos. Su sede administrativa (Cra. 26 #49-64, en Versalles, detrás de Confa de la 50) empezó a funcionar como centro de acopio. Además, continúa con sus labores de atención emocional y psicológica.

En Armenia, el impacto también está relacionado con los medios económicos de subsistencia. Según Eje Diverso, el toque de queda en el centro de la ciudad afectó gravemente a personas que ejercen el trabajo sexual. La organización comenzó una caracterización barrio a barrio para identificar las necesidades de las personas más afectadas por el sismo y cuya fuente de ingresos se vio comprometida.

En Buenaventura y Argelia, líderes comunitarios y hombres trans señalan, en los reportes recogidos por la organización, daños graves en las viviendas de personas LGBTIQ+, sin pérdidas humanas. Pero aseguran que no hay albergues adaptados y que algunas de ellas permanecen en casas de vecinos mientras buscan insumos a través de redes del Pacífico.

Este último es un punto clave. Aunque personas de distintas partes del país se han volcado a recoger y llevar ayuda a quienes más lo necesitan, el acceso a un lugar seguro sigue siendo un problema para algunas personas LGBTIQ+, así como la falta de información sobre las rutas para solicitar las ayudas disponibles. “En estos territorios, la mayoría de estos espacios son liderados por grupos religiosos que incluso rechazan, de entrada, poder dar respaldo a una persona trans, pues proponen acciones desde una atención binaria, desconociendo su vulnerabilidad y aumentando el riesgo”, asegura Castañeda.

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Eso es justamente lo que reportan desde Quibdó, en Chocó. Integrantes de Mujeres Lesbianas del Chocó (MULESCHÓ), contaron que algunas personas diversas perdieron sus viviendas y todavía no saben dónde acudir para recibir asistencia. Según ellas, en algunos barrios no ha llegado ayuda gubernamental o externa y tampoco les han informado cuáles son las rutas para solicitarla.

“Hemos preguntado directamente en los albergues y a los mecanismos de entrega de ayudas por criterios de priorización y, hasta ahora, ninguno prioriza a las personas LGBT”, afirma Castañeda.

Por otro lado, desde la Fundación Latidos Chocó, informan que las personas afectadas están siendo recibidas en las casas de sus “familias sociales”, es decir, personas cercanas que funcionan como redes de apoyo y cuidado para quienes no cuentan con un lugar al cual acudir, muy común en los contextos de personas LGBTIQ+.

Ante esta situación, las organizaciones piden que las personas afectadas puedan ser identificadas dentro de los censos y las rutas de ayuda. También reclaman que se reconozcan las familias sociales y las redes afectivas que acompañan a muchas personas LGBTIQ+ y que los albergues y las ayudas humanitarias tengan en cuenta sus necesidades.

Por ahora, sostienen que sus labores siguen concentradas en localizar a quienes necesitan ayuda, recuperar información sobre sus pérdidas y abrir rutas para que puedan acceder a las ayudas.

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Organizaciones LGBTIQ+ y de derechos humanos activan sus propios canales de ayuda

Por su parte, Caribe Afirmativo anunció la activación e intensificación de su red de Casas Caribe Afirmativo, llamada “Juntanza LGBTI”, para llevar ayudas directamente a personas LGBTIQ+ afectadas por el terremoto en Quibdó, Pereira, Buenaventura y Argelia. Estos espacios funcionarán como puntos para recibir, clasificar y distribuir alimentos, kits de higiene, cobijas y otros elementos de primera necesidad que serán entregados a las personas afectadas. Asimismo, contemplan espacios de recepción y acogida temporal para personas LGBTIQ+ y sus familias que necesiten un lugar donde estar temporalmente, además de acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica.

Puntos de acopio para las donaciones:

• Cartagena: Barrio La Plazuela, MZ A, lote 7.
• Barranquilla: Cra. 60 #58-70, Bellavista.
• Valledupar: Calle 13C #18-64, San Vicente.
• El Carmen: Calle 27 #47-03.
• Maicao: Calle 9 #5-33.
• Bogotá: Cra. 9 #60-09, piso 3, Chapinero Central.
• Ciénaga: Cra. 25A #18-71.
• Medellín: Cra. 49 #50-58, oficina 401, Edificio San Fernando.

También se habilitó un canal para recibir aportes económicos destinados específicamente a la respuesta humanitaria tras el sismo. Santamaría Fundación, una organización de base comunitaria dedicada a la defensa de los derechos de las personas trans, recibe estos aportes a través de su canal oficial de donaciones y también acepta donaciones materiales en su sede de Cali, ubicada en Calle 18 #42B-32, barrio San Judas.

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