Tres semanas. Ese es el tiempo que le ha tomado al nuevo Gobierno ubicar en cargos clave a varias personas con posiciones públicas contrarias a las políticas de igualdad y género. Especialistas en esta materia encuentran en los nombramientos un patrón narrativo que reúne viejas banderas sobre la familia tradicional, la infancia, la supuesta “ideología de género” y la “batalla cultural”, ahora en manos de funcionarios con capacidad para incidir en decisiones administrativas y de gobierno. ¿Quiénes han sido nombrados y cuáles son sus posturas?

Por un lado está el Ministerio de Educación, encabezado por Viviane Morales, designada el pasado 7 de julio, quien en las últimas semanas, anunció una revisión de los materiales escolares utilizados como parte de su propuesta para combatir lo que considera una “ideologización” dentro de las aulas, principalmente en temas de género. Además, presentó un proyecto, con el que busca modificar parcialmente el Decreto 1075 de 2015, para ajustar las reglas bajo las cuales las entidades educativas territoriales pueden contratar con terceros. El borrador incluye la posibilidad de establecer acuerdos con organizaciones religiosas e iglesias para desarrollar estrategias pedagógicas en colegios oficiales. Aun así, Morales asegura que este tipo de contratos existe desde hace más de tres décadas.

Su postura es conocida en este tema. Además de ser la primera mujer fiscal en el país, en el pasado impulsó un referendo para prohibir la adopción por parte de parejas del mismo sexo, reconocida desde 2015 por una decisión de la Corte Constitucional. También fue una de las figuras que, hace una década, recurrió al concepto de “ideología de género” para cuestionar, primero, las medidas contra la discriminación en los colegios adoptadas tras el caso de Sergio Urrego. Un joven de 16 años que se quitó la vida después de sufrir discriminación por parte de las directivas de su institución debido a su orientación sexual y cuya muerte dio lugar a una sentencia que ordenó revisar los manuales de convivencia. Posteriormente, utilizó ese mismo marco para cuestionar el enfoque de género incluido en los Acuerdos de Paz.

(Le puede interesar: Viviane Morales y la “ideología de género”: ¿por qué su llegada a Mineducación genera dudas?)

El 12 de agosto, Morales designó a Gledy María Foliaco Rebolledo y Camilo Noguera Pardo para liderar los dos viceministerios de su cartera. Foliaco, licenciada, magíster en Educación y con más de 20 años de trayectoria en el sector asumió como viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media. Noguera, abogado con maestría en Docencia e Investigación Universitaria, llega al Viceministerio de Educación Superior con una trayectoria marcada también por sus cuestionamientos a los enfoques de género en la educación.

Esa posición quedó plasmada en 2025, cuando dirigió la investigación “Adoctrinamiento en género en colegios. Invalidando la narrativa”, publicada por la Universidad Sergio Arboleda, de la cual es egresado. En mayo de este año llevó parte de esos planteamientos a una columna en Semana, en la que afirmó que “en los últimos tiempos, las narrativas y enfoques de género han contaminado la educación escolar”.

(Lea también: Estos son los nuevos viceministros de educación con los que trabajará Viviane Morales)

El 17 de julio de 2026 fue anunciada Paola Holguín como ministra de Cultura. La exsenadora del Centro Democrático ha dicho que desde esa cartera buscará desmontar las “narrativas de género” y promover otras centradas en la familia. Su trayectoria en estos temas viene de años atrás. Durante su paso por el Congreso integró la bancada autodenominada “provida” y, tras la Sentencia C-055 de 2022, que despenalizó el aborto hasta la semana 24, respaldó el llamado “Referendo por la vida”, que buscaba proteger constitucionalmente la vida desde la concepción y revertir los efectos del fallo.

También respaldó proyectos de ley como “¡Con los niños no te metas!”, sobre acopañamiento, orientación y tratamientos de afirmación de género en menores de 18 años; “Estoy vivo desde la concepción”, contra el aborto; y “Los padres eligen”, sobre la participación de las familias en la educación sexual integral de sus hijas e hijos. Ninguna avanzó en el legislativo.

(Lea más: Presupuesto de MinCultura caería 29,5 % en 2027 pese a “batalla cultural” de De la Espriella)

Cerca al oído del mandatario de la “patria milagro” está Enrique Serrano López, escritor, filósofo, profesor y exdirector del Archivo General de la Nación, designado el 22 de julio como asesor presidencial. Serrano llega al Gobierno con una tarea especialmente política: ayudar a darle forma a lo que llaman la “batalla cultural”, una disputa promovida por sectores de derecha frente a los discursos que se asocian con el progresismo y los derechos humanos. Su nombramiento no fue presentado como uno meramente técnico. Al anunciarlo, De la Espriella afirmó que “la batalla más importante que libra una nación es la batalla por las ideas” y que el Gobierno necesita voces capaces de “convertir las convicciones en argumentos”. Algo que, en la práctica, podría convertirse en una forma de dar sustento político a los valores promovidos por sectores conservadores.

(Lea aquí: Enrique Serrano: el escritor que pasará de pensar la nación a asesorar al presidente)

Anunciada el 29 de julio como directora del ICBF, María Carolina Restrepo llegó a la entidad después de una trayectoria principalmente jurídica, financiera y corporativa. En sus primeras semanas al frente de la institución tomó dos decisiones que abrieron cuestionamientos sobre el enfoque de género en la entidad. Primero, estableció lineamientos para incorporar en el lenguaje institucional términos como “niñez” y excluir la palabra “niña”, una medida que defendió bajo el argumento de tratarse de una “precisión”. También ordenó retirar un mural en el que aparecía la expresión “Aquí estuvo Resistencia Chiquita”, al considerar que podía existir una instrumentalización política de menores. La frase corresponde a un colectivo de niñas que surgió tras el feminicidio de Yuliana Samboní en 2016 y que desde hace años utiliza el arte para que las menores de edad aprendan a identificar las violencias basadas en género.

(Lea aquí: Defensoría pide aclaraciones al ICBF ante instrucción de no usar “niñas” en su lenguaje)

El 4 de agosto, Alejandro Ordóñez fue nombrado embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), cargo que ya había ocupado durante el gobierno de Iván Duque. Su postura frente a los temas de género adquirió especial visibilidad durante sus años como Procurador General de la Nación. Desde ese cargo cuestionó a los primeros jueces y notarios que formalizaron uniones entre parejas del mismo sexo en el país, apoyados en una interpretación amplia de la Sentencia C-577 de 2011. Años después, el alto tribunal zanjó la discusión y consolidó el reconocimiento de estas uniones.

En 2016 también fue uno de los principales opositores al enfoque de género incluido en el Acuerdo de Paz y sostuvo que allí estaba “encriptada” la supuesta “ideología de género”. Ordoñez estará ahora al frente de la representación de Colombia ante uno de los principales escenarios regionales donde se discuten estándares de derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+.

(Le puede interesar: Alejandro Ordóñez será el embajador ante la OEA: ¿de dónde viene el ahora diplomático?)

El 13 de agosto, De la Espriella nombró como agente liquidador del Ministerio de Igualdad a John Milton Rodríguez, pastor cristiano, exsenador y dirigente de Colombia Justa Libres. La designación deja a la entidad encargada de combatir desigualdades históricas de poblaciones constitucionalmente vulnerables a cargo de quien, en 2022, impulsó junto con la bancada “provida” del Congreso un referendo para revertir el derecho al aborto. Milton llegó a plantear la prohibición total, incluidas las tres causales. Años después, será él quien conduzca la liquidación de una cartera que agrupó la articulación de políticas dirigidas, entre otras poblaciones, a mujeres y personas LGBTIQ+.

(Lea más: Así busca recuperar el Gobierno COP 200.000 millones en liquidación de Minigualdad)

Si bien estos cargos no les dan vía libre para eliminar derechos de un plumazo, sí les permiten decidir, desde los lugares que ocupan, qué se prioriza, qué se financia, qué lineamientos se cambian y qué mensaje se envía al país desde cada una de esas instituciones.

El panorama actual no se limita a los nombramientos, empieza a reflejarse también en otros escenarios. En el nuevo periodo legislativo, la bancada “provida” ya ha impulsado varias iniciativas, entre ellas una reforma al artículo 11 de la Constitución para establecer la “protección de la vida desde la fecundación” y así eliminar el derecho al aborto; un proyecto para prohibir la maternidad subrogada bajo la figura de “explotación reproductiva”; y la llamada “Ley Laura”, que busca restringir procedimientos quirúrgicos de afirmación de género en menores de edad.

“En la Comisión Primera de 22 senadores, al menos cinco han manifestado sus agendas antiderechos; y en la Comisión Sexta de 13, al menos tres se enuncian como antigénero. Es un resultado preocupante, puesto que la Comisión Primera se ocupa de los asuntos constitucionales, las reformas a la Constitución y los derechos fundamentales y por ella se tramitan proyectos legislativos sobre los derechos LGBTIQ+ como ‘Nada que curar’ o ‘Ley integral trans’”, dice Wilson Castañeda Castro, director de Caribe Afirmativo, organización que trabaja por los derechos de las personas sexodiversas en Colombia.

Desde ese mismo sector también han empezado a moverse acciones para presionar decisiones del Ejecutivo. Una de las más recientes fue la carta que la senadora Sara Castellanos y la representante Carol Borda, ambas de Salvación Nacional, enviaron a Ana María Vesga, ministra de Salud. Allí le solicitaron revisar y derogar medidas adoptadas por el Gobierno anterior sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE), parto humanizado, atención en salud de niños, niñas y adolescentes trans y eutanasia en menores de edad.

¿Qué patrón narrativo hay en los recientes nombramientos del gobierno de De la Espriella?

Estos nombramientos, que recaen en personas que han sostenido posiciones explícitas contra distintos derechos y políticas relacionadas con género y la diversidad, coinciden también en marcos discursivos atravesados por convicciones religiosas. Para José Fernando Serrano, director del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, la preocupación no radica en que personas creyentes ocupen cargos públicos, algo propio del pluralismo democrático y de la laicidad del Estado, sino en que esas convicciones puedan influenciar las decisiones que toman en entidades públicas. “En este caso en particular, tenemos personas con experiencias de fe que quieren hacer de ella política pública, lo cual ya empieza a generar algo de ruido”, dice en entrevista con El Espectador.

(Lea aquí: ¿Ideología de género o educación sexual? La ofensiva que impulsa el gobierno De la Espriella)

Pero además, Serrano encuentra allí un hilo común entre estas figuras, por medio de ideas como la “familia tradicional”, la “protección de la niñez” y el supuesto “adoctrinamiento” en los colegios. Son nociones que, explica, son agrupadas bajo la llamada “ideología de género”, un término promovido desde el Vaticano que surgió en los años noventa, en medio de debates internacionales sobre feminismos, derechos sexuales y reproductivos y población LGBTIQ+. Pero que no tiene ningún sustento científico, académico o jurídico.

“Se acuñó en ese escenario por sectores supuestamente conservadores, pero es más complejo que esto; eran sectores que estaban en contra de estos temas, como el Vaticano, países islámicos y algunos países africanos, que se oponían a estos debates amplios. Y acuñaron ese término para empaquetar allí un montón de cosas que les generaban sospecha, inquietud o que consideraban precisamente en contra de una idea singular de familia, de sociedad o de una cierta idea de valores”, comenta.

El experto advierte que estas narrativas suelen seguir patrones reconocibles para ganar legitimidad y movilizar apoyos. Para que estas conversaciones se consoliden, recurren a elementos como la construcción de un pánico moral alrededor de aquello que se presenta como una amenaza para la familia, la niñez o determinados valores. Adicionalmente, ese discurso, puede presentarse como una propuesta aparentemente positiva, como “recuperar los valores”, pero que en el fondo está cargada de discriminación.

A esa mezcla se suma la construcción de un enemigo, incluso cuando el lenguaje no lo plantea de forma explícita. “Cuando hacemos este ejercicio de decir ‘es que nos quieren imponer’, estamos implícitamente construyendo esos enemigos, por eso son narrativas muy peligrosas en ese sentido”, afirma.

Otro ingrediente son las verdades incompletas que pueden convertirse en vehículos de desinformación. Y, finalmente, aparece la apelación a una idea tan amplia y compartida que resulta difícil controvertirla, como la protección de la niñez. “Esta idea de ‘vamos a proteger los niños’ acoge e invita a sectores de izquierda, a sectores de derecha a sectores que nunca se han sentido parte de ningún partido político, pero el llamado a vamos a proteger los niños, convoca un montón de cosas”, finaliza.

Aumento de violencia y barreras de acceso a derechos ya reconocidos: los riesgos que advierten las organizaciones sociales

El director de Caribe Afirmativo reconoce que existe una institucionalidad sólida que dificulta una regresión inmediata de derechos, además de una sociedad civil con capacidad de incidencia, a la que atribuye gran parte de los avances en materia de diversidad sexual, género y derechos reproductivos. Aun así, advierte que narrativas como la “batalla cultural” o la “agenda woke” pueden estigmatizar a los movimientos sociales y abrir nuevas ventanas de riesgo en un país donde ya persisten altos niveles de violencia y barreras para acceder a derechos.

Según la organización, entre 2024 y 2025 los asesinatos de personas LGBTIQ+ aumentaron un 64 % y el último año cerró con 270 casos. Las dificultades también están en materia de derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, un informe publicado este año por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres documentó que, pese a la despenalización del aborto, el 9,7 % de las mujeres acompañadas tuvo que desplazarse para acceder al servicio por falta de oferta, personal o medicamentos, y Bogotá recibió el 43,1 % de esos casos.

(Le puede interesar: ¿Qué vidas cuentan en una democracia? El poder de decidir qué saber de las personas trans)

Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, coincide en esta evaluación. Considera que estos discursos pueden deslegitimar las vivencias de las personas LGBTIQ+ y generar un entorno en el que otras personas se sientan autorizadas a reproducir actos de intolerancia y violencia. También expresa especial preocupación por la educación sexual integral ante la posible participación de organizaciones religiosas en los colegios. “Esa educación sexual tiene que ser universal, no puede ser basada en ciertos valores religiosos porque eso atenta contra la libertad de cultos que debe profesar el Estado”, dice a El Espectador.

A su juicio, parte del problema está en cómo los discursos sobre “ideología de género” tergiversan las demandas y experiencias de las personas sexodiversas “diciendo que nosotros queremos convertir o cambiar la orientación sexual o la identidad de género de los niños”, cuando, sostiene, lo que se busca es proteger a quienes son víctimas de violencia y discriminación por este motivo.

“Estamos de acuerdo con que [la educación sexual] se haga de acuerdo a la edad, de acuerdo a unas metodologías y a unas pedagogías adecuadas a cada ciclo vital. Pero no nos parece correcto que se quieran imponer unos valores religiosos que excluyen a una población”, subraya.

¿Qué debería preservar el nuevo Gobierno en materia de género y diversidad?

Más allá de los riesgos que identifican las fuentes consultadas, el antropólogo José Fernando Serrano insiste en que quienes asumieron estos cargos deberán gobernar dentro de un marco constitucional y responder a las deudas históricas del país en asuntos de género, entre ellos menciona las violencias basadas en género y la educación sexual integral.

“Si un chico tiene una pregunta sobre su sexualidad, no va a ir a la profesora o a la iglesia, va a ir a la red social, a ChatGPT o a la pornografía, que es donde puede encontrar respuestas a sus inquietudes sobre sexualidad. Entonces, ojo, esa es una responsabilidad histórica. Y, además, la violencia de género sigue estando presente y es sobre ese tipo de cosas que debemos de actuar. El silencio no permite actuar sobre eso. El silencio lo que hace es que legitima las violencias”, concluye.

Caribe Afirmativo plantea esa misma discusión desde la continuidad institucional. Para la organización, el nuevo Gobierno no parte de cero, sino que recibe políticas y compromisos que ya fueron construidos para garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+. Entre ellos están el CONPES 4147, el Sistema Nacional para la Garantía de Derechos de esta población, las rutas de atención frente a la violencia y los protocolos de inclusión en entidades públicas. También advierte sobre la necesidad de preservar los recursos y avances técnicos alcanzados, como la Guía de Práctica Clínica para la Afirmación de Género de Personas Trans.

🟣📰 Para conocer más noticias y análisis, visite la sección de Género y Diversidad de El Espectador.

✉️ Si tiene interés en los temas de género o información que considere oportuna compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: lasigualadasoficial@gmail.com o ladisidenciaee@gmail.com.

Cuando pensamos en las disputas políticas de nuestro tiempo solemos mirar las elecciones, las leyes, los discursos de los gobiernos o las decisiones de los tribunales. Mucho menos visible es otra disputa que también está ocurriendo: la que define qué puede conocer un Estado sobre la sociedad que gobierna. Qué información decide producir, qué poblaciones logra reconocer en sus sistemas, qué preguntas hace, cómo organiza sus registros, qué estadísticas publica y qué evidencia queda disponible para tomar decisiones parecen asuntos técnicos. Esas decisiones también determinan qué problemas podemos identificar, qué desigualdades podemos medir y qué realidades llegan a ser visibles para la acción pública.

Por eso, los datos también están en disputa.

Las discusiones recientes alrededor del género permiten verlo con especial claridad. En Estados Unidos, desde 2025, el gobierno federal adoptó una definición de sexo basada en categorías masculina y femenina y ordenó cambios en políticas, documentos y formularios oficiales. Entre otras medidas, dispuso que los formularios federales que solicitan información sobre sexo no incluyeran preguntas sobre identidad de género. Una discusión que podría parecer limitada al terreno de los valores o del lenguaje llegó también a la manera en que el Estado pregunta, registra y organiza información sobre su población.

(Le podría interesar: Quemar anticonceptivos y recortar la salud reproductiva: las decisiones de Trump en un año)

Argentina muestra otra dimensión. Desde la llegada de Javier Milei, el gobierno reorganizó o eliminó parte de la institucionalidad nacional que trabajaba específicamente en asuntos de género y contra la discriminación, incluido el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Eso no significa que Argentina haya dejado de producir estadísticas sobre estas poblaciones, ni que ambos casos sean equivalentes. Lo que sí muestra es que las capacidades institucionales construidas durante años pueden cambiar rápidamente cuando cambia la visión política de un gobierno.

Ahí aparece la pregunta que me interesa. Es normal que un nuevo gobierno modifique prioridades, políticas e instituciones. La pregunta es si debería poder reducir también la capacidad del Estado para conocer realidades que no encajan con su visión del mundo. ¿Qué ocurre cuando una disputa política empieza a determinar qué información se produce, qué fenómenos siguen siendo observables y qué evidencia queda disponible para que la sociedad evalúe lo que está ocurriendo?

El problema parece pequeño hasta que pensamos en sus consecuencias. Una persona trans sigue yendo al hospital, buscando empleo, estudiando, envejeciendo o enfrentando violencia aunque un sistema público no tenga información suficiente para reconocer esas experiencias. Las personas no desaparecen cuando el Estado deja de preguntarse por ellas. Lo que puede desaparecer es parte de nuestra capacidad para saber qué les está ocurriendo, identificar si enfrentan barreras distintas y determinar si las políticas que deberían protegerlas realmente están funcionando.

(También puede leer: Milei amplió prohibición del lenguaje inclusivo a toda la administración nacional)

Ahí aparece también una cuestión de justicia estadística: qué tan capaces son los sistemas del Estado de reconocer a las personas y de producir información que refleje la diversidad de la sociedad que buscan comprender. Esto importa porque los datos oficiales nunca son una fotografía perfecta de la sociedad. Producir información implica tomar decisiones: qué queremos conocer, qué preguntas hacemos, cómo organizamos los registros, qué diferencias necesitamos observar y qué resultados ponemos a disposición de la sociedad. Esas decisiones pueden y deben cambiar con el tiempo. Eso no significa que toda diferencia deba convertirse en una nueva variable ni que producir más datos sea siempre mejor. Significa que las instituciones públicas deberían conservar la capacidad de conocer una sociedad compleja incluso cuando parte de esa complejidad resulta incómoda políticamente.

Y esto va mucho más allá de las personas trans. La misma pregunta puede hacerse frente a la migración, la violencia, la pobreza, la discapacidad, las desigualdades raciales, el cambio climático o cualquier asunto en el que la evidencia entre en tensión con determinadas posiciones políticas. Los sistemas estadísticos necesitan revisarse. Una cosa es mejorar la manera en que conocemos un fenómeno y otra reducir nuestra capacidad de conocerlo porque preferimos que deje de formar parte de la conversación pública.

Colombia tiene aquí una oportunidad interesante. Con todas sus limitaciones, durante los últimos años distintas instituciones han ampliado la información disponible sobre diversidad sexual y de género, al mismo tiempo que el país ha avanzado en el reconocimiento jurídico de identidades trans y no binarias. Persisten vacíos importantes y nuestros sistemas no siempre conversan entre sí. Una misma persona puede ser reconocida por una institución y permanecer invisible para otra. Aun así, esos avances muestran que la infraestructura de conocimiento del Estado puede transformarse para representar mejor a la sociedad.

(Lea más: ¿Qué pasará con los derechos LGBTIQ+ en el gobierno de De la Espriella? Las primeras señales)

Podemos pensar los datos públicos como parte de una infraestructura democrática que debería ser suficientemente sólida para sobrevivir a los cambios de gobierno. No porque las estadísticas estén por encima de la política ni porque los expertos deban reemplazar la deliberación democrática, sino porque una sociedad necesita conservar cierta capacidad común para observarse, discutir sus problemas y evaluar las consecuencias de las decisiones de quienes gobiernan. La realidad del país no debería poder redefinirse completamente cada cuatro años en función de quién tenga el poder.

Eso también obliga a reconocer los límites de la producción de datos. La visibilidad puede proteger, pero también puede exponer. Recoger información sobre identidad de género, salud, origen étnico, discapacidad, migración u otras características sensibles exige propósitos claros, protección de la privacidad, seguridad y participación de las personas sobre quienes se produce esa información. Un Estado democrático no debería tener que escoger entre conocer mejor a su población y protegerla. El desafío es construir sistemas capaces de hacer ambas cosas.

Por eso la pregunta no es simplemente si necesitamos más datos. Es qué tipo de infraestructura pública de conocimiento queremos construir y para qué.

Colombia podría proponerse ser un referente regional en este terreno: desarrollar sistemas capaces de reconocer diferencias sin convertirlas en sospecha, producir información sin poner vidas en riesgo, permitir que investigadores, periodistas y organizaciones sociales evalúen lo que está ocurriendo, y ofrecer a quienes toman decisiones evidencia suficiente para identificar dónde persisten las desigualdades y si las políticas públicas están funcionando.

La evidencia, por supuesto, no gobierna sola. No decide qué valores debemos priorizar ni elimina los desacuerdos legítimos de una democracia. Pero sí puede ayudarnos a conocer las consecuencias de nuestras decisiones y a exigir que quienes gobiernan respondan por ellas. Si una política profundiza una desigualdad, necesitamos conservar la capacidad de saberlo. Si una población enfrenta mayores barreras, necesitamos poder identificarlas. Y si un gobierno decide ignorar determinada evidencia, la sociedad debería al menos conservar la capacidad institucional para producirla, discutirla y exigir explicaciones.

(Contexto: Así llega Colombia a las elecciones en temas de mujeres y LGBT: avances, violencias y vacíos)

Tal vez ahí esté una de las tareas democráticas menos visibles de nuestro tiempo: proteger la posibilidad de conocer una realidad que siempre será más compleja que la visión de cualquier gobierno.

Una democracia cuenta votos, sí. Pero también necesita instituciones capaces de contar, comprender y reconocer las vidas que existen detrás de ellos. Defender esa capacidad, con privacidad, participación y garantías, es también defender la democracia: garantizar que la capacidad de conocer la realidad del país no dependa únicamente de quien tenga temporalmente el poder de nombrarla.

🟣📰 Para conocer más noticias y análisis, visite la sección de Género y Diversidad de El Espectador.

✉️ Si tiene interés en los temas de género o información que considere oportuna compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: lasigualadasoficial@gmail.com o ladisidenciaee@gmail.com.

Bajo la premisa de una supuesta “estrategia woke”, -una expresión usada de manera despectiva para cuestionar agendas relacionadas con la igualdad- que busca instalar lo que denominan la “ideología de género” en los colegios del país, la ministra de Educación, Viviane Morales, aseguró que se puso en marcha un plan para “volver a los principios y valores” de la “patria milagro”. La línea dictaminada desde el gobierno de Abelardo de la Espriella da los primeros pasos en la implementación de un país que se inclina nuevamente hacia la derecha y que, en el camino, plantea preocupaciones por las garantías en materia de derechos de las mujeres, las niñas, los niños y la población LGBTIQ+.

El fantasma de la “ideología de género” se cuela nuevamente en el debate público, pero esta vez no desde las frases de campaña en las que De la Espriella decía que era enemigo de esta supuesta estrategia y se posicionaba en contra de que a “nuestros niños se les quiera condicionar y se les contamine para tratar de cambiar su visión sobre la sexualidad”.

Ahora, desde el poder, es Morales quien cumple con las órdenes del jefe de Estado y asegura que se va a “sacar la ideologización del país y a respetar el derecho de los padres en la educación”, ya que “ha habido una campaña que ha metido una cantidad de sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y de la educación de los hijos, especialmente en el programa de educación sexual integral”, dijo en una rueda de prensa.

(Lea aquí: Viviane Morales y la “ideología de género”: ¿por qué su llegada a Mineducación genera dudas?)

En paralelo a las declaraciones de la ministra, la opinión pública estaba debatiendo la decisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de excluir la palabra “niñas” del lenguaje institucional para referirse solo a “niños y adolescentes” o de pleno a la “niñez”, algo que generó controversia y fue anunciado por la directora elegida por la nueva administración: María Carolina Restrepo.

Con todas estas decisiones, surgen inquietudes a raíz de las declaraciones de Restrepo, de Morales y del primer decreto emitido por la ministra –en el que se permite que iglesias y colectividades religiosas den talleres pedagógicos a niños y niñas en la educación pública–. ¿A qué se refieren cuándo hablan de “ideología de género”?¿Qué significa la supuesta existencia de una “campaña woke” en los colegios?¿En qué consiste realmente la educación sexual integral para niñas, niños y adolescentes?

(Lea aquí: ¿Qué pasará con los derechos LGBTIQ+ en el gobierno de De la Espriella? Las primeras señales)

La “ideología de género”: una categoría creada para frenar los avances en derechos humanos

Lo cierto es que, al referirnos a este término, no se está haciendo alusión a una categoría científica, académica o jurídica. Las expertas consultadas aseguran que se trata de una categoría netamente política –principalmente utilizada por sectores de derecha y de ultraderecha– con el fin de generar miedo respecto a temas específicos relacionados con la educación sexual integral, los derechos sexuales y reproductivos, el matrimonio y la adopción igualitaria, entre otros asuntos vinculados con el avance en los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+.

“Es un artefacto político que se inventó y surgió a partir de los avances en términos de equidad de género y de derechos sexuales y reproductivos de la Convención Internacional de Población y Desarrollo en 1994 y después en Beijing sobre la mujer en 1995. Ahí empezó a surgir a partir del Vaticano –ni siquiera de la academia– ese concepto para deslegitimar los avances en equidad y en derechos humanos”, aseguró Mariana Sanz de Santamaría a El Espectador, abogada experta en género y en educación.

Además, Sanz explica que este término se usa como un aglutinante que construye una “amenaza inexistente”, la cual pone en riesgo valores familiares, un orden social específico, la moralidad pública según cierta ideología y cierta fe, para instaurar así un pánico moral alrededor de “temas como la educación sexual, avances en términos de reconocimiento de la comunidad LGTBIQ+, la despenalización del aborto, la Ley de Cuotas, etc”.

¿Cuáles son las consecuencias de promover este término? Según la experta, aunque “la ideología de género no existe” y funciona como “una gran cortina de humo para generar un pánico moral alrededor de unos avances en términos de equidad de género y derechos en general”, los impactos de esta narrativa sí se materializan y repercuten en la calidad y la veracidad de la información relacionada con estos temas.

“No hay posibilidad de ‘homosexualizar’ a las personas. Ninguna persona homosexual ni trans lo decidió ni tampoco se le impuso, no existe esa amenaza porque no es posible. El miedo de que todas las mujeres van a abortar por gusto y por deporte no es verdad, no existe ninguna organización, ningún movimiento que fomente que las mujeres aborten. Las mujeres siempre han abortado y siempre van a abortar porque por muchas razones no están ni en la capacidad ni en la voluntad, por lo que tampoco deberían ser obligadas a ser madres”, agrega Sanz.

En este sentido, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha calificado el uno del término “ideología de género” como una estrategia para difundir desinformación y reforzar prejuicios contra grupos históricamente discriminados.

La educación sexual integral: una herramienta para la prevención y el cuidado

En medio de un panorama en el que la información falsa muchas veces se toma la agenda, la educación sexual integral también se ha visto afectada. Según Alba Lucía Reyes, directora de la Fundación Sergio Urrego –creada a raíz del suicidio de su hijo de 16 años tras la persecución de la que fue víctima en su colegio por ser gay por parte de directivos– este tipo de narrativas debilitan una educación sexual que, de por sí, ya es precaria en los colegios y que, advierte, está muy en la línea de las estructuras patriarcales.

“La educación sexual en las familias en Colombia está muy arraigada al patriarcado, por eso es que hay tantas violencias ejercidas por adultos sobre los niños y las niñas. Aquí no se trata de ‘educarles para que sean LGBTIQ+’, aquí se trata de enseñarles, de acuerdo a su edad y a su desarrollo, sobre el cuidado de su cuerpo, el consentimiento y el respeto. Sobre las emociones que pueden pasar en su cabecita en sus edades cortas, en la prevención precisamente de este tipo de violencias, en la responsabilidad de poder vivir cada vida de manera independiente, libre, pero dentro del respeto”, precisa Reyes.

Las cifras sobre la implementación de la educación sexual en los colegios de Colombia indican que solo el 33 % cumple con los estándares mínimos de formación en derechos sexuales y reproductivos; solo el 19 % ha tenido formación en prevención del embarazo y tan solo el 15 % en prevención de VIH, según Mariana Sanz.

(Lea más: El 70% de docentes en Colombia no recibe formación en derechos sexuales y ESI)

Y es precisamente en este contexto en el que Reyes advierte de una fuga en el foco del problema, pues mientras se da el debate sobre la supuesta “ideología de género”, las condiciones educativas de niños, niñas y adolescentes en diferentes regiones del país carecen de garantías, especialmente para las niñas, adolescentes y otras personas que menstrúan, así como para quienes pertenecen a la población LGBTIQ+. “A mí me preocupa muchísimo que utilicemos una expresión que quiera hablar de todo, como la ‘ideología de género’. Sin embargo, en la educación no estamos haciendo nada real para poder avanzar, para poder prevenir”, puntualizó.

La normativa de la educación en Colombia: lo que indica y lo que prohíbe

De acuerdo con las expertas consultadas, hay directrices específicas que explican cuál es el camino a seguir en materia de educación e inclusión. Según Mariana Sanz de Santamaria, en este momento Colombia cuenta con la Ley General de Educación (115 de 1994) en la que se “habla de que la educación sexual hace parte fundamental del desarrollo de competencias básicas para la vida”. Y, a partir de ahí, ha habido un desarrollo curricular muy robusto.

“La ley 1620 de convivencia escolar habla sobre la importancia de que los colegios tengan protocolos y rutas de atención para temas de abuso sexual; la sentencia del caso de suicidio de Sergio Urrego en el 2015 donde la Corte Constitucional exhorta a los colegios a que sus manuales de convivencia no sean discriminatorios para la comunidad LGBTIQ+, sino que entiendan la diversidad como un valor humano; y tratados de las convenciones internacionales que hacen parte de todo nuestro marco legal que hablan sobre la importancia de que niños y niñas tengan herramientas para tomar decisiones sobre su cuerpo, y que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos”, puntualiza Sanz.

(Le podría interesar: La educación sexual sí previene el abuso: expertas sobre violencia sexual infantil)

Por esta misma razón, tanto Sanz como Reyes sostienen que hay un blindaje constitucional respecto a la garantía de estos derechos, pero que no deja de ser preocupante el accionar del nuevo gobierno. Asimismo, a esta problemática se van sumando acciones como la de dar la orden de no nombrar a niñas, niños y adolescentes en el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) sino remitirse a decir “niñez o niños”, algo que, según Reyes, anula “nuestra presencia y tanto mujeres como niñas debemos y merecemos ser nombradas”. Hasta el momento, la nueva administración lleva menos de un mes en el poder y las medidas que se tomarán desde el Ejecutivo apenas comienzan.

🟣📰 Para conocer más noticias y análisis, visite la sección de Género y Diversidad de El Espectador.

✉️ Si tiene interés en los temas de género o información que considere oportuna compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: lasigualadasoficial@gmail.com o ladisidenciaee@gmail.com.

El terremoto del pasado 10 de agosto desplomó parte de la casa de Leidi Mallive Londoño Aguirre, conocida por sus redes de apoyo como la “madre Pulga”, una mujer que durante más de tres décadas ha acompañado a las personas trans en Pereira y que tras el desastre resultó herida. Ahora, cuando es ella quien necesita ayuda, son muchas a las que alguna vez les tendió la mano las que están recogiendo dinero para ayudarle a levantar de nuevo su casa.

“Madre Pulga es parte de nuestra historia y de una generación de mujeres trans que abrió caminos, resistió y construyó comunidad cuando hacerlo era todavía más difícil”, reconoce Radiotuta, un proyecto de podcast y memoria que busca recuperar las historias y las luchas del transformismo y la población LGBTIQ+ en Colombia.

Leidi Mallive recuerda con orgullo que fueron sus amigas trans las que la acompañaron a bautizarse cuando era muy joven. Ella ni siquiera sabía de qué se trataba, pero ellas le aseguraron que toda persona debía hacerlo. Fue desde ese momento que recibió el nombre de la “pulga”, por ser como ella misma cuenta, “la marica más pequeña”.

(Lea aquí: Personas LGBTIQ+ reportan pérdidas y falta de ayudas tras el terremoto: así puede donar)

Nació en Aguadas, Caldas, y llegó a Risaralda aún siendo menor de edad, empujada por la violencia que enfrentaba por su identidad de género diversa. Ubica el comienzo de su activismo en 1991. De esa época recuerda las batidas de la policía, los encerramientos en calabozos que iban de 24, 48 y hasta 72 horas, y la violencia física constante. En medio de todo eso, ella y otras mujeres comenzaron a interponer acciones legales para exigir que les respetaran el derecho a estar en el espacio público y, también, a trabajar. Con el tiempo, dice, las batidas continuaron, pero ya no podían quitarles su dignidad.

Así empezó a hacerse conocida entre las mujeres trans de Risaralda. Con los años, muchas comenzaron a buscarla y ella asumió un lugar que describe simplemente como el de una madre. Un oficio que, en su caso, consiste en acompañar: recibir en su casa a quien llega sin tener dónde dormir, ir al hospital con quien se enferma, y, cuando alguna muere, hacer los trámites de defunción y conseguir las flores para el funeral. “Como madre yo les colaboro mucho aún cuando no tengo nada. Porque yo no tengo nada, yo también soy pobre como ellas”, dice.

Y es que la figura de las madres trans hace parte de las familias elegidas que muchas personas con experiencias de vida trans construyen a lo largo de los años. Son vínculos que no parten necesariamente de la consanguinidad o el parentesco biológico, sino de las experiencias compartidas y de las redes que se construyen entre quienes encuentran en otras personas el apoyo, la compañía o el cuidado que necesitan. Es desde ese vínculo que mujeres como Leidi son reconocidas como “madres”, porque acompañan, orientan y comparten lo aprendido con otras mujeres trans.

Y es esa relación de cuidado la que cobraría un nuevo sentido para ella y la población LGBTIQ+ risaraldense después del terremoto. El 10 de agosto, a las 7:34 de la mañana, un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, en Chocó, sacudió el occidente colombiano. Pereira estuvo entre las ciudades más golpeadas. En la casa de la Madre Pulga, donde vivía junto a otras mujeres trans y nueve perros que adoptó, se derrumbaron varias paredes y el resto de la estructura quedó agrietada. Por suerte, ella salió con heridas menores.

(Le puede interesar: Terremoto en Colombia: buscan donaciones de medicamentos para personas que viven con VIH)

Por eso, organizaciones sociales como la Red Comunitaria Trans y Radiotituta se unieron para ayudar a la activista bajo la consigna de “tenemos que cuidar a nuestras adultas trans”. La idea es recoger fondos para que Leidi pueda reparar su casa y atender las lesiones que sufrió durante el terremoto.

“Hoy queremos acompañarla y ayudarla a reconstruir, no solo su casa, sino también la tranquilidad y el respaldo que necesita en este momento”, se lee en la convocatoria difundida por redes sociales. Allí invitan a las personas a ayudar con dinero que llegará directamente a la cuenta de Londoño. Hasta el momento, cuenta, ha recibido COP 300.000, con los que ha podido cubrir algunos gastos básicos, incluida, la comida de sus nueve perros.

La situación de las personas trans después del terremoto

La casa de la Madre Pulga es una de las muchas historias que comienzan a aparecer después del terremoto y que demuestra que no todas las personas viven los desastres de la misma manera. El último balance realizado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reporta 304 personas fallecidas, 4.548 heridas, 426 desaparecidas y 356 personas rescatadas. No obstante, Juli Salamanca Cortés, directora ejecutiva de la Liga de Salud Trans advierte que “las emergencias no afectan a todas las personas de la misma manera”. Después de una emergencia de estas dimensiones, explica, las personas trans y no binarias enfrentan mayores dificultades para acceder a vivienda, alimentación, atención integral en salud, medicamentos y ayudas humanitarias.

A las afectaciones que deja el desastre se suman las condiciones ya estaban presentes antes, como la exclusión social, la precarización laboral y la discriminación institucional, asegura.

“Nos preocupa especialmente la situación en el Pacífico colombiano, particularmente en Chocó y Buenaventura, donde las limitaciones históricas en la presencia estatal y en la capacidad de respuesta humanitaria incrementan los riesgos para las personas trans. Muchas de ellas dependen de economías informales, redes comunitarias de cuidado y tratamientos médicos continuos que pueden verse afectados o interrumpidos durante la emergencia”, agrega.

De hecho, Caribe Afirmativo también recibió información desde Buenaventura y Argelia sobre los efectos del terremoto en la población LGBTIQ+. Líderes comunitarios y hombres trans reportaron graves daños en varias viviendas. La preocupación está en que algunas de estas personas no han encontrado albergues que respondan a sus necesidades y han tenido que quedarse temporalmente en casas de vecinos, “En estos territorios, la mayoría de estos espacios son liderados por grupos religiosos que incluso rechazan, de entrada, poder dar respaldo a una persona trans, pues proponen acciones desde una atención binaria, desconociendo su vulnerabilidad y aumentando el riesgo”, aseguró el director de la organización Wilson Castañeda.

Desde las organizaciones sociales, hacen un llamado a las autoridades, entidades humanitarias, organizaciones sociales y ciudadanía para que la respuesta incorpore un enfoque diferencial, territorial y de género. “Esto implica garantizar el acceso oportuno, digno y sin discriminación a albergues seguros, alimentación, atención en salud, medicamentos, protección frente a las violencias y ayudas económicas, respetando en todo momento la identidad y expresión de género de las personas afectadas”, añade Juli Salamanca.

(Lea también: Dos clínicas de Profamilia suspenden servicios tras el sismo: “la salud sexual no da espera”)

También plantea que el Gobierno nacional debería articular su respuesta con las organizaciones trans que trabajan en los territorios. Son ellas, dice, quienes ya conocen de cerca las necesidades de la población y pueden ayudar a identificar a las personas que, en medio de la emergencia, corren el riesgo de quedar nuevamente por fuera de la respuesta institucional.

🟣📰 Para conocer más noticias y análisis, visite la sección de Género y Diversidad de El Espectador.

✉️ Si tiene interés en los temas de género o información que considere oportuna compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: lasigualadasoficial@gmail.com o ladisidenciaee@gmail.com.

Cinco días después del terremoto de magnitud 7,4, las organizaciones que trabajan con población LGBTIQ+ en los territorios comienzan a tener información más clara de las pérdidas y afectaciones que dejó el sismo, a medida que se recuperan las comunicaciones y avanzan las labores de rescate. Hay viviendas destruidas o con daños graves, sedes de organizaciones inhabilitadas y personas que todavía buscan dónde quedarse y cómo acceder a las ayudas, en varios municipios del Pacífico y el Eje Cafetero.

“En medio de una logística masiva de socorro, es previsible que el Estado priorice la respuesta estandarizada y que, de manera sutil pero sistemática, las necesidades específicas, identitarias y de protección de las personas LGBTIQ+ no queden registradas ni atendidas en los censos tradicionales de damnificados”, señaló Caribe Afirmativo, solicitando una ruta de atención diferenciada y rápida.

(Le puede interesar: Terremoto en Colombia: buscan donaciones de medicamentos para personas que viven con VIH)

Wilson Castañeda, director de la organización, explica a El Espectador que, en este contexto, para algunas personas LGBTIQ+, conseguir alojamiento o acceder a una ayuda implica obstáculos adicionales. Las organizaciones que trabajan en los territorios señalan, por ejemplo, que las personas trans y no binarias encuentran dificultades en albergues que no contemplan sus identidades y que quienes viven del trabajo sexual o de actividades informales perdieron su fuente inmediata de ingresos.

En Pereira, la Fundación Plataformas informó sobre la muerte de una mujer transformista y señaló que, al momento de elaborar el reporte, continuaban las labores para recuperar su cuerpo de un edificio colapsado. La organización también recibió reportes de varias personas LGBTIQ+ que perdieron completamente sus viviendas. Según informó la Fundación, hasta el jueves había brindado atención psicológica a 16 personas y entregado tres ayudas alimentarias a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

En Manizales, uno de los tres puntos de atención de Like por la Vida quedó inhabilitado por los daños en la edificación. La organización también reportó que varias personas LGBTIQ+ perdieron sus viviendas por grietas y colapsos. Su sede administrativa (Cra. 26 #49-64, en Versalles, detrás de Confa de la 50) empezó a funcionar como centro de acopio. Además, continúa con sus labores de atención emocional y psicológica.

En Armenia, el impacto también está relacionado con los medios económicos de subsistencia. Según Eje Diverso, el toque de queda en el centro de la ciudad afectó gravemente a personas que ejercen el trabajo sexual. La organización comenzó una caracterización barrio a barrio para identificar las necesidades de las personas más afectadas por el sismo y cuya fuente de ingresos se vio comprometida.

En Buenaventura y Argelia, líderes comunitarios y hombres trans señalan, en los reportes recogidos por la organización, daños graves en las viviendas de personas LGBTIQ+, sin pérdidas humanas. Pero aseguran que no hay albergues adaptados y que algunas de ellas permanecen en casas de vecinos mientras buscan insumos a través de redes del Pacífico.

Este último es un punto clave. Aunque personas de distintas partes del país se han volcado a recoger y llevar ayuda a quienes más lo necesitan, el acceso a un lugar seguro sigue siendo un problema para algunas personas LGBTIQ+, así como la falta de información sobre las rutas para solicitar las ayudas disponibles. “En estos territorios, la mayoría de estos espacios son liderados por grupos religiosos que incluso rechazan, de entrada, poder dar respaldo a una persona trans, pues proponen acciones desde una atención binaria, desconociendo su vulnerabilidad y aumentando el riesgo”, asegura Castañeda.

(También lea: Chocó: el golpe doble de un terremoto y la falta de vías)

Eso es justamente lo que reportan desde Quibdó, en Chocó. Integrantes de Mujeres Lesbianas del Chocó (MULESCHÓ), contaron que algunas personas diversas perdieron sus viviendas y todavía no saben dónde acudir para recibir asistencia. Según ellas, en algunos barrios no ha llegado ayuda gubernamental o externa y tampoco les han informado cuáles son las rutas para solicitarla.

“Hemos preguntado directamente en los albergues y a los mecanismos de entrega de ayudas por criterios de priorización y, hasta ahora, ninguno prioriza a las personas LGBT”, afirma Castañeda.

Por otro lado, desde la Fundación Latidos Chocó, informan que las personas afectadas están siendo recibidas en las casas de sus “familias sociales”, es decir, personas cercanas que funcionan como redes de apoyo y cuidado para quienes no cuentan con un lugar al cual acudir, muy común en los contextos de personas LGBTIQ+.

Ante esta situación, las organizaciones piden que las personas afectadas puedan ser identificadas dentro de los censos y las rutas de ayuda. También reclaman que se reconozcan las familias sociales y las redes afectivas que acompañan a muchas personas LGBTIQ+ y que los albergues y las ayudas humanitarias tengan en cuenta sus necesidades.

Por ahora, sostienen que sus labores siguen concentradas en localizar a quienes necesitan ayuda, recuperar información sobre sus pérdidas y abrir rutas para que puedan acceder a las ayudas.

(Le puede interesar: “Una noche por Chocó”: arte y danza para recaudar fondos por las víctimas del terremoto)

Organizaciones LGBTIQ+ y de derechos humanos activan sus propios canales de ayuda

Por su parte, Caribe Afirmativo anunció la activación e intensificación de su red de Casas Caribe Afirmativo, llamada “Juntanza LGBTI”, para llevar ayudas directamente a personas LGBTIQ+ afectadas por el terremoto en Quibdó, Pereira, Buenaventura y Argelia. Estos espacios funcionarán como puntos para recibir, clasificar y distribuir alimentos, kits de higiene, cobijas y otros elementos de primera necesidad que serán entregados a las personas afectadas. Asimismo, contemplan espacios de recepción y acogida temporal para personas LGBTIQ+ y sus familias que necesiten un lugar donde estar temporalmente, además de acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica.

Puntos de acopio para las donaciones:

• Cartagena: Barrio La Plazuela, MZ A, lote 7.
• Barranquilla: Cra. 60 #58-70, Bellavista.
• Valledupar: Calle 13C #18-64, San Vicente.
• El Carmen: Calle 27 #47-03.
• Maicao: Calle 9 #5-33.
• Bogotá: Cra. 9 #60-09, piso 3, Chapinero Central.
• Ciénaga: Cra. 25A #18-71.
• Medellín: Cra. 49 #50-58, oficina 401, Edificio San Fernando.

También se habilitó un canal para recibir aportes económicos destinados específicamente a la respuesta humanitaria tras el sismo. Santamaría Fundación, una organización de base comunitaria dedicada a la defensa de los derechos de las personas trans, recibe estos aportes a través de su canal oficial de donaciones y también acepta donaciones materiales en su sede de Cali, ubicada en Calle 18 #42B-32, barrio San Judas.

🟣📰 Para conocer más noticias y análisis, visite la sección de Género y Diversidad de El Espectador.

✉️ Si tiene interés en los temas de género o información que considere oportuna compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: lasigualadasoficial@gmail.com o ladisidenciaee@gmail.com.

Los tratamientos antirretrovirales requieren continuidad. Para las personas que viven con VIH, contar con estos medicamentos de manera oportuna es muy importante para su salud, pero durante la emergencia desatada por el terremoto de 7,4 que azotó al país el pasado lunes, los daños en hospitales, las dificultades para movilizarse y las interrupciones en los servicios de salud pueden complicar el acceso. Frente a esto, Red Somos, una de las organizaciones comunitarias más grandes dedicadas al acompañamiento de personas que viven con VIH, población LGBTIQ+ y migrantes, habilitó un canal para recibir antirretrovirales que ya no estén siendo utilizados y destinarlos a personas que estén sin tratamiento o en situación de desabastecimiento en Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Chocó.

Las tres zonas han declarado alerta roja hospitalaria por la emergencia. En Cali, el Hospital Universitario del Valle sufrió un colapso estructural parcial y algunos servicios funcionan bajo medidas de contingencia, según reportó la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI). En Argelia, el hospital local quedó fuera de servicio y en Roldanillo hay áreas hospitalarias inhabilitadas.

En Chocó, la situación es todavía más compleja. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba informó que 29 de los 31 municipios tienen afectaciones y aseguró que la red hospitalaria está colapsada. En Quibdó, el Hospital San Francisco de Asís ha tenido que atender pacientes a las afueras, instalando carpas y camillas, por los daños en su infraestructura. También se presentan afectaciones en las carreteras, que dificultan el desplazamiento entre municipios.

(Lea más aquí: El terremoto golpeó la red hospitalaria: cierres, traslados y servicios al límite)

Todo esto importa para las personas que necesitan medicamentos de manera continua. Ante la ausencia del tratamiento, las citas de control y el abastecimiento en la red hospitalaria, “la persona que vive con el virus puede perder la indetectabilidad, generar resistencias a la medicación disponible para el tratamiento —lo que conocemos como falla terapéutica— y llegar a quedar vulnerable a otras patologías prevalentes en esta población cuando no se tienen los controles adecuados”, explica John Ramírez, director de servicios de salud de Red Somos a El Espectador.

Los antirretrovirales son medicamentos que mantienen el VIH bajo control. Cuando una persona está bajo tratamiento, el virus puede bajar hasta niveles indetectables y mantener un buen estado de salud. Si se interrumpe la medicación, el virus puede volver a aumentar, el medicamento puede dejar de funcionar y las defensas se debilitan. Esto también puede facilitar la aparición de otras infecciones y enfermedades.

Sin embargo, el VIH no se percibe socialmente como cualquier otra enfermedad: es bien conocido que carga con un fuerte estigma y muchos prejuicios, lo que se suma a la serie de barreras que podrían enfrentar las personas que viven con VIH en las zonas en donde el terremoto golpeó con más fuerza. “Es un punto álgido, ya que, aun en los programas de atención actuales, los usuarios reportan situaciones de discriminación y baja empatía por parte del personal médico. Ya podremos imaginar qué puede pasar al recibir la atención en otros lugares”, dice Miguel Barriga, director general de la organización.

Y agrega: “Esto está relacionado con la falta de conocimiento sobre el funcionamiento del diagnóstico y con la falta de entrenamiento de los equipos de salud en el abordaje de personas que viven con VIH en el país. Esto podría desatar una oleada de abandono del tratamiento y pérdida de la adherencia al mismo y a las entidades donde se plantee la atención”.

(Le puede interesar: “Todavía se excluye por vivir con VIH”: así funciona la red que acompaña a personas LGBTIQ+)

Con todo esto en mente, Red Somos está recibiendo antirretrovirales que hayan sobrado de un tratamiento, estén en reserva o ya no estén siendo utilizados. La organización busca destinarlos a personas que viven con VIH y que se encuentran sin tratamiento o desabastecidas en Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Chocó.

La entrega tiene un proceso de por medio. Los medicamentos no pasarán directamente de quien los dona a quien los necesita. La organización hará una revisión técnica con profesionales y verificará las condiciones de los productos. Después, las personas afectadas que los requieran tendrán una teleconsulta médica con un centro de salud aliado para determinar si el medicamento disponible corresponde a su tratamiento. “Por otra vía, recibirá apoyo psicosocial y jurídico para que retome la continuidad de su tratamiento en el marco del sistema de salud colombiano”, añade John Ramírez.

Esto es importante porque no todos los antirretrovirales son intercambiables. La evaluación médica permitirá establecer qué medicamento necesita cada persona antes de hacer la entrega.

Los medicamentos serán entregados de manera gratuita, aseguran. El costo del envío hasta donde se encuentre la persona receptora deberá ser asumido inicialmente por quien recibe el tratamiento. “Aquí estamos trabajando para contar con recursos para el pago de envíos. Por ahora, si la persona cuenta con estos recursos, o algún familiar o amigo puede asumir el costo del envío, lo hacemos por esta vía. Para quienes definitivamente no lo logran, buscamos donantes que puedan asumir estos costos”, aclara Barriga.

También reciben alimentos y útiles de aseo: la organización habilitó tres sedes como centros de acopio para recolectar estos productos y destinarlos a las zonas afectadas por el terremoto.

(Le puede interesar: La PrEP de VIH: cómo funciona, cuánto cuesta y cómo conseguirla)

Puntos de acopio de Red Somos en Bogotá, Soacha y Villavicencio:

• Bogotá, sede Teusaquillo: Cra. 16A #30-90.
• Soacha: Cra. 6 #16-50, Soacha, Cundinamarca.
• Villavicencio: Carrera 34A #34A-29.

Si usted es una persona afectada por el terremoto y vive con VIH, también puede contactar a la organización directamente para recibir apoyo psicológico, medicamentos y asesorías en salud a través del número telefónico (+57) 310 347 8501. Red Somos aclaró que no está solicitando ni gestionando transferencias bancarias ni dinero en efectivo. Las acciones de ayuda activadas corresponden a la recepción de medicamentos antirretrovirales y de ayuda humanitaria física.

🟣📰 Para conocer más noticias y análisis, visite la sección de Género y Diversidad de El Espectador.

✉️ Si tiene interés en los temas de género o información que considere oportuna compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: lasigualadasoficial@gmail.com o ladisidenciaee@gmail.com.

Sin mayores anuncios ni ceremonias, y en medio de la incertidumbre sobre el rumbo que tomará el próximo gobierno, el Ministerio de Salud de Gustavo Petro comenzó a socializar durante las últimas semanas la nueva Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, el documento que busca orientar las acciones del Estado en esta materia hasta 2035. Se trata de una de las últimas grandes decisiones de la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo antes de entregar el cargo a Ana María Vesga.

En un salón del último piso del Hotel Tequendama, en pleno centro de Bogotá, se reunieron representantes de una decena de organizaciones de la sociedad civil, como Causa Justa, líderes de entidades como Profamilia y la Defensoría del Pueblo, y delegados del Ministerio de Salud, de Educación, de Cultura y de Trabajo.

Le puede interesar: Otra grieta que hay que curar en el sistema de salud, los cuidados paliativos

“Esta política es importante, especialmente en los tiempos que se nos avecinan”; “lo más probable es que esta política, al salir por un acto administrativo, sea demandada”; “sabemos que puede haber un recambio, pero es necesario articularnos todavía y fortalecer más estas alianzas”; “el terreno de juego que viene en adelante es uno crítico”; “ahora el tema es volverla realidad, mantenerla y, sobre todo, defenderla”, fueron algunas de las frases que se escucharon en la presentación para advertir sobre el cambio de Gobierno.

La nueva política reemplaza la expedida en 2014 y actualiza el marco con el que el Estado aborda los derechos sexuales y reproductivos de los colombianos y las colombianas. “Es una política de largo alcance que recoge los aprendizajes de la anterior y que se expide con dientes y con un marco normativo de obligatorio cumplimiento”, dijo Ricardo Luque, líder del grupo de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos del Ministerio de Salud de Gustavo Petro.

La resolución que la hace realidad es la 1350 del 10 de julio y fue expedida en conjunto por los ministerios de Salud, Educación, Cultura y Trabajo. Con ello, el Gobierno dice que busca dejar atrás un enfoque centrado solo en el sector salud y asumir que la garantía de estos derechos depende también de la educación y los entornos escolares que existen en el país, de las condiciones laborales y de las transformaciones culturales.

Varios elementos explican el momento de la política. Para el Ministerio de Salud, la hoja de ruta de 2014 había quedado rezagada frente a los cambios normativos de la última década y a problemas que siguen sin resolverse. El diagnóstico que acompaña la resolución identifica brechas que aún persisten en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo en zonas rurales y entre poblaciones vulnerables, una débil articulación entre las entidades del Estado y el surgimiento de nuevos desafíos, como las violencias en entornos digitales.

A ello se suma un mandato de la Corte Constitucional. La política responde, entre otros, a la petición contenida en la sentencia C-055 de 2022, mediante la cual el alto tribunal despenalizó el aborto hasta la semana 24 y le pidió al Gobierno que formulara e implementara una política pública integral para eliminar las barreras que enfrentan las mujeres y las personas gestantes en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

Durante la jornada, el viceministro de Salud Pública del Gobierno Petro, Jaime Urrego, insistió en que el reto no pasa únicamente por ampliar la oferta de servicios de salud en este campo. “Cuando hablamos de acceso, hablamos no solamente de acceso a servicios de salud, sino a entornos protectores”, señaló.

En su intervención sostuvo que factores como la educación, las condiciones laborales, la autonomía económica de las mujeres y las normas sociales también determinan la posibilidad de ejercer los derechos sexuales y reproductivos, razón por la cual la política busca involucrar a distintos sectores del Estado.

¿Qué es lo nuevo de la política y qué transformaciones busca?

Una responsabilidad de todos

Aunque la resolución concede seis meses (que ya están corriendo) para elaborar el plan de acción que definirá cronogramas, indicadores y mecanismos de seguimiento, la política deja establecida una buena parte de las obligaciones de las entidades involucradas en ella. Para ello, el documento fija cinco ejes estratégicos, define los enfoques que deberán orientar su implementación y asigna unas responsabilidades concretas y delimitadas al Ministerio de Salud, las autoridades territoriales, las EPS y las IPS para avanzar en su ejecución.

En primer lugar, hay una arquitectura institucional. El Ministerio de Salud deberá coordinar la política, expedir lineamientos técnicos para la atención en salud sexual y reproductiva, fortalecer la capacitación del talento humano en salud, hacer seguimiento a la implementación y evaluar sus resultados a los cinco años de expedida y al finalizar su vigencia en 2035.

Le puede interesar: Región de las Américas registra el mayor número de casos de sarampión en dos décadas: OPS

A nivel territorial, las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales, por su parte, deberán adaptar esa hoja de ruta a sus territorios, incorporar acciones e indicadores en sus planes de salud, garantizar recursos para su ejecución y establecer mecanismos de seguimiento. También se imponen nuevas responsabilidades a las EPS y a las IPS. Las primeras deberán incorporar las acciones y metas de la política en su gestión institucional y garantizar que sus redes cuenten con personal capacitado, protocolos y los insumos suficientes para la atención en salud sexual y reproductiva.

Las instituciones prestadoras de servicios de salud (las IPS), entretanto, tendrán que fortalecer la formación continua de su talento humano para asegurar una atención basada en la evidencia científica y con enfoque diferencial, de género y de derechos humanos.

Más allá de esas responsabilidades, la política traza una hoja de ruta con decenas de acciones claras que deberán desarrollar las distintas entidades del Estado durante la próxima década. Por ejemplo, uno de los principales frentes es la educación integral en sexualidad. El documento plantea actualizar el llamado Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC), fortalecer la formación permanente de docentes desde preescolar hasta la educación superior y extender la educación sexual a espacios distintos a la escuela, como familias, comunidades, instituciones, lugares de trabajo y entornos digitales. Además, propone crear un repositorio público de materiales pedagógicos laicos, accesibles y culturalmente pertinentes, disponibles en lenguas indígenas y formatos adaptados para personas con discapacidad.

“Somos un Estado laico y, por supuesto, se respetan todas las religiones y creencias. Pero esas creencias no pueden imponerse al conjunto de la población. No puede haber, desde ningún punto de vista, una política pública que, sustentada en las mayorías, atente contra los derechos, aunque sea de una sola persona”, afirmó Luque.

En la misma línea, representantes de la Defensoría del Pueblo aprovecharon para cuestionar el uso reciente de la expresión “ideología de género”, al señalar que se trata de un término surgido como una reacción a las agendas impulsadas por los movimientos de mujeres y feministas en favor de los derechos sexuales y reproductivos y de la igualdad de oportunidades entre todos.

La política también dedica un capítulo a la transformación cultural. Allí plantea ampliar la educación integral en sexualidad, desarrollar herramientas para que niños, jóvenes y docentes identifiquen estereotipos de género y discursos discriminatorios en medios y redes, fortalecer medios comunitarios para promover contenidos sobre derechos sexuales y reproductivos y formar a docentes, líderes y creadores de contenido en competencias con enfoque de derechos. También propone crear campañas de sensibilización dirigidas a desmontar prejuicios y transformar normas sociales relacionadas con la sexualidad.

El representante del Ministerio de las Culturas y las Artes defendió ese componente y señaló que “las barreras más difíciles de superar no son barreras físicas, son los muros de los prejuicios”. A su juicio, muchas limitaciones para ejercer los derechos sexuales y reproductivos “están profundamente ancladas en prácticas culturales, imaginarios sociales y estereotipos excluyentes que tenemos el deber de desaprender”. Por eso, añadió, el reto será “llevar el espíritu de esta política a la vida cotidiana a través de estrategias pedagógicas, comunicativas y simbólicas”, pues “el arte, la cultura y las prácticas comunitarias son herramientas irremplazables para garantizar una vida libre de violencias”.

Uno de los cambios más llamativos frente a la política de 2014 es la incorporación de las violencias de género en los entornos digitales. El documento reconoce que el auge de las tecnologías y las redes sociales ha abierto nuevas formas de vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, entre ellas la sextorsión, la difusión no consentida de imágenes íntimas, el doxing (la publicación o divulgación de datos personales de una persona sin su consentimiento), el ciberacoso y los discursos de odio. Ante este panorama, la política plantea diseñar una estrategia nacional para prevenir estas violencias, fortalecer las rutas de atención a las víctimas, desarrollar campañas de alfabetización y ciudadanía digital, promover acuerdos con plataformas tecnológicas para agilizar el retiro de contenidos difundidos sin autorización y reforzar los mecanismos de denuncia y acompañamiento.

En el frente de la salud sexual y reproductiva, el documento incorpora temas que, hasta ahora, según Minsalud, no tenían un desarrollo en la política nacional. Plantea incluir la salud menstrual como un componente obligatorio de la atención primaria, desarrollar estrategias para la atención integral del climaterio (que es cuando la mujer pasa de la etapa reproductiva a la no reproductiva), la menopausia y la postmenopausia, implementar la política de prevención y tratamiento de la endometriosis, garantizar la entrega de productos de gestión menstrual a poblaciones en condición de vulnerabilidad (como estudiantes, mujeres privadas de la libertad, habitantes de zonas rurales dispersas y personas en movilidad humana) y promover investigaciones sobre estos temas.

En cuanto a las violencias y prácticas nocivas, la política propone fortalecer la prevención y atención de la violencia obstétrica, impulsar programas para promover masculinidades corresponsables y no violentas, consolidar rutas para prevenir y atender la mutilación genital femenina y los matrimonios infantiles y uniones tempranas, e implementar el Programa Nacional de Proyectos de Vida para niñas, niños y adolescentes, con orientación vocacional y alternativas educativas en los territorios donde estas prácticas siguen siendo frecuentes.

Pese al respaldo que recibió el documento durante la jornada, varios de los asistentes coincidieron en que la expedición de la política es apenas el primer paso.

Del papel a la implementación

Las organizaciones que participaron en la socialización no cuestionaron el contenido de la política. Por el contrario, varias de ellas la describieron como un instrumento que recoge buena parte de las discusiones de los últimos años en materia de derechos sexuales y reproductivos en Colombia. Sin embargo, insistieron en que el verdadero desafío comenzará ahora, cuando deba traducirse en acciones concretas en los territorios.

Desde la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, una de las organizaciones que acompañó la construcción del documento, recordaron que desde agosto de 2022 venían trabajando con el Ministerio de Salud para desarrollar la normativa derivada de la sentencia C-055 sobre interrupción voluntaria del embarazo. En su opinión, la nueva política ofrece, por primera vez, una herramienta que podrá ser utilizada por organizaciones sociales más allá de Bogotá para exigir la garantía de estos derechos en los departamentos y municipios.

Pero ese mismo reconocimiento estuvo acompañado de advertencias. La representante de la organización señaló que la política probablemente será demandada ante el Consejo de Estado, como ya ocurrió con otras resoluciones expedidas por el Ministerio de Salud, y pidió fortalecer la articulación entre las organizaciones sociales, las instituciones que permanezcan tras el cambio de gobierno y los actores territoriales para defender su implementación. También llamó la atención sobre la necesidad de que la política quede incorporada en los próximos planes territoriales de desarrollo, pues allí se definirá buena parte de los recursos y las acciones que deberán ejecutarse durante la próxima década.

Lea también: “Gracias por escucharme”, así se hizo la encuesta que retrató la salud mental de Colombia

Otro de los puntos que más se repitió fue la necesidad de superar la fragmentación institucional. Varias de las líderes de la sociedad civil aseguraron que esa había sido una de las principales dificultades identificadas durante la elaboración del documento: en muchos territorios, dijeron, las entidades responsables de garantizar estos derechos trabajan de manera aislada y sin coordinación entre sí. “Las diferentes instituciones parecen como si fueran enemigas”, afirmó una de ellas, al insistir en que la apuesta intersectorial solo tendrá resultados si las entidades logran actuar de manera conjunta.

Una preocupación similar expresó la Defensoría del Pueblo. Aunque destacó que el enfoque de género quedó incorporado de manera transversal y reiteró el respaldo de la entidad al documento, advirtió que la implementación dependerá de que permanezcan “burocracias críticas fortalecidas” dentro de las instituciones y de que continúe el trabajo conjunto con las organizaciones sociales. “Seguiremos trabajando para que esta propuesta, este plan de trabajo, efectivamente se implemente en los territorios”, señaló su representante.

Las inquietudes planteadas durante la reunión coinciden con el diagnóstico de la propia política. El documento reconoce que, pese a los avances alcanzados entre 2014 y 2021, persisten problemas que han limitado su implementación, entre ellos la falta de articulación entre sectores, las barreras de acceso en los territorios y las diferencias en capacidades institucionales y recursos entre regiones.

Con la política ya expedida, el desafío pasa ahora a la siguiente administración. Además de elaborar el plan de acción previsto en la resolución, el próximo gobierno deberá garantizar la financiación y la capacidad necesarias para ejecutar una hoja de ruta que se proyecta hasta 2035.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺

A Mateo Rodrigo Solares lo llevaron a once psicólogos. Uno tras otro, todos con el mismo encargo: convertirlo en “una mujer normal, hecha y derecha, que algún día se va a casar de blanco y va a ser madre”, recuerda. Pero ninguno lo consiguió, porque la identidad de género no se puede imponer. En ese momento no tenía claro eso, y mucho menos que años después sería uno de los litigantes del primer matrimonio igualitario autorizado en su país, junto a la organización en la que hoy trabaja.

Tiene 39 años, pero dice que apenas lleva 16 viviendo. Los cuenta desde el día en que pudo cambiar el nombre en su documento de identidad boliviano. No fue un proceso sencillo. Nació en 1987 y, por entonces, en Bolivia apenas se hablaba de hombres gais y de mujeres lesbianas. No había referencias de personas trans en la televisión ni en los medios de comunicación, ni tenía a nadie cerca que hubiera experimentado algo parecido. Aun así, sabía que era un hombre.

Muy joven y con poco apoyo, se fue a estudiar psicología a Argentina. Allí, en un país que le pareció más avanzado en materia de derechos, al menos en estos temas, hizo su transición. Y desde allá, a distancia, empezó el trámite de cambio de nombre en sus documentos de identidad. Tardó cinco años en conseguir que su carné dijera “Mateo”, el nombre con el que sí se sentía reconocido.

Lo logró, en parte, por suerte. La jueza que autorizó el cambio tenía en su familia un caso parecido y entendió lo que él estaba exigiendo. Al resto, calcula, le iba distinto: “al 99 % de personas le decían que no”, cuenta a El Espectador. El no querer que otras personas trans quedaran sujetas a la suerte, a que les tocara o no un juez capaz de comprender su caso, llo llevó a estudiar derecho. Una profesión que pronto le serviría para estar detrás de grandes litigios a favor de las personas LGBTIQ+.

(Le puede interesar: “Operación Macondo”: el juez que se adelantó al matrimonio igualitario en Colombia)

La organización a la que llegó buscando asesoría para el cambio de nombre fue la misma que, poco después, se sumó a la lucha por la Ley de Identidad de Género. Esa vez, Mateo participó directamente como uno de los impulsores del proyecto. La norma se aprobó en 2016 y permitió a las personas trans bolivianas cambiar su nombre y género en sus documentos. Hasta 2024, el Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) contabilizaba 670 trámites “para registrar el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen”.

“Antes de la ley, alrededor de 20 personas, entre ellas yo, habíamos logrado hacer el cambio de nombre a través de un proceso judicial. No había otra forma de modificar los nombres o el marcador de género. Era un juez decidiendo quién ibas a ser vos el resto de tu vida”. La comprobación, recuerda, pasaba por tratos humillantes. “Había casos de jueces que decidían: ‘Bueno, a ver, se tendría que bajar el pantalón para ver qué es lo que tiene entre las piernas, para ver si le cambio el nombre o no’. O era obligatorio que ya se tuviera alguna cirugía o algún proceso de hormonización”, afirma.

Desde que se aprobó esta ley, la población trans ya no está sometida a este tipo de comprobaciones adicionales, sino solo a la autodeterminación de su género, sin necesidad de acreditar cirugías, tratamientos hormonales o evaluaciones médicas.

(También puede leer: Amores, luchas y derechos: así conquistaron el matrimonio igualitario en Colombia)

Aún así, por su sensibilidad con estos temas, Mateo acaba de protagonizar un nuevo hecho histórico: litigar por el primer matrimonio igualitario en Bolivia. Como coordinador nacional de la ONG Igual, viajó a dar un taller a Santa Cruz —la ciudad más conservadora del país, según la describe— para ayudar en la actualización de normas. Ahí conoció la historia de dos mujeres que llevaban más de cuatro años intentando ser reconocidas como un matrimonio.

El hecho es que desde el año 2020 Bolivia permite la unión libre entre parejas del mismo sexo, pero el matrimonio igualitario sigue sin estar reconocido. Si bien ambas figuras otorgan, en teoría, los mismos derechos, el peso simbólico y jurídico del matrimonio es diferente.

“Las chicas nos contaron toda su historia, que es muy linda. Porque una de ellas es nieta del último dictador que hubo en Bolivia”, cuenta Mateo. Se refiere al dirigente de un gobierno militar de los años 70’s que emprendió una presunta persecución sistemática contra la población LGBTIQ+. “Él estaba completamente en contra y les hacían barbaridades: les detenían y arrestaban sin ninguna causa, les metían presos, les torturaban. Por eso ella dice que de alguna manera quiere reivindicar todo ese daño que su abuelo ha hecho con toda nuestra población. Imagínate qué fuerte que su nieta sea una de las personas con las que él estaba tan incómodo. Y que además va a ser un referente en la historia del país”, añade.

Un proceso que, por cierto, tuvo tropiezos. “Era muy triste leer las respuestas que nos daba el SERECÍ, cosas como que lo normal no es esto, sino hombre y mujer. Que obviamente a nosotros nos ha servido mucho para argumentar y ganar el caso, porque era claramente discriminatorio, pero para ellas era doloroso leer ese tipo de cosas”. Y añade que lo más duro para ellas era leer que su familia no era aceptada. Aún así aguantaron cuatro años, un desgaste que, en su criterio, ninguna pareja debería atravesar.

La última audiencia fue el 13 de marzo y la ganaron. La resolución constitucional 079/2026, de la Sala Constitucional Primera de La Paz, les abrió el camino a estas dos mujeres, que tras dos amparos, largos trámites y una negativa tras otra lograron ser reconocidas como un matrimonio.

La pareja se casó este viernes 7 de agosto, mientras caía el sol sobre La Paz. Un hecho que no cambia la ley boliviana, pero deja un precedente favorable para otras uniones y que, como dice el abogado, espera que en algún momento se vuelva tan común que no quede más que convertirlo en ley.

Esta entrevista se realizó en el marco del 4º Encuentro Regional de la Red de Litigantes LGBTI+ de las Américas, donde Mateo recordó una promesa que realizó hace 10 años. “El día que se aprobó la Ley de Identidad de Género. Lloramos, nos abrazamos, no podíamos creer lo que estábamos viviendo. Y me acuerdo que abracé a un compañero gay, que es activista también, y le dije: bueno, ahora no voy a descansar hasta lograr el matrimonio. Era como decirle: ‘tú nos has ayudado a las personas trans y ahora yo voy a ayudar a que las parejas del mismo sexo también tengan su derecho reconocido’. Y mira, realmente lo hice. Le estoy cumpliendo la promesa”, comenta.

(También lea: La historia de amor del primer matrimonio entre mujeres de América Latina empezó en Colombia)

De hecho, fue justo en esa reunión donde también reflexionó sobre el momento que atraviesa el movimiento por los derechos LGBTIQ+. “No está siendo fácil para muchos, pero nos tenemos a nosotros. Los tiempos son cíclicos. Vendrán nuevas conquistas mucho más grandes también. Así que a seguir adelante”, concluye.

Este hecho histórico llega cuando Bolivia registra niveles bajos de apoyo para esta población. Según la encuesta Global Advisor de Ipsos, realizada en 26 países, apenas el 31 % de los bolivianos respalda leyes que prohíban la discriminación contra las personas LGBTIQ+ en el empleo, la educación o la vivienda, muy por debajo del 52 % del promedio global. El apoyo al matrimonio igualitario es aún menor: solo un 13 % lo respalda.

🟣📰 Para conocer más noticias y análisis, visite la sección de Género y Diversidad de El Espectador.

✉️ Si tiene interés en los temas de género o información que considere oportuna compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: lasigualadasoficial@gmail.com o ladisidenciaee@gmail.com.

Litigantes, líderes y organizaciones sociales como Colombia Diversa impulsan la “Declaración de Bogotá”, una iniciativa abierta a la ciudadanía que busca defender los derechos conquistados por las personas LGBTIQ+. El documento se presentó justo cuando se cumplen 35 años de la Constitución de 1991, que abrió la posibilidad de exigir el reconocimiento de derechos mediante mecanismos como la acción de tutela, y pocos días antes de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

“Decidimos impulsar esta declaración porque sentimos que, en el ámbito jurídico colombiano y en el de otros países de la región, ha hecho carrera la idea de que las conquistas jurídicas alcanzadas por el colectivo LGBT son cuestionables y susceptibles de revocatoria por los gobiernos de turno”, dice Manuel Páez Ramírez, docente del departamento de derecho constitucional de la Universidad Externado de Colombia, en entrevista con El Espectador.

(Le puede interesar: Corte ordena a Registraduría eliminar barreras para participación política de personas trans)

Según sus promotores, la premisa de la declaración es que los derechos de las personas LGBTIQ+ no son concesiones, sino conquistas construidas a lo largo de los años. Recuerda que avances como el matrimonio igualitario, la adopción o el reconocimiento legal de la identidad de género fueron posibles gracias a litigios y a la movilización ciudadana. Por eso, hace un llamado a los Estados, la judicatura, las instituciones académicas y a la sociedad civil para que se sumen a esta defensa.

“Responde a una preocupación generalizada entre las personas LGBTIQ+ de este país. Y es que, al menos durante la campaña, muchos voceros de lo que ahora va a ser el gobierno de Abelardo de la Espriella anunciaron que lucharían o que tomarían medidas para desmontar el conjunto de derechos reconocidos a las personas LGBT, con especial énfasis en desconocer los precedentes de la Corte Constitucional”, dice Páez.

Para explicar por qué considera que existe un riesgo de retrocesos, Páez pone dos ejemplos. El primero es el nombramiento de la próxima ministra de Educación, Viviane Morales, quien en 2016 promovió una reforma constitucional para impedir que las parejas del mismo sexo y las personas solteras pudieran adoptar. El segundo es el nombramiento de Alejandro Ordóñez, designado por el nuevo gobierno como embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Sobre él, recuerda que “emprendió públicamente una cruzada religiosa para negar en Colombia la posibilidad de que las parejas del mismo sexo celebraran matrimonios civiles, incluso valiéndose de su cargo estatal. Cosa que es absolutamente irregular y por la que, por supuesto, fue objeto de denuncias”.

(Lea aquí: Viviane Morales y la “ideología de género”: ¿por qué su llegada a Mineducación genera dudas?)

¿Qué propone la Declaración de Bogotá?

• Establece que los derechos ya reconocidos a las personas LGBTIQ+ son irreversibles y están protegidos por el principio de no regresividad. Esto significa que no pueden ser reducidos, suspendidos ni derogados por ninguna vía jurídica, incluida una reforma constitucional.
• Afirma que la dignidad humana no puede someterse a votación. Por lo tanto, el reconocimiento y el ejercicio de los derechos humanos no pueden depender de la voluntad de las mayorías ni ser sometidos a referendos o plebiscitos.
• Sostiene que la independencia y la imparcialidad de la rama judicial son garantías esenciales para proteger los derechos de las minorías y de los grupos históricamente discriminados. Por ello, señala que los Estados deben proteger a las cortes, los órganos de control y las instituciones nacionales de derechos humanos frente a cualquier interferencia.
• Señala que los Estados deben garantizar una vida libre de violencia y el acceso al nivel más alto posible de salud, incluida la atención de afirmación de género. Además, pide una protección reforzada para las personas con identidades de género diversas, la niñez y adolescencia trans, población sexodiversa privada de la libertad y personas migrantes.

(También le puede interesar: Llega a Colombia una aplicación para acompañar los procesos de transición de personas trans)

Hasta el momento, la declaración ha sido suscrita por más de 1.000 personas y cuenta con el respaldo de defensores de los derechos LGBTIQ+ que participaron en el IV Encuentro Regional de la Red de Litigantes LGBTI+ de las Américas, realizado en Bogotá entre el 4 y el 6 de agosto. El encuentro reunió a litigantes y organizaciones de 15 países de la región para articular estrategias de protección de los derechos fundamentales de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

🟣📰 Para conocer más noticias y análisis, visite la sección de Género y Diversidad de El Espectador.

✉️ Si tiene interés en los temas de género o información que considere oportuna compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: lasigualadasoficial@gmail.com o ladisidenciaee@gmail.com.

Preguntas como qué exámenes se necesitan para iniciar una terapia hormonal, cuáles son los derechos en salud de una persona trans o qué hacer si se niega un servicio relacionado con la afirmación de género no siempre conducen a respuestas claras, ni en internet ni dentro del sistema de salud. Ante ese vacío nació APP Salud Trans, la primera aplicación web progresiva colombiana desarrollada específicamente para que esta población pueda acompañar sus procesos de transición y salud, con información especializada y herramientas de seguimiento.

La aplicación es el resultado de un trabajo de más de 14 meses liderado por personas con identidades de género diversas de la Liga de Salud Trans. Al ver que existían plataformas capaces de registrar el sueño, la actividad física o el ciclo menstrual, se preguntaron por qué no había una que permitiera organizar y acompañar un proceso de transición., Así construyeron una herramienta para registrar dosis hormonales, ciclos de medicamentos, exámenes de laboratorio y gráficas de evolución. Sus creadores la describen como el paso de aquella carpeta que se llevaba bajo el brazo a cada cita médica hacia un espacio digital donde esa información puede permanecer ordenada.

“Podemos registrar cómo nos sentimos, tomarnos fotos y saber cómo vamos evolucionando físicamente con nuestras transiciones; también podemos aprender a llevar un registro del análisis de los exámenes. La aplicación puede dar esas herramientas que les permiten a los usuarios del sistema de salud gestionar con mayor eficiencia la información”, dijo Lina Quevedo, coordinador del Modelo de Acompañamiento y pedagógico de la organización.

Pero, además, sus desarrolladores sabían que la salud de esta población también se debate en los juzgados y se defiende en escenarios jurídicos. “Una de las barreras más importantes que tiene una persona trans es el acceso a la salud y cómo gestiona sus procesos”, explicó Ivy Bonilla, abogada de la Liga de Salud Trans, en entrevista con El Espectador.

(Le puede interesar: Corte ordena a Registraduría eliminar barreras para participación política de personas trans)

Por eso, la herramienta reúne orientación sobre derechos en salud, modelos de peticiones, quejas y recursos, y una bitácora legal descargable para acompañar procesos administrativos o de litigio. También incluye un directorio de organizaciones y canales comunitarios a los que se puede acudir cuando hay obstáculos.

El informe “Sosteniendo la vida”, publicado en 2025 por esta misma organización, hace una radiografía de las barreras que enfrentan las personas trans y no binarias para acceder a servicios médicos de afirmación de género en el país. Es decir, a las atenciones médicas y psicológicas que acompañan sus procesos de transición. Entre los testimonios recogidos está el de un hombre trans.

“Al tener la cita con el especialista que me mandó la testosterona (que fue en octubre del año pasado), fui a autorizar la testosterona y me dijeron que estaba desabastecida. Debido a esto, con ayuda del consultorio jurídico de la EAFIT, pude poner una acción de tutela para agilizar este proceso”, comentó.

Pero no se trata solo de la experiencia de la persona que brindó este testimonio. La entrega de medicamentos de reemplazo hormonal es un obstáculo generalizado. El 48 % de las personas afirmó que, en algún momento, su EPS se los había negado. Ante estas barreras, el 62.7 % tuvo que presentar una PQR y el 21.3 % recurrió a una tutela para garantizar el acceso.

Las demoras para acceder a hormonas o cirugías entorpecen los procesos de transición y pueden provocar desequilibrios hormonales y descompensaciones emocionales, según el estudio. En medio de la espera, algunas personas terminan abandonando los tratamientos, automedicándose o recurriendo a prácticas inseguras. Es allí donde la aplicación busca abrir un camino más claro para facilitar el acceso autónomo a la información y digno a la salud. Algo que en la práctica, podría prevenir todos estos escenarios.

El acceso a los servicios es apenas la punta del iceberg. A esto se suman otras barreras, como la atención por parte del personal de salud que no reconoce las identidades de género diversas, la negación de servicios por motivos religiosos y la escasez de especialistas fuera de las principales ciudades. Solo en 2023 el país contaba con 334 especialistas en endocrinología, una de las áreas centrales en los procesos de afirmación de género por su relación con los tratamientos de reemplazo hormonal. La mayoría se concentraba en Bogotá, Medellín y Valle del Cauca.

(Lea aquí: Presidente, soy una mujer trans tan colombiana como usted)

“Creo que la inspiración son las historias de más de 1.200 personas trans que han llegado al modelo de acompañamiento [de la Liga], no solamente solicitando ser escuchadas, ser acompañadas legal o psicosocialmente, sino también buscando una comunidad con la cual construir redes”, señaló Quevedo. Además, aclaró que esta iniciativa no pretende reemplazar el acompañamiento humano ni experto, sino hacer más fácil el paso por las instituciones de salud.

Aún así, la app entra en un terreno arenoso. Plataformas dirigidas a la población LGBTIQ+ que almacenan información altamente sensible ya han sido cuestionadas por el uso indebido de datos personales. En 2024, la aplicación de citas Grindr, fue acusada ante el Tribunal Superior del Reino Unido por la presunta difusión de información privada, como el estado serológico de VIH de sus usuarios. Cerca de 1.300 personas se sumaron entonces a la demanda, mientras la empresa negó haber compartido información de salud con fines publicitarios.

Ante estos riesgos, la organización asegura que cada dato está cifrado. “Todo lo que tú guardes se queda dentro del dispositivo y por eso exige una clave. Al final, la Liga no se queda con tus datos; cada persona es gestora de su propia información”, explica Bonilla. Por lo que la información no sale hacia servidores externos y tampoco se crea una copia de respaldo.

(Le recomendamos: Alemania y las primeras veces LGBTIQ+: la palabra “homosexual” nació allí)

Para sus creadores, quienes contaron con el apoyo de Karisma, Wikimedia y el programador Juan Cortés, hay algo esperanzador en esa pantalla morada, ya disponible gratuitamente en internet. Allí está la prueba de que organizaciones colombianas también pueden desarrollar tecnología de alto nivel pensada para la dignidad de las personas LGBTIQ+.

“Esta aplicación está al servicio de vidas más dignas para las personas trans. Porque, cuando el Estado no sabía acompañar, construimos redes de cuidado. Cuando no existía información sobre nosotres, nos volvimos investigadores. Cuando no existían rutas de atención, las inventamos. La creatividad de las personas trans nunca fue un lujo, fue una estrategia para sobrevivir, y creo que hoy tenemos la oportunidad de dar un paso más: que esa creatividad deje de utilizarse únicamente para sobrevivir y pueda convertirse en tecnología capaz de transformar”, concluyó Juli Salamanca, directora ejecutiva de la Liga.

🟣📰 Para conocer más noticias y análisis, visite la sección de Género y Diversidad de El Espectador.

✉️ Si tiene interés en los temas de género o información que considere oportuna compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: lasigualadasoficial@gmail.com o ladisidenciaee@gmail.com.

Ese tipo de afirmaciones sesgan el debate y van en contravía de un Estado laico que garantiza la libre expresión y el libre desarrollo de la personalidad. Me preocupa igual la forma en que algunos medios de comunicación están tratando el tema. En vez de informar desde la Constitución y desde el respeto, están dejando que se instale un discurso de odio. Lo vimos con lo que pasó en el Centro Comercial Andino. Una pareja del mismo sexo se dio un beso y eso bastó para que algunos aplaudieran que un vigilante, desde la ignorancia, quisiera sacarlos. Ese hecho encendió aún más las alarmas porque valida a quienes creen que opinar sobre nuestros cuerpos y nuestros afectos es válido. No es una opinión si me gusta o no me gusta. Son derechos y se respetan. Exijo, como miles de personas, saber cuál va a ser la agenda real del presidente actual y de todos los ministerios para cuidar a la población LGBTIQ+. Él dijo que va a trabajar para todos, y nosotros también somos todos. Necesitamos que los medios se regulen para que no sigan incitando al odio, para que no sigan validando comentarios que desean la muerte, que celebran un transfeminicidio, o que después de morir nos borran el nombre y la identidad. Ni vivas ni muertas nos están respetando esto para las personas trans. Por eso le hago un llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a todas las entidades competentes para que revisemos cómo nos estamos tratando como sociedad. Y un llamado a la conciencia. Si vamos a hablar de Dios, entonces hablemos de amor. Porque Dios no puede avalar el odio ni la violencia solo por ser diferentes. Desde la biología y la genética sabemos que no hay un ser humano igual a otro. Somos personas distintas, pero con derechos iguales. Y, ante todo, somos colombianos.

*Diseñadora de modas, administradora de empresas, especialista en gestión de proyectos y lideresa social de los sectores LGBTI hace más de 16 años, perteneciente a la agrupación Tupanas Amazónicas.

La Corte Constitucional le ordenó a la Registraduría Nacional eliminar las barreras que existan y que impidan la participación política de personas trans. Para ello, el alto tribunal le solicitó a la entidad capacitar a todos sus funcionarios en perspectiva de género y sexualidad para personas LGBTIQ+. La decisión se enmarca en un caso puntual.

Engel Cattleya Valencia, una mujer trans de 25 años que vive en zona rural del municipio de Piendamó (Cauca), presentó una tutela en contra de la Registraduría porque le fue imposible inscribirse como candidata al Consejo Municipal de Juventud de su municipio para el periodo 2026 - 2030. La Corte decidió estudiar el recurso.

Lea también: Caso Ungrd: Corte Suprema niega libertad a Name y Calle y ordena nuevas pruebas

Como antesala a su postulación, Valencia adelantó el trámite de cambio de nombre, así como la corrección del componente de género en sus documentos de identificación. Sin embargo, no pudo ser registrada en la plataforma virtual dispuesta por la Registraduría porque el sistema la continuaba identificando con el marcador de género masculino. Eso provocó que se impidiera su aval político conforme a las reglas de paridad de las listas de los consejos municipales de juventud.

En ese contexto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional determinó que la Registraduría vulneró los derechos de Engel Cattleya Valencia al no haber cumplido, desde una perspectiva de género, con tres obligaciones puntuales. En primera lugar, la Sala señaló que la entidad no cumplió con diseñar, al menos en la virtualidad, una medida alternativa de inscripción de candidaturas para personas trans cuando el trámite de corrección de su cédula sigue en proceso.

Le puede interesar: Condenan a exmilitar que le cobraba dinero a otros soldados a cambio de permisos

Otro de los puntos que resaltó la Corte fue el deber de difusión activa de la información electoral especialmente dirigida a las condiciones de la población trans. Además, el último elemento que consideró el alto tribunal, fue la obligación de entregar información completa a la accionante respecto de la validez de la contraseña para inscribirse en la lista al Consejo Municipal de Juventud de Piendamó.

Durante el estudio del caso, la Corte Constitucional también encontró que el partido político al que estaba adscrita Engel Valencia, Dignidad y Compromiso, no estuvo en capacidad de contribuir a superar las barreras identificadas y garantizar su participación, por no encontrarse debidamente informado sobre los aspectos diferenciales de la participación política de las personas trans.

La determinación de la Sala recordó, además, que las personas trans han sido históricamente sometidas a la discriminación “sistémica” e “interseccional”, lo que las hace merecedoras de una protección constitucional reforzada. Para la Corte, esa protección se concreta en el derecho al reconocimiento jurídico de su identidad de género y la protección cualificada contra la discriminación.

“Los documentos de identificación ciudadana (registro civil de nacimiento, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía) son mecanismos esenciales para la afirmación de la identidad de género, pues en ellos se consignan el nombre y el género, datos especialmente sensibles para las personas trans. La falta de correspondencia entre la información registrada en los documentos de identidad y la autopercepción de la persona trans afecta el trato digno y propicia escenarios de exclusión en las esferas en que interactúa”, explicó la Corte Constitucional.

Sobre el asunto, la Corte ha tomado medidas como la corrección del marcador de género la falta de correspondencia entre la información registrada en los documentos de identidad y la autopercepción de la persona trans afecta el trato digno y propicia escenarios de exclusión en las esferas en que interactúa. Por otra parte, sobre la participación en política de las personas trans, el alto tribunal también ha fijado lineamientos al señalar que es un deber del Estado y de la sociedad retirar las barreras que impidan su inclusión, así como erradicar la discriminación y violencia en su contra.

En el caso puntual de Engel Valencia, la Sala consideró que perdió la oportunidad de participar en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, lo que derivó en que no pudiera competir y desarrollar su proyecto político en favor de las personas LGBTIQ+ en su municipio. “Por su identidad de género se le impuso una barrera para la participación política y esta no fue valorada dentro de la pluralidad política, en tanto las condiciones para ejercer libremente el derecho a ser elegida no fueron garantizadas”, destacó la Sala.

Asimismo, la Corte llamó la atención sobre la perspectiva de género que justo en estos casos permite una mirada idónea para identificar barreras al ejercicio de los derechos. “Esa falta de perspectiva diferencial fue la que impidió el ejercicio de la participación política de Engel, pues la Registraduría Nacional no consideró difundir información relevante sobre el proceso electoral para las personas trans. Mientras que el Registrador Municipal de Piendamó discriminó a la accionante al indagar por prácticas médicas de reafirmación de género a efectos de fijar su identidad en documentos de identificación, al tiempo que no aplicó el enfoque de género para proporcionarle información idónea sobre el proceso de inscripción como mujer trans que había hecho los cambios identitarios en su cédula recientemente”, agregó la Corte.

Por ese contexto, la Sala Cuarta de Revisión, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez, los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, quien la preside, amparó los derechos a la dignidad humana, a la igualdad y no discriminación, a la identidad de género y a la participación política de Engel Valencia.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Junio no es un mes cualquiera. Además de marcar la mitad del año, se ha convertido en un símbolo de diversidad, inclusión y reconocimiento en el mundo. Y es que durante estas semanas, ciudades de todo el mundo se llenan de banderas multicolores, festivales, eventos culturales y marchas que reúnen a miles de personas para celebrar una idea sencilla, pero poderosa: reconocer la diversidad y valorar algo tan universal como el amor.

La fecha más representativa de esta conmemoración es el 28 de junio, cuando se celebra el Día Internacional del Orgullo, una jornada que va mucho más allá de las marchas y las celebraciones. Se trata de un espacio para reconocer la diversidad, promover el respeto por las diferencias, fortalecer el sentido de comunidad y rendir homenaje a quienes, a lo largo de la historia, han contribuido a la construcción de una sociedad más incluyente.

Le podría interesar: Playlist de Off Campus: así puedes escuchar todas las canciones de la serie

¿Por qué se conmemora este día?

El Día del Orgullo LGBT+ tiene su origen en una larga historia de lucha por el reconocimiento, la igualdad y el respeto hacia las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

Según explica la Universidad del Norte, la fecha recuerda los disturbios ocurridos en la madrugada del 28 de junio de 1969 en el bar Stonewall Inn, en Nueva York. Y es que en aquella época, los operativos policiales contra los espacios frecuentados por la comunidad gay eran habituales. Sin embargo, esa noche, decenas de personas decidieron resistir los abusos y la discriminación de los que eran víctimas, dando origen a una serie de manifestaciones que marcaron un punto de inflexión para el movimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Con el paso de los años, la fecha se transformó en un evento global que reúne a millones de personas en marchas, festivales, conciertos, encuentros culturales y actividades comunitarias, brindando la oportunidad para celebrar valores como la libertad, el respeto, la inclusión y el amor. Para muchas personas, es un espacio para expresar quiénes son y para recordar la importancia de construir sociedades donde la diferencia sea vista como una riqueza y no como una barrera.

Esto también es fundamental, pues especialistas y organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que la visibilidad sigue siendo fundamental. Nombrar y reconocer la diversidad permite avanzar en la creación de garantías y mecanismos de protección para que ninguna persona sea discriminada o violentada por su orientación sexual o identidad de género.

¿En qué país está establecida la fecha?

Aunque el Día Internacional del Orgullo se conmemora cada 28 de junio, las actividades relacionadas con esta fecha no siempre se realizan ese mismo día. En muchos destinos, las marchas, encuentros culturales y eventos comunitarios se programan en fechas diferentes según las tradiciones locales, las condiciones climáticas o la magnitud de la programación.

En Colombia, una de las principales conmemoraciones tendrá lugar en Bogotá el domingo 28 de junio, con la tradicional Marcha Distrital que partirá desde el Parque Nacional y recorrerá la carrera Séptima hasta la Plaza de Bolívar. Además, durante el mes se desarrollan otras actividades como la Marcha del Sur y la Yo Marcho Trans.

A diferencia de otros países, Argentina conmemora el Orgullo en noviembre. La fecha fue trasladada desde 1997 para evitar las bajas temperaturas del invierno y para homenajear a “Nuestro Mundo”, la primera organización de liberación homosexual de Argentina y América Latina, fundada el 1 de noviembre de 1967.

Entre otros de los destinos internacionales más destacados se encuentran:

• São Paulo (Brasil): considerada una de las movilizaciones más multitudinarias del mundo, tendrá lugar el 7 de junio.
• Nueva York (Estados Unidos): la ciudad conmemorará la fecha el 28 de junio con su tradicional marcha y una amplia programación cultural.
• Madrid (España): una de las concentraciones más grandes de Europa. La manifestación estatal se realizará el 4 de julio, dentro de una agenda que se extenderá entre finales de junio y comienzos de julio.
• Londres (Reino Unido): el histórico desfile Pride in London recorrerá el centro de la ciudad el 4 de julio.
• Berlín (Alemania): el Christopher Street Day (CSD), una de las mayores movilizaciones de Europa, se llevará a cabo el 25 de julio.
• París (Francia): la Marche des Fiertés recorrerá las calles de la capital francesa el 27 de junio.
• Ciudad de México (México): celebrará su tradicional marcha el 27 de junio.

Para destacar en la Huerta: La mujer de más de 70 años que convirtió su huerta en una lección de vida

Cinco destinos en Colombia para viajar

Para muchas personas LGBTIQ+, elegir un destino de viaje implica mucho más que buscar buenos paisajes, gastronomía o entretenimiento. Factores como la inclusión, el respeto y la posibilidad de disfrutar de una experiencia libre de discriminación también influyen al momento de planear una escapada. Por ello, algunos destinos colombianos se han consolidado como referentes por su oferta cultural, su vida nocturna y sus espacios diversos.

Estas son algunas recomendaciones destacadas por Colombia Travel, la página oficial de turismo de ProColombia para descubrir el país durante el Mes del Orgullo.

Bogotá

La capital colombiana es uno de los principales referentes de diversidad en el país. El barrio Chapinero, reconocido por su ambiente incluyente, concentra buena parte de la vida cultural y nocturna de la comunidad LGBTIQ+. Allí se encuentra Theatron, una de las discotecas más emblemáticas de América Latina.

Para los amantes de la gastronomía, Chapinero Alto y la Zona G ofrecen una amplia variedad de restaurantes, cafés y propuestas culinarias para todos los gustos.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Bogotá (@visitbogota.co)

Cartagena

Historia, cultura y mar se mezclan en uno de los destinos más visitados de Colombia. Recorrer las calles del Centro Histórico permite descubrir coloridas casas coloniales, plazas llenas de vida, restaurantes de primer nivel y una agenda cultural que atrae visitantes de todo el mundo.

Para quienes buscan disfrutar del sol y el mar, las playas de la ciudad ofrecen espacios frecuentados por viajeros de diversas nacionalidades y ambientes ideales para relajarse junto al Caribe colombiano.

San Andrés y Providencia

Las aguas cristalinas y el ambiente relajado convierten al archipiélago en una excelente opción para quienes buscan descanso y naturaleza. Una de las mejores formas de conocer San Andrés es recorrer la isla en bicicleta, haciendo paradas en lugares emblemáticos como el Hoyo Soplador, las playas de San Luis o la Cueva de Morgan.

Medellín

La llamada Ciudad de la Eterna Primavera destaca por su oferta cultural, su clima agradable y una activa vida nocturna. Espacios como el Parque de los Deseos se han convertido en puntos de encuentro para residentes y viajeros interesados en actividades relacionadas con la ciencia, el arte y la cultura.

Cali

La capital mundial de la salsa ofrece una combinación de cultura, gastronomía y vida nocturna difícil de igualar. Museos como La Tertulia permiten acercarse al arte y la historia de la región, mientras que barrios tradicionales como San Antonio ofrecen calles llenas de encanto, restaurantes y cafés con una atmósfera bohemia.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Cerca de 500 personas desnudas y cubiertas con pintura de once colores participaron este domingo en Gran Spectrum, la nueva intervención del artista estadounidense Spencer Tunick. Concebida como una gran escultura humana, la obra buscó representar “el gran espectro de la identidad LGTBIQ+” y rendir homenaje a una comunidad que, según el fotógrafo, “necesita todo el apoyo en el futuro”.

Le sugerimos leer: Alemania tiene 34 estatuas colombianas adquiridas ilegalmente, pero se rehúsa a devolverlas

Guiados por Tunick desde un megáfono, los voluntarios fueron organizándose en filas monocromáticas hasta construir una composición inspirada en la bandera arcoíris. Una vez terminada la instalación, el artista les pidió cambiar de posición para realizar distintas tomas fotográficas, con las que dio forma a la obra.

“Donde quiera que los cuerpos sean aceptados, desnudos, al unísono, y no separados, es un paso adelante hacia el futuro. Me siento muy afortunado de que todos los participantes parezcan haber disfrutado. Todos se están tomando ‘selfies’ entre sí con sus diferentes colores, es muy divertido”, dijo el artista exhausto a los periodistas tras finalizar su creación.

Tunick pidió luego al medio millar de voluntarios que lo ayudaron a cumplir este “sueño” que miraran de frente al templo, en cuyas calles adyacentes comenzaban a darse cita decenas de feligreses que esperaban para participar en la misma en el templo.

Podría interesarle leer: Diez años después, el verdadero desafío es contar la paz

También destacó el ambiente que se vivió durante la jornada, marcada por el entusiasmo de los voluntarios, quienes aprovecharon el cierre de la sesión para fotografiarse entre ellos.

La obra también incorporó la experiencia de quienes decidieron participar.

Alejandro Medina contó que llegó invitado por una amiga y que repetiría la experiencia por la posibilidad de reunir personas de distintos grupos sociales alrededor de una misma creación artística.

Le sugerimos escuchar: Viña Machado: “Yo defiendo mi soledad porque la disfruto” | El refugio de los tocados

Ana Losada explicó que otra participante de una intervención anterior de Tunick la animó a superar el pudor para hablar, a través del cuerpo, de la realidad de la comunidad LGTBIQ+.

Octavio Macías, por su parte, destacó la inclusión y la libertad que, en su opinión, representa la instalación.