Entre febrero y julio de 2026, un equipo especializado en delitos contra los recursos naturales de la Fiscalía reactivó un expediente que llevaba casi una década abierto en el búnker del ente investigador. Se trata de las denuncias presentadas por los pescadores en el municipio de Barrancabermeja (Santander), quienes durante años han alertado a las autoridades ambientales sobre los vertimientos de hidrocarburos que hacen grandes empresas petroleras en la zona de la Ciénaga de San Silvestre. Se trata del espejo de agua más importante del Magdalena Medio y principal fuente de agua potable para los más de 200.000 habitantes de la ciudad.

El Espectador conoció detalles sobre cómo avanzan las pesquisas de la Fiscalía sobre la situación, la cual ha sido reportada en las páginas de este diario en los últimos dos años, pero que las comunidades llevan más de una década alertando. Por ejemplo, han denunciado no poder consumir agua de esa fuente hídrica y la muerte masiva de búfalos, garzas, peces, tortugas y manatíes (especie en peligro de extinción). Además de recolectar muestras de agua y analizar las presuntas afectaciones ambientales, la Fiscalía también entrevistó a nueve pescadores de la zona, quienes apuntan contra una instalación petrolera de la zona: la planta La Fortuna, propiedad de Terpel.

Este diario también conoció que, entre enero y febrero de 2026, la Fiscalía llamó a interrogatorio a altos funcionarios de la empresa para conocer su versión de los hechos. Tanto el ente investigador como la compañía señalaron que, por el momento, las declaraciones y los nombres de quienes comparecieron ante esas diligencias son reservados mientras el ente investigador toma una decisión de fondo sobre el expediente.

Los testimonios de los pescadores

En los últimos años, figuras como Radamel Falcao García, los cantantes Kapo y Jhonny Rivera, el actor Santiago Martínez y el popular motociclista “Tatán” Mejía han sido los rostros publicitarios de Terpel, multinacional colombiana creada en 1968 en Bucaramanga, Santander. Parte de esas campañas mediáticas exaltan dos aspectos que, según la compañía, caranterizan su operación comercial en territorio colombiano: “Desarrollo y bienestar”.

Sin embargo, los nueve líderes pesqueros de la Ciénaga de San Silvestre que declararon ante la Fiscalía tienen otro punto de vista sobre la empresa, la cual es considerada por la Superintendencia de Sociedades la segunda empresa más grande de Colombia y genera 3.400 empleos directos y más de 8.000 indirectos.

Un documento reservado de la Fiscalía de 2023, pero hasta ahora publicado por la Unidad Investigativa de El Espectador, recoge los testimonios de los principales pescadores de la Ciénaga, de quienes este diario se abstendrá de publicar sus nombres por motivos de seguridad. Algunos de ellos nos contaron que en la zona hay una “fuerte” presencia de grupos criminales y que temen por sus vidas. Según la Defensoría del Pueblo, el Clan del Golfo, Eln y las disidencias de las Farc están presentes en el municipio, el cual ha sido un corredor estratégico para los violentos desde hace décadas.

El primer entrevistado por los investigadores del CTI de la Fiscalía relata que, desde el año 2000, aproximadamente, ha observado contaminación en la ciénaga a causa de la planta La Fortuna, ubicada a 30 minutos de Barrancabermeja. El líder de la zona dijo que, entre 2010 y 2016, las afectaciones por derrames de crudo “han sido muy grandes y dejan una nata negra en la superficie de la ciénaga durante meses. Han matado especies como el manatí y tortugas, y peces como bocachico, bagre coroncoro, blanquillo y pacora. Hay sectores de la ciénaga donde las aguas se vuelven podridas, huelen a picho, la nata flota o se sienta, seca los pastos y las plantas”.

A renglón seguido, el primer pescador entrevistado dice que los habitantes de la zona, a raíz de la contaminación de la ciénaga, “nos ha generado problemas de salud como diarrea, vómito, mareos y ronchas en la piel; también problemas económicos, pues se disminuyeron los peces y no hay qué vender. Hemos sido estigmatizados porque saben que el pescado de la ciénega está contaminado (...) los hidrocarburos y químicos provenientes del caño que viene de la planta La Fortuna y caen al caño Zarzal, luego pasan a la Ciénaga San Silvestre, de allí al río Sogamoso y finalmente al río Magdalena”.

Un segundo pescador le contó a la Fiscalía que, tras los vertimientos de hidrocarburos, también conoció personas a quienes, tras consumir agua de la ciénaga, les salían brotes o granos en la piel. “A pesar de la grave situación, ninguna autoridad ha hecho presencia en la ciénaga para ponerle control a lo que está sucediendo. Muchas familias tuvimos que desplazarnos a otras ciénagas a ejercer la pesca. Ya que, a causa de los químicos, se queman y se destruyen totalmente las plantas y los animales (...) las familias tuvieron que ir a otras quebradas, o cavar pozos para poder consumir agua”, señaló el segundo pescador a los investigadores del CTI de la Fiscalía.

Un tercer pescador que declaró ante la Fiscalía también aseguró que cuando se presentaban estos derrames de hidrocarburos por parte de la planta de La Fortuna “no se podía tomar agua ni bañarse en la ciénaga porque causaba alergias, piquiña y dolores de estómago. Al tirar la atarraya en algunos puntos, esta salía llena de aceite. La contaminación ha sido tan grande, que en su recorrido ha llegado hasta el río Magdalena. Decenas de animales se mueren por tomar de las quebradas, el aire se siente pesado. Es muy triste lo que vivimos en la ciénaga quienes decidimos quedarnos”.

Por ejemplo, cuenta que el caño Zarzal —una de las fuentes hídricas de la zona rural en Barrancabermeja que alimenta la ciénaga San Silvestre— es una de las fuentes más contaminadas por estos vertimientos. “En los años 1995, 2010, 2012, 2013, 2015 y 2017 y en los últimos tres años practicamente lo que sale del caño es combustible. El pescado queda contaminado, y la gente tiene que consumirlo así con esas trazas de petróleo, y por ello lo llaman el ‘pescado petrolero’. Esta contaminación también llega hasta la Ciénaga del Llanito. Allá también las comunidades sufren mucho”, declaró otro de los pescadores.

En efecto, la Ciénaga del Llanito —humedal ubicado a unos 10 minutos en carro de la Ciénaga de San Silvestre— es uno de los principales hábitats del manatí antillano. El 26 de julio, El Espectador publicó un reportaje que puso la lupa sobre al menos cuatro episodios de contaminación por hidrocarburos durante el primer semestre de 2026. Esas afectaciones comprometen un ecosistema del que dependen cerca de 550 pescadores artesanales y diversas especies de fauna silvestre.

Detrás de los derrames, según la Secretaría de Ambiente, hay fallas operacionales de Ecopetrol de hace muchos años, que en 1960 descubrió el campo Llanito, yacimiento de extracción de hidrocarburos ubicado al lado de la ciénaga. Allí, hoy produce, en promedio, 5.000 barriles de petróleo diarios (cada barril tiene 159 litros). Ecopetrol reconoció su responsabilidad en los recientes vertimientos y aseguró que uno de los eventos ocurrió por el rebosamiento de una piscina de aguas residuales industriales en la Estación Nororiental, provocado por las fuertes lluvias, entre otros factores.

Otro de los pescadores entrevistados por la Fiscalía indicó que estos vertimientos han sido puestos en conocimiento de la Alcaldía, y medios locales también lo han reportado. Por ejemplo, el 29 de julio, el canal Enlace Televisión publicó un reportaje en el que habitantes de la vereda El Cucharo aseguran que la quebrada Las Margaritas presenta malos olores, residuos, afectaciones al agua y muerte de animales. El secretario de Medio Ambiente, Leonardo Granados, le dijo a ese medio de comunicación que esa afluente —que desemboca en la Ciénaga de San Silvestre— recibe vertimientos de la empresa avícola Avidesa Mac Pollo, conocida como la empresa número uno en productos de pollo.

La versión de Terpel

Este diario se contactó con la compañía para conocer su versión de los hechos a través de una entrevista, pero advirtió que solo respondería a nuestras preguntas por escrita. Terpel asegura que La Fortuna es un activo estratégico para la prestación del servicio público de abastecimiento de combustible en Colombia y que sus instalaciones están debidamente certificadas, así como sus procesos ambientales. También aseguraron que suministraron a la Fiscalía toda la información requerida para “evidenciar la aplicación rigurosa de los protocolos ambientales en la planta y las medidas de contingencia ante posibles incidentes, establecidas en el plan de contingencia de la planta”.

Esa entrega de información a la Fiscalía la hizo el 16 de marzo de 2022 uno de los directivos más importantes de Terpel: Jorge Andrés Ríos Gómez, representante legal de la compañía. Según los archivos conocidos por este diario, el alto funcionario anexó ocho documentos, con los que la compañía pretende demostrar que su actuar no ha sido negligente ante los accidentes de vertimientos de hidrocarburos a la Ciénaga de San Silvestre.

Terpel dice que ha implementado los requerimientos exigidos por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) con el propósito de fortalecer los mecanismos de protección al entorno en donde opera la planta. Sobre el proceso sancionatorio que adelanta esta autoridad ambiental, la compañía afirmó este “finalizó y fue objeto de apelación, por lo cual aún no existe una decisión definitiva”.

Por último, la compañía agregó: “Las situaciones que se han presentado han sido puntuales, debida y oportunamente informadas a la autoridad y sus impactos mitigados bajo los estándares adecuados con resultados exitosos. Así mismo, ante la ocurrencia de estos eventos la compañía ha desplegado los protocolos de atención necesarios para impedir cualquier tipo de afectación. La planta cuenta con certificación de conformidad, certificados de disposición de vertimientos, certificados de inspección y adicionalmente se han implementado mecanismos de seguimiento que permiten hacer una inspección periódica de los elementos ambientalmente más sensibles”.

Este diario también conoció que, en el marco de esta investigación, la Fiscalía recopiló información en distintas entidades como la Alcaldía de Barrancabermeja, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria del municipio y la Secretaría de Salud, entre otras, con el propósito de establecer cuáles han sido las posibles afectaciones ambientales que ha sufrido la Ciénaga de San Silvestre a lo largo de los últimos años.

Entre la documentación recolectada figuran informes técnicos, expedientes administrativos, análisis de calidad del agua y actuaciones de autoridades ambientales; material que ahora es evaluado por los investigadores para determinar si existen elementos suficientes que permitan establecer la magnitud de los daños al ecosistema y las eventuales responsabilidades penales de quienes habrían contribuido a su deterioro de la principal fuente de agua de Barrancabermeja.

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El alcalde de Villa de Leyva (Boyacá), Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, se sentará en las próximas semanas en el banquillo de los acusados. La Fiscalía lo llamó a juicio el pasado 17 de julio y dice tener decenas de pruebas en su contra por los delitos de concusión y prevaricato por acción. Según el ente investigador, el joven político habría exigido en marzo pasado un soborno superior a los COP 100 millones, que sería el 20 % del valor de una ampliación de licencia de construcción. A cambio, sostiene el fiscal del caso, frenaría y archivaría actuaciones administrativas contra un proyecto inmobiliario ubicado en un exclusivo sector del municipio, que es Monumento Nacional por su infraestructura colonial.

Según la Fiscalía, la víctima de esas supuestas exigencias fue una integrante de la reconocida familia Solarte, dueña de uno de los grupos empresariales con mayor tradición en los sectores de infraestructura, construcción, agropecuario y de alimentos en Colombia. Se trata de la empresaria María Victoria Solarte Daza, quien a su vez es la representante legal de Inversiones San Jacinto S.A.S., dueña del proyecto que hoy tiene al alcalde de Villa de Leyva preso de manera preventiva mientras que el expediente penal avanza. Sin embargo, este no es el único movimiento ante las autoridades que está ligado a la finca de los Solarte y que hoy la tiene en aprietos por los posibles incumplimientos en materia ambiental de la obra.

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El Espectador conoció una denuncia que fue radicada ante la Fiscalía el pasado 17 de julio en la que se invierten los papeles: la empresaria María Victoria Solarte es denunciada por posibles delitos ambientales relacionados con la construcción de la finca en Villa de Leyva. El proyecto urbanístico, llamado Nuestra Señora del Buen Suceso, está construido en ocho hectáreas de tierra, un terreno similar a once canchas de fútbol. Desde mayo de 2022, dos años antes de que se posesionara el alcalde Gamboa Chaparro, los Solarte iniciaron la construcción de la mega hacienda que supera los 5.200 metros cuadrados, con dos lagos artificiales, pesebreras de dos niveles y hasta una capilla.

La denuncia de 17 páginas, presentada ante el ente investigador por un ciudadano cuyo nombre está bajo reserva, está acompañada de fallos judiciales e informes de la Corporación Autónoma de Boyacá y la Secretaría de Planeación de Villa de Leyva. Según esos documentos, hay pruebas de las posibles afectaciones ambientales que la empresaria Solarte y su esposo estarían cometiendo desde 2023 en el municipio. Sin embargo, para el denunciante, esas presuntas afectaciones ambientales transgredieron al plano penal y, por ende, la denunció por los delitos de deforestación, daños en los recursos naturales y ecocidio, contaminación ambiental e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

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La génesis de la disputa

La denuncia conocida por este diario hace un relato cronológico de cómo la empresaria Solarte se habría saltado los requisitos ambientales para edificar la hacienda Nuestra Señora del Buen Suceso. En primer lugar, el documento señala que, mediante una resolución del 24 de mayo de 2022, la Secretaría de Planeación de Villa de Leyva le otorgó a los Solarte una licencia para construir una vivienda unifamiliar de aproximadamente 551 metros cuadrados, pero que dicha autorización no incluía movimientos de tierra, excavaciones, lagunas artificiales ni intervenciones sobre cuerpos hídricos o áreas protegidas. En agosto de 2023, María Victoria Solarte hizo una solicitud para ampliar las obras, incluido un lago artificial.

Durante el estudio de la solicitud para modificar la licencia urbanística, la Secretaría de Planeación concluyó que parte de las obras recaían sobre áreas ambientalmente protegidas, como la cuenca del río Cane, cuyas aguas provienen de uno de los parques nacionales naturales más biodiversos del país: el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, que protege 6.889 hectáreas de páramo y bosque altoandino. Como consecuencia, la administración negó la modificación de la licencia y luego confirmó esa decisión al resolver los recursos presentados por los Solarte. También rechazó la revalidación de la licencia al considerar que persistían los problemas y que las obras no se ajustaban a los lineamientos urbanísticos y ambientales.

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El informe de Corpoboyacá

Pese a esas decisiones, la denuncia sostiene que las obras continuaron ejecutándose en el predio. El documento radicado ante la Fiscalía, entre otros informes, está sustentado en un reporte clave: el de Corporación Autónoma de Boyacá, que hizo un informe en noviembre de 2023 en el que advirtió tres posibles afectaciones ambientales de la obra de los Solarte. La autoridad ambiental encontró que el proyecto captó y desvió aguas mediante un canal en piedra y tuberías que redirigían dos afluentes hacia un lago artificial. La Corporación señaló expresamente que estas obras alteran el flujo natural de las aguas y recordó que este tipo de aprovechamiento requiere concesión o autorización de la autoridad ambiental.

Otro de los hallazgos de la Corporación Autónoma en la hacienda de los Solarte fue que la tierra extraída de ese predio fue depositada sobre la franja paralela a la quebrada El Roble, otra importante fuente hídrica que pasa por allí. A su vez, la autoridad ambiental identificó que las aguas residuales de los baños del proyecto urbanístico eran descargadas directamente a una zanja dentro del predio, sin tratamiento y sin permiso de vertimientos al suelo. Un vecino de la vereda Sabana, donde está ubicada la finca bajo investigación, habló con El Espectador y señaló que en las temporadas de lluvias, el lago artificial se desborda y genera graves problemas de movilidad en la zona.

“Hemos encontrado que instalaron una piscina con cascada que vierte agua con cloro al lago. Es algo que no tiene ningún tipo de presentación. Aquí también hay que preguntarse: ¿qué afectaciones sufren las comunidades campesinas que están aguas abajo de la hacienda? ¿Cómo se afecta la gente del casco urbano durante el fenómeno de El Niño por la desviación del río Cane? En esta zona es imposible transitar cuando el lago se desborda. Pareciera que la señora Solarte hace lo que quiere porque hay evidencia de que su construcción es ilegal. ¿Por qué las autoridades no hacen respetar la ley?”, expresó el ciudadano, quien pidió reserva de su nombre por motivos de seguridad.

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Más procesos contra San Jacinto

Los enredos de la familia Solarte y de su proyecto en la hacienda Nuestra Señora del Buen Suceso tienen precedentes más allá de la denuncia conocida por El Espectador. En abril de 2023, el municipio de Villa de Leyva inició una querella policiva en contra de Inversiones San Jacinto por comportamiento contrario a la integridad urbanística. ¿La razón? Según la administración local, como le explicó a este diario una fuente cercana al proceso y que pidió reservar su nombre, al seguir con la construcción sin licencia, estaban cometiendo infracciones urbanísticas. Quien resolvió esa querella el 11 de abril de 2026 fue el inspector segundo de Convivencia y Paz, William Yesid Molina García.

La decisión de primera instancia señaló lo que ha sostenido la Alcaldía desde el principio: que la obra se estaba adelantando sin tener licencia, lo que va en contra de la ley. En ese sentido, se le ordenó a Inversiones San Jacinto demoler lo construido y pagar una multa cercana a los COP 232 millones. Hoy, esa decisión no está en firme, pues lleva más de tres meses rondando por los escritorios de varios despachos en Boyacá. A quien le correspondía resolver la segunda instancia de la sanción era al alcalde Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, pero el 7 de mayo de este año fue capturado. Dos semanas después, el 22 de mayo, la empresa de los Solarte le pidió a la Procuraduría hacer una vigilancia preventiva al caso.

El 16 de junio de este año, el Ministerio Público designó a la Procuraduría 121 Judicial 2 de forma temporal para que se pusiera al frente. Y el 18 de junio, ese funcionario, como agente especial, recusó a Nicolás Méndez Figueroa, el secretario de Gobierno de Villa de Leyva que fue designado como alcalde encargado tras la captura de Gamboa Chaparro y que debía resolver en segunda instancia la sanción contra Inversiones San Jacinto. La recusación se basó en que, al parecer, el funcionario tendría un conflicto de interés en ese proceso. Lo que argumentó el alcalde encargado —quien recientemente denunció ante la Fiscalía que ha recibido amenazas— es que él no está impedido, pues actúa en ejercicio de sus funciones.

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Méndez Figueroa le remitió el caso al personero municipal de Villa de Leyva para que, como indica la ley, resolviera la recusación. Pero no lo hizo así. Según una fuente cercana al proceso, la decisión que tomó el 24 de junio el personero fue remitir el expediente en contra de la empresa de los Solarte y la recusación del alcalde encargado a la Procuraduría Regional de Boyacá, para que sea la que decida quién debe resolver el problema. “La Procuraduría no ha resuelto nada frente a esa decisión del personero (...) El proceso llevaba un mes parqueado ahí y no se ha hecho nada”, señaló la fuente consultada por este diario.

El otro caso en contra de Inversiones San Jacinto está relacionado con un proceso sancionatorio que lleva adelante Corpoboyacá. Desde el 15 de noviembre de 2024, esa autoridad ambiental tiene abierto un expediente contra la empresa de los Solarte y el 24 de abril de 2026 formularon cargos por presuntas violaciones a disposiciones ambientales. Yeimy Liseth Echeverría Reyes, directora de la entidad, ha negado cualquier relación con el caso, tras ser mencionada en algunos audios de presuntos sobornos del alcalde Gamboa Chaparro. “El proceso continúa activo, lo cual acredita el cumplimiento cabal de los deberes legales y el respeto estricto de los principios de legalidad y transparencia”, señaló a este diario.

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La defensa de los Solarte

Tras la denuncia por presuntos delitos ambientales, que camina al tiempo que se adelanta el proceso en contra del alcalde de Villa de Leyva, El Espectador se comunicó con sus abogados para conocer su postura frente al proceso. José Alejandro Herrera Carvajal, representante legal de Inversiones San Jacinto, y Alejandro Cadena Molano, apoderado de la empresa y de su propietaria, María Victoria Daza Solarte, señalaron que el caso por delitos ambientales es “una falsa denuncia”. Cuestionaron, en especial, dos de los puntos que expone el recurso judicial conocido por este medio. El primero tiene que ver con las afectaciones que deja la construcción a la cuenta del río Cane y de la microcuenca 24 del río El Roble.

Según el denunciante, la presencia de esos cuerpos de agua exige la existencia de “rondas de protección hídrica”, que son las franjas de terreno destinadas a proteger los afluentes. En diálogo con este diario expusieron un documento de Corpoboyacá, con fecha del 19 de febrero de 2026, que señala: “Una vez revisada la ubicación de los predios (...) no se evidencia la presencia de cauces naturales permanentes ni intermitentes. (...) no se configura la aplicación de franjas de protección”. En su concepto, el informe dejaría sin piso parte de la denuncia por posibles delitos ambientales. Sin embargo, ese mismo documento advierte que los conceptos emitidos por la Corporación “no sustituyen la competencia de la Alcaldía para otorgar licenciamientos”.

Por otro lado, cuestionaron que la denuncia no se refiera al supuesto silencio administrativo por parte de la Alcaldía de Villa de Leyva que, según él, se habría configurado en septiembre de 2023, por no haber resuelto a tiempo la solicitud de licencia de ampliación para la construcción en la hacienda. “El silencio administrativo es considerado un acto que obtiene el particular ante la no respuesta de la administración. Nosotros estábamos amparados en un acto que suspendieron mucho después y ahí paramos”, dijo el abogado Cadena Molano. Esta discusión jurídica llegó hasta el Tribunal Administrativo de Boyacá, que el 11 de diciembre de 2024 dejó claro que no hubo silencio administrativo por parte de la alcaldía.

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Los abogados de los Solarte también sostienen que la denuncia tendría el objetivo de evitar su reconocimiento como presuntas víctimas en el caso. “En la audiencia de acusación (contra Gamboa Chaparro), la defensa del alcalde dijo que un abogado había interpuesto una denuncia contra nosotros para oponerse a que nos reconocieran como víctimas”, señaló el jurista Cadena. Por su parte, el abogado Herrera Carvajal agregó: “Esto es un intento de posicionar una hipótesis alterna, tendiente a retratar al alcalde como un supuesto defensor de la legalidad, del patrimonio y del medio ambiente. La realidad demostrada es que estas alegaciones de supuestas ilegalidades no eran más que fabricaciones tendientes a constreñir de la señora Solarte Daza la obtención de una dádiva ilegal”.

Por lo pronto, el próximo 14 de agosto iniciarán las audiencias preparatorias de juicio en contra del alcalde Gambo Chaparro. Estas audiencias son claves, ya que determinarán qué pruebas serán tenidas en cuenta durante el juicio para que la Fiscalía intente probar si el alcalde de Villa de Leyva pidió o no millonarios sobornos a cambio de favorecer el millonario proyecto inmobiliario de los Solarte.

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Un juzgado le imputó cargos al ciudadano italiano Carlo Vigna Taglianti, cabeza de la multinacional ítalo-española Poligrow, la cual opera desde 2008 en Mapiripán, Meta. Además, entre 2015 y 2016, el extranjero fue parte de la junta directiva de Fedepalma. El ente investigador le imputó los cargos de deforestación, ecocidio, aprovechamiento ilícito de recursos naturales, concierto para delinquir y fraude procesal.

Luego de que la fiscal del caso le informara los hechos por los que eventualmente podría ir a juicio, Vigna Taglianti, de 58 años de edad, no aceptó los cargos que le imputó el ente investigador. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía también solicite una detención preventiva contra el director de la palmicultora. Sin embargo, aún no es claro qué tipo de medida solicitará: si una detención en centro carcelario, detención domiciliaria o restrictiva para salir del país.

Este diario conoció que el próximo 21 de julio se reanudará la audiciencia en la que la Fiscalía dejará claro qué tipo de dentenció preventiva solicitará: en centro carcelario, prisión domiciliaria o prohibición de salir del país. Este diario se comunicó con el abogado de Vigna Taglianti, Camilo Sepulveda, pero dijo que solo hablará del caso cuando se determine si su cliente encarará el resto de las audiencias detenido, o no.

El caso contra el director de Poligrow

Entre febrero y marzo de 2026, investigadores de la Fiscalía y la Policía realizaron inspecciones en el municipio donde tiene presencia la multinacional, con el fin de recaudar las pruebas que respalden su teoría del caso: que el italiano, junto con otras 16 personas, deforestó, entre 2008 y 2026, más de 52.000 hectáreas de tierra aledañas a parques naturales como Tinigua, La Macarena, Chiribiquete, Nukak y Picachos. Según cálculos de las autoridades, esas acciones contra el ambiente permitieron la construcción de 68 kilómetros de vías ilegales en esta región.

El pasado miércoles 10 de junio se desarrollaron operaciones para lograr la captura de 14 personas que también harían parte de la presunta organización al margen de la ley. Esos operativos se adelantaron en Casanare, Meta, Santander y Bolívar. Sus nombres son: Andrés Enrique Fonseca Romero, Eduardo Santos Leguízamo, Liliana Edith Bustos Méndez, Sandra Milena Ladino Ramírez, Leonardo Alexis Rondón Sáenz, Eiby Lucía Rodríguez Lara, Jorge Iván Duque Lenis (el destituido exalcalde de Mapiripán), Jaime Romero Romero, John Humberto Rodríguez Gómez y Jorge Avendaño Rodríguez.

Entre los procesados están cinco familiares del congresista William Aljure Peña: sus hermanos Tufik, Vadit, Anafda y Loris Aljure Peña, así como Dumar Gontran Aljure Martínez. A su vez, los Aljure son nietos de una figura clave en la historia del conflicto armado colombiano: Dumar Aljure Moncaleano, excomandante de las guerrillas liberales de los Llanos en los años cincuenta, quien murió a manos del Ejército en abril de 1968.

Una de las principales hipótesis del caso gira en torno a la relación entre la familia Aljure y el empresario italiano, fundador y directivo de Poligrow. Según los investigadores, los Aljure actuaron como poseedores históricos del megapredio Santa Ana (120.000 hectáreas), que, de acuerdo con la Fiscalía, sería un predio baldío, es decir, propiedad de la Nación.

A su vez, Vigna y las sociedades vinculadas a Poligrow aportaron el capital, la infraestructura agroindustrial y la capacidad empresarial para desarrollar proyectos productivos en la zona. Una sociedad que, según la Fiscalía, generó una deforestación a gran escala que impactó varios ecosistemas de la región, entre ellos bosques nativos de los Llanos Orientales. La Fiscalía llamó la atención sobre presuntas afectaciones “irreversibles” a la fauna y la flora de la Orinoquía, debido a la interrupción de corredores ecológicos.

La investigación sostiene que esta alianza se materializó mediante contratos de compraventa de posesión de tierras, así como a través de la constitución de sociedades comerciales como Ganadería Santa Ana S.A.S., de la cual hacen parte los hermanos Aljure Peña y el empresario italiano.

Investigadores del caso describen esa dinámica como un “carrusel de tierras”, en el que los terrenos pasaban sucesivamente por familiares, apoderados, compradores y sociedades comerciales hasta terminar incorporados a un modelo de explotación agroindustrial.

Fuentes del caso señalan que, en febrero pasado, cuando las autoridades viajaron a Mapiripán, encontraron ganadería extensiva, hectáreas sembradas con palma africana, contaminación de fuentes hídricas, afectaciones a humedales y cultivos de hoja de coca.

Hace tres semanas este diario se contactó con Vigna Taglianti para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, solo envió una carta en la que señala: “Quedamos confiados en la actuación de la justicia y estamos a la espera de que se termine la investigación y se llegue a la eventual formulación de imputación, lo que nos permitirá conocer con más precisión los hechos objeto de la investigación y la responsabilidad que nos endilga. Preferimos no referirnos a asuntos sobre los cuales no estamos seguros y pueden o no ser tema de investigación por parte de la Fiscalía; y que, en caso de serlo, serán objeto de debate antes un juez; lo anterior, no con el ánimo de restringir la labor periodística, sino de dar lugar a lo importante, dejando de lado la información que no es pertinente o necesaria para dar claridad de nuestro actuar. De nuestro lado tenemos la tranquilidad de haber siempre obrado conforme a la ley colombiana y en el interés de llevar desarrollo al municipio de Mapiripán”.

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Un juez de la Florida (Estados Unidos) le ordenó al Departamento de Justicia de ese país levantar la reserva de un proceso penal que involucra a dos colombianos por su posible rol en una millonaria red que habría estafado a narcotraficantes solicitados en extradición por la justicia estadounidense. Uno de ellos es un exnarco nacido en Valledupar que fue socio de los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, y que, posteriormente, se volvió informante de la Administración de Control de Drogas, más conocida por sus siglas en inglés, DEA. Se trata de Jorge Luis Hernández Villazón, alias “Boliche”, quien también fue condenado en Estados Unidos por lavar dinero para el empresario barranquillero Álex Saab, exministro venezolano y señalado testaferro del régimen de Nicolás Maduro.

Esa orden de levantar la reserva del caso contra “Boliche”, revelada por Univisión el pasado 11 de junio, tiene su origen en una denuncia de 18 páginas presentada hace seis meses por la Oficina Federal de Investigación, o FBI, y que ahora publica El Espectador. Según ese documento, el exnarco habría tenido varios colaboradores en territorio colombiano para lograr esos supuestos fraudes. Durante una de las audiencias en contra de Hernández Villazón, su abogada, Silvia Piñera, dio pistas sobre la identidad de una de esas personas, que la justicia de ese país denomina “co-conspirador 1”. Se trataría de “un abogado colombiano y miembro de una reconocida firma legal en Colombia que rutinariamente representa a acusados en Colombia que afrontan extradición”.

La denuncia del FBI, en poder de este diario, está firmada por una agente especial de esa agencia federal, quien se presentó como una funcionaria que lleva más de una década investigando estructuras de narcotráfico y lavado de activos en el continente americano, junto con otras agencias, como la DEA y la Homeland Security Investigations (HSI). De acuerdo con la declaración jurada de la agente especial, desde 2020 “Boliche” se presentó ante narcotraficantes de Colombia y de República Dominicana que estaban pedidos en extradición como un hombre que trabajaba en asocio con equipos de defensa penal que operaban en la Florida y que, a su vez, también lo hacía con el FBI y la DEA.

La agente especial indicó que Hernández les pedía montos superiores a USD 1 millón bajo una promesa: condenas a prisión bajas en Estados Unidos. Sin embargo, la denuncia sostiene que esos servicios prometidos por “Boliche” no se cumplían. Para respaldar su versión, la agente enumeró un listado de pruebas contra Hernández Villazón: chats de WhatsApp, interceptaciones de llamadas, registros de ingresos a cárceles en la Florida, reportes financieros y hasta una grabación hecha por “un acusado cooperante”, es decir, un colaborador del FBI, en la que, al parecer “Boliche” reveló detalles de su propio esquema de estafa, que habría funcionado entre 2020 y 2024.

De acuerdo con el documento de 18 páginas en manos de este diario, con fecha del 6 de diciembre de 2025, “Boliche” también “utilizó ‘coconspiradores’ en Colombia para recaudar pagos tanto en ese país como en la República Dominicana. Los pagos dirigidos a Jorge Luis Hernández Villazón (hoy detenido) se realizaron mediante transacciones comerciales interestatales e internacionales, incluyendo transferencias de dinero desde Colombia hacia él (...) El monto total de dinero que Hernández exigió fue de al menos USD $4,1 millones”. Una cifra que ronda los COP 13 mil millones. Por todos estos hechos, Hernández Villazón está preso en Miami desde junio de 2025.

Según la agente que denunció a “Boliche”, esta investigación inició en 2024, cuando investigadores del FBI entrevistaron a seis narcos que se entregaron o fueron extraditados a Estados Unidos y cuya identidad aún no se conoce. Según uno de ellos, mientras se encontraba preso en la Florida, Hernández Villazón le pidió aproximadamente USD 1 millón a cambio de garantizarle una condena reducida. El entrevistado aseguró que, en llamadas y mensajes de WhatsApp, le aseguró que saldría de prisión en unos pocos años. Incluso, llegó a decirles a sus familiares que estaría libre en menos de cuatro años, pese a que ya enfrentaba una pena de 10 años y tenía otro caso en el que podía ser condenado a cadena perpetua.

De acuerdo con la investigación, Hernández Villazón siguió exigiendo pagos mientras sostenía que podía conseguir reducciones de pena, aunque finalmente no prestó los servicios prometidos. La investigación de la agente especial del FBI documentó transferencias de dinero, incluidos giros por Western Union desde Riohacha. Además, la agente aseguró que el FBI tendría registros de que “Boliche” solicitó vehículos, efectivo y otros bienes como forma de pago por servicios que, aparentemente, no cumplió. Cuando la familia de uno de los narcotraficantes entrevistados por el FBI comenzó a cuestionar los resultados, Hernández les insistió con las exigencias económicas, se lee en la denuncia.

La agente especial aseguró que, en septiembre de 2022, durante una visita a una cárcel de Florida, “Boliche” le advirtió a ese narco que, si no “pagaba”, su familia tendría “problemas” en Colombia. Un segundo narcotraficante que fue entrevistado por el FBI dijo que, antes de su extradición y posterior proceso judicial, aceptó pagar alrededor de USD 700.000 a Hernández Villazón y al abogado colombiano, denominado “coconspirador 1”. Además, dijo que les entregó vehículos, dinero en efectivo y joyas como parte del trato. A cambio, le prometieron una condena corta y la posibilidad de vivir en un apartamento en lugar de una cárcel al llegar a Estados Unidos.

Sin embargo, este segundo narco enfrentaba cargos que, de acuerdo con la ley estadounidense, eran penas de mínimo 10 años de prisión y de hasta cadena perpetua. La denuncia señala que, en este caso, Hernández Villazón le ofreció obtener beneficios mediante un esquema de cooperación ante la DEA, el cual nunca estuvo avalado por esa agencia. A pesar de conocer esas restricciones, Hernández Villazón, dice la denuncia, siguió recibiendo dinero y bienes de este narcotraficante, mientras le hacía creer que podía obtener reducciones sustanciales de condena. La agente también mencionó en su documento que “Boliche” actuó de esta manera ilegal en representación de firmas de abogados colombianos.

La denuncia hace parte de un expediente en poder de un juez de Tampa que ya ordenó la captura de “Boliche”. Sobre la presunta relación de este exnarco con juristas, el documento no revela nombres propios. Sin embargo, el periodista Gerardo Reyes, de Univisión, reveló en abril de este año que Hernández Villazón trabajó como asistente legal para diferentes bufetes, entre ellos De La Espriella Lawyers Enterprise, la firma de abogados del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Según ese medio de comunicación, el “co-conspirador 1” mencionado en el expediente contra “Boliche” sería un hombre cercano a De la Espriella: Daniel Peñarredonda Gómez.

Sobre Peñarredonda, el futuro jefe de Estado ha dicho que fue su “socio” y “amigo” desde hace dos décadas, y que lo “crió” en el mundo del derecho. Esta semana, el excandidato presidencial Iván Cepeda hizo referencia a la supuesta relación de “Boliche” con el círculo del presidente electo: “Abelardo de la Espriella sostuvo un estrecho vínculo con el narcoparamilitar ‘Boliche’, quien ha sido informante de las agencias federales (...) Uno de los cómplices de alias “Boliche” es el socio de Abelardo de la Espriella, Daniel Peñarredonda. Las autoridades estadounidenses deben aclarar si De La Espriella ha sido o es agente colaborador de la DEA, de la CIA, o de cualquier otra agencia de seguridad de los Estados Unidos”.

Cepeda recordó en esa declaración que De la Espriella fue abogado de Álex Saab y que ha dicho que “contribuyó a acercamientos de Saab con autoridades de Estados Unidos para resolver su situación”. Este punto es clave porque Peñarredona hizo parte de ese “pool” de abogados que defendió al empresario colombiano. Eso sí, Cepeda no reveló ninguna documentación sobre esas presuntas relaciones. Este diario se contactó con la firma de abogados de De la Espriella para conocer su versión de estos hechos, pero no obtuvo respuesta. A su vez, le envió un listado de preguntas a Peñarredonda para establecer en qué contexto conoció a “Boliche”, si trabajaron juntos y si participó de la supuesta red de estafa. No respondió el cuestionario, pero manifestó: “No tengo ningún caso de fraude y no soy el ‘co-conspirador 1’ del que se habla en el caso”.

La vida de “Boliche”

Este nuevo expediente por presunto fraude electrónico en contra de “Boliche” es apenas uno de sus capítulos al margen de la ley. Jorge Luis Hernández Villazón nació en Valledupar (Cesar) en el seno de una asentada familia de la región. De acuerdo con fallos judiciales y el propio testimonio de “Boliche”, fue integrante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Su relevancia fue tal en la cúpula paramilitar que llegó a convertirse en uno de los hombres de confianza de los exjefes Salvatore Mancuso, Carlos Castaño y Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, tanto en asuntos financieros como en operaciones transnacionales de narcotráfico.

En el 2000, la relación de “Boliche”, con la cúpula paramilitar terminó de forma abrupta. En una versión libre rendida en 2009 ante la Fiscalía, Mancuso aseguró que Hernández le robó un cargamento de cocaína, motivo por el cual las AUC ordenaron su asesinato. Sin embargo, “Boliche” logró escapar junto a su familia por la Guajira con destino a Venezuela. Allí, Hernández inició contactos con las autoridades estadounidenses y, para 2001, comenzó a colaborar con la DEA. La información que entregó contribuyó a fortalecer las investigaciones contra Mancuso y Carlos Castaño, quienes fueron acusados formalmente por la justicia de Estados Unidos en 2002 por traficar más de 17 toneladas de cocaína hacia ese país desde 1997.

A partir de allí, “Boliche” se convirtió en una fuente de información sobre organizaciones criminales para la DEA, el FBI y la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI). Esa trayectoria lo llevó a consolidar una amplia red de contactos, agentes federales, personas investigadas por narcotráfico y abogados. A través de ese esquema es que, según Univisión, Hernández Villazón terminó involucrado en el caso de Álex Saab. Ese expediente es, justamente, otro más que lo llevó a tener líos con la justicia estadounidense, pues según la condena en su contra, “Boliche” fue una de las personas que le ayudó a lavar dinero al empresario proveniente del régimen de Nicolás Maduro.

Ahora, a sus 57 años, “Boliche” enfrenta un nuevo proceso judicial, en esta ocasión por estafa electrónica. Todos los detalles de ese expediente se conocerán en próximas semanas, pues el juez de la Florida que ordenó levantar su reserva le dio un término al Departamento de Justicia para hacerlo. En esos documentos estaría la identidad de los colombianos y firmas de abogados que habrían participado en el presunto esquema criminal de Hernández Villazón, incluyendo las firmas colombianas. Mientras eso sucede, “Boliche” ya tiene programada una audiencia en la que se sentará en el banquillo de los acusados este mes de julio para dar sus explicaciones sobre las presuntas estafas con las que se habría enriquecido.

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*Este trabajo periodístico hace parte de la serie de publicaciones resultado del Fondo para investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas convocado por la Fundación Gabo.

Además de la caldeada contienda electoral por la Presidencia de la República, otro de los focos preocupantes en Colombia es la delicada situación de orden público que viven algunas regiones del país. Entre ellas la guerra que desatan las disidencias de alias "Iván Mordisco" y “Calarca Córdoba” en zona limítrofe de Guaviare y Meta. Durante la última semana de mayo pasado, un enfrentamiento entre ambos grupos criminales dejó un saldo de 50 muertos en un punto conocido como Barranco Colorado, jurisdicción del municipio de San José del Guaviare y que, a su vez, colinda con el municipio metense de Mapiripan, la cual es territorio de control del bloque Comandante Jorge Suárez Briceño de las disidencias de Calarcá.

Justo la semana que pasó, y en esa misma zona convulsa del país, la Fiscalía General y la Policía pusieron al descubierto una investigación que llevan adelante hace meses y que está relacionado con un fenómeno que afecta gravemente al sur del país: la deforestación. Las autoridades identificaron una red de 17 personas que habrían deforestado más de 52.000 hectáreas entre 2008 y 2026. Dentro de ese expediente, conocido por la Unidad Investigativa de El Espectador, una de las cabezas de esa presunta organización criminal, está un reconocido empresario de la región: el ciudadano italiano Carlo Vigna Taglianti, punta de la multinacional ítalo-española Poligrow, la cual opera en Mapiripán desde 2008.

El italiano de 60 años, quien se entregó a las autoridades el jueves pasado, fue entre 2015 y 2016 parte de la junta directiva de Fedepalma, el gremio que representa a los productores de palma de aceite en Colombia. Sin embargo, no es la primera vez que el turinés tiene que rendirle cuentas a la justicia colombiana. Hace 10 años, en la páginas de este diario, contamos cómo la Fiscalía lo llamó a juicio por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada y fraude procesal. Entre 2015 y 2016, la fiscal Gloria Smith Gualdrón, quien luego fue removida del caso, inició una investigación para lograr determinar su teoría del caso, la cual tiene puntos de conexión con el reciente expediente de la Fiscalía.

El informe contra Poligrow

Hace una década, cuando por primera vez las autoridades enfilaban baterías contra Vigna, la Fiscalía lo señaló de tejer todo un entramado para quedarse de manera irregular con 1.000 hectáreas de una finca en Mapiripán. Sin embargo, en mayo de 2017, un juez lo absolvió de todos los cargos, y señaló que las pruebas y los testimonios llevados al juicio por la Fiscalía no eran contundentes para hallar como culpable al director de la multinacional, la cual tiene cerca de 7.000 hectáreas sembradas con palma de aceite en ese municipio. En los informes de la investigación, liderada por la fiscal Gualdrón, hacen un recuento pormenorizado de los terrenos que tenían vínculo con Poligrow en esta zona.

En ese listado aparecen los predios que hoy la Fiscalía señala sufrieron graves daños. El principal de ellos es el megaterreno Santa Ana, el cual abarca 120.000 hectáreas y que es propiedad de los nietos de la familia de Dumar Aljure, el guerrillero liberal de los años cincuenta. Cinco integrantes de esa familia, que son hermanos del congresista William Aljure, fueron capturados el pasado miercoles en Villavicencio y les fueron imputados cargos por ecocidio, aprovechamiento ilícito de recursos naturales, concierto para delinquir y fraude procesal. Ese extenso lote, que equivale aproximadamente a 168.000 canchas de fútbol, tiene un valor histórico, pues el guerrillero liberal recibió esos terrenos al mismo tiempo que fue amnistiado por la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla. Según el ente investigador, 1.910 hectáreas de ese predio fueron deforestadas.

Los investigadores sostienen que “la eliminación de la cobertura boscosa no corresponde a un evento aislado de tala, sino a una fragmentación ecosistémica planificada”. Además, peritajes del CTI y reportes del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) para señalar que el bosque natural y las sabanas existentes en el área fueron sustituidos por 29 hectáreas de palma de aceite, infraestructura agroindustrial y actividades de ganadería extensiva. A partir de esas evidencias, el informe afirma que “los Aljure (...) y Poligrow, representada por el ciudadano italiano Carlo Vigna Taglianti, conocían que debían eliminar el bosque y lo hicieron voluntariamente”.

En materia de contaminación de fuentes hídricas, los documentos conocidos por este diario señalan que existirían elementos para investigar un presunto aprovechamiento ilícito de recursos naturales y daños sobre ecosistemas acuáticos por parte de Poligrow. Según el documento, durante las inspecciones técnicas y la revisión de información aportada por las autoridades ambientales se estableció que las operaciones agroindustriales requerían un uso intensivo del recurso hídrico, especialmente para el funcionamiento de la planta extractora de aceite de palma. Los investigadores sostienen que “la operación genera una alta carga orgánica que (...) puede causar eutrofización y contaminar fuentes hídricas”, advirtiendo que este fenómeno puede alterar la calidad del agua y afectar la fauna y flora asociadas a estos ecosistemas.

El informe también señala que, de acuerdo con información de Cormacarena, “la empresa utiliza aguas superficiales del Caño Macondo”, y concluye que “cualquier uso actual del agua para mantener el cultivo es un aprovechamiento sin título legal”, al indicar que no se habría acreditado la existencia de los permisos ambientales requeridos para determinadas actividades descritas en el expediente. Asimismo, los investigadores reportaron que “se observaron emisiones visibles de humo desde la planta extractora” y advirtieron sobre el riesgo de que los residuos derivados del procesamiento industrial de la palma pudieran afectar cuerpos de agua cercanos. Con base en estos hallazgos, el informe sostiene que “el aprovechamiento ilícito se configura al ejercer una actividad agroindustrial de gran escala prescindiendo de la licencia ambiental”, una hipótesis que deberá ser debatida y sustentada por la Fiscalía durante las etapas posteriores del proceso judicial.

El inicio de la investigación por deforestación y otros delitos ambientales

En 2020, funcionarios del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) fueron los primeros en alertar que, aparentemente, en Mapiripán, estaban deforestando a gran escala. Diecisiete informes de esta entidad gubernamental, emitidos entre 2020 y 2023, identificaron 624 polígonos de deforestación en el megapredio Santa Ana. Según los informes, las áreas intervenidas correspondían originalmente a bosque natural y sabanas, antes de ser transformadas para el establecimiento de 29 hectáreas de palma de aceite y actividades de ganadería extensiva.

La hipótesis de los investigadores sostiene que el esquema comenzó con la ocupación y protocolización de grandes extensiones de baldíos de la Nación, que posteriormente fueron fragmentados, transferidos y explotados económicamente bajo una apariencia de legalidad. Una supuesta acumulación de baldíos que la Contraloría General denunció en 2017, pero que nunca tuvo eco en los estrados judiciales.

A partir de esa fragmentación, afirman fuentes del caso, las tierras fueron divididas en 60 predios y transferidas a terceros mediante escrituras públicas y contratos de posesión. Los investigadores describen esta etapa como un proceso de “fraccionamiento estratégico” destinado a dispersar la titularidad aparente de los terrenos y evitar alertas sobre la concentración de grandes extensiones de tierra.

Sin embargo, el núcleo central de la teoría del caso gira alrededor de la relación entre la familia Aljure y el empresario italiano Carlo Vigna Taglianti, fundador y directivo de Poligrow. Según los investigadores, los Aljure actuaron como poseedores históricos del predio Santa Ana, mientras que Vigna y las sociedades vinculadas a Poligrow aportaron el capital, la infraestructura agroindustrial y la capacidad empresarial para desarrollar proyectos productivos en la zona.

El informe sostiene que esta alianza se materializó mediante contratos de compraventa de posesión de la tierra, así como a través de la constitución de sociedades comerciales como Ganadería Santa Ana S.A.S., de la cual hacen parte los hermanos Aljure Peña y el italiano.

El dueño de Poligrow y las empresas asociadas

El proyecto palmicultor está soportado por una red corporativa con presencia en Colombia, España, Italia, Reino Unido, Brasil, Uruguay y Panamá. La casa matriz del grupo, según la Fiscalía, es Poligrow Inversiones S. L., con sede en España, y alrededor de ella girarían varias sociedades utilizadas para actividades agrícolas, energéticas y financieras. un informe de Indepaz identificó al menos 11 empresas vinculadas al proyecto empresarial. Entre ellas aparecen Poligrow Colombia Ltda., Poligrow Agroindustrial S. A. S., Ita Aceites Vegetales S. A. S., Fundación Poligrow, Electrimapiri S. A. E. S. P., Poligrow Servicios Agrícolas I, II, III y IV S. A. S. y Ganadería Santa Ana S. A. S. De esta última forma parte la familia Aljure.

El documento destaca que Carlo Vigna Taglianti figuró como representante legal o directivo en varias de estas compañías, incluyendo Poligrow Colombia, Poligrow Agroindustrial, Ita Aceites Vegetales, Fundación Poligrow y Ganadería Santa Ana. Uno de los nombres que aparecen en los expedientes de la Fiscalía es el de Agostino Re Rebaudengo, quien tiene el 10 % de las acciones de Poligrow Inversiones S. L., la casa matriz de la empresa palmicultora. Este empresario italiano es reconocido por su trayectoria en el sector de las energías renovables. Es fundador y presidente de Asja Ambiente Italia S. P. A., una compañía especializada en la producción de energía a partir de fuentes renovables y en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

En 2013, “La Silla Vacía” reveló que Re Rebaudengo acompañó a Carlo Vigna Taglianti a una reunión con el entonces ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, en momentos en que el Incoder evaluaba demandar a Poligrow por una presunta acumulación irregular de baldíos. Una denuncia que luego hizo la Contraloría, pero que jamás tuvo eco en lo judicial. Los reportes periodísticos también han descrito a Re Rebaudengo como una figura influyente dentro del sector empresarial italiano. Aunque en la actual investigación la Fiscalía no le atribuye conductas delictivas a Rerebaudengo, en los documentos del primer proceso lo catalogó como “indiciado” junto al abogado de Poligrow, Wilson Saray Palacios, asesinado en Meta, en 2019.

Este diario se contactó con Vigna Taglianti para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, solo envió una carta en la que señala: “Quedamos confiados en la actuación de la justicia y estamos a la espera de que se termine la investigación y se llegue a la eventual formulación de imputación, lo que nos permitirá conocer con más precisión los hechos objeto de la investigación y la responsabilidad que nos endilga. Preferimos no referirnos a asuntos sobre los cuales no estamos seguros y pueden o no ser tema de investigación por parte de la Fiscalía; y que, en caso de serlo, serán objeto de debate antes un juez; lo anterior, no con el ánimo de restringir la labor periodística, sino de dar lugar a lo importante, dejando de lado la información que no es pertinente o necesaria para dar claridad de nuestro actuar. De nuestro lado tenemos la tranquilidad de haber siempre obrado conforme a la ley colombiana y en el interés de llevar desarrollo al municipio de Mapiripán”.

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La palabra “remontar” se ha convertido en uno de los principales eslóganes en la campaña de Iván Cepeda durante esta segunda vuelta presidencial. El candidato oficialista obtuvo en el primer balotaje 9,7 millones de votos, pero se quedó por detrás de Abelardo de la Espriella con una diferencia cercana a los 673.000 votos. Con esa diferencia sobre la mesa, la estrategia digital ha tenido una transformación y una vez más el juego de las redes sociales toma relevancia en la intención de reelegir a la izquierda. Incluso, el senador y filósofo de 63 años ha tenido que entrar de lleno junto a un fuerte movimiento de influencers y creadores de contenido.

Y es que tras el golpe que supuso el primer lugar de De la Espriella en los comicios del pasado 31 de mayo, toda ese equipo político replanteó varios aspectos, entre ellos su presencia en espacios digitales, los cuales fueron ampliamente acaparados por su contraparte de Defensores de la Patria. Algunas voces señalaron que esa batalla “se perdió” frente al amplio despliegue que dio la candidatura del “Tigre”.

Vea la primera entrega: Abelardo de la Espriella: estos son los influencers que le hacen campaña en redes sociales

Con esa reflexión, el juego de las redes sociales para Cepeda volvió a tomar fuerza. La primera decisión fue poner en el centro de la conversación al candidato, moviendo mucho más sus cuentas personales y acercarlo a sectores juveniles. Algunas fuentes dijeron a El Espectador que no se dio un uso idóneo a plataformas como Instagram, TikTok e incluso el propio X del aspirante. En la primera, Cepeda tiene algo más de un millón de seguidores; en la segunda asciende a 837.800; mientras que la tercera, que más uso tiene, agrupa a más de dos millones de cuentas que le han dado “follow”.

Sin embargo, la otra parte de esa estrategia tiene que ver con movilizar las redes de sus principales influenciadores. Son cientos de cuentas que, de forma directa o indirecta buscan dar un respaldo a la campaña presidencial de Cepeda y masifican su mensaje. La mayoría, eso sí, llegan de esa base petrista que ya acompañó la llegada de la izquierda al poder con el presidente Gustavo Petro, pero que ahora pretenden una reelección de ese programa en la Casa de Nariño. El grueso, como supo este diario, lo hacen de forma autónoma y no se encuentran ligados a los gastos en pauta que sí ha realizado Cepeda.

Contrario a De La Espriella, como este diario contó en su primera entrega dedicada a ese candidato, son decenas de figuras con amplio alcance en diferentes plataformas con las que se impulsa esa campaña, arrancando por tres figuras ya conocidas en la entraña del Pacto Histórico.

Walter Rodríguez

La primera de esas figuras es Walter Rodríguez, a quien en redes sociales se le conoce como “MeDicenWally”. Su nombre cobra relevancia, pues además de una larga trayectoria en redes sociales, a partir del próximo 20 de julio ostentará la credencial de Senador con la chapa del Pacto Histórico. Su aterrizaje al legislativo será con 137.821 votos, la tercera votación más alta de esa colectividad en las consultas internas que se celebraron en octubre del 2025.

Encuentre a su candidato presidencial aquí, en el Match Electoral de El Espectador

“Wally” cuenta con una comunidad digital de 155.000 seguidores en Instagram, 131.200 en TikTok, además de un canal de Youtube que tiene 546.000 suscriptores. A este electo senador se le ha visto en la tarima con Cepeda en varios actos públicos, pero también se le ha convocado para que pueda ser partícipe de masificar la estrategia digital con la que Cepeda pretende “remontar” en segunda vuelta. Rodríguez tuvo contratos con el sistema de medios públicos, aunque dejó esos espacios meses antes de anunciar su aspiración como congresista.

Hernán Muriel

Otra figura que llegará a los pasillos del Capitolio a partir del próximo 20 de julio es Hernán Muriel. 41.612 votos valieron para que pudiera alcanzar la credencial de representante por Antioquia. La elección fue impulsada por una fuerte presencia digital con más de 500.000 seguidores repartidos entre Instagram y TikTok, su red más fuerte. Allí se presenta como fundador del medio Cofradia para el Cambio, que ha hecho activismo a favor del gobierno Petro y del propio Iván Cepeda.

En ese medio ha dado eco a movimientos como “Las cuchas tienen razón” e incluso ha protagonizado algunas disputas con senadores como Jonathan Pulido “Jotape Hernández” o el expresidente Álvaro Uribe. Su rol en la campaña de Cepeda es clave. Muriel tuvo un rol estratégico en la campaña del candidato oficialista en Antioquia, llegando a coordinar varios eventos en esa región. Además, en redes su mensaje también ha permitido dar un giro a la candidatura oficialista para las últimas semanas de campaña.

Laura Beltrán

Siguiendo la misma línea de nuevos rostros que llevarán las banderas de Pacto Histórico al Congreso está Laura Beltrán, a quien en redes sociales se le conoce como “Lalis”. Fue la segunda mayor votación en la Cámara por Bogotá y en esta segunda vuelta ha aterrizado en el círculo cercano de Cepeda para trazar los nuevos caminos digitales de esa candidatura.

Beltrán tiene en Instagram una comunidad de 187.000 seguidores y en Tik Tok más de 245.900. Su rol ahora será “coordinadora de creadores digitales”, en la búsqueda de romper esa “burbuja” en la que en la campaña se encontró en primera vuelta y con miras a atraer nuevo electorado. “La defensa de la vida” es el lema que buscan masificar desde esta nueva estrategia en la que también hay otras figuras, también con amplia presencia en redes, como las representantes María Fernanda Carrascal o María del Mar Pizarro. Beltrán dijo a este diario que ese movimiento de creadores no están ligados de forma directa a la campaña y no reciben recursos de la misma.

María Camila Fonseca

Fuera de ese bloque cercano a la campaña, pero con una amplia presencia en las últimas semanas, está el nombre de María Camila Fonseca, quien en redes sociales es conocida bajo el nombre de “Macafolla”. Esta influencer se mueve por Instagram (315.000) y Tik Tok (228.000), pero, además, aparece en diversos espacios de otros creadores.

Puede leer: Lanzan alertas por impacto de la desinformación en la segunda vuelta presidencial

Su caso ejemplifica el aterrizaje de figuras mediáticas en esas plataformas de forma autónoma, sin estar ligadas a una pauta o servicio para la campaña. “Macafolla” ha tenido espacios de entrevista con el presidente Petro, pero, además, también ha dado amplia difusión al movimiento “la defensa de la vida”. Asimismo ha acompañado eventos de Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Cepeda.

Nicolás Isaza

Finalmente está el caso de Nicolás Isaza, “Eco.aneko”, que desde 2022 ha acompañado el transitar de la izquierda al poder. Este influencer no es cercano a la campaña, pero sí juega un rol de difusión del mensaje de la misma. “Eco” tiene una comunidad en Instagram de 172.000 seguidores y 460.900 en Tik Tok. Su contenido suele ser de difusión de noticias, aunque en las últimas semanas su mensaje ha estado ligado principalmente a la campaña de Cepeda.

Isaza hizo parte del grupo de influencers que en 2022 se reunió con el presidente Petro y en el que también participó Beltrán. Su alcance en redes es amplio y tiene relevancia dentro de los denominados “medios independientes” cercanos al oficialismo.

Ahora bien, estos son tan solo algunos de los nombres que acompañan a Cepeda en esta segunda vuelta con el objetivo “remontar” frente a De la Espriella. Desde esa nueva estrategia digital, que ahora encabeza Simón Rodríguez, también ha sido fundamental la intervención de la representante Carrascal que, junto con Laura Beltrán, fueron el puente para que a la candidatura de Cepeda llegaran comunidades de kpopers, grupos juveniles e incluso figuras de la escena musical del rap.

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Abelardo De la Espriella fue el ganador de la primera vuelta presidencial con 10,3 millones de votos y le sacó más de 673.000 al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, con quien se enfrentará en segunda vuelta el próximo 21 de junio. Dos fuentes al interior de la campaña del abogado penalista señalan que parte de ese triunfo electoral, para un candidato que se medía por primera vez en las urnas, tiene varias explicaciones. Entre ellas, una clave: el éxito y alcance de su estrategia en redes sociales. Por ejemplo, el autodenominado “Tigre” tiene en su cuenta de Instagram 1,8 millones de seguidores y 1,2 millones en TikTok; mientras que Cepeda, quien lleva dos décadas en la arena política, tiene un millón de seguidores en Instagram y 525.000 en TikTok.

Esas mismas fuentes del círculo cercano de De la Espriella afirman que el éxito en las urnas también tuvo que ver con otras personas que le hicieron campaña política en el escenario digital. La Unidad Investigativa y la Redacción Política de El Espectador identificaron las cinco principales cuentas que le han hecho proselitismo al candidato del movimiento “Firmes por la Patria” y que, además, han tenido estrecha cercanía con la campaña presidencial. Algunos de ellos frecuentemente tienen videos con el propio candidato o con su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo Abondano, quien tiene 503.000 seguidores en Instagram y 233.000 en TikTok.

Entre los principales influenciadores de De la Espriella aparecen algunos que poco figuraban en el mundo digital. En otros casos, son personas que sí han participado en política o que han apoyado otros proyectos de ese espectro político. Además, algunos influenciadores hacen parte de comunidades cristianas, lo cual explica por qué De la Espriella se acercó durante la campaña a movimientos como la Misión Carismática Internacional (MCI), la cual tiene miles de feligreses en Colombia, Estados Unidos, Brasil y Europa.

Este diario intentó contactar a todos los generadores de contenido o con sus equipos de comunicación. Sin embargo, hasta el momento no recibimos respuestas sobre varias preguntas que queríamos formularles. Por ejemplo, ¿quién costea sus traslados a los eventos de campaña del candidato? Además, si han recibido dineros por parte de la campaña para hacer proselitismo político en sus redes.

Alejandro Bermeo

El youtuber y congresista electo por el Movimiento Salvación Nacional es considerado uno de los líderes digitales de la campaña de De la Espriella. La semana pasada su nombre apareció en varios medios luego de que una mujer lo denunciara ante la Fiscalía por un presunto caso de abuso sexual, el cual él niega tajantemente y asegura ser víctima de una extorsión. Según la denunciante, el episodio habría ocurrido en abril pasado en Ibagué, de donde es oriundo este abogado con especialización en derechos humanos. El senador electo, quien sacó 40.000 votos en las pasadas elecciones, tiene 297.000 seguidores en YouTube y 154.000 en Instagram.

En sus videos, Bermeo aparece en eventos públicos junto al candidato presidencial en Bogotá, Barranquilla y Cúcuta. Durante la primera vuelta presidencial, Bermeo también se caracterizó por confrontar al Centro Democrático y al propio Álvaro Uribe. Por ejemplo, en medio de la pelea de De la Espriella para quitarle votos al uribismo, sus influenciadores, entre ellos Bermeo, señalaron que ese partido político ya no representaba a la derecha. Desde su cuenta de X, Bermeo señaló: “Gravísimo que el patriarca del uribismo quiera matar a Santiago Giraldo (influencer de De la Espriella). Hoy que ve su tumba política, en su desespero activa una última vez la motosierra contra el pueblo libre”. Paradójicamente, ahora el expresidente, tras el fracaso de su candidata (Paloma Valencia), pide que voten por De la Espriella.

Vincent Ramos Montes

Con 225.000 seguidores en Instagram y 338.000 en TikTok, este hombre es reconocido dentro de algunos movimientos cristianos en la región Caribe colombiana. El generador de contenido es hijo de dos conocidos pastores cristianos del municipio de Carmen de Bolívar (Bolívar), quienes también son cercanos al popular pastor Miguel Arrazola, quien desde hace una década ha apoyado públicamente a los candidatos del uribismo. En sus videos aparece como uno de los influenciadores más cercanos al candidato; por ejemplo, lo acompañó en sus eventos públicos en Bogotá, Antioquia, Nariño, Cesar, Cauca, San Andrés, Armenia, entre otros.

En dos de sus videos, Ramos arriba a los eventos de campaña en una camioneta Hummer y en una Tesla Cybertruck, las cuales están totalmente forradas con propaganda de Abelardo. Dos de sus videos más virales fueron los que abordaba en la calle a los candidatos Claudia López e Iván Cepeda. A la primera le recriminó sus posturas sobre el Acuerdo de Paz con las Farc; al segundo, lo llamó “guerrillero” y lo increpó por, supuestamente, haberlo “perfilado como paramilitar” en un encuentro previo en vía pública. Días antes de la primera vuelta, Ramos estuvo en el detrás de cámaras de la entrevista de De la Espriella y el famoso streamer Westcol, la cual alcanzó a tener 1,4 millones de espectadores.

Germán Rodríguez

Este otro senador electo por Salvación Nacional es un mayor retirado de Infantería de Marina, el cual tiene 162.000 seguidores en Instagram y 597.000 en TikTok. Al igual que Ramos, fue otro que abordó en plena vía pública a Cepeda para increparle su inasistencia a los debates presidenciales. Algunos de sus videos están relacionados con el electorado que él representa: exmiembros de la Fuerza Pública. En un reciente video de Rodríguez con De la Espriella, el candidato presidencial dice que usará a los militares retirados para crear “junto a la Policía, líneas de seguridad para recuperar los barrios”; y aseguró que la JEP es un “antro que persigue a los uniformados y le lava el rostro a los narcoterroristas”.

Hace tres meses, en una entrevista con La Silla Vacía, el autodenominado “Comandante de la Verdad” dijo que su cuenta tiene dos millones de visualizaciones al día. Según su mismo relato, inició su carrera como influenciador cuando se hizo viral un video suyo en el que reprochaba los ataques que sufría la fuerza pública en el Cauca. Durante las dos décadas que estuvo en la Armada, Rodríguez recibió formación militar contra la guerrilla y estuvo recorriendo la frontera de Colombia con Venezuela, el sur del país y el Pacífico. Además, se autodenomina como la figura más relevante del movimiento “Defensores de la Patria” después del candidato presidencial.

Sara Castellanos Guerra

Es una política y líder cristiana que ha construido su carrera pública antes que De la Espriella se lanzara a la Presidencia. Ahora, la senadora electa por Salvación Nacional usa esa experiencia en las calles y los púlpitos para replicar su mensaje político a favor de la campaña de De la Espriella. En su cuenta de Instagram tiene 225.000 seguidores, mientras que en X cuenta con 54.000. Al interior de la campaña la ven como el “puente clave” del candidato presidencial con las audiencias cristianas que hoy siguen con “fervor” este proyecto político.

Es hija de César Castellanos y Claudia Rodríguez de Castellanos, fundadores de la Misión Carismática Internacional (MCI), una de las iglesias cristianas más influyentes del país. Politóloga de profesión, fue elegida concejal de Bogotá para el período 2020-2023, donde impulsaba algunas de sus banderas como oposición al aborto y “la defensa de la vida desde la concepción”. En las pasadas elecciones legislativas de 2026 dio el salto al Congreso al obtener una curul en el Senado por el Partido Salvación Nacional. Según datos de la registraduría, obtuvo 102.184 votos, la candidatura más popular en las urnas de esa agrupación política.

El domingo 31 de mayo, cuando se celebró la primera vuelta presidencial, Sara Castellanos pidió a los feligreses que asistieron a la sede del MCI en Bogotá votar por De la Espriella. En los videos de sus redes aparece en distintos eventos políticos junto al candidato presidencial y su fórmula vicepresidencial; por ejemplo, en los que hizo campaña en Cauca, Pereira, Manizales, Bogotá, Madrid y Cali, entre otras ciudades.

Santiago Giraldo

Este ibaguereño y estudiante de Ciencia Política fue uno de los primeros que apoyó la candidatura de De la Espriella. Hace un año, cuando De la Espriella apenas sonaba como uno de los posibles aspirantes a la Presidencia, Giraldo fue uno de los primeros que apareció junto al hoy candidato caminando por las calles de Bogotá. Este joven de 29 años no tiene el mismo número de seguidores que los otros cuatro influenciadores, pues en Instagram tiene 54.000 seguidores, mientras que en TikTok cuenta con 24.000 seguidores.

Giraldo se ha convertido en uno de los principales difusores en Colombia de las tesis del politólogo argentino Agustín Laje, una de las voces más influyentes de la nueva derecha iberoamericana. Incluso, en septiembre de 2025, Laje conoció a De la Espriella por intermedio de Giraldo. Fue él quien los presentó. A través de sus redes sociales, Giraldo ha defendido posturas alineadas con las de Laje, quien ha afirmado que “el feminismo representa uno de los peligros más patentes que hoy está viviendo una sociedad que quiere ser libre”, ha cuestionado el carácter científico de la Organización Mundial de la Salud y ha expresado posiciones contrarias al aborto y al reconocimiento de la identidad de género.

La estrategia digital del candidato De la Espriella parece haberse convertido en una de las principales apuestas de la campaña. Según fuentes cercanas al candidato, el despliegue coordinado de influenciadores y generadores de contenido fue determinante durante la primera vuelta, al punto de que decidieron redoblar la apuesta de cara a la segunda vuelta del próximo 21 de junio con el objetivo de quedarse con la Casa de Nariño.

Además de amplificar su mensaje político, esta ofensiva en redes le permitió apropiarse del relato del outsider de la derecha, una narrativa con la que logró desmarcarse de los partidos tradicionales y abrirse paso hasta la segunda vuelta, superando de manera contundente a Paloma Valencia, la candidata respaldada por el uribismo.

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Un juzgado penal ordenó la captura de uno de los empresarios más importantes del sector palmicultor en Colombia: el ciudadano italiano Carlo Vigna Taglianti, cabeza de la multinacional italoespañola Poligrow, la cual opera desde 2008 en Mapiripán, Meta. Además, entre 2015 y 2016, el extranjero fue parte de la Junta Directiva de Fedepalma, el gremio fundado en los años sesenta que representa, apoya y defiende a los productores de palma de aceite en Colombia.

Según la investigación del caso, que estuvo liderada por Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales (Conaldef) y fue conocida por la Unidad Investigativa de El Espectador, este hombre de 60 años sería el supuesto “líder” de una de las organizaciones al margen de la ley que ha deforestado miles de hectáreas de bosques en el sur de Colombia. Además, según la Dirección de Carabineros de la Policía y el ente investigador, habría cometido otros delitos como ecocidio, aprovechamiento ilícito de recursos naturales, concierto para delinquir y fraude procesal. Este diario se intentó contactar con Vigna y uno de sus abogados, pero no respondieron a nuestros mensajes. También llamamos a la compañía en varias oportunidades, pero tampoco obtuvimos respuesta. De contestar, serán agregadas a esta publicación.

Entre febrero y marzo de 2026, investigadores de la Fiscalía y la Policía hicieron inspecciones en el municipio donde hace presencia la multinacional con el fin de recaudar las pruebas que respalden su teoría del caso: que el italiano, junto a otras 16 personas, deforestó, entre 2008 y 2026, más de 52.000 hectáreas de tierra aledaña a parques naturales como Tinigua, La Macarena, Chiribiquete, Nukak y Picachos. Según cálculos de las autoridades, esas acciones contra el ambiente permitieron que se construyeran 68 kilómetros de vías ilegales en esta región.

En la mañana y tarde de este miercoles 10 de junio se desarrollaron operaciones para dar con la captura de 14 personas que también harían parte de la presunta organización al margen de la ley. Esos operativos se adelantaron en Casanare, Meta, Santander y Bolívar. Sus nombres son: Andrés Enrique Fonseca Romero, Eduardo Santos Leguizamo, Liliana Edith Bustos Méndez, Sandra Milena Ladino Ramírez, Leonardo Alexis Rondón Sáenz, Eiby Lucía Rodríguez Lara, Jorge Iván Duque Lenis (el destituido exalcalde de Mapiripán), Jaime Romero Romero, John Humberto Rodríguez Gómez y Jorge Avendaño Rodríguez.

Entre los detenidos por el CTI de la Fiscalía también están cinco familiares del congresista William Aljure Peña: sus hermanos Tufik, Vadit, Anafda y Loris Aljure Peña, así como Dumar Gontran Aljure Martínez. A su vez, los Aljure son nietos de una figura clave en la historia del conflicto armado colombiano: Dumar Aljure Moncaleano, excomandante de las guerrillas liberales de los Llanos en los años cincuenta que murió a manos del Ejército en abril de 1968. El Espectador se contacó con el representante a la Cámara pero no contestó nuestros mensajes.

¿ Poligrow acumuló terrenos baldíos ?

En 1953, cuando el comandante guerrillero Aljure Moncaleano fue amnistiado por la dictadura militar, el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla le entregó un extenso terreno baldío (propiedad de la Nación) llamado Santa Ana que comprende 120.000 hectáreas. Es decir, aproximadamente, 168.067 canchas de fútbol o tres veces el área urbana de Bogotá. Este contexto histórico es clave, ya que, justamente, son estas tierras las que habrían sufrido delitos ambientales por parte de la empresa de Vigna y los demás capturados.

La investigación contra la presunta estructura ilegal advierte que esta operaba a través de funciones diferenciadas, que combinaban poseedores de tierras, intermediarios, funcionarios locales, compradores y la multinacional palmicultora.

La hipótesis de los investigadores sostiene que el esquema comenzó con la ocupación y protocolización de grandes extensiones de baldíos de la Nación, que posteriormente fueron fragmentados, transferidos y explotados económicamente bajo una apariencia de legalidad. Una supuesta acumulación de baldíos que la Contraloría General denunció en 2017, pero que nunca tuvo eco en los estrados judiciales.

A partir de esa fragmentación, afirman fuentes del caso, las tierras fueron divididas en 60 predios y transferidas a terceros mediante escrituras públicas y contratos de posesión. Los investigadores describen esta etapa como un proceso de “fraccionamiento estratégico” destinado a dispersar la titularidad aparente de los terrenos y evitar alertas sobre la concentración de grandes extensiones de tierra.

Sin embargo, el núcleo central de la teoría del caso gira alrededor de la relación entre la familia Aljure y el empresario italiano Carlo Vigna Taglianti, fundador y directivo de Poligrow. Según los investigadores, los Aljure actuaron como poseedores históricos del predio Santa Ana, mientras que Vigna y las sociedades vinculadas a Poligrow aportaron el capital, la infraestructura agroindustrial y la capacidad empresarial para desarrollar proyectos productivos en la zona.

El informe sostiene que esta alianza se materializó mediante contratos de compraventa de posesión de la tierra, así como a través de la constitución de sociedades comerciales como Ganadería Santa Ana S.A.S., de la cual hacen parte los hermanos Aljure Peña y el italiano.

Otra de las hipótesis de las autoridades es que todos estos actores integraron una misma red con un objetivo común: transformar grandes extensiones de territorio mediante un proceso que iba desde la ocupación y formalización aparente de los predios hasta su explotación económica a gran escala. Investigadores del caso describen esa dinámica como un “carrusel de tierras”, en el que los terrenos pasaban sucesivamente por familiares, apoderados, compradores y sociedades comerciales hasta terminar incorporados a un modelo de explotación agroindustrial.

Fuentes del caso señalan que, en febrero pasado, cuando las autoridades viajaron hasta Mapiripán, encontraron ganadería extensiva, hectáreas con cultivos de palma africana, contaminación de fuentes hídricas, afectaciones a humedales y cultivos de hoja de coca.

De acuerdo con alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, así como con reportes de la fuerza pública y de la Fiscalía, en esta zona hace presencia el Frente 39 de las disidencias de alias “Iván Mordisco”. Esta estructura armada fue una de las que se enfrentó a finales de mayo pasado en Guaviare contra las disidencias de alias “Calarcá”, en hechos que dejaron un saldo de 50 personas muertas.

Las pruebas de la Fiscalía contra Carlo Vigna Taglianti y Poligrow sobre presuntos daños ambientales

Aunque la Federación Nacional de Palmeros (Fedepalma) dice que Poligrow y el italiano son un “ejemplo de desarrollo sostenible, inclusión social y protección ambiental”, para la Fiscalía existen varias pruebas de lo contrario.

En 2020, funcionarios del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) fueron los primeros en alertar que, aparentemente, en Mapiripán, estaban deforestando a gran escala. Diecisiete informes de esta entidad gubernamental, emitidos entre 2020 y 2023, identificaron 624 polígonos de deforestación en el megapredio Santa Ana. Según los informes, las áreas intervenidas correspondían originalmente a bosque natural y sabanas, antes de ser transformadas para el establecimiento de 29 hectáreas de palma de aceite y actividades de ganadería extensiva.

De acuerdo con investigadores del caso, la participación de Carlo Vigna Taglianti, representante de Poligrow Colombia, y de la familia Aljure habría sido determinante en la transformación ambiental del extenso terreno. Los investigadores concluyen que la deforestación registrada en la zona no obedeció a eventos aislados, sino a un proceso sistemático asociado a la implementación de proyectos agroindustriales y ganaderos.

La hipótesis de los investigadores sostiene que la familia Aljure habría actuado como poseedora y administradora inicial del predio, mientras que Carlo Vigna y Poligrow habrían aportado el capital y la infraestructura necesaria para la explotación económica del territorio. El documento afirma que el contrato de compraventa de posesión y mejoras suscrito en 2008 constituye el principal elemento para vincular a ambas partes con los hechos investigados.

En palabras de las autoridades, los implicados “conocían que debían eliminar el bosque y lo hicieron voluntariamente”, mientras que la existencia de 624 polígonos de deforestación evidenciaría un “modus operandi diseñado para evadir el control de las autoridades ambientales”. Los investigadores concluyen que la magnitud del daño configuraría no solo el delito de deforestación, sino también un escenario de afectación sistémica de los recursos naturales asociada a la expansión agroindustrial en el predio Santa Ana.

Estos informes y decenas de pruebas más serán presentadas por la Fiscalía General en los próximos días ante un juez de control de garantías con el propósito de imputarle cargos, entre ellos: ecocidio, aprovechamiento ilícito de recursos naturales, concierto para delinquir y fraude procesal.

No será la primera vez que Vigna Taglianti comparezca ante la justicia. Hace una década, este diario también reportó cómo el italiano fue llamado a juicio por la Fiscalía y luego absuelto. En agosto de 2017, el juez 56 penal de conocimiento de Bogotá decidió declarar inocente al empresario de la multinacional palmera, quien era acusado de los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, fraude procesal y falsedad en documento público y privado. Cargos que él, desde un principio, negó rotundamente.

El juzgado señaló que las pruebas y testimonios llevados al juicio por la Fiscalía no eran contundentes para hallar culpable al director de la multinacional, la cual tiene cerca de 7.000 hectáreas sembradas con palma de aceite en Mapiripán (Meta) desde 2008. El turinés Vigna Taglianti era señalado de haber sido partícipe de un supuesto plan ilegal para hacerse con unas tierras en ese municipio metense.

Ahora, casi una década después, Vigna tendrá que volver a los estrados judiciales a defenderse de las acusaciones que hoy le endilga la Fiscalía. Personas cercanas a su entorno, que piden no revelar su identidad por no estar autorizadas para declarar, dicen que volverá a salir indemne y que él “demostrará que es un empresario que le ha aportado progreso económico y social a Mapiripán y al Meta”.

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Colombia fue a las urnas y decidió: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán el próximo 21 de junio en una segunda vuelta para definir quién será el próximo presidente de la República. Mientras los candidatos se disputan los votos, otra batalla se libra tras bambalinas: la de cómo se están financiando de sus campañas. El asunto es crucial, ya que en las tres últimas elecciones presidenciales, tres gerentes de campaña terminaron bajo la lupa de la justicia justamente por supuestas irregularidades en el manejo de esos dineros. Incluso, el de Juan Manuel Santos para las elecciones de 2014, Roberto Prieto, terminó condenado por la Corte Suprema de Justicia.

Casos como el escándalo de Odebrecht y la reciente imputación de cargos contra Ricardo Roa (gerente de la campaña de Gustavo Petro en 2022) evidencian lo trascendental que termina siendo la transparencia de la financiación de las campañas para que existan garantías electorales en el país. Con esos antecedentes, en las últimas semanas la Unidad Investigativa y la Redacción Política de El Espectador revisaron los reportes de cómo se financiaron y se gastaron sus recursos las campañas de De la Espriella y Cepeda, las cuales son gerenciandas por dos personas de su entera confianza, Carlos Andrés Ríos y Antonio Peñaloza, respectivamente.

Lo que reportó Abelardo De la Espriella

El 31 de enero de 2026, cuando inició oficialmente la campaña, el Consejo Nacional Electoral (CNE) hizo un reajuste sobre cuál es el tope de financiación en la primera vuelta presidencial: COP 39.000 millones. En el caso de la campaña del autodenominado “Tigre” obtuvo créditos que le otorgaron los bancos de Bogotá, Bilbao Vizcaya y Bancolombia, por un total de COP 36.000 millones, de los cuales gastó 31.915 millones. Es decir, se gastó más del doble que la campaña de Cepeda: COP 14.165 millones. En lo que más invirtió la campaña de De la Espriella, según sus reportes, fue en propaganda electoral: más de 21.000 millones, de los cuales más de la mitad de ese monto terminaron en manos de Industrial Party SAS, una empresa antioqueña reconocida por organizar eventos políticos y musicales en varias zonas de Antioquia.

La compañía, representada legalmente por los hermanos Alexandra y Dairo Giraldo Posada, recibió cerca de 13.000 millones por brindar sus servicios a la campaña del antiguo abogado de señalados narcotraficantes y lavadores de activos. De acuerdo con la Secretaría de Transparencia, en el último año, la firma fue contratista de la Gobernación de Antioquia durante la administración de Andrés Julián Rendón.

Fuentes de la campaña explican que esa relación estaría vinculada con uno de los hombres clave del proyecto político: Carlos Andrés Ríos, gerente de campaña, exviceministro de Defensa de Iván Duque, exconcejal de Medellín y exsecretario de despacho de la Gobernación de Antioquia hasta diciembre de 2025.

Los registros oficiales también muestran que Industrial Party S.A.S. ha contratado con las alcaldías de Bello, Girardota y Abejorral; así como con el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder) y la Contraloría de Medellín, entre otras entidades. Las redes sociales de la empresa también muestran que prestó servicios al Ejército Nacional durante el gobierno de Iván Duque y el Ministerio del Interior de ese periodo presidencial, mientras estuvo a la cabeza de Daniel Palacios. Durante esa administación, compartieron en redes sociales videos que afirmaban que las protestas ciudadanas contra ese Gobierno Nacional eran una infiltración del “castrochavismo”.

La campaña de De la Espriella también giró $4.160 millones a Acomedios Publicidad y Mercadeo, empresa creada en 1998 y cuyo principal accionista es Benjamín Luengas Velasco. Entre 2018 y 2025, este empresario obtuvo más de 50 contratos estatales por cerca de COP 49.686 millones con entidades como el Ministerio de Salud, la Fiscalía General, la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la DIAN, la Secretaría de Hacienda de Bogotá, la Superintendencia Financiera, el Ministerio de Trabajo y el Fondo Nacional del Ahorro.

Como reveló El Espectador semanas atrás, el “cerebro” de esta campaña es Carlos Suárez Rojas, amigo íntimo del candidato y reconocido consultor político que hace dos décadas fue abogado del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Según los reportes entregados al CNE, su firma, Estrategia & Poder, recibió COP 2.894 millones para brindarle sus servicios profesionales la campaña. En noviembre de 2025, esta misma empresa organizó el evento realizado en el Movistar Arena, cuyo costo, según el candidato, fue de COP 300 millones. “A diferencia de otras candidaturas, no tengo dueños. Esto se autofinancia”, aseguró De la Espriella cuando le preguntaron de dónde había salido la plata para organizar ese mitin político.

En años recientes, la compañía de Carlos Suárez también asesoró la campaña presidencial de Alejandro Ordóñez en 2018 y las candidaturas de Alejandro Char a la Alcaldía de Barranquilla y de Dilian Francisca Toro a la Gobernación del Valle del Cauca. En las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, Estrategia & Poder participó igualmente en la estrategia digital del senador reelecto Alfredo Deluque. Precisamente, en abril pasado, el congresista del Partido de la U obtuvo autorización de esa colectividad para respaldar la candidatura de De la Espriella.

Hasta el domingo 31 de mayo, esta campaña todavía tenía pendiente anexar los soportes de qué empresas recibieron más de 1.100 millones, relacionados a gastos “judiciales y de rendición de cuentas” y de “capacitación e investigación política”.

Los números de Iván Cepeda

De acuerdo con la información reportada por la campaña al portal Cuentas Claras, el 100 % de los recursos provino de tres créditos otorgados por Confiar Cooperativa Financiera, que suman $15.000 millones. Según la propia entidad, Confiar nació en la década de los setenta en Duitama (Boyacá), impulsada por trabajadores de la ensambladora de carros Sofasa- Renault interesados en desarrollar mecanismos de ahorro y crédito solidario. Desde 2016, Confiar es dirigida por el economista Leandro Antonio Ceballos Valencia, quien mantiene una línea institucional cercana a proyectos sociales, culturales y ambientales.

En su página web, la cooperativa afirma que respaldó el Acuerdo de Paz mediante el apoyo a proyectos productivos de personas en proceso de reincorporación. Los documentos presentados por la campaña de Cepeda indican que ya se han ejecutado COP 14.165 millones, de los cuales COP 10.345 millones fueron destinados a propaganda electoral. Los tres contratos más cuantiosos para impresión de publicidad superaron los COP 900 millones cada uno. El primero fue adjudicado a Vision Publisher Arte y Publicidad, creada en 2011 y representada legalmente por Luis Alberto Pulido, quien también prestó servicios a la campaña al Senado de Antonio Sanguino en 2018.

La segunda empresa fue Muravi S.A.S., fundada en 2012 y cuyo único accionista es Jairo Alfonso Dallos Castillo. No registra contratación estatal relevante ni amplia información pública disponible. La tercera fue Samat Publicidad, compañía barranquillera creada en 2018 por Javier Pérez Páez, quien ha trabajado en campañas relacionadas con el Polo Democrático en el Atlántico y quien llegó a esta campaña por recomendación del gerente, Antonio Peñaloza. Según los registros de la campaña ante el CNE, tanto la empresa como su fundador aportaron un total COP 730 millones en donaciones.

Entre los gastos más altos también figuran pautas en los canales de televisión Caracol y RCN, que sumaron COP 2.451 millones. La campaña de Cepeda, gerenciada por el barranquillero Jaime Peñaloza, reportó además COP 1.500 millones en actos públicos. De esa suma, COP 1.309 millones fueron pagados a Carlos Alberto Santamaría Rodríguez, representante de Santa María Conciertos CS, empresa dedicada a la organización de eventos musicales, corporativos, litúrgicos y culturales.

Al cierre de esta edición, la campaña de Cepeda había reportado pequeños pagos a cerca de un centenar de empresas por COP 1.535 millones relacionados con servicios de transporte y correo. Además, al igual que la campaña de De la Espriella, tiene pendiente reportar los soportes de cómo se gastaron COP 302 millones correspondientes a “gastos judiciales, rendición de cuentas” y “actividades de capacitación e investigación política”.

Además de estos pendientes de las campañas, ambas candidaturas le apuestan a la reposición de votos, el mecanismo consagrado en la Constitución Política mediante el cual el Estado les devuelve a las campañas parte de los gastos electorales, según la cantidad de votos válidos que obtengan. En estas elecciones, el CNE fijó en COP 8.613 por voto para los candidatos que no recibieron anticipos estatales, como es el caso de estas dos candidaturas presidenciales.

A este escenario se suma un preocupante asunto que señaló una misión de observación electoral de la Unión Europea. Este 2 de junio, el organismo emitió un informe que alertó sobre la financiación de las campañas durante la primera vuelta presidencial.

“El marco de financiación de campañas es sólido, pero su aplicación y supervisión es deficiente. Si bien todos los candidatos presidenciales presentaron declaraciones de ingresos y gastos de campaña, los observadores de la MOE UE informaron de actividades financiadas mediante donaciones y aportaciones en especie que no aparecían en Cuentas Claras, lo que apunta a una infradeclaración extendida. Los retrasos normativos del CNE y las trabas para obtener los avales bancarios exigidos por la ley retrasaron sustancialmente la obtención de anticipos públicos, lo que perjudicó a las campañas con peores pronósticos en las encuestas, pues las favoritas pudieron financiarse principalmente y sin mayores problemas con créditos bancarios”, señala el documento de nueve páginas.

Así las cosas, luego de cumplida la primera vuelta electoral, el foco ahora se traslada a la financiación de la etapa definitiva de la campaña. En tres semanas, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella volverán a medirse en las urnas, esta vez con un tope de financiación distinto fijado por el CNE: cada campaña podrá gastar hasta COP 18.200 millones durante la segunda vuelta presidencial. Una nueva carrera contrarreloj en la que, además de los votos, también estarán bajo escrutinio el origen y el destino de cada peso invertido en la búsqueda de ganar la Presidencia de la República.

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En la recta final para la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo los tres punteros de la más reciente Invamer, Iván Cepeda (44,6 %), Abelardo de la Espriella (31,6 %) y Paloma Valencia (14 %), mueven sus últimas fichas en eventos de campaña, con amplios despliegues logísticos y financieros. Detrás de esas operaciones están tres figuras que, si bien no figuran en las principales fotos y los titulares, son casi que igual de importantes que varios de los operadores políticos.

Y es que en medio de este proceso electoral las tres principales candidaturas miran de reojo el proceso en la Fiscalía que enfrenta Ricardo Roa por presunta violación de topes electorales en la campaña Petro Presidente del 2022, en la que precisamente ejerció ese alto cargo en el camino presidencial. Es por ello que todos los candidatos han optado por posicionar allí a personas de su entera confianza.

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En el caso de Iván Cepeda, ese puesto lo designó a Antonio Javier Peñaloza Núñez, quien se ha posicionado en el círculo cercano de Cepeda y junto con la Senadora María José Pizarro y el representante Gabriel Becerra, son los únicos que le hablan al odio. Por otro lado, el “cerebro” detrás de la campaña de Abelardo de la Espriella es Carlos Rojas Suárez, un abogado penalista y reconocido asesor político que lleva, por lo menos, 20 años siendo socio y amigo del candidato presidencial. Finalmente, Paloma Valencia tiene en sus filas a una “consentida” del expresidente Álvaro Uribe, la exsenadora y exministra María del Rosario Guerra.

Encuentre aquí cada una de las historias completas

01

Este es el barranquillero que maneja las llaves de la caja fuerte de la campaña de Cepeda

Antonio Javier Peñaloza Nuñez es de los pocos que habla al oído de Iván Cepeda. “Prudente” y “pragmático” son los adjetivos con los que le califican y que le posicionan...

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02

“Cerebro” de la campaña de De la Espriella fue abogado de Mancuso y socio del vicecontralor

Es una figura discreta que concentra poder tras bambalinas en la campaña de Abelardo de la Espriella. Se trata Carlos Suárez, penalista, reconocido empresario del...

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03

La “consentida” de Álvaro Uribe: ella es la gerente de campaña de Paloma Valencia

Maria del Rosario Guerra, la curtida excongresista, exministra de Álvaro Urbe y cofundadora del Centro Democrático, fue una de las personas más cercanas a la candidata...

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Faltan 10 días para que se celebre la primera vuelta presidencial, la cual tiene a tres candidatos punteando, según la más reciente encuesta de Invamer: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Mientras se acerca la apertura de urnas, El Espectador pone la lupa sobre uno de los engranajes más decisivos —y menos visibles— de las campañas: sus gerentes, quienes están detrás de la estrategia, las finanzas y la operación de estas tres aspiraciones que tienen chances reales para ganar la carrera por la Casa de Nariño.

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Y en el caso de la campaña que busca la reelección de la izquierda en la más alta posición de poder, también ya tienen su ficha. Se trata de Antonio Javier Peñaloza Nuñez, el hombre que carga con las llaves de la caja fuerte de la candidatura del Pacto Histórico y que es la tercera voz en la línea de mando de esa por detrás de la senadora María José Pizarro, jefa de debate de la campaña, y del representante Gabriel Becerra, uno de los principales articulares políticos.

Peñaloza, barranquillero de 65 años, lleva gran parte de la dirección estratégica del proceso electoral con el que Cepeda busca el poder y es el encargado del aparato financiero de la campaña. El aspirante del Pacto ha reportado ingresos por COP 15.000 millones por cuenta de tres créditos bancarios con la Cooperativa Financiera Confiar; su gerente es quien debe garantizar que se usen correctamente. La orden de Cepeda, y acordada con todo el equipo, es clara: no se reciben donaciones debido a que podrían poner en riesgo la seguridad financiera de la campaña. Y de momento así lo ha cumplido Peñaloza, según se refleja en los informes ante Cuentas Claras

En ese punto se ha basado en la coalición de izquierda, pues respecto al caso de la campaña presidencial de Petro en 2022, quien ejerció como su gerente, Ricardo Roa, hoy enfrenta líos con la justicia y fue recientemente imputado por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en el delito de violación de topes electorales. Además el Consejo Nacional Electoral (CNE) también le sancionó al determinar que sí hubo violación de esos topes.

Pero, ¿de dónde sale Peñaloza? Es el secretario del Polo Democrático desde 2022 y ficha clave para la estrategia que se trazó desde la Casa de Nariño con el fin de fusionar los partidos afines al petrismo, lo que hoy se conoce como Pacto Histórico. Según dijeron tres fuentes distintas a El Espectador, Antonio Peñaloza se encargó de poner la “casa en orden” en su colectividad y allanar el terreno para la construcción de los acuerdos con los que se organizaron el nuevo partido único de izquierda.

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Aunque su nombre no resuena en titulares y su rostro puede parecer como uno más en esa campaña, tras bambalinas coordina hasta el más mínimo detalle de las salidas públicas de Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué. Aunque son Pizarro y Becerra quienes coordinan el apartado político, el logístico y financiero recae en este ingeniero civil.

Su llegada al sector público se dio en 1993 en su natal Barranquilla. Primero ocupó el cargo de profesional especializado en la Secretaría de Obras Públicas Distritales durante la administración de Bernardo “el cura” Hoyos Montoya. Luego, en la misma oficina, fue director de Planeación Física entre 1996 y 1998, eso bajo el mandato de Edgard George González; y luego, con el retorno de Hoyos a la Alcaldía, Peñaloza fue Secretario de Obras Públicas por casi seis meses en 1998, para luego ser movido a la gerencia distrital de proyectos de inversión hasta el año 2000.

Hoyos fue condenado en 2013 por peculado por apropiación y en 2020 por desvío de recursos en la remodelación del antiguo Banco de la República en Barranquilla. No obstante, en esos casos no hay mención de Peñaloza. Ahora bien, aún existe cercanía con el exalcalde, a quien en su hoja de vida aún cita como referencia laboral. Además, Hoyos Montoya ha acompañado la campaña de Cepeda y participó de un evento realizado en Rincón Latino, en el barrio Rebolo de Barranquilla. Ese recinto, según señalan medios locales, es el predilecto por Hoyos para realizar sus encuentros políticos.

Y frente al salto a la política, Peñaloza fue uno de los senadores de Movimiento Ciudadano, entonces partido político de Hoyos, entre 2003 y 2006. En ese periodo forjó cercanía con otros bloques de izquierda y, según dijeron varias fuentes, una amistad con líderes de lo que posteriormente sería el Polo Democrático como Carlos Gaviria, Jaime Dussan, Clara López e incluso, Jorge Robledo.

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Fue en ese partido en el que también forjó relación con el presidente Petro y estrecharía lazos con otros líderes como Iván Cepeda y los actuales congresistas Carlos Alberto Benavides y Alirio Uribe. Estando en el Polo sus roles eran, principalmente, administrativos. Los integrantes de este partido, y muchos de la izquierda en general, resaltan que es un hombre “prudente” y “pragmático”. Esas dos características fueron las llevaron a que Cepeda, con quien ya tenía una fuerte relación, le escogiera como su gerente.

Ya en agosto del 2025 había sido Peñaloza quien anunció que el Polo le otorgó el aval a Cepeda para llevar las banderas de ese partido en la consulta interna del Pacto que se celebró en octubre. Para entonces ya se hablaba de su rol clave dentro del equipo del actual candidato presidencial, mientras seguía coordinando la fusión del Pacto Histórico que se confirmó el pasado mes de marzo.

En este proceso presidencial Peñaloza ha quedado fuera de los focos de las cámaras, pero en un puñado de los más de 115 eventos que ha realizado durante la campaña ha estado al lado izquierdo de la tarima. En los meetings privados sucede algo similar. La mesa central la tiene Cepeda, con Quilcué, mientras que a su izquierda siempre suelen estar, en orden, Pizarro, Becerra y Peñaloza, además de Aida Avella y Jael Quiroga, otras dos figuras reconocidas que provienen de la Unión Patriótica, partido en el que militó Manuel Cepeda Vargas, padre de Iván Cepeda.

Su anuncio como catalizador económico de la campaña se realizó finalizando el 2025, aunque quedó formalizado en una convocatoria a la bancada del Pacto Histórico (tanto congresistas electos como en activo). Durante esa cita que tuvo lugar en el Hotel Tequendama Cepeda le avisó que toda propuesta de donaciones y/o aportes económicos se deberían tratar con Peñaloza, aunque también se suscribió: “No vamos a llegar (al poder) endeudados ni política ni económicamente”.

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Otro punto que también le han destacado a Peñaloza es la disputa que ha dado ante el CNE. Ya lo hizo en el proceso de fusión del Pacto, pero también ha puesto el pecho en la pelea por los votos en los escrutinios de las legislativas. Su posición de poder dentro de la estructura del Pacto poco a poco se sigue extendiendo, a la par que gestiona los recursos de una campaña que, al cierre de esta edición, reportó que ya se han gastado más de COP 10.000 millones de los COP 15.000 millones de los créditos. En su mayoría estos han sido destinados a propaganda electoral, servicios de transporte y organización de eventos públicos.

Peñaloza es la persona que tiene que garantizar que la segunda gran campaña presidencial de la izquierda, pues las encuestas ponen a Cepeda con la mayor intención de voto no termine con líos jurídicos como los que hoy tienen a Roa, gerente de la campaña Petro en 2022 enfrentando una imputación penal.

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En la edición de ayer iniciamos un especial periodístico sobre los gerentes de campaña. Esa primera entrega estuvo relacionada con los vínculos políticos y negocios del gerente de la campaña de De la Espriella, Carlos Suárez.

En esta entrega periodística nos enfocaremos en la campaña de la actual candidata del uribismo, la de la senadora Paloma Valencia, la cual es administrada por María del Rosario Guerra, otra mujer que ha acompañado durante décadas al expresidente Álvaro Uribe. El pasado 13 de marzo, el nombre de Guerra quedó oficializado ante la Registraduría como gerente de campaña, un cargo que suele ser designado a personas de la entera confianza del candidato presidencial. En este caso, también lo es de la fórmula vicepresidencial: Juan Daniel Oviedo, quien públicamente ha dicho que fue una suerte de madrina en el mundo político.

En distintas entrevistas, Oviedo ha dicho que Guerra fue quien lo recomendó en 2018 con el entonces recién electo presidente Iván Duque para ocupar, como terminó sucediendo, la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En 2022, en medio de su campaña a la Alcaldía de Bogotá, Oviedo le dijo al periódico El Colombiano que conoció a Guerra en los años noventa, cuando ella le daba clase de Microeconomía en la Universidad del Rosario y lo “rajó” en el primer parcial, aunque con el tiempo se volvieron cercanos. Luego fue asesor cuando Guerra ofició como ministra de Comunicaciones de Uribe, en 2009, y mientras fue senadora, entre 2014 y 2018.

Una persona del círculo íntimo de Oviedo le contó a este diario que María del Rosario Guerra fue clave para que el ahora candidato vicepresidencial se decantara por ser la fórmula de Paloma Valencia. “Una conversación entre ellos fue el ‘empujoncito’ que necesitaba Juan Daniel (Oviedo). Él tenía varias dudas sobre adherirse a la campaña, sobre cómo impactaría en sus votantes aceptar el ofrecimiento de la candidata del uribismo a la Presidencia”, dice una fuente que pide reserva por no estar autorizada para hablar sobre aspectos internos de esa campaña.

De los tres gerentes de campaña que consultamos, María del Rosario Guerra fue la única que contestó algunas de nuestras preguntas. Por ejemplo, contó que “la gerencia adoptó la decisión de financiar el 100 % de la primera vuelta de la campaña presidencial mediante un crédito bancario (...) La campaña gestionó el financiamiento por COP 30.000 millones con dos entidades bancarias. Después de un análisis, se decidió acceder al crédito ofrecido por Bancolombia (...) Conforme a ello, la campaña no ha recibido aportes de terceros, por lo que no existen aportantes respecto de los cuales pueda predicarse relación personal, comercial o familiar”.

En las toldas del uribismo, María del Rosario Guerra es una de las “consentidas” del expresidente Uribe. Dos excongresistas del Centro Democrático que hablaron con este diario señalaron que la exsenadora fue clave en la conformación de esa colectividad. “Ella se echó al hombro los talleres democráticos, los cuales ambientaron el nacimiento de nuestro partido. Ella tenía carta blanca para organizar los eventos en cada parte del país e invitar a quien ella tuviera a bien hacerlo. Esa labor, recuerdo, le acarreó también algunas enemistades al interior del partido. Este tipo de cosas explica por qué está donde está hoy en la campaña de Paloma Valencia”, dice uno de los excongresistas consultados.

Miembro de un poderoso clan político

En el derecho de petición que le enviamos a Guerra le consultamos sobre sus relaciones familiares y comerciales; sin embargo, argumentó que se trataba de información de su esfera privada. Y agregó: “En segundo lugar, es preciso reiterar que la calidad de gerente de campaña no implica el ejercicio de función pública ni la titularidad de investidura estatal. Tal como lo ha señalado el Consejo de Estado, se trata de un rol de naturaleza privada, orientado a la administración de los recursos de campaña y al cumplimiento de deberes de reporte ante las autoridades electorales, sin que ello conlleve la aplicación del régimen propio de los servidores públicos”.

Sin embargo, es de público conocimiento que la gerente de campaña de Paloma Valencia hace parte de uno de los clanes políticos más importantes de Sucre. Los Guerra, que fueron claves para que en 1966 el Gobierno Nacional creara ese departamento, han sido una de las casas políticas más poderosas e influyentes de esa región del país. Entre sus miembros más reconocidos están el exgobernador de Sucre Julio César Guerra Tulena, tío de María del Rosario, así como de los exsenadores Antonio y José Elías Guerra de la Espriella, hermanos de la exsenadora. Justamente este último fue quien empezó a ganarse la confianza del expresidente Uribe.

La Silla Vacía documentó que “Joselito” fue uno de los primeros uribistas, antes de que Uribe marcara en las encuestas presidenciales de 2001 como uno de los favoritos. Desde entonces, fue una de las personas que le habló al oído en momentos clave de su gobierno. El hermano de María del Rosario Guerra también es recordado por ser uno de los condenados del escándalo del proceso 8.000 durante el Gobierno de Ernesto Samper. En 1998, un juez sin rostro lo condenó por los delitos de enriquecimiento ilícito, estafa y falsedad en documento privado.

El segundo hermano de María del Rosario Guerra, Antonio, quien también estuvo varios años en política, terminó siendo cercano al recientemente fallecido Germán Vargas Lleras, líder del partido Cambio Radical. A través de esa colectividad, Antonio Guerra estuvo en el Congreso entre 1998 y 2018, un extenso periodo que fue interrumpido cuando la Corte Suprema lo capturó, procesó y condenó por ser uno de los senadores que recibieron dineros de la corrupta multinacional brasileña Odebrecht. En abril de 2025, Guerra fue condenado en segunda instancia por el alto tribunal, tras ser sentenciado a 11 años de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Su nexo con Fedepalma

El esposo de Guerra es el reconocido empresario Jens Mesa Dishington, un hombre que, desde 1989 hasta 2021, fue presidente de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma (Fedepalma). Su nombre, durante épocas electorales, es clave para el uribismo. Por ejemplo, en 2018, durante el último gobierno uribista, el entonces presidente Iván Duque le agradeció públicamente a Mesa por su apoyo al partido político. Ese respaldo político se vio reflejado cuando dos fichas del líder gremial, Andrés Castro y Myriam Martínez, fueron elegidos como director de la Unidad de Restitución de Tierras y directora de la Agencia Nacional de Tierras, respectivamente.

En septiembre de 2020, este diario y La Silla Vacía reportaron que la ANT de Myriam Ramírez estaba construyendo un proyecto de ley que permitiría que baldíos de la Nación terminaran en manos de empresarios que los solicitaran. Una jugada política que fue leída por organizaciones campesinas como una clara acción para beneficiar, entre otros gremios, al palmero, el cual ha sido investigado por apropiarse irregularmente de terrenos del Estado colombiano. Lo cierto es que esa iniciativa terminó hundiéndose en el Congreso.

Así, más que gerente de campaña, María del Rosario Guerra encarna una pieza clave dentro del entramado político del uribismo: una dirigente con décadas de cercanía al expresidente Álvaro Uribe, conexiones con uno de los clanes más influyentes de la Costa Caribe y vínculos con sectores de poder económico como el palmero. Su papel en la campaña de Paloma Valencia no solo refleja la confianza que conserva dentro del proyecto político uribista, sino también el peso de las redes políticas y familiares que históricamente han moldeado la política. Ahora, sobre sus hombros está manejar los dineros de uno de los proyectos políticos que tienen opciones reales de ganar la presidencia.

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A menos de dos semanas de que Colombia acuda a las urnas para definir su futuro político en la primera vuelta presidencial, El Espectador pone la lupa sobre uno de los engranajes más decisivos —y menos visibles— de las campañas: sus gerentes. En este especial periodístico presentamos una radiografía detallada de quienes están detrás de la estrategia, las finanzas y la operación de las tres candidaturas que hoy lideran las encuestas: Iván Cepeda, Abelardo de La Espriella y Paloma Valencia. Más allá de su papel administrativo, los gerentes han demostrado ser figuras clave. No solo organizan el camino hacia las urnas, sino que, recientemente, algunos terminaron bajo el escrutinio de la Fiscalía General. Incluso condenados.

Por ejemplo, el pasado 11 de mayo, el ente investigador imputó a Ricardo Roa, gerente en 2022 de la campaña del ahora presidente Gustavo Petro, por volarse los topes de financiación electoral. O los casos de los gerentes de campaña de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluága, en 2014: Roberto Prieto y David Zuluága, respectivamente. El primero, condenado y el segundo a punto de afrontar un juicio penal por la misma acusación de la Fiscalía: haber recibido financiación por parte de Odebrecht, la corrupta multinacional brasilera. En las últimas semanas, una de las campañas más mencionadas públicamente ha sido la de Abelardo de la Espriella. No solo por figurar segundo en las encuestas, sino por los choques que ha tenido con otras campañas e incluso con el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El abogado de un líder del paramilitarismo, Salvatore Mancuso

Cuatro personas del círculo cercano de De La Espriella señalan que “el cerebro” del proyecto político es Carlos Augusto Suárez Rojas, un abogado penalista y reconocido asesor político que lleva, por lo menos, 20 años siendo socio y amigo del candidato presidencial. Aunque en la Registraduría su nombre no aparece junto al cargo de gerente, las fuentes concuerdan en que la “batuta” del movimiento político está en manos de este bogotano de 57 años, hijo de Daniel Suárez Hernández, expresidente del Consejo de Estado a principio de los años noventa y uno de los profesores más ponderados en universidades como El Externado, El Rosario y Los Andes.

Fuentes al interior de esta campaña señalan que Suárez es el encargado de coordinar los equipos regionales y de dar línea sobre la estrategia política. Un miembro de la firma de De la Espriella dice que “Suárez es una persona de entera confianza de Abelardo, lo ha defendido en redes sociales incluso antes de que fuera candidato presidencial. Tiene más en cuenta lo que dice Suárez, por encima de cualquier otra persona; hay una confianza que nació en los pasillos judiciales hace varios años, como con Daniel Peñarendoda, otro de sus viejos amigos que le ha dejado su trabajo como abogado penalista”.

Ante la Registraduría quien figura como gerente de la campaña es Carlos Andrés Ríos, exviceministro de Defensa de Iván Duque, exconcejal de Medellín y exsecretario de despacho del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Aunque las fuentes aseguran que también es un hombre de confianza del candidato, “no concentra tanto poder en la campaña como lo tiene Carlos Suárez”. Nos contactamos con el candidato presidencial como con el gerente Ríos, pero hasta el momento no han respondido a nuestros mensajes.

Intentamos contactar a Suárez por distintas vías; incluso, le enviamos un derecho de petición a sus correos electrónicos y contactos telefónicos. Un empleado de Suárez nos dijo que el abogado iba a responder el derecho de petición a finales de abril pasado. Sin embargo, hasta el momento no recibimos respuesta sobre las preguntas que le formulamos, por ejemplo sobre su rol en la campaña y otros aspectos de su pasado. Una colaboradora de su despacho aseguró que le hizo llegar a Suárez el derecho de petición tan pronto lo enviamos, pero que, hasta el momento, no se había vuelto a referir a nuestra solicitud.

También se indagó por cómo se conocieron con el candidato y detalles sobre sus negocios en el mundo del marketing político y el sector inmobiliario. Pero a través de documentos oficiales y testimonios de su entorno, la Unidad Investigativa de El Espectador logró reconstruir los vínculos de Suárez con de la Espriella, los cuales datan, al menos desde 2006, cuando estalló el escándalo de la parapolítica. Dos abogados que asesoraron a exjefes paramilitares indicaron que conocieron a Suárez mientras fungía como uno de los apoderados de uno de los más importantes líderes de las Autodefensas: Salvatore Mancuso Gómez, quien ha dicho públicamente que fueron “amigos desde chiquitos en Córdoba” con el hoy candidato presidencial.

Por este episodio, Suárez Rojas fue mencionado por el expresidente Uribe a finales de abril pasado en su cuenta de X. En pocas palabras, el líder del Centro Democrático lo acusó de ser uno de las personas que, junto a Piedad Córdoba e Iván Cepeda, “coordinó” reuniones en Estados Unidos a principios de los años 2000 para que exparamilitares declararan ante la justicia en su contra por tener relación con ese grupo criminal. Un vínculo que Uribe Vélez ha negado tajantemente.

La Unidad Investigativa de es diario conoció un correo del 14 de junio de 2009 entre Carlos Suárez y Piedad Córdoba en el que el primero, en calidad de abogado de Mancuso, le informa a la segunda que exjefes paramilitares, como alias Jorge 40, Macaco y el “Tuso” Sierra querían hablar con ella. Y, a su vez, le recomienda qué tramites surtir ante la embajada de ese país para poder visitarlos. Un año antes, el entonces presidente Uribe los había extraditado a los Estados Unidos argumentando que seguían delinquiendo desde cárceles y que eran requeridos por delitos de narcotráfico por cortes federales en Florida y Nueva York.

En octubre de 2019, Piedad Córdoba fue citada a declarar ante la Corte Suprema de Justicia como testigo del proceso que se adelantaba contra el expresidente por supuestamente torcer testigos. En esa diligencia judicial, la política liberal confirmó que estuvo en contacto con Suárez para poder entrevistar a Salvatore Mancuso. Además, le indicó a la Sala de Instrucción del alto tribunal que Suárez era socio de Abelardo de la Espriella.

Un penalista que también representó a exjefes paramilitares hace veinte años contó que “cuando los experamilitares se empezaron a desmovilizar, en 2003, De la Espriella fue cercano a ese proceso a através de su fundación FIPAZ, la cual promovía durante esos años una salida negociada con el grupo criminal. Incluso hay una famosa foto de Mancuso Jorge 40 y De la Espriella. En medio de ese agitado panorama fue que Suárez terminó siendo parte del equipo de abogados de Mancuso hasta 2010, aproximadamente. Por eso el expresidente Uribe señaló a Carlos Suárez”.

Ante ese ataque mediático, y a través de esa misma red social, Suárez le respondió a Uribe. “Señor expresidente, en mi actuación como abogado siempre sostuve una postura: la majestad presidencial no se toca. Verlo a usted actuando de esta manera solo comprueba que la lealtad que los abogados tuvimos con usted, nunca la mereció. La historia lo juzgará, hasta ahora, mi seguridad y la de mi familia no ha sido tocada, espero que así continúe”. De la Espriella siempre ha dicho que su trabajo con FIPAZ fue en el marco de una negociación y que no se trató de un respaldo al grupo criminal de Salvatore Mancuso, Macaco, Jorge 40, entre otros.

La empresa de Carlos Suárez con De la Espriella

Otro hecho que demuestra la estrecha relación entre Suárez y De La Espriella quedó registrado el 4 de marzo de 2015. Ese día, ellos dos, junto al experimentado periodista Óscar Ritoré Botero, inscribieron ante la Cámara de Comercio de Bogotá la empresa Estrategia & Poder, de la cual cada uno tenía el 33% de las acciones. De acuerdo con ese registro, la compañía tenía el propósito fundamental de asesorar a personas y empresas ante crisis reputacionales ante los medios de comunicación. Desde entonces, Estrategia & Poder opera en las mismas oficinas en donde funciona la firma de abogados del candidato: en la exclusiva zona T, en el norte de Bogota.

Según los registros públicos de la compañía, de la cual De la Espriella dejó de ser parte en 2021, actualmente el único accionista es Suárez Rojas y es gerenciada por Carlos Andrés Arias, otro asesor político que eventualmente es consultado por medios de comunicación sobre temas de marketing político y asuntos electorales. Más recientemente, esa empresa fue la encargada de organizar el evento de De la Espriella en el Movistar Arena, en noviembre de 2025, en Bogotá. Desde entonces, según los registros del Consejo Nacional Electoral (CNE), la empresa ha recibido cerca de COP 2.900 millones por parte de esa campaña presidencial.

Otro político que contrató a Estrategia & Poder fue el condenado exsenador del Partido de la U Bernardo Miguel “El Ñoño” Elías Nader. Más precisamente, en 2017, su nombre empezó a ser mencionado en los medios de comunicación como uno de los congresistas que hicieron parte de la red corrupta de Odebrecht en Colombia. Un hecho que terminó demostrado por la justicia y por el que ya pagó una condena de seis años de cárcel. En los últimos años, la firma de Suárez también asesoró la campaña presidencial de Alejandro Ordóñez en 2018; y las de Alejandro Char y Dilian Francisca Toro a la alcaldía de Barranquilla y la gobernación del Valle del Cauca, respectivamente. En las últimas elecciones al Congreso —el pasado 8 de marzo—, Estrategia & Poder también se hizo cargo de parte de la campaña digital del senador reelecto Alfredo Deluque, uno de los políticos más influyentes en la Costa Caribe. Justamente, en abril pasado, el congresista del Partido de la U le pidió a esa colectividad una autorización para apoyar la candidatura de Abelardo de la Espriella, la cual le fue aprobada por el grupo político.

Suárez Rojas también se ha hecho cargo del marketing de dos empresas ligadas directamente con el candidato: la conocida firma de abogados De la Espriella Lawyers y Ron Defensor, la marca del licor que comercializa desde 2022 el candidato presidencial junto al popular cantante de vallenato Silvestre Dangond.

Una antigua ficha de Pacific Rubiales, la petrolera que operó en el meta durante la década pasada, le contó a este diario que Carlos Suárez también fue contratado por la desaparecida multinacional petrolera gracias a las relaciones de alto nivel de Abelardo de la Espriella con los directivos. “El entonces abogado penalista defendía a Federico Restrepo Solano, vicepresidente para asuntos jurídicos de la petrolera Pacific Rubiales, entre 2008 y 2017. Es allí donde Abelardo conoció a la cúpula de la compañía y conectó a su amigo Suárez”, dice un antiguo directivo de la petrolera que pide reserva de su nombre.

Durante esos años, un equipo especializado de la Fiscalía General intentó establecer el supuesto papel que cumplió Restrepo Solano, como directivo de Pacific, en la posible financiación irregular a la campaña de Juan Manuel Santos en 2014. Una investigación que fue cerrada, según contó de la Espriella a este diario en 2022, pero sin aportar ningun documento que respaldara esa afirmación.

Los viejos negocios con el vicecontralor Silgado Betancourt

De lo que sí hay registros públicos, es de los contratos que ha tenido la empresa de Suárez con entidades del Estado colombiano entre 2018 y 2025, los cuales le representaron ingresos COP 1.834 millones. Según el portal anticorrupción de la Secretaría de Transparencia, durante ese lapso, Estrategia & Poder fue contratista de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, la Gobernación del Magdalena, Fededepartamentos, la Imprenta del Valle del Cauca y la Personería de Bogotá. El contrato que firmó con esta última entidad le costó una mención en una extensa denuncia que llegó a la Procuraduría General en julio de 2024 y que sigue bajo estudio del Ministerio Público.

Un sindicato de la Personería denunció disciplinariamente a Carlos Silgado Betancourt, exsecretario general de la administración de Julián Pinilla y hoy vicecontralor general de la Nación. El documento, dirigido a la entonces procuradora general Margarita Cabello, alertaba sobre un posible conflicto de intereses en la suscrpición de un contrato de COP 202 millones que recibió Estrategia & Poder de manera directa por parte de Silgado. De acuerdo con la denuncia, el exsecretario no informó a la Personería que tanto él como su pareja sentimental tenían negocios desde 2014 en al menos tres empresas vinculadas con Carlos Suárez en el sector inmobiliario en Bogotá: Class Home Asesores, Construcciones CA y Zona 41. Habían participación accionaria de los tres en estas firmas.

En diálogo con este diario, Silgado Betancourt señaló que conoció en los años ochenta a Suárez cuando eran estudiantes de Derecho en la Universidad Externado de Colombia. “Nos volvimos amigos en las aulas, además, su padre era docente nuestro. Nuestra amistad tuvo episodios que eran interrumpidos porque él vivió algunos años fuera del país. Con respecto al contrato denunciado por el sindicato yo no tenía cómo saber que Suárez era el accionista mayoritario de la compañía, en los registros de Cámara y Comercio aparecía el nombre de otra persona como representante legal”, señaló el vicecontralor.

Cuando le preguntamos sobre quién recomendó ante su despacho esta empresa para firmar el contrato, Silgado señaló que el perfil de la compañía llegó desde la oficina jurídica de la Personería, como llegaban decenas de contratos más y que la empresa cumplió con los requisitos para hacerse cargo de la estrategia de comunicación de la entidad distrital. Sin embargo, desde el sindicato señalan que era muy fácil saber que la cabeza de Estrategia y Poder era Carlos Suárez, pues en su sitio web figura como el CEO de la compañía. Incluso, la página, que dejó de funcionar hasta abril pasado, registaba sus apariciones en medios de comunicación como cabeza de la firma.

Por ejemplo, en noviembre de 2017, le dijo a la Revista Semana: “Los topes electorales normalmente no se cumplen (...) Son datos imposibles de medir porque en elecciones se crea una economía paralela que mueve a miles y miles de personas trabajando en publicidad, logística, eventos, transporte, material POP, ATL, donaciones en especie, etc”. Parte de esas cuentas se las consultamos con las preguntas que le enviamos a Suárez, pero que no fueron respondidas. Lo cierto es que, concuerdan fuentes al interior de la campaña, el rol de Suárez es “vital” para hoy estar compitiendo en la elección de este 31 de mayo por un cupo en una eventual segunda vuelta presidencial.

*Este especial periodístico continuará este jueves y sábado en las ediciones impresas y portal web de El Espctador con los perfiles de los gerentes de campaña de Iván Cepeda y Paloma Valencia.

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La crisis que hoy atraviesa Ecopetrol no estalló de un día para otro ni responde a un solo hecho aislado. Es el resultado de una cadena de decisiones, advertencias ignoradas y tensiones acumuladas que, con el paso del tiempo, terminaron por converger en uno de los momentos más delicados en la historia de la principal empresa del país. Desde antes del nombramiento de Ricardo Roa como presidente, ya existían alertas internas sobre riesgos reputacionales y posibles impactos en la gobernanza corporativa. Sin embargo, esas señales no solo no frenaron su llegada, sino que quedaron como telón de fondo de una gestión marcada por cuestionamientos judiciales, fracturas en la junta directiva y una creciente percepción de injerencia política en decisiones estratégicas.

Este especial reconstruye, en cinco entregas, cómo se fue configurando ese escenario. Desde los episodios que anticiparon la tormenta hasta las decisiones más recientes que hoy tienen a la compañía bajo presión judicial, política y financiera. Incluye el análisis de las movidas del Gobierno para sostener a Roa en medio de un contexto electoral , las consecuencias internas de una junta dividida y los efectos que esta crisis ha tenido en el desempeño y la reputación de Ecopetrol frente a otras petroleras de la región. También aborda el punto de quiebre actual: la salida temporal de su presidente en medio de imputaciones penales y riesgos regulatorios internacionales. Lo invitamos a leer este especial de El Espectador.

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Ricardo Roa se va de vacaciones en medio de crisis en Ecopetrol: así llegamos a este punto

La junta directiva de Ecopetrol tomó una decisión alternativa ad portas de la segunda imputación penal de Ricardo Roa: el presidente de la empresa se va de vacaciones y...

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Así está Ecopetrol frente a otras petroleras en medio de los escándalos de Ricardo Roa

La empresa colombiana ha defendido que la caída en utilidades se debe a un entorno retador. En este análisis comparamos algunos de sus resultados claves con compañías de...

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Esta es la estrategia que desplegó Petro para sostener a Roa en Ecopetrol en época electoral

El presidente Gustavo Petro defiende la permanencia de Ricardo Roa en Ecopetrol. Este lunes hay cita clave en la Casa de Nariño. Así se mueven las fichas de un tablero...

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Ricardo Roa y Ecopetrol: los seis episodios para entender la crisis (Parte 1)

El Espectador reconstruye el rompecabezas de advertencias internas, decisiones políticas y presuntos hechos de corrupción que se entrelazaron desde antes de la llegada...

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Ricardo Roa y Ecopetrol: los seis episodios para entender la crisis (Parte 2)

En la edición del pasado domingo, El Espectador publicó la primera parte de esta radiografía sobre lo que está pasando en la estatal petrolera. En esta edición contamos...

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Crisis en Ecopetrol: el caso Ricardo Roa y las claves del momento

La junta directiva de Ecopetrol tomó una decisión alternativa ad portas de la segunda imputación penal de Ricardo Roa: el presidente de la empresa se va de vacaciones y...

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Episodio 4: el proyecto Oslo

En mayo de 2024, con las alarmas ya encendidas dentro de Ecopetrol, la junta directiva tomó una decisión que terminaría profundizando la crisis en la cúpula de la compañía. Ya había recibido un informe de la consultora Control Risks que advertía sobre los riesgos reputacionales de mantener a Ricardo Roa en la presidencia. Y no solo por sus líos judiciales, sino también por los cuestionamientos que ya rodeaban a su círculo más cercano, en particular a su pareja, Julián Caicedo, y sus vínculos con el Invías. En ese contexto de advertencias, siete de los nueve miembros de la junta aprobaron una de las apuestas más ambiciosas de los últimos años: la compra del 30 % de CrownRock, una empresa de Occidental Petroleum en Estados Unidos.

(Lea aquí la primera entrega: Ricardo Roa y Ecopetrol: los seis episodios para entender la crisis durante su gestión)

El llamado proyecto Oslo prometía aumentar la producción en unos 65.000 barriles diarios hacia 2025 y fortalecer las reservas de la petrolera. Sobre el papel, era el tipo de operación que podía cambiar la narrativa de un primer año marcado por la incertidumbre. Para Roa, representaba además su primer gran movimiento en el negocio petrolero, en un momento en el que la compañía enfrentaba presiones por la caída de utilidades y dudas sobre su rumbo estratégico. Pero ese impulso duró poco. El 31 de julio de 2024, en una reunión privada en Piedecuesta (Santander), el presidente Gustavo Petro, según dos miembros de la junta directiva, dio la orden de frenar el proyecto.

Según versiones conocidas semanas después, el mandatario les comunicó a algunos miembros de la junta que vetaría la operación, marcando un punto de quiebre entre las decisiones técnicas de la empresa y la línea política del Gobierno. A finales de agosto, cuando se conoció públicamente la decisión de frenar Oslo, dos de los miembros de la junta, Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta, renunciaron. En su carta dejaron constancia de las razones expuestas por el presidente para bloquear la operación: que implicaba invertir en fracking, aumentar el endeudamiento de Ecopetrol y transferir recursos al exterior. Más allá de esos argumentos, el episodio dejó una tensión de fondo: hasta dónde llega la autonomía de la principal empresa del país y en qué momento las decisiones estratégicas pasan a definirse en la esfera política.

(Le puede interesar: Así está Ecopetrol frente a otras petroleras en medio de los escándalos de Ricardo Roa)

Sin ese negocio, los números en Ecopetrol se descuadraron todavía más. En 2024 las utilidades cayeron 21,7 % frente a 2023. Este fue el segundo año consecutivo con baja en las ganancias, pues en 2023 ya habían caído 42 % frente a las cifras históricas reportadas en 2022. Ante estos resultados financieros, Ricardo Roa defendió el desempeño operativo de la petrolera, especialmente la producción. Los números rojos, según la cabeza de la compañía, se deberían a factores externos, con un brent en USD 80 y una menor tasa de cambio. Todos, factores externos a su gestión y al fracaso del proyecto Oslo.

Episodio 5: Un otrosí de Covington no autorizado y la ruptura final de la Junta Directiva

Un millonario contrato terminó por agravar la ya crítica situación en Ecopetrol y sus directivos en agosto de 2024. La raíz de la crisis fue un acuerdo con Covington & Burling, una firma de abogados estadounidense experta en asuntos transaccionales, litigiosos, regulatorios y de políticas públicas. Según su objeto, los directivos de la petrolera pidieron evaluar “el posible interés de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en las acusaciones en Colombia contra Ricardo Roa”. El contrato fue aprobado en agosto de 2024 por USD 875.000. Sin embargo, en diciembre de ese año, el director de cumplimiento de la compañía, Alberto Vergara, aprobó extenderlo y y elevó su valor a USD 5,8 millones.

(En contexto: Ricardo Roa se va de vacaciones en medio de crisis en Ecopetrol: así llegamos a este punto)

Según varios miembros de la junta, esos cambios se hicieron sin su conocimiento y, por eso, anunciaron acciones legales y administrativas. Vergara, en cambio, sostiene que sí fue aprobado por los directivos. El alcance del contrato también encenció las alarmas. Más allá de la asesoría, la firma extranjera asumió funciones de verificación e investigación sobre posibles irregularidades dentro de Ecopetrol. Según varias denuncias de medios de comunicación, Vergara habría ordenado la “retención técnica” de correos electrónicos y documentos de 70 funcionarios, incluyendo al propio Roa. Las líneas de investigación no eran menores: abarcaban contratación en filiales, hasta la campaña presidencial, la compra del apartamento 901 y la supuesta injerencia de Julián Caicedo en la empresa.

El impacto fue inmediato y político. Las revelaciones sobre este contrato, sumadas a las denuncias de corrupción y a las tensiones internas, provocaron un remezón en la junta directiva que incluyó la salida de Mónica de Greiff, su miembro más antigua. Mientras el presidente Petro respaldó públicamente a Roa, incluso frente a cuestionamientos sobre posibles interceptaciones ilegales, dentro de la compañía crecieron las dudas sobre la gobernabilidad de la junta y la permanencia de presidente de Ecopetrol en el cargo. En reemplazo de De Greiff, aterrizó Ángela María Robledo, quien fuera fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en 2018. Su llegada, en octubre de 2025, marcó el ya diagnosticado control de presidente sobre la junta.

Así ha cambiado la junta directiva de Ecopetrol:

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Junta directiva Ecopetrol

Foto: El Espectador

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Junta directiva Ecopetrol

Foto: El Espectador

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Junta directiva Ecopetrol

Foto: El Espectador

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Junta directiva Ecopetrol

Foto: El Espectador

Entre esas disputas en junta directiva, los líos judiciales respirándole en la nuca a Roa y las autoridades de Estados Unidos con el ojo puesto en la empresa que cotiza en su bolsa en Nueva York, Ecopetrol siguió atravesada por la línea inamovible del presidente Petro de diversificar el portafolio de la empresa. Él mismo ha insistido en alternativas y dos han llamado la atención del país. La primera es comprar la totalidad de la empresa venezolana Monómeros (intervenida por Estados Unidos) para que la petrolera estatal pase a producir fertilizantes. Y la segunda es participar de un proyecto, de la mano a los Emiratos Árabes, para construir en Santa Marta una “infraestructura de inteligencia artificial” para crear una “nube soberana con los datos del país”.

Y en medio de toda esta tormenta, los resultados financieros tampoco trajeron calma. Las utilidades no solo cayeron 39,5 % frente a 2024, sino que fueron las más bajas en ocho años. Ecopetrol pasó de ganancias por COP 33,4 billones en 2022, que fue su mejor año, a tan solo COP 9 billones en 2025, un desplome acumulado del 73 % en tres años. Roa dijo, nuevamente, que las causas principales eran externas por un “entorno retador”: el barril de brent estaba en USD 68 en el último trimestre, USD 31 menos que en 2022, también había caído la tasa de cambio, existía mayor carga tributaria y había que sumarle los desafíos logísticos por bloqueos en las vías.

Episodio 6: La violación de topes electorales y la imputación que falta

Con una votación de seis contra tres, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó una decisión sin precedentes: sancionó a la campaña presidencial de Gustavo Petro por ocultamiento de gastos, financiación con fuentes prohibidas y violación de topes. La ponencia concluyó que la campaña no solo omitió reportar más de $3.698 millones, sino que además superó los límites legales en $3.042 millones. Los hallazgos abarcan ambas vueltas: en la primera se dejaron de reportar $2.611 millones, de los cuales $2.459 excedieron los topes; y en la segunda, $1.087 millones, con $583 millones por fuera de los límites. Es la primera vez que una campaña presidencial en Colombia recibe una sanción de este calibre.

La decisión no se queda en una cifra ni en un fallo administrativo: reconfigura el tablero político y judicial. Según el CNE, la campaña incurrió en irregularidades sistemáticas que incluyeron pagos no reportados a más de 35.000 testigos electorales, donaciones prohibidas de sindicatos como Fecode y la USO, la omisión de un préstamo del Polo Democrático y maniobras contables para evitar superar los topes. Además, el tribunal compulsó copias para investigar a Ricardo Roa, gerente de la campaña, por presunto fraude procesal, al considerar que incluyó gastos que no correspondían para obtener reposición estatal. Roa, junto con la auditora María Lucy Soto y la tesorera Lucy Mogollón, deberá responder por multas que superan los $5.900 millones.

El impacto de este fallo trasciende la campaña y golpea de lleno a Ecopetrol. La sanción aumentó la presión sobre la permanencia de Roa al frente de la petrolera, no solo por su rol como gerente de la campaña cuestionada, sino porque ahora enfrenta un nuevo frente judicial derivado de esta decisión. Su continuidad ya era evaluada por consultorías contratadas para medir el riesgo reputacional de la empresa, y este fallo se suma como un elemento determinante a las alertas que, desde 2023, estaban encencidas. Al cierre de esta edición el viernes pasado, todavía no era claro cuándo será la imputación de cargos en contra de Roa. En todo caso, su salida el pasado lunes de la compañía coincidió con otro golpe a las entrañas de la compañía.

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La agencia estadounidense Standard & Poor’s, que emite informes y análisis como ayuda para que inversores puedan medir el riesgo, rebajó la calificación de Ecopetrol a BB-. Aunque la petrolera mantiene un perfil individual sólido, el informe deja claro que su margen está condicionado por las necesidades del Gobierno, que recurre a dividendos altos y mecanismos como el uso de deuda para cubrir obligaciones. Además, el informe incluyó una advertencia clave: cuando la sostenibilidad fiscal depende de exprimir a su mayor activo, la frontera entre política pública y gestión empresarial se vuelve difusa, y con ella crece el riesgo de que Ecopetrol deje de responder a criterios técnicos y termine subordinada a las urgencias del poder.

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Al final, lo que está en juego va mucho más allá de un nombre propio: Ricardo Roa Barragán. La historia que hoy rodea a Ecopetrol es la de una empresa que, pese a las alertas tempranas, terminó atrapada en una cadena de decisiones donde se cruzan intereses privados, poder político, procesos judiciales y las dinámicas del mercado internacional. La justicia tendrá la última palabra sobre la responsabilidad penal de Ricardo Roa, pero el daño institucional ya es evidente: una junta fracturada, una estrategia de intervención desde la Casa de Nariño y una petrolera cuyo rumbo dejó de depender exclusivamente de criterios técnicos. En ese escenario, la pregunta que queda abierta no es solo si Roa podrá sostenerse en el cargo, sino hasta qué punto Ecopetrol podrá recuperar su autonomía en medio de una tormenta que, lejos de disiparse, apenas empieza a definirse en los estrados.

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En menos de 48 horas, la cabeza de la empresa más poderosa de Colombia quedó cercada por decisiones que no solo sacudieron a Ecopetrol, sino que abrieron una grieta en el corazón mismo del poder político. El lunes 6 de abril, en medio de presiones crecientes para removerlo, la junta directiva optó por una salida que evitaba un choque frontal: enviar a su presidente, Ricardo Roa Barragán, a vacaciones y a una licencia no remunerada hasta el 27 de mayo de 2026. Una fórmula que, más que resolver la crisis, buscó ganar tiempo frente a una tormenta judicial que lo persigue desde su llegada en abril de 2023 y que se intensificó cuando la Fiscalía anunció su vinculación a investigaciones penales, entre ellas una por presunto tráfico de influencias.

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Pero el margen de maniobra duró poco. Dos días después de su salida temporal, la Fiscalía intentó dar el siguiente paso: imputarle cargos por violación de topes electorales. La diligencia, sin embargo, no pudo realizarse porque Roa no asistió. Aun así, el mensaje es claro. Según el ente investigador, como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, habría tenido un rol central en ocultar el verdadero flujo de recursos que financió esa candidatura. Con ello, la crisis dejó de ser solo corporativa para instalarse de lleno en el terreno judicial. Estos dos hechos son apenas la superficie de un entramado mucho más complejo que hoy tiene a Ecopetrol en una de sus horas más críticas.

Detrás de esta situación aparecen denuncias sobre contratación irregular; alertas por riesgos reputacionales; fracturas en la junta difectiva; guerras internacionales; presiones y amenazas a testigos claves; decisiones estratégicas sin respaldo técnico; y señales de injerencia desde Palacio. Con base en documentos, contratos, audiencias, informes internos, testimonios, documentos reservados y publicaciones periodísticas, El Espectador reconstruyó esta historia en seis episodios que explican en buena medida cómo y por qué la principal empresa del país pasó de ser un símbolo de estabilidad a un escenario de disputa, incertidumbre, juego político y tensiones del poder en juego.

Episodio 1: Las alertas desde el día 0

Antes de que Ricardo Roa fuera anunciado como presidente de Ecopetrol, las alertas ya estaban encendidas dentro de la propia compañía. No fue una sorpresa ni un riesgo imprevisto: la junta directiva conocía, con nombre propio y documentos en mano, el tipo de tormenta reputacional que podía desatar su llegada. En marzo de 2023, un mes antes de su nombramiento oficial, el máximo órgano de la petrolera pidió un informe interno en el que sistematizó los antecedentes que rodeaban a Roa. Allí quedaron consignadas las publicaciones periodísticas que advertían sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Petro en 2022, así como de la apertura de una indagación preliminar por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Es decir, Ecopetrol sabía desde antes de nombrarlo que su futuro presidente llegaba bajo la lupa de las autoridades y eso podía afectar su reputación. Pero quizás lo más grave de ese informe es que no solo describía riesgos, sino que, de alguna manera, los anticipaba. De los tres escenarios de riesgo contemplados en ese informe, dos se terminaron materializando con el paso del tiempo. El primero advertía una “percepción negativa del mercado por el nombramiento del presidente de la compañía, al tratarse de una persona constantemente mencionada en medios de comunicación, donde se le vincula con posibles hechos de corrupción”. El segundo iba más allá: preveía eventuales “condenas o sanciones” en contra de Roa.

Ese escenario dejó de ser hipotético en noviembre de 2025, cuando el CNE sancionó a la campaña de Petro por exceder los topes de financiación y compulsó copias a la Fiscalía para que investigara a Roa. Además de las alertas sobre la financiación de la campaña, el informe también recogió apartes de la hoja de vida de Roa que habían sido cuestionados públicamente. Por ejemplo, su papel como gerente de una compañía del empresario William Vélez, la Empresa de Energía de Honduras. Desde 2016 manejó la distribución eléctrica en ese país y fue intervenida por las autoridades del mismo en 2019 por presuntos incumplimientos en el servicio, justamente cuando Roa fue su gerente.

Pese a ese contexto, el 23 de abril de 2023 la junta directiva lo eligió como presidente y llegó con un propósito claro encomendado por Petro: acelerar la transición energética y frenar la exploración petrolera. Roa asumió el cargo tras un año dorado para Ecopetrol, con las utilidades más altas de su historia: COP 33,4 billones, un crecimiento 100 % frente a 2021. El panorama empezó a cambiar en 2023, cuando las utilidades cayeron a COP 19,1 billones. La principal razón, según argumentó Roa, fue la normalización de las condiciones de mercado post pandemia y la caída en el precio del petróleo Brent, que pasó de USD 99 por barril en 2022 a USD 82 por barril en 2023. Pero el punto de partida ya estaba marcado por una advertencia interna que, con el tiempo, terminaría pesando tanto como los resultados financieros de la compañía.

Episodio 2: El lujoso apartamento

Ricardo Roa llegó a la presidencia de Ecopetrol en abril de 2023, en reemplazo de Felipe Bayón. Para entonces, no tenía investigaciones formales en su contra. Pero su historia con la petrolera empezó a cruzarse con intereses privados incluso antes de asumir el cargo. El 7 de diciembre de 2022, cuatro meses antes de su nombramiento, Roa cerró la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá, según consta en la Notaría 34. El inmueble pertenecía a Princeton International Holding, una empresa controlada por el empresario Serafino Iacono, viejo conocido del sector petrolero por su paso por Pacific Rubiales. Ese negocio, que en su momento pasó inadvertido, hoy es una de las piezas centrales del expediente penal que llevó a la Fiscalía a imputarle el delito de tráfico de influencias.

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Detrás de esa operación, revelada por El Tiempo, aparece otro nombre clave: el coronel retirado Juan Guillermo Mancera, exjefe de seguridad de Pacific Rubiales. A través de su empresa Innova Mercadeo, el exoficial realizó seis pagos entre 2023 y 2024 por cerca de COP 1.800 millones para adquirir el apartamento, cuyo valor comercial superaba los COP 2.700 millones. Para la Fiscalía, esa diferencia no fue una simple ganga inmobiliaria, sino la antesala de un acuerdo: a cambio, desde el corazón de Ecopetrol se habría movido un contrato en La Guajira a favor de Gaxxi S. A., otra compañía vinculada a Mancera. Es decir, la operación inmobiliaria no sería un hecho aislado, sino parte de un entramado en el que se cruzaron intereses privados y decisiones públicas.

Vélez reaparece en este episodio por una razón crucial: además de su vínculo con la cuestionada remodelación del apartamento, terminó convertido en contratista clave de la petrolera. En noviembre de 2024 El Tiempo contó que Ecopetrol adquirió las plantas Termomorichal I y II por USD 42 millones, activos en los que el mayor accionista era el propio Vélez. El problema es que, cuando en 2016 la petrolera firmó el contrato para que la empresa de Vélez operara esas plantas, se estableció que al finalizar ese acuerdo Ecopetrol no tendría que pagar un solo peso para recuperarlas. Aun así, terminó desembolsando esa millonaria suma. Frente a este giro, Roa aseguró que se declaró impedido por su relación previa con Vélez y que la decisión fue adoptada por la junta directiva.

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La red de relaciones se amplió pocos meses después; en abril de 2023, el Invías contrató como asesor jurídico a Carlos Vargas, un abogado con conexiones directas con el entorno político del presidente Gustavo Petro. Su hermano, Santiago Vargas, es un empresario que ha sido uno de los principales financiadores de Colombia Humana. Según La Silla Vacía, empresas a su nombre aportaron el 67 % de las donaciones que recibió el partido en 2023. Carlos Vargas reconoció, además, que tanto él como su hermano mantienen una relación cercana con Gustavo Bolívar, uno de los principales aliados políticos de Petro. Pero los vínculos no terminan allí y vuelven a cruzarse con el círculo íntimo de Roa.

Santiago Vargas es padre de Tatiana, María Andrea y María Alejandra Vargas. La primera, Tatiana Vargas, creó en noviembre de 2023 y en Estados Unidos la empresa WindSurf Energy, junto con Julián Caicedo. Su hermana, María Andrea Vargas, llegó a Ecopetrol tras la designación de Roa como presidente, bajo un contrato de profesional junior de gestión. Sin embargo, cuando La Silla Vacía verificó esa vinculación en 2024, un funcionario aseguró que, en la práctica, María Andrea Vargas se desempeñaba como asistente directa de Roa. Además, las tres figuraban como accionistas de la empresa Actividades de Capital que, según varias denuncias periodísticas, pagó, durante varios meses de 2023, la seguridad social de Julián Caicedo.

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Sobre el protagonismo de Caicedo en esta película, los vínculos van más allá. Al menos dos testigos le han contado a la justicia, bajo la gravedad del juramento, que la pareja de Roa tiene una gran influencia en las decisiones de la petrolera y que, incluso, sugiere nombres y empresas para beneficiarlas con jugosos contratos. Para este punto de la historia, Ecopetrol seguía mostrando deterioro en sus resultados financieros. En 2024 las utilidades cayeron 21,7 % frente a 2023. Roa aseguró que se trataba del tercer mejor año de la empresa. La empresa defendió sus resultados operativos, con datos sólidos en producción de petróleo y atribuyó la baja a factores externos, con un brent en USD 80 y una menor tasa de cambio, que pasó de COP 4.325 en 2023 a COP 4.071.

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