El presidente Abelardo de la Espriella confirmó en la tarde de este jueves 3 de septiembre que ordenó inspeccionar la de Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira, en la cárcel de La Dorada (Caldas). Esto, luego de las recientes denuncias de magistrados de la Sala Penal del alto tribunal sobre posibles riesgos para su seguridad por decisiones tomadas en contra del parapolítico.

“Frente a la persona señalada como autora de las amenazas, a primera hora de la mañana, entramos con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a su celda, revisamos sus pertenencias, encontramos un celular y vamos a hacer la investigación”, señaló el presidente durante una reunión con la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

Contexto: “Ningún funcionario judicial debe afrontar amenazas”, presidente de Corte Suprema

Asimismo, el primer mandatario señaló que ha ordenado el traslado del exgobernador, de ser necesario. “Aquí nadie va a amenazar a la Corte. Cualquiera que se levante contra la Corte se levanta contra el Gobierno, y haré caer sobre él o ellos todo el peso de la ley”.

Las alertas por las supuestas amenazas contra los magistrados se hicieron públicas el pasado 2 de septiembre, a través de una carta enviada al presidente de la Sala Penal, el magistrado Carlos Roberto Solórzano. En la misiva, el togado José Joaquín Urbano expuso que, a partir de una de sus ponencias, la Sala Penal condenó al exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como Kiko Gómez.

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Esa condena fue de más de 31 años de cárcel por el delito de homicidio agravado. En su carta, el magistrado Urbano dijo que procuradores que tuvieron relación con el proceso se acercaron a su despacho para expresarle sus preocupaciones por temas de seguridad durante las últimas semanas.

A esto se sumó que, el pasado 1 de septiembre, se conoció que en el piso 26 del edificio de la Procuraduría fue encontrada una bala disparada y una ventana rota por donde habría ingresado el proyectil.

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Estas denuncias llevaron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Iván Mauricio Lenis, a referirse a los hechos denunciados por magistrados de la Sala Penal: “Hemos conocido unos hechos que están siendo materia de investigación y que pueden comprometer la seguridad de magistrados de esta corporación y de integrantes de la Procuraduría General de la Nación. Esperamos que la Fiscalía y la Policía puedan avanzar rápidamente en esas investigaciones, esclarecer el asunto y determinar lo ocurrido”.

Asimismo, agradeció a la Policía Nacional “por su intervención tan inmediata y por todas las gestiones que han tomado de manera preventiva para reforzar la seguridad de los magistrados y las instalaciones del Palacio de Justicia”.

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En su declaración, el presidente de la Corte resaltó que “ningún funcionario judicial que haga parte del sistema de justicia, juez, fiscal, defensor público, procurador o cualquier servidor judicial debe afrontar amenazas, riesgos, opresiones por cumplir con su función”.

Defensa de Kiko Gómez se pronuncia

Juan Felipe Criollo Figueroa, abogado de Kiko Gómez, se pronunció públicamente sobre los señalamientos que hizo el togado Urbano. Según dijo, él, la esposa e hija de Gómez y el propio exgobernador de La Guajira “rechazamos y repudiamos, de manera categórica, los hechos ocurridos. Se trata de conductas de la mayor gravedad, que lesionan la institucionalidad y no admiten justificación ni matiz alguno”.

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Sin embargo, dijo que Kiko Gómez es totalmente ajeno a los hechos. “Negamos de manera categórica cualquier participación, autoría, determinación, vínculo o relación suya con tales hechos, al punto de que ni siquiera tuvo conocimiento de su ocurrencia”. Agregó que “la divulgación irresponsable de acusaciones de esta gravedad por parte de unos medios de comunicación no solo afecta el buen nombre y la honra del señor Gómez Cerchar, sino que compromete seriamente la seguridad e integridad de todo su núcleo familiar”.

En ese sentido, señaló que pidió a “a las autoridades competentes que indaguen los hechos de manera pronta, seria y exhaustiva, pues es precisamente una investigación rigurosa y técnica la que permitirá identificar a los verdaderos responsables y acreditar la ajenidad del señor Gómez respecto de estos hechos”.

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Álvaro Uribe Vélez tiene este 4 de septiembre una nueva cita con la justicia. La Fiscalía lo convocó a las 9:00 de la mañana para que rinda indagatoria en el marco de tres expedientes que buscan responder preguntas que llevan décadas sin resolverse. La primera hipótesis que busca establecer es si, como gobernador de Antioquia, habría promovido la conformación ejércitos privados de paramilitares que perpetraron masacres en el departamento y si pudo haber participado en ellas. Y la segunda, si tuvo algo que ver en el asesinato del líder de derechos humanos, Jesús María Valle. Los hechos ocurrieron entre junio de 1996 y febrero de 1998 y, desde entonces, fiscales e investigadores han dado tumbos para avanzar en las investigaciones. Para entender el escenario judicial que ahora enfrenta el expresidente, El Espectador le explica las claves de este proceso.

¿Cuáles son los casos por los que es investigado Álvaro Uribe Vélez?

1. Masacre de San Roque

Entre el 13 y 17 de septiembre de 1996, ocurrió una masacre en el municipio de San Roque (Antioquia) perpetrada por un grupo paramilitar que, según la Corte Suprema de Justicia, habría usado como base de operaciones la hacienda Guacharacas, que en esa época era propiedad de la familia Uribe Vélez. La Fiscalía investiga si el entonces gobernador de Antioquia habría participado en la creación de esa organización criminal que, supuestamente, también desapareció a cuatro personas, a mediados de junio de 1996, y habría participado en la desaparición de ocho comerciantes el 14 de agosto de ese mismo año, entre Maceo y Puerto Berrío (Antioquia).

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1. Masacre de La Granja

El asesinato de cuatro jornaleros en ese corregimiento del municipio de Ituango fue el inicio de una estela de violencia paramilitar en esta región de Antioquia. El 11 de junio de ese año, más de 30 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), al mando de los hermanos Fidel y Vicente Castaño y Salvatore Mancuso, fuertemente armados y liderados por el jefe paramilitar alias “Doble Cero”, llegaron a la zona y obligaron a sus habitantes a salir a las calles, donde fueron acusados de ayudar a las Farc. Seleccionaron a cuatro pobladores, los torturaron y asesinaron. Sus nombres eran: William Villa García, Graciela Arboleda Rodríguez, Héctor Hernán García y Jairo de Jesús Sepúlveda Arias.

La Fiscalía sostiene que Uribe habría participado en esta incursión paramilitar, cuando era gobernador. En consecuencia, el delito en el que estaría involucrado es concierto para delinquir. Luego de la masacre, los criminales quemaron viviendas, hurtaron ganado y fueron desplazadas cientos de personas. En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado, al constatar que existió una relación entre la fuerza pública y los paramilitares que perpetraron la masacre, así como por no haber investigado. En 2018, la Corte Suprema declaró esta masacre como un crimen de lesa humanidad y por eso podrá investigarse y juzgarse sin importar cuánto tiempo haya pasado.

1. Masacre de El Aro

Más de un año después de los hechos en La Granja, a 34 kilómetros de ese corregimiento, ocurrió otra masacre en el poblado llamado El Aro. De acuerdo con la investigación judicial, 150 hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) llegaron a esta zona de Ituango el 22 de octubre y asesinaron a 17 personas, a quienes también acusaron de auxiliar a las Farc. Durante siete días sembraron el terror en la población: torturaron a sus víctimas, las sometieron a toda clase de vejámenes delante de sus vecinos, quemaron 42 de las 60 casas del caserío, se robaron más de 1.000 reses y desplazaron a los 700 habitantes de la zona.

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En este caso, el expediente contra Álvaro Uribe hace referencia a su posible participación en la incursión paramilitar, como exgobernador de Antioquia. Por eso, el delito por el que es investigado es concierto para delinquir. Por la masacre del Aro también la Corte IDH condenó al Estado colombiano en 2006, bajo las mismas consideraciones que tuvo en cuenta en el expediente de La Granja. Asimismo, fue declarado como un caso de lesa humanidad por la Corte Suprema en 2018. La justicia colombiana ya probó que la fuerza pública dejó desprotegida a la población de El Aro, pese que a que tenía todas las evidencias de que en esta región podía volver a pasar lo mismo que en La Granja.

1. Asesinato de Jesús María Valle

El abogado Jesús María Valle Jaramillo alertó una y otra vez a las autoridades sobre lo que estaba pasando en su natal Ituango, fue asesinado en Medellín el 27 febrero de 1998. Los campesinos desplazados de La Granja y El Aro le contaron todos los detalles de la incursión paramilitar en sus corregimientos y él trató de buscar ayuda para evitar que ese terror que vivía su tierra se siguiera esparciendo en Antioquia. No solo puso el dedo en la llaga con sus denuncias sobre la connivencia entre los paramilitares y militares de la Cuarta Brigada del Ejército, sino que denunció una supuesta omisión del entonces exgobernador Uribe Vélez frente a la escalada de terror que se gestó en Ituango.

En 1997, preguntado en una entrevista sobre qué era lo que lo motivaba a seguir con sus exigencias, Valle Jaramillo dijo: “No me mueven odios contra el gobernador (Uribe Vélez) o el comandante de la brigada. No tengo intereses políticos. Lo hago porque ese es mi pueblo y no quiero que siga sufriendo”. En agosto de ese año, cuando ya se habían perpetrado las masacres de La Granja y San Roque, Valle siguió denunciando. Su testimonio ante la Fiscalía es una de las piedras angulares del expediente contra Uribe Vélez por el que fue llamado a indagatoria este 4 de septiembre de 2026. En este caso, el ente investigador lo investiga por el delito de homicidio en persona protegida.

¿En qué consiste una indagatoria?

Como se trata de hechos ocurridos entre 1996 y 1998, el caso judicial contra el expresidente avanza con base al antiguo procedimiento penal, establecido en la Ley 600. Ese marco legal indica que la indagatoria es una diligencia de carácter reservado mediante la cual una persona —en este caso Uribe— tiene la oportunidad de dar su versión sobre los hechos y, luego, queda formalmente vinculada al proceso. Esa ley también contempla que la indagatoria no se rinde bajo juramento, que el investigado tiene derecho a guardar silencio y que no está obligado a declarar contra sí mismo.

¿Por qué la Fiscalía llamó a indagatoria a Uribe?

Entre los argumentos expuestos por la Fiscalía para llamar a indagatoria al expresidente están las presuntas actuaciones y omisiones en las que habría incurrido, como gobernador de Antioquia, en la manera en la que atendió la situación de orden público en el departamento. El ente investigador sostiene que Uribe “sabía del riesgo que corría la población de Ituango (Antioquia), dada la evidente e incuestionable presencia e incursiones de grupos paramilitares en ese lugar”. Pese a ese conocimiento, según el ente investigador, el mandatario departamental no habría adoptado las medidas suficientes para proteger a los habitantes del municipio.

En ese contexto, se lee en el documento con el que la Fiscalía llamó a indagatoria a Uribe y publicado por el diario El Tiempo, de haber “cumplido con los deberes como gobernador, probablemente se habría evitado la masacre de La Granja”. Ahora bien, sobre su presunta participación en la masacre de El Aro y en la creación de grupos armados ilegales, el ente investigador sostiene que, “por intermedio de su secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, (Uribe) pudo haber solicitado a los líderes paramilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, que en asocio con los integrantes del Ejército, planearan y coordinaran la incursión”.

Pedro Juan Moreno falleció en un accidente de helicóptero el 24 de febrero de 2006 y la justicia nunca esclareció si tuvo algo que ver en este contexto de violencia paramilitar en Antioquia. Sobre el posible vínculo de Uribe con la masacre de San Roque, la Fiscalía dice que el entonces gobernador estaría relacionado con la conformación del grupo al margen de la ley que perpetró este y otros crímenes en el nordeste antioqueño en 1996. Por último, sobre el supuesto rol del expresidente en el asesinato de Jesús María Valle en febrero de 1998, tampoco son claros los indicios que tiene la Fiscalía para llamarlo a indagatoria por el delito de homicidio en persona protegida.

¿Qué sigue después de la indagatoria en el caso contra Uribe?

La indagatoria no significa que el líder del Centro Democrático sea culpable ni que automáticamente quede acusado. Después de la diligencia, la Fiscalía puede continuar recolectando pruebas y, cuando considere que tiene elementos suficientes, cerrará el periodo de investigación. Posteriormente, tiene dos caminos: llamarlo a juicio, si encuentra material probatorio que vinculen a la persona investigada con los delitos. O, por el contrario, ordena archivar el caso si no encuentra fundamento para acusarlo. No es la primera vez que Uribe comparece a una indagatoria: en octubre de 2019, declaró durante siete horas ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema por el caso de presunta manipulación de testigos.

¿Cuál es la defensa del expresidente Uribe?

Desde hace años Uribe Vélez ha dicho que nada tienen que ver en los hechos por los que lo investigan. En octubre de 2012, su abogado Jaime Granados le dijo a la Fiscalía que las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve y alias “Alberto Guerrero” en contra de su cliente buscaban beneficios judiciales a favor de ellos y que no tienen ningún valor probatorio.

Uribe, por su parte, ha negado tajantemente cualquier vínculo con la creación o financiación de grupos paramilitares. Sobre la hacienda Guacharacas, que perteneció a su familia, aseguró: “Mi familia, ante la imposibilidad de tener la hacienda, la vendió. Y después aparece que dizque teníamos un grupo paramilitar (...) Si algo quedó claro es que mi familia nunca tuvo grupos paramilitares”. También afirmó que, como gobernador, no tuvo información anticipada sobre las masacres de La Granja y El Aro: “A mí me sorprendieron ambas masacres. No hay una sola prueba con la que puedan decir que yo tuve información anticipada”, señaló en junio, cuando la Fiscalía anunció que lo llamaría a indagatoria.

¿Qué tiene que ver este caso con el proceso en el que Uribe fue condenado y absuelto en 2025?

La Fiscalía de Luz Adriana Camargo fue también la que llevó a juicio a Uribe en tres delitos, soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, en el marco de la investigación en su contra por manipulación de testigos. El expresidente fue condenado en primera instancia en julio de 2025, absuelto en octubre del mismo año por el Tribunal Superior de Bogotá y hoy está en casación ante la Corte Suprema. Según la investigación en su contra, Uribe habría intentado manipular a testigos para que declararan a su favor, justamente en las pesquisas por supuestos vínculos con paramilitares en Antioquia.

Para lograrlo, Uribe habría usado al abogado Diego Cadena para que actuara como emisario en cárceles de Colombia y Estados Unidos, buscando declaraciones a favor del expresidente y en contra del senador. El abogado ya fue condenado y Uribe está a la espera de que la Corte deje en firme su absolución. No obstante, sobre la mesa quedaron las dudas sobre la veracidad de los testigos que vuelven a aparecer en la investigación en contra de Álvaro Uribe Vélez por concierto para delinquir y homicidio en persona protegida, como el exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra y el propio Juan Guillermo Monsalve, cuyas declaraciones el Tribunal cuestionó en segunda instancia por contradictorias y poco creíbles.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue llamado por la Fiscalía a indagatoria por sus presuntos vínculos con masacres cometidas en Antioquia, como la de El Aro y La Granja. El exmandatario lo aseguró en su cuenta de X, en la que dijo: “De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema de El Aro, La Granja, José María Valle y Guacharacas”.

La Fiscalía tiene tres expedientes en contra de Uribe desde septiembre de 2020, cuando el expresidente renunció al Senado y la Corte Suprema de Justicia perdió la competencia para investigarlo. El 14 de septiembre de ese año, las carpetas llegaron al ente investigador, cuando Francisco Barbosa todavía estaba a la cabeza de la administración de la Fiscalía.

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Se trata de tres expedientes relacionados con masacres en Antioquia que estaban bajo el mismo radicado en la Corte Suprema y que venía adelantando el magistrado César Reyes, el mismo que llamó a indagatoria a Uribe Vélez y ordenó capturarlo en agosto de 2020. El primero de ellos era por la masacre de San Roque, municipio del nordeste antioqueño, perpetrada en 1996 por un grupo al margen de la ley que, según la Corte, “al parecer utilizó como base de operaciones la hacienda Guacharacas, ubicada entre los municipios de Yolombó y San Roque, de propiedad de la familia Uribe Vélez para esa época”.

El segundo, las masacres de Ituango, ocurridas en los corregimientos de La Granja, en junio de 1996, y El Aro, en octubre de 1997. Allí, paramilitares atacaron a la población civil de manera indiscriminada, cuando Uribe Vélez fue gobernador de Antioquia.

El tercero, por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, perpetrado en febrero de 1998, luego de haber alertado una y otra vez de cómo la violencia se cernía sobre el municipio de Ituango. El defensor denunció la connivencia de grupos de autodefensa con militares de la IV Brigada del Ejército, sino que denunció públicamente una supuesta omisión de Uribe Vélez frente a la escalada de terror que terminó en masacres como la de San Roque, El Aro y La Granja.

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Poco antes de tener que entregar los expedientes a la Fiscalía, la Corte Suprema decidió, en junio de 2020, aceptar al sobrino del abogado Valle Jaramillo como parte civil del proceso y, además, declaró que no prescriben las acciones civiles que se presenten para la reparación de las víctimas.

Como estos procesos sucedieron durante los años 90, el procedimiento se rige bajo las reglas de la Ley 600. En palabras sencillas, esto significa que la fiscal del caso vincula formalmente al investigado porque considera que existen indicios serios sobre su posible participación en hechos investigados y le daba la oportunidad de defenderse antes de decidir si avanzaba o no hacia una acusación.

A los pocos minutos del primer trino en el que dio a conocer que había sido llamado a indagatoria, el expresidente Álvaro Uribe hizo otra publicación en la que señaló que: “La señora fiscal, exintegrante de la JEP, donde hasta poco trabajó la señora de Iván Cepeda, que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme. Injusticia de clara presión política. Así y todo estaré en los Cuchos a las 8 pm sobre la vida y el programa de Iván Cepeda”.

Las masacres por las que llaman a indagatoria a Uribe

Masacre de El Aro

La masacre de El Aro ocurrió entre el 22 y 31 de octubre de 1997, cuando alrededor de 200 integrantes de las autodefensas que comandaba Carlos Castaño se tomaron el corregimiento. Los paramilitares hicieron una incursión que había sido planeada, según palabras de Salvatore Mancuso, varios meses atrás. En esos hechos fueron asesinadas 15 personas y 40 casas fueron quemadas durante las dos semanas. Los hombres bajo el mando de Castaño arrasaron con ese pequeño asentamiento, que fue señalado, sin tener pruebas de ello, como un punto de concentración de colaboradores de la guerrilla. Los sobrevivientes de la tragedia han narrado que durante esos interminables días un helicóptero sobrevoló la zona durante la masacre.

Masacre de La Granja

Cuatro campesinos fueron asesinados en ese corregimiento del municipio de Ituango y esos hechos marcaron el inicio de un estallido de violencia paramilitar en 1996. El 11 de junio de ese año, más de 20 paramilitares al mando de los hermanos Castaño y de Salvatore Mancuso, fueron liderados por el jefe paramilitar alias “Doble Cero”. Esas primeras víctimas fueron William Villa García, Graciela Arboleda Rodríguez, Héctor Hernán García y Jairo de Jesús Sepúlveda Arias. Esa masacre habría sido sido financiada desde el Parqueadero Padilla, la denominada oficina de finanzas de ese grupo armado en pleno centro de Medellín (Antioquia). Por estos hechos, en 2023, la Fiscalía llamó a juicio a quien administraba ese despacho criminal: Jacinto Soto Toro, alias “Lucas”.

La masacre de San Roque (Guacharacas)

Entre el 13 y 17 de septiembre de 1996 ocurrió una masacre en el municipio de San Roque (Antioquia). Del hecho violento no se tiene tanta información como de los otros, pero se sabe que ahí inició el caso por el cual fue condenado en primera instancia el expresidente Álvaro Uribe. La mención de esta masacre aparece en una investigación previa que adelantaba la Fiscalía contra el expresidente, relacionada por la presunta conformación de grupos paramilitares en la década de 1990 en la hacienda Guacharacas, que era propiedad de su familia. Ese proceso, que estuvo en la Corte Suprema mientras Uribe fue senador, inició por las declaraciones que hicieron al respecto los paramilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, quienes fueron testigos en el proceso por presunta manipulación de testigos.

El asesinato de Jesús María Valle Jaramillo

El abogado y defensor de derechos humanos era presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia cuando fue asesinado el 27 de febrero de 1998. Dos sicarios fueron hasta su oficina en Medellín, mismo lugar en el que lo esperaba un campesino de Ituango para contarle detalles de lo que había pasado meses antes en el corregimiento de El Aro. Según decía Valle, estas masacres fueron perpetradas en colaboración u omisión de militares de la Cuarta Brigada del Ejército. “No me mueven odios contra el gobernador (Uribe Vélez) o el comandante de la brigada. No tengo intereses políticos. Lo hago porque ese es mi pueblo y no quiero que siga sufriendo”, señaló en 1997, durante una entrevista.

A mediados de ese año, cuando ya se habían perpetrado las masacres de La Granja y la de San Roque, en 1996, Valle Jaramillo siguió con las denuncias durante un acto de conmemoración de los 10 años del asesinato de Héctor Abad Gómez, también presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia. El 25 de agosto de 1997, en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, el defensor de derechos humanos señaló: “Yo considero que el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, ha incurrido en un comportamiento omisivo, y lo mismo el secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno”. Semanas después radicó las denuncias ante la Fiscalía y la Corte Suprema para que se abrieran investigaciones por prevaricato por omisión.

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Por primera vez en su historia, la Corte Suprema de Justicia no dio luz verde a la extradición de una persona buscada por las autoridades venezolanas. Se trata de Gabriel José Carrillo Delgado, quien tiene una circular roja de Interpol por el presunto delito de homicidio intencional. El concepto de la Sala Penal señaló que, en realidad, el país vecino no lo estaría buscando por un delito, sino por ser opositor político del chavismo.

Carrillo Delgado, según consta en los documentos allegados a la Corte, milita desde el 10 de junio de 2014 en el partido político Voluntad Popular, fundado por el líder opositor del chavismo Leopoldo López. El 12 de junio de 2016, el hombre fue detenido en Venezuela en el marco de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), una estrategia de seguridad del entonces gobierno que, supuestamente, tenía como finalidad combatir la delincuencia.

Según el acta policial, la captura de Carrillo Delgado se produjo luego de ser considerado como un “objetivo de interés estratégico”, debido a su “militancia en Voluntad Popular” y con el propósito de verificar su estatus dentro de los “perfiles de monitoreo de inteligencia militar” por su “activismo político”.

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El opositor fue liberado tras un interrogatorio militar, en el que las propias autoridades venezolanas señalaron que no existía ninguna investigación penal abierta en su contra ante el Ministerio Público, entidad encargada de investigar los delitos y ejercer la acción penal en Venezuela.

Sin embargo, el 1 de abril de 2016, la ciudadana Carmen Palmar denunció la desaparición de su hijo, Xavier Otto Palmar Palmar, de quien no se sabía nada desde el 28 de marzo de ese año. Las autoridades venezolanas basaron su caso contra Carrillo Delgado en la entrevista con el ciudadano Kenny José Barrios Troconiz, quien señaló, en su momento, que el opositor político habría sido cómplice del asesinato de Palmar Palmar.

En esa línea, según la entrevista, Carrillo Delgado y su hermano Germán habrían enterrado el cuerpo de Palmar Palmar en una vivienda de la ciudad de Maracaibo. Las autoridades reportaron el hallazgo de restos óseos humanos en dicho lugar. Con base en ello, el 1 de abril de 2017, el Tribunal Duodécimo Penal del Estado Zulia emitió una orden de aprehensión contra Carrillo Delgado por el delito de “homicidio intencional”.

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Según detalló la Corte Suprema de Justicia en su concepto, existen anomalías en la documentación enviada por las autoridades venezolanas. Por ejemplo, el acta de la entrevista a Kenny Barrios está fechada el 24 de marzo de 2016, cuatro días antes de la supuesta desaparición de Palmar Palmar, ocho días antes de la denuncia que dio apertura a la investigación y ocho meses antes del oficio de la Fiscalía que ordenaba la entrevista policial.

Además, el 9 de febrero de 2026, Kenny Barrios declaró ante un notario público en los Estados Unidos, país en el que se retractó de todas sus declaraciones previas. El hombre denunció que fue retenido por agentes policiales venezolanos sin orden judicial, encerrado y amenazado con ser procesado como cómplice si no firmaba un relato falso.

Carrillo Delgado fue capturado por la Policía Nacional de Colombia en Santa Marta (Magdalena) el 16 de septiembre de 2025, debido a una circular roja de Interpol que había en su contra. El opositor solicitó el reconocimiento de la condición de refugiado ante la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado de la Cancillería de Colombia (Conare), trámite que fue admitido el 6 de mayo de 2026 y que, según detalló la Corte, continúa en curso de forma independiente.

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La Embajada de Venezuela formalizó la solicitud de extradición el 27 de noviembre de 2025 y el Ministerio de Justicia remitió el expediente a la Corte Suprema el 12 de diciembre de ese mismo año. En su decisión, la Sala de Casación Penal, con ponencia del magistrado Hugo Quintero Bernate, emitió concepto desfavorable a la extradición de Carrillo Delgado. Según determinó la Corte, bajo la apariencia de un delito común, como el homicidio intencional, se configuraría una hipótesis de persecución política disfrazada.

Por ahora, está en manos del Gobierno Nacional, ahora liderado por Abelardo de la Espriella, determinar si Carrillo Delgado quedará finalmente bajo la protección del Estado en calidad de refugiado.

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María Ovidia Palechor y James Flor eran compañeros de vida y también de lucha. La pareja dedicó su vida al liderazgo social de campesinos y comunidades indígenas. En la mañana de este 1 de septiembre se confirmó que ambos fueron asesinados por sicarios en su vivienda en el sector de Las Casitas, corregimiento de La Pedregosa, en Cajibío (Cauca) y su crimen, que ya está siendo investigado, deja una pérdida entre quienes veían en ellos una voz para denunciar las injusticias. Aunque las pesquisas por su crimen hasta ahora arrancan, quienes conocían su trabajo de cerca dicen que, lastimosamente, los casos que denunciaban eran tan incómodos que en sus últimos días vivieron bajo amenazas.

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Eduin Mauricio Capaz, coordinador del área de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), habló con El Espectador sobre la labor que adelantaban su amiga María Ovidia y James Flor. “La recuerdo como una mujer sonriente y de carácter fuerte. Era muy sensible a lo que le pasaba a las víctimas y era fuerte a la hora de reclamar las responsabilidades del Estado. En algún momento sé que su voz fue incómoda para el mismo Estado y siempre incómoda para los grupos ilegales”, dijo Capaz sobre la lideresa social. Según recuerda, la conoció desde hace años, cuando ella ya tenía una experiencia en labores sociales.

María Ovidia Palechor era una mujer de la comunidad indígena yanakuna. Fue defensora de derechos humanos desde 2005, cuando se desempeñó como coordinadora del Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, así como del Programa Mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca. Ocupó otros cargos en el Crig y su labor la llevó a ganar, en 2015, el Premio Nacional a la defensa de los derechos humanos. Desde ahí, continuó sin detenerse en la defensa de quienes vivían injusticias por parte del Estado o por parte de los grupos armados en el Cauca. En sus últimos días acompañó a la comunidad de La Pedregosa, víctima de la masacre de El Túnel, ocurrida el pasado 25 de abril.

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Por su parte, James Flor desarrolló su liderazgo principalmente desde las organizaciones campesinas y de víctimas del conflicto armado. Fue representante departamental de la Mesa de Participación de Víctimas y también ocupó esa representación a nivel municipal. Desde esos espacios acompañó las reclamaciones de personas afectadas por la violencia. Su trabajo estaba ligado a la defensa de los derechos de las víctimas y de las comunidades rurales. En La Pedregosa participó en procesos de organización social y construcción de paz. Su liderazgo también estuvo relacionado con las exigencias de las comunidades frente a la situación de seguridad. Flor compartía con Palechor la preocupación por la presencia y el accionar de grupos armados en la zona. Ambos habían convertido esas denuncias en parte de su trabajo comunitario.

La Pedregosa, que fue su último hogar, era también uno de los principales escenarios del trabajo que realizaban. El corregimiento, que se convirtió en su lucha final, está conformado por 17 veredas y un consejo comunitario. La comunidad había sido declarada formalmente Territorio de Paz y la pareja promovía iniciativas para proteger a la población civil. Ese proceso se desarrollaba en medio de una situación de seguridad cada vez más compleja. Los líderes denunciaron amenazas y riesgos relacionados con la presencia de actores armados. Palechor asumió también la vocería de las denuncias y reclamaciones relacionadas con la masacre de El Túnel. En varias ocasiones, los dirigentes pidieron al Estado medidas para proteger a la comunidad.

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María Ovidia Palechor participó en las denuncias relacionadas con lo ocurrido en El Túnel y acompañó las reclamaciones de los habitantes. Flor, desde su trabajo con las víctimas, también hacía parte de los procesos de respuesta comunitaria. Según el Cric, ambos líderes habían advertido reiteradamente sobre los riesgos que enfrentaban. Así lo resaltó Eduin Mauricio Capaz, quien dijo en diálogo con este diario que desde la Cric “creemos que eso último fue determinante a la hora de este desenlace”. A pesar de sus alertas, el riesgo no desapareció y terminó alcanzandolos.

La muerte de la pareja de defensores volvió a poner la atención sobre la situación de los líderes sociales en el Cauca. Indepaz reportó que, con estos asesinatos, 103 líderes y defensores de derechos humanos habían sido asesinados en Colombia durante 2026. Por su parte, la Crig resaltó que entre 2016 y 2026 han sido asesinados 108 líderes indígenas en el departamento. “Uno aquí asume riesgos por todo lado. Creo que sus amenazas determinantes estuvieron alrededor de la masacre”, dijo Capaz, quien agregó que en los últimos meses “hubo varias persecuciones hacia el grupo que ella lideró, que es la comunidad de paz de Cajibío”.

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La disputa por el control territorial y de economías ilegales mantiene bajo presión a la población civil en la zona. Es tan delicado, que el mismo Capaz denunció que “a la junta de acción comunal le tocó llamar a la inspección de Policía de Cajibío. Desde Popayán no autorizaron la entrada de los equipos forenses para hacer un trabajo mucho más juicioso y sobre el crimen” y, asegura, que esa premura se debe a que los grupos armados, como las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, no permiten por mucho tiempo el ingreso de entidades estatales. Asimismo, advirtió que otros líderes de La Pedregosa continúan en riesgo.

Palechor y Flor dejan una historia construida alrededor de las víctimas, la defensa territorial y la organización comunitaria. Ella será recordada por su trabajo como mujer yanakuna, defensora de derechos humanos y dirigente indígena. Él, por su trayectoria como líder campesino y representante de personas afectadas por el conflicto. Sus caminos coincidieron y terminaron en La Pedregosa, donde acompañaron un proceso comunitario que buscaba mantenerse al margen de la guerra. Ahora serán las autoridades las encargadas de establecer quién los asesinó y por qué. Mientras esa investigación avanza, en La Pedregosa quedan sus comunidades, sus procesos y las preguntas sobre las amenazas que habían advertido. Además, dice Capaz, hay un sentimiento generalizado: “la gente tiene miedo a hablar, tienen rabia por lo que pasó”.

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Este jueves 3 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación imputó nuevos cargos a Héctor Orlando Bastidas Bravo, alias “Bonito” o “Boni”, señalado como el máximo jefe de la estructura armada Comandos de Frontera, de las disidencias de las Farc. Esta vez, fue por el homicidio de dos firmantes de paz.

Según el ente investigador, las evidencias señalan que alias “Bonito” tendría a su cargo cerca de 100 integrantes del grupo armado, a quienes, presuntamente, impartía órdenes para ejecutar acciones de constreñimiento, amenazas, desplazamientos forzados y homicidios selectivos, “con el fin de apoderarse de la pasta base de coca y controlar las rutas del narcotráfico en esa región del país”.

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En ese sentido, la Fiscalía detalló que Bastidas Bravo habría ordenado el asesinato de dos firmantes de paz, en medio de señalamientos de que actuaban en contra de los intereses de la organización. También, dice el ente investigador, habría usado los crímenes como método de presión para consolidar su capacidad intimidatoria.

Puntualmente, se trata del homicidio de Luis Alberto Laguna, ocurrido el 2 de octubre de 2020 en la vía que comunica a Morelia con Valparaíso (Caquetá). El ente investigador explicó que ese día un grupo de hombres armados que se movilizaba en motocicletas detuvo a la víctima cuando se desplazaba en un vehículo y le disparó. Aunque el hombre alcanzó a ser llevado a un centro asistencial, murió poco después por la gravedad de las heridas.

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El segundo homicidio corresponde al crimen del firmante Jorge Riaño Ramos, ocurrido el 15 de noviembre de 2020. La Fiscalía señaló que, en este caso, hombres armados de los Comandos de Frontera llegaron hasta la vivienda de la víctima, ubicada en la vereda Santander, zona rural de Florencia (Caquetá), y lo atacaron con fusiles mientras se encontraba en estado de indefensión.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Sin embargo, alias “Bonito” no aceptó los cargos.

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Bastidas Bravo permanece privado de la libertad desde el pasado agosto, cuando fue capturado en zona rural de Guamal (Meta) y judicializado por su presunta responsabilidad en crímenes contra firmantes de paz y líderes sociales en el departamento de Putumayo. Su captura se desarrolló en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo estratégico de la agencia estadounidense DEA, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Cuerpo Élite de la Policía Nacional.

El pasado 19 de agosto, la Fiscalía ya le había imputado los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado y homicidio en grado de tentativa. Según las autoridades, haría parte de la línea de mando de los Comandos de Frontera desde 2016.

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En esa oportunidad, la Fiscalía le atribuyó el homicidio del gobernador del pueblo Nasa, Phanor Guazaquillo Peña, ocurrido el 3 de diciembre de 2023 en el cementerio de la vereda La Danta, en Puerto Asís (Putumayo). El líder indígena habría sido interceptado por dos hombres armados, quienes lo atacaron con arma de fuego y le causaron la muerte.

Además, alias “Bonito” estaría implicado en otros dos homicidios que, presuntamente, fueron perpetrados por integrantes de Comandos de Frontera. Uno de estos hechos corresponde al asesinato de Jorge Santofimio Yépez, firmante del Acuerdo de Paz y líder social, ocurrido el 24 de febrero de 2022 en Puerto Guzmán (Putumayo).

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Bastidas Bravo también es señalado por el homicidio de Diego Mauricio Mejía Rojas, firmante del Acuerdo de Paz y escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ocurrido el 9 de abril de 2023 en Puerto Asís (Putumayo). Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó cargos al hombre, los cuales tampoco aceptó.

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Iván Mauricio Lenis, dio declaraciones sobre las recientes denuncias que magistrados de la Sala Penal del alto tribunal han hecho de posibles riesgos en su seguridad por decisiones tomadas en contra de Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como Kiko Gómez. Según dijo, ya avanzan las investigaciones de la mano con varias autoridades.

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“Hemos conocido unos hechos que están siendo materia de investigación y que pueden comprometer la seguridad de magistrados de esta corporación y de integrantes de la Procuraduría General de la Nación. Esperamos que la Fiscalía y la Policía puedan avanzar rápidamente en esas investigaciones y puedan esclarecer el asunto”, dijo el togado en la mañana de este jueves 3 de septiembre.

Asimismo, agradeció a la Policía Nacional “por su intervención tan inmediata y por todas las gestiones que han tomado de manera preventiva para reforzar la seguridad de los magistrados y las instalaciones del Palacio de Justicia”. En su declaración, el presidente de la Corte resaltó que “ningún funcionario judicial que haga parte del sistema de justicia, juez, fiscal, defensor público, procurador o cualquier servidor servidor judicial debe afrontar amenazas, riesgos, opresiones por cumplir con su función”.

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Las alertas de supuestos riesgo en la seguridad la hizo el magistrado de la Sala Penal, José Joaquín Urbano. A través de una carta que le hizo llegar al presidente de la Sala Penal, el magistrado Carlos Roberto Solórzano, expuso que con una de sus ponencias fue condenado por la Sala Penal el exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como Kiko Gómez. Esa condena fue de más de 31 años de cárcel por el delito de homicidio agravado.

En su carta, el magistrado Urbano dijo que procuradores que tuvieron relación con el proceso se acercaron a su despacho para exponerle preocupaciones por temas de seguridad en las últimas semanas. Dijo que a eso se sumó que el pasado 1 de septiembre se conoció que en el piso 26 del edificio de la Procuraduría fue encontrada una bala disparada y una ventana rota por donde habría ingresado el proyectil.

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En su carta, el magistrado Urbano dijo que procuradores que tuvieron relación con el proceso se acercaron a su despacho para exponerle preocupaciones por temas de seguridad en las últimas semanas. Dijo que a eso se sumó que el pasado 1 de septiembre se conoció que en el piso 26 del edificio de la Procuraduría fue encontrada una bala disparada y una ventana rota por donde habría ingresado el proyectil.

El diálogo con De la Espriella

En la mañana de este jueves 3 de septiembre, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, visitó la Sala Plena de la Corte Suprema. Según el magistrado Lenis, la reunión que sostuvieron los magistrados con el jefe de Estado fue cordial. “Hemos insistido en que del lado de la justicia hay toda la disposición para que haya un diálogo institucional armónico para que el Estado y la justicia puedan cumplir sus funciones de mejor manera. Eso mismo nos reiteró el señor presidente de la República y hablamos de fundamentalmente de estos aspectos”, dijo el togado.

Según explicó, “vamos a trabajar fuertemente para abordar el tema de la congestión judicial, la alta conflictividad, la alta litigiosidad para que el acceso a la justicia pueda ser garantizado de mejor manera. Hablamos de dos proyectos de ley en el que hay interés mutuamente, el de la reglamentación e implementación de la jurisdicción agraria y una posible reforma al procedimiento penal”.

El magistrado aseguró que “el presidente también nos expresó su total respaldo porque la autonomía e independencia judicial y el ejercicio de la labor judicial requiere presupuesto y el presidente se ha comprometido con nosotros para fortalecer el presupuesto de la rama para que podamos cumplir a cabalidad con nuestras funciones”.

El presidente de la Corte dijo también que un tema que fue central en el encuentro fue el concurso notarial, actualmente suspendido. Según dijo el magistrado, hay interés mutuo “en que hay en hacer prontamente una convocatoria para seguir defendiendo y honrando la carrera notarial”.

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La policía española detuvo en la localidad catalana de Salou a un presunto líder de una organización criminal colombiana buscado por sicariato, homicidio y tráfico de drogas, informaron este jueves las autoridades.

El detenido, Jhonatan Alexander Castrillón Arango, conocido con el alias de “Pirry”, era reclamado por las autoridades colombianas, que lo habían incluido entre los fugitivos más buscados del departamento de Antioquia.

Según la nota, el sospechoso es considerado uno de los dirigentes de la organización criminal “El Mesa” y habría pertenecido a las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), formadas en los años 90 para combatir a las guerrillas de izquierda.

“Era el segundo cabecilla del grupo narcoterrorista ‘La Mesa’, estructura criminal con injerencia en el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, y es requerido por homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y concierto para delinquir”, comentó en su cuenta de X el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

“A los criminales los vamos a buscar dentro y fuera de Colombia. Pueden cruzar fronteras, cambiar de escondite o intentar desaparecer: nuestra Fuerza Pública los encontrará y los pondrá ante la justicia”, añadió el mandatario.

Las autoridades de Colombia lo investigan por su presunta participación en delitos de sicariato, homicidio, organización criminal y tráfico de armas, detalló la policía española.

También lo vinculan al tráfico internacional de drogas hacia Europa, especialmente a Francia, Italia y España, en operaciones supuestamente relacionadas con grupos criminales de origen albanés y con la mafia italiana ‘Ndrangheta.

La investigación se desarrolló en coordinación con la policía colombiana, después de que los agentes españoles detectaran movimientos en el país europeo de personas vinculadas al fugitivo, quien presuntamente utilizaba una identidad venezolana falsa.

Según la policía, el sospechoso intentó huir en vehículo cuando los agentes procedieron a detenerlo en Salou, pero fue interceptado y detenido tras oponer resistencia.

Las autoridades españolas confirmaron posteriormente su identidad y lo pusieron a disposición judicial para iniciar los trámites de su entrega a las autoridades colombianas.

Entre los hechos que se le atribuyen figura un ataque ocurrido en junio de 2024 en el municipio de Rionegro, en Antioquia, que se saldó con siete muertos.

Sobre él pesaba una recompensa de 250 millones de pesos colombianos, el equivalente de casi 80.000 dólares.

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El estudio de una tutela interpuesta por María Claudia Tarazona, viuda del exsenador Miguel Uribe Turbay, llevó a la Corte Constitucional a determinar que el entonces director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, sobrepasó los límites de la libertad de expresión al pronunciar un discurso institucional en el que reveló detalles sobre el esquema de seguridad que protegía a Uribe Turbay, así como aspectos de la intimidad de su familia que no estaba autorizado a divulgar.

La decisión se produjo tras considerar que varias declaraciones públicas de Rodríguez Ballesteros sugirieron que la actuación de Uribe Turbay habría incidido en el atentado que le costó la vida, además de cuestionar el esquema de seguridad que lo protegía.

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La Sala Cuarta de Revisión amparó los derechos de petición, información, verdad, intimidad familiar, honra y buen nombre tras la muerte de Uribe Turbay, así como los de su núcleo familiar. El alto tribunal también concluyó que la entidad no atendió de manera adecuada la solicitud formulada por la esposa del exsenador y que, al emitir dicho discurso, se impidió el derecho a la réplica, elemento esencial de la oposición política.

Para la Sala, el exfuncionario desconoció los límites que rigen la libertad de expresión de los servidores públicos, así como el deber de reserva sobre la información bajo su custodia y los derechos que amparan a los miembros de la oposición. El tribunal calificó sus declaraciones como una exposición injustificada y desproporcionada de asuntos reservados y de decisiones que corresponden al ámbito íntimo familiar, y consideró que con ello incurrió en una falta a los deberes especiales propios de su cargo.

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La decisión señala que una democracia sólida exige que el Estado no solo garantice formalmente el derecho a la oposición, sino que actúe activamente contra las narrativas que presentan la discrepancia política como una amenaza y que deslegitiman al contradictor.

En esa línea, la Corte advirtió que la construcción de antagonistas extremos afecta el sistema democrático y que, por ello, los funcionarios públicos deben propiciar un entorno institucional que permita el ejercicio del disenso, absteniéndose de discursos que estigmaticen a los opositores y promoviendo espacios que reconozcan la legitimidad de las distintas posturas ideológicas.

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La Sala también halló que Rodríguez Ballesteros vulneró la honra, el buen nombre y la memoria de Uribe Turbay al hacer declaraciones inexactas sobre el esquema de protección, sin tener en cuenta su condición de opositor ni las fallas ya advertidas por la Defensoría del Pueblo en la seguridad de líderes de oposición. Sin embargo, aclaró que no lo halló responsable de la narrativa sobre un presunto “autoatentado”.

La Corte concluyó que la UNP vulneró los derechos de petición, información y verdad de la familia al responder de forma escueta y meramente formal la solicitud de rectificación presentada por la viuda del exsenador, sin pronunciarse de fondo ni negar expresamente lo solicitado.

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Como resultado, el alto tribunal ordenó a la UNP ofrecer disculpas públicas a la familia de Uribe Turbay mediante una rueda de prensa de alcance nacional, con participación de medios públicos y privados. Asimismo, dispuso que la entidad actualice, en el término de un mes, sus protocolos internos para precisar qué aspectos de la ejecución de las medidas de protección deben mantenerse reservados por su relación con la dinámica familiar de la persona protegida.

La Corte también ordenó a la UNP responder de manera integral la solicitud de rectificación de la accionante y adoptar las medidas necesarias para evitar su revictimización. Por último, exhortó a la UNP, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación a establecer un mecanismo conjunto de seguimiento para la implementación de medidas de protección en casos de alto riesgo que involucren a integrantes de la oposición política.

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A más de un año del asesinato de Miguel Uribe Turbay, una nueva pieza se sumó a la investigación del esquema de seguridad. La Fiscalía verifica una declaración rendida en julio de 2025 que apuntaría a una posible infiltración antes del atentado. Aunque el ente investigador escuchó esa versión poco después del crimen, solo hasta ahora tomó fuerza como línea de investigación, en medio de las advertencias que la familia del congresista del Centro Democrático había hecho desde un principio sin recibir, según señalan, la atención suficiente por parte de las autoridades.

El caso resurgió hace dos semanas, cuando María Claudia Tarazona, y su abogado, Víctor Mosquera, revelaron información hallada en el celular de Élder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”, cerebro logístico del crimen, que sugeriría contacto con un tercero registrado como “escolta del senador”.

La teoría cobró fuerza tras conocerse la declaración de Eduardo Jesús Moreno Medina, alias “Churco”, un joven venezolano de 17 años para la fecha del atentado, quien se presentó ante las autoridades el 23 de julio de 2025 y aseguró haber presenciado una reunión en la que ese contacto se comunicó con “Chipi”. Esta versión coincide, además, con coincidencias detectadas por la Fiscalía entre la ubicación de los celulares de dos escoltas de Uribe Turbay y el de Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, condenado como enlace entre la organización criminal y la Segunda Marquetalia.

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Tarazona señaló que siempre sospechó que la información sobre los movimientos del senador el día del atentado solo pudo salir del propio esquema de seguridad, pues él se encontraba dentro de su casa. Hoy, tres escoltas son investigados, dos de ellos “muy comprometidos”, según la viuda. Ella misma reconoció que no tuvo conocimiento de la declaración del menor sino hasta ahora. La Fiscalía, consultada por El Espectador, indicó que esa ha sido una línea de investigación desde el inicio, aunque aclaró que el testimonio del joven presentó contradicciones que han requerido labores adicionales de policía judicial, y que hoy se desconoce su paradero.

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Un juzgado de Bogotá acaba de ordenarle al gobierno de Abelardo de la Espriella que suspenda inmediatamente cualquier bombardeo en zonas donde pueda haber presencia de menores de edad. Así lo determinó la justicia al admitir una tutela en la que, dentro de otras cosas, se solicitó “frenar operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos respecto de los cuales exista información cierta, objetiva o razonable acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados por grupos armados”.

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Concretamente la decisión del juzgado 34 de familia de Bogotá ordena al gobierno de De la Espriella que “se abstengan de ejecutar operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos respecto de los cuales exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados, hasta tanto se adopten y verifiquen las medidas de precaución y protección necesarias y se determine, conforme a la información disponible y a los protocolos operacionales aplicables, que no existe una alternativa operacional menos lesiva que permita alcanzar el objetivo militar legítimo perseguido”.

Asimismo, advirtió a las autoridades que “deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento inmediato de esta determinación, observando el interés superior y la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los principios de distinción, precaución y proporcionalidad y las obligaciones constitucionales e internacionales aplicables a la protección de la niñez en contextos de conflicto armado”.

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La acción fue presentada en contra del jefe de Estado, Abelardo de la Espriella; el ministro de Defensa, Jorge Mora; el ministro del Interior, Rodrigo Lara; el comandante de las Fuerzas Militares, el general Erik Rodríguez; el comandante del Ejército, el general José Bertulfo Soto; el comandante de la Fuerza Aeroespacial, el general Juan Jaime Martínez; y el comandante de la Armada, el vicealmirante Javier Alfonso Jaime.

La decisión se da en el marco de la polémica por la muerte de por lo menos cuatro menores de edad en dos bombardeos adelantados por el nuevo gobierno. El primero, ocurrido el pasado 10 de agosto en el Catatumbo, donde murió un menor de 16 años; el segundo, en Guaviare, el pasado 27 de agosto, en el que murieron dos menores de 15 años y uno de 16, como resultado de la Operación Amon, contra las disidencias de alias Calarcá.

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En su momento, el ministro de Defensa salió a decir que los menores “eran combatientes”. Según dijo, el gobierno de Abelardo de la Espriella “observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución” de la ofensiva.

A través de un comunicado el jefe de la cartera de Defensa, el general en retiro Jorge Mora, señaló que la operación en cercanías del rio Inirida, en el municipio de El Retorno (Guaviare) tenía como objetivo una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, liderada por alias Cotiz. En ella, dice, murieron 10 personas, según el alto funcionario, “todos ellos combatientes”.

Sobre la muerte de los menores dijo que “el reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto constituye un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario”. Tras conocerse que tres de los muertos eran menores de edad, aseguró que “es clara la responsabilidad de los Grupos Armados Organizados narco terroristas, que infringen no solo el Estatuto de la Corte Penal Internacional, como también la normatividad nacional que establece como tipo penal el reclutamiento ilícito”.

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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de frenar temporalmente el convenio que hay entre la Cancillería y la Imprenta Nacional para la expedición de los pasaportes de los Colombianos. La medida fue tomada de manera preventiva mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores y la empresa allegan un informe completo sobre el estado real de la producción y otros datos claves del documento.

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La decisión se tomó como una medida cautelar que suspende temporalmente el Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y del CI-005 de 2026, así como los convenios que se deriven de ellos. La medida se dio en medio de una acción popular presentada por Nicolás Dupont Bernal contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia.

Según Dupon, hay serias dudas sobre los términos en los que se firmó el acuerdo para implementar el nuevo modelo de expedición de pasaportes propuesto por el gobierno de Gustavo Petro. Al revisar el caso, el tribunal evidenció que hubo una “sucesión de cronogramas incumplidos, los informes institucionales contradictorios entre si, la ausencia de soportes verificables sobre infraestructura, personal y avance de la operación, así como la falta de acreditación de los requisitos presupuestales del artículo 23 del Decreto 4730 de 2005, circunstancias que evidencian una planeación improvisada cuyo estado real de ejecución no puede tenerse por establecido”.

Asimismo, para el Tribunal “el peligro en la demora se encuentra igualmente demostrado, en tanto la referida incertidumbre no constituye una hipótesis abstracta, sino una situación materializada en el expediente, que compromete la continuidad del suministro de libretas de pasaportes y expone a los usuarios a una eventual paralización del servicio, sin que sea exigible esperar la consumación de un perjuicio para que proceda la intervención cautelar”.

Según explicó el tribunal en su decisión, “resulta más gravoso para los derechos colectivos invocados mantener la prestación del servicio bajo las condiciones actuales de incertidumbre, que suspender temporal y condicionadamente los convenios cuestionados para que se adopten las medidas necesarias para garantizar la prestación del servicio, evitar su parálisis y verificar condiciones de seguridad e integridad de la información sensible relacionada con la expedición de pasaportes y sus bases de datos”.

Dentro de otras cosas, el Tribunal también ordenó que a la Cancillería, al Fondo Rotatorio, a la Imprenta Nacional y a la Casa de la Moneda de Portugal presentar dentro de los 20 días siguientes hábiles un informe detallado sobre:

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- Las actividades efectivamente ejecutadas dentro del Convenio interadministrativo específico No. 001 de 2025 y sus contratos derivados.

- Las fases implementadas y los compromisos contractuales materializados a la fecha.

- El cronograma actualizado de ejecución del convenio.

- Los soportes documentales que permitan verificar el estado real de implementación del modelo adoptado.

En el mismo plazo tendrán que presentar un informe sobre la cadena de producción de las libretas de pasaporte, precisando la ubicación e identificación de todos los centros de producción utilizados para la fabricación de las libretas. Asimismo, la identificación de todas las entidades, contratistas, subcontratistas o terceros que participen en cualquiera de las etapas de producción, transporte, almacenamiento, custodia, personalización, distribución y entrega de las libretas.

Los informes también deben dar cuenta de las actividades ejecutadas directamente por la Casa de la Moneda de Portugal y aquellas desarrolladas por terceros, los procedimientos de supervisión y control implementados frente a todos los intervinientes. Igualmente, deben constar los mecanismos de trazabilidad aplicables a la totalidad de la cadena de producción y os protocolos de seguridad, custodia y control aplicables a materiales sensibles, elementos de seguridad y documentación asociada al proceso productivo.

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Según determinó el tribunal en su decisión, se mantendrá la suspensión hasta que las entidades mencionadas acrediten “(i) el estado real de ejecución del nuevo modelo; (ii) la disponibilidad efectiva de las libretas de pasaportes y su ubicación -en Colombia o en el exterior -; (iii) las condiciones de seguridad del lugar en que estas se encuentren y el sitio en que se realiza su personalización; y (iv) el alcance de la intervención de terceros en el desarrollo del objeto contratado, de manera que quede establecido si dicha participación se circunscribe a las entidades públicas internacionales socias del modelo o se extiende a otros particulares”.

A pesar de la suspensión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó adoptar inmediatamente todas las medidas a las que haya lugar para los pasaportes de los colombianos sigan expidiéndose con normalidad durante la suspensión del convenio.

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En La Guajira, la comunidad wayúu sigue sin tener acceso al agua potable. Hace menos de una semana, la Corte Constitucional se trasladó hasta el departamento para verificar si el Estado ha cumplido con las órdenes que dictó desde 2017 para garantizar el derecho de la comunidad al agua y se encontró con un panorama alarmante: el agua al que acceden no solo es limitada, sino que las fuentes hídricas ponen en riesgo la salud de las niñas, niños y en general de la población wayúu. Por eso, el alto tribunal acaba de dictar nuevas órdenes, dentro de las que resalta la implementación de un esquema de agua potable para los menores.

El viaje de la Corte al departamento se realizó en el marco del seguimiento que le hacen a la T-302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira debido a la violación grave de los derechos fundamentales al agua, la salud y la alimentación de los niños y niñas del pueblo wayúu. En su más reciente visita, la Corte observó que la población se abastece de un “reservorio de escorrentía superficial que presenta condiciones que podrían comprometer su aptitud para el consumo humano”.

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Según relató el alto tribunal tras la verificación, en las fuentes hídricas existe “la posible presencia de heces fecales de animales y una coloración verdosa asociada a microorganismos acuáticos”, lo cual presenta “un riesgo sanitario relevante para las niñas y niños Wayuu que dependan de dicha fuente hídrica”. Asimismo, las autoridades tradicionales y miembros de la comunidad describieron un precario y alarmante método de supervivencia hídrica ante la escasez de agua potable.

La Corte constató la existencia de un “ciclo de abastecimiento al que actualmente están sujetas ante la escasez de agua potable, compuesto por cuatro fases sucesivas de deterioro”. Este dramático ciclo inicia con la “(i) recolección de aguas lluvias; (ii) aprovechamiento de jagüeyes; (iii) captación del reservorio o estanque de escorrentía superficial” —momento en que se constató la contaminación de la fuente—, y finaliza con la etapa más crítica consistente en “(iv) la excavación del subsuelo junto al arroyo para la extracción de agua directamente en tanques”.

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El alto tribunal advirtió que “un compromiso ofrecido verbalmente durante la diligencia y solo documentado en audio y video no satisface, por sí mismo, los estándares de determinación, verificabilidad y exigibilidad que deben acompañar toda medida orientada a superar el ECI”. La primera medida ordenada fue al municipio de Uribia y a la Empresa Departamental de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira S.A. E.S.P. (ESEPGUA), para que ponga en marcha un esquema de contingencia en un plazo máximo de 48 horas.

Este mecanismo urgente consiste en la implementación de un “esquema temporal de abastecimiento de agua apta para consumo humano destinado a la comunidad Wayuu de Waimpiralein y a las demás comunidades que acrediten abastecerse de manera directa de la fuente hídrica inspeccionada” mediante “carrotanques suministrados por el municipio de Uribia y tanques de almacenamiento aportados por ESEPGUA”.

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Adicionalmente, el alto tribunal impartió directrices al nivel nacional y exigió planes estructurados a mediano plazo para asegurar la salubridad e idoneidad técnica. Por un lado, ordenó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que, en un término de 15 días hábiles, presente y ejecute la “alternativa temporal de tratamiento o filtros de purificación del agua técnicamente apta para las condiciones de la fuente identificada”. Por otro lado, obligó a las tres entidades a adoptar un “protocolo escrito de calidad, limpieza, desinfección, mantenimiento y trazabilidad del agua” y, en un plazo de 30 días hábiles, presentar una “propuesta técnica preliminar de solución sostenible de abastecimiento de agua” definitiva.

Finalmente, ordenó acciones transversales para velar por los derechos de todo el pueblo Wayuu bajo un enfoque diferencial y de estricto control. La Corte invitó a la viceministra de Agua y Saneamiento Básico a valorar en un lapso de 60 días hábiles si este “patrón de deterioro progresivo de fuentes hídricas y de dispersión territorial constatado en las comunidades inspeccionadas se presenta también en otras comunidades” de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao.

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Asimismo, ordenó al Ministerio del Interior” realizar la “traducción de esta providencia a la lengua wayuunaiki y adopte las medidas necesarias para su adecuada divulgación”, al tiempo que requirió a la Procuraduría General de la Nación realizar un estricto seguimiento al cumplimiento de lo decidido.

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El Consejo de Estado, en segunda instancia, le dio muerte política al concejal de Neiva Cristhian Rubther Bautista Cachaya, electo para el periodo 2024 - 2027. Esto, debido a que en 2006 fue condenado penalmente por el delito de lesiones personales dolosas.

Según detalló el alto tribunal, la condena contra Bautista Cachaya se originó en una riña de tránsito, en la que golpeó con un casco al taxista Diego Armando Morales. Posteriormente, en mayo de 2009, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Neiva determinó que el hombre ya había cumplido la pena y la declaró extinguida.

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Sin embargo, el demandante, Juan Carlos Marroquín Fandiño, solicitó la pérdida de investidura, argumentando que Bautista Cachaya estaba inhabilitado para ser inscrito y elegido como concejal. En su recurso, el accionante señaló que el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 617 de 2000, establece que están inhabilitadas las personas que hayan sido condenadas por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.

En fallo de primera instancia, proferido el 2 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del Huila negó la pérdida de investidura, al considerar que dicho artículo “estableció un espectro amplio para la configuración de la causal de inhabilidad, en tanto basta para ello con la pena privativa de la libertad sin tener en cuenta el tiempo de la pena impuesta y exceptuando únicamente los delitos políticos y culposos”.

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Además, el Tribunal señaló que la Constitución establece que las inhabilidades que no tienen límite de tiempo por una condena solo aplican a delitos específicos, como aquellos cometidos contra el patrimonio del Estado, el narcotráfico o la pertenencia a grupos armados ilegales. En este caso, como Bautista Cachaya fue condenado por lesiones personales dolosas, consideró que ese delito no estaba contemplado entre las causales que podían generar la pérdida de investidura.

El demandante pidió revocar la sentencia de primera instancia y señaló que el Tribunal “mutiló maliciosamente el total alcance de la inhabilidad”. El caso llegó al Consejo de Estado, que consideró que, aunque el numeral 1 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 prohíbe inscribirse como candidato o ser elegido concejal a quien haya sido condenado, esta norma no busca castigar a una persona de por vida. Su propósito, explicó, es garantizar que quienes ocupen cargos públicos sean personas cuya conducta no haya sido objeto de una condena penal.

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“La Corte destacó que la prohibición contenida en la norma debe evaluarse desde la perspectiva de las exigencias que se imponen a las personas para ocupar dignidades públicas, pues a través de ellas se busca conservar la idoneidad del servidor respecto al desarrollo y ejecución de sus funciones, al tiempo que se transmite a la comunidad la confianza necesaria sobre el manejo de los asuntos de interés general en tanto percibe que su gestión está en manos de personas cuyo comportamiento no ha sido objeto de reproche jurídico alguno”, se lee en el documento.

Asimismo, el Consejo de Estado señaló que, al inscribirse como candidato y afirmar bajo juramento que cumplía con los requisitos, Bautista Cachaya actuó de manera “negligente y poco prudente”, pues tenía conocimiento de la condena que pesaba en su contra por lesiones personales dolosas. Por ello, la Sala calificó su conducta como culpa grave. En ese sentido, el tribunal revocó la sentencia de primera instancia y decretó la pérdida de investidura del concejal.

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Una turba de hombres vestidos con camuflados se tomó las calles del barrio El Campín, de Barrancabermeja, sobre las 9:00 de la noche. Era sábado 16 de mayo de 1998 y los habitantes de la capital petrolera de Colombia se preguntaban, entre gritos de alarma, si se trataba de policías, soldados o integrantes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que estaban adelantando un operativo. Eran paramilitares.

Fuertemente armados y montados en camiones y camionetas, integrantes de las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar (Ausac) entraron a la ciudad y desplegaron una caravana del horror en la que asesinaron a siete civiles y a otros 25 se los llevaron hacia el corregimiento de San Rafael de Lebrija (Santander).

En los días posteriores, estas personas fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas. Solo hasta el año 2008 fueron recuperados los primeros cuerpos en fosas excavadas en una finca de ese centro poblado. La masacre del 16 de mayo es solo uno de los hechos que desangraron a Barrancabermeja, una ciudad sembrada al pie del río Magdalena y golpeada por la violencia que durante años perpetraron los paramilitares, en alianza con la fuerza pública y hasta con funcionarios de la empresa Ecopetrol.

Así lo expone la más reciente imputación adelantada por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que llamó a 12 personas a reconocer responsabilidad en graves crímenes de guerra y de lesa humanidad: homicidio, persecusión, exterminio y desaparición forzada. Esa instancia documentó, en total, los asesinatos de 431 personas y las desapariciones de otras 85 entre los años 1988 y 2000.

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En una diligencia adelantada en el muelle de la Terminal Fluvial Yuma, en Barrancabermeja, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, y la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, anunciaron la imputación de José Eduardo González Sánchez, exjefe de seguridad de Ecopetrol en la refinería de esa ciudad.

El exfuncionario fue llamado para que responda por su presunta participación en masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, persecución contra sindicalistas y organizaciones de derechos humanos como la Unión Sindical Obrera (USO) y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) ocurridos entre el 8 de enero de 1988 y el 29 de diciembre del año 2000.

Los hechos corresponden al período denominado como la toma paramilitar de Barrancabermeja. Es la primera imputación del subcaso Magdalena Medio del caso 08 de la JEP, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con paramilitares o terceros civiles.

La justicia transicional también imputó a nueve exoficiales del Ejército y dos de la Policía: José Domingo García García, Juvenal Ovidio Brugés Palmera, Carlos Eduardo Avendaño Ávila, Oswaldo Prada Escobar, Óscar Diego Sánchez Vélez, Jesús Herrera García, Héctor Eduardo Peña Porras, Fernando Millán Pérez, Alberto Bayardo Bravo Silva, Nilson Durán Durán y Juan Carlos Celis Hernández.

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De acuerdo con la investigación liderada por la magistrada Catalina Díaz Gómez, entre 1998 y 2000 en Barrancabermeja se fraguó una “alianza criminal” que tenía como objetivo “expulsar al enemigo común”: la guerrilla. Para hacerlo, policías, militares, funcionarios de Ecopetrol y paramilitares habrían operado de manera conjunta y habrían desplegado una campaña de estigmatización.

Con su estrategia señalaron de auxiliadores de grupos ilegales a integrantes de importantes sindicatos de trabajadores, como la USO, y de organizaciones sociales que denunciaban las graves violaciones a los derechos humanos en la región, como CREDHOS. Para la JEP, el rol de José Eduardo González Sánchez desde Ecopetrol habría sido clave.

La imputación lo denomina como un “actor bisagra” que sirvió como enlace del sector privado y estatal con las autodefensas en el Magdalena Medio. También habría facilitado la creación de un sistema de infiltraciones a la USO, de la cual habrían hecho parte otras tres personas a su mando.

Estos se habrían camuflado para entrar a reuniones del sindicato, acceder a información privilegiada, adelantar seguimientos apoyados por inteligencia militar y perfilar a líderes sindicalistas que luego fueron asesinados. Uno de los crímenes que se habría fraguado de esa forma, según la JEP, es el del líder sindical Aury Sará Marrugo, secuestrado el 30 de noviembre de 2001 y asesinado el 5 de diciembre de ese año.

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En palabras de la magistrada Catalina Díaz Gómez, José Eduardo González Sánchez “tenía las tres camisetas”, pues al mismo tiempo actuaba en tres roles: era coronel retirado del Ejército, trabajaba en el grupo de seguridad de la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja y hacía parte de la nómina paramilitar del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas.

González reconoció ante la JEP que el objetivo común era “tomarse Barrancabermeja, quitar de las garras de Barrancabermeja a la guerrilla”. La JEP señaló que los pagos a este funcionario por parte de los paramilitares provenían directamente de Guillermo Cristancho Acosta alias “Camilo Morantes” y Mario Jaimes Mejía, alias “Panadero”.

La magistrada Díaz explicó en conversación con El espectador que, si bien la JEP no tiene competencia para vincular terceros civiles corporativos, invitaron a Ecopetrol a un diálogo restaurativo para el esclarecimiento de la verdad. “Muchos actores del territorio se preguntan cuál fue el rol de la empresa en lo que ocurrió y por qué solo se imputa al capitán retirado y no a sus superiores. Es porque ya todos están muertos”, señaló.

Agregó que tienen expectativas positivas de avanzar en ese proceso: “Esperamos poder avanzar en el diálogo restaurativo con la empresa porque tienen un recorrido muy importante en temas de derechos humanos y es un actor central en el territorio. Ojalá Colombia sea un ejemplo para el mundo en esa conversación entre actores corporativos, las víctimas y la justicia”.

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En el caso de la masacre del 16 de mayo de 1998, según la JEP, miembros del Batallón Nueva Granada del Ejército habrían desmontado los controles militares para facilitar la incursión de los paramilitares y dejando completamente desprotegida a la población.

Otro de los casos representativos es la masacre de La Tata, el 26 de febrero de 1990 en Cimitarra (Santander), en la que fueron asesinados Saúl Castañeda y Miguel Ángel Barajas, líderes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), y la periodista Silvia Duzán Sáenz. Y la masacre del 28 de febrero de 1999, en los barrios nororientales de Barrancabermeja, en la que fueron asesinadas ocho personas y dos desaparecidas. Según la imputación, ese hecho fue “el resultado de una alianza renovada” entre policías, militares y paramilitares.

Sobre la investigación, la magistrada Díaz resaltó el dolor que le causa la impunidad que campeaba sobre los expedientes. “Desde hace 20 años los paramilitares habían confesado su alianza con los militares y habían ofrecido nombres desde generales hasta soldados, con apellidos, cargos y posición. Los fiscales de Justicia y Paz compulsaron copias, pero es sorprendente cómo no surgieron investigaciones o condenas. Solo uno de los hoy imputados había sido condenado”, dijo.

Aclaró que caso distinto fue lo que ocurrió en la Corte Suprema de Justicia. “En los casos de parapolítica, esa instancia condenó a senadores y exalcaldes por ese fenómeno. Pero los militares que se aliaron con los paramilitares y sobre los que se hallaron pruebas hace 20 años, nunca habían sido investigados”, expresó la magistrada en su diálogo con este diario.

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La JEP revisó más de 30 sentencias de Justicia y Paz que daban cuenta de la forma en la que operaron los paramilitares en el Magdalena Medio. Además de miles de informes de inteligencia, documentos oficiales, informes periciales y de organizaciones de víctimas que retratan la barbarie de la que fueron objeto los habitantes de la región y hasta el propio río que bordea a la ciudad petrolera.

Este último, en el marco del caso 08, también fue reconocido como víctima por haber sido usado como fosa común para ocultar los cuerpos de cientos de víctimas. Son, en total, 529 las personas acreditadas como víctimas individuales y 15 organizaciones reconocidas como víctimas colectivas. Entre ellas, las mencionadas USO y CREDHOS.

El despacho de la magistrada Catalina Díaz Gómez también escuchó las versiones voluntarias de 35 comparecientes y 10 testigos. Entre ellos, exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Rodrigo Pérez Alzate, alias “Julián Bolívar”, y alias “El Panadero”, sobre quienes no tiene competencia directa porque sus expedientes están en Justicia y Paz. Esas voces sirvieron para reconstruir el horror que sembraron las autodefensas en el Magdalena Medio, en alianza con las fuerzas estatales y funcionarios de Ecopetrol.

Por eso también la Sala de Reconocimiento de Verdad convocó a la estatal petrolera a un espacio dialógico con las víctimas, en el que buscan avanzar en la construcción de la verdad sobre la responsabilidad del Estado en estos graves crímenes. La razón es que aún hay mucha verdad por contar y esa es su única demanda.

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“Existe la posibilidad de que los magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo en virtud de la condena que le impusimos al señor Juan Francisco Gómez Cerchar”. Esa es la advertencia que está haciendo el magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Joaquín Urbano sobre el exgobernador de La Guajira, conocido como Kiko Gómez. El togado asegura que hay varios hechos que en los últimos días han dejado en evidencia un posible plan criminal contra las personas involucradas en la condena que se le impuso por el delito de homicidio agravado en mayo pasado.

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Por la denuncia del magistrado, el presidente del alto tribunal, Iván Mauricio Lenis, encendió todas las alarmas y pidió mayor protección para los magistrados de la Sala Penal y sus familias. La amenaza que enfrentarían no es menor. Según dijo el togado Urbano en su carta, quien estaría detrás de este riesgo sería el parapolítico Kiko Gómez. La preocupación del magistrado es, dentro de otras cosas, porque él fue el ponente de la decisión con la cual el pasado 4 de mayo la Sala Penal de la Corte “revocó la absolución y condenó al acusado por el delito de homicidio agravado, motivo por el cual él deberá pagar una pena de 31 años y 8 meses de prisión”.

Urbano resalta una cosa: “Hasta este momento, esa sentencia dictada por unanimidad por la Sala de Casación Penal está vigente, aunque es posible que, luego, por virtud de alguna acción de tutela, quede sin efectos”. Además, puso de presente que “la semana pasada, en varias plataformas virtuales, circuló una información según la cual ‘un poderoso asesino guajiro -hoy preso y con varias condenas en última instancia-, les pidió a los miembros de su familia renunciar a los cargos públicos que ocupan y radicarse en Italia, donde tiene nacionalidad. Les explicó que él ya ordenó los prontos asesinatos de tres personas y no quiere que sus parientes más cercanos estén al alcance de la justicia colombiana cuando ello ocurra’”.

Las balas encontradas en la Procuraduría y la supuesta relación con Kiko Gómez

El pasado 1 de septiembre se conoció públicamente que en el piso 26 del edificio de la Procuraduría en Bogotá fue encontrada una bala y el orificio por donde habría ingresado el proyectil disparado. Hasta el momento, las autoridades investigan qué ocurrió y si se trató de algún ataque contra algún funcionario del Ministerio Público o si se trata de alguna bala perdida. Sin embargo, las alertas de la Corte Suprema no apuntan a que lo ocurrido en el ente de control sea un hecho aislado. Según el magistrado Urbano, algunos procuradores que participaron en el caso contra Kiko Gómez le han expresado en las últimas semanas preocupación por su seguridad.

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“Con ocasión de esta información, el miércoles 26 de agosto, la Procuradora Judicial II Gloria Guzmán Duque, quien presentó una de las demandas de casación contra la absolución proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, acudió a mi oficina para compartirme la profunda preocupación que tenía por su seguridad personal y por la de los funcionarios judiciales que intervenimos en ese proceso”, le dijo Urbano al magistrado Carlos Roberto Solórzano. También, le puso de presente que la bala encontrada en el edificio del Ministerio Público podría estar relacionada con las supuestas amenazas.

“El Procurador Primero Delegado para Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, quien en su intervención ante la Corte le solicitó que casara la sentencia y condenara al acusado, me comentó que la semana pasada, en su oficina, ubicada en el piso 26 de la sede de la Procuraduría, apareció una bala disparada, lo que le generó gran preocupación. Además, me informó que esta semana, al llegar a su oficina, encontró dos ventanas rotas y evidencia de dos disparos de fusil”, se lee en la carta del magistrado Urbano.

Lo que dice la defensa de Kiko Gómez sobre los señalamientos

Juan Felipe Criollo Figueroa, abogado de Kiko Gómez, se pronunció públicamente sobre los señalamientos que hizo el togado Urbano sobre su prohijado. Según dijo, él, la esposa e hija de Gómez y el propio exgobernador de La Guajira “rechazamos y repudiamos, de manera categórica, los hechos ocurridos. Se trata de conductas de la mayor gravedad, que lesionan la institucionalidad y no admiten justificación ni matiz alguno”. Sin embargo, dijo que el parapolítico es totalmente ajeno a los hechos. “Negamos de manera categórica cualquier participación, autoría, determinación, vínculo o relación suya con tales hechos, al punto de que ni siquiera tuvo conocimiento de su ocurrencia”.

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Asimismo, dijo que los señalamientos en contra de su cliente son una “campaña de desprestigio”. Agregó que “la divulgación irresponsable de acusaciones de esta gravedad por parte de unos medios de comunicación no solo afecta el buen nombre y la honra del señor Gómez Cerchar, sino que compromete seriamente la seguridad e integridad de todo su núcleo familiar”. Por ello, aseguró, le solicitaron “a las autoridades competentes que indaguen los hechos de manera pronta, seria y exhaustiva, pues es precisamente una investigación rigurosa y técnica la que permitirá identificar a los verdaderos responsables y acreditar la ajenidad del señor Gómez respecto de estos hechos”.

En su comunicado, el abogado Figueroa Criollo le pidió “respetuosamente a las autoridades competentes que dispongan y desplieguen, con la mayor prontitud, las medidas de seguridad y protección necesarias en favor de todas las personas que, con ocasión de estos hechos, puedan encontrarse en situación de riesgo”. Misma petición que le hizo el presidente de la Corte a la oficina de seguridad del alto tribunal, así como a la Dirección de Protección de la Policía Nacional.

Las condenas contra Kiko Gómez

La condena en contra de Gómez de la que fue ponente el magistrado Urbano fue la impuesta en mayo de este año por el asesinato del concejal de Barrancas, Luis Gregorio López Peralta, ocurrido el 22 de febrero de 1997. En el más reciente fallo, la Corte resolvió casar parcialmente la sentencia del 1 de octubre de 2024, mediante la cual el Tribunal Superior de Bogotá había revocado la condena contra Gómez Cerchar. La alta corte lo condenó por el delito de homicidio y mantuvo la condena por concierto para delinquir. Le impuso una pena de 380 meses de prisión, es decir, 31 años y ocho meses. Asimismo, le ordenó pagar una multa de 14.000 salarios mínimos mensuales vigentes, equivalentes a cerca de COP 24.500 millones, y la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 10 años.

Sin embargo, esa no es la única condena que lleva encima Gómez. En junio de 2017 quedó en firme la pena de 55 años de cárcel por los asesinatos de la exalcaldesa del municipio de Barrancas, Yandra Brito; su esposo Henry Ustáriz y el escolta personal, Wilfrido Fonseca Peñaranda. En ese momento se le juzgó por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. De acuerdo a la decisión, Gómez Cerchar dio la orden de asesinar a la exalcaldesa de Barrancas. El crimen fue materializado por la banda criminal de Marcos de Jesús Figueroa, alias Marquitos, al considerar que había incumplido el compromiso político.

Henry Ustáriz Guerra -esposo de Yandra Brito- y el escolta Wilfrido Fonseca Peñaranda fueron ultimados por hombres de la banda criminal de Marquitos Figueroa el 2 de abril de 2008 en la vía que comunica al municipio de Fonseca con Barrancas. Su asesinato sería una recriminación por el poder que tenía Ustáriz en la Alcaldía y los incumplimientos de “los pactos”. Brito fue asesinada el 28 de agosto de 2012. Los testigos de la investigación aseguraron que la exmandataria municipal había denunciado amenazas por parte de Gómez Cerchar. Su grupo familiar y amigos cercanos indicaron que siempre manifestó su temor frente a estas advertencias hecho por el que manifestó públicamente que si alguna vez le pasaba algo señalaran como el responsable a Kiko Gómez.

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Un total de 21 presuntos agresores sexuales fueron capturados en nueve países: dos en Argentina, uno en Bolivia, dos en Chile, seis en Colombia, tres en Brasil, dos en España, uno en Paraguay, tres en Perú y uno en República Dominicana. Así lo confirmó la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) en la tarde de este martes 2 de septiembre.

Según detallaron las autoridades, en el desarrollo de las investigaciones adelantadas en Armenia (Quindío), fue rescatada una niña de cinco años que se encontraba en un entorno de abuso. En coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se adelantó el proceso de restablecimiento de sus derechos.

Asimismo, la madre de la menor, conocida con el alias de “La Depredadora”, fue capturada. Según la Dijín, la mujer es señalada de abusar de la niña y producir material audiovisual que posteriormente era transmitido a través de la red oscura.

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También fue capturado alias “Vaquerito”, quien, de acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades, “se desempeñaba como creador de contenido digital e instructor de fútbol, actividades que aprovechaba para contactar a niñas mediante falsas promesas de modelaje y realizar sesiones fotográficas con connotación sexual”.

Además, fue desarticulada una organización criminal transnacional dedicada a la comercialización de material de abuso sexual infantil a través de dos portales alojados en la red oscura. El acceso a estos sitios y su contenido eran comercializados mediante criptomonedas, específicamente bitcoin, según determinaron los investigadores.

“Se estableció que el acceso mensual al contenido ilícito tenía un costo aproximado de COP 300.000. Asimismo, se evidenció que los portales criminales registraron movimientos superiores a los COP 2.500 millones, equivalentes a un promedio cercano a los COP 50 millones mensuales”, indicó la Dijín.

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La operación estuvo coordinada por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Guardia Civil de España, la Policía Nacional de España, el Centro Americano contra el Cibercrimen de Ameripol, El PAcCTO 2.0, Europol, la Agencia HSI de Estados Unidos y la organización OUR.

Durante la operación se llevaron a cabo 23 allanamientos y se incautaron 73 elementos materiales probatorios. “Los investigadores analizaron más de 7.223 imágenes y videos distribuidos entre los años 2023 y 2026, estableciendo que las víctimas identificadas corresponden a niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 2 y 13 años”, mencionó la Dijín.

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En lo corrido de 2026, según la Defensoría del Pueblo, se han reportado 278 feminicidios en Colombia, lo que representa una tasa nacional de 1,02 casos por cada 100.000 mujeres. Con esta cifra sobre la mesa, la entidad exhortó a las autoridades nacionales a fortalecer la identificación temprana y agilizar las investigaciones.

Según las cifras de la Defensoría, con corte al 31 de julio, Putumayo, Guaviare, Quindío y Nariño se ubican entre los departamentos con las tasas más altas de feminicidio del país. “Putumayo (3,02) presenta una tasa cercana a tres veces el promedio nacional, mientras que Guaviare (2,50) y Quindío (2,43) registran tasas superiores al doble de la media nacional”, explicó.

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En ese sentido, la entidad señaló su preocupación particular por la situación en Nariño, “que ocupa el cuarto lugar con una tasa de 1,94, cercana al doble del promedio nacional, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las respuestas institucionales para prevenir los feminicidios y garantizar una protección oportuna y efectiva para las mujeres”.

Solo entre el 1 de enero y el 31 de julio, la Defensoría registró un total de 17 feminicidios en ese departamento. Durante agosto, se reportaron cuatro casos nuevos. Además, según detalló la entidad, “en los últimos días se han conocido tentativas de feminicidio contra una mujer en Taminango y contra una adolescente en Chachagüí”.

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Para la Defensoría, los feminicidios constituyen “la expresión más grave de las violencias contra las mujeres por razones de género y vulneran sus derechos a la vida, la integridad personal, la dignidad, la igualdad y a una vida libre de violencias”. En esa línea, señaló que la prevención, investigación y sanción del feminicidio son obligaciones del Estado, por lo que la respuesta no puede limitarse a investigar y sancionar una vez ocurrido el hecho letal.

“La existencia de antecedentes de violencia, amenazas, agresiones, violencia intrafamiliar, violencia sexual u otras formas de violencia contra una mujer debe ser asumida con la máxima seriedad por las autoridades e instituciones competentes, particularmente cuando concurran factores que puedan indicar un riesgo para su vida o integridad”, aseveró la entidad.

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En la tarde de este miércoles 2 de septiembre, una jueza de control de garantías impuso medida de aseguramiento en prisión contra Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá Córdoba”, señalado como jefe del bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, conocidas como Estado Mayor de Bloques y Frente. La medida fue impuesta a solicitud de la Fiscalía General de la Nación.

El disidente fue imputado como persona ausente el pasado 4 de agosto por los delitos de concierto para delinquir agravado; homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas; secuestro simple; desaparición forzada agravada; tortura en persona protegida y reclutamiento ilícito.

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La investigación de la Fiscalía indica que alias “Calarcá”, quien sigue prófugo de la justicia, en su posición de jefe de la estructura armada, habría impartido órdenes para la comisión de múltiples conductas delictivas y el manejo de los recursos ilícitos obtenidos en Meta, Guaviare, Caquetá y Huila.

En esa línea, y según detalló el ente investigador, Díaz Mendoza estaría implicado en los homicidios de seis firmantes del Acuerdo de Paz, ocurridos entre 2023 y 2025, así como en la desaparición de un comerciante, el 17 de noviembre de 2023 en Castillo (Meta), “quien habría sido retenido y sometido a tortura para obtener información, sin que hasta el momento se conozca su paradero”.

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Además, estaría relacionado con el reclutamiento ilícito de una adolescente de 14 años, el 20 de junio de 2023 en Garzón (Huila), quien fue entrenada en el manejo de armamento e instrumentalizada en acciones militares hasta marzo de 2026, cuando logró huir.

La decisión de imputar al disidente como persona ausente fue tomada el pasado 31 de julio por un juez de segunda instancia, luego de verificar que no asistió a las diferentes citaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación. Durante la audiencia, el juzgado señaló que el ente investigador desplegó varias actuaciones para ubicar y notificar a Díaz Mendoza. Entre ellas, solicitó la colaboración del entonces alto comisionado para la Paz, Otty Patiño.

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Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia están denunciando hechos que, según dicen, ponen en riesgo su seguridad. Por eso, el presidente del alto tribunal, el magistrado Iván Mauricio Lenis, le pidió a las autoridades garantizar la seguridad de los togados.

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Se trata específicamente de los magistrados de la Sala Penal de la Corte, que en la mañana de este 2 de septiembre le enviaron una comunicación al magistrado Lenis señalando que hechos que podrían comprometer su seguridad.

Inmediatamente, el presidente del alto tribunal se comunicó con la encargada de seguridad de la Corte, así como con la Dirección de Protección de la Policía Nacional y solicitó que se tomen de inmediato las correspondientes medidas de protección para garantizar la seguridad de los magistrados.

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Las alertas fueron presentadas inicialmente por el magistrado José Joaquín Urbano, quien, a través de una carta que le hizo llegar al presidente de la Sala Penal, el magistrado Carlos Roberto Solórzano, expuso que con una de sus ponencias fue condenado por la Sala Penal el exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como “Kiko Gómez”. Esa condena fue de más de 31 años de cárcel por el delito de homicidio agravado.

Según señaló Urbano, esa sentencia sería el motivo por el cual los funcionarios implicados se encontrarían en riesgo. Asimismo, puso de presente que desde hace una semana viene circulando una información en internet sobre un supuesto plan atentar contra personas que hayan tenido relación y decisión en la condena contra el exgobernador de La Guajira.

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En su carta, el magistrado Urbano dijo que procuradores que tuvieron relación con el proceso se acercaron a su despacho para exponerle preocupaciones por temas de seguridad en las últimas semanas. Dijo que a eso se sumó que el pasado 1 de septiembre se conoció que en el piso 26 del edificio de la Procuraduría fue encontrada una bala disparada y una ventana rota por donde habría ingresado el proyectil.

Por ahora, desde la Corte esperan que la Policía refuerces sus esquemas de protección, así como la seguridad de sus familias, mientras avanzan las pesquisas sobre los posibles riesgos que corren los magistrados de la Sala Penal.

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