Con ojo de un águila en plena caza, el maquinista de una retroexcavadora que metió la pala para sacar una tajada de tierra de La Escombrera, en Medellín, fue el primero en dar la noticia. “¡Ahí hay algo!”, dijo antes de soltar la tierra a unos cuantos metros de donde acababan de romper la montaña. El experto conductor depositó la cucharada sobre el suelo con tal cuidado, como si bañara a un recién nacido. Una de las antropólogas, que durante cuatro meses se había sentado a ver ese movimiento mecánico de la retro, se acercó al montículo. “Ahí hay algo”, confirmó. Llamó a sus colegas de inmediato. “Encontramos algo. Tenemos un hallazgo”, les dijo. “Habemus cuerpo”, agregó. Fémures, tibia, peroné, antebrazo, cadera, trozos de cráneo con dientes, prendas de vestir... No había duda: eran partes del esqueleto de al menos una persona.

“¿Qué estructuras y en dónde?”, preguntó Andrea Gómez Vásquez, antropóloga forense líder del grupo que designó la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) para buscar desaparecidos en La Escombrera. Un vertedero de escombros, pero al mismo tiempo cantera de extracción de material para construcción y símbolo del horror de la guerra. Todo en un solo lugar. Una montaña en la Comuna 13 de Medellín que, durante décadas, familiares de víctimas de desaparición forzada han dicho que fueron enterrados sus seres queridos como estrategia perversa para no dejar rastro de asesinatos y torturas ocurridas al menos entre 2001 y 2004 en esta zona al noroccidente de la ciudad. El miércoles pasado, luego de que el maquinista diera el primer aviso y las forenses confirmaran que se trataba de restos humanos, todo fue conmoción.

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El conductor de la retroexcavadora se paró al lado de la máquina: “Yo de aquí no me muevo”, en señal de convertirse en un custodio más de uno de los hallazgos forenses más importantes en el país. “Estábamos en shock. Tratando de asimilar lo que había pasado. Todas temblábamos. Entre el criminalista del equipo y la empresa que nos ayuda a temas de seguridad y demás, acordonamos la zona. Nos pusimos los trajes. Con brocha en mano, empezamos a limpiar por encima. No había duda”, relató Clara Betancur Bustamante, otra de las antropólogas del grupo. Mientras las expertas seguían calibrando la emoción de hacer historia y sus movimientos milimétricos para cuidar el hallazgo, su jefe de grupo se encargó y otros funcionarios de la Unidad y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se enfocaron en la urgencia más inmediata: avisarles a las víctimas.

“No me dio rabia, me dio alegría, me dio tristeza y esperanza de que aparezca alguno de mis compañeros o el mío”, relata Rubiela Triana, buscadora de su hijo Diego Juan Cartagena, quien tenía 13 años la última vez que fue visto, el 20 de abril de 2003. Desde el 27 de julio de 2024, cuando inició la excavación en la montaña, ha ido cada semana a esperar con calma algún hallazgo. El miércoles estaba ahí. “Lloré, me abracé con las compañeras. Lloré al pie de ellas, como dice el dicho. Yo les decía que tenía ganas de gritar”, pero no gritó, dice que le ganó la timidez, y su reacción fue una sonrisa y el llanto. Al igual que Rubiela, Luz Elena Galeano, vocera de Mujeres Caminando por la Verdad, dice que esos restos fueron la confirmación de la verdad que tanto han repetido y que nadie les escuchó. “Estamos aquí con la esperanza viva (...). Estoy acá desde el 6 de mayo. Vengo tres veces a la semana y ya con estos hallazgos, uno no quisiera ni moverse de este lugar”, subraya Luz Elena.

Aquellas que no estaban allí, fueron recibiendo una ola de mensajes y llamadas por WhatsApp. Alejandra Balvin, buscadora de su padre Hernando Balvin desaparecido en 2002 y su hermano Adonis Balvin, en 2006, vio primero la invitación a la rueda de prensa que de inmediato, citaron las entidades. La palabra hallazgos le parecía increíble. Su amigo Juan Mejía, buscador de su hermano Hermey Mejía, quien justo ese día cumplía 22 años desde que fue detenido y desaparecido el 18 de diciembre de 2002, la saludó con un “Hola” a través de un mensaje. “Cuando vi ese ‘hola’, pensé: ‘Es verdad’. Entonces, de inmediato respondí al mensaje diciendo ‘Hola’. Me contestó: ‘¿Qué más? Es que no sé qué sentir’. En ese momento, pensé: “Entonces sí es algo real’”. Desde la distancia, porque Alejandra trabaja buscando a otros desaparecidos en Pereira, sintió esa combinación de sensaciones y sentimientos que las víctimas de la 13 dicen que han vivido desde ese miércoles.

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“Yo me imaginaba este momento muchas veces. Pero pasó y no hay palabras para explicarles lo que sentimos. Llevábamos cinco años buscando y, claro, empieza uno a dudar. Pero lo que pasó esta semana es la constatación de que el Estado tiene la obligación de buscar a todos sus desaparecidos, sin importar el costo. El hallazgo rompe un mito urbano que tanto daño les ha hecho a las víctimas. Sí hay personas enterradas en La Escombrera”, contó Gustavo Salazar Arbeláez, magistrado de la JEP. En la zona lo conocen como el magistrado que escuchó a las buscadoras y se abanderó del proceso para proteger La Escombrera. En 2019 presidió la primera audiencia en Medellín que abrió la puerta para que la justicia tomara la decisión más importante en al menos dos décadas de investigaciones: emitir unas medidas cautelares para la protección del lugar y ordenar la búsqueda inmediata de los restos que se podían encontrar allí.

La orden la firmó la JEP el 11 de agosto de 2020. Así empezó la monumental tarea de buscar desaparecidos en La Escombrera. Ya lo había intentado la Fiscalía en 2015, tras escuchar los testimonios de exparamilitares como Juan Carlos Villa Saldarriaga (alias Móvil 8) y Carlos Arturo Estrada (alias el Zarco), quienes confirmaron que ellos habían usado ese lugar como fosa común. Pero esa primera exploración no tuvo éxito. Las buscadoras y las organizaciones de víctimas insistieron en que debían buscar mejor y a mayor escala. No era una tarea para cualquiera. Buscar restos óseos humanos en La Escombrera puede ser el reto forense más importante de cualquier conflicto armado.

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La aproximación la hace el magistrado Salazar: “Hay antecedentes en la antigua Yugoslavia sobre exhumaciones para desenterrar unos 8.000 cuerpos. Hay otros en Guatemala, donde se han recuperado cientos de víctimas. Pero lo que está viendo Colombia es una búsqueda técnica y extremadamente especializada de restos humanos en una montaña entera”. Para darle más dimensión al trabajo que hacen la UBPD y la JEP, Andrea Gómez, líder del grupo, explica la monstruosa tarea: “Hemos sacado aproximadamente 40.000 metros cúbicos de tierra. Nuestra estimación es que, al día, estamos cargando unas 20 o 30 volquetas. Pero hay jornadas en las que sacamos unas 50 o 60. Es descomunal”.

Este gráfico sirve para entender cómo ha cambiado el terreno en La Escombrera desde 2001 y por qué es tan difícil buscar restos humanos allí:

En esa tarea de remoción de escombros estaba el equipo cuando el maquinista pegó el grito el miércoles pasado. Según Andrea Gómez, estaban a unos 50 centímetros de llegar a lo que los antropólogos llaman “la cota”, el sitio de interés forense en donde los cálculos de los expertos muestran que hay más posibilidades de encontrar restos. ¿Por qué? Porque ese es el suelo que, en 2004, empezó a recibir desechos y materiales de construcción y así se fueron acumulando toneladas de escombros mientras, según las investigaciones judiciales, grupos armados fueron desapareciendo a sus víctimas. Lo que la JEP ha constatado es que los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada usaron esta zona para ocultar sus crímenes, en medio de un contexto de “limpieza social” en la Comuna 13 de Medellín.

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La Comisión de la Verdad documentó que, el 16 y el 17 de octubre de 2002, se llevó a cabo la mayor acción militar realizada en una área urbana en Colombia, llamada Operación Orión. Bajo el paraguas de esa estrategia militar, que inició el Ejército durante los últimos meses de la presidencia de Andrés Pastrana, alrededor de 1.500 efectivos y encapuchados se tomaron la Comuna 13. Lo que reportaron los comisionados es que soldados, agentes del DAS y funcionarios de la Fiscalía desplegaron toda clase de violencia contra la comunidad: capturas arbitrarias, detenciones selectivas y desapariciones, todo con el apoyo de grupos paramilitares. La Corporación Jurídica Libertad estima que solo en esa fase de Orión desaparecieron a 92 personas.

El exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo (alias don Berna) confesó los detalles de esa alianza ilegal: “Varios de nuestros hombres fueron allá, muchos de ellos iban encapuchados. Se identificó varias personas, algunas fueron dadas de baja, otras fueron capturadas y después desaparecidas”. La JEP tuvo en cuenta este contexto para proteger La Escombrera y calcula que allí puede haber más de 500 personas desaparecidas. Además, revisó expedientes enteros de Justicia y Paz sobre la violencia paramilitar en Medellín, los relatos de Carlos Estrada Ramírez y Jorge Enrique Aguilar, desmovilizados de las autodefensas, y al menos 43 entrevistas a víctimas que denunciaron la desaparición de sus familiares tras la Operación Orión. “Nos faltó empatía y credibilidad con las víctimas”, reconoce el magistrado Salazar ante la pregunta de por qué la justicia ha tardado tantos años en hacer algo en La Escombrera.

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“Yo nunca perdí la esperanza. Pese a la magnitud del reto, sabía que debíamos seguir. Así no encontráramos nada, eso también es reparación para todas esas madres que no nos dejan solas ni un día, así llueva o el sol nos agobie. Todo ha valido la pena”, concluye la antropóloga líder. “Esa noche me acerqué a donde estaban los restos. Así como nos apropiamos de los expedientes, me gusta hacer lo mismo con los hallazgos. Una cosa es hablar de lo que viven las víctimas y los investigadores desde el escritorio, y otra cosa es estar ahí con ellos. Yo soy magistrado, pero no tengo problema en sostener una linterna para que el forense haga su trabajo”, relata Salazar. “Antropóloga, ¿el trabajo que hacen es como esa frase casi cliché de que es como buscar una aguja en un pajar?”, le pregunta El Espectador a la antropóloga Betancur. “No. Es como buscar una microaguja en un pajar inmenso”, aclara. Al cierre de este edición, el viernes en la noche, las autoridades confirmaron el tercer hallazgo de restos humanos.

Al caer la noche sobre La Escombrera, el 18 de diciembre de 2024, mientras magistrados, forenses, autoridades y víctimas descendían de la ladera, después del día que les volvió a cambiar la vida, una luna amarilla se avistó en el horizonte y la constelación Orión se despejó vertical a ellos sobre ese cielo que rebota la luz de todo Medellín. Quien se dio cuenta, en silencio, fue el magistrado Salazar. Un asunto del destino, quizá, pero también la constatación de que la verdad sobre esa operación que lleva el nombre de este grupo de estrellas aún es una deuda con las familias de la Comuna 13.

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La periodista y activista por los derechos de la mujer, Jineth Bedoya, carga una sonrisa que contagia a todos a su alrededor. De la mano de su madre, Luz Nelly Lima, Bedoya saluda de abrazo y de besos a cuanta persona esté presente en la parroquia de la cárcel La Modelo de Bogotá, considerado el único espacio libre de barbarie en una prisión que esconde dolores indescriptibles, crímenes sepultados y cuyo director fue asesinado hace apenas un mes. La parroquia, al margen de todo ello, está de fiesta. Internos interpretan “Idilio” de Willie Colón, mientras Bedoya canta, baila y aplaude. Es el único día, en 20 años, que Bedoya dice firmemente sentirse transformada y reparada.

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La razón está en el evento de lanzamiento de un mural que Bedoya gestionó a través del Ministerio de Justicia, que permitió que el primer pasillo de La Modelo se transformara en uno de colores. Lo que por décadas fue el preludio de un lugar cada metro más lúgubre, ahora inspira un matiz profundamente disruptivo, a pocos metros donde se concentran los sindicados y condenados, en celdas corroídas por el óxido y en evidente abandono. En colores pasteles, el mural muestra a una mujer que se fragmenta en su dolor, tal como le sucedió a Bedoya el 25 de mayo del 2000, cuando paramilitares la secuestraron justo en la entrada de la cárcel, cuando documentaba para El Espectador la guerra que libraban el paramilitarismo y la guerrilla en la cárcel La Modelo.

“Regresar a la cárcel fue una decisión de vida. Yo necesitaba volver para cerrar un ciclo que ha sido extremadamente doloroso. Y necesitaba reencontrarme con la reportera de hace 30 años, que no le tenía miedo a nada”, dice Bedoya en entrevista. Recién este mes regresó al lugar donde la secuestraron, para luego someterla a tortura y violencia sexual. En el camino, ha visto una acción judicial insuficiente por parte del Estado, que tiene condenados a dos exparamilitares y recién en mayo del año pasado llamó a juicio al primer funcionario público relacionado con el caso, el guardia Marco Javier Morantes. Aun así, es la fecha en la que no se ha esclarecido el porqué de lo que le pasó.

El mural detalla a mujeres cuidadoras, alrededor de esa víctima transgredida, que la abrazan en el proceso de dolor. La violencia es simbolizada con grietas, de las cuales florece naturaleza. La misma que Jineth Bedoya llevaba en la decoración de su gabán adornado con árboles y en los pines de aves que dispuso en este. Cada símbolo fue elegido con precisión: “Ya he llorado lo suficiente como para no hacerlo hoy, porque hoy lo que quiero es celebrar la vida. La de los millones de colombianos que han enfrentado la violencia sexual y su dignidad les ha permitido levantarse para seguir adelante con sus luchas y sueños”. La artista del mural es Natalia García, quien simbolizó con su pintura el “empoderamiento” desde su propio dolor.

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Bedoya toma la palabra en la parroquia para hablar sobre este día. Saluda al negociador de paz del gobierno de Gustavo Petro, el exguerrillero Yezid Artera, quien también está atando ciclos. Justamente hace 20 años, Arteta era preso de esta cárcel y, a la vez, negociador de paz de las FARC. Una de las fuentes a las que Bedoya solía visitar y a quien convenció para que filtrara, en exclusiva, la lista de los primeros 400 guerrilleros canjeables en el gobierno de Andrés Pastrana. “Usted me pasó la lista”, confiesa Bedoya, sonriendo ante los presentes. De su boca se escapan historias de su periodismo, como aquel asadero de pollos que había creado un jefe criminal en la prisión o la vez que un temido delincuente, de alias El Tripas, la salvó de los acosos al prometer sangre contra los atrevidos.

En alrededor de 40 artículos, Jineth Bedoya develó los horrores de una prisión que vivía una guerra interna entre guerrilleros y paramilitares, los mismos que, aunque se suponían que estaban bajo custodia del Estado, portaban granadas y fusiles. “Debajo de nosotros, en estas cañerías se arrojaron decenas de cuerpos desmembrados”, agrega. Una verdad que sigue en reconstrucción por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que acogió las verdades del exdirector de La Modelo, WIlliam Gacharná, en audiencia revelada al público en enero pasado. Este año fue asesinado el coronel Fernández, un crimen que deja entrever que La Modelo fue y seguiría siendo un sitio de alto riesgo.

Al acabar su discurso, Bedoya abraza al ministro de Justicia, Néstor Osuna, y a su viceministro, Camilo Umaña, hijo del jurista de derechos humanos, Eduardo Umaña, asesinado por grupos paramilitares en 1998. “Hoy sí me siento reparada”, les dice, al tiempo que caen las primeras lágrimas de sostenida felicidad. Una que le ha sido esquiva por las ramas de su caso, que entre más instancias de la justicia involucra, más decepción le trae. En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por los crímenes y por la inoperancia de la justicia para dar con quienes planearon los mismos. Un proceso en el que, incluso, el exdirector de la Agencia Jurídica del Estado, Camilo Gómez, abandonó en plena audiencia pública, porque le pareció que debía pelear jurídicamente la inocencia de este país.

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Ahora, esta historia quedó plasmada en la primera imagen que proyecta el interior de la cárcel La Modelo. La misma prisión en la que, como dice ella, murió en vida hace 20 años, y en la que hoy confirma su propósito de que en ninguna hora es momento de callar. Un idilio consigo misma que ha reconstruido en el activismo y que reforzó con el mural que desde este mes exhibe La Modelo. Los pendientes judiciales de este centro penitenciario siguen siendo una deuda de las autoridades, las cuales tendrán que responder por los muertos que hace décadas fueron desaparecidos y, ahora mismo, por un coronel víctima de esta violencia perpetua. Bedoya se despide del lugar renovada en sí misma y eso, para ella, es invaluable.

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Los cambios dentro de los altos despachos de la Rama Judicial siguen presentándose. Esta semana, la Comisión Nacional de Género anunció que Magda Victora Acosta Walteros, abogada de larga data en el mundo judicial, será la encargada de presidir esta corporación de justicia con enfoque de género.

El anuncio se dio luego de una votación unánime que le otorga a Acosta la presidencia de la Comisión durante los próximos meses. En sus funciones deberá garantizar que el sistema judicial incluya en sentencias y decisiones enfoques de género que erradiquen estereotipos y violencias contra las mujeres.

Tan importante es su tarea, que la misma Comisión describe su presidencia como un reto de “liderar y representar la postura de las Altas Cortes frente a los asuntos de género en la justicia”, según explicó en un comunicado.

Desde 2008, cuando se creó la Comisión Nacional de Género, la justicia intenta ofrecer un servicio judicial a las mujeres sin necesidad de tropezar con estereotipos de género, revictimización a quienes han sido violentadas o, como sucedió hace poco con el secuestro de la empleada judicial Lenis Martínez, agresiones físicas contra las mujeres que integran el sistema judicial.

“La sociedad no puede tolerar esta clase de hechos. Es hora de entender que las mujeres no tenemos dueño y que gozamos de las mismas garantías y derechos. Combatir esos comportamientos, prevenirlos y reivindicar los derechos de las víctimas debe ser una prioridad permanente”, señaló Acosta, recién posesionada en la presidencia de la Comisión.

Dentro de esos objetivos, la Comisión ha diseñado todo tipo de estrategias para hacer de la justicia un nuevo “jugador” en la lucha contra la violencia de género. Desde su creación imparte cursos y capacitaciones a funcionarios judiciales para no caer en estereotipos de género a través de sus fallos judiciales. Pero eso no es todo: desde 2018 la Comisión organiza anualmente un concurso que premia las mejores sentencias con enfoque de género y aplaude el trabajo que jueces y magistrados han tenido en esta tarea.

En 2024, por ejemplo, uno de los ganadores de este certamen fue el juez Daniel Ortega, togado penal de SalamIna (Caldas) que ratificó la condena contra un agresor sexual y, además, regañó al abogado defensor por haber revictimizado a la víctima frente a un estrado judicial en repetidas ocasiones.

Nuevas caras, mismo objetivo

Acosta Walteros es una abogada con un largo recorrido en los pasadizos judiciales de Colombia. Se tituló como jurista en la Universidad Externado y, a partir de allí, inició una carrera para impartir justicia con enfoque de género.

Es especialista en derecho administrativo, cuenta con una maestría en gobierno y política públicas e incluso ha llegado a formarse en instituciones educativas internacionales.

Su llegada a una de las más importantes corporaciones judiciales de Colombia no es un reto nuevo. En 2023 asumió la presidencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que tiene la tarea, en pocas palabras, de sancionar y hacer veeduría de que la justicia funcione conforme a parámetros legales y sin ningún tipo de preferencias o fallos.

En ese cargo, Acosta acumuló a su currículo experiencia en dirección, manejo, asesoría jurídica y administración de justicia antes de ser elegida por el Congreso de la República como magistrada de la Comisión Nacional de Género.

“Sus aportes a la justicia de género incluyen iniciativas para la consolidación de estándares de convencionalidad, así como su aplicación en casos específicos en los que ha tenido competencia. También ha sido ponente y conferencista en temáticas de derecho disciplinario para la Escuela de Formación Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otras instituciones de educación superior”, explicó la Comisión tras anunciar a su nueva presidenta.

Ahora es tarea de Acosta Walteros de lograr que despachos y tribunales, desde los más alejados y pequeños, incorporen la jurisprudencia y el enfoque de género en su cotidianidad para que las mujeres encuentren un sistema seguro y con perspectiva diferencial cuando buscan denunciar sus derechos violentados.

“La indiferencia y la normalización de conductas que constituyen maltrato son amenazas que debemos desterrar conjunta y decididamente”, comentó Acosta.

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La Corte Suprema de Justicia acaba de hacer el cambio de su presidente y de los presidentes de sus cinco salas. Para este año, las riendas del alto tribunal serán llevadas por el magistrado de la Sala Civil Octavio Augusto Tejeiro Duarte, quien fue el vicepresidente de la Corte en 2024. Además, este año, las presidencias de cuatro de las cinco salas especializadas del alto tribunal quedaron en manos de mujeres.

Sala Penal

La sala más grande de la Corte es la Sala Penal, de donde salió el presidente del año pasado, el magistrado Gerson Chaverra. En esta ocasión, quien quedó al frente de esta sala fue la magistrada Myriam Ávila Roldán. Ella es abogada especialista en Derecho Penal de la Universidad Nacional y doctora en Derecho de la Universidad Externado. Roldán ha sido también procuradora delegada para la investigación penal, magistrada auxiliar y encargada de la Corte Constitucional, defensora pública del Ministerio de Justicia, consultora de la Fiscalía General de la Nación y Directora Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo.

Sala Laboral

En la Sala Laboral, al igual que en 2024, fue elegida una mujer. Este año, el turno fue para la magistrada Clara Inés López Dávila, quien remplaza en el cargo a la magistrada Marjorie Zúñiga Romero. La magistrada Roldán es abogada de la Universidad de Caldas, con título de maestría en Derecho Procesal y especialista en Derecho Procesal Contemporáneo de la Universidad de Medellín, y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Nariño y en Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional.

En su vida profesional ha sido magistrada de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pasto, magistrada de los tribunales superiores de Medellín y Santa Marta. También fue jueza laboral del circuito de Tumaco y Pasto, jueza promiscua municipal de El Tambo. Ha ido abogada litigante y jefa de la Oficina de Control Interno de Gestión, jefa de Quejas y Reclamos, abogada auxiliar y subsecretaria de Talento Humano de la Gobernación de Nariño.

Sala Civil

En la Sala Civil, Agraria y Rural, fue elegida la magistrada Hilda González Neira quien es egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. La togad tiene maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Bogotá y especializaciones en Docencia Universitaria, de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, y Derecho Privado Económico e Instituciones Jurídicas y Procesales de la Universidad Nacional de Colombia. En su vida como jueza ha sido jueza Civil Municipal en La Calera (Cundinamarca) y Bogotá, jueza Civil del Circuito en Bogotá, y magistrada de los tribunales superiores de los distritos judiciales de Manizales y Bogotá. Actualmente, es la representante de la Corte en la Comisión de Género de la Rama Judicial.

Sala de Primera Instancia

En la Sala de Primera Instancia fue elegida la magistrada Blanca Nélida Barreto. Ella es abogada de la Universidad Externado, con maestría y especialización en Ciencias Penales y Criminológicas de esa misma universidad. Tiene especializaciones en Derechos Humanos de la ESAP y en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional de la Universidad Javeriana. En su vida laboral ha sido defensora Pública del Ministerio de Justicia, abogada de la Procuraduría General, fiscal delegada ante los jueces municipales, procuradora judicial y magistrada auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Sala de Instrucción

La Sala de Instrucción fue la única que quedó en manos de un hombre este año. Para presideirla fue elegido el magistrado César Augusto Reyes Medina, quien es abogado de la Universidad La Gran Colombia. El togado es especialista en Derecho Penal de la Universidad Nacional, en Derechos Humanos de la ESAP y en Docencia Universitaria de la Universidad Santo Tomás. Es aspirante a doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y formación académica recibida en los Estados Unidos y Puerto Rico sobre Sistema Acusatorio, Juicio Oral y Metodología de Enseñanza del Derecho. Fue abogado litigante durante 30 años, profesor universitario por 22 años, Defensor Público durante 13 años y Coordinador Académico de Barras de Defensores Públicos.

Las vicepresidencias

La Corte Suprema, por ahora, no tiene vicepresidente. La Sala Plena que se reunió este jueves para elegir a Tejeiro como su presidente, aplazó por 15 días la votación para seleccionar al segundo al mando. Sin embargo, sí quedaron definidas las vicepresidencias para las salas. El magistrado Fernando Bolaños Palacios quedó en la Sala Penal; la magistrada Marjorie Zúñiga Romero en la Sala Laboral (además es la coordinadora nacional de la Corte Suprema de Justicia ante la Cumbre Judicial Iberoamericana e integrante de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia). La magistrada Martha Patricia Guzmán Álvarez estará como segunda al mando en la Sala Civil, Agraria y Rural; el magistrado Ariel Augusto Torres Rojas en la Sala de Primera Instancia y Marco Antonio Rueda Soto en la Sala de Instrucción.

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El pasado 19 de enero el mural replicado en Bogotá, a la altura de la calle 45 con carrera séptima, amaneció cubierto de pintura negra ocultando las letras amarillas que decían “Las cuchas tienen razón”, en homenaje a las madres buscadoras en La Escombrera, donde se realizaron descubrimientos de restos humanos que corresponderían a los desaparecidos de la Comuna 13 de Medellín.

El 13 de enero el mural original, ubicado en el deprimido de la Terminal del Norte de Medellín, en el que además de la frase había una representación del expresidente Álvaro Uribe, fue borrado como parte de iniciativas de la alcaldía de Federico Gutiérrez, quien escribió en su cuenta de X:

“Una cosa es el grafiti como expresión artística, ejemplo lo que se ha logrado en la Comuna 13 y en otras zonas de Medellín. Es más, está reglamentado por un acuerdo municipal. (...) Otra cosa muy diferente es el desorden y quienes simplemente quieren generar caos y poner fea y sucia la ciudad. Acá hay respeto por las expresiones artísticas y las apoyamos, y al mismo tiempo tenemos claro que el espacio público de la ciudad es de todos y hay que mantenerlo limpio y bonito”.

Esto abrió la puerta al debate. Por una parte, proliferaron las réplicas de este mural que, a la fecha, se encuentra en nueve ciudades de Colombia: Barranquilla, Popayán, Pasto, Neiva, Soacha, Manizales, Cali, Bucaramanga y, desde el pasado 17 de enero, en dos localidades de Bogotá: Chapinero y Usme. Por otro lado, se generó una discusión sobre las narrativas que rodean estas expresiones de protesta.

El militante del Centro Democrático Josías Fiesco, quien se atribuyó el cubrimiento del mural de Chapinero con pintura negra, se refirió a este grafiti como algo “insultante, que tiene unas calaveras que afectan psicológicamente la salud mental de las familias que leen estos mensajes”, en un video publicado en su cuenta de X, como parte de una campaña con el hashtag ‘#LimpiemosBogotá’”.

Esta no fue la única declaración que se dio en el marco de la eliminación de este tipo de murales de protesta. En respuesta al borrado del mural en Medellín, el presidente Gustavo Petro escribió un trino en el que mencionaba: “El alcalde de Medellín debe responder en razón del orden público, porque en su gobierno no hizo la exploración para encontrar a los seres humanos asesinados en la Comuna XIII. Por qué se dedica a borrar el arte que expresa uno de los peores horrores humanitarios cometidos en Medellín: la Operación Orión, la entrega al paramilitarismo de la Comuna XIII y la desaparición de centenares de personas, la mayoría jóvenes, el descuartizamiento de adultos, las fosas comunes”, apuntó.

El muralismo como método de protesta lleva desde inicios del siglo XX, en el que -según la galería Duque Arango- luego de la Revolución Mexicana, artistas como Diego Rivera o David Alfaro Siqueiros utilizaron esta técnica para representar momentos de la historia nacional y como método de protesta ante regímenes dictatoriales o de denuncia frente a problemáticas sociales.

En Colombia, de acuerdo con esta misma galería, el muralismo no fue bien recibido a su llegada por los círculos políticos y académicos, quienes luego procederían a aceptarlo como método de arte. Aunque, como fue en el caso de las protestas de 2019, 2020 y 2021, este arte retornó a sus causas de denuncia iniciales.

Mediante un comunicado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), una ONG defensora de derechos humanos, se indicó que el cubrimiento de estos murales responde a una “manifestación sistemática y orgánica de un sector que, históricamente, ha demostrado su disposición a emplear cualquier medio necesario para reinterpretar la historia según principios que legitiman la exclusión y eliminación simbólica o física del ‘otro’”, sustentando que este no es el primer caso de censura de este tipo y recordando el caso de Miguel Polo Polo, o la negación de las 6.402 ejecuciones extrajudiciales por parte de algunos sectores políticos.

En defensa a estas expresiones culturales, la Defensoría del Pueblo –encabezada por Iris Marín- acompañó la jornada de la pintura de “Las cuchas tienen razón” en Bogotá, indicando que “en este espacio garantizamos el derecho a la manifestación y el diálogo ciudadanos”, a través de su cuenta de X.

La profesora de derecho penal en la Jindal Global Law School, en India, Hamisini Marada, argumentó que esta manera de protesta se convierte en una “fuente para la construcción de memoria colectiva”. También resaltó que en el ámbito legal existen las imágenes permitidas y aquellas no permitidas. En estas últimas, la censura “obstaculizaría la comunicación entre los movimientos sociopolíticos futuros y pasados”, escribió para Frontiers of Socio-legal Studies de la Universidad de Oxford.

Los murales de “Las cuchas tienen razón” han sido un ejercicio colectivo que han debatido sobre los colores utilizados, la tipografía y los elementos gráficos que acompañan a la frase. En el caso del mural en Medellín, Fuerza y Graffiti, uno de los colectivos participantes indicó que la selección de la ubicación en el deprimido de la Terminal del Norte fue gracias a su visibilidad, además de resaltar que ahora se ha convertido en un punto de “resistencia cultural”.

Es de esta manera que se han gestado los murales en las distintas ciudades de Colombia: a través de los proyectos comunitarios. Así han tomado las decisiones estilísticas para la pieza terminada. “Las cuchas tienen razón” de Bogotá se realizó el 17 de enero, pero también el domingo 19, luego del cubrimiento a la pieza de Chapinero, que la comunidad se reunió para volver a pintarlo.

Uno de los diseñadores de esta pieza, el artista conocido como “Cizañero”, resaltó que su trabajo para la creación de esta pieza que se ha replicado en Colombia significó “poner un granito de arena o un mensaje de que el país puede ser diferente”.

Después de la polémica por el cubrimiento de los murales, y aunque la misma comunidad resaltó que estaría dispuesta a volverlo a pintar de ser necesario, varios sectores han llamado la atención sobre la protección de estas piezas: “Si las madres quieren mantenerlo, sin lugar a duda, haremos que así sea, que sepan siempre que no están solas”, afirmó el colectivo Fuerza y Graffiti para este diario.

Un comunicado de pocos párrafos volvió a encender las alarmas de la protección de los derechos de los niños en Colombia. Esta semana, Profamilia radicó una misiva dirigida a la Casa de Nariño para que el matrimonio infantil sea finalmente prohibido y su erradicación pase a sanción presidencial.

El texto, escrito en lenguaje propositivo para el jefe de Estado, menciona que aunque ya se hizo el trabajo más difícil por ilegalizar el matrimonio infantil en Colombia, aún está pendiente la sanción presidencial para que, en efecto, pase a formar parte de la legislación colombiana.

Esta práctica, remontada a los orígenes del Código Civil que permitía que niños menores de 18 años pudieran contraer matrimonio con adultos, dos o tres veces mayores que ellos, fue debatida y prohibida por el Congreso en noviembre de 2024. Como todo proyecto de ley, el texto recorrió cuatro escalones (dos en Cámara de Representantes y dos en Senado) para que esta unión, considerada como “una violencia para toda la vida” por ONG fuese prohibida. Sin embargo, la ley lleva en los gabinetes presidenciales desde entonces y, según asegura la carta de Profamilia, no ha sido firmada y sancionada por Gustavo Petro.

“La sanción presidencial de la Ley 297 de 2023 es un paso más en el largo camino para hacer realidad la promesa de derechos para la niñez. Buscamos un país donde las niñas sean motor de cambio, dueñas de sus proyectos de vida y autónomas para decidir y alcanzar sus sueños”, explica Profamilia a través de la carta.

La carta dirigida a la casa presidencial también tiene la firma de otras organizaciones que durante años pujaron en el Legislativo para que el Estado colombiano prohibiera la práctica, como por ejemplo, Equality Now o Girls Not Brides (son niñas, no esposas). Tanto las ONG firmantes como organismos internacionales han denunciado los perjuicios de que la legislación de un país permita una práctica tan nociva para la juventud y la niñez.

Unicef, por ejemplo, al estudiar el caso colombiano antes de la prohibición legislativa, aseguró que esta unión marital tenía efectos negativos en todas las esferas de la vida de los niños que contraen matrimonio: psicológico, financiero, en el sistema de salud, derechos reproductivos e incluso en ámbitos sociales, pues el matrimonio infantil conllevaban en muchas ocasiones embarazos adolescentes, agresiones de género o suicidios.

“Hemos sido testigos del impacto devastador que el matrimonio infantil tiene sobre las vidas de las niñas y adolescentes (...) (Prohibirlo) envía un mensaje poderoso a la ciudadanía y al mundo sobre la importancia de que las sociedades incluyan en sus aspiraciones de justicia, equidad y prosperidad los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, argumenta la carta.

Paso necesario, pero pendiente

Martha Royo, directora de Profamilia, explica que aunque es muy valioso que el Congreso haya tomado la iniciativa de prohibir el matrimonio infantil a través de una ley, esta no tendría ningún sustento jurídico sin la firma y sanción del presidente. En Colombia es necesario que cualquier iniciativa legislativa curse cuatro debates y aprobaciones en el Congreso. Sin importar las discusiones, enmiendas o concertaciones en esa rama del poder, el que le da validez a los textos y leyes aprobadas o derogadas es el presidente.

Así las cosas, a hoy, el matrimonio infantil se encuentra prohibido, pero no sancionado por el presidente, lo que en otras palabras constituye una zona gris que puede ser utilizada para continuar violentado los derechos sexuales de la niñez colombiana.

“Esta sanción será un compromiso firme de nuestro país con la erradicación de prácticas nocivas que limitan su proyecto de vida, salud y bienestar.  Al hacerlo, enviamos un mensaje claro de que sus derechos son una prioridad nacional y de que estamos decididos a construir una sociedad más justa y equitativa”, explicó Royo a este diario.

Las organizaciones firmantes también muestran preocupación porque, según ellas, esta no es una lucha nueva. Prohibir el matrimonio infantil ha sido un verdadero laberinto en Colombia. La iniciativa llegó al Congreso en nueve ocasiones y, durante 17 años, los senadores y representantes le dieron luz roja al proyecto, ya fuera por quórum, falta de consensos o sencillamente nula voluntad política.

En 2024, ese panorama cambió y por primera vez en la historia civil de Colombia, el Congreso debatió y aprobó en cuatro debates su prohibición.

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Miles de colombianos enfrentan problemas legales sin saber que tienen derecho a recibir asistencia jurídica gratuita a través de un defensor público. Este servicio, ofrecido por la Defensoría del Pueblo, busca garantizar que nadie se quede sin acceso a la justicia por falta de recursos económicos.

¿Qué es un defensor público?

Es un abogado asignado por el Estado para representar a personas que no pueden pagar un abogado particular. Los defensores públicos trabajan en casos penales, de familia, civiles y en la protección de derechos fundamentales como el acceso a la salud o la vivienda.

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¿Quiénes pueden acceder a este servicio?

Cualquier persona que no tenga recursos para contratar un abogado puede solicitar un defensor público, especialmente en casos como:

• Acusaciones penales.
• Procesos por alimentos o custodia.
• Problemas civiles relacionados con deudas o propiedad.
• Violencia intrafamiliar.
• Tutelas para proteger derechos fundamentales.

¿Cómo solicitar un defensor público?

Si necesita uno, siga estos pasos:

1. Acudir a la Defensoría del Pueblo: Busca la sede más cercana o contacta a través de su portal oficial (defensoria.gov.co).
2. Llama a las líneas de atención: Puede comunicarse al 018000-914814 para recibir orientación.
3. Presente sus documentos: Lleve su cédula y los documentos relacionados con el caso.
4. Espere la asignación: Un defensor será designado según la disponibilidad y el tipo de proceso.

¿Qué hacer si el servicio no llega?

En caso de demoras, puede presentar una queja directamente en la Defensoría del Pueblo o buscar apoyo en consultorios jurídicos de universidades, que también ofrecen asesoría gratuita.

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Este programa es una herramienta clave para garantizar la igualdad en el acceso a la justicia, especialmente en comunidades vulnerables. Si necesitas ayuda legal, no dudes en buscar a un defensor público: tus derechos están respaldados por la ley.

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El Consejo de Estado acaba de admitir una demanda que podría sacar de su cargo en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al magistrado José Joaquín Urbano. De acuerdo con el documento que llegó al alto tribunal, el proceso de elección del togado no garantizó la equidad de género y paridad al interior de las altas cortes.

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La demanda fue presentada por el abogado Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, quien le pide al Consejo de Estado que anule el acto de elección con el que se nombró como magistrado de la Sala Penal de la Corte a José Joaquín Urbano. Dice el demandante que se vulneraron normas que buscan fomentar la llegada de mujeres a altos cargos dentro de la Rama Judicial.

El documento señala que “se incurrió en una vulneración de los artículos 13, 16, 26, 40.7, 43, 209 y 231 de la Constitución Política de Colombia, así como el artículo 53B de la Ley 270 de 1996, el cual fue condicionado en su constitucionalidad por la sentencia C-134 del 20231″. A los ojos del demandante, “dado que aquel incumplió el deber que le impone la Constitución y la reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en el entendido dado por la Corte Constitucional, según la cual incluso en la etapa de selección de magistrados, debe alcanzarse la equidad de género y la paridad al interior de las altas cortes de manera gradual y paulatinamente”.

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En la demanda también se lee que “la subrepresentación de las mujeres en la Corte Suprema de Justicia ha sido un patrón persistente, especialmente en la Sala de Casación Penal, que sólo ha contado con cuatro (4) magistradas en toda su historia y nunca ha tenido dos mujeres al mismo tiempo”.

El documento además resalta que “las selecciones recientes parecen seguir confirmando el pacto de exclusión implícito en ese dicho: Hoy solamente hay una (1) mujer en la Sala de Casación Penal (Myriam Ávila Roldán), porque en los últimos dos (2) años se abrieron cuatro (4) vacantes (de un total de nueve -9- magistrados) y todas se llenaron con varones”.

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El demandante Ortiz señala que “se ‘renovó’ casi la mitad de la Sala, sin mujeres, lo que contraría la orden impartida por la Honorable Corte Constitucional y del legislador estatutario, en el sentido de que gradual y paulatinamente se logre la equidad de género y la paridad al interior de las Altas Cortes que, en el sub examine, hace referencia a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”.

La demanda fue aceptada y aterrizó en el despacho de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, de la Sección Quinta del Consejo de Estado. La consejera notificó al magistrado Urbano y al presidente de la Corte Suprema, a quienes además les pidió un copia del acto con el que se eligió a Urbano en el cargo, para estudiar el caso.

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Cristian, conocido como “un hijo de la paz”, logró reunirse con su familia materna después de 22 años de búsqueda. Este joven, nacido en medio del conflicto armado, aún busca a su madre, Luz Deivy Petro Ortiz, desaparecida hace más de dos décadas. Cristian creció en Bucaramanga, bajo el cuidado de personas que lo formaron con disciplina y lo acercaron a la fotografía, una pasión que define como su forma de “inmortalizar momentos”.

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Decidido a conocer sus raíces, la búsqueda de Cristian lo llevó a Tierra Grata, un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Manaure (Cesar), donde conoció a su padre, un firmante del Acuerdo de Paz.

En Tierra Grata, Cristian recibió el apoyo de la Corporación Humanitaria Reencuentros, una organización que trabaja junto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). En este proceso, se confirmó que su madre Luz Deivy Petro Ortiz murió durante el parto, y sus restos están desaparecidos desde entonces.

Mientras tanto, la familia Petro Ortiz también buscaba respuestas. Los padres de Luz Deivy, residentes en una parcela rural en San Diego (Cesar), habían recurrido a la UBPD en su incansable búsqueda. Fue este esfuerzo colectivo el que permitió que Cristian se reuniera con sus abuelos maternos, quienes describieron el encuentro como una “bendición en sus vidas”.

El reencuentro estuvo marcado por emociones, abrazos y el compromiso de fortalecer los lazos familiares. Sin embargo, la búsqueda de Luz Deivy continúa, con la esperanza de identificar sus restos y darles una despedida que ponga fin a décadas de incertidumbre.

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En 2024 la UBPD localizó con vida a 141 personas reportadas como desaparecidas debido al conflicto armado, y entregó los cuerpos de 387 víctimas a sus familias mediante ceremonias dignas o culturalmente pertinentes. La Unidad sigue recibiendo solicitudes y aportes de información en sus 28 sedes a nivel nacional. En Cesar, la atención se brinda en la carrera 8 #14–26, barrio Cañaguate, en Valledupar, o a través de las líneas telefónicas 3167444722 y 3165243128.

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En Medellín, en lo que va del año, se han reportado 16 homicidios, una reducción del 11 % frente al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 18. Sin embargo, al menos tres personas LGBTIQ+ han sido asesinadas de manera violenta en la ciudad y en Bello. Ante esto, la Corporación Stonewall, La Alianza Social LGBTIQ+, El Voluntariado Diverso y La Consejería Colectiva TODXS en el Consejo Distrital de Juventudes, se manifestaron con una carta dirigida al alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez.

Entre las víctimas se encuentran Andreina García, mujer trans de la comuna 2, Santa Cruz, y Mateo Jaramillo Naranjo, profesor de inglés de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien residía en Laureles, comuna 11. Además, Jonathan Rodríguez Osorio fue hallado sin vida en Bello en circunstancias que aún están siendo investigadas. Según el comunicado público emitido por las organizaciones, “estas situaciones preocupan y multiplican el temor en nuestra población”.

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El comunicado denuncia que los crímenes han sido cometidos con sevicia y muestran patrones de odio hacia las víctimas por su orientación sexual o identidad de género. “La forma en que asesinan a lxs cuerpxs de las personas LGBTIQ+ evidencia conductas de odio y violencia por prejuicio. Generando así un temor colectivo y un llamado urgente a encontrar respuestas y acciones contundentes por parte del gobierno”, afirma el documento.

Las organizaciones exigen a las autoridades esclarecer los móviles de los asesinatos, identificar posibles patrones de conducta de los victimarios y garantizar la seguridad de la población. “Estamos en la obligación de ejercer control político, proponiendo, construyendo y haciendo de la diversidad algo cotidiano”, se lee en el comunicado.

Asimismo, instaron a la Alcaldía de Medellín a fortalecer la estrategia del “123 Social” con el módulo diverso LGBTIQ+, que brinda atención a esta población, pero cuya implementación, según las organizaciones, aún es deficiente. “El servicio no es conocido en la ciudad, la periferia no lo reconoce, los comerciantes, bares y discotecas no saben de este servicio y mucho menos la población LGBTIQ+ en general”, señalaron en el documento.

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Otra de las propuestas es la creación de un comedor comunitario exclusivo para personas trans, que se ubicaría en las instalaciones de la Gerencia de Diversidades de Medellín. Según las organizaciones, ya se han realizado pilotos exitosos de esta iniciativa para atender a personas en condiciones de vulnerabilidad extrema.

Las denuncias también se extienden al Gobierno Nacional, señalando que “el silencio del Ministerio de la Igualdad y la ausencia de recursos para las organizaciones LGBTIQ+ de las diferentes zonas rurales y urbanas del país” son factores que agravan la crisis. De acuerdo con los datos presentados, en lo que va del mes se han registrado nueve asesinatos de personas LGBTIQ+ en todo el territorio colombiano.

Finalmente, las organizaciones reiteraron su disposición para trabajar de manera conjunta con las autoridades y construir soluciones. “Queremos construir esa Medellín donde prevalezca la vida y garantía de derechos, pero estamos en la obligación de levantar nuestra voz por las vidas que nos están arrebatando”, concluye el documento.

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Revisamos diversas fuentes para construir algunos tips que le pueden ayudar a evitar caer en alguna estafa a través de medios digitales, le contamos:

1. No compartas códigos de verificación: Nunca reveles a nadie los códigos de verificación que recibas por aplicaciones como WhatsApp. Los estafadores pueden hacerse pasar por empleados de estas plataformas para solicitarlos y acceder a tu cuenta.
2. Verifica solicitudes de dinero de amigos o familiares: Si recibes una petición de dinero de un conocido a través de redes sociales, confirma su identidad haciendo preguntas que solo ustedes sepan o realizando una llamada directa. Esto ayuda a asegurarte de que no se trata de un impostor.
3. No abras enlaces sospechosos en correos electrónicos: Evita hacer clic en enlaces o descargar archivos adjuntos de correos electrónicos que aparenten ser de bancos u otras instituciones financieras, especialmente si no esperabas recibirlos. Estos pueden contener virus o dirigir a sitios fraudulentos.
4. Sé cauteloso con llamadas de números desconocidos: La “estafa del wangiri” implica recibir llamadas perdidas de números internacionales desconocidos. Al devolver la llamada, podrías incurrir en altos costos. Es recomendable no devolver llamadas a números que no reconozcas.
5. Protege tus cuentas con contraseñas seguras: Utiliza contraseñas robustas y únicas para cada cuenta, y habilita la autenticación multifactor cuando esté disponible. Esto añade una capa adicional de seguridad frente a posibles accesos no autorizados.
6. Mantén tus dispositivos actualizados: Asegúrate de que todos tus dispositivos cuenten con las últimas actualizaciones de software y sistemas de seguridad para protegerte contra vulnerabilidades conocidas.
7. Sé consciente del uso de la Inteligencia Artificial en estafas: Los estafadores están utilizando herramientas de IA para crear contenidos falsos más convincentes, como audios o videos manipulados. Mantente informado sobre estas tácticas y verifica la autenticidad de las comunicaciones que recibas.

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El Departamento Administrativo de la Función Pública firmó, este jueves 16 de enero, una resolución y una circula externa que permite a las trabajadoras públicas acceder a la licencia menstrual.

La nueva normativa permite que las mujeres o personas menstruantes puedan solicitar a sus jefes inmediatos una licencia para trabajar tres días de su ciclo menstrual de manera virtual desde casa.

“Se concederá a las mujeres y personas menstruantes, cuando así lo decidan, tres días de trabajo virtual en casa al mes, ante la imposibilidad de llevar a cabo su jornada laboral debido a los síntomas generados por su periodo menstrual”, se lee en la resolución.

Vale señalar que la medida aplicará inicialmente solo para las trabajadoras vinculadas a la Función Pública, pero se emitió una circular para que otras entidades del Estado la apliquen.

“Esta medida, tanto la directiva como la circular externa, tendrá un impacto directo en 723.000 mujeres que hacen parte del servicio público”, explicó Paulo Molina, director (e) del Departamento de Función Pública.

De acuerdo con Molina, las mujeres y personas menstruales elegirán los tres días de su ciclo menstrual en acuerdo con sus jefes. Por su parte, la resolución aclara que las trabajadoras “dispondrán de sus propios equipos y demás herramientas para llevar las tareas asociadas con su cargo”.

Por su parte, el horario laboral, se precisa, será el mismo que se realiza de manera presencial, de acuerdo con lo pactado entre el trabajador y la entidad.

“Algunos nos preguntan esto, cómo afecta la productividad de las instituciones. Yo les digo, es que hay que pensar en el bienestar de los trabajadores, no podemos pensar en las personas, como máquinas de hacer dinero. Y el Estado, si piensa en igualdad y equidad, tiene que priorizar cosas como las que proponemos hoy”, explicó el director (e) del Departamento de Función Pública, Paulo Molina.

Molina, por su parte, agregó que esta normativa servirá como una experiencia de uno de las artículos propuestos por la reforma laboral que se discute en el Congreso de la República, y que propone también una licencia menstrual.

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El Pueblo U’wa, ubicado en los departamentos de Arauca, Santander, Casanare, Norte de Santander y Boyacá, defendió su tierra, su cultura y su derecho a existir frente a proyectos extractivos que amenazaron históricamente con su esencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la magnitud de estas vulneraciones y declaró al Estado de Colombia responsable por violar sus derechos fundamentales como la consulta previa, la propiedad colectiva y el acceso a la justicia. En esta entrevista, Juliana Bravo Valencia, abogada en EarthRights International, una de las organizaciones que lideró el litigio, narra cómo esta sentencia marca un hito en la defensa de los derechos indígenas y en la lucha por la protección del territorio y el medio ambiente.

¿Cuál fue la estrategia principal adoptada para demostrar las violaciones a los derechos colectivos del Pueblo U’wa?

EarthRights se sumó al proceso luego de que el caso fuera admitido a trámite ane la CIDH, así que la estrategia legal implementada desde aquel momento, especialmente en el litigio ante la Corte IDH, priorizó la documentación de las afectaciones a los derechos territoriales, culturales y ambientales de la Nación U’wa a partir de un enfoque basado en la comunidad mediante el cual recopilamos información primaria y secundaria que luego sirvió de prueba ante la Corte IDH. Trabajamos junto a la Nación U’wa y las demás organizaciones peticionarias (ONIC y CAJAR) identificando las afectaciones y luego las pruebas (documentos, fotografías, informes técnicos, peritajes, testimonios). La estrategia también fue poner en el centro la cosmovisión de la Nación U’wa como un eje que articula las afectaciones a los derechos de una manera interdependiente. Finalmente, la estrategia no solo tuvo un enfoque legal, sino que también implementó acciones de comunicación (interna y externa) y formación comunitaria.

¿Qué relevancia tuvo, dentro del proceso, demostrar las afectaciones culturales y ambientales sufridas por el Pueblo U’wa como consecuencia de los proyectos extractivos?

Fue un tema central, toda vez que la estrategia tuvo como centro la cosmovisión U’wa y la interrelación entre el territorio, los elementos que le componen y la cultura. Este enfoque y el lograr probar afectaciones culturales y ambientales hizo posible que la Corte comprendiera, por ejemplo, que las violaciones a los derechos a la propiedad colectiva, la libertad de expresión y la cultura, generaron también una grave afectación a la vida digna y la integridad de la Nación U’wa como consecuencia de la implementación no consentida de proyectos extractivos.

Un ejemplo de esto es el reconocimiento que la Corte realiza del especial significado que Ruiría (el petróleo) tiene para la Nación U’wa. Al respecto, señaló que “el Tribunal advierte que para la cosmogonía U’wa, Ruiría es la sangre de la madre tierra. En esta lógica, el petróleo y otros recursos naturales, incluidos aquellos del subsuelo, tienen un significado tradicional fundamental para la cultura del Pueblo U’wa. [...] Este Tribunal considera que es posible afirmar que la cosmovisión U’wa sitúa a sus tierras y territorio, y los elementos naturales que lo componen, en el centro de su sistema de valores culturales. La relación con las tierras y el territorio, consecuentemente, define no solo el modelo de vida colectivo y el proyecto de vida personal de los miembros del Pueblo U’wa, sino que está directamente involucrado en la conciencia individual y comunitaria, al grado de ser el rasgo definitorio de la identidad del pueblo y sus miembros”.

¿Qué precedentes establece esta sentencia respecto a los estándares de consulta previa en territorios indígenas, incluso cuando los proyectos están fuera de los límites geográficos del resguardo?

La Corte reconoció que los Estados deben garantizar la consulta previa ante potenciales afectaciones a derechos de los pueblos indígenas derivados de la realización de acciones en sus territorios ancestrales (titulados o no) e incluso fuera de estos, ya que “el derecho a la consulta previa busca proteger la afectación de los derechos de los pueblos indígenas ante la realización de acciones del Estado o de particulares, y no solamente el territorio entendido como un espacio geográfico”.

La Corte ordenó varias medidas de reparación. ¿Cómo se garantizará que estas reparaciones, especialmente las relacionadas con el saneamiento del territorio y la creación del fondo de desarrollo comunal, se implementen efectivamente?

Partimos de la buena fe y el compromiso del Gobierno del Cambio para acatar las órdenes de la Corte IDH, respetando los tiempos otorgados por el Tribunal, así como en coherencia con su manifestación de compromiso con los derechos de los pueblos indígenas. De cualquier manera, la representación de las víctimas y la Nación U’wa estaremos vigilantes al cumplimiento de acuerdo a las características señaladas por la Corte IDH, especialmente en relación con la concertación de las medidas con miras a que aquellas surtan un efecto reparador y no una revictimización.

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¿Cómo esperan que esta sentencia contribuya a fortalecer la protección de los derechos de otros pueblos indígenas en Colombia frente a proyectos extractivos?

Al tratarse de un precedente de obligatorio cumplimiento en la región, esperamos que los estándares desarrollados por la Corte puedan ser utilizados por otros pueblos indígenas y tribales para la garantía de sus derechos territoriales y culturales. También esperamos que los Estados de la región, particularmente Colombia, acaten los estándares establecidos por la Corte para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales.

Entre las principales cuestiones que resaltamos del fallo y que consideramos pueden aportar a fortalecer la protección de los pueblos indígenas y tribales, están las siguientes:

●La Corte reconoce por primera vez que los Estados deben tomar en cuenta la “triple crisis planetaria” en el cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía del derecho al medio ambiente sano. Al respecto, señaló en el párrafo 304:

“Asimismo, este Tribunal considera pertinente señalar que los Estados deben tomar en cuenta la “triple crisis planetaria” en el cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía del derecho al medio ambiente sano. La triple crisis planetaria describe la interconexión y los efectos combinados de tres amenazas globales: la contaminación ambiental, la pérdida de biodiversidad, y la crisis climática derivada de la explotación y uso de combustibles fósiles y las emanaciones de metano.

● La Corte reconoció una violación de los derechos a la vida e integridad del pueblo indígena U’wa al considerar que “las violaciones a los derechos a la propiedad, la libertad de expresión, participación política, y el derecho a la cultura y al medio ambiente sano han tenido un impacto en la calidad de vida del Pueblo U’wa, que además provocó sufrimientos a algunos de sus miembros” y que “se generó una situación de miedo para la comunidad de que las acciones del Estado continuaran afectando el territorio y sus valores culturales”.

●La Corte concluyó que el Estado colombiano incumplió su deber de evaluar el impacto acumulado de los proyectos implementados en el territorio de la Nación U’wa, fraccionando el análisis ambiental e invisibilizando el impacto a gran escala que su implementación acumulada generó sobre la Nación U’wa.

●La Corte reconoció que en la cosmovisión U’wa el territorio y los elementos naturales que le componen se ubican en el centro de su sistema de valores, por lo que su protección se garantiza no solo a través del derecho a la propiedad colectiva (21), sino además mediante el derecho a la participación en la vida cultural (art. 26) e incluso, en el razonamiento de al menos 3 jueces, a partir de la protección del derecho a la libertad de conciencia y religión (art. 12).

●La Corte reforzó los estándares que rigen los deberes estatales ante el ejercicio del derecho a la protesta social y reconoció los deberes diferenciados asociados a la niñez, al reconocer que “el uso de gas lacrimógeno para la dispersión de la protesta de los miembros del Pueblo U’wa constituyó una violación a los derechos de la niñez de aquellos que tuvieran esta calidad cuando el Ejército realizó acciones para la dispersión de la protesta del Pueblo U’wa” (párr. 250).

Durante el proceso, ¿cuáles fueron los principales obstáculos que enfrentaron para llevar este caso ante la Corte?

Uno de los principales obstáculos, no necesariamente legal, es el tiempo destinado a la obtención de justicia, pues ante graves violaciones a los derechos humanos, la Nación U’wa tuvo que esperar casi tres décadas para que un tribunal internacional se pronunciara. Otro obstáculo es la conformación de la Corte (a partir de un perfil occidental) y su falta de enfoque intercultural, cuestión que implicó un gran reto para lograr evidenciar las afectaciones culturales y la visión indígena en el caso concreto.

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Guillermo tiene 85 años y hace cuatro décadas fue una de las primeras mujeres trans que ejerció actividades sexuales pagas en Bogotá. En esa época usaba rellenos de trapos en los glúteos y senos para parecer mujer; otras decidieron transformar su cuerpo con cirugías artesanales. Guillermina, como le llamaban, conserva en su memoria los recuerdos del primer bar que permitió que mujeres trans, con el cuerpo modificado a base de silicona líquida e incluso aceite de cocina, ofrecieran servicios sexuales sin miedo a ser rechazadas o maltratadas. Sin embargo, también en Tabaco y Ron, en la carrera 4 con 22, constató como esa práctica artesanal cobró la vida de muchas. Poco a poco se volvió un problema de salud pública en un Estado que aún se niega a su transición con dignidad. Guillermina evoca a las que esos procedimientos ilegales les siguen provocando la muerte.

No tiene claro quién fue la primera trans colombiana que se inyectó artesanalmente, pero sí recuerda que esas prácticas llegaron de Europa. La violencia sistemática de la fuerza pública hasta 1980, cuando se descriminalizó el homosexualismo, las obligó a huir de Colombia. Desde los años 70 empacaron sus sueños y llegaron a Italia, España y Francia. Una de las primeras en partir fue la madre Lucy, como le decían sus hermanas. Cuando llegó a Roma (Italia), el panorama no era distinto. Prevalecía la prohibición de las actividades sexuales pagas, pero en las afueras de la ciudad, junto a otras trans, Lucy consolidó su espacio con carpas donde brindaba placer sexual a los transeúntes. En Europa, advirtió que las mujeres trans tenían grandes senos y glúteos. Con ese objetivo, ella aceptó su transformación artesanal.

Con una jeringa de 60 milímetros, ocho litros de silicona líquida, unas medias veladas para amarrarse la zona a inyectar y un anestésico local, una europea, en una habitación clandestina de un hotel de “mala muerte”, le puso todo lo que ella quiso. Guillermina y Lucy concuerdan en que la falta de recursos económicos las obligó a modificar sus cuerpos para ganar más dinero ofreciendo actividades sexuales pagas. “Ayer, como ahora, las travestis tenemos la oportunidad de cobrar más dinero si hay voluptuosidad”, explica Lucy. Cambiar su cuerpo le costó 30 euros. En la actualidad hacerlo cuesta entre $600.000 y $1’000.000. El deseo de reafirmar una identidad de género las llevó a una práctica que, entre murmullos e hipocresías, se mantiene desde hace décadas, con el desinterés de las entidades de salud blindadas en la falta de regulación.

“Ya perdí la cuenta de las que han muerto por inyectarse; podrían ser más de 2.000. Son muchas las que han estado en este bar y en estas calles y un día se mueren porque nadie les brindó ayuda o simplemente se quedaron en el procedimiento”, comenta Guillermina. Lleva mucho tiempo escuchándolas y ha visto cómo muchas trans de varias zonas del país ahora llegan a Bogotá, pero en busca de salud para recobrarse de los efectos de los biopolímeros. Una búsqueda en vano. Hasta la morfina que se inyectan para controlar los severos dolores deben conseguirla sin prescripción médica. Los efectos más lesivos se presentan con la desfiguración de su cuerpo como consecuencia de haberse inyectado desde silicona líquida hasta aceite Johnson o de cocina.

Las prácticas empezaron en Europa y les dieron una aceptación transitoria, pero hoy significa cavar a diario su tumba. Son conscientes de que lo que ostentan en sus cuerpos terminará matándolas. Es cruel admitirlo, pero Andrea Correa o Coqueta lo defiende. Según ella, su vida, marcada por la explotación sexual infantil, vio una luz de amor en 1997, en Italia, cuando se inyectó silicona en las piernas. El procedimiento fue tan exitoso que sirvió en Colombia para que otras pudieran reafirmar su identidad femenina. Diez años más tarde, Coqueta siente los efectos del biopolímero en los testículos, con dolores extremos que la obligaron a viajar a Brasil a una intervención de urgencia para salvar su vida. Después de muchos años de trabajo, costear ese procedimiento le quitó la posibilidad de comprar su casa en Colombia.

En efecto, al constatar que la muerte le caminaba a su paso, debió invertir los ahorros de largos años de actividades sexuales pagas en una solución de $35’000.000 que a medias controló los graves efectos de los biopolímeros. Coqueta refuerza la definición de “a medias”, porque tiene que volver al quirófano, solo que ahora ya no tiene el dinero suficiente y su EPS no le autoriza el procedimiento. Lo que le sucede a Coqueta no dista mucho de lo que otras mujeres trans padecen en Colombia. Las calles de los barrios Santa Fe y Mártires, en Bogotá, testifican esa práctica sistemática, prohibida, pero que, según Guillermina, se realiza sin restricciones porque no existen políticas públicas que garanticen los debidos o mínimos tratamientos hormonales para la población trans.

Amparadas por algunos fallos de la Corte Constitucional, son contadas las mujeres trans que han podido acceder a terapias hormonales. Quienes no lo han logrado continúan forzadas al único método para su trabajo: inyectarse sustancias modelantes en el cuerpo. Sin embargo, Lucy, Coqueta y Guillermina saben perfectamente que estos químicos están acabando con sus vidas y las de muchas personas trans. Han visto en lugares clandestinos a mujeres trans sin senos ni glúteos, pero que salen a las calles con el cuerpo que siempre han soñado. Ellas mismas, como lideresas de la actividad en Bogotá, han prohibido la práctica de las operaciones artesanales en el barrio Santa Fe, pero saben que en otros barrios de la capital se sigue promoviendo.

Aunque los efectos en el cuerpo suelen ser tardíos, hay unas, como Lucy y Coqueta, a quienes los malestares les comenzaron después de los diez años. A otras solo fue cuestión de meses e incluso de semanas. En las calles del centro de Bogotá son evidentes los cuerpos deformados por el uso de los biopolímeros. Las mujeres trans que ofrecen actividades sexuales pagas muestran libremente una piel defectuosa. Senos, glúteos y piernas llenas de vasos sanguíneos rotos que provocan los moretones. Espaldas con masas o hundimientos, producto de la migración de las sustancias a otras zonas del cuerpo. Piernas o senos que, en muchas ocasiones, han explotado, y al no contar con una EPS, terminan en heridas infectadas tratadas con remedios caseros.

Aunque se ven a diario, muchas insisten en seguir alterando sus cuerpos con la excusa de que las que tienen afectaciones fue porque no pagaron lo suficiente para que las inyectaran bien. Además, quienes sufren las consecuencias, cuando buscan ayuda, son victimizadas con una premisa: “Ustedes se lo buscaron”. Lucy añade: “Sí, lo buscamos, pero lo tuvimos que hacer porque no teníamos ni tenemos derecho a una salud integral”. A eso se suman el desconocimiento y la ignorancia de lo que podía conllevar ese procedimiento. En su caso particular, en 2021, la piel de sus glúteos se oscureció, producto de la necrosis, y una noche de noviembre esa zona explotó. Cuando la trasladaron al hospital, tuvieron que amputarle los glúteos. Desde 2016 acudió a varios médicos, pero no le brindaron una solución a los problemas que se veían venir.

Mariángel también trabaja en el barrio Santa Fe y, pese a que conoció la historia de Lucy, está dispuesta a operarse artesanalmente. Le faltan $2’000.000 para viajar a Pereira (Risaralda) a ser inyectada por una amiga. La razón es simple: su EPS no le acepta un tratamiento de hormonización. “Sé que han muerto muchas, pero quiero ser una mujer y la EPS no me ayuda”, cuenta. Su dolor radica en que no ha logrado ser una mujer trans porque el sistema de salud le niega esa posibilidad. Ante eso, la silicona es su solución. Conseguir ese tipo de sustancia no es tan complejo: en los almacenes de químicos de la calle 13 la venden al por mayor y al detal sin regulación de la Superintendencia de Industria y Comercio. Cualquier persona puede comprar aceite de avión o silicona líquida.

De alguna manera, las mujeres trans destinan su vida al dolor y a la deformación que genera una sustancia ajena en el cuerpo. Las EPS no tienen siquiera un registro de cuántas trans han muerto por ser víctimas de los biopolímeros. “Las vidas de las mujeres trans no valen nada”, recalcan al unísono Lucy, Coqueta y Guillermina. Las mujeres en la zona dicen que van más de 130 en lo corrido de 2024, pero es difícil asegurarlo. En otras zonas del país el panorama es el mismo, porque cada testimonio concuerda en una práctica que se expande por el territorio nacional sin que las entidades de salud atiendan a una población que durante décadas carga la discriminación y el rechazo social y estatal.

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Ha sido una semana turbulenta para la memoria y las luchas de las mujeres buscadoras de desaparecidos de la Comuna 13, en Medellín. A comienzos de semana, colectivos artísticos pintaron un mural en el norte de la capital antioqueña en la que se exaltan los gritos de justicia que las familias de desaparecidos forzados de esos barrios han emprendido desde hace 20 años.

El mural no duró ni 12 horas, pues fue borrado por la Alcaldía de Medellín al alegar que ese tipo de arte no correspondía a los cánones de una ciudad “limpia y bonita”.

Pero no es la primera vez que se censuran estas muestras hechas por víctimas que, más que algo artístico, son un ejemplo de memoria frente a lo que han tenido que sufrir en la búsqueda de justicia y reivindicación de sus familiares desaparecidos.

En 2021, precisamente, la Corte Constitucional resolvió un pleito judicial con otro mural bien conocido en Colombia: “¿Quién dió la orden?”. En la sentencia 281/2021, proferida por ese alto tribunal, se dejó claro que la memoria, en lugar de ser algo objetivo y puramente artístico, es un derecho colectivo que tienen los colombianos y, por ende, debe ser protegido por la Constitución. Además, rechazó que estas muestras se censuren, pues silenciando la memoria, dice la Corte, “puede resultar en la revictimización de los afectados por los respectivos crímenes”.

De aplicarse las mismas “reglas del juego” del mural que denunciaba a altos mandos del Ejército por falsos positivos al caso de “las cuchas”, las madres buscadoras de la Comuna 13 tendrían un respaldo jurisprudencial, pues sus denuncias se basan en datos contrastables y, como explicó la Corte, “los jueces no tienen el monopolio de la verdad y la memoria”.

“El derecho a la verdad tiene una dimensión colectiva que tiene como fin ´preservar del olvido a la memoria colectiva´, y una dimensión individual que se realiza en el ámbito judicial. En ese sentido, las víctimas tienen derecho a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones (y hacer muestras de memoria por sus familiares)”, explica la sentencia.

Tutela contra la memoria

A finales de 2019, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) empezó a circular una imagen que en cuestión de horas se tornaría viral. Era una fotografía de un mural realizado en Bogotá el cual retrataba los rostros de cinco altos mandos del Ejército que, según denunciaba la pieza artística, estuvieron involucrados en la comisión de falsos positivos en Colombia. Entre ellos se encontraba la silueta de Mario Montoya, hoy procesado por la JEP por no aceptar los cargos de exigir “carrotanques”, “litros” y “barriles” de sangre como una orden militar; y también el rostro de Marcos Evangelista Pinto, imputado por esa Jurisdicción tras ser acusado de estar al mando de una brigada que tiene a sus espaldas al menos 200 casos de “falsos positivos”.

La imagen empezó a circular a toda velocidad en redes sociales y medios de comunicación. Pero no duró mucho antes de empezar a encontrarse con zancadillas judiciales. A través de una tutela, el excomandante (r) solicitó que la imagen fuese eliminada de las cuentas del Movice y se ofreciera una rectificación. Para él, la imagen había transgredido los límites de la libertad de expresión hasta convertirse en un acoso digital y, con ello, afectar su derecho al buen nombre, la honra, la dignidad humana y el de su familia. Además, el exuniformado argumentó que para ese entonces la justicia no se había pronunciado sobre si era, o no, responsable de los crímenes que se le achacaban, por lo que su presunción de inocencia también estaba siendo violentada.

Movice contestó que, a menos de que la justicia se lo ordenara, no eliminaría la ilustración de “¿Quién dio la orden?”, pues hacerlo convertiría a las familias víctimas de falsos positivos en victimarios y, por exigir justicia, estas deberían arrepentirse de hacer memoria por sus allegados. Incluso crearon nuevas ilustraciones en las que rezaba: “Aquí no ha pasado nada. Con tutelas buscan censurar el mural, ¿quién dio la orden?”.

En un fallo de primera y segunda instancia la justicia desoyó los pedidos del Movice para garantizar que el mural fuera protegido. Entre los argumentos que esbozaron estaban que Pinto, aunque señalado de ejecuciones extrajudiciales, en el momento no había sido condenado ni tenía una sentencia en su contra. Allí se consideró que refugiarse en la libertad de expresión no era una excusa válida para ultrajar el buen nombre de una persona, incluso siendo un funcionario público que democráticamente debe estar abierto al escrutinio y la crítica.

El caso demoró meses en llegar a los estrados de la Corte Constitucional que tomó una decisión de avanzada y considerada como “histórica” por las víctimas del conflicto en aquel momento.

El laberinto judicial

Al escuchar a todas las partes, incluidos a terceros que ofrecieron su concepto jurídico sobre lo que estaba en disputa en ese pleito, la Corte tomó una decisión con sabor a justicia. A través de la sentencia 281/2021 el alto tribunal zanjó un debate que se revivió por estos días con el mural de “Las cuchas tienen razón”: el de la libertad de expresión y por qué una pieza de memoria no puede ser censurada.

“Para la Sala es claro que no se configura un ejercicio abusivo de la libertad de expresión en este caso. Así, luego de realizar el análisis objetivo expuesto, se reitera que el mensaje es de interés público; se relaciona con las responsabilidades de una persona que ejerce mando en el Ejército Nacional; no carece en absoluto de sustento en las investigaciones judiciales que actualmente se adelantan, y no se traduce en afirmaciones vejatorias o desproporcionadas”, concluyó la alta corte.

La Corte hizo todo un estudio jurisprudencial sobre la memoria, por qué esta es un derecho colectivo y protegido, pero también sacó de sus gabinetes otras sentencias que hablaban sobre libertad de expresión y los perjuicios de censurar una pieza de memoria hecha por víctimas del conflicto. Allí mencionó, una vez más, que ni los jueces, ni los magistrados, son los que tienen el monopolio de la verdad y la memoria y que Movice en realidad no había transgredido ningún derecho, pues se trataba de un grito de justicia.

“Estas vías extrajudiciales (el mural y las ilustraciones de Movice) involucran dimensiones de pedagogía y esclarecimiento de hechos de gran impacto para la comunidad, si se tiene en cuenta que la sociedad receptora de estos relatos también tiene derecho a la verdad y a la memoria, así como la obligación de impedir que los crímenes denunciados se repitan”, aclaró.

Como se supo en el momento, la sentencia protegió el mural de “¿Quién dio la orden?” y además, dejó claro una decisión que los familiares de ejecuciones extrajudiciales llevaban esperando por años. “Cualquier acto de censura previa por parte de las autoridades es una violación del derecho a la libertad de expresión”, explicó la Corte.

¿Y las “cuchas”?

La jurisprudencia sobre la Corte Constitucional es clara frente a estos casos: censurar las expresiones de memoria hacia las víctimas de las guerras no solo es una limitación a su derecho de libertad de expresión, sino un intento de revictimizarlas. Además atenta contra un derecho colectivo, que es el de la memoria.

Como lo hizo con el caso de Pinto, la Corte explica que las expresiones de memoria, cuando se habla de víctimas de la guerra y personas que sobrevivieron a la violación de sus derechos humanos, se refiere a un “discurso protegido”, aún si se tutela, censura o genera polémica.

Dentro de los principales argumentos que elevó ese tribunal se encontraba que los murales y denuncias de las víctimas “no son producto de la imaginación, sino que corresponden a las investigaciones que adelanta la JEP”. Bajo esa misma lógica, las madres de La Escombrera, también estarían protegidas de hacer expresiones de memoria, pues durante 20 años han defendido que en esa montaña de Medellín, considerada como la fosa común a cielo abierto más grande del mundo, hay cuerpos humanos, denuncia que se respaldó en diciembre cuando se encontraron las primeras estructuras óseas bajo miles de metros cuadrados de tierra.

Además, las madres buscadoras de La Escombrera tienen, según ese mismo tribunal, el derecho a hacer memoria por sus familiares desaparecidos. Sus expresiones artísticas, cuenta la sentencia de “¿Quién dio la orden?”, constituyen un grito de justicia, esta vez pronunciada en Medellín. En pocas palabras: al tratarse de un derecho, debe ser protegido por la ley, las autoridades y la sociedad.

Para la Fundación de Libertad de Prensa, la censura que sufrió el mural de estas mujeres constituye una clara violación a la libertad. Aunque desde la Alcaldía de Medellín se argumente que el mural fue elaborado por “vándalos” y que en sus trazos se buscó “generar caos”, igual se estaría violentando el derecho de libre expresión.

“(Federico Gutiérrez y Andrés Guri, concejal de Medellín) están llamados a respaldar y garantizar la libertad de expresión en el marco de una sociedad deliberativa y democrática (...) Esta decisión arbitraria (de censurar el mural) afecta la libertad de expresión de la ciudadanía, pues pretenden silenciar expresiones artísticas que, de manera legítima, hablan sobre aspectos esenciales para el debate público y pueden considerarse una revictimización contra quienes quieren visibilizar estos asuntos”, concluye la FLIP.

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Cuando la “carroza de la paz” salió a desfilar por las calles de Pasto, la capital de un departamento que ha visto a la guerra instalarse en su geografía, la apuesta por la justicia restaurativa empezó a consolidarse un poco más.

A inicios de 2025, dos organizaciones de víctimas del conflicto se unieron con excombatientes e integrantes de la Fuerza Pública para construir una carroza que fue elaborada con metal, justicia restaurativa y la certeza de que la reconciliación es el camino para lograr la paz. Por un lado estuvo ADIV, un colectivo que ha abanderado la búsqueda de desaparecidos forzados desde hace décadas en el departamento. Por el otro estuvo AVICPONAR: un grupo de policías sobrevivientes al conflicto armado en Nariño.

La inmensa estructura desfiló en el Carnaval de Negros y Blancos y demostró que mientras los tribunales hacen su trabajo para proferir sentencias y recabar la verdad del conflicto, quienes protagonizaron la guerra pueden ir avanzando pasos hacia la justicia restaurativa.

El Espectador habló con la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (Codhes), organización que acompañó la elaboración de la carroza sobre la historia de cómo en Nariño, uno de las regiones más afectadas por las balas, se están cultivando iniciativas de paz y restauración.

“La carroza es mucho más que construir una estructura. Es la idea de crear un símbolo que representa una tradición de paz en Nariño y muestra lo que hacen las víctimas, pero también los victimarios, en favor de la paz, la justicia y la reconciliación”, explica Katherine Zamudio, coordinadora de oficina suroccidente de la Consultoría.

El paso a paso

Mientras que artesanos, indígenas y campesinos se reunieron por meses en 2024 para discutir qué rostro y simbolismos darle a las carrozas que participarían en el Carnaval, las víctimas y excombatientes ya sabían el mensaje que querían transmitir en esas fiestas: el de la reconciliación y la justicia.

Cada año, como es costumbre, se celebra este festival considerado como un espacio para visibilizar la cultura colombiana, pues allí se congregan indígenas que exaltan el liderazgo de sus taitas, grupos afro, campesinos y otros colectivos que, como sucedió este año, construyeron una carroza de La Vorágine, la obra de José Eustasio Rivera que habla sobre la riqueza natural de Colombia, pero también de los episodios de explotación que los indígenas de Putumayo tuvieron que vivir a causa de la fiebre del caucho a inicios del siglo XX.

Pero este año hubo una estructura andante que no se veía en el pasado: una carroza de la paz. A comienzos de 2024, un grupos de organizaciones le propusieron a dos colectivos de víctimas (de desaparición forzada y violencia sexual) a unirse a una apuesta de justicia restaurativa y construir, mano con mano, una carroza junto con quienes en el pasado violentaron sus derechos.

El trabajo no era sencillo, pues mientras las víctimas escucharon la propuesta, en la Jurisdicción Especial para la Paz aún queda trabajo por ofrecer verdad y sentencias judiciales contra los máximos responsables del conflicto.

Zamudio explica que el Carnaval fue una oportunidad para demostrar que el tejido social desgarrado por la guerra sí puede reconstruirse y la mejor forma que hallaron para hacerlo en Nariño fue a través de la construcción de las carrozas.

“Estar en este proyecto ya es un tipo de diálogo y justicia, pues genera empatía hacia las víctimas y comprensión frente a las consecuencias que trae la violencia. En el pasado las víctimas reclamaban que no eran visibilizadas ni escuchadas. Con la carroza se logró transformar el dolor en arte y se creó un espacio de sanación entre víctimas y victimarios”, comenta la experta.

Junto con Pastoral Social, la Agencia de Reincorporación Nacional y la Gobernación de Nariño, entre otras organizaciones, se le dio luz verde al proyecto de construir una carroza a manos de víctimas y excombatientes.

Al verse “cortos” de dinero para financiar la carroza, ambos protagonistas de la guerra salieron por las calles de Nariño en busca de recursos para costear los materiales y la mano de obra de su nueva obra. En espacios cerrados esbozaron la arquitectura del carruaje, debatieron sobre la mejor forma de construirla y, en una comparsa con sabor a justicia, la presentaron ante Colombia en el Carnaval, a inicios de este 2025.

Una ruta de justicia

¿Hay daños irreparables? ¿Se puede perdonar un crimen por doloroso que sea? Esas fueron algunas de las preguntas que se plantearon desde Codhes antes de empezar a pavimentar el proyecto. Por ello, diseñaron junto con Pastoral Social una ruta de reconciliación entre las víctimas y los excombatientes.

A través de cinco encuentros presenciales y con enfoques específicos, las organizaciones sentaron a quienes en el pasado cometieron y sufrieron las estrategias de la guerra para poder sanar sus heridas.

En el primer encuentro, por ejemplo, se habló de la importancia de la memoria y cómo a través de la palabra y las manifestaciones orales, tanto afectados como victimarios, pueden expresar sus vivencias y lo que sienten.

También hubo espacios para hablar de verdad, esclarecimiento, perdón y reconciliación en la que víctimas y excombatientes pusieron su esperanza para sanar y perdonarse.

Aunque los colectivos de víctimas pertenecen a dos de los crímenes más denunciados y atroces del conflicto, se insistió en la importancia de estos procesos para lograr sanar y, con ese acto, perdonar para construir paz.

“Estar en este proceso facilita el perdón. Claro que el daño causado es enorme, pero hay quienes quieren seguir trabajando por sanar o enmendar lo que sucedió en el pasado”, comenta Zamudio.

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En agosto de 2023, un colegio de Sogamoso (Boyacá) fue expuesto públicamente por incurrir en prácticas discriminatorias en contra de algunos de sus estudiantes, que se identifican como parte de la comunidad LGBTIQ+. En la institución, durante la clase de educación sexual, según las denuncias de los estudiantes, no se les enseñaba a llevar una vida sexual más responsable y plena, sino que se tornó en una cátedra homofóbica. Además, estudiantes pertenecientes a esa comunidad fueron expulsados, simplemente, por su orientación sexual.

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Por lo ocurrido en ese colegio, uno de los alumnos, también identificado como integrante de la comunidad LGBTIQ+, trató de defender a dos de sus compañeras expulsadas por ser pareja. Además, denunció públicamente las prácticas discriminatorias de los miembros de la institución, historia que se hizo viral. Por esa razón, el colegio lo expulsó, al igual que a sus compañeras, dejándolos sin su derecho a la educación. El caso escaló hasta la Secretaría de Educación de Sogamoso, en donde le sugirieron al estudiante y su familia borrar los videos con las denuncias para minimizar los daños y buscar su reintegro a la institución, también, le dijeron que debía pedir disculpas por, supuestamente, haber dañado el buen nombre de la institución.

Aunque finalmente se le permitió terminar el año escolar en la institución educativa, el joven estudiante y su familia decidieron llevar el caso ante la Corte Constitucional a través de una tutela. El caso llegó al despacho del magistrado Vladimir Fernández Andrade, quien lideró el estudio y sentencia del expediente (T-529 de 2024). Pero, con una particularidad. La decisión fue escrita en un lenguaje muy sencillo, directamente para el joven, no solo dándole la razón y protegiéndole sus derechos, sino que además le jaló las orejas al colegio y reconoció la valentía del estudiante.

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“Sabemos que enfrentaste momentos difíciles en tu colegio debido a actos de discriminación que afectaron tu bienestar. Estas agresiones no solo te hicieron sentir incómodo, sino que también privaron a tus compañeros de aprender de ti y de apreciar tu valor. El acoso escolar es un problema que nunca debe ser tolerado, y es aún más reprochable cuando es facilitado o ignorado por las instituciones educativas. En tu caso, tanto las autoridades escolares como la Secretaría de Educación no cumplieron con su deber de protegerte, lo que impactó negativamente en tus derechos”, dice la Corte en su decisión.

El alto tribunal reconoció en la decisión que le envió al joven estudiante que su colegio “en lugar de ser un espacio seguro para tu desarrollo, se convirtió en un escenario de actos discriminatorios, con comentarios estigmatizantes sobre tu aspecto físico, la obligación de ver una película en la clase de educación sexual que promovía la ‘transformación’ de la homosexualidad, y, posteriormente, reproches, intimidaciones y represalias frente a tus denuncias de discriminación". La sentencia también resalta que los actos de la institución en contra de los estudiantes reflejan "estereotipos dañinos y prejuicios sobre la orientación sexual y las normas de género, imponiendo expectativas rígidas y carentes de la evidencia científica que requiere la educación sexual".

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Al haber expulsado al estudiante, dice la Corte, el colegio no garantizó sus derechos al debido proceso, a la libertad de expresión, a denunciar injusticias sin temor a represalias y a defender derechos humanos. Asimismo, el alto tribunal señaló que la Secretaria de Educación "en lugar de actuar de manera efectiva para proteger tus derechos, promovió y validó medidas que agravaron la exclusión y dificultaron tu proceso educativo. En ese sentido, es comprensible que sientas preocupación y frustración al haber denunciado y ver que no se resolvió el problema. Nada de lo que sucedió debió haber ocurrido".

El alto tribunal también le explicó al joven estudiante su decisión: "primero, el derecho a una educación digna en condiciones de igualdad y libre de discriminación, que implica ser tratado con respeto y empatía, valorando lo que te hace único; segundo, el derecho a autodeterminar tu identidad, incluida tu orientación sexual, sin interferencias indebidas; tercero, el derecho a expresar tus preocupaciones y denunciar discriminación sin temor a represalias; y, cuarto, tu derecho a defender derechos humanos, lo que significa que puedes actuar en defensa de los derechos fundamentales, tanto tuyos como de otros, especialmente cuando consideres que están siendo vulnerados o amenazados“.

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Así las cosas, el colegio tendrá que ofrecerle al joven y sus compañeros expulsados programas de nivelación para ponerse al día con sus estudios, también se estableció que el colegio no puede discriminarlo a él ni a ningún otro estudiante por su orientación sexual ni por defender a sus compañeras. Igualmente, la institución tendrá que pedirle disculpas públicas “reconociendo que no manejaron de forma adecuada la situación de discriminación y comprometiéndose a implementar medidas para prevenir que casos como el tuyo se repitan”, y tendrán que cambiar el manual de convivencia, de tal manera que se respeten los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, la intimidad y la no discriminación de toda la comunidad educativa.

"Agradecemos tu valentía y determinación. Admiramos la manera en que enfrentaste las dificultades que surgieron en tu colegio", concluyó el alto tribunal.

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Incluso después del hallazgo de restos forenses en La Escombrera, las mujeres buscadoras de Medellín siguen siendo blanco de ataques y estigmas por intentar encontrar a sus desaparecidos.

Foto: Valentina Arango Correa

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Mural "Las cuchas tenían razón", en homenaje a las buscadoras de desaparecidos de La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín.

Foto: Valentina Arango Correa

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Así son los grafitis digitales que publicó la Defensoría del Pueblo en respaldo a las víctimas del caso La Escombrera de Medellín.

Foto: Defensoría del Pueblo

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Así son los grafitis digitales que publicó la Defensoría del Pueblo en respaldo a las víctimas del caso La Escombrera de Medellín.

Foto: Defensoría del Pueblo

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Así son los grafitis digitales que publicó la Defensoría del Pueblo en respaldo a las víctimas del caso La Escombrera de Medellín.

Foto: Defensoría del Pueblo

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Así son los grafitis digitales que publicó la Defensoría del Pueblo en respaldo a las víctimas del caso La Escombrera de Medellín.

Foto: Defensoría del Pueblo

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Así son los grafitis digitales que publicó la Defensoría del Pueblo en respaldo a las víctimas del caso La Escombrera de Medellín.

Foto: Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín Ortiz, publicó en redes sociales una creativa campaña para respaldar a las víctimas del caso La Escombrera, quienes esta semana pintaron grafitis en memoria de sus seres queridos en el deprimido de la Terminal del Norte de Medellín. Sin embargo, al día siguiente, fueron borrados por orden de la Alcaldía de Medellín.

A través de una serie de grafitis digitales, la entidad mostró su apoyo a las víctimas y declaró: “Las violaciones de derechos humanos, como las desapariciones forzadas, no se pueden borrar de un brochazo. Por eso es que casos como el de La Escombrera, en Medellín, deben ser aclarados y judicializados. Las cuchas deben ser respetadas y apoyadas”.

El revuelo sobre el tema arrancó el pasado lunes, cuando funcionarios de la Alcaldía de Medellín, liderada por Federico Gutiérrez, borraron un mural que habían pintado una unión de artistas y organizaciones de Medellín el domingo 12 de enero. La intervención censurada decía: “Las cuchas tenían razón”, y su objetivo era hacer un homenaje a las buscadoras de La Escombrera.

Después de décadas de denunciar que en esa zona de la ciudad habían sido enterrados sus seres queridos, víctimas de la violencia ejercida entre guerrillas, grupos paramilitares y el Ejército, el pasado 18 de diciembre de 2023 su lucha tuvo sus primeros frutos. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidos y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encontrar los primeros restos humanos en ese lugar.

Además de la frase, el mural también tenía el rostro de la vocera del colectivo de Mujeres Caminando por la Verdad, Margarita Restrepo, quien busca a su hija Carol Vanesa Restrepo, desaparecida en el año 2002 cuando tenía 17 años. Su pintura y las palabras que representan la lucha de las víctimas de La Escombrera fue borrada con pintura gris. El alcalde Gutiérrez explicó en redes sociales que la orden de borrarlo era porque tenía “claro que el espacio público de la ciudad es de todos y hay mantenerlo limpio y bonito”.

La censura ocasionó polémica nacional y, en cuestión de horas, las víctimas y colectivos de víctimas volvieron a pintarlo. En respaldo a ellas, la Defensoría publicó en sus redes varios grafitis digitales con frases como: “No estaban locas: buscaban la verdad que el silencio intentó ocultar”; “La Escombrera no es solo tierra y escombros. Es un grito de verdad y justicia que sigue resonando”; “La luz de esperanza en La Escombrera es el reflejo de la lucha incansable de las víctimas”.

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Una sentencia judicial similar a la proferida en el caso de Rosa Elvira Cely, mujer asesinada y víctima de negligencia médica y judicial para intentar salvar su vida, se profirió en el departamento de Bolívar. A finales de diciembre, el magistrado Jean Paul Vásquez tomó la última decisión sobre el caso de un feminicidio ocurrido en Cartagena que, para él, tenía que examinarse más allá de las sanciones penales.

El caso era estremecedor: una mujer con ocho meses de gestación fue engañada, torturada, “desembarazada” con una cuchilla de afeitar y finalmente asesinada por un policía y su pareja sentimental para, aunque suene increíble, robar a su bebé y registrarlo como su hijo.

El magistrado del Tribunal Administrativo de Bolívar estudió el expediente, revisó los hechos y concluyó que, aunque ya se habían enviado a 60 años de cárcel a los dos feminicidas de la mujer, el Estado también tenía responsabilidad en el asesinato, por lo que lo condenó a pagar $380 millones a los familiares para reparar los daños, además de medidas simbólicas.

Esta es la historia de cómo el jurista, que ya cuenta en su currículo con premios por haber proferido sentencias con enfoque de género, condenó a la Nación por haber sido “administrativamente responsable” del caso de un feminicidio que, a 10 años de cometido, acabó de encontrar justicia.

“¿Por qué no pudimos protegerla?”

En 2014 se empezó a escuchar en Cartagena una historia poco creíble, sobretodo por lo sádico de su líneas. Kellys Zapateiro, una mujer con ocho meses de embarazo, había desaparecido. A tan solo 23 metros de la estación de Policía de Manzanillo del Mar, un barrio rústico en la orilla costera de Cartagena, la historia dejó de ser un rumor y se convirtió en realidad.

Al iniciar turno, un patrullero de la caseta policial encontró un brazo humano, algunos elementos manchados de sangre y, según su testimonio, una hoguera alimentada en las últimas horas. Era el brazo de Kellys; la sangre hallada en la tierra, en una pala y una colchoneta correspondían al perfil genético de la mujer gestante y la fogata terminó siendo el lugar donde los restos fueron incinerados.

El caso cursó su rumbo en un juzgado y se comprobó que Kellys fue engañada por una compañera, conducida a la estación de Policía de Manzanillo del Mar y, por cerca de seis horas, sometidas a torturas a manos de un patrullero y su amiga para “desembarazarla” con una cuchilla de hoja. Todo eso antes de recibir un disparo con el arma oficial del uniformado. Ambos fueron hallados culpables y enviados a purgar una condena de 60 años de prisión.

Pero la familia de Kellys no quedó conforme con ese fallo judicial. Según sus allegados, la Nación también había sido responsable del asesinato, no por acción ni por omisión, sino porque era impensable que en un edificio destinado a proteger derechos se hubiese permitido semejante asesinato, sumado a que los instrumentos del feminicidio fueron sacadas de la despensa de la Policía.

“La joven madre tenía el derecho a permanecer segura al interior de una entidad estatal (...). Fueron precisamente (los policías de la estación) los que incurrieron en sistemáticas omisiones que terminaron por facilitar el fatal desenlace”, reza la sentencia.

A través de una nueva demanda, esta vez de carácter contenciosa, los parientes argumentaron que merecían una reparación diferente a ver a los agresores en un pabellón carcelario. Por eso, iniciaron un largo camino que pedía que se declarara al Estado responsable por fallas en el servicio y, además, una sentencia con perspectiva de género para demostrar que el feminicidio era un daño moral irreparable, que toda la familia debía recibir compensación económica y el Estado, debía tomar medidas de reparación para evitar que se repitiera la historia.

En 2020 lograron que un juez de primera instancia les diera la razón: el Estado era responsable en el feminicidio y ordenó una indemnización solo a algunos de los familiares de Kellys, pero dejó por fuera las medidas de reparación simbólicas (un perdón público y una placa conmemorativa) y la pretensión que insistía en que esos policías de Manzanillo debían someterse a exámenes psicológicos para que no se repitiera esa historia.

Pero no fue aceptado. Tanto la familia como la Nación, que en este caso representa al Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, apelaron y buscaron una decisión diferente en una segunda instancia. El caso llegó al despacho de Vásquez que, antes de empezar todo el análisis probatorio, lanzó una cita literaria al aire: “Estamos encerrados en una burbuja de culpa y vergüenza preguntándonos una y otra vez: ¿qué fue lo que no vimos? Éste es el eco. ¿Por qué no pudimos protegerla?”.

Servicio fallado

El caso que llegó al despacho del magistrado es similar al que en su momento apareció en un expediente en Bogotá con el caso de Rosa Elvira Cely. Aunque los perpetradores del feminicidio ya estaban, para el momento del estudio, en la cárcel, el grito de justicia se centraba en ver qué instituciones del Estado fueron responsables de la muerte. En su momento, la Fiscalía y la Subred de occidente fueron condenados pues, de haber hecho su trabajo, ni Cely hubiese sido agredida en el Parque Nacional, ni hubiese tenido que esperar tres horas en estado agónico para recibir atención médica.

Eso mismo hizo la familia de Kellys: buscar por qué el Estado permitió que el crimen, a tan solo 23 metros de una estación de Policía, se pudiese realizar sin que ningún funcionario lo detuviera.

Aunque en el juicio quedó explícito que no es posible, en pocas palabras, prevenir el futuro, sí quedó constatado que hubo “fallas en el servicio”. Mientras el feminicida cometía el asesinato, seis de sus compañeros estaban en el mismo predio y aunque escucharon disparos, el hombre pudo disponer de cinco horas y media para cometer el delito.

“La entidad (estación de Policía) contaba con las herramientas y la obligación de vigilar cómo se prestaba el servicio en las instalaciones, lo que claramente se omitió mucho antes de la comisión del delito. Dejando pasar este hecho por alto, (los patrulleros) optaron por seguir descansando, cuando lo que realmente estaba ocurriendo era el feminicidio”, narra el fallo.

Vásquez halló que hubo varias fallas por parte de los policías antes, durante y después de cometido el crimen. Uno de los primeros vino por parte de los superiores, que no pasaron revista sobre quiénes quedaban con qué armas. El segundo de ellos provino por parte de los colegas del feminicida, que aunque escucharon disparos y lo vieron con una mujer prendiendo una hoguera, no se acercaron ni reportaron esas novedades que era a todas luces contraria al protocolo de la Policía.

Cuando el feminicidio ya se había consumado y las riendas penales ya estaban en marcha, todos fueron llamados por la justicia para exigir explicaciones sobre lo que sucedió. Pero lo que encontraron los jueces fueron excusas y justificaciones. Uno de los patrulleros constató que “a veces el patrullero (condenado) disparaba a los cocos de las palmeras de la estación”; otro de ellos argumentó que no se le hizo irregular haber escuchado un tiro en la mitad de la noche. Un tercero aseguró que, aunque escuchó gritos, disparos y observó una fogata, optó por seguir descansando, pues su tarea esa noche no consistía en hacer guardia.

La sentencia de Vásquez hace hincapié en que, de haber intervenido o seguido los protocolos normales de un policía, no se hubiesen presentado estas fallas: “Ningunos de sus compañeros (patrulleros), en un gesto de mera prevención, actuó conforme a las consignas de protección, vigilancia y mantenimiento del orden, propio de la Policía (...). Todos justificaron su actuar omiso en suposiciones que igualmente resultaron contrarios a los valores y recto actuar de un miembro de la fuerza pública”.

Justicia con reparación

Vásquez recibió un expediente, en el papel, casi resuelto, pues el juez de primera instancia logró recabar varias de las pruebas que establecieron que el Estado, en efecto, sí era administrativamente responsable. Sin embargo, algo faltaba en el pedido de justicia de la familia.

Los parientes argumentaron que todo el círculo familiar debía ser reparado económicamente porque el feminicidio de Kellys constituyó un “daño moral irreparable”. Sin embargo, el juez solo ordenó el pago a los padres y hermanos de la víctimas.

Además, clamaban que hubiese una reparación simbólica que, aparte de recordar lo sucedido con la mujer asesinada, corrigiera los errores para que no se volviera a repetir. Por ello pidieron un acto de excusas públicas por parte de la Policía, una placa conmemorativa de Kellys y que cada uno de los integrantes de esa estación policial fueran sometidos a exámenes psicológicos. Pero, una vez más, el juez de primera instancia negó esas pretensiones.

El magistrado Vásquez quiso que la justicia llegara para los familiares de Kellys, esta vez de forma inclusiva, y explicó a este diario: “Esta decisión, además, de confirmar la condena contra el Estado por el feminicidio perpetuado, busca medidas en materia de reparación integral para la familia de Kellys, pero también para la ciudad, pues el daño se produjo no solo a las víctimas, sino también a la sociedad de Bolívar tras este horrible hecho”.

Por ello ordenó que se construyera un parque y una plazoleta en Cartagena para que, “desde el enfoque diferencial y perspectiva de género, sea dotada de elementos que propicien la ocupación e hijos menores, dando prevalencia a su seguridad y beneficio”. El parque deberá, según ordena la sentencia, contar con un mural que haga sensibilización contra el acoso y violencia frente a las mujeres.

Además, la Policía está obligada por la sentencia a implementar un programa que forme a sus uniformados en perspectiva de género y que, a través de los talleres, cursen estrategias para erradicar la violencia contra las mujeres y comprendan las implicaciones, legales, sociales y culturales de un feminicidio.

“El reconocimiento de lo aquí descrito es una forma de reparación para que dichos hechos no vuelvan a ocurrir, y poder seguir gritando, sin ambages: ¡ni una más, ni una menos!”, concluye Vásquez.

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Toda expresión de poder y resistencia termina por confesar sus formas, sus temores, sus intenciones. Al día de hoy, toda expresión de poder manifiesto en represión, trae consigo una manifestación de la resistencia que va más allá de la idea menospreciada y masiva de aguantar, soportar, sufrir o tolerar. La resistencia es una expresión propia de los individuos que creen en la posibilidad de construir escenarios distintos en donde se manifieste la vida, la franqueza, la justicia, la verdad.

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La represión por su parte, asociada a la contención, al freno, al castigo, encuentra camino en las rutas de la censura, de la omisión; de manera que, si reunimos todos estos elementos frente a un escenario de verdad, el resultado es la perpetuación de la impunidad en alianza con un cubrimiento que se viste de negacionismo.

En Medellín, la censura sigue siendo un mecanismo de impunidad ante la develación de lo macabro de los hechos que llevaron a la desaparición de cientos de personas en la ciudad, en el departamento y de manera particular en la Comuna 13. Ha sido noticia en el último mes los hallazgos de osamentas encontradas entre el 18 de diciembre de 2024 y el 13 de enero de 2025, durante la intervención forense en el Polígono ubicado en el sector de La Arenera, concesión minera a cargo de la empresa El Cóndor, a donde fueron trasladadas las personas que posteriormente fueron desaparecidas en la Comuna; los mismos hechos que han sido denunciados desde el año 2001 por las mujeres y familias buscadoras, y que 23 años después han tenido pruebas para quienes desde el negacionismo y la idealización política y militar pusieron en duda y señalamiento su dolor, su espera, su búsqueda, su lucha.

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Al poco tiempo de notificados los primeros hallazgos de osamentas en el Polígono intervenido, el hombre que dirigió el país en el tiempo en que más de 20 operaciones militares acaecieron en la Comuna, tuvo la idea de compartir en redes un comunicado emitido desde el mismo territorio en el que décadas anteriores se atestiguó la desaparición de alrededor de 502 personas. En esta comunicación, Uribe fue insistente en la justificación de las intervenciones militares, dando una vez más la respuesta a la pregunta que han hecho las víctimas: ¿Quién dio la orden?

Al parecer esta pregunta en particular causa revuelo no solo en la ciudad; se amplía a otros territorios del país en donde las familias buscadoras también resisten, y al tiempo, seguidores del expresidente le defienden a él, a su gobierno, sus órdenes y los demás responsables. Es tanto el alcance y escozor que genera la pregunta, que se materializa en la censura de murales pintados en espacios público, tal como sucedió el pasado 13 de enero.

El 12 de enero de 2025, en un reconocimiento por la búsqueda de las mujeres víctimas de la Comuna 13 de Medellín, se pintó un mural con la frase: Las cuchas tenían razón. Entre letras aparecen otros elementos gráficos que ilustran los hechos y el porqué de la frase: el rostro de una mujer buscadora, la fotografía de su hija colgada en el pecho, cadáveres, y el rostro del exmandatario. A un día después, el muro es pintado de gris por orden de la Administración municipal de Medellín, la cual hoy está en cabeza de Federico Gutiérrez, el mismo personaje que años atrás, siendo también alcalde de la ciudad, recién iniciada la intervención en La Escombrera, se negó a escuchar y a reunirse con las mujeres, obstaculizando y frenando la búsqueda por completo durante su cuatrienio.

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Sumado a la orden, coexisten otras expresiones que recaen en la estigmatización de las víctimas, como es el caso de Andrés “Gury” Rodríguez, concejal de Medellín, por el Centro democrático, quien en su red social X felicita el accionar de la Alcaldía por tapar el mural: “Excelente trabajo @AlcaldiadeMed, cero apología al narcoterrorismo y a la falsa narrativa progresista”. Lo anterior, representa una clara estigmatización a las mujeres buscadoras y a los colectivos de artistas que en solidaridad buscan hacer eco de las exigencias; además de ponerles en riesgo ante amenazas y toda acción violenta que deviene de este tipo de señalamientos.

Tanto la orden como la expresión son manifestaciones de represión a la libre expresión de las víctimas y los colectivos artísticos que han resistido y acompañado a las familias en la búsqueda de la justicia; expresiones que por cierto están lejos de adolecer de verdad o de elementos que prueben lo sucedido. Una vez más somos testigos de que la censura es una práctica de grupos políticos para la manipulación y el control social, para la promoción del negacionismo de unas prácticas de estado que nos han acompañado por décadas como sociedad.

Finalmente, volviendo a la frase de Foucault, la confesión del sangriento poder es que la censura es su mecanismo de impunidad; de que el silenciamiento ante el atrevimiento amoroso y consciente de las víctimas del horror sigue dejando en deuda a un Estado que no solo ejecuta los crímenes, sino que también tiene aliados que encubren las respuestas a las preguntas, como la que ya sabemos que incomoda: ¿Quién dio la orden?

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