El Gobierno de Estados Unidos presentó cargos federales contra Christian Castro, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acusado de dispararle a un migrante venezolano durante un operativo en Minnesota y mentir posteriormente sobre lo ocurrido, informaron este jueves medios estadounidenses.

Un gran jurado federal imputó el miércoles seis cargos contra Castro, entre ellos por presuntamente dar declaraciones falsas a los investigadores, según informaron este jueves medios estadounidenses.

La acusación permanece bajo secreto judicial y se prevé que sea divulgada una vez que Castro sea detenido. Las autoridades federales intentan localizar al agente, quien salió en libertad la semana pasada tras permanecer casi tres meses detenido en Texas, según detalló la cadena CBS News.

Castro ya enfrenta cargos en Minesota por agresión y por denunciar falsamente un delito en relación con un operativo ocurrido el 14 de enero, cuando disparó contra el migrante venezolano Julio Sosa Celis, de 24 años.

El agente federal estuvo detenido más de tres meses en Texas, provocando una batalla legal entre el estado sureño y las autoridades en Minesota, que exigían su traslado para enfrentar allí la justicia estatal. El gobierno conservador de Texas, liderado por Greg Abbott, aliado cercano del presidente Donald Trump, complicó su extradición y Castro salió en libertad a finales de agosto.

En concreto, la Justicia de Minesota acusa a Castro de haber disparado en una pierna a Sosa y de presentar posteriormente un informe sobre el incidente en el que mintió al acusar a Sosa y otro migrante de haberlo atacado con una pala y un palo de escoba.

Sosa fue una de las tres personas que recibieron disparos de agentes migratorio durante la denominada operación ‘Metro Surge’, en la que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó a cientos de agentes migratorios en Mineápolis, lo que provocó fuertes enfrentamientos con la población civil.

Las otras dos víctimas, Renée Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses, murieron por disparos de agentes migratorios.

Desde enero de 2025 se han registrado, además, al menos 30 incidentes en los que agentes migratorios dispararon contra civiles, con un saldo de ocho muertos, según el medio especializado The Trace.

Ante el aumento de estos incidentes, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió en junio una investigación “independiente” sobre las muertes vinculadas a operativos migratorios y criticó la “falta de transparencia” de las autoridades estadounidenses.

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El proceso contra Nicolás Maduro en Estados Unidos ha tenido repercusiones internacionales desde su captura, el pasado 3 de enero. El caso comenzó tras un ataque militar estadounidense que dejó al menos 100 muertos en Venezuela y desde entonces avanza entre interrogantes sobre el futuro judicial del exmandatario. Este miércoles, su abogado, Barry Pollack, presentó dos mociones: una para desestimar toda la acusación por inmunidad soberana y otra, en caso de ser rechazada, para desestimar únicamente el cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo.

Pedir inmunidad y la desestimación del caso puede parecer una medida extrema y hasta ambiciosa por parte de la defensa del antiguo líder del régimen venezolano. Sin embargo, esta es, de hecho, una de las estrategias que puede utilizar su defensa para buscar garantizar su libertad. El argumento parte del derecho internacional y podría marcar una diferencia en este caso.

Maduro está acusado de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas, y está preso en un penal de Nueva York, donde se procesa su caso, desde su captura en Caracas el 3 de enero.

Según Enrique Prieto-Ríos, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, la defensa de Maduro parte de un argumento jurídicamente válido: el derecho internacional reconoce una amplia inmunidad a los jefes de Estado en ejercicio frente a la jurisdicción penal de otros países. Sin embargo, el principal obstáculo para Maduro es que Estados Unidos no reconoce su legitimidad como presidente de Venezuela, lo que podría impedirle invocar esa protección ante los tribunales estadounidenses.

El profesor señala que existe, además, un precedente que podría resultar desfavorable para su defensa: el caso del exdictador panameño Manuel Noriega. En esa ocasión, los tribunales de Estados Unidos determinaron que, al no reconocerlo como jefe de Estado de Panamá, no podía beneficiarse de la inmunidad correspondiente.

Manuel Noriega gobernó Panamá entre 1983 y 1989 y, pese a su colaboración con la CIA, sus vínculos con el narcotráfico deterioraron su relación con Washington. En 1989, EE. UU. invadió Panamá para derrocarlo y, tras refugiarse en la Nunciatura Vaticana, se entregó en enero de 1990.

El derecho internacional reconoce una amplia inmunidad a los jefes de Estado en ejercicio para que puedan desempeñar sus funciones sin estar sujetos a procesos penales en otros países. Esta protección, basada principalmente en la costumbre internacional, se conoce como inmunidad personal o ratione personae y, mientras la persona ocupa el cargo, impide, en principio, que otro Estado la detenga, arreste o procese penalmente, incluso por delitos graves.

Frente a este escenario, la comunidad internacional está dividida: Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de países de América Latina no reconocen el mandato de Maduro, mientras Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua y Bolivia respaldan al régimen.

En este contexto, existe una clara tensión entre la jurisdicción estadounidense y las normas del derecho internacional. Según el profesor, allí surge una discusión jurídica más compleja: establecer qué puede considerarse un “acto oficial” de un Estado y si determinadas conductas criminales pueden estar amparadas por la inmunidad.

Por otra parte, hay análisis que cuestionan si el reconocimiento de Estados Unidos al gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta y segunda al mando de Nicolás Maduro antes de sucederlo, podría implicar indirectamente un reconocimiento de la gobernanza del exgobernante. De ser así, este argumento podría favorecer la defensa de Maduro en su intento por reclamar inmunidad como jefe de Estado.

En el caso de Maduro, la primera cuestión no sería determinar si el narcotráfico puede considerarse un acto oficial. El debate comienza antes: si Estados Unidos debe reconocerlo, para efectos del derecho internacional, como un jefe de Estado en ejercicio y, por tanto, otorgarle inmunidad personal, pese a que el Gobierno estadounidense no lo reconoce políticamente como presidente legítimo de Venezuela.

“Los jueces suelen tener muy en cuenta la posición oficial del Gobierno sobre quién es reconocido como jefe de Estado. Eso ocurrió precisamente con Noriega. Por eso, la falta de reconocimiento de Maduro por Estados Unidos es probablemente el mayor obstáculo para su defensa”, explicó Prieto-Ríos.

Para Alejandro Bohórquez, profesor de FIGRI de la Universidad Externado, el recurso de inmunidad forma parte de la estrategia de la defensa para agotar todas las vías legales disponibles. Sin embargo, considera poco probable que Estados Unidos acepte este argumento, especialmente si se tiene en cuenta el precedente de Manuel Noriega.

“Por más que Maduro y sus abogados aleguen inmunidad soberana y demás, Estados Unidos no le va a prestar mucha atención a eso. Es, básicamente, una estrategia para agotar todos los recursos. Además, como los cargos contra Maduro son por narcotráfico y otros delitos, y no por cuestiones políticas, sino criminales, Estados Unidos probablemente desestimará cualquier intento de utilizar este tipo de herramientas”, afirmó Bohórquez.

Por otro lado, Prieto-Ríos argumenta que, si la Fiscalía estadounidense logra caracterizar las conductas imputadas no como decisiones de política pública venezolana, sino como la utilización del aparato estatal para facilitar una organización criminal o para obtener beneficios particulares, el precedente de Noriega le proporciona un argumento bastante fuerte para sostener que estamos ante actos privados o criminales realizados mediante el abuso del poder público, y no ante actos soberanos protegidos.

Si el juez reconoce la inmunidad de Maduro, podría desestimar los cargos, pero eso no significaría que sea inocente, sino que los tribunales estadounidenses no tendrían jurisdicción para juzgarlo.

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La líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo el jueves que Venezuela “necesita mucho más que dinero”, tras el inédito acuerdo petrolero alcanzado entre Estados Unidos y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, cuya legitimidad objeta.

En un video grabado desde el exilio, y publicado en X, Machado dijo que “el sector petrolero es sólo una parte de la inmensa reconstrucción” en Venezuela", que “requiere inversiones colosales”.

“En un país con las dimensiones y la fragilidad institucional de Venezuela, ningún sector podrá funcionar de manera aislada”, aseguró Machado, que salió de Venezuela de manera clandestina en diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz y vive actualmente en Panamá.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la semana pasada la firma de un “histórico” acuerdo con Venezuela que otorga a su país el 20% de la gigantescas reservas de petróleo venezolano.

El convenio da a Estados Unidos el control de 65.000 millones de barriles de crudo en 17 campos en diferentes zonas del país.

Venezuela considera que obtendrá beneficios por 209.000 millones de dólares en 25 años.

“Todo eso le da a Venezuela un valor estratégico extraordinario, tanto para la seguridad nacional de los Estados Unidos como para la estabilidad del hemisferio. Pero el patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un RÉGIMEN ILEGÍTIMO, le pertenece al pueblo venezolano”, dijo Machado.

“Los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores”, el palacio de gobierno, sostuvo Machado.

No están “listos”

Tras la firma de acuerdos con multinacionales petroleras como Chevron y Eni el miércoles en Caracas, Trump y Delcy Rodríguez coincidieron en señalar que Venezuela no está lista para celebrar elecciones.

“Simplemente no me parece que estén listos todavía. Sabes, es algo muy nuevo. Los sacamos de una dictadura y nos estamos llevando muy bien con el gobierno”, dijo Trump el miércoles.

El mensaje de la líder opositora ocurre ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense.

Luego de asumir en enero como presidenta interina, Rodríguez impulsó leyes en los sectores del petróleo y la minería para atraer inversiones privadas.

El presidente estadounidense ha halagado en varias ocasiones la gestión de Rodríguez.

Machado defendió la alianza con Estados Unidos, pero aseguró que el país debe trabajar “bajo los principios innegociables de transparencia absoluta, legalidad y eficiencia”.

Esto, aseveró, “solo es posible con la legitimidad y la estabilidad que ofrece un gobierno serio y democrático”.

La oposición denuncia un fraude electoral de Maduro en las últimas presidenciales de 2024, y reivindica la victoria en esos comicios de Edmundo González, candidato apadrinado por Machado.

La líder opositora fue inhabilitada políticamente y no pudo ser candidata en aquella ocasión.

“Tristeza y rabia”

“Sé lo que ustedes están sintiendo: tristeza, rabia y ese malestar tan repetido en nuestra historia porque alguien decida sobre lo nuestro, en nuestro nombre, sin contar con nosotros”, señaló Machado en su mensaje, al subrayar la “profunda preocupación por las implicaciones que tiene” para el futuro de Venezuela.

La líder promete que volverá a Venezuela, pero especialistas señalan que Washington no ve con buenos ojos su regreso.

En agosto inició en Caracas un diálogo político entre el gobierno interino y una parte de la oposición de cara a una transición democrática, pero Machado no fue invitada.

Esta mesa de negociaciones ha estado auspiciada por Washington.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el miércoles en una entrevista con Fox News que la nueva ronda de negociaciones iniciará en unos 10 días.

Maduro, de 63 años y acusado de cuatro delitos, entre estos el de “narcoterorismo”, solicitó el jueves ante un tribunal en Nueva York desestimar los cargos en su contra, apelando a su inmunidad como jefe de Estado.

Venezuela tiene las mayores mayores reservas certificadas de hidrocarburos del mundo, con más de 300.000 millones de barriles. Pero su producción sigue siendo muy limitada tras décadas de inversión insuficiente, sanciones y corrupción.

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La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, ironizó sobre las pocas posibilidades que tiene de ser secretaria general de las Naciones Unidas en un evento universitario, semanas después de que se conociera un sondeo que la sitúa en penúltimo lugar entre ocho candidatos.

Mientras participaba en un evento realizado en la privada Universidad Diego Portales, Bachelet afirmó que China ha aumentado su influencia en desmedro de Estados Unidos y luego ironizó: “Esa es mi opinión, no seré secretaria general después de darla”.

La votación del Consejo de Seguridad realizada en agosto posicionó como favorita a la excanciller de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett con ocho votos favorables. Bachelet solo logró dos apoyos, informó su entorno a la AFP.

La socialista sudamericana fue nominada inicialmente en febrero pasado por el gobierno del expresidente chileno Gabriel Boric, junto con México y Brasil. Pero su candidatura perdió fuerza luego de que el nuevo mandatario chileno, el ultraderechista José Antonio Kast, le retirara su apoyo.

Haroldo Muñoz, excanciller chileno y parte del equipo de Bachelet, negó a la AFP que ka expresidenta vaya a dejar la carrera. “Aunque el objetivo no se consiga, su postulación es una cuestión de convicción, de defensa de principios en un momento en que se cuestiona el multilateralismo, el derecho internacional, el cambio climático, la democracia y los derechos humanos”.

En 80 años ninguna mujer ocupó la secretaría general del organismo mundial y apenas se registra un representante de América Latina: el peruano Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 y 1991.

Según una práctica no reglamentada y que no siempre se cumple, la secretaría general se va turnando entre regiones. Esta vez, le tocaría a América Latina.

Hasta el momento, cinco mujeres y tres hombres aspiran a suceder al portugués Antonio Guterres, de 77 años, quien terminará su segundo mandato de cinco años el 31 de diciembre.

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El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, presentó este jueves un plan para promover la salida “voluntaria” de la Franja de Gaza de 1,86 millones de personas en un plazo de siete años, y anunció su intención de asumir una futura cartera de Migración si su partido, Poder Judío, continúa en el Gobierno.

El plan, bautizado ‘Desconexión 710’ y en cuya elaboración se trabaja desde el inicio de la guerra, contempla la creación de una oficina gubernamental específica, acuerdos con países receptores, rutas migratorias reguladas y paquetes de asistencia para los emigrantes.

Según las cifras presentadas, el objetivo es que salgan de la Franja unas 250.000 personas en el primer año, 1,11 millones en tres años y 1,86 millones en siete años.

El documento fija doce principios, entre ellos la exigencia de que cada salida esté avalada por un país de acogida, la apertura de un expediente individual por caso, la prioridad a la salida de unidades familiares completas, diversas vías migratorias, compensación económica a terceros países y una asignación económica a los emigrantes durante sus primeros 24 meses fuera de Gaza.

Ben Gvir cifró la inversión inicial israelí en 10.000 millones de séqueles (casi tres millones de euros), con un marco de financiación adicional de hasta 50.000 millones de séqueles condicionado a la participación internacional y a los acuerdos que se alcancen con los países receptores.

El ministro sostuvo que su propuesta, que dijo haber defendido desde el comienzo de la guerra pese a las críticas iniciales, ganó legitimidad después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, planteara públicamente la idea de fomentar la emigración desde Gaza como parte de una solución al conflicto.

Ben Gvir citó también encuestas, sin precisar la metodología, según las cuales una amplia mayoría de la sociedad israelí respaldaría el fomento de la emigración desde Gaza, y afirmó que un porcentaje significativo de los propios residentes del enclave se mostraría dispuesto a considerar una salida permanente.

El líder de Poder Judío anunció que, de permanecer en el gobierno tras las elecciones legislativas del mes que viene, su formación exigirá en la próxima coalición la creación de un Ministerio de Migración, con presupuesto y competencias propias, y presentó un calendario de 100 días para poner en marcha un marco legal, un sistema de registro y los primeros acuerdos con países receptores.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hará su primera visita a Colombia para reunirse, en la sede de la Presidencia de la República en Barranquilla, con el presidente Abelardo de la Espriella, en lo que será la visita de más alto nivel de la administración de Donald Trump en casi un mes de mandato de De la Espriella.

La visita, según Noticias Caracol, está programada para inicios de la próxima semana y la agenda estará marcada por cuestiones diplomáticas, seguridad regional y los intercambios comerciales entre ambos países.

Vale la pena recordar que estos temas han sido los de mayor importancia para Washington desde las últimas elecciones presidenciales, en las que apoyaron al hoy presidente. Una vez posesionado De la Espriella, anunciaron un paquete de USD 1.000 millones en fondos para Colombia para cubrir prácticamente la misma agenda que se filtró para la reunión de la próxima semana.

También están pendientes por definirse los parámetros por los cuales ambos países realizarán operaciones conjuntas en territorio colombiano, un anuncio hecho por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, cuando firmó con el ministro de Defensa colombiano, Jorge Mora, la entrada del país al Escudo de las Américas.

La semana pasada, el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur estadounidense, visitó la frontera entre Ecuador y Colombia, donde sostuvo varias reuniones en suelo vecino con sus autoridades, con el ministro Jorge Eduardo Mora y con el comandante de las Fuerzas Militares, general Érick Rodríguez.

Será la primera visita de Marco Rubio a Colombia en más de una década, siendo la última en 2014, cuando ejercía como senador por el estado de Florida, cargo para el que fue reelegido hasta enero de 2025, cuando fue designado por Trump para su cargo actual.

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La policía española detuvo en la localidad catalana de Salou a un presunto líder de una organización criminal colombiana buscado por sicariato, homicidio y tráfico de drogas, informaron este jueves las autoridades.

El detenido, Jhonatan Alexander Castrillón Arango, conocido con el alias de “Pirry”, era reclamado por las autoridades colombianas, que lo habían incluido entre los fugitivos más buscados del departamento de Antioquia.

Según la nota, el sospechoso es considerado uno de los dirigentes de la organización criminal “El Mesa” y habría pertenecido a las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), formadas en los años 90 para combatir a las guerrillas de izquierda.

“Era el segundo cabecilla del grupo narcoterrorista ‘La Mesa’, estructura criminal con injerencia en el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, y es requerido por homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y concierto para delinquir”, comentó en su cuenta de X el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

“A los criminales los vamos a buscar dentro y fuera de Colombia. Pueden cruzar fronteras, cambiar de escondite o intentar desaparecer: nuestra Fuerza Pública los encontrará y los pondrá ante la justicia”, añadió el mandatario.

Las autoridades de Colombia lo investigan por su presunta participación en delitos de sicariato, homicidio, organización criminal y tráfico de armas, detalló la policía española.

También lo vinculan al tráfico internacional de drogas hacia Europa, especialmente a Francia, Italia y España, en operaciones supuestamente relacionadas con grupos criminales de origen albanés y con la mafia italiana ‘Ndrangheta.

La investigación se desarrolló en coordinación con la policía colombiana, después de que los agentes españoles detectaran movimientos en el país europeo de personas vinculadas al fugitivo, quien presuntamente utilizaba una identidad venezolana falsa.

Según la policía, el sospechoso intentó huir en vehículo cuando los agentes procedieron a detenerlo en Salou, pero fue interceptado y detenido tras oponer resistencia.

Las autoridades españolas confirmaron posteriormente su identidad y lo pusieron a disposición judicial para iniciar los trámites de su entrega a las autoridades colombianas.

Entre los hechos que se le atribuyen figura un ataque ocurrido en junio de 2024 en el municipio de Rionegro, en Antioquia, que se saldó con siete muertos.

Sobre él pesaba una recompensa de 250 millones de pesos colombianos, el equivalente de casi 80.000 dólares.

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La historia de Pierre Damas Bel, un migrante haitiano de 20 años, estremeció a más de uno en Estados Unidos. Su familia culpa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) de su decisión de suicidarse tras portar una tobillera electrónica.

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Él se quitó la vida al ingresar a pie en una autopista interestatal a las afueras de Springfield, donde fue atropellado por un camión y falleció al instante, informó la Patrulla de Autopistas de Ohio, citada por la agencia EFE.

Él formaba parte de ese grupo de 300.000 haitianos que perdieron su estatus de protección temporal en Estados Unidos por decisión del gobierno de Donald Trump. Ingresó al país en 2024 a través de la aplicación CBP One.

Sus relatos propios y las declaraciones de sus familiares apuntan al deterioro de su salud mental, pues se sentía acosado. “Después de que a mi hijo le pusieron un dispositivo en el tobillo, sintió que lo trataban como un animal”, expresó su papá en un comunicado divulgado por CBS.

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Además, a través de su cuenta en Instagram, el joven escribió a finales de julio: “Vine a este país para cursar mis estudios. No vine aquí para cometer un delito ni para hacer daño a nadie. Sin embargo, ahora camino por las calles de Estados Unidos con un monitor GPS en la pierna, cargando con una sensación de vergüenza y humillación que jamás imaginé que viviría”. La publicación estuvo acompañada de una foto que lo mostraba usando la tobillera electrónica.

Citado por el Miami Herald, su papá contó que él había empezado la universidad, aspiraba a ser un atleta universitario y se había inscrito en un programa del Ejército estadounidense que conducía a la ciudadanía. No recibió el uniforme por la tobillera.

Su familia y sus declaraciones apuntan a un mismo lugar: la política migratoria del gobierno de Trump. Ahora bien, en un comunicado para medios, ICE dijo que le puso el dispositivo a Bel el 29 de julio “mientras continuaba con sus procedimientos de inmigración” y rechazó “cualquier intento de culpa por su muerte”. La agencia agregó que “no se le exige a nadie quedarse en Estados Unidos ilegalmente y llevar un monitor GPS”.

Entretanto, los ciudadanos de Springfield se preparan para realizar el viernes una vigilia en su nombre. Se sabe que él era el mayor de tres hermanos. Tenía en proceso una solicitud de asilo. Recientemente había empezado su primer semestre en la Universidad Estatal de Wright, en Dayton, con una beca, y su sueño era estudiar medicina.

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La afirmación del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de que Washington revisó los antecedentes de Alejandro Betancourt y no encontró una investigación vigente en su contra no cierra todos los interrogantes sobre el empresario venezolano, y es que tanto documentos judiciales estadounidenses como testimonios citados en investigaciones periodísticas muestran que Betancourt, sus empresas y personas de su entorno estuvieron relacionados con investigaciones desarrolladas en Estados Unidos.

Dicho esto, César Batiz, director de El Pitazo, plantea una gran interreogante en su programa Punto y Contexto: ¿Qué investigó realmente Estados Unidos sobre Alejandro Betancourt antes de convertirlo en una pieza estratégica de su nueva política petrolera para Venezuela?

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Betancourt y el caso Money Flight

Uno de los principales antecedentes se encuentra en el caso conocido como Money Flight, una investigación presentada en 2018 por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida sobre un presunto esquema que habría permitido extraer unos USD 1.200 millones de Petróleos de Venezuela (PDVSA) mediante operaciones cambiarias y lavado de dinero.

En dichos documentos aparece una persona identificada como “Conspirador 2″. La Fiscalía lo describió como propietario de una empresa contratista del sector eléctrico venezolano y primo del denominado “Conspirador 1″, identificado como Francisco Convit.

La descripción coincide con Alejandro Betancourt, quien fue socio de Convit en Derwick Associates y también es su primo. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos nunca identificó públicamente al “Conspirador 2″ como Betancourt ni presentó cargos en su contra.

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La identidad del empresario se convirtió posteriormente en un elemento de interés para investigaciones periodísticas, por lo que Batiz plantea que, aunque esa referencia no demuestra responsabilidad penal, sí constituye un antecedente que debía ser considerado dentro de cualquier revisión.

¿Qué declaró el banquero Matthias Krull?

Otro elemento del caso Money Flight está relacionado con Matthias Krull, exbanquero de Julius Baer que atendió a Francisco Convit y Alejandro Betancourt.

Krull se declaró culpable de participar en el esquema de lavado de dinero investigado por las autoridades estadounidenses y posteriormente colaboró con los fiscales.

Según un resumen de su testimonio citado por Reuters, Krull declaró que Convit y el individuo identificado como “Conspirador 2” habían sido clientes suyos durante varios años, mientras que fuentes con conocimiento de ese testimonio identificaron ante Reuters al “Conspirador 2″ como Alejandro Betancourt y señalaron que este era entonces objetivo de la investigación de Miami.

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Una declaración jurada presentada por Homeland Security Investigations (HSI) también señala que Convit y el “Conspirador 2” recibieron conjuntamente más de 227 millones de euros procedentes del esquema investigado.

Batiz hace una precisión: no existe una transcripción pública que permita comprobar que Krull pronunció directamente el nombre de Betancourt al referirse al “Conspirador 2”, por ende, estos elementos no permiten afirmar por sí solos que el empresario haya cometido un delito.

Esta situación abre otra interrogante: ¿qué información proporcionó Krull a los fiscales estadounidenses sobre sus antiguos clientes y cómo fue considerada posteriormente por las autoridades?

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Derwick, ProEnergy y la investigación en Nueva York

Los antecedentes relacionados con Betancourt no comenzaron con Money Flight.

El programa también recupera información de investigaciones publicadas años atrás por el medio de investigación Armando.info, que documentaron la relación entre Derwick Associates y ProEnergy Services, una empresa estadounidense de Misuri que vendió equipos y prestó servicios para proyectos eléctricos ejecutados por Derwick en Venezuela.

Daniel Rossenau, exempleado de ProEnergy, declaró en 2015 ante fiscales del Distrito Sur de Nueva York y entregó documentación relacionada con las operaciones entre ambas compañías.

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Posteriormente, investigaciones internacionales reportaron que fiscales de Nueva York examinaron posibles operaciones de soborno y lavado de dinero relacionadas con Derwick y Alejandro Betancourt.

Aunque esas investigaciones no terminaron en una acusación contra el empresario, existe otro antecedente: en diciembre de 2014 el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a las autoridades suizas información sobre cuentas vinculadas con Derwick. Una decisión judicial suiza confirmó posteriormente la existencia de esa solicitud.

A esto Batiz estima que los elementos demuestran que las autoridades estadounidenses tuvieron acceso a información, testimonios y documentación relacionada con Betancourt y sus empresas.

Las investigaciones en España y Suiza

Dicho historial tampoco se limita a Estados Unidos. Alejandro Betancourt ha estado relacionado con investigaciones desarrolladas en España y Suiza. En 2025 fue detenido en dos ocasiones en el Reino Unido debido a solicitudes internacionales vinculadas con esos procedimientos.

Finalmente, no fue extraditado y tampoco ha sido formalmente acusado ni condenado en Estados Unidos, España, Suiza o el Reino Unido.

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La periodista estadounidense y figura emblemática del feminismo, Gloria Steinem, murió a los 92 años, informó su fundación en un comunicado difundido el jueves.

“Gloria Steinem falleció en paz en su casa de Nueva York, rodeada de algunas de las muchas personas que la querían”, señaló Gloria’s Foundation en un comunicado publicado en Instagram, sin precisar la causa de la muerte.

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Steinem comenzó su carrera en el periodismo a principios de los años 60, cuando muchas mujeres necesitaban aún una autorización de sus esposos para tener una cuenta bancaria.

En aquella época, escribió un reportaje de investigación sobre el sexismo generalizado que enfrentaban las camareras “conejitas” en el club Playboy de Nueva York.

Su despertar feminista ocurrió durante una reunión en 1969 en la que las mujeres hablaron abiertamente sobre la experiencia de abortar, según relató.

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“Eso dio un sentido a mi propia experiencia. Yo había abortado y no se lo había dicho a nadie”, escribió luego en el New York Magazine.

Poco a poco, pasó de la escritura a los discursos y el debate público. Durante años viajó por Estados Unidos y el mundo para participar en conferencias y protestas.

En la década de los 70, Steinem fundó la revista Ms. y el National Women’s Political Caucus, y organizó la primera Conferencia Nacional de Mujeres en Houston.

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“Los casi 100 años de Gloria fueron años bien vividos, y siguió trabajando por la igualdad hasta el final”, declaró su fundación.

“El mayor don de Gloria era su capacidad para escuchar a los demás, para hacer que se sintieran vistos y escuchados. Gloria vivió fiel a su espíritu independiente, siempre con curiosidad y un gran sentido del humor”, apuntó.

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Una jueza federal de Estados Unidos impidió que la administración de Donald Trump aplicara una nueva orden ejecutiva que limitaba quiénes reúnen los requisitos para obtener la ciudadanía por nacimiento.

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Esta medida frustra el último intento del presidente de restringir este derecho constitucional, tras el rechazo de la Corte Suprema de Estados Unidos de su intento anterior.

La jueza federal de distrito Deborah Boardman emitió una orden judicial preliminar tras una apelación presentada por grupos de derechos humanos que impugnaron la orden ejecutiva de Trump del 6 de agosto.

La orden estaba dirigida a quienes, según Trump, ingresan al país con el pretexto de hacer turismo, cuando en realidad su intención es dar a luz.

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“La Corte Suprema se ha pronunciado: los niños de la clase certificada son ‘ciudadanos por nacimiento’”, escribió la jueza de Maryland en su fallo de 35 páginas. Agregó que la orden del presidente de agosto “es casi con toda seguridad inconstitucional”.

Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes celebraron la decisión. “En lo que respecta a atacar la ciudadanía por nacimiento, la administración de Trump ha perdido ante este tribunal, ha perdido ante la Corte Suprema y ha vuelto a perder hoy”, dijo Shana Khader, directora jurídica de We Are CASA, un grupo con sede en Maryland.

En su primera orden ejecutiva sobre el tema, Trump afirmó que los niños nacidos de padres que se encuentran indocumentados en Estados Unidos o con visas temporales no se convertirían automáticamente en ciudadanos estadounidenses.

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Los tribunales de primera instancia bloquearon esa medida, al dictaminar que, en virtud de la enmienda 14 de la Constitución, casi todas las personas nacidas en territorio estadounidense son ciudadanos estadounidenses. La Corte Suprema estuvo de acuerdo.

Los esfuerzos del presidente por restringir la ciudadanía por nacimiento forman parte de su campaña más amplia para limitar la inmigración, que incluye la expulsión de millones de migrantes indocumentados y la eliminación de las protecciones contra la deportación para los nacionales de más de una docena de países.

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Recientemente, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que su gobierno empezaría a deportar a migrantes “ilegales” que residen en Colombia. Esto representaría un giro agresivo y radical de la gestión migratoria del país. Las declaraciones de De la Espriella, lejos de ser originales, lo acercan al discurso xenófobo y a las prácticas fallidas de gobernantes alrededor del mundo.

Como experto en gestión migratoria comparada, con énfasis en las políticas migratorias de Colombia, puedo decir con contundencia que perseguir una política de deportaciones masivas, es un error de proporciones históricas. Es una fantasía querer gestionar la migración mediante deportaciones masivas, y es una ilusión cruel que ocasiona sufrimiento innecesario. Colombia ha seguido una ruta propia que ha sido muy exitosa. El presidente aún está a tiempo para evitar este error y no seguir este camino que la evidencia empírica ha demostrado que es defectuoso. En una frase, las deportaciones masivas no son más que un canto de sirenas, al menos por seis razones.

En primer lugar, es un error pragmático. Las deportaciones son carísimas y difíciles. Es mucho más fácil prometer que realmente llevarlas a cabo. Un claro de la ciencia política es la llamada “brecha del discurso” en donde políticos prometen controlar la migración mediante deportaciones, pero en realidad no pueden lograr sus objetivos. Esto daña la credibilidad del político que promete “solucionar” el tema de la migración mediante deportaciones, resultando en una baja de popularidad. Más aún, la crueldad y el uso intenso de recursos requerido para deportaciones hacen de estas políticas algo impopular.

Basta ver cómo ha caído la popularidad del presidente Trump en Estados Unidos incluyendo su política de deportaciones.

Segundo: es un error estratégico. Cualquier programa de deportaciones masivas requerirá de la cooperación del gobierno de Venezuela, con quien el nuevo presidente no mantiene buenas relaciones. La deportación necesita la cooperación del gobierno del país de origen y en este caso haría que el gobierno de Colombia dependa de un régimen que ha demostrado ser, como su antecesor Maduro, pérfido, impredecible, y enfocado exclusivamente en su propia supervivencia a toda costa. ¿Quiere el presidente de Colombia depender de Delcy? No se lo recomendaría. Además, hay una frontera de dos mil kilómetros entre los dos países que es imposible de vigilar por completo, ¿qué caso hay en deportar a personas que pueden reingresar sin mucha dificultad?

En tercer lugar, es un uso dispendioso e innecesario de recursos públicos. En EE. UU. deportar a un solo individuo cuesta al menos 17 mil dólares, un poco más de cincuenta millones de pesos (aunque expertos creen que cuesta mucho más). Con certeza, los colombianos no quieren que sus impuestos se usen para políticas crueles e innecesarias cuando podrían estarse usando esos recursos para invertir en salud, educación, infraestructura y seguridad. Países mucho más ricos que Colombia en Europa y EE. UU. han buscado deportar a migrantes irregulares desde hace años y no lo han logrado. ¿Quieren los colombianos que se desperdicien sus impuestos en esta actividad?

En cuarto lugar, las deportaciones masivas son un autogol económico. Las venezolanas y los venezolanos en Colombia están totalmente integrados a la economía del país y benefician la economía de la nación, incluso quienes no están regularizados. Es apenas lógico en visto de que la mayoría de los migrantes son personas en edad laboral y que están buscando trabajar. Más aún, estudios muestran que la recaudación fiscal de los migrantes es enorme y supera los costos asociados a servicios para ellos. Basta ver cómo la deportación masiva ha dañado a la economía estadounidense durante el gobierno de Trump.

En quinto lugar, es una propuesta profundamente antifamilia y antiinfancia que contradice las banderas que enarbola el presidente de Colombia en sus apariciones públicas. La amenaza de deportaciones masivas no hace que los migrantes se autodeporten, pero sí que vivan su vida con miedo y que se escondan de las autoridades por temor a represalias, incluso quienes cuentan con documentos formales. Hará que padres y madres de familia tengan temor de acudir a servicios para sus niños, y que se separen a familias de manera cruel. ¿Por qué tendría un niño que temer todos los días que quizá su padre o su madre no regresarán a casa porque fueron deportados? Después de una década de migración venezolana, hay decenas de miles de familias binacionales con niñas y niños colombianos: ningún niño colombiano debe vivir en miedo de la separación familiar.

En sexto lugar, es un error humanitario y hasta católico. Colombia ha sido ejemplo y esperanza para el mundo, demostrando una solidaridad histórica con migrantes venezolanos, tal como lo hizo Venezuela con migrantes colombianos en las décadas más intensas del conflicto interno armado. La deportación masiva generaría sufrimiento innecesario y cruel contra gente de un país hermano. Sería un giro que va directamente en contra de las enseñanzas católicas y el llamado del papa León XIV de no darles la espalda a migrantes y refugiados y no tratarlos de manera inhumana. De la Espriella habla mucho sobre su fe católica; el trato que dará a los migrantes será la muestra real de sus convicciones.

Si hay venezolanos sin regularizarse (que el presidente llama “ilegales”) en Colombia es, en gran medida, porque no han tenido la oportunidad de regularizar su situación. El Estatuto que firmó el expresidente Iván Duque en 2021 fue extremadamente exitoso y un modelo a seguir para el resto del mundo, logrando que muchos venezolanos se regularizaran. El problema es que ya no hubo más políticas de regularización después de Duque: el gobierno de Petro no aprobó instrumentos de regularización efectivos e interrumpió el modelo que se había sido implementado eficazmente.

De la Espriella se encuentra en una disyuntiva: puede continuar con la política exitosa de regularización masiva seguir el canto de sirenas que tienta a gobiernos y los lleva a tirarse por la borda de la historia.

*Andrés Besserer Rayas, investigador afiliado a la Presidencia de El Colegio de México. Doctor y Maestro en ciencia política por la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Maestro en Democracia y Politica Comparada por University College London.

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Un total de 21 presuntos agresores sexuales fueron capturados en nueve países: dos en Argentina, uno en Bolivia, dos en Chile, seis en Colombia, tres en Brasil, dos en España, uno en Paraguay, tres en Perú y uno en República Dominicana. Así lo confirmó la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) en la tarde de este martes 2 de septiembre.

Según detallaron las autoridades, en el desarrollo de las investigaciones adelantadas en Armenia (Quindío), fue rescatada una niña de cinco años que se encontraba en un entorno de abuso. En coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se adelantó el proceso de restablecimiento de sus derechos.

Asimismo, la madre de la menor, conocida con el alias de “La Depredadora”, fue capturada. Según la Dijín, la mujer es señalada de abusar de la niña y producir material audiovisual que posteriormente era transmitido a través de la red oscura.

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También fue capturado alias “Vaquerito”, quien, de acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades, “se desempeñaba como creador de contenido digital e instructor de fútbol, actividades que aprovechaba para contactar a niñas mediante falsas promesas de modelaje y realizar sesiones fotográficas con connotación sexual”.

Además, fue desarticulada una organización criminal transnacional dedicada a la comercialización de material de abuso sexual infantil a través de dos portales alojados en la red oscura. El acceso a estos sitios y su contenido eran comercializados mediante criptomonedas, específicamente bitcoin, según determinaron los investigadores.

“Se estableció que el acceso mensual al contenido ilícito tenía un costo aproximado de COP 300.000. Asimismo, se evidenció que los portales criminales registraron movimientos superiores a los COP 2.500 millones, equivalentes a un promedio cercano a los COP 50 millones mensuales”, indicó la Dijín.

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La operación estuvo coordinada por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Guardia Civil de España, la Policía Nacional de España, el Centro Americano contra el Cibercrimen de Ameripol, El PAcCTO 2.0, Europol, la Agencia HSI de Estados Unidos y la organización OUR.

Durante la operación se llevaron a cabo 23 allanamientos y se incautaron 73 elementos materiales probatorios. “Los investigadores analizaron más de 7.223 imágenes y videos distribuidos entre los años 2023 y 2026, estableciendo que las víctimas identificadas corresponden a niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 2 y 13 años”, mencionó la Dijín.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Familias nepalíes celebran este miércoles ceremonias fúnebres simbólicas para “liberar” las almas de sus seres queridos desaparecidos tras el repentino y mortífero deslave que hace una semana engulló sus aldeas en la región del Himalaya fronteriza con China.

El 26 de agosto, una gigantesca ola de agua helada, rocas y escombros, provocada por el colapso de un glaciar, causó más de 1.220 muertos en ambos países y más de 4.700 desaparecidos.

En Nepal, las autoridades actualizaron este miércoles el balance de víctimas a 1.204 muertos y 4.216 desaparecidos, en un momento en que se desvanecen las esperanzas de rescatar a personas vivas, pese a los esfuerzos de los socorristas empantanados en el lodo, en una zona de alta montaña.

Los medios estatales de China reportaron de su lado 16 fallecidos y 546 no localizados.

Tras días de búsqueda en refugios y morgues, los familiares de algunas de las personas desaparecidas perdieron la esperanza y comenzaron a realizar los últimos ritos, quemando efigies de paja en rituales hindúes.

“Tuvimos que hacer esto para liberar su alma, para que esté en paz y feliz dondequiera que esté”, aseguró Dolma Newar Tamang, flanqueada por su hijo.

Su esposo se dirigía a China cuando ocurrió el desastre. “Vi las noticias y lo llamé”, dijo ella a la AFP. “Lo llamé varias veces, pero nunca contestó”, contó entre sollozos.

A pesar de estas muestras de impotencia, los equipos de rescate nepalíes siguen con la esperanza de encontrar sobrevivientes una semana después del desastre, especialmente en los múltiples túneles de las centrales hidroeléctricas de toda la región.

Hasta el momento, solo han recuperado cuerpos en los túneles bloqueados por el lodo.

“Se me hiela el corazón”

En Nepal la tragedia ocurrió casi un año después de una ola de protestas contra la corrupción y la crisis económica que se saldó con muchos muertos y derrocó al anterior gobierno.

Este país pobre, mayoritariamente rural y muy dependiente del turismo, tiene pocos recursos para hacer frente a una crisis de esta magnitud.

El primer ministro Balendra Shah, un exrapero de 36 años, calificó el desastre de “golpe fulminante” para su país, en un emotivo discurso este miércoles ante el Parlamento.

“Se me hiela el corazón cuando escucho los llantos de las víctimas de las inundaciones”, declaró.

El país ha contribuido muy poco a las emisiones de gases de efecto invernadero que impulsan el calentamiento global, pero se encuentra entre los que sufren sus consecuencias.

Según el primer ministro Shah, la catástrofe muestra que los riesgos a los que se enfrenta la región del Himalaya “están aumentando a la par del cambio climático”.

Los científicos afirman que la cordillera más alta del mundo se calienta rápidamente a medida que aumentan las temperaturas globales, lo que acelera el derretimiento de los glaciares.

Estas masas de hielo de las cadenas montañosas del Himalaya y del Hindu Kush son una fuente de agua crucial para millones de personas en las regiones montañosas y los valles fluviales del sur y el sureste de Asia que se encuentran más abajo.

“El cambio climático es un problema global, y la respuesta ante los desastres también es una responsabilidad global”, dijo Shah en una publicación en redes sociales.

Entierros masivos

Con las morgues desbordadas en Nepal, las autoridades se han visto obligadas a enterrar cientos de cuerpos no identificados tras realizar pruebas de ADN.

Entre las personas con las que se perdió contacto se encuentran más de 800 extranjeros de más de 30 países.

Entre ellos hay turistas que llegaron para hacer senderismo en el Himalaya, así como peregrinos hindúes que buscaban paz espiritual en el monte sagrado Kailash, en el Tíbet.

En China, los periodistas extranjeros tienen restringida la cobertura periodística en el Tíbet, y las autoridades chinas controlan estrictamente las fuentes de información en la región.

Los grupos de defensa del Tíbet en el exilio han cuestionado la versión de Pekín sobre el desastre, pero el gigante asiático insiste en que “la divulgación de información ha sido abierta, transparente y oportuna”.

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Con el acuerdo petrolero entre el gobierno interino de Venezuela y el de Donald Trump también volvió a encenderse la maquinaria de las promesas. El oficialismo habla de una reactivación económica que generaría hasta “3,6 millones de empleos directos, indirectos y adicionales” derivados de la actividad petrolera, en palabras del diputado venezolano Miguel Pérez Abad.

“Aquí lo que hace falta es empleo, pero del que pague en dólares para llenar la nevera y comprarles las cosas a los muchachos”, le dice Xiomara Benítez, ama de casa y madre de tres hijos en el estado Miranda, a “El Pitazo”. “Lo que quiero es que me llamen a trabajar, volver a ponerme mis botas, mi casco y ganarme el pan dignamente”, agrega por su lado Caros Mendoza, un soldador desempleado.

Para una población golpeada por años de crisis, la idea de volver a vivir un “boom” petrolero suena como el alivio definitivo. Sin embargo, cuando se lee la letra pequeña del acuerdo, y se contrasta con la realidad del país, la pregunta inevitable es una sola: ¿cuántos de esos beneficios llegarán realmente al bolsillo del ciudadano de a pie?

La respuesta corta es que muy poco. A pesar del entusiasmo oficial, el modelo bajo el cual se estructuró este convenio está lejos de generar el bienestar o la estabilidad salarial que la gente necesita para salir adelante.

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El “empleo petrolero” ya no es garantía de salir de la pobreza

Históricamente, la producción petrolera ha activado cadenas de proveedores de transporte, construcción, mantenimiento y otros servicios en el país, lo que ha generado empleo formal en Venezuela y donde se solía imprimir el boleto de ascenso de la clase media. Eso cambió.

El antecedente más claro de lo que espera a los trabajadores está en los proyectos ya operados por North American Blue Energy Partners (NABEP), la firma encargada de ejecutar el plan de explotación. Según reportó Infobae en agosto, en campos de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, los sindicatos petroleros denuncian que los obreros cumplen jornadas extenuantes bajo esquemas de siete días de trabajo por siete de descanso, ganando apenas unos USD 600, sin seguro médico familiar, sin bonos de producción y al margen de la Convención Colectiva Petrolera.

A primera vista, USD 600 pueden parecer una fortuna frente al salario mínimo oficial congelado en 130 bolívares (menos de USD 1 al mes). Pero la realidad de los comercios y mercados en Venezuela dice otra cosa: la canasta alimentaria familiar supera los USD 670 mensuales. Es decir, ni siquiera el empleado directo de la petrolera que extraerá el recurso ganará lo suficiente para cubrir la comida de su hogar. Si ese es el estándar laboral en las operaciones actuales, hay pocas razones para creer que los nuevos campos vayan a traducirse en salarios dignos para el resto de la población, cuando los términos y las condiciones ni siquiera los fijará el gobierno venezolano.

No habrá efecto cascada por ahora

Muchos comerciantes, mecánicos y pequeños empresarios albergan la esperanza de que la llegada de capital extranjero reactive los negocios del barrio por un “efecto derrame”. Sin embargo, la naturaleza del acuerdo frena esa posibilidad.

Como señala Luis José González, doctor en ciencias sociales de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), la inversión sí puede reactivar la cadena de suministro local y dar oxígeno a pymes que orbitan sobre los centros operativos, pero no en las dimensiones que el chavismo en el poder está hablando. Esto se debe esencialmente a la naturaleza del acuerdo, que es extractivista.

“El 100 % de las asignaciones de capital y los proyectos anunciados para Venezuela se concentran en exploración y producción, sin una sola mención a la rehabilitación profunda de refinerías, a la ampliación de complejos petroquímicos o a la construcción de nuevas instalaciones. El país se convierte así en exportador de materia prima barata e importador de derivados caros, perpetuando una dependencia que lo condena a ser patio trasero de la industria occidental”, señala en su análisis.

En términos más sencillos, Venezuela operará únicamente como un exportador de materia prima barata. La cadena de contratistas e industrias locales, que antes generaba miles de empleos formales, seguiría paralizada. Según Gonzáles, las empresas petroleras “compran” servicios de ingeniería, tecnología y perforación a sus propias casas matrices en el exterior o a multinacionales que facturan desde afuera de nuestras fronteras. Es decir, los fondos de capital entran por una mano y salen por otra en el extranjero.

Las transacciones se liquidan en cámaras de compensación de Nueva York o Londres y la banca venezolana no ve ni un dólar. De esta manera, la moneda nacional no se fortalece y el dinero circula en un circuito cerrado internacional sin tocar al comercio del barrio, que es la ilusión de la gente. Además, el experto destaca que, con los términos actuales, Venezuela deberá importar todavía la gasolina y el diésel procesados a precios internacionales caros. Para el ciudadano común, la escasez y el alto costo del combustible no van a desaparecer pronto.

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¿Dinero para agua, luz y hospitales?

Existe también la expectativa de que, al vender más petróleo, el Estado tendrá más ingresos para reparar los golpeados servicios públicos o mejorar las pensiones. No obstante, la experiencia de acuerdos similares en la región deja una advertencia clara.

En modelos de contrato, donde las petroleras privadas asumen la inversión bajo condiciones de alto riesgo, estas empresas suelen recuperar primero hasta el 75 % de sus costos antes de repartir beneficios con el Estado, como es el caso de Guyana. De lo que queda, el gobierno apenas capta una fracción mínima del margen neto. Esto significa que el volumen de dinero que entrará al tesoro público para inversión social será considerablemente reducido.

Además, el dinero que logre captar el Estado difícilmente se traducirá en mejores hospitales o un sistema eléctrico estable. La tendencia del gasto público, no solo en el caso venezolano ha sido quemar los ingresos para sostener la burocracia o en el reparto discrecional de bonos de emergencia.

Sin reglas transparentes ni inversión en infraestructura, la renta petrolera volvería a diluirse. Expertos insisten en que el acuerdo petrolero puede ofrecer oxígeno financiero, pero mientras esté diseñado bajo un esquema extractivo, el ciudadano de a pie quedará al margen de las ganancias.

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El juez estadounidense William Sullivan, que preside el mediático caso contra Lindsay Clancy, la mujer acusada de matar a sus tres hijos en Massachusetts, dio este miércoles una orden definitiva al jurado para que siga deliberando y alcance un veredicto unánime después de que este le reiterara su bloqueo.

El jurado envió una nota ayer martes indicando que estaba en un punto muerto y Sullivan le pidió continuar, pero este miércoles por la tarde, en su quinta jornada de deliberaciones, envió una nota similar, tras lo que el magistrado leyó unas instrucciones conocidas como “cargo Tuey-Rodriguez”, que representan una última oportunidad.

El “cargo Tuey Rodriguez”, habitual ante casos de estancamiento en las deliberaciones de los jurados en el estado de Massachusetts, insta a los miembros a seguir discutiendo respetuosamente sobre la evidencia presentada y acordar una conclusión sin renunciar a sus opiniones propias, recogen medios especializados.

Poco después de darles esas instrucciones a los 12 miembros del jurado, Sullivan dio por terminada la jornada y los convocó de nuevo el jueves por la mañana. Las siguientes horas pueden ser cruciales, puesto que si el jurado reafirma que no puede alcanzar un veredicto, el juez tiene la capacidad de declarar nulo el juicio.

Clancy, una antigua enfermera de 36 años, afronta tres cargos de asesinato por la muerte por estrangulamiento de sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses, el 24 de enero de 2023 en su vivienda de Duxbury (Massachusetts), tras lo que intentó suicidarse y quedó parcialmente paralizada.

El jurado, integrado por nueve mujeres y tres hombres, comenzó a deliberar el jueves pasado después de más de cuatro semanas de juicio con 80 testigos y más de 300 pruebas y documentos.

Clancy no niega haber estrangulado a sus hijos, pero se declaró no culpable por falta de responsabilidad penal y sostiene que sufría una psicosis posparto que le impidió comprender la naturaleza y gravedad de sus actos.

La defensa argumentó durante el juicio que Clancy perdió el contacto con la realidad debido a su deteriorada salud mental, agravada por un tratamiento psiquiátrico inadecuado y una excesiva medicación, mientras que la Fiscalía argumentó que esta sabía lo que hacía y que tomó conscientemente la decisión de matar a sus hijos.

El jurado tiene las opciones de declararla culpable de asesinato en primer o segundo grado, de homicidio involuntario, y de declararla no culpable, o absolverla por problemas de salud mental.

En la práctica, el caso dirime si Clancy cumplirá la cadena perpetua o será sujeta a internamiento psiquiátrico.

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El diputado chavista Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, aseguró este martes que sigue luchando por la liberación de su padre y de la esposa de este, Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos desde hace casi ocho meses, tras haber sido capturados en Caracas por tropas del país norteamericano.

“Seguimos aquí trabajando, en el nombre de Dios, sacando el país adelante y luchando por la liberación pronto de Nicolás Maduro Moros y de Cilia Flores. Espero que podamos seguir teniendo (...) buenas noticias, estamos aferrados (...) a la fe y a la esperanza de que pronto los veremos libres”, expresó Maduro Guerra.

En un video que publicó en su cuenta de X, el también miembro de la directiva del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dio detalles de las supuestas fotografías de su padre publicadas el domingo en las redes sociales.

Según el diputado, las dos fotos fueron tomadas el pasado 25 de junio, un día después del devastador doble terremoto en su país que dejó al menos 6.509 muertos, motivo por el que Maduro “estaba muy conmocionado, muy afligido y muy pendiente”.

“Él, ese día, con las llamadas que tiene permitidas, nos llamó casi cuatro, cinco veces muy pendiente de la situación, preguntando cosas, cómo estaba La Guaira (la región más afectada, aledaña a Caracas)”, señaló el hijo, quien también relató que su padre pensó que esas fotografías pudieran “enviar un mensaje de que él estaba bien, fuerte y que está resistiendo”.

Las fotografías, en las que el depuesto mandatario sale con un pantalón y sudadera grises, fueron difundidas como un “pequeño regalo de amor y esperanza”, según un mensaje que acompaña la publicación y que, aseguró hoy el hijo, fue dictado en una llamada telefónica el pasado viernes.

Maduro y Flores fueron capturados por EE.UU. durante una operación militar en la capital venezolana, el pasado 3 de enero. Dos meses después, Venezuela y EE.UU. retomaron sus relaciones diplomáticas, rotas durante siete años.

Maduro enfrenta un juicio en Nueva York por presuntamente conspirar para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.

La semana pasada, Caracas y Washington anunciaron un acuerdo petrolero “histórico” que, según la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, tendrá una vigencia de veinticinco años con un objetivo de producción superior a los 1,5 millones de barriles diarios.

Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro, agradeció al mandatario estadounidense, Donald Trump, tras el acuerdo.

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