El Gobierno de Estados Unidos presentó cargos federales contra Christian Castro, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acusado de dispararle a un migrante venezolano durante un operativo en Minnesota y mentir posteriormente sobre lo ocurrido, informaron este jueves medios estadounidenses.

Un gran jurado federal imputó el miércoles seis cargos contra Castro, entre ellos por presuntamente dar declaraciones falsas a los investigadores, según informaron este jueves medios estadounidenses.

La acusación permanece bajo secreto judicial y se prevé que sea divulgada una vez que Castro sea detenido. Las autoridades federales intentan localizar al agente, quien salió en libertad la semana pasada tras permanecer casi tres meses detenido en Texas, según detalló la cadena CBS News.

Castro ya enfrenta cargos en Minesota por agresión y por denunciar falsamente un delito en relación con un operativo ocurrido el 14 de enero, cuando disparó contra el migrante venezolano Julio Sosa Celis, de 24 años.

El agente federal estuvo detenido más de tres meses en Texas, provocando una batalla legal entre el estado sureño y las autoridades en Minesota, que exigían su traslado para enfrentar allí la justicia estatal. El gobierno conservador de Texas, liderado por Greg Abbott, aliado cercano del presidente Donald Trump, complicó su extradición y Castro salió en libertad a finales de agosto.

En concreto, la Justicia de Minesota acusa a Castro de haber disparado en una pierna a Sosa y de presentar posteriormente un informe sobre el incidente en el que mintió al acusar a Sosa y otro migrante de haberlo atacado con una pala y un palo de escoba.

Sosa fue una de las tres personas que recibieron disparos de agentes migratorio durante la denominada operación ‘Metro Surge’, en la que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó a cientos de agentes migratorios en Mineápolis, lo que provocó fuertes enfrentamientos con la población civil.

Las otras dos víctimas, Renée Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses, murieron por disparos de agentes migratorios.

Desde enero de 2025 se han registrado, además, al menos 30 incidentes en los que agentes migratorios dispararon contra civiles, con un saldo de ocho muertos, según el medio especializado The Trace.

Ante el aumento de estos incidentes, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió en junio una investigación “independiente” sobre las muertes vinculadas a operativos migratorios y criticó la “falta de transparencia” de las autoridades estadounidenses.

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El proceso contra Nicolás Maduro en Estados Unidos ha tenido repercusiones internacionales desde su captura, el pasado 3 de enero. El caso comenzó tras un ataque militar estadounidense que dejó al menos 100 muertos en Venezuela y desde entonces avanza entre interrogantes sobre el futuro judicial del exmandatario. Este miércoles, su abogado, Barry Pollack, presentó dos mociones: una para desestimar toda la acusación por inmunidad soberana y otra, en caso de ser rechazada, para desestimar únicamente el cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo.

Pedir inmunidad y la desestimación del caso puede parecer una medida extrema y hasta ambiciosa por parte de la defensa del antiguo líder del régimen venezolano. Sin embargo, esta es, de hecho, una de las estrategias que puede utilizar su defensa para buscar garantizar su libertad. El argumento parte del derecho internacional y podría marcar una diferencia en este caso.

Maduro está acusado de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas, y está preso en un penal de Nueva York, donde se procesa su caso, desde su captura en Caracas el 3 de enero.

Según Enrique Prieto-Ríos, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, la defensa de Maduro parte de un argumento jurídicamente válido: el derecho internacional reconoce una amplia inmunidad a los jefes de Estado en ejercicio frente a la jurisdicción penal de otros países. Sin embargo, el principal obstáculo para Maduro es que Estados Unidos no reconoce su legitimidad como presidente de Venezuela, lo que podría impedirle invocar esa protección ante los tribunales estadounidenses.

El profesor señala que existe, además, un precedente que podría resultar desfavorable para su defensa: el caso del exdictador panameño Manuel Noriega. En esa ocasión, los tribunales de Estados Unidos determinaron que, al no reconocerlo como jefe de Estado de Panamá, no podía beneficiarse de la inmunidad correspondiente.

Manuel Noriega gobernó Panamá entre 1983 y 1989 y, pese a su colaboración con la CIA, sus vínculos con el narcotráfico deterioraron su relación con Washington. En 1989, EE. UU. invadió Panamá para derrocarlo y, tras refugiarse en la Nunciatura Vaticana, se entregó en enero de 1990.

El derecho internacional reconoce una amplia inmunidad a los jefes de Estado en ejercicio para que puedan desempeñar sus funciones sin estar sujetos a procesos penales en otros países. Esta protección, basada principalmente en la costumbre internacional, se conoce como inmunidad personal o ratione personae y, mientras la persona ocupa el cargo, impide, en principio, que otro Estado la detenga, arreste o procese penalmente, incluso por delitos graves.

Frente a este escenario, la comunidad internacional está dividida: Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de países de América Latina no reconocen el mandato de Maduro, mientras Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua y Bolivia respaldan al régimen.

En este contexto, existe una clara tensión entre la jurisdicción estadounidense y las normas del derecho internacional. Según el profesor, allí surge una discusión jurídica más compleja: establecer qué puede considerarse un “acto oficial” de un Estado y si determinadas conductas criminales pueden estar amparadas por la inmunidad.

Por otra parte, hay análisis que cuestionan si el reconocimiento de Estados Unidos al gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta y segunda al mando de Nicolás Maduro antes de sucederlo, podría implicar indirectamente un reconocimiento de la gobernanza del exgobernante. De ser así, este argumento podría favorecer la defensa de Maduro en su intento por reclamar inmunidad como jefe de Estado.

En el caso de Maduro, la primera cuestión no sería determinar si el narcotráfico puede considerarse un acto oficial. El debate comienza antes: si Estados Unidos debe reconocerlo, para efectos del derecho internacional, como un jefe de Estado en ejercicio y, por tanto, otorgarle inmunidad personal, pese a que el Gobierno estadounidense no lo reconoce políticamente como presidente legítimo de Venezuela.

“Los jueces suelen tener muy en cuenta la posición oficial del Gobierno sobre quién es reconocido como jefe de Estado. Eso ocurrió precisamente con Noriega. Por eso, la falta de reconocimiento de Maduro por Estados Unidos es probablemente el mayor obstáculo para su defensa”, explicó Prieto-Ríos.

Para Alejandro Bohórquez, profesor de FIGRI de la Universidad Externado, el recurso de inmunidad forma parte de la estrategia de la defensa para agotar todas las vías legales disponibles. Sin embargo, considera poco probable que Estados Unidos acepte este argumento, especialmente si se tiene en cuenta el precedente de Manuel Noriega.

“Por más que Maduro y sus abogados aleguen inmunidad soberana y demás, Estados Unidos no le va a prestar mucha atención a eso. Es, básicamente, una estrategia para agotar todos los recursos. Además, como los cargos contra Maduro son por narcotráfico y otros delitos, y no por cuestiones políticas, sino criminales, Estados Unidos probablemente desestimará cualquier intento de utilizar este tipo de herramientas”, afirmó Bohórquez.

Por otro lado, Prieto-Ríos argumenta que, si la Fiscalía estadounidense logra caracterizar las conductas imputadas no como decisiones de política pública venezolana, sino como la utilización del aparato estatal para facilitar una organización criminal o para obtener beneficios particulares, el precedente de Noriega le proporciona un argumento bastante fuerte para sostener que estamos ante actos privados o criminales realizados mediante el abuso del poder público, y no ante actos soberanos protegidos.

Si el juez reconoce la inmunidad de Maduro, podría desestimar los cargos, pero eso no significaría que sea inocente, sino que los tribunales estadounidenses no tendrían jurisdicción para juzgarlo.

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La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, ironizó sobre las pocas posibilidades que tiene de ser secretaria general de las Naciones Unidas en un evento universitario, semanas después de que se conociera un sondeo que la sitúa en penúltimo lugar entre ocho candidatos.

Mientras participaba en un evento realizado en la privada Universidad Diego Portales, Bachelet afirmó que China ha aumentado su influencia en desmedro de Estados Unidos y luego ironizó: “Esa es mi opinión, no seré secretaria general después de darla”.

La votación del Consejo de Seguridad realizada en agosto posicionó como favorita a la excanciller de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett con ocho votos favorables. Bachelet solo logró dos apoyos, informó su entorno a la AFP.

La socialista sudamericana fue nominada inicialmente en febrero pasado por el gobierno del expresidente chileno Gabriel Boric, junto con México y Brasil. Pero su candidatura perdió fuerza luego de que el nuevo mandatario chileno, el ultraderechista José Antonio Kast, le retirara su apoyo.

Haroldo Muñoz, excanciller chileno y parte del equipo de Bachelet, negó a la AFP que ka expresidenta vaya a dejar la carrera. “Aunque el objetivo no se consiga, su postulación es una cuestión de convicción, de defensa de principios en un momento en que se cuestiona el multilateralismo, el derecho internacional, el cambio climático, la democracia y los derechos humanos”.

En 80 años ninguna mujer ocupó la secretaría general del organismo mundial y apenas se registra un representante de América Latina: el peruano Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 y 1991.

Según una práctica no reglamentada y que no siempre se cumple, la secretaría general se va turnando entre regiones. Esta vez, le tocaría a América Latina.

Hasta el momento, cinco mujeres y tres hombres aspiran a suceder al portugués Antonio Guterres, de 77 años, quien terminará su segundo mandato de cinco años el 31 de diciembre.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hará su primera visita a Colombia para reunirse, en la sede de la Presidencia de la República en Barranquilla, con el presidente Abelardo de la Espriella, en lo que será la visita de más alto nivel de la administración de Donald Trump en casi un mes de mandato de De la Espriella.

La visita, según Noticias Caracol, está programada para inicios de la próxima semana y la agenda estará marcada por cuestiones diplomáticas, seguridad regional y los intercambios comerciales entre ambos países.

Vale la pena recordar que estos temas han sido los de mayor importancia para Washington desde las últimas elecciones presidenciales, en las que apoyaron al hoy presidente. Una vez posesionado De la Espriella, anunciaron un paquete de USD 1.000 millones en fondos para Colombia para cubrir prácticamente la misma agenda que se filtró para la reunión de la próxima semana.

También están pendientes por definirse los parámetros por los cuales ambos países realizarán operaciones conjuntas en territorio colombiano, un anuncio hecho por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, cuando firmó con el ministro de Defensa colombiano, Jorge Mora, la entrada del país al Escudo de las Américas.

La semana pasada, el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur estadounidense, visitó la frontera entre Ecuador y Colombia, donde sostuvo varias reuniones en suelo vecino con sus autoridades, con el ministro Jorge Eduardo Mora y con el comandante de las Fuerzas Militares, general Érick Rodríguez.

Será la primera visita de Marco Rubio a Colombia en más de una década, siendo la última en 2014, cuando ejercía como senador por el estado de Florida, cargo para el que fue reelegido hasta enero de 2025, cuando fue designado por Trump para su cargo actual.

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La historia de Pierre Damas Bel, un migrante haitiano de 20 años, estremeció a más de uno en Estados Unidos. Su familia culpa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) de su decisión de suicidarse tras portar una tobillera electrónica.

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Él se quitó la vida al ingresar a pie en una autopista interestatal a las afueras de Springfield, donde fue atropellado por un camión y falleció al instante, informó la Patrulla de Autopistas de Ohio, citada por la agencia EFE.

Él formaba parte de ese grupo de 300.000 haitianos que perdieron su estatus de protección temporal en Estados Unidos por decisión del gobierno de Donald Trump. Ingresó al país en 2024 a través de la aplicación CBP One.

Sus relatos propios y las declaraciones de sus familiares apuntan al deterioro de su salud mental, pues se sentía acosado. “Después de que a mi hijo le pusieron un dispositivo en el tobillo, sintió que lo trataban como un animal”, expresó su papá en un comunicado divulgado por CBS.

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Además, a través de su cuenta en Instagram, el joven escribió a finales de julio: “Vine a este país para cursar mis estudios. No vine aquí para cometer un delito ni para hacer daño a nadie. Sin embargo, ahora camino por las calles de Estados Unidos con un monitor GPS en la pierna, cargando con una sensación de vergüenza y humillación que jamás imaginé que viviría”. La publicación estuvo acompañada de una foto que lo mostraba usando la tobillera electrónica.

Citado por el Miami Herald, su papá contó que él había empezado la universidad, aspiraba a ser un atleta universitario y se había inscrito en un programa del Ejército estadounidense que conducía a la ciudadanía. No recibió el uniforme por la tobillera.

Su familia y sus declaraciones apuntan a un mismo lugar: la política migratoria del gobierno de Trump. Ahora bien, en un comunicado para medios, ICE dijo que le puso el dispositivo a Bel el 29 de julio “mientras continuaba con sus procedimientos de inmigración” y rechazó “cualquier intento de culpa por su muerte”. La agencia agregó que “no se le exige a nadie quedarse en Estados Unidos ilegalmente y llevar un monitor GPS”.

Entretanto, los ciudadanos de Springfield se preparan para realizar el viernes una vigilia en su nombre. Se sabe que él era el mayor de tres hermanos. Tenía en proceso una solicitud de asilo. Recientemente había empezado su primer semestre en la Universidad Estatal de Wright, en Dayton, con una beca, y su sueño era estudiar medicina.

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La periodista estadounidense y figura emblemática del feminismo, Gloria Steinem, murió a los 92 años, informó su fundación en un comunicado difundido el jueves.

“Gloria Steinem falleció en paz en su casa de Nueva York, rodeada de algunas de las muchas personas que la querían”, señaló Gloria’s Foundation en un comunicado publicado en Instagram, sin precisar la causa de la muerte.

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Steinem comenzó su carrera en el periodismo a principios de los años 60, cuando muchas mujeres necesitaban aún una autorización de sus esposos para tener una cuenta bancaria.

En aquella época, escribió un reportaje de investigación sobre el sexismo generalizado que enfrentaban las camareras “conejitas” en el club Playboy de Nueva York.

Su despertar feminista ocurrió durante una reunión en 1969 en la que las mujeres hablaron abiertamente sobre la experiencia de abortar, según relató.

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“Eso dio un sentido a mi propia experiencia. Yo había abortado y no se lo había dicho a nadie”, escribió luego en el New York Magazine.

Poco a poco, pasó de la escritura a los discursos y el debate público. Durante años viajó por Estados Unidos y el mundo para participar en conferencias y protestas.

En la década de los 70, Steinem fundó la revista Ms. y el National Women’s Political Caucus, y organizó la primera Conferencia Nacional de Mujeres en Houston.

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“Los casi 100 años de Gloria fueron años bien vividos, y siguió trabajando por la igualdad hasta el final”, declaró su fundación.

“El mayor don de Gloria era su capacidad para escuchar a los demás, para hacer que se sintieran vistos y escuchados. Gloria vivió fiel a su espíritu independiente, siempre con curiosidad y un gran sentido del humor”, apuntó.

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Una jueza federal de Estados Unidos impidió que la administración de Donald Trump aplicara una nueva orden ejecutiva que limitaba quiénes reúnen los requisitos para obtener la ciudadanía por nacimiento.

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Esta medida frustra el último intento del presidente de restringir este derecho constitucional, tras el rechazo de la Corte Suprema de Estados Unidos de su intento anterior.

La jueza federal de distrito Deborah Boardman emitió una orden judicial preliminar tras una apelación presentada por grupos de derechos humanos que impugnaron la orden ejecutiva de Trump del 6 de agosto.

La orden estaba dirigida a quienes, según Trump, ingresan al país con el pretexto de hacer turismo, cuando en realidad su intención es dar a luz.

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“La Corte Suprema se ha pronunciado: los niños de la clase certificada son ‘ciudadanos por nacimiento’”, escribió la jueza de Maryland en su fallo de 35 páginas. Agregó que la orden del presidente de agosto “es casi con toda seguridad inconstitucional”.

Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes celebraron la decisión. “En lo que respecta a atacar la ciudadanía por nacimiento, la administración de Trump ha perdido ante este tribunal, ha perdido ante la Corte Suprema y ha vuelto a perder hoy”, dijo Shana Khader, directora jurídica de We Are CASA, un grupo con sede en Maryland.

En su primera orden ejecutiva sobre el tema, Trump afirmó que los niños nacidos de padres que se encuentran indocumentados en Estados Unidos o con visas temporales no se convertirían automáticamente en ciudadanos estadounidenses.

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Los tribunales de primera instancia bloquearon esa medida, al dictaminar que, en virtud de la enmienda 14 de la Constitución, casi todas las personas nacidas en territorio estadounidense son ciudadanos estadounidenses. La Corte Suprema estuvo de acuerdo.

Los esfuerzos del presidente por restringir la ciudadanía por nacimiento forman parte de su campaña más amplia para limitar la inmigración, que incluye la expulsión de millones de migrantes indocumentados y la eliminación de las protecciones contra la deportación para los nacionales de más de una docena de países.

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Recientemente, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que su gobierno empezaría a deportar a migrantes “ilegales” que residen en Colombia. Esto representaría un giro agresivo y radical de la gestión migratoria del país. Las declaraciones de De la Espriella, lejos de ser originales, lo acercan al discurso xenófobo y a las prácticas fallidas de gobernantes alrededor del mundo.

Como experto en gestión migratoria comparada, con énfasis en las políticas migratorias de Colombia, puedo decir con contundencia que perseguir una política de deportaciones masivas, es un error de proporciones históricas. Es una fantasía querer gestionar la migración mediante deportaciones masivas, y es una ilusión cruel que ocasiona sufrimiento innecesario. Colombia ha seguido una ruta propia que ha sido muy exitosa. El presidente aún está a tiempo para evitar este error y no seguir este camino que la evidencia empírica ha demostrado que es defectuoso. En una frase, las deportaciones masivas no son más que un canto de sirenas, al menos por seis razones.

En primer lugar, es un error pragmático. Las deportaciones son carísimas y difíciles. Es mucho más fácil prometer que realmente llevarlas a cabo. Un claro de la ciencia política es la llamada “brecha del discurso” en donde políticos prometen controlar la migración mediante deportaciones, pero en realidad no pueden lograr sus objetivos. Esto daña la credibilidad del político que promete “solucionar” el tema de la migración mediante deportaciones, resultando en una baja de popularidad. Más aún, la crueldad y el uso intenso de recursos requerido para deportaciones hacen de estas políticas algo impopular.

Basta ver cómo ha caído la popularidad del presidente Trump en Estados Unidos incluyendo su política de deportaciones.

Segundo: es un error estratégico. Cualquier programa de deportaciones masivas requerirá de la cooperación del gobierno de Venezuela, con quien el nuevo presidente no mantiene buenas relaciones. La deportación necesita la cooperación del gobierno del país de origen y en este caso haría que el gobierno de Colombia dependa de un régimen que ha demostrado ser, como su antecesor Maduro, pérfido, impredecible, y enfocado exclusivamente en su propia supervivencia a toda costa. ¿Quiere el presidente de Colombia depender de Delcy? No se lo recomendaría. Además, hay una frontera de dos mil kilómetros entre los dos países que es imposible de vigilar por completo, ¿qué caso hay en deportar a personas que pueden reingresar sin mucha dificultad?

En tercer lugar, es un uso dispendioso e innecesario de recursos públicos. En EE. UU. deportar a un solo individuo cuesta al menos 17 mil dólares, un poco más de cincuenta millones de pesos (aunque expertos creen que cuesta mucho más). Con certeza, los colombianos no quieren que sus impuestos se usen para políticas crueles e innecesarias cuando podrían estarse usando esos recursos para invertir en salud, educación, infraestructura y seguridad. Países mucho más ricos que Colombia en Europa y EE. UU. han buscado deportar a migrantes irregulares desde hace años y no lo han logrado. ¿Quieren los colombianos que se desperdicien sus impuestos en esta actividad?

En cuarto lugar, las deportaciones masivas son un autogol económico. Las venezolanas y los venezolanos en Colombia están totalmente integrados a la economía del país y benefician la economía de la nación, incluso quienes no están regularizados. Es apenas lógico en visto de que la mayoría de los migrantes son personas en edad laboral y que están buscando trabajar. Más aún, estudios muestran que la recaudación fiscal de los migrantes es enorme y supera los costos asociados a servicios para ellos. Basta ver cómo la deportación masiva ha dañado a la economía estadounidense durante el gobierno de Trump.

En quinto lugar, es una propuesta profundamente antifamilia y antiinfancia que contradice las banderas que enarbola el presidente de Colombia en sus apariciones públicas. La amenaza de deportaciones masivas no hace que los migrantes se autodeporten, pero sí que vivan su vida con miedo y que se escondan de las autoridades por temor a represalias, incluso quienes cuentan con documentos formales. Hará que padres y madres de familia tengan temor de acudir a servicios para sus niños, y que se separen a familias de manera cruel. ¿Por qué tendría un niño que temer todos los días que quizá su padre o su madre no regresarán a casa porque fueron deportados? Después de una década de migración venezolana, hay decenas de miles de familias binacionales con niñas y niños colombianos: ningún niño colombiano debe vivir en miedo de la separación familiar.

En sexto lugar, es un error humanitario y hasta católico. Colombia ha sido ejemplo y esperanza para el mundo, demostrando una solidaridad histórica con migrantes venezolanos, tal como lo hizo Venezuela con migrantes colombianos en las décadas más intensas del conflicto interno armado. La deportación masiva generaría sufrimiento innecesario y cruel contra gente de un país hermano. Sería un giro que va directamente en contra de las enseñanzas católicas y el llamado del papa León XIV de no darles la espalda a migrantes y refugiados y no tratarlos de manera inhumana. De la Espriella habla mucho sobre su fe católica; el trato que dará a los migrantes será la muestra real de sus convicciones.

Si hay venezolanos sin regularizarse (que el presidente llama “ilegales”) en Colombia es, en gran medida, porque no han tenido la oportunidad de regularizar su situación. El Estatuto que firmó el expresidente Iván Duque en 2021 fue extremadamente exitoso y un modelo a seguir para el resto del mundo, logrando que muchos venezolanos se regularizaran. El problema es que ya no hubo más políticas de regularización después de Duque: el gobierno de Petro no aprobó instrumentos de regularización efectivos e interrumpió el modelo que se había sido implementado eficazmente.

De la Espriella se encuentra en una disyuntiva: puede continuar con la política exitosa de regularización masiva seguir el canto de sirenas que tienta a gobiernos y los lleva a tirarse por la borda de la historia.

*Andrés Besserer Rayas, investigador afiliado a la Presidencia de El Colegio de México. Doctor y Maestro en ciencia política por la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Maestro en Democracia y Politica Comparada por University College London.

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Un total de 21 presuntos agresores sexuales fueron capturados en nueve países: dos en Argentina, uno en Bolivia, dos en Chile, seis en Colombia, tres en Brasil, dos en España, uno en Paraguay, tres en Perú y uno en República Dominicana. Así lo confirmó la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) en la tarde de este martes 2 de septiembre.

Según detallaron las autoridades, en el desarrollo de las investigaciones adelantadas en Armenia (Quindío), fue rescatada una niña de cinco años que se encontraba en un entorno de abuso. En coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se adelantó el proceso de restablecimiento de sus derechos.

Asimismo, la madre de la menor, conocida con el alias de “La Depredadora”, fue capturada. Según la Dijín, la mujer es señalada de abusar de la niña y producir material audiovisual que posteriormente era transmitido a través de la red oscura.

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También fue capturado alias “Vaquerito”, quien, de acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades, “se desempeñaba como creador de contenido digital e instructor de fútbol, actividades que aprovechaba para contactar a niñas mediante falsas promesas de modelaje y realizar sesiones fotográficas con connotación sexual”.

Además, fue desarticulada una organización criminal transnacional dedicada a la comercialización de material de abuso sexual infantil a través de dos portales alojados en la red oscura. El acceso a estos sitios y su contenido eran comercializados mediante criptomonedas, específicamente bitcoin, según determinaron los investigadores.

“Se estableció que el acceso mensual al contenido ilícito tenía un costo aproximado de COP 300.000. Asimismo, se evidenció que los portales criminales registraron movimientos superiores a los COP 2.500 millones, equivalentes a un promedio cercano a los COP 50 millones mensuales”, indicó la Dijín.

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La operación estuvo coordinada por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Guardia Civil de España, la Policía Nacional de España, el Centro Americano contra el Cibercrimen de Ameripol, El PAcCTO 2.0, Europol, la Agencia HSI de Estados Unidos y la organización OUR.

Durante la operación se llevaron a cabo 23 allanamientos y se incautaron 73 elementos materiales probatorios. “Los investigadores analizaron más de 7.223 imágenes y videos distribuidos entre los años 2023 y 2026, estableciendo que las víctimas identificadas corresponden a niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 2 y 13 años”, mencionó la Dijín.

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Con el acuerdo petrolero entre el gobierno interino de Venezuela y el de Donald Trump también volvió a encenderse la maquinaria de las promesas. El oficialismo habla de una reactivación económica que generaría hasta “3,6 millones de empleos directos, indirectos y adicionales” derivados de la actividad petrolera, en palabras del diputado venezolano Miguel Pérez Abad.

“Aquí lo que hace falta es empleo, pero del que pague en dólares para llenar la nevera y comprarles las cosas a los muchachos”, le dice Xiomara Benítez, ama de casa y madre de tres hijos en el estado Miranda, a “El Pitazo”. “Lo que quiero es que me llamen a trabajar, volver a ponerme mis botas, mi casco y ganarme el pan dignamente”, agrega por su lado Caros Mendoza, un soldador desempleado.

Para una población golpeada por años de crisis, la idea de volver a vivir un “boom” petrolero suena como el alivio definitivo. Sin embargo, cuando se lee la letra pequeña del acuerdo, y se contrasta con la realidad del país, la pregunta inevitable es una sola: ¿cuántos de esos beneficios llegarán realmente al bolsillo del ciudadano de a pie?

La respuesta corta es que muy poco. A pesar del entusiasmo oficial, el modelo bajo el cual se estructuró este convenio está lejos de generar el bienestar o la estabilidad salarial que la gente necesita para salir adelante.

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El “empleo petrolero” ya no es garantía de salir de la pobreza

Históricamente, la producción petrolera ha activado cadenas de proveedores de transporte, construcción, mantenimiento y otros servicios en el país, lo que ha generado empleo formal en Venezuela y donde se solía imprimir el boleto de ascenso de la clase media. Eso cambió.

El antecedente más claro de lo que espera a los trabajadores está en los proyectos ya operados por North American Blue Energy Partners (NABEP), la firma encargada de ejecutar el plan de explotación. Según reportó Infobae en agosto, en campos de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, los sindicatos petroleros denuncian que los obreros cumplen jornadas extenuantes bajo esquemas de siete días de trabajo por siete de descanso, ganando apenas unos USD 600, sin seguro médico familiar, sin bonos de producción y al margen de la Convención Colectiva Petrolera.

A primera vista, USD 600 pueden parecer una fortuna frente al salario mínimo oficial congelado en 130 bolívares (menos de USD 1 al mes). Pero la realidad de los comercios y mercados en Venezuela dice otra cosa: la canasta alimentaria familiar supera los USD 670 mensuales. Es decir, ni siquiera el empleado directo de la petrolera que extraerá el recurso ganará lo suficiente para cubrir la comida de su hogar. Si ese es el estándar laboral en las operaciones actuales, hay pocas razones para creer que los nuevos campos vayan a traducirse en salarios dignos para el resto de la población, cuando los términos y las condiciones ni siquiera los fijará el gobierno venezolano.

No habrá efecto cascada por ahora

Muchos comerciantes, mecánicos y pequeños empresarios albergan la esperanza de que la llegada de capital extranjero reactive los negocios del barrio por un “efecto derrame”. Sin embargo, la naturaleza del acuerdo frena esa posibilidad.

Como señala Luis José González, doctor en ciencias sociales de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), la inversión sí puede reactivar la cadena de suministro local y dar oxígeno a pymes que orbitan sobre los centros operativos, pero no en las dimensiones que el chavismo en el poder está hablando. Esto se debe esencialmente a la naturaleza del acuerdo, que es extractivista.

“El 100 % de las asignaciones de capital y los proyectos anunciados para Venezuela se concentran en exploración y producción, sin una sola mención a la rehabilitación profunda de refinerías, a la ampliación de complejos petroquímicos o a la construcción de nuevas instalaciones. El país se convierte así en exportador de materia prima barata e importador de derivados caros, perpetuando una dependencia que lo condena a ser patio trasero de la industria occidental”, señala en su análisis.

En términos más sencillos, Venezuela operará únicamente como un exportador de materia prima barata. La cadena de contratistas e industrias locales, que antes generaba miles de empleos formales, seguiría paralizada. Según Gonzáles, las empresas petroleras “compran” servicios de ingeniería, tecnología y perforación a sus propias casas matrices en el exterior o a multinacionales que facturan desde afuera de nuestras fronteras. Es decir, los fondos de capital entran por una mano y salen por otra en el extranjero.

Las transacciones se liquidan en cámaras de compensación de Nueva York o Londres y la banca venezolana no ve ni un dólar. De esta manera, la moneda nacional no se fortalece y el dinero circula en un circuito cerrado internacional sin tocar al comercio del barrio, que es la ilusión de la gente. Además, el experto destaca que, con los términos actuales, Venezuela deberá importar todavía la gasolina y el diésel procesados a precios internacionales caros. Para el ciudadano común, la escasez y el alto costo del combustible no van a desaparecer pronto.

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¿Dinero para agua, luz y hospitales?

Existe también la expectativa de que, al vender más petróleo, el Estado tendrá más ingresos para reparar los golpeados servicios públicos o mejorar las pensiones. No obstante, la experiencia de acuerdos similares en la región deja una advertencia clara.

En modelos de contrato, donde las petroleras privadas asumen la inversión bajo condiciones de alto riesgo, estas empresas suelen recuperar primero hasta el 75 % de sus costos antes de repartir beneficios con el Estado, como es el caso de Guyana. De lo que queda, el gobierno apenas capta una fracción mínima del margen neto. Esto significa que el volumen de dinero que entrará al tesoro público para inversión social será considerablemente reducido.

Además, el dinero que logre captar el Estado difícilmente se traducirá en mejores hospitales o un sistema eléctrico estable. La tendencia del gasto público, no solo en el caso venezolano ha sido quemar los ingresos para sostener la burocracia o en el reparto discrecional de bonos de emergencia.

Sin reglas transparentes ni inversión en infraestructura, la renta petrolera volvería a diluirse. Expertos insisten en que el acuerdo petrolero puede ofrecer oxígeno financiero, pero mientras esté diseñado bajo un esquema extractivo, el ciudadano de a pie quedará al margen de las ganancias.

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El juez estadounidense William Sullivan, que preside el mediático caso contra Lindsay Clancy, la mujer acusada de matar a sus tres hijos en Massachusetts, dio este miércoles una orden definitiva al jurado para que siga deliberando y alcance un veredicto unánime después de que este le reiterara su bloqueo.

El jurado envió una nota ayer martes indicando que estaba en un punto muerto y Sullivan le pidió continuar, pero este miércoles por la tarde, en su quinta jornada de deliberaciones, envió una nota similar, tras lo que el magistrado leyó unas instrucciones conocidas como “cargo Tuey-Rodriguez”, que representan una última oportunidad.

El “cargo Tuey Rodriguez”, habitual ante casos de estancamiento en las deliberaciones de los jurados en el estado de Massachusetts, insta a los miembros a seguir discutiendo respetuosamente sobre la evidencia presentada y acordar una conclusión sin renunciar a sus opiniones propias, recogen medios especializados.

Poco después de darles esas instrucciones a los 12 miembros del jurado, Sullivan dio por terminada la jornada y los convocó de nuevo el jueves por la mañana. Las siguientes horas pueden ser cruciales, puesto que si el jurado reafirma que no puede alcanzar un veredicto, el juez tiene la capacidad de declarar nulo el juicio.

Clancy, una antigua enfermera de 36 años, afronta tres cargos de asesinato por la muerte por estrangulamiento de sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses, el 24 de enero de 2023 en su vivienda de Duxbury (Massachusetts), tras lo que intentó suicidarse y quedó parcialmente paralizada.

El jurado, integrado por nueve mujeres y tres hombres, comenzó a deliberar el jueves pasado después de más de cuatro semanas de juicio con 80 testigos y más de 300 pruebas y documentos.

Clancy no niega haber estrangulado a sus hijos, pero se declaró no culpable por falta de responsabilidad penal y sostiene que sufría una psicosis posparto que le impidió comprender la naturaleza y gravedad de sus actos.

La defensa argumentó durante el juicio que Clancy perdió el contacto con la realidad debido a su deteriorada salud mental, agravada por un tratamiento psiquiátrico inadecuado y una excesiva medicación, mientras que la Fiscalía argumentó que esta sabía lo que hacía y que tomó conscientemente la decisión de matar a sus hijos.

El jurado tiene las opciones de declararla culpable de asesinato en primer o segundo grado, de homicidio involuntario, y de declararla no culpable, o absolverla por problemas de salud mental.

En la práctica, el caso dirime si Clancy cumplirá la cadena perpetua o será sujeta a internamiento psiquiátrico.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió este miércoles de su apoyo a Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales al mencionar las “buenas relaciones” que tiene con casi todos los países de América Latina.

“Respaldé a un caballero: El Tigre. Me gusta su nombre; creo que eso significa que es un tipo valiente”, mencionó Trump en una reunión con empresarios en la Casa Blanca que fue transmitida en redes sociales.

Según el republicano, De la Espriella no era el favorito para ganar la contienda presidencial en la que terminó venciendo a Iván Cepeda en segunda vuelta. “Había unos diez competidores”, dijo. También afirmó que cree que el presidente colombiano “hace un gran trabajo”.

El contexto de estas declaraciones se da el mismo día en que el secretario de Energía, Chris Wright, firma en Caracas el histórico acuerdo de explotación petrolera con Venezuela.

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Vale la pena recordar que en el último año, por lo menos cinco países de la región se han alineado con los intereses de Washington para Latinoamérica.

Bien sea por elecciones presidenciales, como es el caso de Bolivia (Rodrigo Paz), Chile (José Antonio Kast), Perú (Keiko Fujimori) y Colombia (De la Espriella), o por intervención, como es el caso de Delcy Rodríguez y su interinato presidencial ante la extracción y captura de Nicolás Maduro. Estos se suman a otros aliados como Argentina y Ecuador, que cooperan con Trump desde su regreso a la Casa Blanca. Es en este contexto que Trump celebró sus “buenas relaciones” con el continente.

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Erin Piacenti pasaba por Times Square, en Nueva York, en su trayecto de regreso del trabajo a la casa, cuando una mujer la apuñaló en el abdomen. Aunque fue trasladada al Hospital Bellevue, la mujer de 32 años, que tenía un cargo de vicepresidenta en Bank of America, falleció. Ella acababa de retomar sus funciones laborales tras convertirse en mamá. Era su primera semana de regreso.

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Apenas hace unos días, a través de sus redes sociales, publicó una foto con su hija recién nacida y su esposo, y escribió que estaba agradecida por haber pasado los últimos cinco meses en licencia de maternidad y por el bautizo de su niña. Ella estudió en la Universidad de Pensilvania y se graduó de la Facultad de Derecho de Fordham. En el banco trabajaba en la división de selección de negocios y conflictos.

La empresa, a través de un comunicado enviado a la prensa, dijo: “Estamos consternados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera”. El decano Joseph Landau, por su parte, escribió una carta dirigida a los exalumnos el martes diciendo que Piacenti “era una integrante vibrante y muy querida” de la comunidad. En la misiva, citada por The New York Times, también mencionó que, “durante su tiempo en Fordham, se distinguió por su dedicación académica, su aguda mente jurídica, su calidez y su generosidad con sus compañeros”.

¿Qué se sabe de la otra persona herida en Times Square?

Tak Kam, de 68 años, fue la primera persona atacada por Pamela Cisneros, y lo hizo sacando dos cuchillos de cocina de una bolsa roja de Target y usando uno para apuñalarlo en el abdomen. Él, junto a su esposa, estaba esperando cruzar la calle, según informó Jessica Tisch, comisionada de policía, quien agregó que segundos después Piacenti fue herida con un arma blanca.

Kam, que está en recuperación, estaba en Nueva York para visitar a su hijo. Entretanto, las autoridades siguen investigando lo sucedido y, según han detallado las autoridades, se sabe que Cisneros tenía dos antecedentes policiales. Un informe al cual tuvo acceso el diario neoyorquino expuso que el primer incidente ocurrió en 2018, cuando ella fue encontrada gritando y con una actitud agresiva en el centro de Manhattan. Menos de cuatro meses después, Cisneros intentó arrojarse delante de un tren de la línea E que se dirigía hacia el sur.

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Los colombianos David Panqueva y Santiago Páez fueron arrestados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Aeropuerto Internacional Midway de Chicago. Los subieron a una camioneta, sin darles muchas explicaciones, y los llevaron a un centro de detención. Pasaron dos semanas hasta que fueron liberados bajo fianza.

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“Bueno, ustedes fueron detenidos”, mencionó Panqueva a CNN recordando el día en que fueron capturados por los agentes federales: “Nos dicen: ‘Ustedes son buenas personas, pero pasó la situación de la visa’. Siempre aclaramos que tenemos un proceso de asilo pendiente”. Él, conocido como DJ Tunjo, llegó a Estados Unidos en 2021. Su esposo lo hizo en 2022. Desde entonces han recibido acompañamiento legal.

En sus declaraciones al medio estadounidense, Panqueva aseguró que han tenido comunicación con las autoridades todo el tiempo: “Hemos hecho nuestras citas de biométricos, cualquier cosa que se nos ha requerido. Poseemos permisos de trabajo, poseemos seguro social y nunca hemos tenido problema en presentarnos frente a las autoridades. Ahí llega la sorpresa para nosotros y nos damos cuenta de que también nos puede pasar”.

Describieron el haber estado detenidos como una experiencia difícil, y que incluso muchos de los capturados no entienden qué es lo que pasa: “Hay mucha confusión y hay muchas personas que no tienen la información de qué pueden hacer, de un abogado, de muchas cosas. Siento que, por el hecho de hablar inglés, tuvimos un trato diferente. Hay personas que, por no hablar inglés, pasan por situaciones muy incómodas y tratos completamente diferentes”.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, citado por CNN, dijo que ambos estaban a la espera de procedimientos de expulsión. A través de un comunicado, añadió que la pareja fue detenida por permanecer en el país más tiempo del permitido por sus visas, que vencieron en septiembre y marzo de 2022.

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En las últimas horas se ha hablado sobre Raúl Castro y su estado de salud. Aparentemente, fue hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral y se encuentra en estado grave. Eso se sabe por reportes de prensa, pues el hermetismo en la isla ha impedido que se conozca una versión oficial sobre ello.

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El Diario Las Américas reportó el martes que Castro está siendo asistido con equipos para mantenerlo con vida luego de padecer un accidente cerebrovascular, según información confidencial que llegó a esa sala de redacción. El Gobierno cubano, hasta el momento, no se ha pronunciado al respecto.

A eso se sumó WPLG Local Ten, que, citando al profesor jubilado de la Universidad de Miami Andy Gómez, quien atribuyó la información a “fuentes confiables dentro de Cuba”, aseguró que Castro había sido hospitalizado. Ante este panorama, una fuente del Miami Herald en La Habana dijo que no hay indicios en las calles de que estuviera ocurriendo algo extraordinario y que la gente sigue con sus asuntos habituales.

Lo que sí se ha visto en el último tiempo es que Castro, sobre quien recurrentemente se crean rumores de muerte y enfermedad, está cada vez más frágil. De hecho, por primera vez en al menos tres décadas, no asistió en julio al aniversario del asalto al Moncada. Él fue visto por última vez en público el 13 de agosto, en el Teatro Karl Marx de La Habana, donde asistió a la gala por el centenario del nacimiento de su hermano Fidel Castro.

Raúl Castro, de 95 años, fue imputado por Estados Unidos por los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves. Se le acusa de ordenar, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, el derribo en 1996 de dos avionetas.

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Meses atrás, los jugadores de la selección argentina ondearon orgullosos una pancarta con el mensaje “Las Malvinas son argentinas” después de ganar su partido contra Inglaterra en el Mundial de Fútbol de 2026. El gesto simbólico no solo recordó la guerra entre ambos países por la soberanía de las islas en 1982, sino que también volvió a poner la disputa en el centro de la discusión internacional. Ahora, meses después de aquel episodio, Estados Unidos afirmó que estaría reconsiderando su posición frente al Reino Unido en la disputa por la soberanía de las islas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió la puerta a un eventual cambio en la posición de Washington sobre la soberanía de las islas Malvinas, un territorio cuya pertenencia es disputada históricamente por Argentina y el Reino Unido.

El debate comenzó después de que The Telegraph informara que Washington estaría reevaluando sus compromisos de defensa con sus aliados del Atlántico en función del nivel de gasto militar de cada país. Según el medio británico, una de las principales preocupaciones de Estados Unidos es que Londres aún no ha presentado un plan concreto para alcanzar la meta de destinar el 5 % de su PIB a defensa, promovida por la administración de Donald Trump.

Consultado por periodistas en el Despacho Oval sobre la postura estadounidense frente al archipiélago, Trump evitó ratificar el respaldo de su país a Londres y aseguró que su administración mantiene bajo revisión sus distintas posiciones en política exterior. La declaración supone una señal relevante frente a una disputa que enfrenta a Argentina y Reino Unido desde hace décadas y que desembocó en la guerra de 1982.

Para Lawrence Gumbiner, consultor internacional y exdiplomático, la explicación detrás del inesperado cuestionamiento de Donald Trump está en su enfoque transaccional de la política exterior. “El concepto de aliados de largo plazo y la necesidad de balancear intereses después de una relación amplia e importante no tienen mucho peso para él”, explica.

En ese sentido, Gumbiner considera que Trump utiliza la presión y las amenazas cuando un país no responde a sus intereses o expectativas. En este caso, el objetivo sería el Reino Unido, al que el presidente estadounidense estaría presionando por su posición frente a la guerra con Irán y por considerar insuficiente su nivel de gasto militar.

“Trump no tiene ningún interés actual en apoyar a Argentina frente al Reino Unido por las Malvinas. Todo está relacionado con otros temas”, sostiene el exdiplomático. A esto se suma, según su análisis, la cercanía entre Trump y el presidente argentino, Javier Milei, considerado un aliado particularmente alineado con los intereses y las posiciones del mandatario estadounidense.

En el escenario de que la advertencia de Donald Trump llegara a concretarse y Estados Unidos retirara su respaldo a la posición británica sobre la soberanía de las islas Malvinas, el impacto en la relación entre Washington y Londres sería significativo, advierte Matías Franchini, profesor de carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.

Según el académico, para el Reino Unido la defensa de las Malvinas constituye una política de Estado sostenida durante décadas y vinculada tanto con su identidad nacional como con su política exterior. Una posición similar mantiene Argentina respecto al archipiélago. Por eso, un eventual giro de Washington representaría un golpe importante para Londres, especialmente porque Estados Unidos ha sido históricamente un aliado clave del Reino Unido en esta disputa.

Franchini recuerda que ese respaldo tuvo especial relevancia durante la guerra de 1982, cuando la administración de Ronald Reagan apoyó al gobierno de Margaret Thatcher en el conflicto con Argentina. Un cambio en esa postura, por tanto, supondría una ruptura con una relación de apoyo que se ha mantenido durante décadas.

“En términos internacionales, para Argentina obviamente sería un apoyo importante de Estados Unidos a la reivindicación argentina de soberanía. Habría que ver qué significa esto en términos formales: si habría algún tipo de apoyo en el ámbito del Consejo de Seguridad, por ejemplo, o si Estados Unidos estaría dispuesto a presionar al gobierno británico para que negocie la cuestión de la soberanía sobre Malvinas, algo que el gobierno británico históricamente no ha querido hacer”, añadió el experto.

La Guerra de las Malvinas enfrentó a Argentina y el Reino Unido entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 por la soberanía de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. En medio de una profunda crisis económica y social, la dictadura militar argentina ordenó la ocupación del archipiélago en un intento por recuperar apoyo popular, pero el Reino Unido respondió con una operación militar para retomar el control.

Tras 74 días de combates por mar, aire y tierra, Argentina se rindió. El conflicto dejó cerca de 900 muertos entre ambos bandos y la derrota profundizó la crisis del régimen militar argentino, acelerando el proceso que culminó con el retorno de la democracia en 1983.

“En Argentina, la cuestión Malvinas es muy relevante. Es una agenda que despierta sentimientos nacionalistas y ha sido utilizada por distintos gobiernos. Desde la dictadura militar, entre 1976 y 1983, que desató la guerra de Malvinas, hasta el peronismo, los gobiernos han utilizado la cuestión Malvinas como un elemento de identidad y para unir los sentimientos nacionales”, explicó Franchini.

Sin embargo, para el exdiplomático Lawrence Gumbiner, este eventual cambio no debería interpretarse necesariamente como un giro permanente en la política exterior de Estados Unidos. A su juicio, Donald Trump no opera bajo una gran estrategia internacional de largo plazo, sino que aborda las relaciones exteriores caso por caso, en función de los intereses y las transacciones del momento. “Los aliados pueden volver a ser enemigos y los enemigos pueden volver a ser aliados”, señala, por lo que la posición de Washington podría cambiar nuevamente en cualquier momento.

El respaldo de la Casa Blanca a Argentina en la disputa por las Malvinas/Falklands ya había aparecido en el contexto del Mundial de Fútbol de 2026. Tras la polémica por la pancarta exhibida por los jugadores argentinos durante la celebración de su victoria frente a Inglaterra, Washington defendió su derecho a la libertad de expresión, pese a que el gesto podría acarrear sanciones de la FIFA por tratarse de una declaración de carácter político.

Según el profesor, Trump está negociando y presionando al Reino Unido para aumentar su presupuesto militar, pero también decide apoyar al gobierno argentino porque es un aliado. Entonces, acá hay una cuestión pragmática de política exterior, si se quiere, pero también una cuestión de alineamiento ideológico.

“Un poco lo que ha sido la política exterior de Trump: por un lado, una política muy pragmática y transaccional, pero donde la ideología también juega un papel importante”, concluyó el experto.

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El influyente juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes quedó este martes bajo presión tras la publicación de mensajes que le envió un banquero preso bajo sospecha de una vasta trama de corrupción, en los días previos a su detención.

Las revelaciones ocurren a pocas semanas de las elecciones del 4 de octubre, en las que se enfrentarán el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022).

Los mensajes del banquero preso Daniel Vorcaro presagian una dura batalla en el tribunal supremo. Fueron publicados por orden de André Mendonça, uno de los magistrados de la corte, que a juicio del Fiscal General, Paulo Gonet, excedió sus competencias al investigar a su compañero de tribunal.

Por esto, Gonet pidió la nulidad de esa investigación.

Mendonça, por su parte, solicitó al presidente de la corte suprema que el contenido del informe policial sea examinado en sesión plenaria, “de manera pública y transparente”.

Daniel Vorcaro era el dueño del Banco Master, que colapsó y dejó deudas por más de 7.000 millones de dólares a cientos de miles de inversores, en uno de los mayores escándalos financieros de la historia de Brasil.

Moraes es una de las figuras más poderosas del Supremo Tribunal Federal. Condujo el histórico juicio por golpismo contra Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión.

Un informe de la Policía Federal al que tuvo acceso la AFP el martes reproduce mensajes de WhatsApp en los que el banquero le pide ayuda a Moraes con el aparente objetivo de frenar la investigación que terminó en su arresto en noviembre pasado.

“Siempre juntos”

En uno de los mensajes, Vorcaro pregunta a Moraes, en los días previos a su detención, si debía salir del país: “¿Crees que ya el lunes tengo que estar afuera?”, le escribió el 15 de noviembre. Días antes, en otro mensaje, le dijo: “Siempre juntos. Sabes que te tengo todo el agradecimiento de mi vida”. Las respuestas de Moraes no se muestran en el informe de la policía.

La investigación revela además que el magistrado manipuló personalmente el borrador de un contrato entre el Banco Master y el estudio jurídico de su esposa, Viviane Barci de Moraes, por 130 millones de reales (unos 24 millones de dólares), que se firmó en febrero de 2024.

La firma de Barci admitió que consultó a Moraes “en su condición de esposo de la socia directora”, para asegurarse de que no hubiera eventuales impedimentos legales para la contratación debido a su cargo de magistrado. La AFP pidió a la Corte Suprema comentarios de Moraes, pero no obtuvo respuesta.

“Acusaciones graves”

El senador Flávio Bolsonaro dijo a periodistas que las revelaciones son “acusaciones graves”, e instó a Moraes “a dar explicaciones”. “De confirmarse, el ministro Alexandre Moraes no está en condiciones de seguir en la Suprema Corte”, señaló.

Elogiado a menudo por la izquierda, Moraes es visto como la némesis del bando conservador, que lo acusa de parcialidad y lo ve como un oponente político.

Pero el propio Flávio Bolsonaro quedó en una posición incómoda tras revelarse en que pidió dinero a Vorcaro para financiar “Dark Horse”, una película biográfica sobre su padre que aún no se ha estrenado.

La Policía Federal investiga también ese financiamiento. Según las revelaciones del sitio Intercept Brasil, el banquero se había comprometido a aportar unos 24 millones de dólares para el filme, aunque finalmente habría transferido solo la mitad.

Destapado el año pasado, el escándalo del Master ha golpeado a dirigentes de los principales bandos políticos en Brasil.

La policía investiga desde junio al influyente senador oficialista Jaques Wagner por sospechas de recibir beneficios económicos a cambio de defender los intereses del banco en el Congreso. La investigación llevó a Wagner a renunciar a la jefatura del bloque de gobierno en el Senado. Lula reconoció haberse reunido fuera de agenda con Vorcaro en 2024, cuando ya se conocían los problemas de liquidez de Master.

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El registrador Nacional, Hernán Penagos, fue designado como el líder de la misión de observación electoral internacional en Brasil para los comicios que se celebrarán el próximo 4 de octubre. Penagos liderará la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE).

La elección de Penagos fue ratificada en la jornada de este martes en territorio brasileño luego de que el presidente del Tribunal Superior Electoral de Brasil y el Registrador Nacional firmaran un acuerdo de entendimiento para la observación de las elecciones generales en ese país.

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Ese acuerdo determina que el registrador liderará a la UNIORE, entidad que reúne a organismos electorales de 20 países de América Latina y el Caribe, así como por el Tribunal Superior Electoral de Brasil.

La cita de este martes hizo parte de la primera misión de avanzada liderada por Penagos en Brasil en la que sostuvo un encuentro con el ministro Kassio Nunes Marques, quien lidera el Tribunal Superior Electoral en ese país. Dentro de los puntos de la agenda se estableció una hoja de ruta para la vigilancia de esos comicios que congregan a más de 160 millones de brasileños.

Culminada la cita el registrador Penagos agradeció la invitación y aseguró que “con todos los miembros de la misión, vamos a trabajar con absoluta determinación por la integridad y transparencia del sistema democrático brasileño y para el fortalecimiento de la democracia en la región”.

¿Cuándo son las elecciones en Brasil?

Los comicios en territorio brasileño están programados para el próximo 4 de octubre y tienen prevista la elección de más de 1.650 cargos, entre ellos presidente y vicepresidente, gobernadores y vicegobernadores, senadores y diputados federales, distritales y estatales. El censo estimado se sitúa en 160 millones de personas habilitadas para votar.

En el escenario presidencial, por ejemplo, es clave el pulso entre Luiz Inácio Lula Da Silva, quien busca la reelección en el cargo, pero que enfrenta Flávio Bolsonaro, la carta de la derecha e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. En esa carrera las previsiones iniciales dictan un empate técnico entre estas dos candidaturas.

En contexto: Lula y Flávio Bolsonaro lanzan sus campañas por la presidencia de Brasil con empate técnico

Como ya ocurrió en 2018 y 2022, el pleito se perfila como un pulso entre el progresismo que abandera Lula, única opción viable de la izquierda a sus 80 años, y la extrema derecha que encarna el bolsonarismo, comandado por Flávio, ungido por su padre como su sucesor.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

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