Era el inicio de la primavera de 2022. Uno de los funcionarios de la institución sueca (encargada de la política pública en educación sexual que imparten desde la infancia) me vio interesada en el libro y me contó que había llegado hace poco, pero que ya era de infaltable consulta con adolescentes, a partir de los 14 años. Me dijo que el punto de partida del modelo es la idea que si los jóvenes ven que los asuntos sexuales están rodeados de silencio, secreto, vergüenza y miedo, llegarán pronto a creer que algo anda mal con sus propios sentimientos sobre la sexualidad, por eso prefieren abordarla con naturalidad.

También contó que, en los últimos diez años, han buscado centrar la educación sexual en el bienestar y placer femenino, porque si una niña crece con ese autoconocimiento es probable que con los años sea una mujer que advierta e interpele la violencia machista con mayor facilidad. Al tiempo que si un niño se forma en el bienestar y placer femenino (más allá del porno que está a un click de distancia y lo distorsiona todo) podrá reconocer, en su adolescencia y adultez, que el deseo no se compra y el amor se gana sin violencia y en igualdad. Suecia fue el primer país del mundo en hacer obligatoria la educación sexual en las escuelas en 1955 y hoy mantiene una de las tasas más bajas de feminicidios en el mundo, así como sigue siendo uno de los países más seguros y con mejores condiciones de vida para mujeres y niñas.

No he podido dejar de pensar en la “Pussypedia” en estos días. Es indiscutible que desde la posesión de Abelardo de la Espriella, la política de Educación Sexual Integral (ESI) e infancia ha registrado un viraje sustancial, apoyado por sectores conservadores y religiosos.

Primero, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) compartió una directiva de la directora, María Carolina Restrepo, en la que borró la palabra niña y ordenó hablar de niñez en las comunicaciones oficiales de la entidad. Al día siguiente, el 20 de agosto, al término de una reunión con las directivas conservadoras en la sede del Partido Conservador, la entonces ministra de Educación, Viviane Morales (quien como senadora promovió un referendo para que las parejas del mismo sexo no pudieran adoptar y como funcionaria ha rechazado la despenalización del aborto por parte de la Corte Constitucional) aseguró que van a auditar los lineamientos del programa de Educación Sexual Integral (ESI). Subrayó que “ha habido una campaña que ha metido una cantidad de sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y de la educación de los hijos, especialmente en el programa de educación sexual integral”. Y, aunque Morales renunció de forma súbita el 2 de septiembre, el Gobierno le dio el cargo a otra mujer que se ha opuesto con fiereza a los derechos sexuales y reproductivos, como el aborto: Ilva Myriam Hoyos, exprocuradora delegada para la Infancia y Adolescencia, fiel escudera del exprocurador general, Alejandro Ordóñez.

Lo más preocupante es que mientras se instala el silencio y el tabú en las aulas, la violencia hacia la infancia y la adolescencia no cesa. El más reciente Boletín Estadístico del ICBF reveló que solo en 2026 se han ingresado 21.242 niños, niñas y adolescentes al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD). De esos, la causa número uno sigue siendo la violencia sexual. Estamos hablando de que en lo corrido del año, el Estado ha retirado a 7.175 niñas, niños y adolescentes de sus entornos familiares porque sus cuerpos fueron abusados y violentados sexualmente. El 86 % de esos casos se trataron de niñas y mujeres adolescentes (sí, niñas, no niñez).

¿Qué vamos a hacer con esta sociedad pacata e hipócrita que antes de formar en educación sexual prefiere mantener el “orden de las cosas”: el burdel al lado de la iglesia del pueblo, porque quien peca y reza, empata? Una sociedad que elige gobiernos que no quieren atender la violencia machista, ni nombrar a las niñas y, mucho menos, la vulva.

Nota del editor: Este texto fue modificado de una versión inicial para actualizarlo con la renuncia de la ministra de Educación.

Lo que pasó en el estadio del Deportivo Cali el domingo es la gota que rebosó la copa con el peligroso tema de la invasión de la cancha por parte de aficionados enfermos de nuestro fútbol colombiano. ¿Hasta cuando vamos a mirar para otro lado ante esas circunstancias repetitivas en los estadios del país?

Parece que no hay más solución que sancionar el cemento, que es lo que ha venido haciendo recurrentemente la Dimayor. Ya han muerto hinchas, que por ser los causantes de los desmanes se han convertido en paisaje, lamentablemente. No obstante, si esto no para, caerán jugadores o algún técnico. Y seremos noticia mundial por semejante atrocidad. ¿Eso es lo que estamos esperando que pase?

Volvemos a lo mismo que siempre hemos dicho: este es un territorio futbolero sin cultura futbolera. Y solo para las alegrías; cuando hay que ponerse la mano en el considere, el balompié pasa a ser solamente de los que lo juegan. Las leyes siguen siendo insuficientes, no hay herramientas para judicializar debidamente a los revoltosos. A quienes legislan solo les importan los partidos para disfrutarlos, pero no ayudan a fortalecer la estructura para poder meter a aquellos a la cárcel. Se sabe que no hay espacio para tantos delincuentes, pero entonces hay que pensar en conseguir cómo solucionar eso también.

Entre ellos y el mismo deporte, desde adentro, se deben tomar medidas inmediatas. El reconocimiento facial para individualizar es urgente y de paso impedir que los violentos sigan entrando a los escenarios. Se ha podido ya, además de los renombrados ejemplos europeos, en Argentina, donde estaban muy agobiados. No es posible que acá no lo logremos. Hay que establecer urgentemente unos parámetros rigurosos y sólidos.

Se habla de derechos de televisión porque la plata sobra; pues de ahí se debe destinar un presupuesto dedicado al desarrollo de una política adecuada al respecto. Los estadios en su mayoría son del Estado, es verdad, pero la tecnología la debe poner el FPC. Cámaras y torniquetes con dispositivos de ingreso biométricos. Basta ya de excusas y aplazamientos, se debe empezar cuanto antes. El equipo que no colabore no podrá usar el coliseo. La región que no se interese, pues no puede tener partidos. Hay que ponerse rigurosos inmediatamente. Si los clubes no son capaces de contener a la hinchada deben perder los puntos para que haya una consecuencia directa. Tanto como para los equipos como para los hinchas, buenos y malos, o no va a haber dolientes directos. El mundo aprendió y nosotros seguimos reacios, quedados y violentos.

Ya que la juventud es tan proclive a la moda, pues en el planeta lo que se usa es la tranquilidad en los estadios de fútbol. Es muy “old” meterse a dañar el espectáculo y golpearse entre sí; ahora en épocas de “farmear aura” si algo bueno hay que rescatar es que la violencia física se está desterrando. Si nos queremos hacer chistes entre hinchadas, bienvenidos, pero no más pelearse por trapos viejos y sucios, o presionar a los protagonistas el juego, poniéndolos más nerviosos cuando lo que tienen que estar resolviendo es cómo hacerle goles al rival.

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No logramos evitar que las organizaciones criminales recluten a los menores, y tampoco logramos rescatarlos de sus filas antes de que la guerra les explote encima. Ya no sé cuántas veces he escrito esta misma columna. En Colombia, esto se repite cada tanto y el horror ya es parte de la costumbre. Apenas se conocen los informes forenses, la discusión se vuelve mezquina. El Gobierno y la oposición se enfrascan en un cruce de acusaciones; unos justifican los hechos y otros instrumentalizan sus resultados. Al final, ambos olvidan las vidas truncadas de los niños, las niñas y los adolescentes.

No hay doctrina militar ni retórica de seguridad que pueda maquillar la cobardía de bombardear campamentos donde hay menores atrapados, víctimas del reclutamiento o de las circunstancias. Aplica para el Guaviare, para la Franja de Gaza, para Ucrania y para cualquier esquina del mundo. Más allá de las banderas, las ideologías y las religiones, la humanidad es una sola.

Sin oportunidades, a merced de los fusiles, ¿qué podrían haber hecho estos chicos? ¿Qué hicieron para merecer esta suerte? Nada. La responsabilidad de cuidarlos era nuestra. No logramos protegerlos en la vida y tampoco a la hora de su muerte. Llevamos años intentando la misma fórmula y los resultados saltan a la vista. Al final, no hay discurso oficial ni cálculo político que tape la verdad más brutal: fracasamos.

@tatianaduplat

Es evidente que el lenguaje incluyente no es suficiente para que haya inclusión real; los gestos del lenguaje no siempre se traducen en acciones y muchas niñas colombianas están en un grado extremo de vulnerabilidad. Pero miren nada más lo chocante que fue eso de que la entidad que debe proteger los derechos de las infancias solo dijera “niños”. No fue un sentimiento marginal de algunas feministas: fue un escándalo, porque se hizo evidente que no podemos ni pensar en, ni trabajar por las niñas si no las nombramos. Eso es una conquista tangible, luego de veinte años de uso del lenguaje incluyente.

Restrepo también cree que niños, niñas y niñes no pueden ser críticos, articularse, organizarse para defender sus derechos, porque invariablemente estarían siendo instrumentalizades, como si la conciencia política se activara mágicamente al cumplir 18, o al morder la manzana del jardín del Edén. Pero, desde mucho antes, infancias tienen pensamiento político y nociones de justicia que muchas veces sorprenden por lo diáfanas, saben reconocer el dolor y la violencia, y también el bien común, y por eso tienen derecho a la educación y movilización política. Para construir una sociedad jerarquizada y con obediencia a-crítica es muy efectivo iniciar por las infancias, y no sería la primera vez que la educación se usa para naturalizar la desigualdad.

Por su parte, MinEducación ya emitió un decreto que “permitiría a particulares, así como a organizaciones religiosas, administrar y operar colegios oficiales hasta por 12 años, rigiéndose por el régimen laboral privado”. La pugna por una educación pública y laica nos regresa al siglo XIX. En 1870 el presidente Eustorgio Salgar decretó “la instrucción primaria gratuita y obligatoria en todo el territorio nacional, además de darle un carácter de neutralidad religiosa” (Bushnell) y el gobierno se propuso crear 1.000 escuelas públicas. Aunque el decreto “no excluía la religión de las escuelas públicas; simplemente afirmaba que la educación religiosa debía ser impartida por representantes de las iglesias, en horas específicas, para aquellos alumnos cuyos padres así lo solicitaran” (Bushnell). Esto despertó una rebelión conservadora que dio lugar, en 1876, a la revuelta de la “Guerra de las escuelas”. A pesar del levantamiento, la medida liberal duplicó el porcentaje de personas con educación primaria en apenas cuatro años.

Como podemos ver, la “Batalla cultural” lleva más de un siglo. Morales, descendiente ideológica de estos camanduleros reaccionarios, dijo que sacaría a Marx de los colegios para meter a “Dios”, pero la realidad es que, en la educación colombiana, a Marx no nos lo enseñan. Si así fuera, sería evidente que Dios y Marx no son opuestos, y que “Jesucristo” está más cerca de la socialdemocracia que de ese autoritarismo neofascista y machista que quieren imponer en nombre de la religión.

No hay argumento que pueda controvertir la sentencia “es la voluntad de dios”. Si hubo un terremoto porque así lo quiso dios, lo que pase después, bueno o malo, también será su voluntad. Si un dios se puede invocar para justificar un genocidio, para declarar una guerra santa, para quemar mujeres o para condenarlas al ostracismo, no hay ningún espacio para la razón. Si la palabra de dios se levanta como justificación para discriminar personas todo puede pasar. Si dios es “la Verdad”, no hay leyes ni constituciones que valgan. Y si hay pueblos o personas que se sienten elegidos por dios, cabe preguntarse: ¿los demás salimos sobrando?

Antes de que algún lector me condene al infierno aclaro que soy creyente, aunque no creo en ninguna iglesia. Me formé en la cultura católica y creo en algo más allá de lo evidente, en alguna energía universal. Creo en el humanismo y mi ética tiene muchos puntos de encuentro con lo que enseñan los evangelios que, por cierto, pregonan el amor y no la discriminación; el perdón y no la venganza. Creo en el Jesús que pregonó el amor y dijo “bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios”, “el que esté sin pecado, que tire la primera piedra”, y “no juzguéis y no seréis juzgados”.

Ser creyente no me quita la capacidad de pensar con mi propia razón porque creo también en el libre albedrío y no en órdenes emanadas de un líder religioso. No quiero ser parte de ninguna manada. Por eso creo que es un problema serio para una sociedad cuando se cree que hay una fe mejor que las otras y cuando desde las personas que encarnan las instituciones del Estado se mezclan de mala manera lo que ordenan las leyes y la fe. Por estos días discuten los juristas sobre el carácter laico de la Constitución, pero el problema más allá de lo jurídico es político, es ético, es de inclusión, de entender lo que representa un presidente como símbolo de unidad nacional según ordena el artículo 188 de la Constitución. Salimos de uno que enarbolaba la bandera de “patria o muerte”, en vez de levantar la de todos, a uno que le habla en la posesión a las fuerzas militares en solitario y no al Congreso, y que entroniza a la virgen de Fátima como si ella representara la diversidad de un país lleno de matices y creencias diversas.

Como si fueran pocos los motivos de pelea en este país de tanta guerra, ahora hay que poner sobre la mesa uno más: la religión. El que faltaba por estos días, el que no había sido gran motivo de disputa desde los años de la Violencia cuando algunos sacerdotes invitaban a matar liberales en sus sermones. Después logramos convivir entre distintas creencias sin que eso fuera un asunto de debate mayor. Ahora vuelven los cruzados. No debemos olvidar que las guerras santas y las cruzadas suelen terminar en baños de sangre. Por eso no son buenos los Estados confesionales, y uno de los más importantes logros de la Constitución del 91 fue proteger la libertad de cultos y protegernos así de la discriminación religiosa. Pedir hoy a los funcionarios públicos, y en particular al presidente de la República, que lo recuerden no es censurar su fe: es pedirles que en sus acciones oficiales pongan primero la Constitución y luego sus libros sagrados.

En menos de un mes, la conversación en Colombia pasó de la unidad por el terremoto de agosto a una honda preocupación por unas escaleras que diseñó Salmona. No discuto la importancia de conservar el patrimonio arquitectónico local; lo que quiero es señalar la odiosa ironía: ¿qué lleva a un montón de gente a pasar de declarar su rotunda solidaridad a rabiar en nombre del elaborado legado de Rogelio Salmona? Aclaro, eso sí, que estoy convencido de que Salmona hace parte ya de la identidad colombiana, como el sombrero vueltiao, el ajiaco o pasar de ser un amor a un cafre de un día para otro.

Desconfío profundamente de esta indignación de turno porque alguien con la suficiente sensibilidad para entender por qué el patrimonio histórico es importante no debería andar en esas. Nadie que realmente comprenda que la conservación patrimonial, en últimas, es un cuidado humanista andaría derrochando rabia públicamente por una sofisticada estructura de peldaños a menos de un mes de la devastación física y moral que el país enfrentó el pasado 10 de agosto. Esa es gente que debería ocuparse de abrir una licitación para que les demuelan tres o cinco pisos de su ego.

A muy pocas de las personas que gastaron tiempo y palabras en la defensa de las desaparecidas escaleras les importa realmente el patrimonio histórico. Lo que buscan es darse relevancia. Donde varios ponen el grito en el cielo por esas escaleras de Salmona, yo realmente leo: “¡¿Hay alguien que me valide por fin, por favor?!”.

Hablo de la gente a la que se le ve regocijada entre el enojo, publicando textos largos en sus cuentas digitales, grabando videos verticales y compartiendo notas de medios que retoman el tema. Hablo también de noticieros de televisión y periódicos digitales que catalizan la conversación de redes para transformarla, de memes e insultos, en comunicados oficiales de autoridades. La verdad es que quienes estuvieron denunciando en redes la remodelación que destruyó las escaleras de Salmona ya deberían calmarse porque pueden restaurarlas con los ladrillos de hilos que escribieron en X.

Y tal vez muchos de esos argumentos sean ciertos y valga la pena darlos a conocer, pero tal vez… como que ahorita no, muchas gracias. Y sí, la vida tiene que seguir luego del terremoto, entre otras cosas para estabilizar el consumo y, por tanto, la economía, pero un poco de tacto no le sobra a tu exquisito gusto.

Respaldo las normas de conservación del patrimonio, reconozco el enorme legado de Salmona, pero eso no me impide decir que hay que ser un desubicado para convertir el asunto de la remodelación en uno de los temas de conversación nacional mientras miles de familias en el suroccidente colombiano no saben cómo reconstruir sus techos. Mis respetos a las y los expertos en el campo de la conservación patrimonial —sobre todo a quienes hicieron publicaciones prudentes—, pero no transformen su conocimiento en una corriente para alimentar el comportamiento de manada. La bobada ha sido tal que llegué a pensar que pronto me iba a encontrar con arquitectos de Chapinero diciendo: “¡Firmes por Salmona!”.

La reciente elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral demostró nuevamente que no hay voluntad política de despolitizar las actuaciones y decisiones de los magistrados que lo conforman. Sigue primando la repartición política entre los partidos de acuerdo con los intereses y relaciones de fuerza de estos. Esto no garantiza la independencia y objetividad, el rigor y eficacia que deberían ser una condición para ejercer las funciones establecidas en la Constitución y las leyes. Esto conlleva el riesgo de que las decisiones que adopten los magistrados o las dilaciones en tomarlas inclinen la balanza en una u otra dirección a favor de quienes los eligieron. Muchos dirán, con razón, que esto no es una novedad. Sin embargo, muchos ciudadanos esperaban un “milagro”, teniendo en cuenta las promesas de cambio en el ejercicio de la política.

A esto se suman, como lo señaló recientemente El Espectador, basado en investigaciones de La Silla Vacía, que el CNE incurrió en gastos multimillonarios en capacitación y acreditación de testigos electorales, ciberseguridad, cartillas, entre otros rubros, pagando precios muy superiores a los del mercado. Es paradójico, por decir lo menos, que sea la entidad encargada, entre otras funciones, de regular, inspeccionar y vigilar la financiación de las campañas electorales, distribuir los aportes estatales destinados a financiar los partidos, movimientos y campañas, tal como lo establece el artículo 265 de la Constitución. Como quien dice, el ratón cuidando el queso.

Recordemos que el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las extintas FARC-EP dispuso la creación de la Misión Electoral Especial con el mandato de presentar una propuesta de reforma al deseño electoral institucional. Con relación al CNE y el origen político de los magistrados, se conceptuó que “los casos que llegan a su conocimiento pueden tener impulso procesal y criterios de decisión que dependen de la filiación política de los investigados”. La conformación del recientemente elegido CNE posiblemente no será la excepción. Este y muchos otros temas confirman la necesidad de una reforma política estructural que incluya a esta entidad, cuya legitimidad muchos cuestionan.

Con esto no termina más de lo mismo. Por ejemplo, la cancelación y estigmatización de quienes piensan diferente, y los prejuicios contra quienes han tenido nexos con gobiernos anteriores han sido compartidos por varios gobernantes, así como ataques a veces sutiles y otras más a medios de comunicación. Tampoco faltan nombramientos de personas, no necesariamente por sus méritos, capacidades y conocimientos de los temas de sus cargos. Con frecuencia priman los intereses de los políticos y de sus familias, familiares de políticos cercanos, financiadores de sus campañas o simplemente porque trabajaban en las empresas, negocios o bufetes de abogados del presidente de turno.

Ojalá que los congresistas y el Gobierno consideren presentar un proyecto de reforma política que contribuya a la recuperación de la confianza de los ciudadanos en las instituciones y la política. Y para que la excusa no sea “siempre ha sido así” y, por lo tanto, que se repita indefinidamente “más de lo mismo”.

Este texto es una declaración de amor para Pereira y los pereiranos; es un manifiesto de solidaridad y también una forma de abrazar un dolor colectivo.

Escribo esta columna en el vuelo que me lleva de Bucaramanga a Medellín y luego de trabajar unos días en ULIBRO, la Feria del Libro de Bucaramanga. En ese escenario, todas las personas con las que hablé me preguntaron por Pereira, me llenaron de abrazos, de palabras sentidas e intenciones de apoyo para la gestión cultural que hacemos en la ciudad y que sé que, en algún momento, serán una realidad.

Yo no nací en Pereira ni me crie allí. Me volví pereirana de corazón once años atrás gracias a Giovanny Gómez, mi loco y amoroso amigo poeta y quien hace 12 años se inventó un sueño llamado feria del libro que, en ese entonces, empezó a hacerse realidad en un par de salones de la Cámara de Comercio de la ciudad y luego en el recinto ferial de Expofuturo.

La feria sobrevivió a la pandemia. Recuerdo todo el operativo de 2020 para hacer el lanzamiento virtual, las piruetas de Giovanny para armar la programación virtual y mi rol como maestra de ceremonias y entrevistadora de algunos autores desde el computador de mi casa en Circasia, Quindío.

La feria sobrevivió al golpe de la muerte de Giovanny en 2021. Quien ve a un amigo morir entiende que la vida tarda en recuperar su brillo, y quien entiende que el sueño llamado feria no podía morir con él, sabe de qué están hechas las personas de buen corazón y que sostienen la esperanza de un mundo mejor.

Del pasado pasamos al presente y al futuro para afirmar que la feria sobrevivirá al terremoto del pasado 10 de agosto porque es una obligación moral decirle a Pereira, a su universo cultural, al público, a los aliados y a los invitados de otras ciudades, que cuando hay un duelo colectivo, el único camino posible para recuperar el aliento es sumar y ayudar, entre todos, entre muchos, a recoger las ruinas físicas, emocionales y mentales de su gente.

En Avatar, la película dirigida por James Cameron, los personajes Na’vi —humanoides extraterrestres— del mundo de Pandora se dicen entre sí “te veo” cuando quieren expresar amor, aceptación, cercanía o atención. Es su forma de reconocer el alma y la esencia profunda del prójimo. Tiene sentido: ver al otro con conciencia de cuidado y con la intención de descubrir sus necesidades es quizás el gesto de amor más puro.

Y quiero seguir honrando una promesa que hice hace cinco años, cuando asumí el rol de la dirección de la feria, y es que, mientras esté en este hermoso y retador encargo, tendré como ruta una convicción que es seguir ampliando el sueño llamado feria para ofrecer a la ciudad el espacio de encuentro que se merece.

En los cinco días que dura la feria del libro en Pereira, o en los diez que dura la de Bucaramanga, o los dieciséis de la FILBo, es imposible cubrir las necesidades más profundas del ecosistema del libro y de las otras expresiones del arte y la cultura, pero sí ocurre algo grandioso: los ciudadanos se movilizan con la noble intención de compartir el saber, de conocer, reír o debatir. De una feria, usualmente, nadie regresa igual a su casa. Creo que prefiero pensar que siempre vuelve con algo bueno y positivo en su corazón. Eso explica por qué una feria es el mejor regalo de amor para una ciudad y por lo que se debe luchar incansablemente, sin importar las vicisitudes. Y por eso, también, hoy quiero decir: Pereira, te veo.

Los invito a ustedes, amables lectores, a hacer lo mismo: a ver a Pereira y a no dejarla sola en este momento.

Ñapa. Como consecuencia del terremoto, la Feria del Libro de Pereira cambió su calendario y se llevará a cabo entre el 5 y el 9 de noviembre en Expofuturo con entrada libre, como ha sido tradición. Podrán revisar la programación en www.pereirafil.com y en IG @feriascamara.

* Periodista y directora Feria del Libro Pereira.

@ClaMoralesM

La mecánica del evento era que el público respondía inicialmente el interrogante “¿Conducirán los acuerdos publicados al fin del conflicto armado?”; Jaramillo exponía sus razones, respondía preguntas de los organizadores y luego se repetía la votación. En la primera vuelta triunfó el escepticismo: 59 % de votos negativos. Lo acordado no contribuiría al fin de la guerra. Esto entre una audiencia universitaria, difícilmente asimilable a un grupo manipulado por el fanatismo religioso. Tras oír a Jaramillo, la mayoría (58 %) respondió Sí. La exposición del alto comisionado para la Paz podría pasar a la historia como el más ambicioso listado de deseos sobre las posibles acciones para revitalizar el campo colombiano y eliminar todas las “causas objetivas” del conflicto, el sinnúmero de trabas para una verdadera “paz territorial”. Conviene citar literalmente varios apartes de esta magistral clase.

“Si estos acuerdos se implementan, significarán la mayor transformación imaginable en la historia de Colombia”, arrancó sin modestia Jaramillo. Continuó con el tic de asimilar esfuerzo invertido a calidad: “estos acuerdos son el producto de una negociación muy difícil, muy larga, muy dura”, sin mediadores. La dejación de armas “no es suficiente para construir la paz… nunca hemos tenido un proceso de paz territorial… Que la implementación de los acuerdos cambie las condiciones de manera definitiva…. ¿Qué pasa si un grupo se desmoviliza y siguen cultivos de coca (sin) oportunidades de empleo?… Este proceso busca cambiar la realidad y reconstruir el pacto social”. Eso requería “asegurar la integralidad… no acuerdos aislados… es una lógica de garantía de los derechos de todos los colombianos”, tarea imposible sin “una participación masiva de la ciudadanía en una fase de transición”. En La Habana se buscaba terminar el conflicto, “pero la paz, la vamos a construir entre todos, en las regiones” anotó un día después.

¿Cómo pensaba que se haría? Primero, una reforma rural integral. “Es un acuerdo de una enorme ambición; (como meta) la reducción de la pobreza rural en el 50 % en 10 años… Sacar aproximadamente a tres millones de colombianos en zonas rurales de la pobreza”. Las comparaciones internacionales ilustraban sus aspiraciones. “Brasil con inversiones enormes y mucha institucionalidad sacó a cinco millones de la pobreza… el campo colombiano (estará) en convergencia con el nivel de vida de las ciudades, es la lógica de garantía de derechos… (Haremos) en 10 años lo que no hemos hecho en 50”. Reconoció que muchos problemas estaban sobre diagnosticados; anotó con humildad que el análisis hecho en La Habana coincidía con los trabajos de la Misión Rural (1997-1998) con “organizaciones campesinas, indígenas y empresariales, académicos, instituciones públicas, entidades territoriales, organismos internacionales y otros sectores de la opinión pública… (Hubo) propuestas sobre ruralidad, economía campesina, sostenibilidad, pobreza rural, educación, ciencia y tecnología, convivencia, institucionalidad, género y cultura”.

Los desafíos eran enormes, “por ejemplo en riego Colombia está casi al final de la fila, México tiene cobertura del 66 %, Chile del 52 % y (nosotros) el 15 %… no hemos hecho nada en décadas, igual en vías etc…”. Tocaba hacer grandes inversiones en bienes públicos: riego, vías terciarias, electricidad, conectividad, apoyo a vivienda, acueductos… salud y educación, capacitar al pequeño agricultor… “En las zonas afectadas por el conflicto (haremos) programas de desarrollo con enfoque territorial en una lógica de seguridad alimentaria. Ese es el primer acuerdo”.

En términos de participación política, “la firma e implementación del acuerdo contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia… Implicará la dejación de las armas y la prescripción de la violencia… transitar a un escenario en el que imperen garantías plenas para quienes participen en política”. Con respecto a la droga, “un gran programa hará lo que nunca se ha hecho: un enfoque de desarrollo rural participativo que resuelva para siempre el problema de los cultivos y que emplee los recursos coercitivos del Estado en perseguir el crimen organizado”.

En síntesis, tocaba “repensar la institucionalidad para implementar los acuerdos”. Brasil creó un ministerio de Desarrollo Rural… ”En Colombia había que mejorar el diálogo entre Gobierno nacional, departamentos y municipios… pero todo eso será insuficiente… la nueva institucionalidad requiere una alianza entre ciudadanos y autoridades… tenemos el reto obvio de cómo financiar todo esto: tiempos excepcionales requieren financiación excepcional… Y una visión compartida (Estado, ciudadanía, FARC) de para dónde vamos”. Continúa.

Ver más…

Formado en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, llegó a Colombia para cursar una maestría en muralismo con Ignacio Gómez Jaramillo en la Universidad Nacional. Desde entonces se radicó en Bogotá y creó una de las obras más versátiles y más ricas del continente. Se estima que dejó al final del camino más de 15.000 piezas, que incluyen pinturas, figurativas y abstractas, de todos los formatos; piezas escultóricas, diminutas y monumentales; murales y proyectos de mural; objetos intervenidos, libros de arte, cuadernos, bosquejos, apuntes, trazos…

Creó un universo en el que se entrevera la riqueza de lo imaginativo con la verdad de la realidad; la estricta línea que marca el mundo con las posibilidades inagotables y siempre renovadas que prodiga la fantasía; por eso su trabajo se inscribe dentro de lo que a veces ha sido llamado realismo mágico y a veces lo real maravilloso. Nos habló con su obra de lo americano y de su fusión con lo europeo; nos habló de las expresiones indígenas del continente, muchas veces extraídas de las tradiciones de sus ancestros, pues nació en los Andes peruanos, de una madre indígena que le enseñó el quechua y le mostró el universo pletórico y multicolor de lo americano; nos habló de los tocapus, esos tejidos indígenas llenos de geometría y de color, que él reinterpretó y convirtió en obras de arte; nos habló también de la conquista y de la manera en la que lo español coadyuvó a moldear lo americano; representó la exuberancia y la inmensidad de América, que el barroco de nuestro continente hizo tan suya. Pero también rebasó la realidad y la desdibujó en su universo abstracto, que conoció distintas tonalidades, alcances, matices y períodos; igual que su producción figurativa.

Construyó una obra que irrumpió con fuerza en nuestro medio cuando obtuvo el segundo puesto en el XI Salón Nacional de Artistas en 1958 con su Azul violeta verde luz. Doble mérito tuvo ese reconocimiento pues se premiaba una pintura abstracta en un país conservador, aun en las expresiones artísticas, todavía muy provincianas y costumbristas, y se premiaba a un extranjero, en un país muchas veces receloso de quienes vienen de afuera. El primer premio lo obtuvo Fernando Botero con una obra figurativa.

Gracias a su gestión cultural se construyó el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo en la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta, hoy un tanto descuidado y echado al olvido.

Trabajó hasta cuando vino a buscarlo la muerte, y nos dejó una obra que nos sigue sorprendiendo y cautivando. Más de 150 piezas se pueden apreciar desde hoy en el MAMBO, en un recorrido que quiere dar cuenta de la trayectoria fecunda y variada de Villegas, en un sentido y merecido homenaje que le hace justicia a la verdad y a la fantasía.

@D_Zuloaga

juandavidzuloaga@yahoo.com

Como Abelardo de la Espriella copia todo lo que hace Donald Trump, ya sabemos cómo va a ser su gobierno. Si Trump vende biblias personalizadas, Abelardo las regala a sus ministros, si Trump le echa la cupa de todos los males del país a los migrantes y propone hacer un muro en la frontera con México, pues Abelardo le echa la culpa de todo lo malo de Colombia a los venezolanos y anuncia un plan para echarlos del país.

Bajo ese guión, el paso siguiente de Abelardo es el de pasarle la motosierra al Estado para recortarlo, no de manera quirúrgica, sino amputando a las malas instituciones clave para el bienestar ciudadano, sin ningún tipo de estudio técnico ni análisis de las consecuencias que podría tener.

Pero igual que le pasó al Estados Unidos de Trump (o a la Argentina de Milei) la realidad los aterrizó. En campaña Abelardo propuso acabar 10 ministerios, pero ahora que tienen que repartir cuotas burocráticas a los sectores sociales que los apoyaron, esto ya no es viable.

Esto se ve reflejado en el presupuesto que presentó el Gobierno ante el Congreso que, contradiciendo sus promesas de campaña, aumentó en alrededor de 50 billones de pesos en comparación con el que presentó el Gobierno Petro.

En medio de esta discusión, se instalaron dos retóricas ideológicas de los bandos reinantes en Colombia. Por un parte, Petro y la izquierda se encasillaron en que la solución de los problemas es la estatización: de la salud, de la educación, de los servicios públicos, etc. Por otra parte, la derecha de Abelardo quiere solucionar los problemas a través de la privatización de todo, incluyendo las cárceles.

Aprovechemos esta coyuntura del presupuesto nacional para analizar no solamente el tamaño del Estado, sino su rol en la economía del país, es decir, lo que debe hacer para crear una economía sana y que cumpla el fin último en una sociedad, que es llevar bienestar a la mayor cantidad posible de sus habitantes. Como el tema es amplio trataré de continuar el análisis en las columnas siguientes.

Por una parte, es importante acabar con un mito que se ha instalado en la retórica política, pero que no está sustentada en la realidad: el Estado colombiano es muy grande y hay que reducirlo para hacerlo más eficiente y dejar que los privados sean los que hagan cosas.

En Colombia, solo el 9 % de las personas empleadas en el país son trabajadores públicos. Eso está muy por debajo del promedio de los países de la OCDE, que está entre el 17 y el 18 %.

De hecho, todos sabemos que el problema de nuestro país es que hay más territorio que Estado. Por esta razón hay tanta ingobernabilidad, no solo en territorios rurales, sino también en las ciudades, donde existen barrios en la periferia donde el Estado no llega con ningún tipo de servicios, e incluso la fuerza pública necesita grandes operativos para poder entrar.

Más importante que la discusión inmediata del tema de la plata (es decir, el presupuesto presentado ante el Congreso), discutamos qué debe hacer el Estado en su conjunto para estimular la economía y crear riqueza que se distribuya en todas las personas, no que se concentre en unas clases sociales, como en el caso de Colombia, que es el país más desigual de la región.

En la siguiente columna analizaré cuál es ese papel del Estado. Spoiler: no tiene nada que ver con la solución libertaria (con tanta representación en el gobierno de Abelardo), con su máxima de Ronald Reagan: “el Estado no es la solución a nuestro problema; el Estado es el problema”.

La verdad es que más importante que el tamaño del Estado, es qué hace el Estado. Para el gobierno Petro, el ideal era acabar con el sector privado y que todo lo hiciera el Estado. Para el de Abelardo, la idea es reducir el Estado a su máxima expresión para que todo lo haga el privado.

Contrario a la intuición, la solución no es un punto medio.

Después de terminado el Mundial 2026 y de estar 21 años en la selección de Argentina, Lionel Messi, el astro mundial, se despidió de la albiceleste con un alto sentido emotivo y de agradecimiento con su pueblo.

En su carta de despedida escribió Leo: “Me vacié”, queriendo manifestar que, como ser humano y jugador de fútbol, le entregó lo máximo a su país para lograr jugar 207 partidos, marcar 125 goles, superar momentos críticos, conseguir dos títulos de Copa América y lo más grande y significativo que un jugador le puede dar a su país: ser campeón del mundo. Fue en Catar, dejando un legado deportivo muy alto para las nuevas generaciones del fútbol argentino.

Un ser humano muy familiar, súper apegado a los suyos y, en particular, a su padre, quien a la vez era su representante. Tal vez el fallecimiento de Don Jorge aceleró su despedida de la selección. Como él mismo lo dijo: “¿Qué va a ser de mi vida sin vos?”, frase que refleja el amor tan grande que tenía hacia su progenitor.

Un ejemplo para las nuevas generaciones. A sus 39 años de edad, más allá del fútbol, ¿qué le deja Messi a los que vienen? Su espíritu de superación personal a raíz de sus quebrantos de salud en la infancia, el fortalecimiento de su autoimagen y autoestima, la importancia de creer en él mismo y la humildad. Poco lo afectó la fama porque construyó más su gloria al convertirse en un referente de disciplina y de amor por el fútbol, por su país y por su familia. Su esposa e hijos siempre estuvieron a su lado, dándoles ejemplo y lo necesario para vivir. ¡Gracias por tanto, el fútbol y el mundo nunca te olvidarán! Gracias por enseñarnos que la verdadera grandeza se lleva en el corazón. ¡Gracias, ídolo!

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En la Ideología alemana, Marx también sugiere que las ideologías que en cada época son dominantes nunca son fortuitas ni accidentales, sino que siempre están atadas al poder. Es decir, el poder se reproduce a través de la ideología precisamente porque esta es capaz de convencernos de que las formas de dominación que prevalecen en cada época son naturales e inevitables. Pues bien, el género es una forma de ideología.

La distinción entre sexo y género es una de las más difusas en los debates acerca de la relación entre el cuerpo y la cultura. A grandes rasgos, el sexo se refiere a la morfología sexual de los cuerpos, mientras que el género se refiere a la interpretación que cada cultura hace de dicha morfología. Es decir, mientras que el sexo describe una condición corporal, el género denota una serie de normas, significados y expectativas sociales ⎯como fijar jerarquías entre los cuerpos, asumir un mayor o menor grado de sentimentalismo, presuponer que existen roles, dar por sentada la división social del trabajo o codificar formas de vestirse según el sexo, para nombrar tan solo algunos ejemplos. Por eso, Judith Butler insiste en que el género no es una esencia que se deriva del sexo anatómico, sino una identidad que se construye a través de la repetición de normas sociales que, con el tiempo, hacen que interpretaciones culturales de la feminidad y la masculinidad parezcan condiciones naturales.

Negar la distinción entre el sexo y el género ha sido, desde hace años, una de las principales banderas ideológicas de las nuevas derechas ⎯una negación equiparable a asumir que las interpretaciones culturales de los cuerpos realmente corresponden a la naturaleza. Significa asumir que las formas culturales de vestirse y de actuar, las relaciones jerárquicas y la división de roles entre los sexos son condiciones naturales; significa desconocer el rol que juegan los mecanismos de poder a la hora de fijar normas sociales según la morfología sexual de los cuerpos; significa igualar cultura con naturaleza, reducir las construcciones sociales a la biología, distorsionar la realidad para ajustarla a las ideas de la realidad; significa provocar una esquizofrenia colectiva. Peor aún, implica catalogar de ‘aberraciones’ los comportamientos que se distancian de las interpretaciones culturales dominantes de cada época, lo cual forja una relación jerárquica entre ‘natural’ y contra natura. Por eso, en el fondo, borrar la línea divisoria entre el sexo y el género es una embestida frontal contra los valores democráticos de igualdad y libertad. Y este es precisamente el complot de las nuevas derechas del que, ahora que están en el poder, no quieren que se hable en las aulas escolares.

Las nuevas derechas llevan ya más de una década acusando a la izquierda de promover la ideología de género en las aulas. Pero llevar la ideología de género a las aulas no significa más que fomentar el desarrollo de una capacidad crítica para que las niñas y los niños sean capaces de aprehender las interpretaciones culturales que existen sobre sus propios cuerpos; de separar la cultura de la naturaleza; de reconocer mandatos asignados a sus cuerpos como discursos a través de los cuales se reproduce el poder; de encaminarse hacia el libre desarrollo de la personalidad; de entender que las desviaciones de las interpretaciones culturales dominantes no son una aberración sino tan solo los cuerpos que respiran. Insistir en lo contrario es pretender mantener a las niñas y los niños en el oscurantismo, poseídos por la esquizofrenia de la ideología.

santiago.vargas.acebedo@gmail.com

Ese tiempo invertido en trámites, filas, impresión de documentos y múltiples solicitudes no es un caso particular. Muestra que la brecha digital también se mide en tiempo perdido, oportunidades aplazadas y desconfianza acumulada. Por eso, las tecnologías de la información y las comunicaciones no pueden reducirse a una lista de plataformas: deben convertirse en infraestructura pública para ejercer derechos y hacer que las instituciones funcionen.

Para ello, una primera iniciativa es masificar los servicios de confianza digital, porque genera seguridad jurídica en los documentos electrónicos y permite que trámites presenciales se vuelvan virtuales. Herramientas como las firmas electrónicas y digitales, el estampado cronológico, los certificados SSL y los mecanismos de entrega electrónica deberían incorporarse por defecto en los procedimientos y documentos públicos que lo permitan. Estonia ofrece una referencia útil: todos sus servicios públicos están disponibles en línea y estima que el uso colectivo de firmas digitales ahorra anualmente el equivalente al 2 % de su producto interno bruto.

Colombia ya cuenta con una base jurídica en la Ley 527 de 1999 y con entidades de certificación digital que brindan estos servicios en condiciones de competencia, pero falta convertir esas herramientas en una política de adopción interoperable, accesible y medible, especialmente para entidades territoriales y pequeñas empresas.

Una segunda iniciativa es construir una identidad digital con niveles de confianza y alternativas inclusivas, siempre pensando en que ello no se convierta en un mecanismo de fraude. No todos los trámites implican el mismo riesgo: consultar información pública no exige la misma prueba de identidad que transferir dinero o acceder a una historia clínica. Por ende, el Gobierno debe partir de niveles de garantía proporcionales a la seguridad que se requiere y admitir varios mecanismos seguros, aplicables en escenarios físicos, virtuales e híbridos.

Tecnologías como la biometría facial o de voz pueden ser herramientas valiosas si están acompañadas de evaluaciones de impacto, minimización de datos, pruebas de precisión y sesgo, seguridad reforzada y canales alternativos para quien no pueda o no quiera utilizarlas. Su implementación puede verse fortalecida modernizando la Ley 527, expedida hace 27 años, para incorporar nuevas tendencias tecnológicas, como la Wallet de Identidad Digital que se está implementando en Europa.

En el plano internacional, además de la Wallet europea, un caso a resaltar es Singapur, que, mediante Singpass, demuestra el valor de una identidad digital de amplia adopción, o India, que muestra que una identificación oficial combinada con políticas de inclusión financiera puede ampliar el acceso a la banca o incluso para Colombia sería procedente un sistema por puntos para las licencias de conducción, lo cual hoy es común y ya se utiliza en países como España, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Australia, Singapur, Brasil y Argentina. Incluso, a Colombia le serviría mucho un sistema de puntos acompañado de premios y sanciones por comportamiento ciudadano, como ya se viene haciendo de manera exitosa en China.

Una tercera iniciativa es completar la regulación de los Servicios Ciudadanos Digitales y promover su masificación. Aunque la normativa autoriza a las personas jurídicas privadas a prestar servicios ciudadanos digitales especiales previa habilitación, se requiere una regulación clara que permita aprovechar las capacidades del sector privado y generar condiciones de competencia.

En la práctica, la Agencia Nacional Digital continúa presentándose como articuladora y prestadora pública de los servicios ciudadanos digitales de interoperabilidad, autenticación y carpeta ciudadana, pero la penetración todavía es insuficiente, lo cual permite visualizar una oportunidad de masificación a través del sector privado, en aras de llegar a los ciudadanos de distintas regiones del país.

Por ello, dentro del marco del Decreto 620 de 2020, se deben promover condiciones que permitan integrar soluciones públicas y privadas con los sistemas de las entidades. El objetivo debe centrarse en consolidar sedes electrónicas apoyadas en servicios ciudadanos digitales, desmaterializando y automatizando trámites para crear un verdadero ecosistema digital, en lugar de mantener procedimientos fragmentados.

La transformación digital debe culminar en reglas sencillas como esta: el Estado no debería pedirle a una persona un dato o documento que ya obra en poder de otra entidad y puede consultarse legítimamente. El principio de una sola vez, aplicado con autorización, seguridad y trazabilidad, convierte la interoperabilidad en un derecho práctico.

Cumplir esa regla exige mucho más que conectar sistemas. Se necesitan datos de calidad, catálogos comunes, gestión del consentimiento cuando corresponda, registros de consulta, mecanismos de corrección y sanciones por uso indebido. A través de instrumentos como la carpeta ciudadana digital, cada persona debería poder ver qué información suya reposa en las entidades, con quién se ha compartido, con qué finalidad y cómo reclamar.

Si aquel campesino ya no debe viajar tres horas para entregar un papel que el Estado posee y si la madre puede resolver su trámite sin perder un día de trabajo, la transformación digital habrá dejado de ser una promesa tecnológica para convertirse en una política de igualdad y dignidad.

Para algunos, el objetivo de medidas como esta no es el texto de Platón como tal sino las perspectivas de lectura que enfatizan temas como el género o la raza que, se supone, no serían apropiadas para leer un texto “clásico”. Para otros, dado que no es posible leer un texto sin tener en cuenta el contexto de quien realiza la lectura, así sea tan solo para marcar la distancia que separa al autor de sus lectores actuales, las diferencias entre ambos contextos, o simplemente para estimar la relevancia de un texto clásico en el mundo de hoy, se trata de algo más que un mero acto de censura.

Que textos como la República o el Simposio leídos en un curso introductorio de filosofía moral clásica terminen siendo juzgados culpables de cosas tan recientes como “wokismo”, o de violar las premisas de una institución que busca proteger a sus estudiantes de “izquierdismo” porque hablan de identidad de género, y porque dichos temas interesan a los estudiantes, es absurdo. Dicho absurdo revela cómo los puristas, los que se presentan como defensores de la moral, y aquellos que buscan limpiar a la sociedad de sus supuestos enemigos y de todo lo que temen pueda contaminarla bajo el pretexto de proteger a los jóvenes, a sus hijas e hijos, terminan asemejándose a lo que temen. En este caso, por ejemplo, es así como el antiwokismo no solo se asemeja bastante a, sino que se convierte en el tan temido wokismo que cancela y censura.

“No me sorprendió demasiado que algunos de los otros tópicos que yo quería enseñar fuesen rechazados, pero Platón… es indignante”, ha dicho Peterson. “Platón habla de identidad de género. En uno de sus libros dice que las relaciones entre personas del mismo sexo son perfectamente normales y no constituyen algo de lo que haya que avergonzarse … y parecería relevante discutir esos temas con los estudiantes. La gente tiene opiniones muy fuertes sobre el particular, por supuesto. Pero mi papel no es el de abogar por esta o aquella posición. Consiste en presentar argumentos ... y puntos de vista alternativos. Decir que ni siquiera puedo discutir estos temas con mis estudiantes, y que no puedo sugerirles leer a Platón es absurdo. Aun para los administradores, pero no tienen el coraje suficiente como para ignorar este tipo de políticas”.

Que Peterson use la palabra “coraje” en este contexto no es coincidencia. Cuando Platón apareció ante el gobernante de Siracusa, Dionisio, en el 387 antes de Cristo, el tópico de su discurso fue el coraje. Observó que quienes carecen de esta virtud o no tienen el coraje suficiente deben ser llamados tiranos. Esta es una de las características que nos permiten distinguir entre un tirano y un gobernante que actúa guiado por la justicia y la ética. Sin importar cuál sea su título o legitimación, arconte, rey, o presidente. Platón y otros como él distinguieron entre la tiranía y el gobierno justo de un rey, por ejemplo, en un momento en que ambas cosas se confundían. Lo hicieron acudiendo al criterio más universalizable que consiste en observar si en el ejercicio del poder dichos gobernantes tienden a acudir a la coerción y la fuerza a la manera del “hombre fuerte”, si lo ejercen para el beneficio de sus sujetos, contando con la voluntad de estos en vez de censurarla o reprimirla, y si tienen el suficiente coraje como para hacer real una visión de la justicia más allá de lo que puede verse en la realidad injusta del presente.

Por ejemplo, disponiendo mejores condiciones para que aquellos a quienes pertenece el tiempo que viene, nuestros hijos e hijas, sean mejores practicantes de la justicia y por ello mismo más felices. Por el contrario, quienes carecen de dicho coraje y prefieren usar el poder en beneficio propio, así para hacerlo deban acudir a la censura, la represión y la fuerza, pueden ser llamados tiranos. Estos últimos carecen también de visión, o de lo que podríamos llamar imaginación política. Ello porque sus sueños se limitan a llenar sus cofres, a tener más, a satisfacer sus apetitos sexuales a costa de las jóvenes a quienes compran o violan, de la manera que nos lo muestran los archivos Epstein o la realidad de la guerra eterna en Colombia. Estos últimos acuden a cualquier pretexto (por ejemplo, la llamada guerra contra las drogas, la inseguridad y el miedo o la rabia de una población que se siente vulnerable, presta al resentimiento). Pretextos que amplifican a través del espectáculo y la propaganda con el fin de satisfacer sus apetitos sin límites haciéndose a más y más cosas: el estrecho de Ormuz, el lago Ontario, el golfo de Méjico, Groenlandia, el petróleo de Venezuela, los recursos de Colombia y más y más. Esto nada tiene que ver con “realismo político” o “así es la geopolítica”.  Esos son eufemismos, sombras, mentiras.

Pero podemos distinguir la verdad que esconden tales sombras. Tal es la enseñanza de Platón. Es ética y es práctica. Y no hay que ser un estudiante de filosofía para darse cuenta de su actual relevancia. Quizás sea por eso por lo que los supuestos soldados de la llamada “guerra cultural” quieren prohibirla, junto a la palabra “niña”, y a todas aquellas cosas que consideran zurdas e impuras. Hay que llamarlos por su nombre: tiranos.

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Trump se ha venido acogiendo a lo que se podría llamar la Doctrina Nixon, que afirma que todo lo que haga el presidente de Estados Unidos es legal y legítimo, en clara contravía de la Constitución. Claro, una cosa era el viejo Partido Republicano, de derecha pero no sin principios, y el Grand Old Party de hoy, lleno de lentejos vergonzosos que hacen lo que les diga la oca mayor. Por lo mismo, serán cruciales los resultados de las elecciones, en las que el partido de Trump podría perder ambas cámaras, una sola o ninguna.

El conflicto con Irán no estaba en los planes de casi nadie. Allí, los bombardeos han causado mucho daño si bien no han logrado que se abra el estrecho de Ormuz ni que se alivien las presiones sobre el precio del petróleo, algo que al final afecta a los americanos del común con un mayor precio de la gasolina. Según Trump, Irán está acabado; lo que no explica es por qué, un país acabado lo tiene contra la pared y gastando recursos y armamento a porrillo sin lograr su objetivo. Uno que sí está contento con este enredo es el primer ministro de Israel. Según él, ha conseguido que Estados Unidos haga lo que él quiera. Esto es bueno para Netanyahu, quizás, pero ¿a los americanos de qué les sirve?

Trump se ha anotado otro “triunfo” que al final podría resultar pírrico. Suscribió un “acuerdo” con Venezuela para controlar algo así como 65.000 millones de barriles petróleo de reservas venezolanas. El tal acuerdo no fue nada por el estilo, sino una imposición pura y dura de Trump al régimen de Delcy Rodríguez. En el papel, esto significa que Estados Unidos duplica “sus” reservas de petróleo a un costo mínimo. Sin embargo, el tal “acuerdo” se caerá andando el tiempo por leonino, confiscatorio e ilegal. Tan descarado es, que el propio presidente dice que se trata de “un regalo de Venezuela a la gente de Estados Unidos”, regalo no legalizado de otro modo que no sea por la firma de la presidente títere. Declaró el reputado economista venezolano Ricardo Haussman: “secretario Marco Rubio, acaba de perder toda la confianza que los venezolanos alguna vez tuvieron en usted, y eso terminará pasándole factura. Optó por utilizar el poder de EE. UU. no para liberar a los venezolanos, sino para aliarse con nuestros opresores. Decidió impulsar la apropiación de activos y un acuerdo inconstitucional con un gobierno opresor e ilegítimo… Los venezolanos no respetarán este acuerdo ilegítimo y ninguna gran petrolera estadounidense lo tomará en serio, pues saben que no perdurará… Además, está impidiendo que nuestra líder, María Corina Machado, regrese a Venezuela y ha conspirado para retrasar las elecciones y el retorno a la democracia. Es vergonzoso”. Pase lo que pase, llegará pronto el día en que los gringos deban dejar de arrastrar los pies y convocar elecciones en Venezuela. Entonces todo irá en contravía de lo de hoy. Hay más. Por ejemplo, la alianza descarada, pero fallida, con Putin y su satrapía rusa y el conflicto con Canadá.

En fin, lo que debe quedar claro es que el presidente y su familia se han estado lucrando de las decisiones presidenciales de manera abierta y descarada. En cualquier país sensato esto los llevaría a juicio y pronto a prisión. ¿Es lo que viene al final? Dejo la inquietud.

andreshoyos@elmalpensante.com

Una cosa es que el politainment, show business o infoentretenimiento político –la estrategia de marketing del actual gobierno– fuese eficiente en campaña, y que, por estímulo condicionado emocional, a sus seguidores les parezca que aún funciona; y otra cosa es que haya comenzado a desvencijarse por “la fatiga de los metales”, el desgaste en su objetivo central que es la percepción, y porque se ha estrellado con la tozuda realidad.

Incidió que el país milagro apenas tuviera vigencia de 64 horas tras el terremoto en el occidente del país. La catástrofe minó la ilusión y nos devolvió al “país portátil”, del que habla Rubén Blades, y al autoestima por el piso que cultivó la derecha durante los últimos años.

Rota la cuarta pared, de manera involuntaria, como se dice en teatro, se desconectó la ficción y todo quedó expuesto al público, estropeando la construcción de personajes en el gobierno y de un enemigo creíble.

Con ese quiebre situacional y las costuras a la vista, los personajes se quedaron con el libreto, pero sin la trama, por eso se ven en fuera de lugar o ajenos a las emociones que quisieron performar: alegría en medio del dolor, celebración en medio de la solemnidad, exitismo en medio del pesar.

Los ejemplos del presidente son ya incontables y le sigue la huella el vicepresidente, que anda como alma en pena, creyendo que es una vedette en gira nacional sin que él ni nadie acierte a saber cuál es su rol.

Otro tanto ha sucedido con la estrategia de crear un enemigo creíble, a manera de amenaza inminente que resuma el mal suficiente para anteponerle, polarizando, el bien de una gestión política. Lo han intentado, sin que haya fraguado, con Petro, el comunismo, el narcoterrorismo, el ateísmo, la xenofobia y la corrupción con estrategias, que van del refrito a la exageración, como el tal Libro de la Verdad.

Tampoco los papás de la criatura del showbusiness en el continente han podido hacer converger percepción en campaña y percepción en gestión. El resultado, por ahora, son países portátiles, como diría el –ese sí– filósofo Blades, “con héroes falsificados, ideales hipotecados y total mediocridad”.

@marioemorales y http://mariomorales.co

El intempestivo traslado del preso David Murcia Guzmán de la cárcel La Picota, en Bogotá, a la lejana y poco escudriñada prisión de Palogordo, en Girón, Santander, es otra señal del enorme riesgo que corre la democracia en los tiempos políticos que vivimos: esa que parece ser una simple orden administrativa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), no puede ocultar el interés personal del presidente de la República, quien ha manifestado, en público, el rencor que siente contra el recluso removido por sus subalternos sin motivación expresa. Para quienes no lo recuerdan, Murcia es el mismo que se ha enfrentado a De la Espriella, con delicadas acusaciones en su contra, tanto en el pasado lejano como en el reciente. Como se sabe, un condenado puede ser removido legalmente del sitio asignado para pagar su pena si, primero, existe una situación objetiva que explique la decisión; segundo, se presentan los respectivos soportes jurídicos; y, tercero, se expiden y registran las autorizaciones correspondientes. En otras palabras, el INPEC está facultado para ordenar el cambio de una “PPL” (persona privada de la libertad) como se les denomina a los “internos” en nuestro país, si llena las condiciones exigidas. Y eso no ocurre de la noche a la mañana durante un fin de semana en que el penado desaparece de su celda por unas horas y aparece, enigmáticamente, en otro lugar, sin conocimiento de nadie, ni siquiera de su abogada defensora Sondra Macollins, que hoy le ruega al Gobierno que le respete la vida (ver). El caso de Murcia Guzmán es excepcional y alarmante porque, en contraste con la falta absoluta de información oficial (por lo menos hasta el momento en que se escribe esta columna) sobre la motivación del INPEC para reubicarlo, hay numerosos antecedentes de relevancia político-judicial que indican que el jefe de Estado es el causante de la suerte que corra ese recluso en la cárcel de Girón. De tal modo que más le vale a De la Espriella que se asegure de que nada, absolutamente nada, le suceda a su contradictor. Estas son las razones que se esgrimirían como indicios de la “culpa” del presidente colombiano:

1.- Murcia fue cliente, archiconocido en su época, del abogado litigante Abelardo de la Espriella, quien aceptó ser su defensor y, como tal, lo representó ante la justicia. Esto ocurrió en 2008 y meses siguientes, etapa en la cual De la Espriella hizo alegatos públicos en beneficio de su poderdante; incluso, el diario El País, de España, registró así la noticia ese mismo año: “Por su parte, el abogado de Murcia Guzmán ha manifestado que su defendido está dispuesto a entregarse a las autoridades colombianas si se le garantiza la seguridad pero ha querido dejar claro que lo que se trata [es] de una ‘persecución’ oficial” [del gobierno de Álvaro Uribe]. El periódico español no mencionó al penalista con su nombre, pero sí publicó una de sus inconfundibles fotografías (ver) 2.- Después de más de una década y media de silencio ante los medios de comunicación, Murcia Guzmán habló con el periodista Daniel Coronell, en febrero de este 2026, cuando ya se sabía que el abogado que lo apoderó en los inicios de sus líos judiciales era candidato a la Presidencia. En la conversación grabada en un rincón de La Picota, el condenado hizo unas revelaciones escandalosas. En resumen, aseguró que De la Espriella le pidió $5 mil millones de pesos (cerca de $1,5 millones de USD de 2008), y que él o su empresa DMG se los dio; que el exabogado le dijo que era necesario (y Murcia aceptó) que le entregara $760 millones de pesos más, para, con ese dinero, “tocar a unos congresistas” con el fin de evitar que estos aprobaran una supuesta nueva ley que perjudicaría la operación de DMG; que De la Espriella lo abandonó sin asumir su defensa ni devolverle las millonarias platas que le había entregado (el condenado Murcia añadió que el penalista lo traicionó para entenderse con quien supuestamente lo perseguía, Uribe Vélez, a cambio de que este –entonces presidente de la República– favoreciera a su padre, Abelardo de la Espriella Juris, nombrándolo Notario 32 de Bogotá como, en efecto, sucedió en 2005 y hasta 2022). 3.- Murcia describió a De la Espriella Otero como “un ladrón (y) un traicionero” y anunció que lo demandaría ante la Comisión de Disciplina Judicial que examina la conducta de los litigantes (ver) (La demanda no prosperó por prescripción del hecho, según se dijo en noticias posteriores) 4.- El candidato De la Espriella dejó prueba de su hostilidad hacia Murcia cuando grabó, en video publicado por su campaña, su respuesta de rechazo a la entrevista de Coronell a Murcia, en términos muy despectivos. En cuanto al reo, afirmó que este se encontraba “en una cárcel administrada por el gobierno de Gustavo Petro” y que “lo tienen ilusionado sobre un indulto imposible que está pidiendo ante su propio carcelero” (ver) 5.- El ministro de Justicia y jefe del director del INPEC, Iván Cancino, es un cercano amigo y aliado de De la Espriella; también es o lo fue hasta hace unos días, el abogado personal del presidente en su defensa contra Murcia. Quiere decir que el recluso trasladado por orden de ese instituto, no solo tiene en su contra al jefe de Estado sino también al jefe del coronel que maneja el ente carcelario 6.- En esta fecha, finales de agosto y comienzos de septiembre del año 2026, cuando el mandatario actual es, como lo era Petro en su momento, “el carcelero” de su enemigo público David Murcia; y cuando este ha sido trasladado de manera, por lo menos, desacertada e inoportuna, de “una cárcel administrada por el Gobierno”, a otra alejada de su abogada y su familia, el presidente Abelardo de la Espriella es el responsable obvio del destino de Murcia Guzmán. Independientemente de los delitos que cometió el creador de DMG según dictámenes de la justicia, David Murcia sería reconocido, en cualquier país democrático, como asilado político por la persecución gubernamental en su contra. Si así, tan cínica y abiertamente, este Gobierno empieza a ejecutar acciones para activar las venganzas personales del mandatario, muy pronto veremos cómo se “desinhibe” frente a los ciudadanos de bien que no se sometan a sus obsesiones.

No tiene el presidente De la Espriella ninguna superioridad moral o ética frente al expresidente Petro por manifestarse y comportarse como un hombre religioso y creyente. Ese ámbito de la fe y la práctica religiosa es esencialmente íntimo y personal, si bien los rituales –no solo religiosos sino de cualquier tipo, pues nuestra cultura está preñada de ellos– tienen la cualidad inestimable de congregar a la gente. Pero nosotros, la gente, somos la sociedad civil en el ámbito de un Estado laico, no una feligresía que orienta el nuevo presidente. En eso no hay que equivocarse. El presidente De la Espriella es el primer mandatario de la nación, no nuestro líder religioso.

Nosotros, la sociedad civil que guarda unas relaciones, o que tiene, mejor, un contrato social con el Estado laico colombiano, no estamos esperando actos piadosos ni virtuosos en el campo religioso de parte del presidente De la Espriella. Lo que estamos esperando es que acierte en la política pública y que gobierne bien. Eso es lo que lo haría superior –histórica y políticamente– a Petro, quien gobernó tan mal, dicho sea de paso. Eso sí, allí es donde el presidente De la Espriella está llamado, incluso, obligado, a tratar de superar a cualquiera de los presidentes que ejercieron antes que él. A partir del mandato que le dieron las urnas y los votantes en ejercicio de un derecho civil.

Que lleve el Estado a las regiones y consiga que haya paz, justicia y desarrollo. Que atienda con eficiencia las crisis del terremoto y de los incendios, y las que están por venir, como el temible fenómeno de El Niño. Que refinancie y fortalezca el sector de la salud. Que se ponga al día con el pago de subsidios en el sector energético. Que cree las condiciones para que haya progreso material, desarrollo y generación de empleo. En fin, asuntos vitales como esos, no que haga letanías y actos de veneración públicos. Eso que se lo guarde para la intimidad de su hogar, que es donde deben estar esas cosas.

La supuesta virtud de los hombres religiosos, por lo demás, es, con frecuencia, una pura mentira, una pose, una simulación. Hablo del asunto concreto del comportamiento humano. Del obrar bien o mal. De actuar de manera limpia y jamás permitir en los actos propios, el cinismo o la degradación o la deshumanización. De eso hablo, no de la fe.

Es en esa materia que digo que, con frecuencia, los hombres supuestamente muy religiosos son los más falsos y los más crueles. Y se parapetan en una superioridad moral y ética que les proporcionaría la exhibición de su supuesto fervor religioso. Esos hombres son los peores.

Piensen en Benjamín Netanyahu, por ejemplo.