Empiezo por recordar que el fútbol es un negocio privado, que tiene muchas manchas y del que no sabemos a ciencia cierta cuál es el cumplimiento de todas las normas (legales, tributarias, etc.). La prueba está en que la Dimayor y la Federación se han negado a reconocer lo planteado por la asociación de futbolistas, Acolfutpro. Lo legal no ayuda a los intereses de los dueños de los clubes. Al espectáculo, tal vez lo mejoraría. Pero, y no hay que buscar muy lejos ejemplos, existe un tráfico de personas, llámense, por ejemplo, jugadores a prueba, y se compran y venden como mercancía. ¿Quién, de las autoridades que ha tenido posibilidades de hacerlo, se ha confrontado con esto?

El espectáculo es privado, paga un arriendo irrisorio porque, de lo contrario, perjudica el negocio; los clubes piden y les dan (¿acaso la selección paga impuestos en Barranquilla?); exigen seguridad porque a ellos les es muy costosa y, como en este caso del sábado entre Santa Fe y América, la responsabilidad es de los policías; el control de acceso, del que hablaré a continuación, debe prestarlo la Policía. Todo, los demás. Los clubes, solo la taquilla.

Un control de acceso, hoy en día, es muy fácil de lograr. Empezar por la carnetización de los hinchas, a cargo de los clubes, para tener un doble registro de ingreso. Doble porque se puede hacer con un lector de cédula el ingreso. Máquinas de rayos X y/o detectoras de metales (cada día más precisas) en los accesos. Control sobre la boletería expedida (como en las aerolíneas, hay sobreventa). Control a los expendios internos (por donde ingresan muchos de los elementos prohibidos). Y otra gran cantidad de medidas que reducirían los inconvenientes.

Pero vuelvo a la pregunta: ¿quién está interesado en que esto pase? Un negocio privado, lucrativo, subsidiado por el Estado, que genera pasiones, ¿por qué dañarlo?

Realmente, la solución es autoridad, pero de verdad. No leyes. ¿Y cómo exigirlas cuando el que dirige eso, en un arrebato de “usted no sabe quién soy yo”, agrede a quienes controlan el ingreso en un estadio fuera del país? Con ese ejemplo, ¡siquiera en el Campín no hay ductos de aire acondicionado!

Alberto Marroquín

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Durante décadas, quienes ostentaron la dignidad de presidente de Colombia confirieron una importancia minúscula a la cartera de Cultura y, por tal razón, destinaron un presupuesto ínfimo para el funcionamiento de dicho ministerio, contrario a lo que ha sucedido desde siempre con las carteras de Defensa, Hacienda o Relaciones Exteriores, por ejemplo.

A mi entender, el Ministerio de Cultura en nuestro país debería ser considerado de capital importancia, en el mismo rango de los ministerios antes mencionados, en lo que respecta al funcionamiento del Estado y la configuración de la arquitectura institucional.

El Ministerio de Cultura colombiano tiene entre sus tareas fundamentales la preservación del patrimonio material e inmaterial del país, la salvaguarda de las tradiciones populares arraigadas en las diversas regiones que conforman Colombia. Además de apuntalar la consolidación de una identidad cultural que abrace las diferentes manifestaciones que florecen en todo el territorio, y el apoyo institucional a los artistas, creadores, cultores y promotores de las diversas expresiones artísticas que palpitan en los cuatro puntos cardinales que conforman la Colombia de hoy. Una Colombia en la que confluyen pueblos indígenas y afrodescendientes, y un sinnúmero de comunidades campesinas y poblaciones urbanas que, con sus particulares cosmogonías, orígenes y ancestralidades, enriquecen la policromía cultural del país.

El gobierno que recién termina, liderado por Gustavo Petro, supo, contrario a sus predecesores, poner en un lugar preponderante de la administración pública al Ministerio de Cultura, incrementando ostensiblemente la destinación financiera, que llegó a alcanzar cifras que duplicaron los irrisorios montos del pasado, erradicando de tajo la mezquina costumbre imperante. Para abanderar dicha cartera, designó, al comienzo de su gestión, quizás como merecido reconocimiento a su dilatada y admirable trayectoria en las artes escénicas, a Patricia Ariza, a la que sucedió Juan David Correa, escritor y editor, de una proverbial estatura intelectual. Correa entregó el testigo a Yannai Kadamani, quien ejerció hasta el final del mandato y gozaba de amplio reconocimiento en el mundo de la danza y la gestión cultural.

La designación de Paola Holguín como cabeza del Ministerio de Cultura de Colombia representa un despropósito monumental y un desprecio flagrante a centenares de artistas, cultores y promotores culturales que cuentan con una trayectoria probada en el sector. Ellos, que poseen los insumos y herramientas teóricas, conceptuales y gerenciales para liderar el ministerio, fueron desdeñados sin pudor. Son esas cualidades intelectuales, ese talante y esa experiencia de las que carece la señora Holguín, quien pareciera ser tan solo un arma más en la llamada «batalla cultural», esa que pregona por doquier el actual y oscuro mandatario, y que no es otra cosa que el demoler las columnas en que se cimenta todo el acervo conceptual que ha de regir dicha cartera y que tardó años en edificarse, gracias a una pléyade de intelectuales y creadores que pensaron la cultura y reflexionaron en torno a su valiosa contribución a la configuración de la identidad colombiana.

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En primer lugar, el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán no es un capricho personal ni una sumisión a Washington o a Jerusalén. Es una lectura realista de hechos consumados desde 1967 y de la correlación de fuerzas actual. La posición jurídica sostenida por la mayoría de las resoluciones de la ONU sobre ese territorio ha demostrado ser totalmente ineficaz para alterar la realidad sobre el terreno. Colombia no está obligada a mantener indefinidamente una ficción jurídica que solo alimenta discursos simbólicos sin consecuencias prácticas. Alinear la posición nacional con la de Estados Unidos es coherente con la recuperación de relaciones estratégicas deterioradas durante el gobierno anterior.

En segundo lugar, el anuncio del retiro del Estatuto de Roma debe evaluarse con realismo y no con sacralización institucional. La Corte Penal Internacional ha mostrado, a lo largo de más de dos décadas, serias limitaciones: selectividad geográfica, lentitud procesal, altos costos y una creciente percepción de politización. Su historial de condenas es limitado y su capacidad de enforcement, casi nula frente a potencias o actores protegidos. Para un Estado como Colombia, que ya demostró ante la propia CPI la existencia de mecanismos nacionales de investigación, la permanencia en esa instancia no constituye un seguro automático de justicia ni un requisito de legitimidad internacional. La soberanía judicial no se fortalece subordinándose a un tribunal cuya autoridad moral se ha erosionado.

El error del editorial radica en equiparar multilateralismo con virtud y realismo con subordinación. Colombia no se aísla por recuperar una relación preferente con Estados Unidos e Israel; se aísla cuando prioriza gestos ideológicos que deterioran alianzas estratégicas y el acceso a mercados, tecnología y cooperación en seguridad. El gobierno anterior personalizó la política exterior hasta generar fricciones innecesarias con el principal socio comercial y de seguridad del país. Corregir ese desequilibrio no es “doctrina Donroe”: es defensa del interés nacional en un sistema internacional marcado por la competencia entre grandes potencias y por el declive de organismos burocratizados.

Como recordaba Ronald Reagan al retirar a Estados Unidos de la Unesco en 1984, las organizaciones internacionales pierden legitimidad cuando se politizan, exhiben hostilidad hacia las sociedades libres y convierten la burocracia en un fin en sí mismo. En la misma línea, Margaret Thatcher sostuvo con claridad que “el verdadero internacionalismo consiste en la cooperación entre naciones; el falso internacionalismo multiplica las burocracias internacionales mientras paraliza la acción”. Ambos estadistas coincidían en una verdad elemental: no hay sustituto real para el Estado-nación cuando se trata de defender intereses estratégicos y de actuar con eficacia.

Una política exterior seria no se mide por la fidelidad a resoluciones simbólicas ni por la permanencia en instituciones cuya legitimidad está en crisis. Se mide por su capacidad de maximizar la autonomía estratégica, proteger la soberanía y generar beneficios tangibles para los ciudadanos. En ese sentido, el viraje del gobierno de De la Espriella no es radicalismo: es realismo.

Elías David Gloria

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Tengo compañeros recién salidos de la universidad que están desempleados porque no hay nada para su rubro. Yo mismo adolecí de esto. Más de seis meses para poder trabajar. Un cometido que, por lo demás, no es deseado. Casi siempre se termina cayendo en manos de cualquiera que pague un mínimo, así se merezca más.

Es impresionante que, según DW (Deutsche Welle), en Latinoamérica los jóvenes puedan salir de sus hogares a los veintiocho años. Los requisitos para un buen empleo son irrisorios. Dos años siendo lo que sea es lo mínimo*. Un pregrado, una maestría y hasta un doctorado. Esperan que con veinticuatro años tengamos eso y hasta más sin ofrecer oportunidades “dignas”.

En mi país, la realidad es casi una distopía. Hace poco —por lo menos de cuando escribo esto— se aumentó el salario mínimo por parte de un gobierno progresista. Las reacciones, lejos de ser positivas, fueron de terror. La gente diciendo que íbamos a quedar en pobreza por la inflación, empresarios —cuándo no— haciendo pataleta porque no se iban a poder sostener —más falso que nunca— y hasta un guardia de seguridad subiendo un video diciendo que “no merecía ganar lo mismo que un profesional”. Cuán bajo hemos caído para creer que cuidar del otro no es un arte porque no se estudia en una universidad.

Qué irónico ser catalogados como el continente con menor incremento salarial en el mundo, también anunciado por DW, y no exigir más dinero. Aunque, honestamente, me preocupa más el hecho del tiempo. No tenemos buenas condiciones económicas y está bien, no reviremos, ya que, según muchos, eso haría parte del terrorífico fantasma comunista. Pero estar desde las cinco o, a veces, desde las cuatro de la mañana hasta las cinco y media de la tarde trabajando es inhumano. Trabajar desde las ocho de la mañana hasta las doce de la tarde me parece más que suficiente, sobre todo cuando estamos viviendo como si tuviéramos un planeta más en términos de recursos. Es preferible morir cercenado en manos de la madre que bajo el regaño del patrón: nunca amigo.

Sin embargo, las condiciones son las que son y yo ya tengo un trabajo que, como dije, conseguí después de seis meses. Lo que encontré en este nuevo escenario esclavista no es más que lo mismo de siempre. Un jefe que no es capaz de hablar bien (dice “miestras”, en vez de “mientras”), unos compañeros que dicen sí a todo y un yo disminuido que escribe esto como un grito del alma, pues mi cuerpo está cansado. Y, en este ovillo de circunstancias, aparece, del mismo mal hablante, un decir nefasto para justificar un trabajo y tiempo que no serán remunerados: hay que ponerse la camiseta. Cuidado con esta frase porque se puede seguir de lo que se quiera: por la institución, por la empresa, por la nación… y se sabe lo que sigue.

Al final lo hicimos, nos colocamos la dichosa camiseta. Me quedaba pequeña, he de decir. Bastante incómoda, molesta. Pero, como las bailarinas, nosotros, los trabajadores, debemos mantener una sonrisa de par en par. Tenemos que danzar con gracia, aunque por dentro nuestros dedos sangren por la rabia y el dolor. Tiempo para familia, por lo menos la nuestra, no habrá. Seremos la compañía del “miestras” porque mientras regresa a su casa llora al recordar que se encuentra solo. Al finalizar la jornada, nos desharemos de los harapos sin honor para dormir, dormir mucho.

Ya sin camiseta, concluyo, luego de doce horas trabajando para un alguien que ya tiene la vida resuelta y que nos ve desde arriba, bien arriba, que no sé cómo he podido aguantar. Prefiero desemplearme y, si es necesario, independizarme a los doscientos años para exagerar las cifras de DW. Independizarme cuando algún universitario me lea y diga que mi vida tuvo sentido y que fui un gran escritor, un revolucionario. Que me hagan estatuas, fundaciones e institutos, que se pongan la camiseta en mi nombre para que así, por primera vez, yo sea el que los ve a todos desde arriba, bien arriba, porque estoy cansado de estar abajo, bien abajo.

En respuesta al editorial del 23 de agosto de 2026, titulado “Un viraje radical en política exterior que nos aísla”.

El editorial del 23 de agosto de El Espectador, titulado “Un viraje radical en política exterior que nos aísla”, plantea una preocupación legítima: la política exterior colombiana no debería quedar subordinada a preferencias personales, coyunturas electorales ni alineamientos automáticos. Sin embargo, su conclusión parece descansar sobre una premisa discutible: que apartarse de determinados consensos diplomáticos equivale necesariamente a aislarse internacionalmente. Esa equivalencia requiere una evaluación más rigurosa.

Una política exterior responsable no puede medirse exclusivamente por su cercanía con el multilateralismo tradicional. También debe evaluarse por su capacidad para proteger los intereses nacionales, ampliar los márgenes de maniobra del Estado y construir relaciones funcionales con las principales potencias y actores internacionales. Colombia mantiene una profunda interdependencia económica, migratoria y estratégica con Estados Unidos. En ese contexto, fortalecer la relación bilateral con Washington no constituye, por sí mismo, una renuncia a la autonomía diplomática.

El caso de Israel y los Altos del Golán merece, ciertamente, una discusión jurídica seria. La posición predominante de Naciones Unidas considera inválida la anexión israelí del territorio sirio ocupado. Apartarse de esa posición puede ser objeto de legítima crítica diplomática. Sin embargo, de esa constatación no se desprende automáticamente que Colombia haya perdido su autonomía ni que la decisión produzca aislamiento. Para sostener semejante conclusión sería necesario demostrar sus consecuencias concretas sobre las relaciones de Colombia con otros Estados, organismos internacionales y socios estratégicos.

Algo similar ocurre con la Corte Penal Internacional. La pertenencia a instituciones multilaterales debe analizarse a partir de principios como la complementariedad, la soberanía estatal, la eficacia institucional y la protección de los derechos de las víctimas. Una eventual modificación de la relación de Colombia con la Corte puede y debe ser debatida críticamente, pero no debería convertirse, sin mayor evidencia, en prueba de una subordinación automática a una potencia extranjera.

El punto central es conceptual: multilateralismo no equivale a alineamiento, y alineamiento no equivale necesariamente a dependencia. Un Estado puede participar activamente en instituciones multilaterales y, al mismo tiempo, fortalecer alianzas bilaterales. Puede mantener una relación estratégica con Washington y conservar posiciones propias en Naciones Unidas, América Latina y otros espacios diplomáticos.

Además, la autonomía no debe confundirse con equidistancia. La política exterior de un Estado soberano no consiste en mantener idéntica distancia frente a todos los actores, sino en disponer de suficientes alternativas para negociar desde una posición de mayor capacidad. La verdadera autonomía estratégica se construye diversificando relaciones, no necesariamente debilitando las alianzas existentes.

La evaluación definitiva de esta política exterior tampoco debería depender de su afinidad o discrepancia con Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Javier Milei, Gustavo Petro o cualquier otro dirigente. El criterio fundamental debe ser su capacidad para producir resultados verificables para Colombia: seguridad, inversión, comercio, cooperación tecnológica, acceso a mercados, fortalecimiento institucional y mayor capacidad de negociación internacional.

Por ello, el nuevo rumbo merece vigilancia crítica, pero resulta prematuro concluir que Colombia está aislándose. No han transcurrido ni cien días de Gobierno. Previo a formular ese diagnóstico, sería necesario demostrar qué relaciones se han deteriorado, qué costos concretos ha asumido el país, qué beneficios ha obtenido y qué alternativas diplomáticas ha perdido.

Sin esa evidencia, diagnosticar un “aislamiento” corre el riesgo de ser más una valoración política que una conclusión analítica. El debate colombiano necesita menos etiquetas y más evaluación empírica de resultados. La política exterior debe juzgarse, finalmente, no por su distancia respecto de una determinada corriente ideológica, sino por su capacidad para defender, con acciones, principios y pragmatismo, los intereses permanentes de Colombia.

@JuanDaEscobarC

Porque no existe eso que llamamos “moral universal” flotando en el aire, esperando a que la descubramos. Lo que llamamos moral es, casi siempre, el acuerdo que le sirve a quien tiene el poder de imponerlo en un momento dado. La esclavitud fue moral mientras enriqueció a los dueños de esclavos. Dejó de serlo cuando dejó de ser rentable y empezó a ser vergonzosa. La mujer no votaba porque a los hombres que hacían las leyes les convenía que no votara. La línea no se movió porque alguien descubrió una verdad escondida, se movió porque cambió quién tenía la fuerza para moverla.

Con el aborto pasa exactamente lo mismo y es hora de decirlo sin eufemismos.

Cuando el Estado, la Iglesia o el Congreso deciden cuándo empieza la vida, no están revelando una verdad biológica ni teológica indiscutible. Están decidiendo, con el lenguaje del derecho, a quién le pertenece el cuerpo de una mujer.

Esa es la pregunta real detrás del nuevo proyecto de acto legislativo, no es cuándo comienza la vida, es quién tiene la autoridad para decidir qué hace una mujer con lo que ocurre dentro de su propio cuerpo. Disfrazar esa pregunta de debate científico o jurídico es la primera cortina que hay que correr.

Pero aquí viene la parte que incomoda a los dos bandos por igual: los defensores de la despenalización tampoco pueden esconderse detrás de la autonomía absoluta como si fuera una verdad evidente por sí misma. Decir “mi cuerpo, mi decisión” no resuelve el hecho biológico de que, en un embarazo, hay dos organismos involucrados, uno de los cuales no puede opinar. La autonomía es un valor que también inventamos, que también decidimos defender, no una ley de la física. Ambos bandos actúan como si su convicción fuera un descubrimiento y no una elección. Ninguno lo es.

Lo que de verdad revela este debate es algo más incómodo que la biología o la teología: que las sociedades no se organizan alrededor de la verdad, sino de acuerdos temporales que después defendemos como si fueran eternos. Y esos acuerdos cambian cuando cambia el balance de poder entre quienes los sostienen.

Hoy la línea se mueve porque hay más mujeres en el Congreso, más movilización social, más visibilidad de la violencia sexual. Mañana podría moverse en sentido contrario si cambia quién tiene la mayoría. Nada de eso tiene que ver con que hayamos encontrado, por fin, la respuesta correcta.

Esa es la verdad que ninguna consigna quiere admitir: no estamos discutiendo el bien absoluto. Estamos discutiendo quién impone su versión del bien, con el lenguaje prestado de la ciencia, del derecho o de la fe, para no tener que decir en voz alta lo que realmente está en juego: poder sobre el cuerpo de otro ser humano.

El día que dejemos de fingir que defendemos verdades eternas y admitamos que estamos negociando poder, dejaremos de gritarnos consignas y empezaremos, por fin, a legislar para personas reales. Mientras tanto, seguiremos llamando moral a lo que en realidad es, simplemente, quién manda.

Diego Navarro

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Estos últimos meses tensaron las fibras ciudadanas de manera inusual: la Copa del Mundo, las elecciones presidenciales y un devastador terremoto. Eventos singulares con diferentes escalas de percepción, entendimiento y accionar. El fútbol une, la política divide, la tragedia vuelve a integrar en un colectivismo emocional, explosivo y transitorio, rasgo de nuestro nacionalismo criollo mientras gestionamos el quehacer diario. Abrazados a desconocidos que portan la misma camiseta, alcanzamos la empatía eufórica que produce la Selección. Un partido nos integra masivamente y nos emociona hasta las lágrimas; disfrutamos los triunfos pasajeros y, ante la pérdida, no hay duelo. La vida exige continuar sin drama.

La elección presidencial regresó al paisano futbolero a escenarios menos fraternales. Las divisiones políticas radicalizadas retomaron el relato beligerante de la etapa preelectoral y premundialista. Retornó la antipatía por el contradictor, y hasta la camiseta –destacado símbolo de unidad e interés nacional– se rasgó para el infame beneficio electoral, minando la hermandad entre hinchas del mismo equipo. De la concordia a la frustración y al señalamiento de un responsable no hacen falta noventa minutos. Es fácil etiquetar: en segundos surge el enemigo, y al enemigo hay que odiarlo. Ergo, mi hermano es mi enemigo; ergo, la empatía es odio.

Llegó un nuevo gobierno: un cambio de modelo ideológico y de gobernanza que genera alivio para unos y mayor aversión para los derrotados. Apenas posesionado el mandato, la tierra tiembla inmisericordemente en gran parte del territorio. Se desbaratan las agendas y los retos asumidos cambian de prioridad. La tragedia es de proporciones monumentales; la consigna, perentoria: movilizar toda ayuda necesaria. El presidente entrante se hace cargo; también su gabinete recién nombrado, sus familias, allegados, votantes, simpatizantes, contradictores, desinteresados, escépticos y apáticos; en fin, casi todos. Él lidera como corresponde a cualquier gobernante: utiliza los recursos del Estado, llega a los territorios caídos, coordina ayudas y ofrece consuelo. Surge la promesa de que no es una tragedia ajena, por lo que la búsqueda, el rescate, la atención a las víctimas y la reconstrucción se harán entre todos. «Unidos por la misma causa» parece un cliché, mas no lo es. El mismo país que se agredía apenas días atrás se volcó de inmediato en solidaridad ante el dolor ajeno. Voces, manos, tiempo, dinero, comida, medicinas, herramientas, insumos y un largo etcétera: una movilización impresionante como jamás vi.

Y aunque algunos continúen destilando veneno en medio del dolor, sin reconocer la generosidad del colombiano que, sin distingo, ofrece ayuda, queda demostrado que el odio es un artificio fabricado, mientras que la empatía es inherente a la esencia humana.

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Como siempre, a este país lo salva nuevamente su propio pueblo. Mientras el presidente de la República repartía besos como una reina de pueblo y se negaba indolentemente a recibir la cooperación internacional de rescatistas, y el alcalde Eder mostraba, una vez más, su ineptitud, miles de ciudadanos, incluidos niños, y los bomberos de la ciudad arriesgaban sus vidas y las de las víctimas en una lucha contra el tiempo para rescatar a personas y animales de compañía.

La versión de ustedes, en su editorial del 16 de agosto, es equivocada y desleal con las víctimas y los ciudadanos rescatistas.

Álvaro del Campo

Un ministro en vacaciones

Completamente de acuerdo con su editorial del 18 de agosto, titulado “El ministro de Vivienda no comprende el problema”. No era ni la época ni, mucho menos, el momento para ir a la playa. Si quería estar con su familia, podría haberlo hecho en Bogotá o Bucaramanga. Esos son los contrastes que no entendemos: viene de más de un año sin trabajo como exalcalde, durante el cual seguramente tuvo todo el tiempo para estar con su familia, y precisamente tiene que hacerlo a los ocho días de su posesión. ¡Inaceptable!

Hernán Sánchez

El ministro en su derecho

A propósito del editorial del 18 de agosto. Un fin de semana de descanso no son unas vacaciones. El ministro no ha cometido ninguna falta por irse a descansar con su familia. En la práctica, no habría diferencia si se hubiera quedado en Bucaramanga, donde reside. Explíquenme, con los recursos de comunicación que hay hoy en día, ¿cuál habría sido la diferencia en el manejo de la crisis si se hubiera quedado en su ciudad de domicilio? Yo creo que ninguna. Lo único que cambia la situación es el escándalo que han querido armar.

La semana tiene siete días y un funcionario tiene el derecho y la obligación de descansar para ser más eficaz en sus relaciones y funciones laborales. Los fines de semana, de por sí, son inadecuados para gestionar, principalmente en la función pública. Lo digo por experiencia. Y, en caso de presentarse un hecho de gravedad que amerite apersonarse de la situación, actualmente existen los medios para hacerlo.

¿Cuál fue el error del ministro? El que cometen muchas personas en la vida actual: exponer su vida privada y familiar en las redes sociales.

Miguel Oviedo

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Despedirse de la infancia cuando llega la juventud, de la adolescencia cuando aparecen nuevas responsabilidades y, poco a poco, de personas, lugares, costumbres y sueños. Cuando uno cree que simplemente está viviendo, también está dejando cosas atrás. Y por eso creo que madurar no es solo aprender cosas nuevas, sino aprender a soltar aquello que ya cumplió su tiempo, no solo cosas, sino también personas y lugares.

El cuerpo es un buen maestro de esto. Un día necesitamos gafas para ver lo que antes distinguíamos sin esfuerzo; otro día, el frío comienza a afectarnos más; subir unas escaleras exige una pausa o caminar largas distancias deja de ser tan sencillo. Casi nunca perdemos nuestras capacidades de un solo golpe. Las vamos dejando poco a poco, en pequeñas renuncias que muchas veces pasan inadvertidas. Ya lo dijo el Señor: “cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde querías; mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá, y te llevará donde no quieras” (Juan 21,18).

Pero también tenemos que despedirnos de quienes fuimos. Hay versiones de nosotros mismos que ya no existen. Cambian nuestras ilusiones, nuestras amistades, nuestros intereses y hasta la manera en que miramos el mundo. A veces sufrimos porque queremos conservar una etapa que ya terminó. Nos aferramos a una época, a una persona o a una imagen de nosotros mismos que la vida ya ha comenzado a transformar. Quizá una de las mayores dificultades de vivir sea aceptar que no todo lo que amamos está destinado a permanecer, y eso también significa aprender a bien morir poco a poco.

Pero no significa dejar de amar. Al contrario, quizá solamente sabe despedirse quien ha aprendido a valorar. Despedirse es reconocer que algo fue importante, agradecer lo vivido y aceptar que no todo puede permanecer. No todo lo que termina es un fracaso. Algunas cosas terminan simplemente porque cumplieron su propósito. La persona madura es capaz de mirar hacia atrás con gratitud, sin convertir el pasado en una prisión.

Por eso pienso que toda la vida es un largo adiós. Un día tendremos que despedirnos de nuestra juventud, de nuestras fuerzas, de nuestras seguridades y, finalmente, de nuestra propia vida. Ojalá Dios y el destino nos permitan ir con calma y ser concientes de este proceso. La tarea, querido lector, ahora es: disfrutar mientras podemos, amar mientras estamos, agradecer mientras tenemos y soltar cuando ha llegado el momento. Porque nada nos pertenece para siempre y, precisamente por eso, cada encuentro, cada lugar y cada instante merecen ser vividos como un regalo.

Luis Alfredo Cortés Capera

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En el Banco de Bogotá tenemos la convicción de que nuestros mejores aliados son nuestros clientes. Son la razón de nuestro trabajo y quienes nos exigen estar a la altura de la confianza que depositan en nosotros. También valoramos a quienes nos critican, porque nos muestran con franqueza dónde estamos fallando y qué debemos corregir.

Por eso recibimos con respeto la columna de Piedad Bonnett. Y, ante todo, reconocemos algo fundamental: la experiencia que ella describe, y que también han vivido otros clientes durante la transición de Itaú al Banco de Bogotá, es frustrante, desgastante y no corresponde al servicio que queremos ofrecer.

Algunos clientes han enfrentado largas filas y tiempos de espera, falta de claridad sobre procedimientos, dificultades para utilizar nuestros canales digitales y, en ciertos casos, imposibilidad de realizar una transacción o disponer de su dinero cuando lo necesitaban. Entendemos especialmente la molestia de quienes sienten que una decisión que no tomaron alteró su relación con el banco, modificó sus rutinas y les impuso trámites y esperas que no deberían haber tenido que asumir.

Nos preparamos durante meses para integrar a más de 250.000 clientes y sus productos. Sin embargo, la realidad nos mostró que en algunos frentes subestimamos las dificultades que una migración de esta magnitud podía generar para nuestros clientes. Esa es una responsabilidad que asumimos. La complejidad tecnológica y operativa puede explicar algunas de las dificultades, pero no las resuelve para quien necesita hacer una transferencia, utilizar su tarjeta o acceder a su dinero.

Nuestra prioridad ahora es resolver.

Hemos reforzado los equipos de atención en oficinas y canales de servicio, ampliado jornadas y habilitado atención durante los fines de semana. Equipos especializados trabajan permanentemente para normalizar las transacciones que aún presentan dificultades y atender individualmente los casos que requieren una solución particular. Nuestro compromiso es que ningún cliente que continúe teniendo problemas quede sin una ruta clara de solución.

También entendemos que, en algunos casos, no basta con corregir el problema. Cuando un cliente haya sufrido un perjuicio directamente atribuible a esta transición, revisaremos su situación individualmente y buscaremos una respuesta justa.

Una vez superada esta etapa, haremos una evaluación rigurosa de lo ocurrido: qué anticipamos correctamente, qué subestimamos y qué debemos hacer diferente. Una organización responsable no solo corrige sus errores; aprende de ellos.

Nuestro propósito es que quienes llegaron desde Itaú encuentren en el Banco de Bogotá una relación de largo plazo, una red más amplia, mejores capacidades digitales y una oferta de productos y servicios que justifique su confianza. Sabemos que hoy no podemos pedirles que crean simplemente en esa promesa. Tenemos que demostrárselo.

A los clientes que hemos afectado, les ofrecemos disculpas. A quienes todavía enfrentan dificultades, les debemos una solución. Y a todos nuestros nuevos clientes les debemos demostrar que llegar al Banco de Bogotá terminará siendo una buena noticia.

Ese compromiso no se demuestra con esta respuesta, sino con lo que hagamos a partir de ahora.

Juan Carlos Echeverry, presidente del Banco de Bogotá.

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Hace dos semanas, los pereiranos le hicimos el duelo al lugar: recordamos todas las experiencias que quedaron guardadas en él y nos enfrentamos a la idea de que ya no volveríamos a verlo; luego repetimos el ejercicio con cada esquina, cada edificio y cada calle que el terremoto arrasó. Así llegamos a la conclusión de que los sitios en los que construimos nuestra identidad no son más que una pila de escombros. Las memorias de nuestro tránsito por el mundo han perdido sus raíces y su escenario. El apego al lugar y la identidad de lugar son conceptos reales y sentimientos necesarios; nuestros lugares nos construyen y nosotros a ellos.

Ser pereirana es tan esencial en mi personalidad como ser mujer, hija o hermana. Pero la pereiranidad no es solo un símbolo: ocupa un lugar físico e implica la relación afectiva con ese lugar, hoy hecho trizas. Así, mientras las imágenes del desastre muestran una calle llena de escombros entre la Plaza de Bolívar y la peatonal de la 18, a los pereiranos nos vienen miles de recuerdos de la calle del Tubo, punto de encuentro por el que pasábamos para encontrarnos fortuitamente con algún conocido para tomar café; pareciera un atajo, pero todo lo contrario: esa calle era casi un test de popularidad, donde pasabas varios minutos saludando a conocidos. Más que direcciones, lo que aparece en la mente de quienes vemos el desastre a través de las redes son las cartografías afectivas de la ciudad que ha sido coautora de cada una de nuestras biografías.

El duelo del lugar es un shock real, aunque no figure en el catálogo de emociones y duelos reconocidos. Más aún, nos han enseñado a comparar nuestra pérdida con la de quienes perdieron un ser querido o una casa. Pero la falta de nombre no impide que el duelo del lugar nos embargue, porque, con el barrio, el parque y la ciudad destrozados, también se destruyen nuestra sensación de seguridad y de hogar. La ciudad de la que somos es el anclaje de nuestra brújula interior; incluso cuando nuestro norte está en otra parte, Pereira es adonde siempre volvemos para tomarnos un respiro y sentirnos en casa, mientras vivimos la vida del afán y las ambiciones en otra ciudad o en un país extranjero. En una ciudad de migrantes, conocemos bien el lenguaje de la nostalgia: extrañar los lugares de Pereira donde creamos recuerdos con nuestra gente y conocimos los sabores que el paladar no olvida. Pero la nostalgia, por dura que sea, viene con la certeza de que la ciudad estará ahí cuando volvamos. El duelo del lugar nos arrebata esa certeza. Es un amasijo de confusión, desolación y orfandad; es la nostalgia sin el consuelo del regreso a lo conocido; es sentir que la ciudad a la que volveremos ya no existe como en nuestras memorias. Esa es la emoción que nos invade a todos y que escondemos bajo la afirmación de que “estamos bien”, porque decir otra cosa nos haría sentir desagradecidos.

Entonces, lo que viene no es solo la reconstrucción física, sino un proceso de sanación territorial que oriente ese duelo colectivo mediante una política pública bien planeada. Esto implica varias medidas relacionales: la recuperación de la confianza de los damnificados en el Estado, así como la recuperación de los lugares simbólicos mediante convites que nos hagan sentir a todos parte del milagro.

La prioridad debe ser devolverles a los damnificados la sensación de seguridad y evitarles a toda costa la exposición a nuevos desastres; por eso es urgente avanzar hacia soluciones de vivienda que les devuelvan autonomía y privacidad. Sanar a las familias que llevan una semana en «modo de supervivencia» empieza por gestionarles un lugar donde puedan restaurar las rutinas cotidianas y recuperar la sensación de dominio sobre su propio espacio. La exposición a nuevos desastres, sin embargo, sigue ocurriendo: el domingo, las familias en el albergue —sin techo— del Parque Olaya pasaron la noche bajo la lluvia. Igualmente, los antiguos habitantes de viviendas informales en barrios con menor atención estatal, como Tokio y Las Brisas, ya empiezan a recaudar fondos para levantar otra vivienda informal.

La recuperación de la confianza en el Estado, para quienes vemos la tragedia desde lejos o quienes quieren invertir en la reconstrucción, también implica identificar responsabilidades. Si bien podemos entender la pérdida de edificios antiguos, la mayoría estamos perplejos al ver los escombros de edificios nuevos y construidos con recursos públicos después de la NTC 2010. Antes de emprender una reconstrucción masiva, el gobierno local tiene la oportunidad de blindar la confianza de los pereiranos, explicándonos cómo se garantizará que los diseños estructurales licenciados se ejecuten sin rebajas de calidad ni atajos. Asimismo, urge una decisión contundente de planeación para la zona de influencia del Colector Egoyá, cuyo suelo ha fallado en todos los terremotos anteriores. En 1999 fue la zona más afectada y hoy, en el Egoyá ampliado, vuelve a desalojar a cientos de sus residentes.

La sanación territorial requiere, además, orientar la reconstrucción hacia la generación de más espacio público, una deuda que la planeación de la ciudad ha venido acumulando con sus habitantes. El espacio público combina ambas metas: la exclusión de la urbanización en áreas de riesgo sísmico y la reconstrucción de lugares simbólicos donde volvamos a congregarnos para llenar el espacio de memorias.

Reconstruir a Pereira y sanar su duelo implica más que edificar de nuevo lo que cayó; implica también asegurarnos de que no se repitan los estragos de este desastre y no desperdiciar la inercia de los voluntarios que esta semana han movido la ciudad más rápido que cualquier institución. Hace falta un liderazgo bien planeado que oriente ese espíritu de convite antes de que se disuelva en el cansancio o en los desaires institucionales. Como pereiranos, merecemos que esa sinergia entre instituciones y comunidad nos devuelva una Plaza de Bolívar donde volvamos a crear recuerdos del mimo, de los fotógrafos con sus caballos de juguete y de los jugadores de ajedrez. Que la calle del Tubo cambie los escombros por restaurantes y cafés donde, otra vez, las mesas se expandan infinitamente para hacerle campo a un conocido más.

En respuesta al editorial del 19 de agosto de 2026, titulado “¿Para qué los medios públicos?”.

En un ambiente tan radical de desinformación por parte de los principales medios de comunicación privados en contra del gobierno del expresidente Petro, los colombianos tuvimos la oportunidad de encontrar en RTVC una opción alternativa para enterarnos del proceso de cambio y los logros del gobierno, con énfasis en las regiones y sectores sociales históricamente excluidos de la gestión pública y la atención de los medios de comunicación hegemónicos. El sistema de medios públicos (RTVC, Radio Nacional, Canal Institucional y canales regionales) logró romper dicha hegemonía, llegar a las regiones más alejadas y posicionarse como uno de los principales medios de comunicación del país.

Para quienes solo dedicamos el comienzo de la noche a ver TV y no toleramos la ridiculez y desinformación de algunos programas de la TV privada, los noticieros y programas de opinión de RTVC nos resultaron inmensamente valiosos: Noches de Opinión, con Ricardo Vargas; las denuncias de la revista Raya; Parte y Contraparte, dirigido por Cecilia Orozco, a quien también leemos en El Espectador, lo mismo que a otros columnistas muy valiosos de este diario.

La información permanente desde las regiones, con presentadoras indígenas y afrocolombianas, nos mostró la diversidad étnica y cultural, complementaria de la biodiversidad que atesora nuestro país, a la cual los medios comerciales no prestan la misma atención.

¿Que todo esto suena a propaganda gubernamental? Pues claro que sí, pues se trataba de mostrar la otra cara del país y del acontecer nacional, con hechos reales y opiniones fundamentadas que medios privados silenciaban o distorsionaban. La opinión pública ha sido manipulada por la prensa comercial —especialmente durante el período electoral— por toda una avalancha de noticias falsas, acusaciones sin pruebas, silencios cómplices, imágenes artificiales y programación algorítmica.

La alocución presidencial del 18 de agosto anunció la venganza contra RTVC, como era de esperarse, desmantelando sus noticieros y programas de opinión e investigando la contratación. Muy bien que los organismos de control asuman el compromiso de investigar a fondo, no solo al sistema de medios públicos, sino también la contratación del actual gobierno y los antecedentes de unos cuantos funcionarios que están siendo nombrados.

El Espectador, en su editorial del 19 de agosto, hace un llamado oportuno al debate público y parlamentario sobre la televisión y la radio públicas, pero también debe hacerse sobre los medios privados. Los logros de RTVC al haberse posicionado como el principal medio alternativo de información, de denuncia de lo que los otros callan, de formación de opinión y también por sus errores hacen necesario que el debate defina con precisión los límites conceptuales y éticos entre informar y hacer propaganda (a favor o en contra), tanto en medios públicos como privados; la diferencia entre defender al gobierno de turno y defender intereses particulares; promover derechos colectivos o privilegios particulares. Bienvenido el debate público en este momento de crisis tan profunda del periodismo en Colombia.

El origen político-partidista del procurador le hace más daño que bien a la democracia. Así se demuestra con anteriores procuradores como Alejandro Ordóñez Maldonado (2009-2016), un fanático fundamentalista religiosos que sirvió de instrumento para perseguir a quienes no comparten su ideología ultraconservadora, y Margarita Cabello Blanco (2020-2024), elegida por influencia, por y para el cuestionado clan de los Char, sesgada y quien fue muy acuciosa en ciertas investigaciones y dejó otras quietas, a conveniencia política de sus patrocinadores.

En el caso de Gregorio Eljach (exsecretario del Senado durante doce años), se trata de un personaje con afán de protagonismo mediático y personal. Esto de salir a dar declaraciones como si fuera un presidente con el “equipo” detrás de él es, claramente, un sobredimensionamiento y un espíritu de proyección de su poder que puede resultar sobreactuado, incluso, cómico.

Respecto a los supuestos argumentos por los que estaban en riesgo las elecciones y requerían ser blindadas (¿contra quién?), con sus supuestas explicaciones pretende crear un ambiente de “consenso” de la opinión pública sobre el no demostrado peligro de la realización de las elecciones involucrando a otros actores como la Iglesia, sectores, gremios y líderes de la oposición. Es una falacia, una operación encubridora de sus errores, encubriéndose con suposiciones que solo incluyen a sectores en contra del Gobierno de Gustavo Petro. Nunca cita a organizaciones sociales, ONG, centros de estudio y pensamiento, analistas serios y ecuánimes.

Argumenta tres asuntos. Primero, que hubo intentos de recorte del presupuesto a la Registraduría. Hay que demostrarlo con cifras, con documentación, con análisis del crecimiento presupuestal de esta institución durante los cuatro años del Gobierno al que siempre criticó. Hace falta también auscultar lo que ocurre al interior de la Registraduría, dirigida por otro personaje de origen partidista y con intereses políticos (Hernán Penagos Giraldo fue exdiputado, exrepresentante a la Cámara por el Partido de la U y también pasó por el cuestionado Consejo Nacional Electoral, otra institución partidista). Habría que indagar también sobre esta institución, sus ejecuciones presupuestales, la nómina de contratistas y los criterios de selección y de recomendaciones políticas que median en los contratos. De igual forma, indagar sobre la manera como se han financiado algunos trabajos académicos selectivos mediante convenios con algunas universidades privadas de Bogotá, aunque la Registraduría cuenta con el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (¿cómo se justifican estos?). Parece que los recursos, antes que faltar, han sobrado.

Segundo, se indica que la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente del presidente y del partido de Gobierno, el Pacto Histórico, contribuyó al “ambiente de incertidumbre sobre las elecciones”. Esta afirmación expresa una posición política e ideológica del procurador. Como ciudadano, tiene todo derecho a oponerse a esta propuesta, pero debe evitar emitir juicios de valor sobre ella desde su condición de defensor de todos los ciudadanos: todos, incluidos los militantes del Pacto Histórico u otras organizaciones que han estado a favor de esta propuesta. Además, establece una relación dudosa de causalidad: ¿cómo se asocia la propuesta de constituyente con el riesgo de no realización de las elecciones? Es un malabarismo de palabras que no se sale bien.

Tercero, sobre la inspección que realizó la Superintendencia de Industria y Comercio a la Registraduría: ¿esta fue ilegal, sobrepasó las funciones de esta dependencia, se realizó atentando contra archivos, información, fue arbitraria? Si fue así, ¿puede, señor procurador, informarnos al respecto?

No fue seria la tesis de la necesidad de blindar las elecciones ante un no demostrado riesgo de su no realización. Tampoco son serios los argumentos. El procurador sigue debiendo una explicación consistente, seria y respetuosa a todos los ciudadanos.

Javier Duque Daza, profesor investigador de la Universidad del Valle.

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Tras varios años en el exterior, he vuelto a involucrarme de manera activa en el debate sobre la realidad de mi país. Sin embargo, reflexionar sobre estos temas desde la distancia no siempre es fácil; expresar inconformidad suele desencadenar señalamientos o tensiones, incluso con los seres más cercanos. Esto me hace pensar en tantas personas que han buscado generar cambios desde la educación o el servicio y que terminaron desplazadas o invisibilizadas. La verdadera paz no puede construirse desde el olvido o el silencio, pues la historia enseña que la indiferencia solo perpetúa las heridas del pasado.

Esta convicción nace de mi propia historia. Crecí en un entorno popular y en una familia atravesada por la complejidad de la Violencia bipartidista en Colombia. Mi familia vivió de cerca el impacto de esa época donde muchos tomaron el camino de las armas, entre ellos un familiar cuya historia marcó el legado de la familia. Reconocer que en mi propio linaje existieron figuras vinculadas al conflicto no es algo sencillo, pero elijo entender esa herencia como una responsabilidad personal para ponerme al servicio de las causas sociales, de la inclusión y del cambio, aunque eso implique marcar distancias con visiones tradicionales del entorno familiar.

No es fácil asumir una postura neutral cuando se creció entre episodios de violencia, restricciones de movilidad y el temor constante que se vivía en las calles durante los años más duros del conflicto en los barrios. Esas experiencias dejan huellas profundas y hacen que la defensa de la vida sea una prioridad inquebrantable.

Esta violencia también ha golpeado de manera desgarradora a las mujeres y a la infancia. Recordar la violencia ejercida sobre mujeres e inocentes en las comunidades exige que no naturalicemos el dolor ni revictimicemos a quienes sufren. Lo que en cualquier sociedad justa resulta inaceptable no puede convertirse en algo cotidiano ni justificado en el nuestro.

Frente a esta realidad, más allá de dogmas o doctrinas, considero que el mayor problema social es la ignorancia y la falta de empatía. La falta de acceso a la educación y a las oportunidades ha sido el verdadero motor de la violencia, instrumentalizando a menudo la vulnerabilidad de mentes jóvenes para perpetuar ciclos de dolor.

Hoy, escribir desde la distancia es un acto de desahogo y memoria. Exigir un país donde los libros y la educación sean la prioridad, donde se respete la diversidad y donde pensar diferente no signifique riesgo o estigmatización, no es una postura radical: es el reclamo mínimo por la dignidad humana. Defender la vida, la justicia y la memoria es la única postura ética posible para garantizar que la historia no se repita.

Eliana Marín Rivera

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Con nuestro pensamiento en los sobrevivientes del terremoto que azotó a nuestro país hace una semana, intentamos abordar algunos temas nacionales que directa o indirectamente se ligan dentro del panorama nacional. Me ha llamado la atención el ostracismo al que ha sido sometida la exvicepresidenta Francia Márquez mucho antes de que su período constitucional terminara. De una parte, su jefe, el también expresidente Petro, la ignoró descaradamente casi desde el minuto uno de su mandato. Ya ni siquiera vale la pena hablar del fallido Ministerio de la Igualdad. Todo lo que se encargaba a Francia o se asumía con indiferencia o, peor aún, se la atacaba sin compasión. La ingratitud institucionalizada durante el período presidencial que finalizó.

Supongo que el silencio de Francia Márquez es un poco deliberado. Estará buscando el momento apropiado para expresar sus sentimientos y la experiencia que vivió desde uno de los cargos más importantes del gobierno colombiano. Que no se le ocurra hacerlo en las actuales circunstancias porque, a la vista está, que las prioridades y la atención del país se centran en las regiones que han sufrido la tragedia telúrica. Sería completamente inoportuno.

Sin embargo, sí es necesario conocer sus vivencias a la sombra del Pacto Histórico, del que no se conoció –al menos que se sepa ampliamente– su postura frente a su gestión y a su situación con el primer mandatario que les tocó y mucho menos se supo de algún apoyo a la persona de Francia Márquez. Ni unas gracias, nada. Es como si la marca de ese partido fuera la ingratitud, el oportunismo. La actitud que ella asumió en la etapa final del período presidencial anterior fue de discreción, de silencio, de prudencia.

La historia reclamará el testimonio de la primera vicepresidenta afrodescendiente porque, por mucho que ella pudiera adornar o justificar su paso por ese ingrato cargo, en algún libro de memorias manifestará muchas verdades incómodas y reveladoras de realidades que no se conocen, o solo a medias. En todo caso, gracias, Francia, por aguantarse en tan incómodo puesto.

Ana María Córdoba Barahona, Pasto

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La recaudación tributaria aumentó un 9,6 % en el último año; aunque en 2022 el Ejecutivo logró aprobar su primera gran reforma tributaria, las propuestas subsiguientes de 2024, 2025 y mediados de 2026 enfrentaron un fuerte bloqueo en el Congreso y las altas cortes, lo que impidió al Estado capturar mayores flujos proyectados para incrementar los ingresos corrientes de la Nación y los cuales le habrían representado una cifra cercana al 1,75 % del PIB cada año. Pese a esto, el PIB de Colombia creció durante el periodo 2022 a 2026 un 11,26 %, posicionándose como la cuarta economía de Latinoamérica, después de Brasil, México y Argentina.

Tras la recesión derivada de la pandemia, el PIB creció inicialmente un 7,3 % y, tras el rebote productivo, la economía ha mantenido un crecimiento sostenido desde 2024 del 2,4 % y 2,6 % en el 2025, con una proyección del 3 % para el cierre de 2026.

Respecto de las finanzas públicas, la deuda representa el 61,3 % del PIB, que al final del gobierno de Duque se encontraba en 68 % del PIB. El déficit fiscal, que en 2020 y 2021 se situó en el 7,8 % y 7,1 % respectivamente —cifras que no alarmaron a los analistas—, osciló durante la actual administración entre el 5,5 % en 2022 y una proyección de cierre del 5 % para 2026, según el Ministerio de Hacienda. No obstante, entidades como The Economist prevén un escenario del 6,6 %, cifra inferior a las registradas en 2020 y 2021. Estos resultados se vieron condicionados por la negativa del Congreso a tres proyectos gubernamentales destinados a la financiación del gasto público.

Otra medida que impactó la actividad productiva fue el incremento en la tasa de intervención del Banco de la República, la cual pasó del 7,21 % al finalizar el gobierno anterior a un 12,75 % actualmente, a pesar de que la inflación bajó del 13,2 % al 5,3 % en 2025. Este aumento afecta directamente el costo de la deuda interna y limita los créditos para la inversión empresarial y los costos del crédito hipotecario para la vivienda, provocando una desaceleración en el sector de la construcción.

La productividad ha sido estimulada por el consumo de los hogares, favorecido por medidas que fortalecieron el ingreso familiar: el salario vital se fijó en $1.750.905, alcanzando a $2.000.000 con el auxilio de transporte; este ajuste en el 2025 del 23,7 % posiciona al salario mínimo colombiano en el quinto lugar de Latinoamérica. Asimismo, se destaca la recuperación de derechos laborales, tales como el reconocimiento de horas extra a partir de las 7:00 p.m., la mesada catorce para docentes y fuerza pública, el pago del 75 % del salario mínimo a aprendices del SENA y la asignación de un sueldo mínimo para soldados y estudiantes de medicina en etapa de internado. La informalidad laboral se redujo del 58,1 % al 54,2 %.

Los resultados integrales en la gestión económica y los beneficios dirigidos a los sectores vulnerables permitieron que más de 4 millones de personas salieran de la pobreza y mejoraran sus condiciones de vida, especialmente en territorios históricamente olvidados. Estos avances se sustentan en la mejora de servicios de acueducto, energía y salud, destacando el Buque Hospital en la costa pacífica, la creación de nuevos centros de atención y la implementación de la política de medicina preventiva, la cual redujo la mortalidad en menores de 5 años y la desnutrición en general. Finalmente, la inversión en educación aumentó de $50 billones a $85,2 billones para 2026, obteniendo la mayor participación en el Presupuesto Nacional. Para la educación superior se destinaron $7,6 billones, cifra que triplica la inversión conjunta de las tres administraciones anteriores ($2,5 billones). Se vincularon más de 128.000 niños menores de 5 años a los nuevos jardines creados durante este gobierno. Las transferencias a la universidad pública constituyeron la inversión más significativa, permitiendo la creación de instituciones de educación superior y el tener acceso a la universidad con matrícula $0. En regiones con elevados índices de inseguridad, tales como Nariño y el Catatumbo, el fácil acceso de los jóvenes a la universidad ha constituido una de las medidas más efectivas en seguridad al prevenir la vinculación de jóvenes a grupos al margen de la ley y/o al consumo de sustancias psicoactivas.

La política de seguridad del Ministerio de Defensa, de defender la vida por encima de la guerra, contribuyó a la cercanía de la población con las Fuerzas Armadas y a mejores resultados en la captura de cabecillas de grupos armados. Esta iniciativa también contribuyó con los programas de neutralización de 17.838 laboratorios y la incautación de 7.279 kilogramos de estupefacientes, que es una cifra récord lograda del 2022 al 2025 por el Ministerio de Defensa.

Al concluir la revisión de los resultados del Gobierno del presidente Petro, se destaca su compromiso con la sostenibilidad ambiental y la preservación de los recursos naturales, con especial énfasis en el eje “Agua para la Vida”. Su postura en defensa de la vida, manifestada en su oposición al conflicto en Gaza y a la explotación de los páramos, así como la protección de la selva amazónica, consolidó el liderazgo del presidente Petro ante diversos organismos internacionales.

Internamente, la imagen del presidente Petro se desdibujó con mensajes inapropiados durante sus alocuciones presidenciales, especialmente algunas irrespetuosas con las mujeres. La alta rotación de sus ministros y asesores, así como el comportamiento de la oposición en el Congreso, le restaron poder en su gobernabilidad.

Respecto del panorama futuro de Colombia, el ciudadano Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, abogado colombo-americano, quien representó a los actores del proceso de Ralito y fundó en 2004 la fundación FIPAZ, es el presidente. Sus vínculos con exmiembros de las AUC le permitieron ejercer la defensa de diversos individuos procesados por narcotráfico y paramilitarismo, tales como alias Macaco, Mono Abello, Mancuso, Papá Pitufo y Boliche, entre otros. En su trayectoria profesional, fundó en 2002 la firma De la Espriella Lawyers, a través de la cual prestó servicios jurídicos a la captadora DMG, a integrantes del grupo Nule y a figuras políticas como Jorge Pretelt. Aseguró recientemente que el Derecho no tenía nada que ver con la ética. Se señala que una fuente significativa de su patrimonio provendría de su relación con Alex Saab; de hecho, De la Espriella ha sido objeto de denuncias en Estados Unidos por presunto testaferrato vinculado a dicho individuo. A pesar de haber constituido múltiples empresas, se reporta que la mayoría de ellas se encuentran en estado de insolvencia.

Cercano a figuras como Marcos Rubio y la congresista María Elvira Salazar, colaboró con la campaña de Donald Trump y se ha proclamado como el primer presidente “republicano” en Colombia. Su campaña, planificada con un año de antelación, se presentó bajo el aval del movimiento Salvación Nacional y la inscribió con el respaldo de 5 millones de firmas, de las cuales se alega que 3 millones carecían de validez. Se autodenominó como un “outsider”, razón por la cual no participó en consultas ni estableció alianzas con otros partidos tradicionales. Su estrategia electoral se apoyó en la difusión de noticias falsas generadas mediante inteligencia artificial y medios digitales, orientadas a generar temor e incertidumbre, táctica atribuida a sectores de derecha para influir en la opinión pública desde el año 2000. Asimismo, su mercadeo político buscó captar el voto de las comunidades cristianas, evangélicas y católicas, que representan el 90 % de la población; en este proceso, transitó del ateísmo al evangelismo, para posteriormente realizar manifestaciones públicas de fe católica.

El presidente se propone adoptar el modelo libertario de los países latinoamericanos de derecha, agrupados bajo el “Escudo de las Américas” dirigido por los Estados Unidos, nación a la que nuevo mandatario, por su ciudadanía, debe obediencia y así también podrá eludir posibles procesos judiciales relacionados con Alex Saab.

Este sistema busca el fortalecimiento de la empresa privada mediante la reducción de la carga tributaria a las grandes corporaciones, las cuales representan el 5 % del tejido empresarial en Colombia. Bajo este esquema, la prestación de servicios públicos, salud y educación quedaría bajo la responsabilidad de empresas privadas actuales y la de futuros inversores extranjeros, estableciendo una simbiosis entre el Estado y el sector privado.

Esta coyuntura permitirá al Gobierno la supresión de 700.000 cargos administrativos con el propósito de reducir el déficit fiscal mediante la contracción del gasto público. No obstante, este último presenta una rigidez significativa, dado que el 90 % de los recursos se encuentra comprometido con los sectores de educación, fuerza pública, salud y pensiones, entre otros. El objetivo prioritario radica en la reducción de la deuda externa y el déficit fiscal, para lo cual se gestionará la reversión de las reformas y compromisos sociales de la administración precedente; lo anterior conllevará al empobrecimiento de la población, facilitando así su subordinación.

La política de seguridad se fundamenta en la militarización del territorio, con especial énfasis en las regiones costeras y zonas fronterizas. Ante la presunta presencia de grupos irregulares vinculados al narcotráfico, se procederá a ejecutar bombardeos. Asimismo, se reanudará la aspersión de cultivos de coca, a pesar de la desautorización de la Corte Constitucional respecto al uso de glifosato. Se reintegrará a los miembros de la fuerza pública que fueron desvinculados por colaborar en actividades irregulares o ilícitas. En la periferia de las principales ciudades, se establecerán cinturones de seguridad mediante la creación de un nuevo cuerpo mixto conformado por militares retirados y particulares. Existe, además, un proyecto de ley ante el Congreso para autorizar el porte de armas a la ciudadanía con fines de defensa personal. El ejercicio del poder se distanciará de los mandatos constitucionales, evidenciando una autonomía frente al marco legal colombiano al gobernar mediante decretos; se dispone de 90 decretos listos para su implementación, lo cual podría erosionar las facultades independientes del Congreso.

La sustitución del sistema democrático por un modelo libertario pretende facilitar la explotación de los recursos naturales bajo la aplicación de la Doctrina Monroe, en beneficio de los Estados Unidos. Se impone al nuevo gobierno una obediencia silente, y cualquier grupo o individuo que manifieste oposición al sistema será objeto de represalias, tal como ocurrió con Beto Coral. La labor periodística quedará restringida a los grandes conglomerados mediáticos, tales como El Tiempo, El Espectador, Semana, RCN y Caracol, los cuales difundirán contenidos favorables a los intereses de las grandes corporaciones y del gobierno libertario.

Asimismo, se prohibirán las manifestaciones públicas y se reactivará el ESMAD. Cualquier opinión divergente del sistema será sometida a la justicia nacional o a la de Estados Unidos, que iniciará acciones contra los implicados como la revocación de sus visas. Las reformas tributarias se orientarán hacia la reducción de impuestos para las grandes empresas, prescindiendo del valor agregado, la redistribución de ingresos y la progresividad fiscal. Por otro lado, se ofrecieron créditos hipotecarios al 2 % para facilitar el acceso a la vivienda en los estratos más vulnerables, medida cuya concertación con el Banco de la República es incierta.

En todo caso, la nueva administración reducirá el papel del Estado, delegando en el sector privado la prestación de servicios a la población colombiana. Toda vez que la gestión presidencial será orientada por los Estados Unidos, se prevé un incremento en la inversión extranjera, en la explotación de hidrocarburos, minerales raros y en su participación en la privatización de los servicios públicos, cuyas tarifas pueden ser a largo plazo incontrolables.

El derecho a la libre expresión será limitada y la información será gestionada por los medios tradicionales según los intereses gubernamentales. El control de la seguridad recaerá exclusivamente en las Fuerzas Militares bajo una política beligerante, descartando cualquier diálogo con grupos subversivos; se buscará terminar con la JEP y la relación con las organizaciones internacionales, que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos; en cambio se reanudarán las relaciones con Israel.

Finalmente, se producirá un proceso de deslegitimación del orden constitucional al gobernar por decreto, clausurando la vía democrática en favor de un régimen autocrático supeditado a los intereses estadounidenses.

Si este panorama hoy día lo están viviendo en muchos países de Latinoamérica, en Chile, Bolivia y Argentina el descontento es mayoritario. El nuevo sistema puede llegar a mostrar mejores resultados en la disminución de la deuda externa y del déficit fiscal, pero con una posible pérdida en la soberanía ante las imposiciones de Estados Unidos en las políticas del gobierno, su territorio, la seguridad, las comunicaciones digitales y la explotación de los recursos naturales.

El reto para la oposición será: defender el equilibrio en fortalecer el sector privado sin empobrecer al pueblo con menos oportunidades. Es importante que se cuide el trabajo digno sin precarizar los salarios, ni de los contratos. También es fundamental la sostenibilidad de las empresas de servicios públicos, evitar que siga existiendo corrupción en el actual sistema de salud para mejorar la calidad y cobertura, continuar con el desarrollo de los planes en educación. Se debe asegurar la definición justa de subsidios orientados a mejorar la calidad de vida de niños y ancianos, así como la aprobación de la Reforma Pensional y que logremos que los recursos de las pensiones, la salud y la educación, un tengan como objetivo el servicio al público y no un negocio privado.

Ante todos los riesgos descritos, algo muy preocupante es la limitación de la libertad integral de ser, de hacer y de expresarse, y que al manifestar una inconformidad, individualmente o en grupo, puede ser visto o juzgado como una actuación terrorista. Es deber del nuevo mandatario revisar sus propuestas porque antes de las diferencias ideológicas, todos somos colombianos con derecho a vivir en paz y en democracia.

El editorial del 6 de agosto, titulado “El nefasto cierre de un presidente que decepcionó”, se ajusta a la realidad de este nefasto cuatrienio. Además de los casos de corrupción, tenemos el debilitamiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Uno de los tantos problemas de este Gobierno es el de la inseguridad. Tengo la esperanza de que, con este nuevo Gobierno, nuestro país mejore.

Jorge Garzón Hernández

Ante el nuevo mandato

Saludo su editorial del viernes 7 de agosto, en el que busca establecer las líneas del periódico “ante el nuevo mandato”. Pero creo que se queda corto al fijar su posición frente al talante claramente reaccionario de muchas de las propuestas de Abelardo de la Espriella, como quedó claro en su alocución de posesión. Pareciera como si El Espectador estuviera sufriendo el síndrome de la novia enamorada que acepta ir al altar con su pareja, quien ha mostrado rasgos machistas y maltratadores, con la esperanza de que “va a cambiar”, cuando se sabe que no lo hará.

Álvaro Zerda Sarmiento

Posesión y folclor

La posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella dejó varios aspectos para analizar: una ceremonia en un auditorio donde el presidente del Congreso y el secretario se veían extraños, fuera de lugar, sacados de su recinto natural, el Capitolio Nacional; los invitados, con estricto traje de corbata oscuro, en medio de los 32 grados de temperatura de Cali, donde la lucha contra el calor se volvió prioritaria; y la alfombra roja, que hizo parecer la ceremonia de posesión una mala copia de la ceremonia de los Óscar.

La presencia religiosa, con un rabino, un pastor y el arzobispo de Cartagena, quien, eso sí, dio un discurso muy centrado; en fin, fue una muestra del folclore de Abelardo. La posesión del cargo fue lo de menos: la parafernalia y la pompa, aminoradas por el asfixiante calor, reemplazaron la importancia de la ceremonia civil. Y Abelardo, para rematar, hizo un acto digno del mago Fabriani: desapareció en mitad del acto y apareció en el Batallón Pichincha. Prestidigitador resultó el hombre.

Rodolfo Alberto Vanegas Pérez

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La creciente regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas, una tendencia que ya se ha extendido por varios países y que comienza a consolidarse también en Colombia, responde a una preocupación legítima. Los estudiantes necesitan aprender a gestionar el tiempo que dedican a estos dispositivos, tanto dentro como fuera del colegio. No es una inquietud infundada. El informe más reciente de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) reveló que los adolescentes colombianos entre los 14 y los 17 años pasan, en promedio, casi nueve horas diarias frente al celular durante la semana.

Quise contrastar esa cifra con mi propia experiencia docente. Les pedí a mis estudiantes que revisaran la aplicación Bienestar Digital de sus teléfonos y el resultado confirmó el informe: la mayoría registraba entre seis y catorce horas diarias de uso. Ver que algunos adolescentes pasaban hasta catorce horas frente a la pantalla me llevó a replantear el problema. Dejé de pensar que se trataba únicamente de una adicción a la tecnología y empecé a preguntarme si esas horas no reflejaban una realidad más profunda: jóvenes que permanecen conectados porque, fuera de la pantalla, encuentran cada vez menos compañía. Una soledad que el celular no crea, pero que sí mantiene ocupada.

Desde esa perspectiva, la regulación del uso de los dispositivos móviles resulta necesaria, pero insuficiente. Limitar el tiempo de pantalla puede reducir la exposición al teléfono, pero difícilmente resolverá las condiciones que llevan a tantos adolescentes a buscar en él una compañía permanente. El riesgo de centrar el debate exclusivamente en el dispositivo es perder de vista el problema de fondo: el debilitamiento de los vínculos familiares, comunitarios y sociales que tradicionalmente acompañaban la adolescencia.

Zygmunt Bauman advirtió que vivimos en una época de vínculos cada vez más frágiles. Aunque escribió antes del auge de las redes sociales, su diagnóstico parece describir el presente. Las largas jornadas laborales, el agotamiento cotidiano, la transformación de las dinámicas familiares y el deterioro de la vida comunitaria han reducido el tiempo para conversar, compartir o simplemente estar presentes. El teléfono inteligente no produjo esa fragilidad; simplemente encontró un espacio que ya estaba vacío.

Como explica Sherry Turkle, la tecnología ofrece la ilusión de compañía sin las exigencias que implica construir una relación real. A ello se suma otro cambio profundo: los adolescentes casi ya no habitan la calle. La inseguridad, la desaparición del juego libre y la reducción de los espacios de encuentro han trasladado buena parte de la vida social a la pantalla. Jonathan Haidt señala que esta generación pasó de crecer en parques y barrios a hacerlo frente a un algoritmo.

Por eso, la pregunta no debería limitarse a cuántas horas puede usar un adolescente el celular sin afectar su rendimiento escolar. La cuestión de fondo es por qué tantos jóvenes encuentran en una pantalla aquello que antes ofrecían la familia, los amigos y la comunidad.

Regular el uso de los teléfonos es una decisión acertada y necesaria. Sin embargo, ninguna norma podrá sustituir una conversación pendiente con los hijos, un parque recuperado para el encuentro, una escuela que fortalezca el sentido de comunidad o una sociedad que vuelva a valorar el tiempo compartido. Los algoritmos han aprendido a captar nuestra atención porque nosotros hemos dejado de cuidar, con la misma intensidad, los espacios donde se construye la presencia humana. Quizá el verdadero desafío no consista únicamente en reducir las horas de pantalla, sino en reconstruir los vínculos que hagan posible que los adolescentes ya no necesiten buscar en un celular la compañía que deberían encontrar en la vida real.

En respuesta al editorial del 26 de julio de 2026, titulado “El presidente electo no debe posesionarse en zona militar”.

Tal vez nadie tenga mejor derecho que Abelardo de la Espriella a reclamar su derecho de posesionarse así como presidente de la República. Con ello pone de presente dos de los principios que considera fundamentales que debe rescatar: el primero, minimizar el significado eminentemente civil de las últimas y de todas las elecciones; el segundo, asociar con ese gesto de alto simbolismo su personal devoción por la utilización de la fuerza, tal como históricamente lo ha proclamado la doctrina y la práctica de las derechas extremas, antiguas y nuevas.

Pero para quien reclama como su propio derecho ese privilegio puede haber problemas. Las Fuerzas Militares, que no son cuerpos deliberantes, entienden que lo que garantiza el respeto de los ciudadanos hacia ellas es precisamente que el pueblo les ha conferido el privilegio de detentar el monopolio de las armas para que jamás las usen indebidamente contra ellos. Entonces, la propuesta, proveniente de un personaje emergente del mundo político, es algo que algunos militares pudieron ver como una velada invitación a desvirtuar su naturaleza institucional, tan celosamente cuidada por ese cuerpo armado.

El comandante constitucional de las Fuerzas Armadas podrá identificar cuáles son los ciudadanos contra quienes los militares deben apuntar las armas de la República sin necesidad de soportar su señalamiento en pruebas legales de ninguna clase. No está obligado a ello. Simplemente sería una decisión por consideraciones personales o motivos que estime de interés público, de seguridad nacional, de necesidades en la lucha contra el narcoterrorismo o en ineludibles directrices extranjeras. Nada más.

Muchos militares serios y conscientes de su papel en la sociedad colombiana pudieron haber considerado que la posesión presidencial ante ellos, lejos de ser un homenaje, representó una falta de respeto a su institucionalidad, alejada tradicionalmente de los intereses políticos; saben bien, como la historia del país y del mundo se los ha enseñado, que mezclarse con sus armas en la mano en los terrenos de ciertos políticos audaces es dar al traste con su probada seriedad de soldados de la patria y con su dignidad profesional como militares.

Varios podrían haberse sentido incómodos por la inconsulta utilización reciente de sus símbolos, la vulgarización publicitaria de la marcialidad de sus saludos, a ellos exclusivamente reservada, o por el arrebato de que algunos políticos aparezcan súbitamente como los legítimos defensores de la patria. Son los riesgos que corrió el presidente electo con su exótica propuesta. Pero, sin duda, él y sus asesores tuvieron todo previsto.

Por otro lado, él no quiere que los ciudadanos que integran por elección popular la rama legislativa del poder público, ante quienes, como representante del pueblo elector, debe posesionarse por mandato constitucional, dejen de ser la expresión legítima de nuestra democracia representativa. Seguramente no pensará que esté también irrespetándola. Es el extranjero nacido en Colombia que jamás piensa que su originalidad vulnera nuestra estabilidad institucional criolla. Hace poco juró preservarla frente a una devota feligresía en manada.

Ernesto Samper fue presidente de Colombia a finales del siglo XX gracias a la financiación de su campaña política por parte del narcotráfico. Ese hecho manchó de indignidad a nuestra patria y la sumió en su mayor descrédito ante la comunidad internacional. Continuó mimetizado en el poder y fue ganando presencia en la llamada izquierda colombiana.

¡Qué nefasta la presencia de Samper en nuestra historia! ¡Qué nefasta la financiación de su campaña presidencial por el narcotráfico! ¡Qué nefasta su manipulación de algunos medios de comunicación! ¡Qué nefasto su apoyo a la izquierda colombiana! ¡Qué nefasta su influencia en el Partido Liberal! ¡Qué nefasta su presencia en la Unasur, apuntalando al dictador Maduro en Venezuela! ¡Qué nefasto su apoyo al corrupto Gustavo Petro!

De Santos siempre se comentó su cercanía con las FARC; incluso se dice que organizó un complot con ellas y con los paramilitares para tratar de derrocar a Samper durante su mandato, por allá en 1997. La memoria es corta y acomodada en este país: en ese entonces, pareciera que no era malo aliarse con unos u otros. Tampoco lo fue cuando el enemigo de la dictadura venezolana, en los tiempos de Uribe Vélez, guardó un silencio cómplice ante las “ayudas” de Maduro a su Nobel de Paz y, obvio, a sus amigos de siempre, los guerrilleros de las FARC, a los que jubiló cómodamente a costa de la paz de Colombia que dijo buscar.

Si algo demuestra Abelardo de la Espriella al no invitar a estos nefastos personajes —los expresidentes Santos y Samper— es ser coherente con su discurso y con la institucionalidad que dichos exmandatarios, al igual que Petro, han manoseado siempre. No se trata de simples diferencias ideológicas; se trata de quién está o no comprometido con la construcción de un mejor país.

La institución de la Presidencia no le pertenece a un apellido en particular, como bien lo expresa el propio editorial: le pertenece a cada uno de los colombianos que no traicionan a su patria como lo han hecho los señores que no fueron invitados a la posesión del nuevo presidente de la República.

Las buenas maneras y el protocolo que reclaman en su editorial no tienen cabida en este caso, porque los personajes han llegado a tal punto que tratarlos con altura se convierte en una hipocresía que va en detrimento de la credibilidad de las mismas instituciones que nos gobiernan.

Eligio Palacio Roldán

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