El presidente Abelardo de la Espriella ya le dijo a su equipo diplomático cuál quiere que sea su carta de presentación con el mundo. Lo dejó claro este jueves en la tarde en una reunión que tuvo en la Casa de Nariño con quienes figuran como sus representantes ante Estados Unidos, María Consuelo Araújo, y las Naciones Unidas, Mauricio Gaona, con miras a la primera Asamblea General del organismo multilateral a la que asistirá este gobierno. Y todo coincide con la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a Barranquilla. Todo ocurrirá la próxima semana.

“Nuestra diplomacia tiene una misión clara: abrir puertas, construir alianzas, atraer inversión y defender los intereses de Colombia, mostrando con orgullo todo lo que nuestra patria tiene para ofrecer”, anunció De la Espriella tras la cita con sus diplomáticos.

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Aunque en la capital del Atlántico será el mandatario quien recibirá directamente al representante de la Casa Blanca de Donald Trump el 8 de septiembre, el vicepresidente José Manuel Restrepo tendrá la tarea de encabezar desde ese mismo martes la delegación que aterrizará en Nueva York en su primer viaje oficial al exterior, así como la del Consejo de Seguridad que se hará en octubre próximo.

Las tres líneas que definirán la participación en el pleno de la ONU están enmarcadas en las nuevas tecnologías, el desarrollo y la seguridad, no muy lejanas de los planteamientos que dejó De la Espriella en su propia campaña. Y la cara de la política exterior, junto al canciller Omar Bula, será el mismo Restrepo, quien antes de asumir las riendas del Estado el pasado 7 de agosto visitó Estados Unidos y tuvo un encuentro con el secretario de Estado. Ese fue el primer movimiento para reestablecer el diálogo de más alto nivel entre Bogotá y Washington.

Una reedición de ese apretón de manos ocurrirá en Barranquilla. De la Espriella recibiría a Rubio en la sede presidencial en la capital del Atlántico, que opera en el Batallón Paraíso, en lo que es la primera visita de un secretario de Estado estadounidense después de que Antony Blinken —quien ocupó ese cargo en la Presidencia de Joe Biden— hiciera lo propio en octubre de 2022.

Todo esto funcionará como la antesala de un posible encuentro entre Trump y De la Espriella. Así lo fue en 2022 y en este punto se suma que, además de la delegación colombiana en EE. UU., ya habrán asumido funciones tanto Araújo como Gaona. Sobre todo en la primera recaerá el relacionamiento necesario que luego hará posible un encuentro entre ambos jefes de Estado.

Además, parte de lo que discutirán Rubio y De la Espriella está enmarcado en la alianza en materia de narcotráfico y lucha contra el terrorismo. Varios pasos ya se han dado en esa vía y el último fueron las resoluciones que ordenaron la entrega a las autoridades estadounidenses del cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc Willinton Henao Gutiérrez, alias “Mocho Olmedo”; del líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) Carmen Evelio Castillo, alias “Muñeca”; y del jefe de los Comandos de la Frontera Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”.

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Todos salieron del país este jueves en un avión de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). La firma de sus extradiciones se había oficializado la semana pasada y marcaron la pauta del desmonte total de la política de “paz total” del expresidente Gustavo Petro. Eso se selló con la firma de nueve resoluciones ejecutivas con las que terminó, oficialmente, con las mesas de diálogo con las ACSN, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el autodenominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio (EMBF).

Junto con eso, el Gobierno presentará los operativos que se han realizado contra las estructuras criminales en todo el país como parte de los resultados de esa política de “mano dura” que se puso en marcha desde el 7 de agosto. Este mismo jueves, De la Espriella anunció que se había logrado la captura de dos cabecillas del Tren de Aragua, la estructura criminal transnacional de origen venezolano: Richard José Espinal Quintero, alias “El Coti”, y Henderzon Adrián Villarroel Luque, alias “El Patón”.

Las reuniones del canciller Bula con Amado Philip de Andrés, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) para la región andina y el cono sur, también van en esa vía. Esa organización es la encargada de la medición de los cultivos de uso ilícito en el país, cuya metodología intentó cambiar el “Gobierno del cambio”.

En su último informe de Monitoreo de Territorios con Presencia de Cultivos de Coca, que presenta cifras de 2024, el área sembrada con coca aumentó en un 3,5 % y pasó de 253.000 a 261.000 hectáreas. Aunque el próximo que salga será sobre el 2025, esos números serán claves en el intento para que Colombia vuelva a recibir el certificado en la lucha contra las drogas por parte de EE. UU. y servirán para reforzar el discurso de “mano dura” del actual Gobierno.

“Resulta fundamental mantener una coordinación estrecha y oportuna con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos, favorecer la coherencia entre las actividades desarrolladas por UNODC y las prioridades nacionales, optimizar el uso de los recursos disponibles y promover una planificación más eficiente y articulada”, precisó el canciller Bula al término de ese encuentro. Y agregó: “tenemos una nueva óptica de lucha contra el crimen organizado y tenemos que comenzar a alinearnos en esta nueva línea del Gobierno”.

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La visita del jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, Francis Donovan, la semana pasada ya había dejado unas líneas sobre lo que se venía en materia de cooperación militar tras la firma de la adhesión de Colombia al llamado “Escudo de las Américas”. Y no es menor que haya una mención explícita al país en la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 de Estados Unidos, en la que se detalla que el gigante norteamericano usará todas las herramientas para que los países desde los que operan las redes de narcotráfico tomen medidas contra la producción de drogas.

El Estado está encaminado en asegurar que haya resultados tangibles para mostrarle al mundo en esa visita a las Naciones Unidas y a la Casa Blanca de Trump. El magnate republicano dijo esta misma semana que considera que De la Espriella “ha hecho un buen trabajo” y reiteró que gracias a su respaldo fue que el ahora jefe de Estado logró ganar las elecciones.

La sede presidencial en Barranquilla se alista para el recibimiento de la delegación norteamericana. El presidente De la Espriella reunió a tres de los ministros claves para ese encuentro —Bula, Rodrigo Lara (Interior) e Iván Cancino (Justicia)— este jueves en la Casa de Nariño y ya se está planeando la agenda y la estructura de una de las visitas más importantes a nivel internacional del nuevo gobierno.

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La administración de Abelardo de la Espriella prepara una respuesta legal a la determinación de un juez de la República que le pidió a la Presidencia, el Ministerio de Defensa y las fuerzas armadas abstenerse de realizar bombardeos en zonas en las que exista información sobre posible presencia de niños, niñas y adolescentes. El encargado de anunciar la respuesta fue el jefe de la cartera política, Rodrigo Lara.

De acuerdo con el ministro, en el gobierno respetan los fallos de la justicia, pero también creen que puede ser objeto de críticas cuando lo consideren necesario. “Ordenar la abstención de una operación aérea cuando exista información ‘cierta, objetiva o razonablemente verificable’ sobre la presencia de menores reclutados establece un criterio de una amplitud extraordinaria”, dijo el funcionario.

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Para Lara, es complejo determinar qué significa “razonablemente verificable”. A su juicio, en un contexto en el que los grupos armados reclutan y utilizan criminalmente a los menores de edad, se hace “materialmente imposible” realizar las operaciones militares cuando la justicia determina esos límites.

“Si ese es el efecto práctico de la decisión, habría sido más sencillo prohibir los bombardeos. Los menores deben ser protegidos con el máximo rigor. Y así lo viene haciendo y lo hará este gobierno. Pero convertir su reclutamiento criminal en un mecanismo que termine otorgándoles inmunidad territorial a los narcoterroristas, termina siendo un incentivo perverso y peligrosísimo”, aseguró el ministro.

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Finalmente, el integrante del gabinete del presidente Abelardo de la Espriella calificó la decisión del Juzgado 34 de Familia de Bogotá como “absurdo e inconstitucional”. Lo cierto es que, por ahora, lo que hizo ese despacho fue admitir una tutela y ordenar medidas cautelares mientras se pronuncia de fondo.

En la decisión también se advirtió a las autoridades que “deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento inmediato de esta determinación, observando el interés superior y la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los principios de distinción, precaución y proporcionalidad y las obligaciones constitucionales e internacionales aplicables a la protección de la niñez en contextos de conflicto armado”.

Esta determinación se conoce en el marco de la polémica por la muerte de cuatro menores de edad, tres en un bombardeo en Guaviare y el cuarto en el Catatumbo. El ministro de Defensa, Jorge Mora, señaló que los menores “eran combatientes”. El presidente De la Espriella apoyó el accionar de la fuerza pública y responsabilizó a los grupos armados del reclutamiento y muerte de los menores de edad. “Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas”, dijo en su cuenta de X.

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¿En qué consiste la contrarreforma pensional que propone el Centro Democrático?

Este proyecto de ley de contrarreforma lo que busca es ajustar algunos artículos. Sería un proyecto de no más de 15 artículos que modifique aspectos fundamentales que creemos gravosos de la ley 2381. Uno, la libertad de elección de los ciudadanos. La reforma pensional crea un sistema de pilares y obliga a todos los colombianos a cotizar la primera parte de sus cotizaciones en Colpensiones y después de 2.3 salarios mínimos en fondos de ahorro individual. Eso significa que el 87 % de los colombianos hoy cotizantes que cotizan por debajo de 2 salarios mínimos tendrían que ir a Colpensiones.

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Eso tiene varios efectos. El primero es que hace un grave daño en el tema de ahorro nacional porque se deja de ahorrar y segundo, aunque trae nuevas cotizaciones a Colpensiones y en principio abulta los ingresos de la entidad, también le hace crecer enormemente su pasivo pensional porque se compromete con pensión, con un mayor número de personas, y todas las pensiones tienen un subsidio implícito. Entonces, entre más pensiones prometo, más subsidios tengo que pagar y esos subsidios hoy los está cubriendo el Estado. Es un tema de sostenibilidad.

¿Cómo se ajustaría el tema de la contribución en salario?

Estamos revisando si, como lo dice la nueva reforma pensional, es 2.3 salarios mínimos, creemos algunos que debería ser un poco menos, máximo 1.5 salarios mínimos, hasta encontrar un nivel actuarial que disminuya el pasivo pensional del Estado, pero que permita que Colpensiones pueda pagar y que los colombianos tengan esa garantía de pensionarse para quienes deciden entrar en ese pilar.

¿Habría ajuste al tema de la devolución de saldos?

Ese es el tercer elemento de nuestra propuesta. La ley 2381 define dos cosas. Uno, que quien llega a la edad 57 y 62 años, mujeres y hombres respectivamente, y no han cumplido los requisitos para pensionarse, no tienen las semanas, ya no van a recibir devolución de saldos, sino que van a recibir una renta mínima vitalicia. Una renta que se va a calcular en virtud de cuánto ahorraste. Nosotros consideramos que hay que devolverle la libertad a los ciudadanos para elegir si quiere esa renta mínima o si opta por la devolución de saldos.

¿Hay posibilidad de integrar esos cambios en la nueva reforma?

Lo primero es identificar que hay dos momentos. El primero es que se resuelva en la Cámara de Representantes la discusión de los artículos devueltos por la Corte. Ese es un proceso.

Paralelamente, el Centro Democrático prepara un proyecto para presentar un nuevo proyecto de ley que modifique esa 2381 que declara la reforma pensional de Gustavo Petro. Son dos momentos distintos.

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¿Cómo están las posturas del tema dentro del partido?

En este momento todavía hay varias visiones que estamos concertando con el fin de en próximos días presentar una propuesta unificada. Lo claro es que el partido va a presentar un solo proyecto. ¿Sobre qué versan esas diferencias? Algunos creen que no deberíamos insistir en acomodar el umbral de cotización en convenciones. Algunos creen que deberíamos dejar en 2.3. Otros, dentro de los que me incluyo, creo que sí hay que hacer ajuste porque la CARF, el Comité Autónomo, hizo cálculos actuales y desarrolló modelos y demuestra que en ese nivel el pasivo pensional puede casi duplicarse a mediados de siglo. Entonces, por esas razones actuales creemos que sí hay que bajar un poco.

Otro punto de discusión está sobre el tema de evolución de saldos. La ley 2381 dice que las personas que no cumplen a la edad, 57 y 62 años, los requisitos deberían esperar tres años más, tratando de llegar a los requisitos, las mujeres a los 60 años, los hombres a los 65 años, para poder optar por la renta mínima. Hay quienes en el partido creen que no deberíamos cambiar los temas de edad y otros creemos que sí deberíamos ajustar temas de edad.

Pero esto, más que pareceres, en lo que va a resultar es que después que hagamos todos los análisis, con actuarios, que podamos revisar los modelos económicos, podamos tomar una decisión. Porque al final un sistema de seguridad social, en el fondo, es un sistema económico que tiene que ser sostenible.

¿Ya hubo diálogo con el gobierno De la Espriella para hablar de este proyecto?

Estamos buscando una reunión formal con el equipo de gobierno para presentar nuestro proyecto, una vez ya esté nuestra propuesta de proyecto de ley, una vez esté definitivamente configurado. Pero sí, digamos, ha habido mensajes en términos informales de decir, estamos trabajando en esta idea y sentimos que en algunos aspectos el gobierno puede estar de acuerdo, puede estar apoyando la iniciativa.

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En su agenda también ha hablado de reforzar seguridad social a sectores de la informalidad, ¿en qué consiste su proyecto?

Hay una población en este país que puede superar el 50 % hasta el 56 %, que está por fuera de ese mundo regular del estándar del que gana un salario mínimo o más de manera formal cada mes. 56 % de la población colombiana es informal, trabaja independiente, es “cuenta propista” o gana menos de un salario mínimo, por lo tanto no cotizan al sistema de seguridad social.

Esa gente no está amparada, solamente tiene subsidio en el sistema de salud, pero no está amparada para la vejez y no tiene riesgos laborales. Nosotros estamos tramitando un proyecto de ley que le hemos llamado el de la contribución única solidaria, que lo que busca es que los trabajadores que son cuenta propistas, que quieran hacerlo por supuesto, puedan cotizar con una tasa de cotización mucho más baja, que les permita mantener su afiliación al régimen subsidiado, pero que empiecen a hacer ahorro para la vejez y tengan un microseguro de riesgos laborales.

¿Qué beneficios tendrían?

En síntesis, que una persona que trabaja como un transportador informal, como un vendedor ambulante, como un comerciante informal, con esa menor tasa de cotización pueda tener salud, una renta asegurada para la vejez, y si un día se enferma, se incapacita o no puede seguir trabajando por invalidez, también tenga un respaldo en materia de seguridad social. Es decir, que esa gente no esté, como lo está hoy, absolutamente desamparada.

¿De cuánto sería aproximadamente esa cotización?

Esa cotización podría estar aproximadamente, dependiendo del nivel de ingresos de las personas, el ingreso real, aproximadamente en un 20 % de lo que vale la tarifa actual de cotización. Una persona que cotiza por salario mínimo, un salario mínimo, está pagando una cotización de sobre COP 500.000.

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¿Este proyecto atacaría de lleno la informalidad?

Una de las causas importantes de la informalidad en Colombia, una de ellas, no quiero decir que sea la única, es el elevado costo de la formalización. Y, de hecho, la reforma laboral que se acaba de aprobar en el gobierno anterior aumentó aún más los costos de la formalización. Si un pequeño emprendedor arranca un negocio, una heladería, quiere tener un empleado, ese empleado le está costando alrededor de COP 3 millones al mes con un salario mínimo. Ese costo es bastante alto para el emprendedor colombiano.

¿Eso no afectaría a las finanzas del país?

Aquí esto se puede mirar desde dos lados. Ese 56 % que no cotiza demanda subsidios del Estado porque te demanda régimen subsidiado en salud, pero además cuando llegas a la vejez sin ingresos, luego demandas subsidio del adulto mayor y las personas que quedan en invalidez o tienen enfermedades que no les permiten acceder al mercado laboral, también demandan una responsabilidad asistencial del Estado. Este proyecto tiene un impacto positivo porque va a hacer que millones de personas lleguen a poner recursos en el sistema de seguridad social.

Es decir, esta persona que empieza a ahorrar para la vejez ya no depende para su supervivencia del subsidio del adulto mayor cuando llega a la vejez, sino que ya tiene un ingreso que va a haber sido construido alrededor de la vida laboral. El sistema de seguridad social debe dejar de estar atado al salario mínimo porque no todas las personas tienen acceso a él o más. Entonces, creemos que el impacto del proyecto no es negativo en términos fiscales, al contrario, hace que las personas lleven recursos a un sistema de seguridad social que hoy está siendo apalancado mayoritariamente con recursos fiscales, con recursos del Estado.

Finalmente, ¿qué se ha propuesto en materia energética para esa crisis en la Región Caribe?

El riesgo de apagón es de las mayores alarmas que tenemos generadas en la región. Estamos muy contentos y calificamos como un hecho positivo que el Gobierno haya rápidamente dispuesto unos recursos para generar flujo en generadoras de energía y en comercializadoras con las deudas que el gobierno tiene. Eso alivia la crisis, pero no es suficiente.

Lo que estamos trabajando y lo que le pedimos al gobierno es que se incorporen las partidas para ayudar a la construcción de la infraestructura que en este momento necesita el Caribe para superar que hoy tenemos el 40 % de las debilidades técnicas de todo el sistema eléctrico colombiano concentrado en el Caribe. Uno, inversiones en infraestructura y dos, abogamos porque se revise el régimen especial tarifario que está operando hoy en la costa caribe, que se creó en el 2019 después del desastre eléctrico Caribe.

¿En qué consiste ese régimen?

En la costa empezamos a pagar una tarifa adicional y hubo un ajuste para que hiciéramos fondos para apalancar las inversiones y para reducir las pérdidas. Eso no se ha producido. Por eso le pedimos al gobierno nacional, además atendiendo una orden que ya hay del tribunal administrativo, reajuste el manual tarifario para que el Caribe no siga pagando más cara la energía.

¿Ya hubo diálogo con el gobierno al respecto?

Todavía no hay mesas técnicas con el ministerio, pero hemos estado proponiendo el tema en el debate público. Ahora en las discusiones de presupuesto general y de plan de desarrollo serán momentos muy importantes para dar estas discusiones. Además, veo toda la disposición en el gobierno. La ministra de Minas (Noemí Arboleda) es una mujer muy entendida del problema porque viene del operador del sistema eléctrico colombiano que es XM. Tenemos toda la confianza que el gobierno no solamente tiene la disposición, sino que tiene en la jefatura de la cartera a una persona idónea para producir las soluciones que estamos necesitando.

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En medio de la tensión que se desató entre el Legislativo y el Ejecutivo de Abelardo de la Espriella por el trámite del presupuesto del próximo año, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, se refirió a la ausencia de los ministros en la sesión de este miércoles 2 de septiembre. De acuerdo con el congresista, la Ley 5 obliga a que los jefes de cartera asistan a estos debates.

Henríquez agregó que no solo se trata de acatar la norma, sino de respeto a los legisladores. “Tienen que venir a dar la cara en los debates. Yo no voy a permitir que no vengan a debatir en las sesiones plenarias, no pueden delegar. A mí me corresponde como presidente hacer cumplir la Ley 5”, dijo este jueves.

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El jefe del Legislativo dijo que cada uno de los 18 ministros debe explicar cómo encontraron sus carteras, qué es lo que le proponen a los colombianos en materia presupuestal y cómo van a manejar los recursos teniendo en cuenta la coyuntura de crisis fiscal. Se espera que los funcionarios asistan al Capitolio desde la próxima semana.

Cabe anotar que el próximo 25 de septiembre es la fecha límite para que las comisiones económicas del Congreso (terceras y cuartas) aprueben el Presupuesto General de la Nación. Esta semana, la discusión punto por punto no fluyó debido a las críticas de legisladores de oposición y oficialismo ante la ausencia de varios ministros.

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“Tenemos que explicarle con profundo respeto al gobierno que para defender estos temas presupuestales no podemos interactuar con delegados”, cuestionó el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, no asistió y envió en su representación al viceministro general, Andrés Ricardo Quevedo. A esto se sumó que el director de Planeación Nacional, Julián Buitrago, tampoco hizo presencia y delegó a su subdirectora, Marta Cecilia García.

El ministro Gómez, al igual que su colega de Educación, Viviane Morales, ahora exministra, argumentaron que no lograron asistir por un compromiso en el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). El director de Planeación habló de compromisos previos y el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, respondió que a esa hora estaba en un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado, por el tema de la atención al terremoto.

De acuerdo con el ministro Gómez, este presupuesto, de COP 634,9 billones, será el primer paso para frenar la tendencia de los últimos años de aumentar el gasto sin tener ingresos que lo respalden. Si no se hace ningún ajuste, dijo, el nivel de la deuda pública sería insostenible y el país entraría en un escenario de crisis de pago, que implicaría devaluación de la moneda, freno del crecimiento económico y una posible recesión.

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Este jueves, en la primera sala plena del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), el magistrado Juan Felipe Lemos fue designado como el nueve presidente de este organismo. Su compañero de Salvación Nacional, el magistrado José Antonio Parra, lo acompañará como vicepresidente.

Lemos, exsenador del Partido de La U, llegó a esta dignidad con el respaldo de las mayorías de la sala, ya que siete de los nueve magistrados hacen parte de la coalición oficialista que resultó electa por las bancadas del gobierno el pasado 25 de agosto. Las voces de oposición son las de Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista, ambas del Pacto Histórico.

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Lemos es abogado de la Universidad de Medellín y tiene una especialización en Contratación Estatal. Además, es magíster en Gobierno de la Universidad Externado. Antes de ser senador fue representante a la Cámara y durante su trayectoria legislativa estuvo vinculado particularmente a las comisiones económicas.

Tras esta elección, Lemos y los magistrados tienen una cita pendiente con el registrador nacional, Hernán Penagos. Ese diálogo será clave no solo para los próximos comicios, los territoriales de 2027, sino para la reorganización interna de las entidades tras la decisión de la Corte Constitucional que tumbó uno de los artículos del Plan de Desarrollo de Gustavo Petro y le quitó al CNE la posibilidad de manejar de forma autónoma su presupuesto.

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Desde el 1 de enero de 2027, el monto del tribunal dependerá de la Registraduría, cuyo monto asignado es de COP 5,7 billones, de acuerdo con el proyecto presentado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, para la vigencia de 2027. Según conoció este diario, los nuevos magistrados están trabajando en un “instrumento jurídico apegado a la ley” para que el CNE vuelva a tener autonomía presupuestal.

El órgano electoral tendrá que culminar los procesos de reposición de votos de las elecciones pasadas y revisar la financiación. También deberán definir la personería jurídica de La Fuerza, del exembajador Roy Barreras, y Movimiento Bolivariano, del ideólogo de la campaña de De la Espriella, Carlos Alonso Lucio. Así mismo, están pendientes los divorcios políticos de Alianza Verde, en cabeza la representante Catherine Juvinao y con el guiño del partido, y del Centro Democrático, por parte de la exsenadora María Fernanda Cabal.

Entre tanto, en el Congreso ya hacen tránsito las propuestas para modificar la elección de magistrados del CNE para que los partidos políticos no tengan peso en esa decisión.

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La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) dio a conocer este jueves su informe final sobre las elecciones presidenciales y legislativas de este año. En un informe de 88 páginas, la organización destacó la fortaleza del sistema electoral frente a los retos de seguridad, desinformación y polarización, pero también presentó varias recomendaciones para mejorar los resultados de los próximos comicios.

El primer punto tiene relación con las redes sociales, pues la misión resaltó que estos espacios se consolidaron como el principal escenario de la campaña, por lo cual planteó que se les exija a esas plataformas digitales permitir conocer quién contrata publicidad política y cuánto paga por ella, esto para que las autoridades electorales, partidos, ciudadanía y observadores puedan fiscalizar ese gasto.

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“La Misión recomienda asimismo garantizar una cobertura plural de los partidos y las candidaturas por parte de los medios de comunicación públicos y establecer criterios objetivos para la distribución de la publicidad gubernamental, limitando además su difusión durante los periodos de campaña”, se lee en el informe final.

Otra de las recomendaciones está relacionada con la representación política de las mujeres en el Congreso, pues para la organización es necesario elevar la actual cuota de paridad, que está en el 30 %. “En esta misma línea, la Misión recomienda poner fin a la anomalía de que los jóvenes que cumplen 18 años tras el cierre del censo electoral, cuatro meses antes de las elecciones, no puedan ejercer su derecho al sufragio. Este problema afectó a más de un cuarto de millón de jóvenes durante estas elecciones”, agregaron.

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Uno de los puntos centrales del informe tiene que ver con el refuerzo de la transparencia de la financiación de las campañas. Entre las recomendaciones por este tema está la obligatoriedad de la presentación de informes financieros en Cuentas Claras y la coordinación entre los organismos electorales, fiscales, judiciales y de inteligencia financiera para prevenir la entrada de recursos ilícitos o irregulares.

Finalmente, la MOE UE señaló que la legislación electoral es compleja y dispersa, por lo cual no responde a varios de los retos relacionados con el desarrollo tecnológico y el crecimiento de las representaciones democráticas. Más de 150 observadores ayudaron a consolidar este informe y ahora las recomendaciones están en manos de las entidades electorales.

Vea el informe completo y todas las recomendaciones de la MOE UE

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Desde la Casa de Nariño, los jefes de las carteras de Interior, Rodrigo Lara, y Exteriores, Omar Bula, hablaron del paso a seguir luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara frenar provisionalmente los convenios de pasaportes firmados entre el gobierno y la Imprensa Nacional Casa da Moeda de Portugal.

Ambos funcionarios, el primero también como encargado de la Imprenta Nacional, dijeron que los colombianos pueden estar tranquilos. Lara aseguró que el fallo impide que la Cancillería le pague a la Imprenta para que adquiera con la entidad portuguesa nuevos pasaportes.

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“Esto es un parte de calma que les queremos dar a todos los colombianos. Vamos a pedirles aclaraciones al tribunal para ajustarnos a las posibilidades jurídicas y técnicas de este proceso. Tenemos en stock 600.000 pasaportes, 410.000 en este momento y 190.000 que llegan próximamente. Esto se traduce en una cobertura de más de cuatro meses”, dijo el canciller Bula.

Además, aseguró el jefe de la diplomacia, desde ya trabajan en asegurar la continuidad de la expedición de los documentos. El funcionario explicó que los ciudadanos deben evitar hacer “correrías” a los puntos de la Cancillería, embajadas o gobernaciones, pues lo cierto es que el servicio continúa normalmente.

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“Los colombianos pueden estar tranquilos: la expedición de pasaportes está garantizada”, escribió en sus redes sociales el presidente Abelardo de la Espriella. Desde el Gobierno se hizo un llamado a todas las entidades involucradas a respetar y acatar los fallos judiciales, pero también a trabajar en una solución jurídica y operativa.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca frenó temporalmente el convenio mientras la Cancillería y la empresa allegan un informe completo sobre el estado real de la producción y otros datos claves del proceso. La medida se dio en medio de una acción popular presentada por Nicolás Dupont Bernal contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional.

De acuerdo con el accionante, hay dudas sobre los términos en los que se firmó el acuerdo en el gobierno de Gustavo Petro. Al revisar el caso, el tribunal evidenció que hubo una “sucesión de cronogramas incumplidos, los informes institucionales contradictorios entre sí, la ausencia de soportes verificables sobre infraestructura, personal y avance de la operación, así como la falta de acreditación de los requisitos presupuestales del artículo 23 del Decreto 4730 de 2005”.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hará su primera visita a Colombia para reunirse, en la sede de la Presidencia de la República en Barranquilla, con el presidente Abelardo de la Espriella, en lo que será la visita de más alto nivel de la administración de Donald Trump en casi un mes de mandato de De la Espriella.

La visita, según Noticias Caracol, está programada para inicios de la próxima semana y la agenda estará marcada por cuestiones diplomáticas, seguridad regional y los intercambios comerciales entre ambos países.

Vale la pena recordar que estos temas han sido los de mayor importancia para Washington desde las últimas elecciones presidenciales, en las que apoyaron al hoy presidente. Una vez posesionado De la Espriella, anunciaron un paquete de USD 1.000 millones en fondos para Colombia para cubrir prácticamente la misma agenda que se filtró para la reunión de la próxima semana.

También están pendientes por definirse los parámetros por los cuales ambos países realizarán operaciones conjuntas en territorio colombiano, un anuncio hecho por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, cuando firmó con el ministro de Defensa colombiano, Jorge Mora, la entrada del país al Escudo de las Américas.

La semana pasada, el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur estadounidense, visitó la frontera entre Ecuador y Colombia, donde sostuvo varias reuniones en suelo vecino con sus autoridades, con el ministro Jorge Eduardo Mora y con el comandante de las Fuerzas Militares, general Érick Rodríguez.

Será la primera visita de Marco Rubio a Colombia en más de una década, siendo la última en 2014, cuando ejercía como senador por el estado de Florida, cargo para el que fue reelegido hasta enero de 2025, cuando fue designado por Trump para su cargo actual.

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Usted estuvo al tanto de todo el proceso de pasaportes y las implicaciones políticas que tuvo. ¿De dónde nace esta decisión?

Es un fallo bastante contradictorio porque dice que en resumidas cuentas, que la Imprenta Nacional siga produciendo los pasaportes, pero le suspende el contrato que lo faculta para hacer los pasaportes. Es decir, le suspende el contrato interadministrativo 005 de 2026 que la Imprenta Nacional firmó con el con el Fondo Rotatorio de la Cancillería.

Entonces, por eso digo, es contradictorio, porque le dice que siga produciendo, pero suspende el fallo que es mediante el cual el Fondo Rotatorio le compra a la Imprenta Nacional las libretas y le paga por la personalización de pasaportes. Por eso es contradictorio.

¿Cree que se vuelva a reactivar la urgencia manifiesta con Thomas Greg & Sons?

No, no lo creo. Es totalmente imposible porque para producir los pasaportes, para personalizarlos, este es un proceso -todo lo que tiene que ver con impresos de seguridad- son procesos que conllevan mucho tiempo de preparación.

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Por eso la Imprenta no podía salir de un día para otro a asumir este proceso, a asumir es este contrato de los pasaportes porque el proceso es muy largo, lleva entre 9 meses a 1 año para que el nuevo operador pudiera volver a ingresar a tomar las riendas de los pasaportes. Pudiera volver a producirlos, que lo hizo durante 20 años.

Vale decir, no entiendo por qué no va a poder una empresa industrial, que es de todos los colombianos, producir los pasaportes y sí lo hizo durante 20 años Thomas Greg y en este momento Thomas Greg no podría asumirlo, y lo digo con total autoridad para decirlo, no podría en este momento hacerlo.

¿Cuál es el motivo por el que usted renuncia a su cargo el pasado 25 de agosto?

Por el cambio de gobierno lógicamente. Presenté mi renuncia y y fue aceptada el 25 de de agosto. Ahí ya asumió como encargado el ministro Lara, pero vale decir que tampoco hubo un empalme. Yo nunca pude hablar con él, nunca hubo absolutamente ninguna relación con él.

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Anteriormente sí, antes de que él se posesionara les mostré todo el proceso, les dije cómo estaban los pasaportes y ellos vieron la producción y quedaron afortunadamente asombrados.

¿Qué quedó pendiente tras su salida de la Imprenta?

El ministro Lara no ha ido a la Imprenta desde que yo estoy, no ha ido un solo día. Sé que hay muchos documentos por firmar, muchos contratos con las entidades por firmar, que la fecha de hoy no se han firmado. Es más, también sé que la declaración de renta de la Imprenta tiene plazo hasta el 11 de septiembre.

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Si no se firma, si no se presenta, pues la multa es bastante grande, pero todavía mi firma es la que está registrada allá. Entonces, en este momento eso es lo que sucede, no hubo otra experiencia de no pude hacer el empalme al ministro, que es la persona que quedó encargada de momento.

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La Dirección Nacional de la Alianza Verde definió parte del rumbo político de su bancada para los próximos cuatro años. Luego de varias semanas de tensión y un pulso entre varias facciones de la colectividad, este jueves las mayorías determinaron ser un partido independiente ante el gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Seguiremos defendiendo con compromiso la Constitución Política de 1991, el Estado Social de Derecho, el equilibrio de poderes, las libertades, los derechos humanos, el campo, el agua, la biodiversidad, la justicia social, los derechos de los animales, la paz, la educación, la transparencia y la protección de lo público”, se lee en el comunicado oficial del colectivo.

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La votación final fue 38 votos a favor y 8 en contra de la declaración. Según las directivas del partido, desde esta posición acompañarán las iniciativas del gobierno que consideren valiosas, pero también ejercerán el control político y la oposición a las medidas que vayan en contra de los derechos y la democracia.

La bancada de congresistas del Verde tiene 14 integrantes, esto si se cuenta a la representante a la Cámara Catherine Juvinao, a quien el partido le aprobó una escisión. Sin embargo, esta medida está pendiente de aprobación por parte del Consejo Nacional Electoral.

Tras esta decisión, el panorama de los aliados y detractores del gobierno queda más claro. Este miércoles el Partido de La U se declaró parte del gobierno y se sumó al Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, Salvación Nacional, Creemos, entre otros.

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De las grandes casas políticas, aún está pendiente la decisión del Partido Liberal, que comandado por el expresidente César Gaviria, estudia sumarse al bloque oficialista o ser independiente. Voces en el interior de esta fuerza aseguran que hay una mayoría que impulsa la declaratoria como partido de gobierno.

En la otra orilla, como el gran bloque opositor, está el Pacto Histórico, que en medio de sus roces internos busca que la llegada del expresidente Gustavo Petro a su cúpula los ayude a definir las rutas para las elecciones territoriales del próximos año y de una vez las de la contienda presidencial de 2030.

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El presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer una directiva presidencial con la que se dan las instrucciones a los funcionarios del gobierno para el relacionamiento público y con medios de comunicación.

“La información relacionada con decisiones, anuncios, políticas publicas, programas, resultados, cifras, actuaciones administrativas y demás asuntos propios de la gestión del Gobierno nacional será divulgada principalmente a través de los canales institucionales oficiales de la Presidencia de la Republica, los ministerios, departamentos administrativos y/o las demás entidades de la Rama Ejecutiva del orden Nacional, según su competencia”, se lee en la misiva.

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Respecto al relacionamiento con medios de comunicación el documento indica que “los ministros, directores de departamentos administrativos, gerentes, directores y demás representantes legales de entidades y organismos de la rama ejecutiva del orden nacional, podrán conceder entrevistas, dar declaraciones , o participar en medios de comunicación, siempre y cuando hayan consultado y coordinado previamente con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la Republica, o quien haga sus veces”.

Esta directiva se hace pública luego de que Caracol Radio revelara la información contenida en una de las actas de las reuniones que se dieron con distintas personas del sector de comunicaciones de los ministerios, con la jefe de comunicaciones de la Casa de Nariño, María Fernanda Sandoval, donde se dieron pautas que levantaron revuelo.

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Según lo investigado por este medio, el Gobierno “determinó que no se den ruedas de prensa ni entrevistas a medios que no sean ‘amigos’, salvo que sea para un tema estratégico y previamente autorizado por la presidencia. Asimismo, se le comunicó a los asistentes a la reunión que durante los eventos, recorridos, inspecciones, en donde haya presencia de los medios de comunicación, los ministros solamente podrán dar una declaración (buscando que sea lo más completa posible) pero sin lugar a preguntas”.

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Entre otros temas, la directiva dice que “los funcionarios destinatarios de la presente Directiva deberán privilegiar los canales institucionales para comunicar asuntos relacionados con el ejercicio de sus funciones”. y agrega: “En consecuencia, las cuentas personales de los funcionarios públicos no serán un canal primario ni fuente oficial para anunciar decisiones, medidas, políticas, cifras, resultados, o información oficial correspondiente a la gestión del Gobierno nacional”.

“La comunicación institucional deberá contribuir a acercar el Gobierno nacional a la ciudadanía, facilitar el trabajo de los medios de comunicación, así como garantizar que la información publica llegue a todos con rigor, transparencia, responsabilidad y oportunidad”, finaliza.

Vea aquí la directiva completa:

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Tras la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordena frenar provisionalmente dos convenios que establecen cómo debe ser la expedición de los pasaportes de los colombianos, en alianza entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, el Gobierno debe trazar la ruta para garantizar que estos documentos sigan entregándose a la ciudadanía.

Estos convenios, que le daban vida al modelo de pasaportes promovido desde el gobierno del expresidente Gustavo Petro, establecen las condiciones para el manejo de la información sensible, así como el uso de recursos públicos para elaborar los documentos.

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Lo que encontró el tribunal para ordenar la medida cautelar, dentro de otras cosas, fue que hubo una “sucesión de cronogramas incumplidos, informes institucionales contradictorios entre sí, la ausencia de soportes verificables sobre infraestructura, personal y avance de la operación, así como la falta de acreditación de los requisitos presupuestales”.

Según esa instancia, esas fallas, “evidencian una planeación improvisada” que impide saber el estado de la ejecución de cada convenio. Además, el tribunal dijo que la demora en la información “compromete la continuidad del suministro de libretas de pasaportes y expone a los usuarios a una eventual paralización del servicio”.

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Aunque suspendió provisionalmente los convenios, el tribunal ordenó a las distintas entidades gubernamentales adoptar todas las medidas a las que haya lugar para que los pasaportes de las y los colombianos sigan expandiéndose con normalidad mientras tanto. Esa responsabilidad recae en la Cancillería y en el Ministerio del Interior.

Fuentes dentro del Gobierno le aseguraron a El Espectador que están analizando el alcance de esta decisión. Pues tras la salida de Viviana León de la gerencia de la Imprenta –el pasado 25 de agosto– el ministro del Interior, Rodrigo Lara, está a cargo de este proceso junto al canciller Omar Bula y serán ellos, según el fallo, los que deben determinar cuál es el proceso a seguir.

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Aunque el convenio se suspende temporalmente, dentro del Gobierno aseguran que tienen una cantidad de reserva de libretas suficiente para seguir expidiendo estos documentos mientras se define cuál será el proceso a seguir, ya que se suspende la producción de las mismas fuera del país, algo que se venía desarrollando mientras la Imprenta se adecuaba en su totalidad para asumir el proceso completo.

El Ejecutivo está determinando si la situación amerita acudir a algún tipo de figura contractual, como una urgencia manifiesta, para poder garantizar la prestación del servicio. En ese caso, se contempla que el convenio de pasaportes vuelva “a la firma que ya sabe hacerlo”.

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Aunque no se refieren textualmente a la firma Thomas Greg and Sons, si se infiere que serán ellos los que, de ser el caso, asuman el proceso, pues fue esta firma estuvo a cargo de esos procesos durante más de 20 años.

Por su parte, la exgerente de la Imprenta, Viviana León dijo a este diario: “No entiendo por qué no va a poder una empresa industrial que es de todos los colombianos producir los pasaportes, y sí, lo hizo durante 20 años Thomas Greg. En este momento Thomas Greg no podría asumirlo, y lo digo con total autoridad para decirlo, no podría en este momento hacerlo”, precisó. Y agregó: “Es totalmente imposible porque para producir los pasaportes, para personalizarlos, este es un proceso, todo lo que tiene que ver con impresos de seguridad son procesos que conllevan mucho tiempo de preparación”.

En todo caso, la Cancillería emitió un comunicado oficial sobre este tema explicando cuáles son las directrices tras la decisión del Tribunal. “Nos encontramos trabajando en Cancillería desde horas tempranas de la mañana. Lo que queremos mandar es un mensaje sobre todo de calma. No se va a interrumpir la emisión de pasaportes, la ciudadanía debe estar tranquila, y la prioridad es obviamente esa continuidad para que los ciudadanos colombianos no se vean afectados en este proceso. No hay necesidad de correr a los consulados, con el temor de que se un ciudadano se quede sin pasaporte, este no es el caso y lo vamos a garantizar de manera muy transparente”, dijo Bula. Y agregó: “Habrá medidas adicionales que estaremos anunciando en las próximas horas”.

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Este proceso de pasaportes estuvo envuelto en múltiples polémicas durante el gobierno de Gustavo Petro, bajo la narrativa -posteriormente desmentida- de que la firma Thomas Greg and Sons había cometido fraude en medio de las elecciones que dejaron a Abelardo de la Espriella como presidente. Además, existían dudas sobre las capacidades de la Imprenta para asumir el proceso, algo que gradualmente se disipó debido al modelo progresivo que se venía implementando.

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El vicepresidente José Manuel Restrepo será el rostro de la primera maniobra diplomática en términos de seguridad y paz ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el encuentro, que se dará en este mes de septiembre, comienza a tomar forma luego de que Restrepo adelantara una reunión estratégica con el canciller Omar Bula, la embajadora en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, y el embajador ante la ONU, Mauricio Gaona.

“Colombia tiene una oportunidad histórica para proyectar ante el mundo la visión de la ”patria milagro” del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y asumir un papel activo en los grandes debates de la agenda global: inteligencia artificial, nuevas tecnologías y los nuevos desafíos para la seguridad y el desarrollo", expresó el vicepresidente.

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En ese sentido, confirmó que “junto al canciller Omar Bula, la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araujo, y nuestro embajador ante las Naciones Unidas, Mauricio Gaona preparamos la participación del país en uno de los escenarios más importantes de la diplomacia internacional”.

“Creemos en un multilateralismo que produzca resultados y en una Colombia que no solo participe en la conversación global, sino que contribuya a liderarla. La cooperación internacional es una herramienta para construir prosperidad, seguridad y futuro”, finalizó.

Cobra relevancia que Restrepo vaya como el delegado de Colombia al pleno de la ONU en septiembre, ya que De la Espriella dijo que no saldría del país en su cuatrienio, en medio de las estrategias de defensa con las que se piensa la paz en este gobierno. Esa primera puntada diplomática, será un espacio para defender la nueva visión de seguridad sin dejar de lado el cumplimento de compromisos refrendados ante esta instancia como el mismo Acuerdo de Paz. Y en octubre, que es el Consejo de Seguridad, se definirá la continuidad de la Misión de Verificación que le hace seguimiento a la implementación de este pacto firmado en 2016.

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La ofensiva en temas de conflicto y paz es clara, el presidente De la Espriella la reiteró el pasa miércoles, cuando aseguró que “la paz no se puede construir sobre las intimidaciones de quienes empuñan las armas, ni sobre la resignación de los ciudadanos y los mandatarios locales. La paz verdadera se construye con la fuerza de las armas y las leyes de la República”.

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El vicepresidente José Manuel Restrepo dio a conocer que ya es oficial la posesión de Mauricio Gaona como embajador ante la Organización de Naciones Unidas.

“Celebramos la posesión de Mauricio Gaona como embajador de Colombia ante las Naciones Unidas. Su experiencia y conocimiento serán claves para representar al país en el Consejo de Seguridad y en la próxima Asamblea General de la ONU”, aseguró Restrepo. Y agregó: “En el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella avanzamos hacia un relacionamiento multilateral con mayor liderazgo, que defienda los intereses del país y contribuya a las grandes discusiones sobre inteligencia artificial, computación cuántica y nuevas tecnologías”.

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“Es para mí un placer y un honor servir a Colombia en un momento histórico y tal vez en un momento también especial para Colombia al ser parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el cual incluso volveremos a presidir”, aseguró Gaona.

“La participación de Colombia en la semana de Naciones Unidas, los grandes temas de la humanidad, tecnologías de cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial la computación cuántica”, son los temas que según Restrepo primarán en esta nueva etapa. “Va a ser una agenda muy movida muy dinámica, esperamos contar con la participación necesaria y eficiente” finalizó Gaona.

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“En el gobierno de Abelardo de la Espriella, un actor muy importante en esta nueva forma de relacionamiento multilateral, será nuestro señor embajador, una demostración de que Colombia está cada vez con mayor importancia y protagonismo en el mundo”, finalizó el vicepresidente.

¿Quién es Mauricio Gaona?

Mauricio Gaona es un Jurista, académico, escritor y analista internacional, especializado en Derecho Internacional Público, Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Democracia. Hijo del exmagistrado Manuel Gaona Cruz y forjó su carrera en Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Colombia. Es doctor en Derecho con especialidad en Derechos Humanos, maestría en Derecho Internacional y máster en Derecho de la Unión Europea.

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Según señalan desde el equipo del presidente, es un “intelectual de pensamiento humanista. Inspirado por la memoria y el legado de su padre, Manuel Gaona Cruz, asesinado durante la toma del Palacio de Justicia”.

Está encargado de impulsar “consensos internacionales para proyectar las transformaciones que fortalezcan a la ‘patria milagro’, redefinir la visión global sobre nuestro país, consolidar la democracia en América Latina y dinamizar alianzas estratégicas para fortalecer nuestro sistema económico y nuestra seguridad nacional”.

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Ya van 45 días de sesiones en el nuevo Congreso y el balance que deja hasta ahora este periodo, que coincide con el primer mes del Gobierno de Abelardo de la Espriella, es un desborde de proyectos de reforma constitucional y de ley que hacen fila para ser discutidos tanto en Senado como en Cámara. Alrededor de 535 iniciativas han llegado al Capitolio y en su mayoría son de autoría de los legisladores.

Pero su avance es prácticamente nulo en medio de prioridades que los intereses del Ejecutivo y el propio Legislativo toman fuerza. Las más inmediatas son el presupuesto de 2027, una ley de ajuste fiscal y el retorno de la reforma pensional, entre otros asuntos.

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Y es que atravesando la séptima semana de labores en el Congreso, más del 90 % de estos proyectos siguen esperando por dar inicio a su trámite en las comisiones. La agenda del Legislativo se ha marcado por momentos puntuales que finalmente llevaron el foco de los debates a otras orillas. La posesión presidencial, las elecciones de contralor General y magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero –especialmente– el terremoto del pasado 10 de agosto dejaron en segundo renglón esos trámites.

La agenda dispuesta desde las dos cabezas de la Rama Legislativa, el senador Honorio Henríquez (Centro Democrático) y el representante Nicolás Barguil (Conservador), se ha condicionado por la coyuntura nacional, las peleas entre bancadas y la confección de acuerdos en los que, además, se ha tratado de mantener al margen el gobierno del presidente De la Espriella. De hecho, tan solo dos veces se la ha visto en los pasillos del Congreso al ministro del Interior, Rodrigo Lara.

Por Senado son: 250 proyectos los que se han radicado desde el pasado 20 de julio. El último en llegar al escritorio del secretario General, Diego González, es de origen uribista con el senador Hernán Cadavid que promueve una eliminación a la reposición de votos en los procesos de consultas internas y consultas interpartidistas. Según explicó el congresista, se busca un equilibrio en los procesos electorales, pues este mecanismo en instancias previas a las elecciones habría desajustado las condiciones de esos procesos en los últimos años.

En contraste, el primer texto presentado tuvo su origen en Alianza Verde con la senadora Andrea Padilla, quien busca reforzar los estándares de responsabilidad contra el maltrato animal y se bautizó como “Ley Ángel 2.0”. A la fecha ninguno de esos proyectos ha iniciado sus respectivos trámites en la Comisión Primera. El panorama se repite con otros 214 proyectos, pues solamente 13 ya han sido agendados o han tenido su primer debate. Los tres restantes fueron retirados.

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Centro Democrático, La U, Partido Conservador y Alianza Verde resaltan como los que mayor cantidad de proyectos tienen bajo su autoría. Todos ellos superan la franja de 30 iniciativas presentadas ante el Senado, aunque algunas de ellas fueron radicadas de forma conjunta entre dos o más colectivos. El Pacto Histórico tampoco se queda atrás, siendo la bancada mayoritaria con 26 senadores en sus filas y que, además, mantienen en su agenda más de una decena de proyectos que presentó el gobierno Petro previo a su salida del poder. El Pacto también supera la barrera de los 30 proyectos radicados.

En las últimas dos semanas –desde el 25 de agosto a fecha de publicación– más de 50 proyectos llegaron al Congreso. De ellos, más de una decena tiene como componente primario atender la crisis derivada del terremoto que tuvo su origen en San José del Palmar (Chocó) en iniciativas que van desde la eliminación de impuestos, incentivos para las víctimas e incluso la regulación de los estándares de construcción en el país.

Sin embargo, uno de los principales reparos durante estas semanas ha sido el alto déficit fiscal y la necesidad que requiere el Estado para un ajuste severo de sus finanzas. Este argumento choca con la intención de atender esa crisis, pues ya desde el gobierno De la Espriella se proyecta la necesidad de al menos COP 30 billones para la reconstrucción de los principales departamentos afectados; todo ello sin contar la carga que implicaría la aprobación de esas nuevas iniciativas.

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De hecho, de forma conjunta las comisiones económicas (terceras y cuartas de Senado y Cámara) discuten el presupuesto del 2027 y en el que tanto las bancadas de gobierno como de oposición llegan a un punto en común: realizar un recorte a la burocracia. El déficit del proyecto que dejó la administración Petro ascendía a un aproximado de COP 30 billones, pero que tras la presentación del primer proyecto de presupuesto del gobierno De la Espriella se habría disparado a más de COP 60 billones.

En los cerca de 250 proyectos que parten desde el Senado y que fueron revisados por El Espectador, más del 70 % promueven iniciativas que tendrían un impacto fiscal significativo en caso de su aprobación. Esa lista arranca por las modificación propuestas desde el Centro Democrático para el Sistema de Salud en el que se busca un ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y que tendría que ser revisado anualmente para un incremento que no afecte a ese sistema. Esto directamente representaría una nueva carga fiscal para el sector salud. Asimismo sucede con la formalización del personal médico o la modernización de insumos.

En el mismo contexto también se han presentado textos con los que se busca la eliminación de tributos como el impuesto al patrimonio –también de origen uribista–; condonación de créditos y subsidios a la tasa de interés en el Icetex; e incluso el aumento en los pagos del programa adulto mayor ligado al incremento del IPC. Todos ellos necesitarían, en caso de ser aprobados, una disposición desde las finanzas públicas, pero que no corresponden con la realidad fiscal del Estado.

Otros proyectos que han generado un ruido significativo son: la ley anticapuchos, la prohibición de la maternidad subrogada –alquiler de vientres–, la prohibición de uso de redes sociales para menores de edad, ajustes en el sistema de peajes en Colombia. En tanto, otros de alta importancia como la modificación en el proceso de elección para los presidentes de Ecopetrol, Dane o la Nueva EPS han pasado de agache, pero ya se alistan para sus primera ronda de debates en el Senado.

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Por otro lado, el panorama en la Cámara no es muy diferente. En esa corporación se han presentado alrededor de 290 iniciativas en el lapso de estos primeros 45 días. En el recinto del que el conservador Nicolás Barguil marca el ritmo se han protagonizado numerosos choques entre partidos y los debates también han pasado a segundo plano. El último proyecto en entrar a la oficina del secretario Miguel Ángel Sánchez es la denominada “ley anticapuchos” que pretende imponer sanciones e incluso, convertir en delito que en medio de protestas los manifestantes cubran sus rostros para cometer actos vandálicos. La iniciativa la presentaron los representante Jaime Arizabaleta (Centro Democrático) y Julio César Triana (Cambio Radical).

Allí también se ha puesto el foco en la eliminación de cargas tributarias para los colombianos, en donde los partidos Conservador y el Centro Democrático han tomado esas bandera con propuestas como la eliminación del impuesto saludable o la eliminación al impuesto al patrimonio. Y caso contrario al Senado, es el Pacto Histórico el proyecto que tiene un mayor número de iniciativas presentadas. Eso se debe, entre otras, a que proyectos como la reforma integral al sistema de salud, una reforma política e incluso una reforma tributaria, fueron heredadas del gobierno Petro y presentadas por congresistas de esa colectividad.

Pero en ese trámite legislativo tendrá varios frenos en la que promueven los congresistas, pues es esa la corporación la que debe recibir los principales proyectos que en este primer año de mandato presentará la administración De la Espriella. Es allí por donde parte el Plan Nacional de Desarrollo, así como ya lo ha hecho el presupuesto y lo que tendría que hacer la ley de ajuste fiscal que anunció durante la discusión del presupuesto de 2027 el ministro Miguel Gómez.

Y no suficiente con ello, los 181 representantes tendrán que dar trámite por tercera vez el proyecto de reforma pensional de la administración Petro. Eso se debe al ordenamiento de la Corte Constitucional de devolver nueve artículos que se habrían viciado durante el trámite que dieron los presidentes Jaime Raúl Salamanca (2025-2025) y Julián López (2025-2026). Esa discusión debe tener lugar en máximo 30 días, de acuerdo al mandato del alto tribunal.

En contexto: Reforma pensional: lo que debe saber tras la decisión de la Corte Constitucional

Y todo este panorama tendrá un condicionante adicional. Tras su primer mes de mandato el gobierno De la Espriella se ha mantenido al margen de estrechar lazos con el Congreso. Sin embargo, ya en los pasillos de la Casa de Nariño y en el despacho presidencial de Barranquilla se ha emitido la directriz de presentar las primeras iniciativas con origen del Ejecutivo. Una modificación al código de tránsito, la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista serán los primeros proyectos que presentará la nueva jefatura de Estado.

El discurso, de momento, se mantiene en presentar las iniciativas y que todo tipo de negociación sea “transparente” y “sobre la mesa”. Así lo definió desde campaña el presidente y así ya lo advirtió el ministro del Interior, Rodrigo Lara, previo a la presentación de esos primeros articulados.

Finalmente, de seguir con la tendencia de los últimos años, la transformación de esos 535 proyectos en leyes será mínima. De hecho, según cifras reportadas por la firma Orza, en 2022-2023 se radicaron 644 proyectos, de los cuales 117 se convirtieron en ley y 527 terminaron archivados. De esas iniciativas, 43 llegaron del gobierno Petro y 27 se convirtieron en ley. No obstante, el índice fue empeorando con el paso de la legislaturas, al punto que entre el 20 de julio de 2025 y 20 de junio del 2026 solamente 11 leyes fueron aprobadas, de 795 radicadas, pero con la salvedad que 161 fueron la herencia para el Congreso que tomó posesión hace 45 días.

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El 25 de septiembre es la fecha límite de las comisiones económicas del Congreso (terceras y cuartas) para aprobar el Presupuesto General de la Nación del próximo año. Así las cosas, a esas corporaciones les queda menos de un mes para abordar y tramitar una iniciativa que busca millonarios recursos de funcionamiento e inversión. Aunque se esperaba un avance esta semana, la sesión planeada para dicho efecto terminó sin avances y fue levantada.

El debate no fluyó debido a las críticas de legisladores de oposición y oficialismo ante la ausencia de varios ministros, quienes habían sido citados para explicar los alcances de las cifras del proyecto. “Tenemos que explicarle con profundo respeto al gobierno que para defender estos temas presupuestales no podemos interactuar con delegados”, cuestionó el senador Carlos Meisel.

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El dardo del congresista sobre los delegados obedeció a que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, no asistió y envió en su representación al viceministro general, Andrés Ricardo Quevedo. A esto se sumó que el director de Planeación Nacional, Julián Buitrago, tampoco hizo presencia y delegó a su subdirectora, Marta Cecilia García.

Según el presidente de la Comisión Cuarta de la Cámara, Alex Bermúdez, no hay comunicación entre el Congreso y el Gobierno, situación de la que responsabilizó a estos últimos. La jornada continuó con pronunciamientos de este corte, a los que se sumaron los congresistas de la oposición, y al final se levantó la sesión y no será convocada sino hasta la próxima semana.

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En cuanto a la ausencia de los ministros que desató la polémica, el ministro Gómez, al igual que su colega de Educación, Viviane Morales, argumentaron que no lograron asistir por un compromiso en el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). El director de Planeación habló de compromisos previos y el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, respondió que a esa hora estaba en un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado, por el tema de la atención al terremoto.

Cabe anotar que el ministro de Hacienda estuvo en el Congreso el martes y desde allí aseguró que “sin entender el contexto en el que nos encontramos va a ser muy difícil que ustedes puedan deducir cuál es la estrategia que tiene el Gobierno y por qué estamos presentando un presupuesto así de austero”, La frase generó risas en el recinto debido al monto del proyecto.

Gómez se defendió señalando que este presupuesto será el primer paso para frenar la tendencia de los últimos años de aumentar el gasto sin tener ingresos que lo respalden. Si no se hace ningún ajuste, dijo, el nivel de la deuda pública sería insostenible y el país entraría en un escenario de crisis de pago, que implicaría devaluación de la moneda, freno del crecimiento económico y una posible recesión.

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Tras la conmoción que generó el atentado con explosivos contra la estación de Policía de Los Patios, en Norte de Santander, el gobierno anunció que intensificará la ofensiva contra los grupos armados y organizaciones criminales detrás de estos casos. De acuerdo con el jefe de la cartera política, el ministro Rodrigo Lara, el eje de esta estrategia será un estatuto antiterrorista que será puesto a discusión en el Congreso.

La apuesta obedece directamente a lo que le ha pedido el presidente Abelardo de la Espriella a las fuerzas militares: una ofensiva frontal contra estos grupos. El jefe de Estado ha dicho en varias oportunidades que declarará a dichas estructuras como terroristas, lo que también implica cerrarles la puerta a los diálogos de paz.

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El ministro Lara aseguró que el estatuto antiterrorista contempla, precisamente, crear esa lista de esos grupos terroristas y darle luz verde a unas herramientas más potentes en materia jurídica para combatirlos. Así mismo, explicó, se contempla fortalecer las labores de inteligencia militar y crear órganos nuevos órganos en la justicia que estén enfocados en estos grupos.

En cuanto al atentado de este martes en Los Patios, el funcionario señaló que en Norte de Santander operan el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, que estarían incrementando sus acciones terroristas ante la determinación del nuevo gobierno para combatirlos. De hecho, calificó los atentados como “cobardes”.

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“Es llenar un carro con dinamita, ponerlo frente a una estación de Policía y el tipo sale corriendo y lo activan inmediatamente. Murió una persona; nuestra solidaridad con sus familiares. Hay dos uniformados heridos, entre los cuales está un auxiliar, un muchacho, porque estos terroristas son desalmados y causan mucho daño”, dijo Lara.

El presidente Abelardo de la Espriella, tras un consejo de seguridad en Cúcuta, dijo este martes que su gobierno va a “liberar a este departamento de la violencia por la razón o por la fuerza”. El jefe de Estado agregó que “cuando los bandidos están ganando es porque están asociados con el gobierno y aquí se acabó esa asociación criminal”. A esto se sumó una advertencia a la dirigencia política por el mismo tema.

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La bancada del Pacto Histórico afronta una serie de diferencias internas luego de su retorno a la senda de la oposición y que arrastran heridas desde la campaña presidencial. La fuerza mayoritaria del Congreso tiene hoy una serie de disputas internas entre varias de sus cabezas más visibles y que ya obligó a un llamado de su líder natural, el presiente Gustavo Petro, para poner orden en la casa.

Y es que son varios los escenarios los que han llevado a esa fuerza a protagonizar disputas internas y que han sido interpretadas como fracturas en la izquierda pura. Los hechos más recientes tuvieron como detonante una votación que los cinco miembros del partido que ocupan una curul en la Comisión de Acusaciones dieron a favor de solicitar a la Fiscalía uno de los expedientes el expresidente Álvaro Uribe por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

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Esa votación puso el foco en figuras como Gabriel Becerra, Heraclito Landinez o María del Mar Pizarro y fue calificado dentro del propio partido como una “afrenta” a las víctimas del conflicto. El principal altavoz de esa critica fue la senadora Carolina Corcho, quien encabezó la lista del partido en las pasadas elecciones de 8 de marzo.

La exministra de Salud del gobierno Petro cuestionó a sus compañeros de bancada y señaló no entender el sentido del voto realizado la semana anterior. “Dado que los hechos que se le imputan, las dos masacres y el asesinato de Jesús Maria Valle, se dan entre 1996 y 1998 cuando él era Gobernador de Antioquia, antes de ser Presidente que fue 2002 a 2010, donde no hay hecho investigado. Los hechos fueron previos a su Presidencia, luego no existe duda de que es la fiscalía quien debe investigarlo”, dijo Corcho.

Corcho además dijo que “hay líneas éticas que no pueden correrse; de lo contrario, este proyecto político dejará de tener sentido. No es aceptable desde ningún punto de vista que congresistas de nuestro proyecto hayan abierto una puerta para la impunidad del señor Uribe. Votar una proposición que está en la línea de dilación de la defensa de un señor que ha gozado de la impunidad, es un golpe al corazón de la defensa de los campesinos torturados por las AUC; sus familias, las víctimas y los defensores de derechos humanos que los denunciaron”

Pero las declaraciones de la senadora no sentaron bien en el partido. Sobre ese caso se refirió el senador Iván Cepeda, quien ocupa la curul del estatuto de la oposición, señalando que “llevo 14 años impulsando este proceso contra el expresidente Uribe. Mucho antes de que tú aparecieras en la escena pública. No te sumes a los ataques que ya hacen desde la extrema derecha contra quienes adelantamos con tanta dificultad, amenazas y sacrificios esta lucha. Hasta la ambición política debe tener límite. ¿No crees?”

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Pero esa disputa, además, se agudizó en medio de la elección de magistrados al Consejo Nacional Electoral en el que no hubo consenso pleno en la bancada para el respaldo de Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista, quienes finalmente resultaron electas. Y es que precisamente Corcho y su bloque político dentro del Pacto habían propuesto otros nombres que finalmente fueron descartados. Lo mismo sucedió con el ala Cepeda que buscaba la postulación del exrepresentante Alirio Uribe y que finalmente fue descartado.

En ese trámite también surgieron los vestigios que dejó la campaña en la que algunos sectores petristas cuestionar la forma en la que desarrolló la campaña y que le dieron la victoria a Abelardo de la Espriella en la Presidencia. En esa disputa, incluso, intervino el ahora expresidente Petro, quien buscó lideró desde la Casa de Nariño el proyecto de reelección de la izquierda.

¿Qué dijo Petro?

A pesar de las divisiones en el Pacto, desde la misma bancada han buscado bajar el tono a las confrontaciones. Congresistas de la colectividad insisten en que esta situación es “natural” en colectividades que, a pesar de congregar bajo una serie de ideales, suelen surgir en el trámite de diversos procesos.

Por ello, Petro dijo que “algunos congresistas se durmieron ante una proposición que pupitrearon, se les olvidó que uno no se duerme en el Congreso hasta el último segundo. Yo mantengo mi posición: todos los delitos de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado de Colombia deben tener una corte de cierre, que es la Justicia Especial para la Paz”.

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