Gran molestia ha causado una comunicación del Consejo Nacional Electoral (CNE) a medios de comunicación radiales y televisivos, campañas políticas y demás por un informe sobre equilibrio y pluralismo informativo en el cubrimiento de las campañas presidenciales de las elecciones de 2022.

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La circular incluye un pedido a la Ministerio de las Tecnología de la Información (Mintic) y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones para que se apersone del asunto y tome medidas para mitigar posibles infracciones al “derecho al equilibrio informativo”. Asimismo, cita a las directivas de los medios radiales y televisivos para sustentar el cuestionado informe.

La molestia ha venido debido a que se consideró como una violación de la libertad de prensa y un intento del tribunal electoral por incidir en las líneas editoriales de los medios de comunicación televisivos y radiales. Gran parte de la suspicacia viene debido a que el CNE es un tribunal compuesto por cuotas políticas.

Ante las dudas, el tribunal electoral respondió que no debe haber ninguna suspicacia debido a que es algo que hacen en todos los procesos electorales ya que la ley 996 de 2005, más conocida como ley de garantías, establece que los medios que usan el espectro electromagnético público, radio y canales privados nacionales, deben “garantizar el pluralismo, el equilibrio informativo y la veracidad en el manejo de la información sobre las campañas presidenciales y el proselitismo electoral”.

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Esta obligación incluye que los canales y emisoras presenten semana a semana un reporte sobre el cubrimiento que han hecho de la contienda electoral. Según el magistrado Renato Contreras, el problema recae en que algunos medios no han cumplido con su obligación de hacer el reporte y entregarlo. Esta es la razón por la que se le pidió al Mintic y a la Comisión de Regulación que adelante las acciones pertinentes.

A renglón seguido, el magistrado Contreras negó cualquier intento de intervenir en la línea editorial de los medios televisivos o radiofónicos, sino que se estaría entrando a restablecer el derecho al equilibrio informativo. “Se encontró que evidentemente hay un desequilibrio de la mayoría de la cobertura. Hay unos que se les da una mayor cobertura y otros mínimas. Debemos reunirnos con los medios para un restablecimiento del equilibrio”, expresó el togado electoral, que añadió que en ningún momento es censura sino un cumplimiento de la ley.

El magistrado Renato Contreras reconoció que hubo una comunicación del candidato Enrique Gómez quejándose del cubrimiento que le han hecho, pero aclaró que en ningún momento el informe o las citaciones se hicieron motivadas por la comunicación del candidato de Salvación Nacional.

¿Cuántos votos necesita un candidato para ganar en primera vuelta y que no haya una segunda?, es una pregunta que persiste a menos de un mes de que los colombianos tengan que ir a las urnas para elegir a un nuevo presidente. La cantidad de votos que debe conseguir un aspirante a la presidencia está establecida en la Constitución Política y para que se dé esta posibilidad, el o la candidata, tendrá que lograr la mitad más uno de los votos válidos.

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“El Presidente de la República será elegido para un período de cuatro años, por la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que determine la ley”, reza la carta política. Asimismo, la Constitución aclara que “si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que sólo participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones”, es decir, la segunda vuelta.

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¿Cuántos votos tuvieron Duque y Petro en la primera vuelta de 2018?

En las elecciones a la Presidencia de 2018, cuando Iván Duque salió ganador de la contienda electoral, a pesar de la histórica cifra de votantes, el umbral no fue superado, por lo cual en la segunda vuelta se midió que el hoy candidato Gustavo Petro. En aquella ocasión, el hoy mandatario consiguió 7′569,693 votos, lo que significó un 39,14% del total, razón por la cual se tuvo que enfrentar en otra vuelta con Petro, quien consiguió en la primera ronda 4′851,254 de votos, el 25,08%.

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¿Algún presidente ha ganado en primera vuelta en Colombia?

En la historia reciente de Colombia, esto ha ocurrido en solo una ocasión y el ganador fue el ahora investigado expresidente Álvaro Uribe Vélez en 2002. En dicha ocasión, Uribe logró con el partido Primero Colombia, en la primera vuelta, 5′862,655 de votos, lo que representó en ese entonces el 53,05% de todos los votos. El segundo en esa oportunidad fue para Horacio Serpa, quien por el Partido Liberal consiguió 3′514,779 de votos, que fueron el 31,80%, cantidad insuficiente para lograr ir a segunda vuelta.

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Restan solo días para las elecciones del próximo domingo 13 de marzo, en las que los colombianos no solo elegirán al nuevo Congreso, sino que podrán participar de las consultas interpartidistas para escoger candidato presidencial. Además, en los municipios más azotados por el conflicto, sus habitantes en zonas rurales también podrán ejercer su derecho al voto para elegir a sus representantes en las denominadas curules de paz.

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Son en total tres procesos electorales y si bien son muchas las dudas y cuestionamientos alrededor del proceso, hay una pregunta que no deja de ser crucial y pertinente para el acertado desarrollo de los comicios: ¿cómo marcar adecuadamente el tarjetón y evitar que el voto termine siendo anulado?

Lo primero que se debe tener en cuenta, para el caso de las elecciones al Congreso de la República, es que hay dos tipos de listas: abiertas o cerradas. En las abiertas, el ciudadano debe marcar el logo del partido u organización política, así como el número del candidato de su preferencia. Por otro lado, en las cerradas –cuyos representantes se elijen según el orden de la lista– únicamente se vota por el logotipo del movimiento.

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Lista abierta

Lista cerrada

¿Qué pasa si en una lista abierta solo marco el logo y no un número?

Según la Registraduría, en caso de que el ciudadano marque únicamente el logo y no el número en una lista abierta el voto será válido. Sin embargo, ese apoyo no iría para un candidato particular, sino para el partido.

Si el ciudadano marca solo el número y no el logo, también será válido y, en ese caso, el voto iría para el candidato.

¿Qué pasa si en una lista abierta marco varios números?

En caso de que un ciudadano marque varios números en una lista abierta, e incluso, no marque el logo del partido, el voto será válido. Eso sí, una vez más ese apoyo no irá para algún candidato, sino para el partido.

¿Cómo debo marcar el voto, solo con una equis?

La Registraduría explica que no importa la forma en que se marque o el rayón que se haga en el tarjetón, siempre y cuando esa marcación se haga dentro del recuadro. Así, el voto será válido. Incluso, es válida cualquier expresión (hasta groserías) o palabra siempre y cuando esté dentro del recuadro.

“Cualquier marcación que identifique el voto, independiente del lenguaje o la lectura, es válido. Lo importante es la intención del voto. No importa cualquier comentario, salvo que no se salga del recuadro, contaría para el partido”, explicó el registrador Alexander Vega, en diálogo con RCN Televisión.

¿Qué pasa si se marca por fuera de la casilla?

De acuerdo con el registrador, si se evidencia la intención del voto en la marca del ciudadano, así se salga del recuadro, el voto será válido.

¿En qué casos se inválida el voto?

El voto será nulo cuando el ciudadano 1) marque más de un logo o partido, 2) cuando no sea clara su intencionalidad en el voto o 3) cuando marque un logo o número, y también el voto en blanco.

El discurso regional vuelve a cobrar relevancia en el debate presidencial. Desde la campaña de Rodolfo Hernández se ha impulsado la tesis de la santandereanidad para movilizar a Santander en un voto mayoritario a favor exalcalde de Bucaramanga. Y es que sería la segunda vez que el departamento tendría un presidente y la primera en más de 100 años; el último fue Aquileo Parra, primer mandatario entre 1876-1878.

En las otras toldas, las de Gustavo Petro, también se ha usado el tema regional al hacer énfasis que su cuna es Ciénaga de Oro, Córdoba. De esta manera han movilizado un voto caribeño que normalmente ha estado atado a las maquinarias políticas. Es por esta misma razón que los opositores a esta candidatura han comenzado a poner en duda su lugar de origen y han sacado elementos como un registro civil que dice que Petro realmente habría nacido en Zipaquirá.

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Con la posibilidad de que dos regiones que históricamente no han tenido mayor representación en el Ejecutivo pongan presidente, bien vale recordar el lugar de nacimiento de los mandatarios colombianos. Si se ubica en un mapa (ver figura 1) los lugares de nacimiento de todos los presidentes de la historia del país se puede observar que la mayoría tienen su origen en las poblaciones que están sobre las cordilleras.

También es una muestra de cómo el centralismo ha copado la política. De los últimos 10 presidentes que han llegado a la Casa de Nariño, seis han sido bogotanos -Iván Duque (2018-2022), Juan Manuel Santos (2010-2018), Andrés Pastrana (1998-2002), Ernesto Samper (1994-1998), Julio César Turbay (1978-1982), y Alfonso López Michelsen (1974-1978)-. Los únicos que no han nacido en la capital en los últimos 40 años han sido Álvaro Uribe (2002-2010), que nació en Medellín; César Gaviria (1990-1994), que nació en Pereira; Virgilio Barco (1986-1990), que nació en Cúcuta; y Belisario Betancur (1982-1986), que nació en Amagá.

Lo llamativo en ese listado también pasa porque solo uno de los diez presidentes recientes nació en una población que no fuese capital. Betancur es originario de un pequeño municipio antioqueño mientras que el resto de los presidentes nacieron en la capital del departamento del que son originarios. Es una muestra de cómo en el pasado reciente las poblaciones intermedias han estado alejadas de las dinámicas del poder.

Si se mira más para atrás se puede observar que Bogotá es la ciudad y distrito que más presidentes ha puesto con 18 mandatarios. Además de los mencionados más arriba, son de origen bogotano Carlos Lleras Restrepo, Alberto Lleras Camargo, Roberto Urdaneta, Laureano Gómez, Eduardo Santos, Pedro Nel Ospina, José Vicente Concha, José manuel Marroquín, Miguel Antonio Caro y Francisco Javier Zaldúa, Eustorgio Salgar y Pedro Alcántara Herrán.

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Las siguientes zonas con más presidentes son Cauca con ocho, Boyacá con seis y Antioquia con cinco. En el caso de Cauca se puede observar que Popayán es la segunda ciudad que más presidentes ha tenido con cinco (Guillermo León Valencia, Julián Trujillo Largacha, Tomás Cipriano de Mosquera, José Hilario López y Joaquín Mosquera). En dicho departamento también figuran presidentes de Corinto (José María Obando) y Silvia (Ezequiel Hurtado).

En el listado de presidentes boyacenses figuran el dictador Gustavo Rojas Pinilla, nacido en Tunja; Enrique Olaya Herrera, de Guateque; Rafael Reyes, de Santa Rosa de Viterbo; José Santos Gutiérrez, de El Cocuy; Santos Acosta, nacido en Miraflores; y José Ignacio Márquez, de Ramiriquí. En el caso de Antioquia, los presidentes de este departamento son Álvaro Uribe (Medellín), Belisario Betancur (Amagá), Mariano Ospina (Medellín), Marco Fidel Suárez (Hatoviejo, ahora Bello) y Carlos Eugenio Restrepo (Medellín).

El norte del país solo ha tenido dos presidentes en estos casi 200 años de vida republicana. Juan José Nieto, el único presidente afro de la historia colombiana, nació en Baranoa, en ese entonces provincia de Cartagena y ahora Atlántico, y Rafael Núñez tuvo su cuna en Cartagena. El cuatro veces presidente de lo que hoy es Colombia tuvo a la Heroica como su lugar de nacimiento y centro de la carrera política.

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El Tolima grande, es decir lo que es hoy Huila y Tolima, han tenido cinco presidentes en conjunto. Uno solo ha sido huilense, Misael Pastrana (Neiva), mientras que el resto han sido tolimenses. Honda (Alfonso López Pumarejo), Coello (Miguel Abadía Méndez) y Chaparral (José María Melo y Manuel Murillo Toro) han sido cuna de primeros mandatarios.

Por otro lado, en Santander y Norte de Santander, lo que hasta 1886 fue el gran Santander, ha tenido cuatro presidentes. Francisco de Paula Santander nació en Villa del Rosario (Norte de Santander), Aquileo Parra es de Barichara (Satander), Ramón González Valencia tiene su cuna en Chitagá (Norte de Santander) y Virgilio Barco es originario de Cúcuta (Norte de Santander).

Sin tener en cuenta a Bogotá, Cundinamarca ha sido el quinto departamento con más presidentes en la historia del país. Sin embargo, curiosamente todos ellos fueron ocupantes del Palacio de San Carlos, sede de la presidencia hasta 1908. Ningún cundinamarqués llegó a ocupar el Palacio de la Carrera o la Casa de Nariño, las otras dos sedes que la Presidencia ha tenido en el siglo XX. Los mandatarios originarios de este departamento son José Eusebio Otálora (Fómeque), Santiago Pérez Manosalva (Zipaquirá) y Mariano Ospina Rodríguez (Guasca).

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El Pacífico colombiano solo a puesto dos presidentes en lo que va de historia. En lo que hoy es el Valle del Cauca nació Manuel Antonio Sanclemente, específicamente Buga. El Chocó ha tenido un presidente que es Carlos Holguín, originario de Nóvita, pero cuya carrera política la hizo principalmente en Cali. Casanare también ha sido cuna de presidentes al ser el departamento de origen de Salvador Camacho Roldán, que nació en Nunchía.

En la historia del país solo figura un presidente nacido por fuera de lo que hoy es Colombia. Claramente se trata de Simón Bolívar, nacido en Caracas, lo que es actualmente Venezuela. Desde entonces, ningún presidente ha tenido una partida de nacimiento en la que figure en un territorio por fuera del colombiano.

Un poder presidencial centrado en las capitales

Por otro lado, más allá de las particularidades de cuna, la lista de presidentes organizada del presente hacia al pasado (adjunta al final de esta nota) permite evidenciar como se ha afianzado el centralismo político en Colombia. Mientras que en el siglo XIX se observa orígenes tan variopintos como Popayán, Ramiriquí, Baranoa, Guasca, El Cocuy, entre otros, los presidentes del siglo XX están casi todos concentrados en Bogotá o en las ciudades capitales, solo cuatro nacieron en un municipio intermedio.

La diferencia es notoria entre el siglo XIX y los siglos XX-XXI. En los primeros 100 años de la república hubo variedad de orígenes. Hasta Rafael Reyes se pueden contar 16 presidentes con origen en poblaciones diferentes a las hoy capitales (Bogotá, Popayán o Cartagena), en cambio desde entonces solo ha habido cinco presidentes que no tienen su cuna en una de las principales ciudades del país.

Esto es una muestra del impacto que tuvo el férreo centralismo de la constitución de 1886. La acumulación del poder en Bogotá hizo que los municipios del país vieran restadas sus posibilidades de estar en los círculos del poder con aspiraciones de llegar al máximo cargo del Ejecutivo. Aunque la Constitución de 1991 le apostó por una mayor descentralización, solo hasta ahora se está logrando algunos avances. La elección del 19 de junio es un ejemplo: se podrá tener el primer presidente de Piedecuesta y el segundo de Santander, Rodolfo Hernández, o se tendrá el primer presidente nacido en Ciénaga de Oro y en Córdoba, Gustavo Petro.

Rodolfo Hernández, por su parte, ganó en el centro del país, mismo que había conquistado en la primera vuelta, así como en las mesas de votación en el exterior. Antioquia, que se preveía como uno de los departamentos decisivos para la elección y donde ganó Federico Gutiérrez en primera vuelta (con 1,3 millones de votos), también confió en el exalcalde de Bucaramanga. En primera vuelta, el ingeniero obtuvo 521.390 votos en el departamento que es fortín del uribismo, así que prácticamente se puede decir que los apoyos de Gutiérrez se fueron hacia el Hernández, quien en esta segunda vuelta registró allí una votación de 1,8 millones.

En Antioquia también marcó un punto de quiebre la abstención y, en menor medida, el voto en blanco. Mientras en primera vuelta este fue de 58.875 votos, para la segunda la cifra aumentó a 86.367. A su vez, la abstención estuvo en algo más del 43,5 % y los votos nulos llegaron a más de los 42 mil.

A Rodolfo Hernández poco le sirvieron los apoyos de figuras como Carlos Amaya, quien gobernó Boyacá; Catalina Ortiz, representante a la Cámara por el Valle del Cauca y quien suena como posible candidata a la Alcaldía de Cali, o los hermanos Galán en Bogotá. En Boyacá, recibió 378.899 votos, 57.854 más de los que obtuvo en la primera vuelta. En el Valle, donde recibió 329.898 apoyo el pasado 29 de mayo, obtuvo 695.059 sufragios en segunda vuelta, por lo que se deduce que no todos los que acompañaron a Federico Gutiérrez estuvieron con él, pues allí el exalcalde de Medellín sacó 414.439 votos.

En Bogotá, la plaza electoral más importante del país, el exalcalde de Bucaramanga sacó 1,4 millones de votos. En primera vuelta había obtenido 833.016, a los se sumaron los 723.538 que le dieron a Gutiérrez. Por otro lado, todo indica que los casi 300 mil apoyos que le dieron a Sergio Fajardo en primera vuelta se decidieron por el hoy presidente electo, Gustavo Petro, que pasó de tener 1,7 millones en primera vuelta a más de 2,2 millones de votos en la segunda.

En el año 2012 recibí las llaves de la ciudad de Bogotá de manos de su alcalde. Supuso para mí un inmenso honor en un momento especialmente duro de mi vida profesional. En el acto también estuvieron presentes, de forma principal, el presidente Juan Manuel Santos, el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y el fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo, al dar, estos, el visto bueno a mi incorporación como asesor a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz.

Bogotá, siguiendo la terminología derivada de la antigua civilización muisca, tiene varias acepciones. Yo me quedo con la que creo más la significa: “la dama de la montaña que resplandece”. No sé si pueden imaginar lo que significa para alguien tan ligado como yo a la pelea por los acuerdos de paz de Colombia, contar con el honor excepcional de recibir ese galardón. El regidor que me lo entregó tuvo un complejo mandato, siendo destituido de su cargo tras la desprivatización de la recogida de basuras para luego ser restituido por sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El alcalde se llamaba Gustavo Petro, obtuvo sus mejores éxitos en educación y salud y desde el consistorio saltó al escenario nacional y se convertiría en un referente de la izquierda.

Diez años después me encuentro de nuevo en Bogotá, en circunstancias diferentes. Acudo junto a mi compañera de vida, Dolores Delgado, a la toma de posesión de Gustavo Petro, que ha recorrido un camino largo desde su despacho municipal de entonces. Este domingo, el revolucionario que formó parte de la guerrilla Movimiento 19 de abril (M-19) asumía la realidad de ser el primer presidente de izquierdas de Colombia. Con él, Francia Márquez, su vicepresidenta, que va a revolucionar el papel de la mujer, de la indígena, de la afroamericana de los y las invisibles en su país.

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Esta nación querida tiene ahora un gobierno progresista. Ello supone la continuación de los esfuerzos por la paz que omitió el gobierno anterior de Iván Duque; la implementación de un modelo solidario de desarrollo y un impulso para la reactivación de Latinoamérica, reactivación que podrá potenciarse aún más en la región, si en octubre las urnas dan la victoria a Luz Inácio Lula da Silva para la presidencia de Brasil frente al ultraderechista actual mandatario, Jair Bolsonaro. Se auguran tiempos de ejercer políticas por los más vulnerables, de respeto por los pueblos originarios; de diálogo, de paz. De cuidados hacia la madre tierra. Tiempos en que los pueblos originarios, campesinos y afrodescendientes reciban el trato debido a sus derechos ancestrales, tantas veces olvidados.

La esperanza

Del juramento de Petro han sido testigos numerosos jefes de Estado y primeros ministros de otros países, entre ellos el rey de España. Fuera del boato oficial, lo más emotivo es la esperanza de la ciudadanía. Colombia ya dio su opinión con el acuerdo con las Farc en 2016, con las elecciones presidenciales de 2018 en las que el hoy presidente quedó segundo y en el ambiente que traducían las protestas de los años 2019 y 2021 que denotaban hastío de la política conservadora y de la corrupción.

El proceso de paz en Colombia salió adelante aun cuando a los narcos no les interesaba que así fuera. Los documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos en 2018 apuntaban a que el senador, y presidente de Colombia de 2002 a 2010, Álvaro Uribe, había sido acusado varias veces por diplomáticos estadounidenses a causa de supuestos vínculos con el narcotráfico en los años noventa. La embajada de EE. UU. en Bogotá remitió una lista de políticos colombianos “sospechosos de tener vínculos con el narcotráfico”. La lista se dividía en dos secciones: «los narco-políticos», que eran «políticos con sólidas historias» de relación con el narcotráfico, y «los posibles narco-políticos», que eran sospechosos de tener lazos con el tráfico de drogas, aunque no estaban comprobados. Así eran las cosas. Y con ello tendrá que lidiar el presidente Petro.

Izquierda en el gobierno

La coalición progresista lo va a tener muy difícil para superar todos los obstáculos que afrontará en ámbitos como el del medio ambiente, en el que se necesitan fórmulas más respetuosas con la naturaleza y más combativas con el extractivismo, la mineria ilegal, el cambio energético, eliminando la dependencia del carbón y del petróleo. Es decir, una política medioambiental ambiciosa para una transición energética que saque a Colombia de la dependencia de los combustibles fósiles.

Los caminos por los que piensa avanzar Petro discurrirán por la senda del acuerdo, por un pacto nacional que incluya a quienes no votaron por él. Reto importante que incluye una suma de voluntades que, hoy por hoy, no existe en Colombia. En su ejecutivo hay conservadores como Álvaro Leyva, quien conoce bien las negociaciones con los guerrilleros, o Cecilia López, que desde la cartera de Agricultura tendrá que desarrollar la imprescindible reforma agraria. En la ONU ha situado a un símbolo: Leonor Zalabata, indígena y diplomática. La mayoría que detenta en el Congreso le permitirá a abordar la inaplazable y necesaria reforma tributaria que se centrará en los mayores contribuyentes y en aquellos que evaden capitales.

El sociólogo y jurista portugués Boaventura de Sousa Santos destaca, en un artículo publicado a finales de junio, que Petro y Francia buscan movilizar a la sociedad colombiana como sociedad cuidadora que reconozca y recompense el trabajo de cuidado de las mujeres, establezca una nueva relación entre la sociedad y la naturaleza que priorice la defensa de la vida sobre los intereses económicos; promueva la transición energética y democratice el conocimiento ambiental. Añade que “se trata de pasar de una economía extractivista a una economía productiva que disminuya la desigualdad en la propiedad y el uso de la tierra mediante una reforma agraria que de acceso al uso del agua y transforme el mundo rural colombiano como pieza clave de la justicia social y ambiental…”. En cuanto al conflicto armado hace hincapié en el respeto a las víctimas y la necesidad “de estimular una política de convivencia pacífica y reconciliación”.

La guerra marca

Falta hace, porque 60 años de guerra han marcado a la población. Un cuarto de millón de muertos, decenas de miles de desaparecidos… La Comisión de la Verdad presentó el informe final concluido en junio, después de tres años de trabajo. Su presidente, el jesuita Francisco de Roux, expuso con confianza y optimismo algunas conclusiones que deben servir para un debate en profundidad. Cambiar la idea del enemigo -todo el que no esté conmigo- de las fuerzas de seguridad; transformar la mentalidad del Ejército en la protección de las personas y las infraestructuras; separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa… Teniendo en cuenta al narcotráfico, que ocupó “un lugar político, económico, militar y territorial”, interviniendo en el conflicto en ambos lados. El informe llama a negociar la paz completa con el Eln, última guerrilla activa que, a su vez, se dice dispuesta a escuchar y avanzar. El propio Petro se ha mostrado dispuesto a tender puentes.

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Mientras este documento veía la luz, el diario El País entrevistaba al ya candidato electo quien decía:

“Si yo fallo, vienen las tinieblas que arrasarán con todo; yo no puedo fallar”.

“¿A qué tinieblas se refiere?” preguntó el periodista.

Respondía Petro:

“Hemos lanzado un desafío formidable. Era poco probable que yo pudiera llegar vivo al final del proceso electoral. Y ahora, si mi gobierno establece las condiciones de la transición, lo que sigue es una nueva era. Y si fracasamos, lo que viene, por ley física, es la reacción. Y una reacción de la que Uribe no es el protagonista. Los ciclos vitales cambian. Hay círculos organizándose alrededor del fascismo. No los vamos a agredir, por ahora, nada de eso, sino que vamos a tener en cuenta que esto está pasando”.

Terrible responsabilidad, no menos aterradora que ese futuro que vislumbra el gobernante colombiano como una realidad inminente. Las fuerzas del mal tienden a aliarse y no es Colombia país ajeno a que se abran los infiernos y a que la violencia, no extinguida, repunte contra cualquier colectivo. A Petro la prudencia le pedirá equilibro para impartir justicia sin que prime la impunidad y sin que la violencia tome la palabra.

La espada de Bolívar

El domingo 7 de agosto, bajo un sol de justicia y ante miles de personas, en la emblemática Plaza de Bolívar, la toma de posesión de Gustavo Petro fue emocionante, vibrante e intensa con momentos inesperados, que marcan el cambio de rumbo en el que se embarca el nuevo mandatario.

Dio la orden: “Como presidente, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar”. Se trataba de la orden del mandato popular. El acto se interrumpió por 30 minutos hasta la llegada de la espada en una urna de cristal, custodiada por guardias uniformados con traje de gala, en presencia de la senadora María José Pizarro (hija de Carlos Pizarro, lider del M19 asesinado en 1990 por un sicario, con posibles implicaciones en el hecho del aparato del Estado y paramilitares, cuando fungía como candidato presidencial por la Alianza Democrática M19), quien momentos antes le había impuesto la banda presidencial. Entonces, no solo hubo un estallido de júbilo, sino que también las lágrimas abundaron y el canto de “alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina“ llenó la plaza y las gargantas de toda Colombia.

Sin embargo, algunos líderes demuestran una preocupante cortedad de miras y una desconsideración histórica hacia quienes forjaron la independencia de este pueblo, como le ha ocurrido al presidente saliente, Iván Duque, que, en un último intento agónico de su mandato, se negó a que aquel símbolo de unión latinoamericana se incorporara desde el principio a la ceremonia. U otros, que no honran los símbolos y no prevén los efectos de su omisión. Desde este momento, el presidente Petro, de esta forma tan alegórica, mandó un mensaje de firmeza a los mandos militares, y después conciliador -pero exigente- de sumisión constitucional, irrestricta.

La enumeración de sus “diez mandamientos” para su gobierno especifican una política progresista que revolucionará su país y será ejemplo para toda una región respecto de la cual llamó a la unidad, a modo de una Unión Europea latinoamericana que aglutine los esfuerzos de tantos hombres y mujeres que, desde Latinoamérica y desde fuera, físicamente, pero dentro del corazón, luchamos por el concepto de Patria Grande.

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El 7 de agosto de 2022 será una fecha inolvidable. Cuando abracé a María José Pizarro, sentí toda la fuerza de su padre, cuya imagen llevaba impresa en la espalda, y sentí que nos miraba y aprobaba lo que allí estaba sucediendo. Gobierno paritario; defensa de los más vulnerables y de los derechos de los pueblos originarios, campesinos y afrodescendientes; nueva política fiscal, redistribución de las riquezas; nueva política agraria; nueva política antidrogas, valiente y compleja; nueva política sobre medio ambiente, exigiendo responsabilidades a los países contaminantes; paz, en el más amplio sentido de la expresión; verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición; dialogo integrador y sin exclusiones fueron algunos de los puntos que resaltaron.

Fue al llegar a la plaza y oír a un grupo de jóvenes que, apretujados en primera línea, me identificaron cuando caminaba de la mano de Dolores Delgado -“juez Garzón, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, ¡sí se puede!”- sentimos emoción y una sinergia especial. Fuimos conscientes de que algo estaba cambiado definitivamente en Colombia, y nosotros, cada uno en nuestra esfera, estábamos allí y con ello renunciamos a la indiferencia y asumimos un compromiso de contribuir a que, al menos por esta vez, triunfen los que siempre pierden y que la frase indeleble en estas tierras americanas de “el pueblo unido jamás será vencido” sea una realidad para siempre.

En medio de todo este conjunto de emociones, estrechando manos, repartiendo abrazos, besos y escuchando aplausos, no podía menos que recordar mientras se desarrollaba el acto, solemne y jubiloso, algunas frases de la canción dedicada a quienes trabajan a diario para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, Empezar una vez más:

“…Vamos a cambiar la realidad

Que esto no vuelva a pasar

Construyendo un nuevo mundo

Empezar una vez más.

Quitar la venda del dolor

Sin olvidar lo que paso

Coraje para transformar

Respirar

Volver a empezar.

Construir algo distinto

Depende de nosotros mismos

Mirarme en el espejo y reconocer

Que de mis cenizas puedo renacer.”

En el mismo lugar en el que me entregó las llaves de la Ciudad de Bogotá en 2012, Gustavo Petro recibió este 7 de agosto de 2022 las llaves de Colombia. Se las entregó el pueblo que quiere iniciar algo nuevo y edificar un país mejor, diferente y en el que la vida en paz sea posible. Que así sea.

* Jurista.

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El equipo de Gustavo Petro comentaba con cierto orgullo que le habían madrugado a los primeros nombramientos para ocupar los distintos ministerios del Ejecutivo. Sacaban pecho y decían que mientras Iván Duque comenzó la tarea el 11 de julio, el electo presidente hizo los primeros anuncios el 25 de junio.

Ese día se comunicó a la opinión pública que Álvaro Leyva sería el nuevo canciller, un claro mensaje de que la nueva administración le apostaría a la paz. Luego, el 28 de junio, se anunció a José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda. El anuncio tenía la intención de traer un parte de tranquilidad a los mercados, que vieron con cierto recelo la victoria de Gustavo Petro y algunas de sus políticas como la de suspender de tajo la exploración petrolera en el país desde el siete de agosto.

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Estos nombramientos fueron seguidos por los de Patricia Ariza (Cultura), Cecilia López (Agricultura), Susana Muhamad (Ambiente) y Carolina Corcho (Salud). Todos estos anuncios llegaron empezando julio, por lo que se pensaba que varias semanas antes de la posesión se tendría un listado completo de los que acompañarían a Gustavo Petro en su gobierno, o al menos en sus primeros meses.

Sin embargo, la designación de ministerios sufrió una ralentización en los siguientes días y solo vinieron a conocerse los nombramientos de Alejandro Gaviria, como ministro de Educación, e Iván Velásquez, como ministro de Defensa. Es más, quedan dos días para la posesión y aún quedan por surtir los nombramientos de diez ministerios y la dirección del Departamento Administrativo de Presidencia.

Mientras que en un principio el equipo de Gustavo Petro sacaba pecho por haberle cogido la delantera a Iván Duque, ahora es preciso decir que el saliente mandatario les sacó ventaja si se compara a la labor hecha en 2018. El 25 de julio de hace cuatro años ya se sabía todo el gabinete presidencial.

Todo parece indicar que Gustavo Petro ha tenido más dificultades en confeccionar su gabinete de lo que se esperaba inicialmente. Se suponía que los que lideraban el empalme con las diferentes carteras eran los más seguros ministros, pero no ha sido así del todo. Está el caso de Iván Velásquez. Este no lideró el empalme con el sector defensa, lo hizo el general (r) de la Policía William Salamanca. Sin embargo, al final, el mandatario electo se decantó por Velásquez.

Por otro lado, el presidente tampoco habría tenido fácil tratar de conciliar los intereses de los partidos de la bancada de gobierno. En el reparto de carteras le habría correspondido al Partido Liberal la de Vivienda. Los del trapo rojo habrían entregado la hoja de vida del exrepresentante José Luis Correa, pero esta fue rechazada ante su falta de experiencia en el sector.

Por los lados del Ministerio de Justicia, la situación pasa por la controversia con Guillermo Reyes. Este sería cuota del nuevo presidente conservador, Carlos Andrés Trujillo. De haberse cumplido la regla de líder de empalme es sinónimo de ministro, Reyes habría sido el más seguro ocupante de la cartera de la Justicia. Sin embargo, el escándalo por presunto plagio y su cercanía con el uribismo habrían afectado en gran manera su designación. No obstante, aún estaría sonando como posible cuota conservadora en el Ministerio de Transporte.

Por otro lado, esta semana se conoció que el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández sonaba como ministro de Justicia. Luego este confirmó el ofrecimiento, pero señaló que había rechazado dicha designación debido a condiciones de salud que se lo impedían.

Hernández no habría sido el único que declinó un ofrecimiento de Gustavo Petro. Cercanos al presidente electo comentaron que han sido varios los que han dicho que no a pertenecer al gabinete del presidente electo, esta sería una de las razones por las que todavía no se han surtido todos los cargos. La intención de tener un gabinete con los mejores nombres también sería una de las causas que se esté a dos días del siete de agosto y no se sepa los nombres de más de la mitad de los ministros que gobernarán con el primer presidente de izquierda del país.

Quedan cinco días para que el nuevo Congreso se posesione y, al día de hoy, ningún representante a la Cámara por Antioquia tiene su credencial. El que nadie cuente con el documento que confirme su elección se debe a la demora del Consejo Nacional Electoral (CNE) en resolver las apelaciones y quejas, que son más de 2.000 a nivel nacional, pero hay una reclamación en particular que tiene en pausa la circunscripción del departamento.

En Antioquia hay una disputa por la curul 17 entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico. En el preconteo, el uribismo, en cabeza de John Jairo Berrío, salía como el ganador de ese último escaño. Sin embargo, durante el escrutinio departamental se encontraron más de 32.000 votos para la coalición de izquierda. Con ese resultado, el Pacto no tendría dos sino tres curules en Antioquia, siendo esta última de Luz María Múnera.

>LEA: Pacto Histórico alerta sobre supuesta irregularidad de curul en Antioquia

Como pasó a escala nacional, donde hubo una diferencia de un millón de votos entre el preconteo y los escrutinios, en Antioquia se encontraron diferencias en la formulación de los E-14 claveros (diligenciados por los jurados de votación tras finalizado el preconteo) y E-24 (diligenciados por las comisiones escrutadoras municipales o zonales con base en el E-14, recuentos y reclamaciones) por parte de la Comisión Escrutadora Departamental. A la hora de hacer la corrección en el software de la Registraduría, la Comisión alertó problemas en los datos del Pacto Histórico.

La Comisión Escrutadora Departamental concluyó su tarea con dicha alerta consignada en la Resolución 001A del 26 de marzo de 2022. El proceso pasó al CNE para finalizar los escrutinios generales, terminar de resolver las reclamaciones (entre ellas una de Berrío y otras del Centro Democrático), corregir los cómputos en las E-24 y E-26 (pendiente resaltado en la resolución) y entregar las credenciales. Para esto se comisionó a los magistrados Renato Contreras y Nelson Polanía.

Solo hasta el 5 de mayo, estos convocaron a audiencia pública para el 9 de ese mes. Durante ese lapso, el abogado de Múnera, Jairo Corzo, pidió en tres ocasiones el cumplimiento de la resolución de la Comisión Departamental (montar los datos al software y corregir las diferencias en los formularios), solicitudes que no tuvieron eco, según denuncia, y que tampoco generó efecto durante la audiencia, que no tuvo presencia de un delegado de la Procuraduría, ni del resto de magistrados del CNE, y fue “suspendida abruptamente sin indicar fecha de reanudación”, se lee en una tutela que presentaron Múnera y Corzo exigiendo su continuidad para resolver las reclamaciones y solicitudes, y declarar la elección por Antioquia.

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Durante una rueda de prensa, los dos denunciaron que, a la fecha, no se ha reiniciado dicha audiencia, con el agravante de que la ponencia que presentará este viernes Contreras, cercano al Centro Democrático, y Polanía, favorece a John Jairo Berrío, luego de exigir la apertura de unas mesas que supuestamente no corresponden a las mismas que este solicitó revisar y en las que le dan la ventaja a él sobre la candidata del Pacto Histórico. Actuación que del lado de Múnera declaran de ilegal, porque no habría sido con transparencia y publicidad. Mientras tanto, Berrío señala que esperará la decisión del tribunal electoral, confiando en la actuación de los magistrados y las pruebas que allegó en sus reclamaciones, en las que insiste que no se le han reconocido 497 votos de 1.552 en Medellín y 5.300 en todo el departamento, y que apeló en las instancias respectivas.

Además de los detalles del proceso de escrutinio en Antioquia, la pelea por la curul pasa por un debate jurídico. De acuerdo con lo que estaría en la ponencia que se estudiará este viernes, no solo se entraron a revisar las urnas que tenían reclamaciones, como le corresponde al CNE, sino que se entró a hacer un saneamiento electoral de otros votos para definir si la curul iría para el Centro Democrático o el Pacto Histórico. Según el texto radicado, dicha revisión habría dado como ganador al candidato del uribismo. Sin embargo, la disputa viene sobre la conveniencia que hay sobre dicho saneamiento y sobre la potestad que tendrían los magistrados para hacer dicha revisión sobre los votos que no tenían reclamación alguna.

De acuerdo con la Constitución, específicamente el artículo 265, el CNE puede “de oficio, o por solicitud, revisar escrutinios y los documentos electorales concernientes a cualquiera de las etapas del proceso administrativo de elección con el objeto de que se garantice la verdad de los resultados”. Bajo este apartado se fundamentó la labor hecha por Contreras, por lo que se podría decir que tiene justificación constitucional. No obstante, la molestia viene en que esta función del tribunal electoral no ha sido ejercida debido a la falta de una ley estatutaria que reglamente la forma en que se puede llevar a cabo dicha competencia y no hay actualmente un mecanismo que permita desempeñarla, por lo que normalmente el CNE solo actúa sobre las urnas con reclamaciones -situación que sí está reglamentada-. Esto ha llevado a sembrar dudas sobre la ponencia.

Ante la controversia, El Espectador consultó al magistrado Contreras, que se abstuvo de hacer comentarios debido a una posible recusación en su contra. Sin embargo, sí cuestionó que se conociera la intención de su ponencia, que aún estaría bajo la reserva del proceso: “No debería ser normal que personas por fuera se refieran a su contenido, este es reservado y nadie debería comentar por fuera del tribunal”. Otros sectores en el interior del CNE han expresado su clara oposición a la ponencia bajo el argumento de que “la justicia electoral es rogada -por petición- y no se pueden tomar decisiones de oficio”. Aunque reconocen lo que dicen el artículo 265 de la Constitución, señalan que el Consejo de Estado ya hizo claridad en que no se pueden tomar decisiones de oficio “hasta que no se reglamente mediante ley estatutaria”. Algunos más han comentado que la intención sería salvar el voto ante la postura asumida.

Por fuera del tribunal electoral la visión tampoco ha sido la mejor frente a lo que sería el proyecto de fallo de Contreras. A ojos del exmagistrado del CNE Armando Novoa, si bien hay una competencia en la Constitución frente a “establecer la verdad de los escrutinios”, lo que incluye de oficio revisar los documentos electorales, el problema pasa por la falta de regulación de la competencia. A esto, agrega que el mayor problema viene de que el Consejo Nacional Electoral tiene una composición partidista, por lo que este mecanismo puede terminar siendo usado “para beneficiar al partido que lo nominó”, si no se tiene definido un procedimiento. Este sería el tema con Contreras, que llegó al tribunal como ficha del Centro Democrático. “Él no puede de oficio activar esa competencia cuando al hacerlo beneficia al partido que lo postuló”, expresó Novoa, y agregó: “Este tema vuelve a corroborar los problemas que se derivan de que el CNE tenga un origen partidista. Ese magistrado debería quedarse impedido o llevar la situación a la sala para que tome la decisión”. Así las cosas, mientras se resuelve el debate jurídico-político, en el limbo quedan los representantes electos por Antioquia, sus derechos políticos y el de todo un departamento a la expectativa de que sus congresistas se posesionen.

La lista de empalme de Gustavo Petro tiene varios nombres polémicos. A varios les han caído críticas, pero ninguno ha sido tan resistido como Guillermo Reyes. Las primeras críticas se dieron porque supuestamente este incurrió en plagio de algunos textos del fallecido jurista Juan Fernando Jaramillo, fundador de Dejusticia.

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Ahora, los cuestionamientos vienen de múltiples organizaciones sociales como el MOVICE, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Independencia de la Justicia, entre otras. A través de una carta, dichas organizaciones expresaron que “vemos con suma preocupación” la designación de Guillermo Reyes, que lo tendría ad portas de ser ministro de Justicia.

“Teniendo en cuenta que quienes integran el equipo de empalme son también personas con altas posibilidades de posicionarse posteriormente en los ministerios correspondientes, nos parece necesario señalar la gravedad de que el nombre de Guillermo Reyes sea incluido”, comentaron las organizaciones sociales.

De acuerdo con las firmantes, parte de las preocupaciones vienen de que el jurista fue viceministro de Justicia en el gobierno Uribe. Además, destacaron que fue una ficha conservadora que llegó al cargo como parte de las componendas por haber votado afirmativamente la reelección.

Puede ver: Los nombres que generan reservas en el equipo de empalme de Petro

Como parte de los cuestionamientos, la misiva expresa que durante su paso por el Ministerio de Interior y Justicia, Reyes “promovió varias medidas punitivistas y se opuso al proyecto inicial de la ley de víctimas”, incluyendo el reconocimiento y reparación de estas. A esto agregaron que hubo investigaciones sobre el Partido Conservador que dejan mal parado al encargado del empalme en la cartera de Justicia.

Además de expresar reservas por las posiciones asumidas como viceministro, los autores de la carta retoman los escándalos por posible plagio para decir que cuestionan “el carácter ético de su accionar”. A renglón seguido señalan que “su presencia preocupante” debido a “las ideas de justicia que representa”. Supuestamente implicaría un mensaje contrario a la lucha contra la corrupción y un apoyo a ideas contraria a la justicia transicional.

Por todas las razones expuestas anteriormente, las organizaciones pidieron que “se replantee el nombramiento de Guillermo Reyes tanto del equipo de empalme como de cualquier posibilidad de vincularlo a cargos públicos durante su gobierno”. De esta forma, Reyes se convierte en un problema para Gustavo Petro a más de un mes de asumir la presidencia.

La pelea por la presidencia del Senado se zanjó con un guiño de Gustavo Petro a favor de Roy Barreras, pero en Cámara la disputa por el mismo cargo no ha podido superarse. Actualmente hay tres fuerzas que se han movido para quedarse con la máxima dignidad de la segunda corporación del Congreso: Partido Liberal, Pacto Histórico y la Alianza Verde.

Los primeros dos están respaldados por la caudalosa votación que lograron en las elecciones de 2022, tuvieron la primera y la segunda mayor cantidad de curules, respectivamente. Por el lado de los Verdes, que nominaron a Katherine Miranda como su candidata, la situación pasa por un juego de alianzas donde ya ha ganado el apoyo de algunos de los partidos de centro.

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Hasta hace unos días se venía hablando de la candidatura de Katherine Miranda y David Racero como los dos posibles presidentes de la Cámara. Sin embargo, en la contienda apareció reclamando sus derechos los liberales. De esta manera, los tres partidos que hacen parte de la bancada de Gobierno están buscando ser los que ocupen la presidencia de la Cámara en el primer año del mandato de Gustavo Petro.

Por el lado de los liberales, estos comentan que por sí solos tienen la votación mayoritaria que los haría merecedores de la presidencia. Mientras que el Pacto Histórico tendría alrededor de 25 curules, los liberales sacaron cerca de 32, sin tener en cuenta los números finales del escrutinio. Con estos resultados, la mayoría la tendría la colectividad del trapo rojo.

Sin embargo, los números del Pacto crecerían exponencialmente si se le suman los apoyos de Comunes y de las curules de las víctimas, que decidieron actuar como una bancada. De esta forma, pasarían a tener los mayores números para poner presidente. Por eso reclaman la presidencia para sí. Sin embargo, está también el asunto de que Roy Barreras, del Pacto Histórico, será el presidente del Senado. Varios representantes liberales consultados insisten en que no puede haber dos presidencias del Pacto al mismo tiempo

“Los números acompañados de las reglas tradicionales dan para que los liberales tengamos la presidencia”, expresó el representante Juan Carlos Losada, que añadió: “Es extraño que un partido tenga presidencia de Senado y Cámara. Me parece que la gente del Pacto está peleando para que sea así, pero pierde su sentido el orden bicameral”.

En los liberales reconocen que la coalición del Pacto sería la mayor si se le unen Comunes y las víctimas, pero aún así señalan que son ellos los que deberían tener la presidencia por mera lógica de la cantidad de votos con los que cuentan. “La coalición está entre Pacto, liberales y verdes. En esa lógica el que tiene la bancada mayoritaria son los liberales. Es que los números dictan”, expresó Losada.

Sin embargo, desde el Pacto Histórico, a través de David Racero, insisten en que son el bloque más grande y por eso consideran que deben ser los que asuman la presidencia. Sin embargo, las negociaciones por esta dignidad estarían congeladas, señaló Racero, que aseguró que el 12 de julio volverían a reunirse los compromisarios para definir quién asumirá la presidencia de la Cámara.

Además de Racero, la que más se ha movido por este cargo ha sido la representante Katherine Miranda. Esta fue reconocida por su partido como la candidata de estos para el cargo y ha recibido el guiño de distintos sectores. Por ejemplo, Luis Felipe Henao, de las entrañas de Cambio Radical, comentó que la presidencia de la representante bogotana de esta “daría garantías a todos los partidos políticos. Es un buen mensaje de equilibrio en el Congreso”.

Los partidos de centro (Dignidad, Partido Verde Oxígeno y Nuevo Liberalismo), que suman cuatro curules de forma independiente, también dieron sus apoyos a Miranda: “La representante reúne las mejores calidades para ser presidenta de la Cámara, durante su paso por el Congreso ha sido elegida como una de las mejores congresistas del país por tres años consecutivos”.

Miranda reconoce que no tiene los números a favor en comparación a Liberales y el Pacto, pero confía en un guiño de Gustavo Petro que termine decantando su candidatura y que se llegue a un acuerdo para que los liberales asuman la presidencia en el segundo año del periodo 2022-2026.

A falta de 12 días para que se vuelvan a reunir los compromisarios de la Cámara para repartirse las dignidades, la definición de la presidencia se debería dar a través de un acuerdo. Los liberales tendrán que ver si deciden dejar su aspiración a favor del Pacto a cambio de alguna otra dignidad en comisión o un trato más favorable en la repartición de escaños en las comisiones. Esta negociación sería la que puede desbloquear la presidencia de David Racero e incluso la de Katherine Miranda.

Para los liberales, la negociación la harán las dos fuerzas mayoritarias y el resto depende de lo que decidan. Tanto así que una posible presidencia de la Alianza Verde depende de que el Pacto quedara con la presidencia en el primer año y, a su vez, estos decidieran cederla al partido de Miranda, un hecho que ven bastante difícil. No solo es la importancia de la dignidad, sino que supuestamente Miranda no tiene tanta aceptación en algunas fuerzas.

En caso de quedarse la presidencia los liberales, esta colectividad no tiene un candidato único, contrario a lo que ocurre en el Pacto y los Verdes. En los del trapo rojo se estarían moviendo Álvaro Monedero, Carlos Ardila, Julián Peinado, Juan Carlos Losada y Andrés Calle. Estos últimos apoyaron a Gustavo Petro, lo que los pondría en ventaja. Sin embargo, Losada no tendría tanta aceptación en su bancada por diferencias que ha expresado en distintos momentos.

Después de varias semanas de su aprobación, el presidente Iván Duque firmó la ley que consagró la justicia virtual en el país. De esta manera, desde este jueves, los medios electrónicos son los que primarán en la impartición de todos los sectores de la justicia, incluyendo el penal. También se firmó el estatuto de conciliación.

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Según el saliente primer mandatario, su mandato ha sido en el que “se ha emprendido el mayor número de reformas que tengan que ver con la Justicia”. Durante la promulgación de ambas leyes, aprobadas en las últimas semanas de funciones del Congreso 2018-2022, Duque destacó que fueron sacadas adelante en sinergia con las tres ramas del poder público. Esto debido a que fueron iniciativas del Ejecutivo y la rama Judicial y fueron aprobadas sin mayores contratiempos por el Legislativo.

Vale recordar que la ley de justicia virtual es una adaptación del decreto 806 de 2020, con el que el primer mandatario consagró los medios virtuales para la justicia mientras la contingencia por la pandemia del COVID-19. Ante el éxito que implicó la virtualidad, fue la propia rama judicial la que insistió en que se convirtiera en ley permanente dicho decreto legislativo.

Fue por eso que el primer mandatario hizo énfasis este jueves que “fuimos de los pocos países en Suramérica donde no hubo una parálisis del sistema judicial ni siquiera un solo día. Hubo una adaptación rápida a la virtualidad, al trabajo remoto y creo que al recoger esa experiencia y convertir las decisiones de virtualidad en decisiones estructurales, estamos mostrando la resiliencia y solvencia institucional de Colombia”.

Puede ver: La justicia virtual y la premura para que sea ley

Con la firma del presidente, la virtualidad en la justicia entra en funciones oficialmente. Se supone que el decreto 806 de 2020 solo tenía vigencia hasta el 4 de junio de 2022, por lo que varias de las diligencias de la justicia pasaron de nuevo a la presencialidad. Sin embargo, hubo sectores, como el penal, en el que se mantuvo la virtualidad como regla sin importar que no se había promulgado la ley.

Por otro lado, vale reseñar que esta ley contempla que gran parte de las diligencias legales, que incluyen audiencias, comunicaciones, envío de información y piezas procesales se puedan hacer a través de medios digitales y prevalezca estos canales sobre los físicos. Sin embargo, existe la excepción en la justicia penal, donde el juez tendrá mayor potestad para definir cuáles diligencias son presenciales y cuáles son a través de la virtualidad.

Este fue uno de los grandes debates que se dieron durante la aprobación de la justicia virtual. En un primer momento se pensó en la exclusión total de lo penal, ante la posible afectación del principio de mediación de la prueba -que implica que el juez y las partes tengan contacto directo con la prueba-. No obstante, se llegó al punto medio de que sea el juez el que decida la naturaleza de las distintas partes del proceso.

Este fin de semana se pronunciaron oficialmente el Partido de la U y la bancada parlamentaria del Partido Conservador sobre la posición que asumirán frente al gobierno del presidente electo, Gustavo Petro. Ambos dieron a entender en varios círculos políticos, incluyendo la bancada del Pacto Histórico, que serían oficialistas.

“Tenemos mucha expectativa, porque ellos, sobre todo los conservadores, se han opuesto a varios proyectos nuestros porque las visiones de país son distintas”, expresó Gustavo Bolívar a este diario. La movida es más que llamativa, pues ambas colectividades pasarían de ser afines al gobierno Duque a serlo del de Petro, sin importar la clara diferencia ideológica. Ello dejaría a la administración entrante con una aplanadora legislativa, pues tendría al menos 206 curules de las casi 300 que habrá en la próxima legislatura. Nunca un gobierno, ni siquiera el de Álvaro Uribe, había tenido una fuerza de tal magnitud.

Sin embargo, el panorama para Petro parece que no será tan favorable como se ha llegado a plantear. La U y los conservadores quitaron fuerza después a sus pronunciamientos, aclarando que en ningún momento han asumido una posición de ser partidos de gobierno, aunque por ahora tampoco serán de oposición. Aun así, este último punto es de suma importancia para el futuro gobierno, pues se reduciría a casi el mínimo la expresión opositora en el Congreso. Hasta el momento, solo estaría el Centro Democrático en esa orilla y aún allí el expresidente Uribe anunció, tras reunirse ayer con Petro, que apoyarán los proyectos que beneficien al país, en una “oposición razonable” en los temas que discrepen.

En el caso de Cambio Radical, no hay una definición aún, e incluso algunas de sus fichas fuertes han tratado de moverse para conseguir la declaración de oposición, pero tiene otros que buscan colaborar con el nuevo gobierno, por lo que la independencia sería lo más cercano. De hecho, su líder natural, Germán Vargas Lleras, se reunió también el martes pasado con Petro.

Aun con estas dos fuerzas posiblemente en contra, lo cierto es que el panorama es bastante favorable para el presidente electo en su primer año de Congreso, aunque es poco probable que consiga la aplanadora que se llegó a sugerir el fin de semana. Las adhesiones que ha tenido a su bancada son las de la Alianza Verde, más que esperada ante el apoyo que le brindaron gran parte de sus miembros en primera y segunda vueltas, y la de los liberales, que llegaron casi empujados por varios legisladores que enviaron cartas al director del partido, César Gaviria, exigiendo que se declararan de gobierno ante la debacle que implicó apoyar al perdedor en primera y segunda vueltas.

Eso sí, en la U y los conservadores el panorama no es tan claro sobre cómo abordarán su relación con el próximo gobierno. Por lo visto, todo apunta a que serán independientes, pero no se puede negar que hay reservas y posiciones en contra de Gustavo Petro que se acentuaron en la campaña.

El sábado, en un comunicado firmado por la presidenta de la colectividad, Dilian Francisca Toro, se dieron señales de una supuesta llegada a la bancada gobiernista. “Luego de reunión de bancada electa de congresistas, se ha decidido ser parte de la coalición parlamentaria del gobierno electo para elección de las mesas directivas de las diferentes comisiones de Senado y Cámara de Representantes, esto en aras de trabajar por la construcción de acuerdos y consensos en la búsqueda de iniciativas que contribuyan al bienestar de los colombianos, el desarrollo y la construcción de país”, reza el escrito. Pero a renglón seguido se dice que no se ha tomado una postura sobre el gobierno y solo se descartó la oposición. La comunicación, aunque clara en su intención, fue interpretada en varios sectores como una llegada de la U directamente a la bancada oficialista debido a que llegan a la repartición de dignidades como colectividad oficialista.

No obstante, varios miembros han aclarado que de ninguna manera han anunciado ser partido de gobierno y buena parte de los miembros de la colectividad estarían lejos de aceptar esta figura. “Hay un sentimiento mayoritario de que seamos independientes. Lo que decidieron ese día y anunciaron en el comunicado fue ser parte de la coalición mayoritaria legislativa, que está siendo liderada por el presidente Petro para poder definir las comisiones y mesas directivas”, expresó el senador Juan Felipe Lemos, uno de los compromisarios de la U, quien agregó: “No tiene sentido que vayamos a ser partido de gobierno, tenemos que dar un mensaje de seriedad”.

Lemos y otros miembros de la colectividad reconocen que ha habido reuniones con Roy Barreras y Dilian Francisca Toro, pero la bancada no se ha decantado por la línea gobiernista, que muchos de ellos rechazan ante sus diferencias con Petro. “El tema de independencia es apoyar lo que le convenga al país. Sin revanchismo y sin sectarismo. Servir de muro de contención”, concuerdan los consultados.

La situación en los conservadores es más compleja. Aunque estos aseguran que no tienen intención de ser partido de gobierno, una carta de los congresistas electos da a entender una cosa muy distinta, incluso entre miembros de sus propias filas. “No seremos partido de oposición y declaramos nuestro respaldo a la agenda legislativa que proponga el gobierno que inicia y que convenga a los colombianos”, se lee en la cuestionada carta firmada por más de 39 legisladores electos de dicha colectividad.

Para algunos conservadores, como Ómar Yepes, esta es una muestra de que la bancada legislativa quiere irse a ser partido de gobierno. Tanto ha sido el disgusto, que Yepes decidió renunciar a su cargo como director del partido. “El jueves entrego la carta de renuncia”, expresó, recalcando que es notoria la intención de estar del lado del gobierno Petro: “Les faltó aclarar entonces que lo que buscaban era ser independientes, allá solo hablan de apoyar la agenda de gobierno”.

Sin embargo, varios congresistas de la colectividad azul y que figuran entre los firmantes han tratado de aclarar su posición y aseguran que la intención es ir a la independencia. “El país quiere una transformación y la apoyaremos si esta no pisa las líneas rojas que son mínimas (libertad económica, garantías democráticas y otras)”, señaló el representante Armando Zabaraín. Por su parte, Yamil Arana, compromisario del partido, dio una versión parecida: “Hubo una reunión muy amena de Petro con el senador Carlos Trujillo, que tomó la vocería. Se invitó al partido a ser parte del acuerdo nacional, pero eso no incluye ser de gobierno. Vamos a ser críticos con lo que consideremos que no beneficie al país”. En este mismo sentido, Arana explicó que el asunto con Yepes pasa porque el director del partido hizo unas declaraciones diciendo que debían ser oposición, “pero lo hizo sin conocer nuestras posturas y el discurso del presidente electo. Nosotros no podemos ser indiferentes a la realidad de Colombia”.

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El presidente electo, Gustavo Petro, y el exmandatario Álvaro Uribe tuvieron un encuentro en la oficina del abogado Héctor Carvajal. El encuentro hacer parte del Gran Acuerdo Nacional anunciado por el ganador de las elecciones del 19 de junio.

Foto: Cortesía campaña Gustavo Petro

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La reunión entre Uribe y Petro comenzó pasadas las 10 de la mañana y contó con dos partes. La primera fase fue un encuentro privado entre los dos líderes políticos. Luego hubo integración de cercanos a ambos.

Foto: Cortesía campaña Gustavo Petro

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La reunión entre Uribe y Petro se dio gracias a una invitación del segundo, que anunció un diálogo nacional con los que han sido sus contrarios. Anteriormente se reunió con Rodolfo Hernández.

Foto: Cortesía campaña Gustavo Petro

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La primera parte del encuentro fue entre Petro y Uribe, para luego ser acompañados por cercanos. Entre los asistentes figuran Alfonso Prada, jefe de debate de la campaña presidencial de Petro; los senadores Ciro Ramírez y Alirio Barrera, este último también ex precandidato presidencial del Centro Democrático; Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático; y el representante Juan Fernando Espinal.

Foto: Cortesía campaña Gustavo Petro

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Aún no se conocen los temas de los que hablaron las representaciones Álvaro Uribe y Gustavo Petro. Sin embargo, es histórico que estén reunidos de forma personal ante las diferencias que históricamente han tenido. Se espera que a las 2 de la tarde, el expresidente Álvaro Uribe rinda una rueda de prensa dando un balance de la reunión.

Foto: Cortesía campaña Gustavo Petro

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Este martes se conoció los nombres de los que compondrán el equipo de Gustavo Petro para el empalme con el gobierno de Iván Duque. Varios de los nombres han sido cuestionados por distintas razones. Además del de la directora de la MOE, Alejandra Barrios, que aclaró que su colaboración será técnica y al margen del empalme, la controversia viene porque varios de ellos son allegados a los que le hicieron campaña o debido a dudas éticas y judiciales sobre algunos de ellos.

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Uno de los más cuestionados es Guillermo Reyes, que será la cabeza del empalme con el Ministerio de Justicia. Los primeros reparos vienen de que este fue viceministro de justicia durante el primer periodo de Álvaro Uribe y varios de sus enfoques sobre la justicia serían conservadores. Sin embargo, los mayores cuestionamientos son porque Reyes habría incurrido en plagio en distintas ocasiones.

Según reportó la Silla Vacía en 2015, cuando Reyes fue candidato a registrador, hubo múltiples evidencias de que este incurrió en plagio en sus tesis doctoral y en otros textos académicos. Sobre la tesis, este habría subsanado con una fe de erratas en la que achacaba el incidente a errores de edición.

Sin embargo, en cuanto a los otros textos académicos, hay elementos que indicarían que Reyes se apropió de las ideas de Juan Fernando Jaramillo, fallecido jurista que alcanzó a ser magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y fue uno de los fundadores de Dejusticia. De acuerdo con la Silla Vacía, Guillermo Reyes plagió al pie de la letra “cuatro capítulos completos de un artículo que Jaramillo había publicado seis años antes”. Los textos supuestamente plagiados fueron del artículo ‘Los órganos electorales supremos’ y fueron incluidos en el libro ‘El nuevo orden político y electoral en Colombia’, publicado en 2004.

Solo en 2007 se vino a conocer el supuesto plagio y todo se solucionó con una carta en la que se pidió que se subsanara el error. En 2014 habría vuelto a ocurrir un caso similar. Sin embargo, según registró el medio político, Reyes se escudó en ambas ocasiones en que se trataba de un error de edición y que nunca hubo intención de apropiarse de las ideas de Jaramillo. Precisamente uno de los hijos de este último fue el que cuestionó la inclusión de Reyes en el equipo de empalme, sobre todo porque el presidente electo, Gustavo Petro, dio a entender que los que estén en esta instancia pueden terminar siendo ministros en su administración.

Además de Reyes, los cuestionamientos vinieron por la inclusión de Carolina Corcho en el empalme del Ministerio de Salud. Esta ya había sido incluida en el equipo inicial de empalme y desde entonces ha sido cuestionada por algunas de la posiciones que tomó durante la pandemia, en la que incluso la señalaron por supuestamente incurrir en difusión de ‘fake news’. También ha sido controvertida su posición de buscar acabar con las EPS en el país.

En esta misma línea de cuestionamientos figura el nombre de César Manrique. Este fue gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad en el gobierno Petro en Bogotá. Fue durante su paso por esta cartera que se hizo la contratación de las motos eléctricas para la Policía. Este proceso causó un millonario detrimento al distrito y llevó a que Manrique fuera destituido y enfrentara un proceso penal. En un primer momento fue condenado, pero en segunda instancia fue absuelto.

Los otros reparos vienen debido a la cercanía de algunos de los escogidos para el empalme con los que participaron en la campaña. Por ejemplo, en la transición en el área de Inclusión Social se incluyeron a dos cercanas de los dos principales alfiles de Gustavo Petro en esta campaña. Roy Barreras y Armando Benedetti. Por el primero se incluyó a Gloria Arizabaleta, exesposa de Barreras que fue incluida en las listas de la Cámara del Pacto.

Por el segundo figura Ángela Benedetti, hermana del ahora excongresista. Esta última respondió a los cuestionamientos y reconoció que es hermana del cercano a Petro, pero sus méritos para estar en el empalme serían haber estado desde que fue concejal en las toldas petristas y ser abogada constitucionalista y defensora pública.

Entre los cercanos a Benedetti también figura Adelina Covo, actual suegra de este y quien estará en el equipo del sector Defensa. En este caso, el congresista respondió a los señalamientos diciendo que nada tiene que ver con el nombramiento de Covo, pues esta se encuentra en las toldas petristas desde antes que este llegara a reforzar el Pacto Histórico.

En el mismo camino de los cuestionamientos figura Adriana Barragán, esposa de Alfonso Prada, jefe de debate de Gustavo Petro. Barragán fue incluida en el equipo de Reyes para el empalme en el Ministerio de Justicia. Además de la clara cercanía con Prada, los cuestionamientos a Barragán vienen por las situaciones que se vivieron en el servicio postal público, 472, cuando esta fue su directora.

Además de los antes mencionado, también se pone en cuestionamiento la inclusión de Temístocles Ortega y Roosevelt Rodríguez en el empalme del sector justicia. En el caso de Ortega, quien fue hasta hace unos días senador y fue de los pocos de Cambio Radical que brindó su apoyo a la campaña petrista, tiene investigaciones en su contra. En sentido parecido las quejas van por el lado de Hugo (Ministerio de Vivienda) y Sebastián Guanumen (Ministerio de las TIC). Las críticas recaen sobre todo en el segundo nombramiento, puesto que este fue uno de los estrategas expuesto en los ‘petrovideos’. En estos se le ve hablando de supuestamente difundir ‘fake news’ y otras estrategias de campaña negra.

Justo después de recibir su credencial como presidente electo, Gustavo Petro hizo una invitación al expresidente Álvaro Uribe para reunirse. “Simbólicamente, he invitado a Rodolfo Hernández, mi contrincante, y a Álvaro Uribe Vélez, a quien me he opuesto durante todo este siglo, para que hablemos de temas de país”, expresó Gustavo Petro el 23 de junio. Un día después, el exmandatario dio el sí.

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El presidente electo ha venido cumpliendo con estas reuniones anunciadas y este miércoles será el turno de Álvaro Uribe. Fuentes cercanas al exmandatario y exsenador le confirmaron a El Espectador que el encuentro se llevará a cabo en el transcurso de la jornada del 29 de junio. Se sabe que es en Bogotá, pero aún no se ha confirmado hora o lugar. Tras el encuentro se espera que Uribe tenga una rueda de prensa en la sede del Centro Democrático para comentar sobre el diálogo con el sucesor de Iván Duque.

Por el lado del equipo de Gustavo Petro aún no se ha realizado ninguna confirmación de la reunión. Sin embargo, vale resaltar que el ganador de las presidenciales en primera y segunda vuelta ha venido adelantando en los últimos días encuentros con las distintas fuerzas políticas del país. Tan solo este martes se reunió con Rodolfo Hernández, su contendiente en la segunda ronda electoral, y el ex vicepresidente y líder natural de Cambio Radial, Germán Vargas Lleras.

Estos encuentros, sobre el de Álvaro Uribe, no tendrían como tal interés de buscar adhesiones a la bancada de gobierno, como han ocurrido con otros sectores como los liberales, sino que se estarían dando en el marco de lo que se denominó el “gran acuerdo nacional”. Esta instancia hace parte de la estrategia de tres pisos de gobierno de Gustavo Petro.

En este caso, como comentaron algunos conocedores de la estrategia, es una instancia en la que se busca “tener unas ideas claras de para dónde va el país” y establecer unos mínimos con todos los sectores, no solo los afines. En esta esfera del acuerdo nacional se incluirían las fuerzas políticas del país, sean afines u opositoras, con la intención de crear puentes y dialogar sobre los temas fundamentales del país.

Se espera que la representación de la oposición en este nivel sea tomada por el Centro Democrático. Hasta el momento es el único partido en el que no hay sector afín a Gustavo Petro y cuyas máximas votaciones han anunciado su oposición al nuevo presidente. Sin embargo, algunos, como Alirio Barrera, senador con la tercer mayor votación, comentaron que podrían tener un mayor margen de maniobra si se declaran en independencia. Este encuentro podría ser fundamental para terminar de decantar la posición del que por mes y medio seguirá siendo el partido de gobierno.

Por otro lado, el encuentro ha sido tomado como un mensaje de reconciliación del nuevo gobierno frente a las otras fuerzas políticas, puesto que históricamente Uribe y Petro han estado en orillas opuestas. Han sido múltiples los choques entre ambos líderes políticos. Tan solo vale recordar el encontronazo que tuvieron en abril de 2019. “Yo prefiero 80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando”, le dijo el expresidente a Petro, a lo que agregó: “Sicario, sicario, sicario”. Este comentario, que se dio en una plenaria del Senado, vino después de que Petro señalara a Uribe de torpedear el proceso de paz.

Gran controversia hubo este martes al conocerse la lista del equipo de Gustavo Petro que hará parte del empalme con la administración de Iván Duque. Entre los varios nombres que generaron molestia, llamó la atención el de Alejandra Barrios, directora de la Misión Observación Electoral (MOE), principal veeduría del tema electoral en el país.

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La aparición de Barrios en el listado no cayó bien en varios sectores y volvió a generar comentarios sobre supuesto favorecimiento en las elecciones al Pacto Histórico y hasta de fraudes, aunque la MOE no tiene que ver con la realización del certamen electoral y mucho menos es una entidad del Estado. Aún así, las críticas no pararon y la veeduría tuvo que salir a aclarar de qué se trata la participación de Barrios en el equipo de empalme.

“La MOE, en cabeza de su directora, Alejandra Barrios Cabrera, informa y aclara a toda la opinión pública que no hace parte del equipo de empalme del presidente electo, Gustavo Petro Urrego”, reza un breve comunicado de la organización, en el que se reconoce que sí hay una invitación a la MOE para hacer un acompañamiento al equipo de empalme.

“Es necesario aclarar que sí se realizó, y se aceptó, la invitación a la organización para que realizara un acompañamiento exclusivamente técnico al equipo del empalme del Ministerio del Interior, en específico para los temas relativos a la democracia, participación ciudadana y elecciones”, también se lee en el comunicado.

La MOE explicó que desde el 2006, fecha en que fue fundada, ha venido adelanto diálogos técnicos con los gobiernos entrantes, sobre todo en temas de reformas “a asuntos políticos, electorales y de lucha contra la corrupción”, pero esto de ninguna manera implica que comprometa la independencia de la veeduría.

“Como bien es sabido por la ciudadanía, es de la naturaleza propia de la organización incidir de manera positiva y proactiva en la gestión electoral y de participación ciudadana con las distintas entidades que tienen competencias sobre estos asuntos”, concluyó la organización de veeduría electoral.