El futuro digital de Colombia tendrá aliados europeos. Esta semana, la Unión Europea anunció que formará parte de los proyectos estratégicos en Colombia para implementar nuevas tecnologías y cerrar brechas con sus ciudadanos.

El anuncio fue pronunciado por Francoise Roudie, emisario del bloque europeo en Colombia y quien aseguró que la “alianza estratégica” entre los 27 países europeos y Colombia tendrá buenos resultados en un futuro no muy lejano. Su interlocución se dio en el marco de Andicom, una de las conferencias tecnológicas más importantes de Latinoamérica y que esta semana se ha desarrollado en Cartagena de Indias.

El espacio reúne a empresarios, cooperación internacional, emisarios de entidades políticas y emprendedores que ponen sobre la mesa la importancia de incorporar tecnología y cada vez más Inteligencia Artificial al servicio de las personas y sus necesidades.

“Es un honor poder llevar a Europa a Andicom 2026. Esta alianza (entre la UE y Colombia) refleja nuestro compromiso con el desarrollo de una economía digital innovadora, segura y centrada en las personas”, destacó el diplomático europeo.

Lazos estrechos

Las intenciones de tener voz y voto en el futuro digital por parte de la Unión Europea tiene varios beneficios. La Unión Europea, por ejemplo, es el bloque continental que más ha invertido en la industria tecnológica de Colombia, representando casi una cuarta parte de los rubros totales que se inyectan a crear e implementar nuevos ecosistemas digitales.

Pero también tiene impacto en la vida de las personas. Los proyectos, que varían en forma, fondo y alcance, han generado poco más de 120.000 empleos directos e indirectos en el país y han dejado capacidades instaladas en ciudades principales y jurisdicciones rurales sobre cómo cerrar brechas de conectividad y manejo de tecnologías.

Un ejemplo de esas inversiones que impactan a la ciudadanía está en la vereda Camarón, una parcela ubicada en el municipio de Carmen de Bolívar en donde se adelanta un proyecto piloto que busca conectar con internet a 80 familias para que puedan incursionar en un ecosistema digital y mejorar sus proyectos de vida, emprendimientos y desarrollo comunitario.

Además de inversión económica, Europa promete más beneficios con Colombia en materia digital. Por ejemplo, el bloque europeo puede exportar conocimientos jurídicos al haber sido el primer bloque continental en diseñar un marco regulatorio que permita saber cómo, cuándo y en qué circunstancias deben implementarse las inteligencias artificiales y la protección de datos.

“Compartimos en Andicom una visión de digitalización responsable y centrada en las personas”, resalta la Unión Europea.

A largo plazo

Roudie aseguró que en los años venideros, la Unión Europea seguirá siendo una aliada estratégica para conectar Colombia y garantizar que en lugar de una limitación, la tecnología sea un impulso para alcanzar el desarrollo.

La conectividad, cabe recordar, impacta básicamente todos los aspectos de la vida. El DANE ha recabado información que muestra que cerca de siete de cada 10 colombianos tienen conectividad estable. Sin embargo, casi el 30 % de la población aún encuentran brechas para conectarse al mundo digital, lo que implica barreras en su acceso a la educación, espacios de ocio, formación académica o la posibilidad de abrir puertas de negocio que garanticen su autonomía financiera.

En el campo, las veredas y las parcelas dispersas, la situación ha mejorado, pero sigue con saldos rojos. Los reportes del DANE indican que solo el 56 % de las zonas campesinas de Colombia tienen conectividad.

“Colombia puede contar con Europa, con nuestra cooperación, con nuestras empresas, nuestra tecnología, nuestros estándares, nuestra experiencia, nuestro banco de desarrollo y nuestra voluntad, nuestra convicción profunda de que vamos a construir juntos una alianza para la transformación digital”, concluye Roudie.

Durante décadas, el debate sobre género y agua se ha centrado, con razón, en las mujeres y las niñas como usuarias del agua. El acceso al agua potable y al saneamiento ha sido una prioridad de la agenda internacional y un componente esencial del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6. Sin embargo, hay una dimensión que sigue estando ausente en este debate: las mujeres como profesionales del sector del agua.

Miles de mujeres hoy son ingenieras, hidrólogas, científicas, emprendedoras, líderes comunitarias y responsables de políticas públicas. Negocian acuerdos sobre aguas transfronterizas, dirigen organismos operadores, desarrollan nuevas tecnologías y diseñan políticas para una gestión del agua más justa y sostenible.

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Y, sin embargo, persiste una profunda contradicción. Aunque las mujeres desempeñan un papel cada vez más importante en la investigación, la gestión y la gobernanza del agua, estas continúan estando significativamente subrepresentadas en los puestos técnicos, de liderazgo y de toma de decisiones. El Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2026, de la Unesco, señala que, a nivel mundial, menos del 20 % del personal de los organismos operadores de agua está compuesto por mujeres y que entre 2018 y 2019 ellas representaban apenas el 17,7 % de esta fuerza laboral.

Al mismo tiempo, dos de cada tres países necesitan aumentar en al menos un 75 % su fuerza laboral en agua, saneamiento e higiene, y el 40 % reconoce no contar con la capacidad suficiente para gestionar los crecientes conflictos entre los diferentes usos del agua. En otras palabras, el sector necesita con urgencia a más profesionales, pero sigue desaprovechando una parte importante del talento disponible.

Esto no es únicamente una cuestión de igualdad, sino una cuestión de gobernanza, innovación y resiliencia institucional. El cambio climático, el crecimiento urbano, el envejecimiento de la infraestructura y la transformación digital exigen organizaciones capaces de atraer y retener al mejor talento disponible. No obstante, todavía sabemos muy poco sobre las trayectorias profesionales de las mujeres en el sector.

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¿Por qué siguen estando subrepresentadas en puestos directivos? ¿Qué políticas laborales favorecen realmente su desarrollo profesional? ¿Cómo influye una mayor diversidad en la calidad de las decisiones y en el desempeño de las instituciones responsables de la gestión del agua? ¿Qué barreras institucionales, culturales y organizacionales siguen limitando su desarrollo profesional?

Aún existen pocos datos comparables sobre contratación, promoción, liderazgo, remuneración o cultura organizacional en el sector hídrico. Sin evidencia, resulta difícil diseñar políticas públicas e institucionales que permitan aprovechar plenamente el talento disponible.

Las asociaciones profesionales también pueden contribuir a cerrar esta brecha de conocimiento. Redes como Women in Water & Sanitation Network (WWSN) demuestran el valor de conectar a mujeres profesionales mediante programas de mentoría, liderazgo e intercambio de experiencias. Del mismo modo, la Red de Politólogas ha contribuido a visibilizar a mujeres expertas y promover una participación más equitativa en los espacios de decisión.

Las consecuencias de esta brecha van mucho más allá de la igualdad de género. Al no atraer, retener y promover a un mayor número de mujeres, el sector del agua está perdiendo una oportunidad para fortalecer su fuerza laboral precisamente cuando más la necesita. Es una pérdida para las profesionales, pero también para las instituciones, las comunidades, los países y, en última instancia, para la seguridad hídrica mundial.

Las mujeres continúan estando subrepresentadas no solo en el sector privado, sino también en las instituciones públicas, el liderazgo científico, los espacios de decisión política y las conferencias internacionales. Su escasa presencia limita la diversidad de perspectivas necesaria para afrontar desafíos cada vez más complejos relacionados con el agua.

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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 2026 representa una oportunidad para cambiar esta realidad. Además de debatir sobre financiamiento, resiliencia y gobernanza, debería impulsar una agenda internacional de investigación sobre las mujeres en la fuerza laboral del agua e incorporar esta dimensión en los futuros procesos de seguimiento de la gobernanza hídrica. Comprender quiénes trabajan en el sector, qué obstáculos enfrentan y qué condiciones favorecen su liderazgo permitirá diseñar mejores políticas laborales y fortalecer las instituciones responsables de garantizar la seguridad hídrica.

Cerrar la brecha de género en la fuerza laboral del agua no es únicamente una cuestión de justicia social, sino una condición necesaria para construir instituciones más sólidas, innovadoras y capaces de responder a los crecientes desafíos hídricos del siglo XXI.

El futuro del agua no dependerá únicamente de la infraestructura, la financiación o la tecnología, sino también de nuestra capacidad para reconocer, retener e impulsar el talento de las mujeres que ya están construyendo ese futuro.

El presidente Abelardo De la Espriella mencionó en un consejo de seguridad impartido desde Barranquilla que Colombia iniciaría un proceso de deportación a todo aquel migrante que tuviese líos penales o, como en la mayoría de los casos, no contara con su estatus regulatorio al día. El anuncio generó controversia sobre cómo un anuncio que es totalmente legítimo de definir la política migratoria del país, puede tener efectos adversos o ir en contravía del Derecho Internacional.

El Espectador habló con Giovani Lepri, representante en Colombia de Acnur, sobre las discusiones paralelas que deben darse cuando se habla de migración, seguridad y ante todo, derechos humanos. Entrevista.

¿Es riesgoso referirse a la migración como un asunto exclusivamente de seguridad y crimen para ser combatido?

La movilidad humana (sea desplazamiento forzado interno, transfronterizo, o migración voluntaria) y la criminalidad son fenómenos que no se deben equiparar ni confundir. Migrar no es un crimen. Encontrarse en situación migratoria irregular no convierte a una persona en delincuente. Quien comete un delito debe responder ante la justicia, independientemente de su nacionalidad o de su situación migratoria en el país.

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La movilidad humana es una realidad de naturaleza muy diversa. Hay personas que salen de sus países por diferentes razones, algunas se han visto forzadas a huir porque su vida, libertad, seguridad o integridad está en riesgo. A veces huyen de guerras, violaciones de derechos humanos, alteraciones de orden público, entre otras razones. Estas personas pueden estar en necesidad de protección internacional y deben poder acceder a mecanismos que permitan identificarlas y protegerlas.

Por eso es riesgoso reducir la movilidad humana a una cuestión de seguridad. La seguridad es una responsabilidad soberana de los Estados, que no es incompatible con el deber de proteger a quienes se encuentran en su territorio. Una gestión segura de la movilidad humana requiere el cumplimiento de la ley y de mecanismos que permitan a las personas definir su situación legal, acceder a documentación e integrarse. Quienes tienen necesidades de protección internacional, deben poder acceder a un sistema para la determinación de la condición de refugiado de asilo justo, eficaz y eficiente. Por otro lado, quien comete un delito, cualquiera que sea su situación migratoria o su nacionalidad, debe responder ante la justicia. Son situaciones diferentes y no deben confundirse.

En Colombia y en muchos otros países está demostrado que cuando las personas acceden a documentación, vivienda, educación y trabajo formal, derechos y servicios, se reducen los riesgos de entrar en la criminalidad o ser víctimas de esta, en la inseguridad económica, en el desempleo y la exclusión social. En ese sentido, la documentación y la inclusión socioeconómica reducen situaciones de vulnerabilidad, riesgos de explotación y abusos, y fortalecen la convivencia. No solo pueden hacer a las sociedades más seguras, sino que tienen impactos positivos en lo social, lo cultural y lo económico.

Sobre el aspecto económico, por ejemplo, el Banco Mundial ha mostrado que la regularización de venezolanos en Colombia generó un aumento del 48 % en el consumo per cápita, un incremento del 22 % en los ingresos laborales y mejores resultados en materia de salud. Estos avances fueron posibles gracias a un mayor acceso a los sistemas de protección social, a servicios de salud subsidiados y a servicios financieros.

Hay varios blindajes legislativos y constitucionales que protegen la movilidad humana. ¿Cuáles debería superar o derribar el Gobierno De la Espriella para seguir con su anuncio de deportar personas irregulares?

No lo describiría como “derribar blindajes”. Hablamos de garantías que forman parte del ordenamiento jurídico colombiano y de compromisos internacionales y regionales asumidos por el Estado.

Todo Estado tiene derecho a gestionar su seguridad y sus fronteras, y aplicar su legislación interna y los estándares internacionales. Colombia puede verificar la situación en que se encuentra una persona y, cuando corresponda, adoptar las medidas previstas en la legislación. Estas facultades se deben ejercer respetando garantías como el debido proceso, en particular salvaguardas para respetar el principio de la no-devolución para personas en necesidad de protección internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Más aun, si se hace evidente que algunas personas no deberían ser devueltas al lugar donde su vida o integridad corre un riesgo.

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Para ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, este último punto es fundamental. Antes que una medida pueda conducir al retorno de una persona extranjera, debe existir la posibilidad de identificar si tiene necesidades de protección internacional. Una persona puede no estar en situación regular y, al mismo tiempo, necesitar protección internacional. Una cosa no es excluyente de la otra.

Debemos distinguir la comisión de un delito, de la situación migratoria de una persona en el país de acogida. Si una persona, nacional o extranjera, comete un delito, debe responder ante las autoridades colombianas. Una cuestión distinta es la situación de quienes no cuentan actualmente con un estatus regular y requieren definir su situación en Colombia.

¿Por qué se apela a términos penales (“ilegales”, “criminales”) a un fenómeno que debe tener un enfoque de derechos?

El lenguaje es muy importante porque crea realidades, contribuye a proteger o a estigmatizar. Como ya mencioné, una persona puede encontrarse en situación migratoria irregular, pero esto no significa que haya cometido un delito o que sea un criminal. Las personas no son ilegales ni irregulares por cruzar una frontera sin documentos.

Esto no significa que un extranjero con una visa o cualquier otro documento no pueda cometer un delito, del mismo modo que una persona que no cuenta con estatus migratorio regular puede respetar plenamente las leyes del país que la acoge. Es clave que no asociemos automáticamente la situación irregular de una persona con la criminalidad.

La gran mayoría de las personas en situación irregular no son delincuentes, sino personas que tuvieron que huir de sus países y dejarlo todo atrás, incluso sus familias, sus documentos, sus proyectos de vida. El Estado colombiano ha reconocido esta realidad y ha hecho importantes esfuerzos, reconocidos por la comunidad internacional, para que estas personas puedan acceder a derechos fundamentales, a documentación y servicios básicos, a vivienda y empleo digno. El mecanismo de protección temporal para venezolanos (ETPV) es un ejemplo a nivel regional y global.

Se asocia principalmente la migración colombiana a venezolanos. ¿Qué otras nacionalidades o factores deben contemplarse en la fórmula para tener un panorama completo?

La gran mayoría de las personas refugiadas y en necesidades de protección internacional en Colombia son venezolanas. Se trata de un país hermano con el que Colombia comparte una de las fronteras más dinámicas y vivas de América Latina, además de grandes similitudes en lo social y cultural. También hay que recordar que Venezuela ha acogido a más de 6 millones de personas colombianas desde los años 90.

Colombia es hoy un país de acogida, tránsito, retorno y origen. Recibe personas refugiadas y migrantes de diferentes nacionalidades. Hoy en Colombia hay solicitantes para el reconocimiento de la condición de refugiado en su mayoría de Venezuela, pero también de Cuba, Ecuador, Perú, Rusia, Ucrania, entre otras nacionalidades. Al mismo tiempo, el país recibe colombianos que regresan, voluntariamente o después de medidas adoptadas por otros Estados.

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El mandato de ACNUR se enfoca en las personas refugiadas, solicitantes de asilo, apátridas y otras personas con necesidad de protección internacional. En Colombia, la población venezolana representa una parte muy importante de esta realidad, pero la necesidad de protección internacional no depende de la nacionalidad.

Una persona perseguida puede necesitar protección internacional. Una víctima de trata necesita protección y asistencia, y en ciertas circunstancias también podría requerir la protección como refugiada. Un colombiano retornado puede necesitar apoyo para reintegrarse. Entender los diversos perfiles y sus necesidades es fundamentar para una respuesta efectiva por parte del Estado.

En un momento de tanta incertidumbre, ¿cuál es el llamado más prudente a hacer?

El primer llamado es a mantener la calma, a brindar información clara y evitar que la incertidumbre y la desinformación se traduzca en miedo, angustia, desesperanza y estigmatización. En estos días hemos observado un aumento importante de las personas que buscan información sobre cómo definir su situación migratoria en Colombia. Esto muestra que hay una preocupación real y que es fundamental que las personas puedan acceder a información clara y confiable.

También es importante preservar los avances que Colombia ha construido durante años en materia de protección, documentación e inclusión. Colombia ha sido un referente internacional en la respuesta a la llegada de personas de Venezuela y ha demostrado que facilitar la documentación y la inclusión permite a las personas trabajar formalmente, contribuir a la economía y construir sus proyectos de vida con las comunidades que las acogen. Hoy hay casi 2 millones de personas venezolanas en situación regular en este país.

Al mismo tiempo, todavía existen personas que enfrentan barreras para definir su situación legal. Aún hay más de 520 mil personas venezolanas en situación irregular y más de 300 mil en proceso de regularización. Por eso consideramos importante mantener y fortalecer los mecanismos de estancia legal, especialmente para quienes hoy no cuentan con una vía que les permita resolver su situación.

Para quienes han sido forzados a huir, hay además un mensaje fundamental: la situación legal de una persona en un país no determina si necesita protección internacional.

Quienes no puedan regresar a su país porque su vida, libertad, seguridad o integridad pueden estar en riesgo deben acceder al sistema para la determinación de la condición de refugiado y contar con las garantías correspondientes. Nadie debe ser devuelto al lugar donde corre riesgos sin que sus necesidades de protección hayan sido debidamente identificadas y evaluadas.

El llamado de ACNUR es a gestionar la movilidad humana garantizando el cumplimiento de la ley y del debido proceso, preservar las garantías de protección y continuar avanzando con documentación, mecanismos de estancia e integración.

Colombia tiene experiencia, instituciones y herramientas para hacerlo. ACNUR está dispuesto a acompañar y ofrecer su experiencia para seguir apoyando al Estado colombiano en su conjunto en estos esfuerzos. Queremos seguir trabajando juntos para encontrar soluciones.

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Un mensaje de unos cuantos segundos, pronunciado por el presidente Abelardo De la Espriella, desenterró un temor que miles de familias migrantes habían mantenido sepultado desde hacía años. Se trataba de la incertidumbre de pensar si, una vez más, serían obligados a salir forzosamente del lugar que consideran su hogar.

La caja de Pandora se abrió principalmente en los hogares venezolanos: un poco más de 800.000 personas que echaron raíces en Colombia, y que al no tener un estatus de regularización se debaten entre arriesgarse a ser deportados, o por el contrario, volver voluntariamente a suelo venezolano, donde aún persisten las causas que los obligaron a huir.

Pero el desasosiego también tocó a las puertas de familias de al menos otras 14 nacionalidades que, según Migración Colombia, hoy conviven en el país y también podrían estar en un escenario de irregularidad.

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Expertos en migración consultados por El Espectador consideran que el anuncio del presidente De la Espriella, si bien es legítimo al determinar cómo gestiona su política migratoria o las fronteras, podría tener efectos adversos para más de 2,8 millones de personas que las atravesaron y desarrollan su proyecto de vida en Colombia.

El debate radica precisamente en que el jefe de Estado utiliza términos penales (“ilegales”) o policivos (“operativos”) en un asunto que tanto la Constitución en Colombia como su legislación y la evidencia internacional establecen que debe tratarse con un lente de derechos humanos.

“Se genera un escenario de temor que, aunque no fue profundizado en sus declaraciones, causa incertidumbre y emergencia a la movilidad humana”, dice Lublanc Prieto, directora de Refugiados Unidos, una ONG que durante los últimos cinco años ha litigado para que los migrantes, aún en irregularidad, reciban garantías y procesos sin violaciones a sus derechos.

El poder de las palabras

Tanto el presidente De la Espriella como su ministro de Interior, Rodrigo Lara, han señalado que sus “operativos” se dirigirán contra “inmigrantes ilegales” (denominación contraria al derecho internacional). Hay que hacer una salvedad: ambos distinguieron entre personas extranjeras con un prontuario judicial y ciudadanos que no están regularizados, aunque sin ofrecer ninguna cifra o respaldo numérico.

Tampoco mencionaron explícitamente la diáspora venezolana. Y no hizo falta, pues la mayor cantidad de extranjeros en suelo colombiano en la actualidad son oriundos del país vecino: algunos que escaparon hace más de una década de la persecución política que implementó Nicolás Maduro en su momento y otros que, debido a la crisis humanitaria, empacaron maletas para probar suerte en Colombia.

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Pero para María Gabriela Trompetero, investigadora y experta en movilidad humana de la Universidad de Bielefeld, Alemania, el lenguaje utilizado, además de inconveniente, crea una narrativa en la que la migración es un “problema” que debe ser gestionado a través de “operativos” y “persecución”, lo que la priva de cualquier discusión de derechos, garantías o humanitarismo.

“Estar en una situación irregular migratoria no es un delito, es una condición administrativa. Mezclar categorías como ‘inseguridad’ y ‘criminalidad’ con migración irregular es criminalizarla. Eso desaparece la pregunta de por qué más de 500.000 personas no han regularizado su situación y, en lugar de plantear si tienen vías para hacerlo, se refuerce el discurso de que ‘deciden vivir por fuera de la ley’”, dice Trompetero.

El peso del silencio

Lo que el presidente y su ministro de Interior no dicen también incide en el panorama y en cómo los colombianos reciben el mensaje de una nueva política migratoria. Por ejemplo, el foco se centró en la migración venezolana, acogida en Colombia durante la última década por medio de instrumentos legales.

Pero los datos de los últimos cuatro años de Migración Colombia muestran que hay al menos 3.847 extranjeros de otras nacionalidades diferentes a Venezuela que han estado envueltos en pleitos judiciales, como Argentina, China, Ecuador, República Dominicana e incluso personas provenientes de Estados Unidos relacionadas con delitos de explotación sexual. Los venezolanos, por su parte, representan el 35 % del total de extranjeros expulsados en el último cuatrienio.

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El Barómetro, iniciativa de la Universidad Externado que investiga la xenofobia en Colombia, señala que la población venezolana ha sido el principal receptor de discursos de odio. En 2021, por ejemplo, la iniciativa documentó que Colombia era el país donde más acechaba la xenofobia contra los venezolanos, por encima de otros países que también han vivido la diáspora, como Perú, Chile o Ecuador.

Giovanni Lepri, representante de Acnur en Colombia, considera que el debate no debería estar en si un ciudadano que viola la ley debe ser judicializado o deportado; eso es un deber del Estado y quien delinque debe responder por sus actos.

“El lenguaje crea realidades y contribuye a proteger o estigmatizar. Una persona puede estar en situación irregular, pero no significa que haya cometido un delito o sea criminal. No se es ilegal por cruzar una frontera sin documentos (...) Es clave que no asociemos automáticamente la situación irregular de una persona con la criminalidad”, subraya Lepri.

Aunque es muy pronto para conocer cómo, cuándo y dónde actuará el Gobierno de De la Espriella para incursionar en su nueva política migratoria, los analistas coinciden en que lo más prudente es un llamado a la calma y el diálogo. La mayoría de ellos señala que se puede construir sobre los años de experiencia en que Colombia ha ofrecido acogida y derechos a la migración, mientras que otros aseguran que el debate puede servir para ofrecer nuevas vías de regularización a quienes aún están indocumentados y, aún más importante, integrarlos en el andamiaje social de Colombia.

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Un grupo de periodistas destinarán parte de sus labores de reportería a asesorar gratuitamente a quienes vieron que sus comercios quedaron reducidos a ruinas y escombros. Se trata de PR Unidos por Colombia: una iniciativa que ha reunido docenas de comunicadores a lo largo de todo el país y pretende aterrizar en las ciudades más afectadas para que estos, con sus conocimientos en opinión pública, redacción u otras habilidades comunicativas, los ayuden a reconstruir los emprendimientos afectados.

La iniciativa contempla que el terremoto, además de perjudicar la infraestructura y generar pérdidas humanas, también causará una inmensa secuela en la economía y los bolsillos de los hogares. Y es que los últimos reportes de daños contabilizan en poco más de 45.000 familias parcial o completamente afectadas. En las afectaciones hay desde familias que tuvieron que reasentarse debido a las fallas estructurales de los edificios, hasta emprendedores y comerciantes que quedaron privados de su única fuente de ingreso, también reducida a escombros y mampostería desperdigada en el suelo.

Para ponerle cifras al asunto: solo las valoraciones de daños ofrecidas por el presidente Abelardo De la Espriella estiman que si el país quisiera reconstruir cada una de las estructuras o inmuebles afectados, se necesitarían alrededor de COP 30 billones.

Unidos por Colombia pretende que la ayuda a los afectados se prolongue en el mediano y largo plazo.

Por supuesto, la atención principal se enfocó en ayudas humanitarias y los servicios médicos a quienes resultaron heridos por el sismo. Pero este grupo de periodistas intentará ofrecer ayudas que trasciendan el ámbito humanitario y se enfoquen en la reconstrucción del tejido empresarial y el sustento vital para las familias de ciudades como Quibdó, Pereira o Cali.

“Comunicar también es una forma de reconstruir Colombia. Significa recuperar empleos, volver a abrir las puertas de un negocio, reactivar ventas y permitir que cientos de familias puedan continuar adelante”, dice un comunicado de la iniciativa.

Vitrina solidaria

Los periodistas tendrán varias funciones en esta apuesta de solidaridad. La primera de ellas consiste en ofrecer conocimientos como la redacción, fotografía, marketing digital o la publicidad a pequeños empresarios que hoy solo tienen el anhelo de volver a que sus negocios sean productivos.

En este grupo de comunicadores hay una baraja muy amplia de personas que podrán asesorar a los comercios en maneras de cómo incursionar en el mercado digital o, para algunos que recién iniciaban su propósito de emprender, hacer un paso a paso para poder potenciar su negocio en redes sociales y canales digitales.

La otra tarea es un poco más ambiciosa. Se trata de visibilizar a todos esos pequeños comercios, negocios o historias de comerciantes que desean salir adelante tras el terremoto. Según informa Unidos por Colombia, los reporteros dialogarán con las personas, conocerán sus necesidades y contarán a miles, sino millones, de espectadores, qué se está haciendo superar esta tragedia natural.

“Los emprendimientos seleccionados recibirán este acompañamiento de manera completamente gratuita, de acuerdo con sus necesidades y con la capacidad disponible dentro de la red de voluntarios. La iniciativa tendrá además un banco de historias que permitirá organizar los casos, identificar oportunidades editoriales y conectar de manera más eficiente a periodistas, medios y creadores con emprendimientos que tengan historias relevantes para contar”, asegura la iniciativa.

Según informó Unidos por Colombia, los emprendedores pueden postularse a recibir las asesorías y acompañamiento de los comunicadores a través de este formulario y, luego de ser seleccionados, podrán ver cómo sus marcas reciben comentarios, aportes e ideas de líderes de opinión, creadores de contenido o reporteros que llevan años contando historias en el país.

Si desea conocer más sobre la iniciativa, puede hacer sus consultas a través del correo electrónico prunidosporcolombia@gmail.com.

“Cuando muchas voces deciden amplificar a quienes necesitan ser escuchados, la comunicación puede convertirse en una acción”, concluye Unidos por Colombia.

La Inteligencia Artificial ya puede responder llamadas, gestionar cobros y atender solicitudes de clientes. El problema para bancos y empresas financieras no está necesariamente en si estas herramientas funcionan, sino en si pueden hacerlo dentro de un sector donde cada decisión debe cumplir reglas de protección de datos, auditoría y supervisión.

Ese es uno de los retos que encontró DOMU, una startup colombiana especializada en agentes de Inteligencia Artificial de voz para servicios financieros regulados y respaldada por Y Combinator. La compañía ha apostado por desarrollar herramientas que puedan automatizar interacciones sin dejar de lado los controles que exige la industria.

En esa estrategia ha tenido un papel central Adriana Muñoz Vergara, uno de los cerebros de la compañía y quien ha trabajado en la intersección entre crecimiento comercial, asuntos legales y cumplimiento normativo. Su tarea ha sido incorporar esas exigencias desde las primeras etapas de una negociación para evitar que se conviertan en un obstáculo cuando una solución de Inteligencia Artificial ya está lista para ser implementada.

“Trabajo en la intersección entre la estrategia comercial, lo legal, el cumplimiento y el crecimiento”, explica Muñoz.

Su trabajo incluye aspectos como la residencia de los datos, la gobernanza, la trazabilidad y la responsabilidad sobre las decisiones automatizadas. También contempla mecanismos para que una interacción pueda ser trasladada a una persona cuando el sistema no está en condiciones de continuarla de manera autónoma.

La apuesta parte de una premisa que empieza a ganar importancia en el sector financiero: automatizar un proceso no significa eliminar los controles que existen alrededor de este.

Regulación desde el comienzo

Para las entidades financieras, implementar Inteligencia Artificial supone resolver preguntas que van más allá del rendimiento de un modelo. Algunas de ellas son dónde se almacenan los datos, quién responde por una decisión tomada por un sistema automatizado o qué ocurre cuando el agente no puede resolver una solicitud.

DOMU decidió abordar esas preguntas desde el diseño de sus soluciones. La compañía incorporó mecanismos de auditoría, gobernanza y escalamiento a personal humano con el propósito de que sus agentes puedan operar en procesos particularmente sensibles, como la cobranza y la administración de préstamos.

La estrategia comercial de Muñoz también ha estado vinculada a la expansión de la compañía. Lideró negociaciones contractuales con empresas como Nubank, Teleperformance y Alorica y, de acuerdo con la información entregada por DOMU, contribuyó a ampliar la presencia de sus licencias en Estados Unidos de menos de tres estados a más de 35.

Ese crecimiento estuvo acompañado por un aumento en los ingresos recurrentes anuales de la startup. En menos de un año, pasaron de cerca de USD 2 millones a más de USD 10 millones, según las cifras proporcionadas por la compañía.

“En industrias reguladas, las decisiones rápidas solo funcionan si están construidas sobre la confianza. La innovación y el cumplimiento normativo deben avanzar juntos, no competir entre sí”, señala Muñoz.

Prueba por hacer

Uno de los casos en los que DOMU ha puesto a prueba esta estrategia es el desarrollado junto con Alorica, compañía global dedicada a servicios de experiencia del cliente.

La startup implementó allí a Rebecca, un agente virtual bilingüe capaz de atender operaciones en inglés y español durante las 24 horas. El objetivo no era solamente automatizar conversaciones, sino hacerlo manteniendo mecanismos para registrar y supervisar las interacciones.

Durante sus primeros 30 días de operación, Rebecca resolvió de manera autónoma el 48 % de las consultas recibidas y alcanzó una tasa de éxito del 87 % en pagos. Además, facilitó la recuperación de cerca de USD 100.000, según los resultados reportados por DOMU.

La compañía asegura que durante ese periodo el agente alcanzó paridad humana en sus operaciones y mantuvo las interacciones auditables, con mecanismos automáticos para escalar los casos que requerían intervención de una persona.

Para Muñoz, ese tipo de implementación muestra hacia dónde se dirige la adopción de IA en las industrias reguladas.

“Lo fundamental es garantizar que cada interacción sea auditable y se ajuste a las políticas establecidas”, afirma.

El desafío, sin embargo, no termina con conseguir que un agente responda correctamente una llamada. Para bancos, fintech y compañías de servicios financieros, la siguiente etapa será demostrar que esas herramientas pueden mantenerse bajo control cuando aumente su escala y que sus decisiones puedan ser explicadas, supervisadas y auditadas.

En ese escenario, la regulación puede dejar de ser únicamente una barrera para la adopción de inteligencia artificial. Para empresas como DOMU, también puede convertirse en parte de la ventaja competitiva: desarrollar tecnología que no solo sea capaz de automatizar procesos, sino que pueda hacerlo dentro de las reglas de una de las industrias con mayores exigencias de control.

El presidente Abelardo De la Espriella nombró a José Luis Castañeda, teniente coronel retirado de la Policía Nacional, como nuevo director de Migración Colombia. El nombramiento se formalizó a través del Decreto 1298 del 25 de agosto de 2026, firmado por el canciller Omar Nicolás Bula Escobar, quien aceptó la renuncia de la directora Gloria Esperanza Arriero López a su cargo.

Castañeda desarrolló su carrera en la Policía Nacional y ocupó su último cargo como oficial activo en 2018, cuando comandó el Departamento de Policía Cesar y acumuló experiencia en inteligencia y operaciones contra estructuras ilegales.

Su perfil llama la atención pues es, en esencia, el de un hombre formado para la seguridad operativa, no para la gestión administrativa, diplomática y de derechos humanos que exige dirigir una entidad que controla fronteras, aeropuertos y la permanencia de millones de extranjeros en el país.

El nombramiento llega, además, un día después de que De la Espriella había anunciado el inicio de “operativos coordinados” con la Policía contra migrantes en situación irregular, priorizando primero a quienes cometan delitos y luego a quienes no tengan su estatus regularizado.

La medida rompe con casi una década de consenso migratorio entre gobiernos de distintas orillas políticas y ubica a Colombia dentro de la ola de mano dura migratoria que ya gobierna buena parte de la región.

El experto Ronal Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, ya había advertido que el uso reiterado de la palabra “ilegales” para referirse a los migrantes no es un descuido: es una decisión deliberada que conecta al nuevo gobierno con el discurso antiinmigrante de la derecha latinoamericana. El impacto potencial es enorme: de los 2,8 millones de venezolanos que viven en Colombia, 848.000 están en situación irregular, y 193.000 de ellos son menores de edad.

Poner a un exuniformado con perfil de inteligencia y seguridad al frente de la agencia migratoria no es un experimento nuevo en la región, y la experiencia reciente ofrece motivos para la cautela. En México, el control migratorio lleva años en manos castrenses. El actual Instituto Nacional de Migración fue dirigido por Francisco Garduño, un funcionario que antes administró cárceles federales, y que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador terminó entregándole a la Marina el control de aduana y migración en el aeropuerto de Ciudad de México.

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El mensaje, en su momento, fue igual de directo que el de Bogotá hoy: la migración se trata como un asunto de seguridad nacional, no de derechos. Las consecuencias de ese enfoque quedaron documentadas. Organizaciones como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) señalaron que la militarización del control migratorio en México derivó en detenciones ilegales, violencia excesiva y hasta muertes bajo custodia estatal, al menos 26 desde 2015.

Lina Arroyave, abogada de Dejusticia, explicó que las fuerzas militares y policiales no son un cuerpo especializado en migración, la ven desde la seguridad y no desde un enfoque de derechos humanos capaz de tramitar lo que realmente implica la movilidad humana.

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La Fundación Juntos Se Puede anunció que el próximo viernes, 28 de agosto, dispondrá de abogados y personal especializado en trámites migratorios para resolver las dudas de venezolanos y otros migrantes que desconozcan cuál es su situación en Colombia. }

Su convocatoria se publicó pocas horas después de la directriz impartida por el presidente Abelardo De la Espriella de iniciar operaciones policivas para capturar y posteriormente expulsar a todo aquel migrante que tenga un prontuario judicial abierto o, como en la mayoría de los casos, no cuente con su papeleo migratorio al día.

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Ana Karina García, directora de la Fundación, aseguró que la convocatoria es una “mano amiga” para centenares de migrantes, en especial venezolanos, que residen en Colombia y por desconocimiento, falta de recursos o herramientas de regularización inexistentes, hoy están en el umbral de la irregularidad migratoria. Sin embargo, recalcó que su condición irregular o las declaraciones políticas de De la Espriella “no reemplazan la ley” que tanto en la Constitución como en otras legislaciones, protegen la movilidad humana.

“Lo primero que queremos es llamar al Gobierno a un diálogo y desarrollar una política migratoria con enfoque en derechos. Pero también queremos llamar al discurso: cuando se habla de un ser humano como legal o ilegal, puede generar xenofobia o problemas de convivencia”, comenta García.

La convocatoria estará abierta el próximo viernes 28 de agosto de 10 a.m. hasta las 12 m. En este período de tiempo los migrantes podrán ser caracterizados y recibirán talleres que resolverán sus dudas y encaminarán a qué hacer o en qué situación migratoria se encuentran.

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La Fundación hace hincapié en que el estatus migratorio de los más de 2,8 millones de venezolanos que permanecen en Colombia es una situación administrativa. Es decir, que tanto quienes han resuelto su situación como quienes no, están cobijados por derechos, rutas de atención y garantías mínimas que deben ser protegidas en todo momento.

“Una situación migratoria irregular no convierte a una persona en ´ilegal´: es una condición administrativa que no define la persona ni reconoce la pérdida de sus derechos, como la dignidad, el debido proceso, la no devolución o el derecho a la protección”, comenta Juntos Se Puede.

Más información

La jornada se desarrollará en las instalaciones de la Fundación, ubicado en el barrio Pasadena de Bogota, exactamente en la Calle 104 #54-31. Aunque es gratuita y no requiere de una inscripción o confirmación previa, la Fundación aclaró a El Espectador que tendrán un aforo máximo de 60 personas para poder atender personalmente cada uno de los casos que reciban en la atención de este próximo viernes.

“En momentos de incertidumbre, informarte bin también es protegerte. Conoce tus derechos y evita tomar tus decisiones basadas en rumores”, concluye la Fundación.

Por ahora se desconoce si habrá brigadas jurídicas y migratorias en el futuro, pero puede conocer más información sobre la convocatoria y la misionalidad de la jornada a través de este enlace.

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“La orden a Migración es clara: que empiecen los operativos coordinados con la Policía en Barranquilla para dar contra los ‘inmigrantes ilegales’. Primero, quienes estén cometiendo delitos. Segundo, quienes permanezcan en el país sin regularizar su situación migratoria”. Con esas palabras, y con menos de 20 días en el poder, el presidente colombiano Abelardo De la Espriella dio un duro golpe a casi una década en materia de política migratoria para Colombia, una hoja de ruta que había sido ampliamente alabada en todo el mundo.

La decisión, que rompe con el consenso que sostuvieron los tres gobiernos anteriores frente a la diáspora venezolana, ubica así a Colombia dentro de la ola de gobiernos de ultraderecha que en la región han hecho de la mano dura migratoria una bandera de gestión.

“Es una mala señal. Partiendo únicamente desde el uso de las palabras, al hacer referencia a los migrantes tanto en campaña como en esta primera declaración ya como presidente en ejercicio como ilegales, no es cuestión de un error: es una posición deliberada del presidente en el cual pues se asume un poco el discurso de un sector de la derecha latinoamericana que ha decidido encontrar en la narrativa antiinmigrante uno de sus nichos”, señaló Ronal Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y Profesor de la Universidad de La Sabana.

Desde 2015, cuando comenzó el éxodo de más de 7,8 millones de venezolanos, Colombia construyó una arquitectura jurídica de regularización que se convirtió en referencia global, sostenida indistintamente por gobiernos de centro, derecha e izquierda. Rodríguez advierte que el discurso oficial confunde irregularidad migratoria con criminalidad, una asociación que la evidencia no respalda y que, según él, reactiva un estigma del que Colombia se había mantenido al margen en gran medida.

“Se repite nuevamente lo de Claudia López cuando una persona con un cargo alto tiene que dirigirse respecto a la dinámica y al abordaje del tema migratorio, termina generando unas dinámicas muy fuertes de xenofobia”, añadió Rodríguez.

¿A quiénes va a afectar?

El gobierno no ha aclarado cómo se ejecutarían las operaciones contra la población migrante. Sin embargo, el impacto potencial de la medida es mayúsculo. De los 2,8 millones de venezolanos que viven en el país, 848.000 se encuentran en situación irregular -no ilegal, pues ningún ser humano está en condición de ‘ilegal’ como dice el mandatario-, según Migración Colombia, y 193.000 de ellos son menores de edad. “Eso es más que la población de Bucaramanga”, dice el experto. Muchos de estos migrantes estaban a la espera de mecanismos que permitieran su regularización.

Aunque el mandatario evitó nombrar directamente a Venezuela, esa comunidad representa cerca del 90 % del total de la población migrante y es, en la práctica, el destinatario principal del anuncio.

“El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos que desarrolló el presidente Duque fundamentalmente logró poder tener nombre y apellido, identificación plena a los ciudadanos venezolanos que se encontraban en nuestro territorio… sin lugar a duda el mejor efecto que logró el Estatuto fue la plena identificación de los venezolanos en materia de seguridad. Queda pendiente algo que debería ser resuelto por este gobierno: regularizar esos 847.894 venezolanos, pero por otro lado también tiene que trabajar en dirección al proceso de transición que van a tener los venezolanos”, añade Rodríguez.

A diferencia de Argentina o Chile, Colombia comparte con Venezuela 2.219 kilómetros de frontera activa y una relación diplomática tensa con el gobierno de Delcy Rodríguez, lo que complica trasladar sin matices las fórmulas de deportación masiva ensayadas por Javier Milei o José Antonio Kast.

Rodríguez insiste en que buena parte de la población migrante ha sido también víctima de estructuras ilegales que operan en esa zona, no su origen. Además, ha destacado su gran aporte a la economía local. Según estimaciones, la población venezolana aporta cerca de USD 3.000 millones anuales a la economía colombiana en consumo, impuestos y emprendimiento, una cifra que cualquier operativo masivo pondría en riesgo.

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El sismo no solo dejó daños, también conflictos que deben ser dirimidos. Con ese mensaje, APG Conciliaciones anunció que creará jornadas gratuitas de conciliación para ofrecerle a miles de familias afectadas por el terremoto una vía rápida, barata y de pronta resolución tras resultar damnificada por el sismo.

La noticia fue comunicada por María Mercedes García, presidenta de APG, y quien explicó que aparte de los damnificados y la afectación a la infraestructura hay asuntos de arriendos, deudas u obligaciones contractuales que deben ser resueltas luego del terremoto y que las personas perjudicadas pueden hacerlo gratuitamente.

Y es que el terremoto del 7,4 de magnitud dejó destrucción parcial o completa en al menos 450 municipios, lo que representa casi el 41 % del país.

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“Para quien perdió su vivienda, surge la incertidumbre sobre su contrato de arrendamiento. Para quien perdió su negocio, quedan obligaciones pendientes con proveedores, trabajadores o clientes. Para quien sufrió daños en su inmueble, puede aparecer una reclamación frente a la aseguradora o una controversia con un vecino. Y para quien perdió sus ingresos, una deuda que ya no puede atender como antes. La conciliación: una vía de acceso a la justicia frente al terremoto Cuando estas controversias cumplen los requisitos legales para ser conciliadas, la conciliación extrajudicial ofrece esa vía”, explica APG.

Solucionar con diálogo

APG anunció que las jornadas de asesoría jurídica tendrán el enfoque de conciliación: una herramienta del derecho en que los ciudadanos pueden resolver sus discrepancias o conflictos con diálogo y acuerdo y así ahorrarse meses de procesos judiciales, dinero en abogados o largas esperas mientras un estrado define cada caso en particular.

Esta modalidad ha sido utilizada principalmente en poblaciones y municipios donde la administración de justicia es complicada y ha permitido que conflictos, desde asuntos de linderos, arriendos u obligaciones contractuales. En algunas zonas apartadas del país, incluso, la conciliación es una de las maneras más efectivas y pacíficas en que los ciudadanos resuelven sus diferencias.

“No se trata solamente de dialogar: es un mecanismo en que un conciliador neutral acompaña a acordar soluciones concretas, como plazos, formas de pago, reparaciones, terminación de relaciones contractuales, frente a lo que el terremoto dejó pendiente”, explica García.

De acuerdo con la convocatoria, la jornada estará orientada principalmente a los afectados con conflictos pendientes en las ciudades más afectadas, como municipios de Chocó, Pereira y Cali.

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Y es que las cifras de daños materiales y sociales del terremoto han causado alerta, tanto por los daños de la infraestructura, que según el presidente Abelardo De la Espriella se contabilizan en COP 30 billones. Pero quedan pendientes centenares de asuntos sin resolver, como las viviendas que quedaron reducidas a escombros, las obligaciones que por contrato deben cumplirse u otros trámites.

La convocatoria

Las fechas estipuladas para esta jornada gratuita se darán del 17 al 21 de septiembre. APG aclara que las conciliaciones se darán de manera gratuita y que intervendrán las partes interesadas en conciliar su conflicto que, de resolverse, tendrá su respectiva acta legal para proceder a terminar la discrepancia pacíficamente.

Atención: la recepción de solicitudes estará abierta desde esta semana hasta el próximo jueves 10 de septiembre.

En caso de no llegar a ningún acuerdo, García aclara que no significa un “camino perdido”: “cuando la ley establece la conciliación como requisito de procedibilidad, la constancia de no acuerdo permite continuar hacia la jurisdicción”.

Además, informó que el único requisito para acceder a esta convocatoria es acreditar que la persona que se postula y la controversia que quiere resolver debe estar estrictamente relacionada con las consecuencias derivadas del terremoto del 10 de agosto.

“Queremos contribuir a que quienes ya han sido afectados por el desastre no tengan que enfrentar, además, problemas jurídicos sin solución. La conciliación permite resolver conflictos y, cuando sea posible, preservar las relaciones que las personas necesitarán para reconstruir sus vidas, sus negocios y sus comunidades”, concluye García.

Si desea conocer más sobre la convocatoria, puede hacerlo a través de este enlace o resolver cualquier duda contactándose con conciliaciones@fundacionapg.org.

Cuando Lidia Falcón decidió fundar el Partido Feminista de España en 1979, llevaba consigo una experiencia que difícilmente podía separarse de su manera de entender el poder. Había sido presa política durante el franquismo, torturada por sus ideas y había conocido de cerca las formas en que una estructura política puede convertir la vida de las mujeres en un asunto secundario. Años después explicaría que había sido detenida, vigilada, silenciada e insultada, además de haber defendido a mujeres víctimas de violencia cuando esa realidad apenas encontraba espacio en el debate público.

Su conclusión fue política: si las mujeres querían transformar las relaciones de poder, necesitaban disputar el poder organizado. Ella sostuvo que los partidos tradicionales tendían a defender intereses sociales determinados y que las mujeres necesitaban una organización capaz de defender los suyos desde una perspectiva propia. El partido fue constituido en Barcelona en 1979 y legalizado en 1981, en plena transición española hacia la democracia. Cuatro décadas después, la organización continúa reivindicándose como partido político feminista, aunque su trayectoria electoral haya sido limitada.

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En Reino Unido, Catherine Mayer y Sandi Toksvig impulsaron en 2015 el Women’s Equality Party después de discutir públicamente la ausencia de las mujeres y sus necesidades en la política. La iniciativa nació en Londres y llegó a disputar elecciones locales, europeas y nacionales, colocando en la agenda asuntos como la representación, la igualdad salarial, los cuidados y la violencia contra las mujeres. En 2024 sus integrantes decidieron disolver el partido después de casi una década, argumentando dificultades financieras y un contexto político cada vez más polarizado. Sin embargo, demostraron que una formación pequeña podía conseguir que partidos mucho mayores incorporasen asuntos que antes ignoraban.

Suecia ha tenido su Feministiskt initiativ, creado en 2005 por Gudrun Schyman y otras activistas provenientes de la política tradicional, precisamente a partir de la insatisfacción con la respuesta de los partidos existentes frente a la igualdad. La organización llegó a obtener representación en el Parlamento Europeo y continúa presentándose como partido y movimiento feminista.

América Latina también tiene una historia propia que conviene recordar. En Panamá, mucho antes de que las mujeres obtuvieran el derecho al voto, Clara González y otras mujeres organizaron en 1923 el Partido Nacional Feminista. Su objetivo incluía conquistar el sufragio, pero también ampliar los derechos civiles, políticos, sociales y económicos de las mujeres y conseguir su presencia en los espacios donde se tomaban decisiones. Aquel partido desapareció hace décadas, pero su existencia demuestra que la idea de organizar políticamente a las mujeres no es una importación reciente ni una extravagancia contemporánea, sino que forma parte de nuestra propia historia democrática.

México también ofrece antecedentes que alimentan esta conversación. En 1929 surgió el Partido Feminista Revolucionario, mientras que décadas después aparecieron organizaciones como la Diversa Agrupación Política Feminista, reconocida en 1999 como Agrupación Política Nacional. En 2021, un grupo de diputadas de distintas fuerzas, reunidas bajo el nombre Rebeldes con Causa, volvió a plantear la posibilidad de crear un partido de mujeres, al considerar insuficiente la representación alcanzada dentro de las estructuras existentes.

Cuestión de diálogo

Esta es una discusión que vuelve a cobrar relevancia ante el retroceso democrático y las resistencias que todavía encuentran las mujeres cuando disputan espacios de poder.

La cuestión merece ser retomada precisamente porque hemos avanzado mucho y, al mismo tiempo, seguimos encontrando límites estructurales. Las mujeres ocupan más cargos públicos que hace algunas décadas, existen leyes de paridad en varios países y prácticamente todos los partidos importantes han incorporado alguna referencia a la igualdad. Sin embargo, las decisiones sobre economía, seguridad, cuidados, empleo, tecnología, fiscalidad, salud o infraestructura continúan tomándose desde estructuras donde las experiencias de las mujeres no siempre tienen el mismo peso político.

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La discusión adquiere todavía más urgencia en medio de la ola autoritaria que atraviesa el continente americano, donde el debilitamiento de las instituciones, la concentración del poder y el avance de discursos abiertamente hostiles a los derechos de las mujeres están alterando las reglas del juego democrático. En este escenario, construir partidos feministas puede convertirse en una forma de defensa activa de la democracia, entendidos como organizaciones capaces de disputar el poder electoralmente, defender la autonomía de las instituciones, incorporar la perspectiva de las mujeres en las decisiones económicas y sociales y hacer frente a los intentos de convertir nuestros derechos en moneda de cambio político.

Cuando la democracia se vuelve más frágil, la representación política de quienes históricamente han tenido menos poder adquiere un valor estratégico. Un partido feminista tendría, además, la oportunidad de articular una agenda democrática que vincule igualdad, libertad, derechos humanos y calidad institucional, colocando la vida de las mujeres en el centro de las políticas públicas y de la defensa del Estado de derecho.

Discusión de larga data

La experiencia internacional muestra que crear un partido feminista tampoco garantiza por sí sola el éxito electoral. Algunos han desaparecido, otros han conseguido representación limitada y otros han influido más en la agenda pública que en el número de escaños.

Pero precisamente allí puede estar parte de su valor. La política no cambia únicamente cuando un partido gana una elección; también cambia cuando consigue modificar aquello que los demás partidos consideran importante. Lo que está pendiente es decidir si ha llegado el momento de convertir esa experiencia dispersa en una alternativa electoral propia.

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América Latina tiene millones de mujeres con experiencia profesional, comunitaria, empresarial, académica, sindical, social y política. Tiene también una larga tradición de organización feminista. Quizás el desafío de la próxima etapa no sea conseguir que las mujeres encuentren un lugar dentro de los partidos existentes, sino atreverse a construir espacios políticos capaces de cambiar las reglas con las que esos partidos funcionan.

La historia de Clara González, Lidia Falcón, Gudrun Schyman y tantas otras mujeres muestra que la política feminista ha sabido imaginar instituciones antes de que parecieran posibles.

Liberia recibió el jueves a los primeros 20 deportados de Estados Unidos como parte de un acuerdo con el gobierno de Donald Trump que contempla el traslado de hasta 1.200 personas al país de África occidental. Según medios internacionales, el grupo aterrizó en el aeropuerto internacional Roberts, cerca de la capital, Monrovia, y de ahí fue trasladado en autobús mientras personal de la Comisión Liberiana de Repatriación, Reasentamiento y Reintegración atendía a los recién llegados.

Los periodistas fueron mantenidos a distancia y no pudieron hablar con el grupo de migrantes deportados, según la agencia AFP. La ministra de Justicia, Natu Oswald Tweh, dijo en una rueda de prensa que la mayoría había cometido infracciones migratorias y que podrían solicitar asilo en Liberia si lo desean.

Sobre el resto de las personas que podrían llegar en los próximos meses, el ministro de Información liberiano, Jerolinmek Piah, precisó que los 1.200 deportados incluirán tanto a ciudadanos africanos como a nacionales de Norteamérica, Sudamérica y el Caribe.

El Gobierno de Liberia insiste en que las personas son “libres de abandonar el país cuando así lo deseen” y que el acuerdo es “enteramente humanitario”, sin que haya mediado compensación alguna a cambio de aceptar el programa.

Sin embargo, dichas declaraciones están en entredicho, pues Estados Unidos comprometió beneficios concretos para Liberia: extendió las visas de visitante para liberianos de 12 a 36 meses y prometió USD 124 millones en asistencia, según The Guardian.

El pacto con Liberia es, según el medio británico, el más grande de una serie de acuerdos que la administración Trump ha alcanzado con cerca de dos docenas de países para recibir deportados que no son sus nacionales. Muchos de estos acuerdos, cabe destacar, se han dado en secreto.

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El costo de las deportaciones de EE. UU.

Un informe reciente de Refugees International y Human Rights First, citado por The Guardian, calcula que Washington ha cerrado convenios con al menos 35 países y ha enviado a unas 23.000 personas a 26 de ellos hasta comienzos de agosto. Sierra Leona, Guinea Ecuatorial, Ghana, Ruanda, Sudán del Sur, Camerún, Esuatini y la República Democrática del Congo son otros países africanos que ya tienen acuerdos similares con Washington.

Todos estos acuerdos tienen un gran costo para los contribuyentes estadounidenses. Un informe elaborado por demócratas del comité de relaciones exteriores del Senado encontró que la administración pagó más de USD 32 millones a cinco gobiernos, varios con antecedentes deficientes en derechos humanos, para aceptar a unos 300 deportados de terceros países.

Según el informe, se estaría destinando USD 1,1 millones por persona a Ruanda por siete deportados, y USD 7,5 millones a Guinea Ecuatorial por 29, una cifra superior a toda la ayuda estadounidense a ese país en los ocho años anteriores. El mismo informe halló que más del 80 % de los enviados a terceros países terminó regresando a su país de origen de todos modos, muchas veces con un costo adicional para los contribuyentes.

Abogados de inmigración sostienen que estas deportaciones a terceros países funcionan como un vacío legal para forzar indirectamente el regreso de solicitantes de asilo a sus países de origen, ya que Washington solo tiene prohibido devolverlos directamente allí. En muchos casos, los migrantes terminan en naciones donde nunca han estado o donde corren riesgos de seguridad, sin más opción que regresar al país que intentaban dejar atrás.

El investigador Adam Isacson, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, explica que se trata de una medida “casi enteramente punitiva” que busca “difundir la dureza” del sistema para disuadir a otros migrantes.

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Pero la estrategia no se limita a los acuerdos formales con países africanos. Según reveló CBS News esta semana, la administración Trump también ha estado deportando en silencio a migrantes mexicanos hacia Guatemala y Honduras, evitando devolverlos a México pese a que ese país acepta el regreso de todos sus ciudadanos.

Dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron a la cadena que el objetivo es disuadir la migración irregular enviando a los mexicanos aún más lejos de la frontera. La Cancillería mexicana rechazó la práctica y afirmó que “no existe” ningún acuerdo de ese tipo.

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La niñez sigue sufriendo las consecuencias de las decisiones que toman los adultos. Hace unos días se realizó una charla que debatió cómo diseñar respuestas rápidas, oportunas y integrales para que millones de niños y adolescentes en el país no sufran con mayor dureza los estragos de un conflicto armado que colinda con sus veredas en las zonas rurales o, más recientemente, queden sin educación, vivienda o derechos básicos tras ver que un terremoto destruye todo su mundo cercano.

El evento “Los niños en el centro de la acción humanitaria” se desarrolló en Bogotá y contó con la participación de académicos, funcionarios y representantes de organizaciones dedicadas a la protección y garantía de los derechos de la niñez. El objetivo fue discutir cómo lograr respuestas rápidas y articuladas, y cómo garantizar que la atención no termine cuando desaparece la emergencia inmediata.

Representantes de Aldeas Infantiles, World Vision, Unicef y ACNUR hablaron de la atención de niños en contextos de alta vulneración de derechos. También participaron la Universidad Javeriana, la Fundación Plan y representantes de la Defensoría del Pueblo, quienes describieron cómo el Sistema de Alertas Tempranas puede convertirse en una herramienta para identificar riesgos y prevenir crisis humanitarias antes de que sea demasiado tarde.

En el foro, convocado por Aldeas Infantiles SOS, se mencionó que Colombia es un escenario recurrente de emergencias que afectan los derechos de sus ciudadanos y, de manera particular, los de niños y adolescentes. Aldeas Infantiles aseguró que, según un balance preliminar, en el país se presenta una emergencia humanitaria cada dos días. El desplazamiento, los desastres naturales y la migración forzada, dice la ONG, pueden alterar las condiciones en las que crece una generación entera.

El caso de la diáspora venezolana también muestra cómo una emergencia puede poner en riesgo los derechos de los niños. Al menos 2.336 niños oriundos de Venezuela han sido incluidos en programas de atención de derechos, mientras que otros han sido reportados como no acompañados y han requerido medidas de protección en zonas fronterizas como Necoclí, Cúcuta, La Guajira y Arauca.

La academia también puso sobre la mesa una dimensión que suele quedar relegada durante las primeras respuestas: la salud mental. Diana Betancourt, psicóloga y profesora de la Universidad Javeriana, destacó que los efectos de una emergencia pueden profundizarse con el paso del tiempo, sobre todo cuando los niños enfrentan la muerte de familiares, desplazamientos, pérdida de sus espacios cotidianos u otros acontecimientos traumáticos.

“Esta conversación tiene pertinencia y urgencia. Las emergencias irrumpen en sus vidas y alteran de manera abrupta lo que les daba seguridad; por eso debemos mirar las emergencias en un sentido amplio, con enfoque de salud mental prolongado en el tiempo”, comenta Betancourt.

Conversación urgente

La premisa es clara: las consecuencias de una emergencia son diferentes para quienes apenas están atravesando los primeros años de su vida y, en muchas ocasiones, no tienen autonomía plena para decidir cómo proteger su futuro.

En el panel se explicó que aplica a distintos escenarios. Una migración puede dejar a niños separados de sus familias o sin acompañamiento en el país de destino. Un desastre natural puede destruir en cuestión de minutos sus viviendas, escuelas y redes de protección, como ocurrió con el terremoto del 10 de agosto que ha dejado más de 45.000 familias damnificadas. Y un conflicto armado puede llevar al desplazamiento de familias o al reclutamiento de menores de edad por grupos armados que disputan el control territorial.

En el último año, por ejemplo, las unidades móviles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atendieron a 77.000 menores de edad en escenarios de emergencia, sumados al reporte de al menos 500 niños reclutados por grupos armados ilegales.

Una guerra, por supuesto, tiene afectaciones sobre poblaciones enteras: restringe la movilidad de las familias, amenaza la integridad de los pobladores y causa daños que alcanzan a comunidades completas. Pero los niños sufren perjuicios particulares que, según Esteban Reyes, director de Aldeas Infantiles, pueden prolongarse durante toda la vida.

Las consecuencias también alcanzan otros ámbitos, como la familia y la educación. Las emergencias ponen en riesgo que los niños crezcan en espacios de cuidado y protección o que, debido a la muerte o separación de sus adultos responsables, enfrenten la pérdida de sus redes familiares.

“Una emergencia tarda solo algunos segundos o semanas, pero puede impactar negativamente la vida de los niños. Debemos diseñar una respuesta en la que la acción humanitaria privilegie a los niños. Desde Aldeas Infantiles SOS creemos que la respuesta debe ser la niñez en el centro. En toda situación de emergencia debemos proteger el cuidado familiar para garantizar el bienestar de la niñez”, dice Reyes.

Decálogo por la niñez

El panel reunió varias voces para construir, en los próximos meses, una hoja de ruta que defina cómo debe atenderse a los niños, cuáles son las principales necesidades que enfrentan y de qué manera puede agilizarse la respuesta ante una emergencia. En este punto, comenta Reyes, todas las experiencias y opiniones cuentan. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, tiene décadas de experiencia alertando al Estado sobre la necesidad de prevenir crisis humanitarias o atender cuanto antes a quienes ya fueron afectados por un combate, una inundación o un desplazamiento. Las organizaciones sociales, por su parte, conocen las maneras de atender a la niñez, orientar recursos y procurar que su trabajo contribuya al restablecimiento de sus derechos.

Mientras el documento se construye y recibe nuevas perspectivas, la tarea de brindar respuestas urgentes sigue pendiente, pero también queda otra discusión: entender que atender una emergencia no significa solo responder mientras ocurre, sino acompañar a los niños cuando el desastre, el desplazamiento o el conflicto ya terminó.

Antes, durante y después de atravesar la frontera, las mujeres migrantes dedican sus días al cuidado sin ninguna retribución real o suficiente. Ese es uno de los varios hallazgos que el centro de estudios jurídicos Dejusticia reveló en una investigación publicada en mayo y que concluye que hay un “hilo invisible” entre el cuidado, el género y la migración.

La investigación compiló la historia de 25 migrantes, todas residentes en Bogotá, para conocer cómo sus días, que ya de por sí son difíciles con la integración y regularización en Colombia, se tornan aún más tortuosos cuando deben emplear tiempo, dinero y esfuerzos a labores de cuidado no remunerado.

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El común denominador: la mayoría son mujeres, generalmente oriundas de Venezuela, que migraron buscando un mejor futuro para sus hijos o las personas que tienen a cargo. También se repite que han sido absorbidas en “círculos de pobreza y vulnerabilidad” que les privan de generar ingresos económicos, cursar proyectos de vida propios y cumplir “el sueño migratorio” de encontrar mejores posibilidades.

Cifras de una brecha

Aunque no es una investigación representativa a nivel nacional, muestra que las conclusiones pueden extrapolarse a patrones de vulnerabilidad que viven en su mayoría las cuidadoras migrantes en Colombia.

El DANE, en 2023, ya lo había determinado. De acuerdo con la Encuesta de Uso del Tiempo del Departamento Estadístico, las mujeres nacidas en otros países dedican 9,5 horas a labores de cuidado frente a las 7,5 horas que lo hacen madres, abuelas o hermanas oriundas de Colombia. Con el reloj en mano, significa que casi el 50 % del tiempo en que una mujer migrante permanece despierta es destinado a una labor que no le retribuye económicamente, ahonda desigualdades de género y le es endilgado solo por ser mujer.

Además, la investigación muestra que migrar y cuidar son sinónimos de mayores secuelas como pobreza extrema, afectaciones psicológicas o deterioros físicos derivados del poco descanso o tiempo empleado para atender su salud. Así lo determinó el Departamento Nacional de Planeación en 2024, cuando concluyó que seis de cada 10 hogares liderados por mujeres migrantes viven en el umbral de pobreza y para ese entonces, estas mujeres percibían apenas el 41 % del salario mínimo.

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Para Dejusticia, las conclusiones pueden extrapolarse tanto a las familias de los 2,8 millones de personas que pertenecen a la diáspora venezolana como a las mujeres de al menos 10 nacionalidades diferentes que también sostienen a sus allegados en Colombia, entre haitianas, ecuatorianas o mujeres provenientes de África.

“Las políticas públicas han tratado la migración y el cuidado como asuntos separados. Mientras la migratoria no considera las responsabilidades de cuidado de las mujeres, las de cuidado tampoco contemplan las barreras específicas que enfrentan las migrantes. Frente a ese vacío institucional, son las propias mujeres quienes sostienen la vida a través de redes informales, apoyos comunitarios y estrategias cotidianas para sobrevivir”, reza un apartado de la investigación.

Vacío sin llenar

La investigación hace énfasis en que el Estado y la sociedad usualmente se refieren a la migración como una población que debe ser regularizada con estatus migratorios e integradas en el andamiaje social. Pero son los vacíos, no las normas, los que generan consecuencias en las vidas de las mujeres. Dejusticia explica que las mujeres migrantes están más expuestas a cargar con el peso del cuidado no remunerado y que, como a millones de otras mujeres en Colombia o en el mundo, se les atribuye la responsabilidad de sostener el hogar, la familia, la economía o la supervivencia de niños pequeños y ancianos.

Una mujer venezolana, por ejemplo, carga con el duelo de haber dejado su tierra atrás, pero en su destino colombiano se encuentra con trabas para acceder a un estatus migratorio que la regularice. Sin ese documento, dice la investigación, las posibilidades de un trabajo formal o acceso a mínimos básicos como salud, educación para sus hijos o prestaciones laborales de ley, se convierten en un imposible que la obliga a trabajar informalmente y la encierra en un laberinto de vulneraciones, pobreza o escasez.

La difícil convalidación de títulos o falta de redes de apoyo para estas mujeres también se suma a la baraja de obstáculos para las mujeres migrantes, obligando a muchas de ellas, ya profesionales y con títulos universitarios, a buscar ingresos en labores informales y mal remuneradas como vendedoras, meseras o cocineras.

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Margarita Martínez, investigadora y coordinadora de la línea de género en Dejusticia, asegura que hay otras conclusiones derivadas de este asunto que se ha convertido en “invisible para el Estado”.

“Estamos viendo mujeres con dos o tres trabajos informales, asumiendo obligatoriamente esas cargas y que aún así, no es suficiente para poder salir de círculos de pobreza y precariedad”, comenta.

Margen de acción

Más que un llamado de atención sobre la situación de vulnerabilidad que viven las mujeres migrantes, la investigación propone pensar el cuidado como una tarea que se distribuya equitativamente y que adicionalmente tenga un enfoque de movilidad humana.

Martínez subraya que esta conversación, aunque lleva varios años en la agenda pública, también tiene impacto en la economía del país: según la información recabada, las labores de cuidado representan casi el 20 % del Producto Interno Bruto colombiano. Para la investigadora, quiere decir que se está permitiendo que una quinta parte de cómo se mueven las finanzas del país alimente pobreza y sumerja en vulnerabilidades a las responsables de “sostener la sociedad y la familia”.

“Es un asunto migratorio que debe entenderse en condiciones dignas, como un asunto de justicia social y derechos humanos. Se debe transformar la forma en que la sociedad sostiene la vida, pero que hoy se sostiene con mujeres migrantes en condiciones profundamente desiguales”, concluye.

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Una emergencia puede durar un par de segundos o días, pero tiene repercusiones para toda la vida de los niños que la sufren. Ese será uno de los temas principales que se tratarán el próximo 19 de agosto en el evento “La niñez en el centro de la acción humanitaria”.

El evento, organizado por El Espectador y la ONG Aldeas Infantiles, tendrá expertos de alto nivel que debatirán cómo lograr que la respuesta estatal y de organizaciones no gubernamentales contenga un enfoque de derechos que mitigue las vulneraciones que viven los niños en diferentes coyunturas, como guerras, reclutamiento, migraciones forzadas o, como se vio en días pasados, desastres naturales que afectan sus derechos.

Esteban Reyes, director de Aldeas Infantiles, asegura que el debate llega en un momento clave para Colombia, pues el país presenta diferentes cifras que hacen un llamado de urgencia para responder a los niños frente a las vulneraciones que viven. Por ejemplo, el país sigue atestiguando cómo menores en regiones impactadas por el conflicto viven el fenómeno del reclutamiento forzado.

Algunos otros, en diferentes latitudes del país, viven las consecuencias de otras crisis: como niños venezolanos que han huido de sus países y aterrizaron a Colombia sin conocer sobre derechos o cómo garantizarlos; o menores de edad afectados por inundaciones, incendios y terremotos que también deben ser protegidos.

“Una emergencia tiene efectos en la vida de los niños para siempre. Las consecuencias son nefastas para la niñez, y por eso es importante alentar esta conversación para garantizar respuestas y derechos a nuestros menores de edad”, recalca Reyes.

El evento se realizará en las instalaciones de la Universidad Javeriana, sede Bogotá, a las 8:30 a.m.

En la agenda también están presentes otros perfiles que desde la acción humanitaria o la academia conocen sobre cómo salvaguardar derechos. Ese es el caso de algunos emisarios la Defensoría del Pueblo, quienes hablarán sobre cómo el Estado puede prevenir este tipo de agresiones antes de que sucedan antes de que ocurran a través del Sistema de Alertas Tempranas.

O también representantes de algunas de las oenegés más importantes en el cuidado de la infancia, como Unicef, World Vision o la misma Aldeas Infantiles, que ha desplegado un inmenso equipo de funcionarios para intentar que los niños, en lugar de terminar en orfanatos o instituciones, puedan ser acogidos por familias temporales.

Hoja de ruta

El evento también tendrá espacio para construir una hoja de ruta en la que queden establecidos los pasos necesarios para la atención humanitaria a los niños. Así, varias voces y perspectivas podrán reunirse en un solo documento que podría servir como política pública, pero también como panorama para que diferentes eslabones de poder prevengan la violación de derechos humanos de sus niños.

“La hoja de ruta permitirá la protección de la niñez en contextos de emergencia”, dice Aldeas Infantiles.

Si está interesado en asistir al evento, puede registrarse a través de este enlace y seguir la transmisión en vivo por todas las redes sociales de El Espectador y Región en Acción.

La corrupción es hoy un mecanismo de “gobierno” del crimen organizado, fenómeno que crece y evoluciona más rápido que las formas con las que Colombia lo enfrenta. Así lo explica la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Según esta agencia, la manera en que funcionaba la corrupción durante buena parte del siglo XX ahora tiene dinámicas distintas.

En ese entonces, explica la UNODC, la corrupción consistía en hechos puntuales protagonizados por funcionarios que aprovechaban su cargo para obtener beneficios privados, pero el fenómeno evolucionó. Esa agencia de la ONU subraya que las organizaciones criminales comprendieron que la confrontación abierta contra el Estado genera costos e incertidumbre permanente. “Así las cosas, resulta más eficiente disputar selectivamente algunas capacidades estatales que sustituirlas por completo”, señala UNODC.

“La corrupción se convierte en una capacidad organizacional permanente de las economías criminales (...). Si se comprendiera como un mecanismo de gobernanza y no como un acto aislado, el objetivo dejaría de ser únicamente sancionar el hecho corrupto y más bien identificar y desmantelar las funciones que el crimen organizado ha capturado para subsistir”, explica

Forma y fondo

La diferencia entre el pasado y el presente no solo radica en el tamaño de las organizaciones criminales, sino en la manera en que lograron integrarse a sectores estratégicos del Estado. Según UNODC, estas estructuras ya no buscan reemplazar las instituciones ni enfrentarlas directamente. Su estrategia consiste en infiltrar procesos específicos del mismo Estado para reducir riesgos, asegurar la continuidad de sus negocios y proteger sus ganancias.

Esta infiltración se observó en el marco de la Estrategia Nacional de Integridad Portuaria, proyecto de UNODC que logró consolidar información dispersa, identificar vulnerabilidades institucionales y proponer controles.

Transformar la respuesta institucional con tecnología

La nueva arquitectura institucional frente a la corrupción debe incluir inteligencia estratégica, interoperabilidad de datos, auditoría forense, análisis financiero, gestión de riesgos e inteligencia artificial.

Este enfoque se ha materializado en iniciativas pioneras de UNODC, entre ellas el diseño del Modelo de Análisis y Gestión de Alertas de Corrupción y la plataforma Alertas360, las cuales transforman información dispersa en alertas tempranas y evidencia técnica con foco en la contratación estatal.

¿Qué viene ahora?

Para Colombia, el verdadero desafío ya no es crear más instituciones ni aumentar las sanciones, sino articular y transformar la arquitectura institucional para conectar la gestión sectorial de riesgos con la acción penal, fiscal y disciplinaria.

También hay tareas paralelas, como fortalecer y llevar a las regiones la Línea 157 —mecanismo telefónico que permite denunciar la corrupción de forma anónima—, aprobar el Proyecto de Ley de Protección de Denunciantes y profundizar la alianza con el sector privado, para cerrar espacios de facilitación a redes corruptas que permiten el tráfico de armas, el narcotráfico y la minería ilegal, entre otros, incluyendo drones y sistemas antidrones. A ello se suma un desafío cada vez más relevante: fortalecer la cooperación internacional para recuperar activos robados al Estado e indemnizar a las víctimas.

Algunos temas priorizados

Para articular a las entidades territoriales y tener respuestas efectivas, como Estado, se debería consolidar una estrategia nacional de lucha contra la corrupción, que integre la recuperación de activos y la reparación de víctimas. También es importante para promover el desarrollo territorial y fortalecer la prevención de la corrupción en el contexto de las regalías. En sectores como el energético, la transición debería ser observada con atención. De manera transversal la contratación pública no puede obviarse.

Hace ocho largos años, Meg Quinn optó por no compartir los detalles de una decisión importante.

Tenía 37 años y acababa de salir de una larga relación cuando empezó a entrar en pánico. ¿Se le estaba acabando el tiempo para tener hijos? Sintiéndose impotente, decidió hacer algo que era caro, pero que podría aumentar la posibilidad de ser madre. Congeló sus óvulos.

“Me costaba hablar al respecto”, dijo Quinn, creadora de contenido gastronómico que ahora tiene 45 años, el lunes en una entrevista desde su casa en Los Ángeles. “Había tantas maneras distintas de cómo podría salir. Por ejemplo, podrías gastarte todo ese dinero y al final que no sirviera para nada”.

Así que cuando la diputada Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por Nueva York de 36 años, anunció el pasado fin de semana que iba a congelar sus óvulos —luego publicó un vídeo en Instagram en el que se inyectaba un medicamento justo antes de una entrevista en televisión—, Quinn quedó impresionada por la audacia de sus acciones.

“Me encanta que lo haga público”, expresó. “Entre mujeres, en cuanto más compartamos, mejor nos va”. Añadió: “Es duro para las mujeres. Tenemos que hacer todas estas cosas y bueno, ningún hombre tiene que hacerlas”.

Alrededor de 2012, la congelación de óvulos para preservar la fertilidad se consideraba una intervención experimental para casos urgentes, como el de las pacientes con cáncer cuya fertilidad se ve comprometida por el tratamiento.

Hoy en día, a medida que miles de mujeres más se someten al proceso, por fin se está hablando abiertamente del tema. Al igual que el cáncer de mama, la menopausia y la menstruación, la congelación de óvulos se ha convertido en otro tema más de salud femenina en el que el debate abierto se considera una forma de empoderamiento. La misma Ocasio-Cortez dijo que le parecía “increíble inyectarse en la sala de espera” de un estudio de televisión.

Sin embargo, esa revelación tan personal también llevaba una connotación política, ya que vinculó la decisión de congelar sus óvulos con los debates sobre la libertad reproductiva. “Curiosamente, compartir esta información conlleva un riesgo o un impuesto político”, afirmó y añadió que quería “mostrar más ejemplos de mujeres que llevan una vida plena en todos los sentidos y en cada decisión”.

En efecto, el anuncio también provocó preocupación por el mensaje médico que estaba dando y un rechazo rotundo a sus decisiones.

Aunque algunas personas se refieren a la congelación de óvulos como una “póliza de seguro”, los médicos señalan que no siempre es un proceso sencillo y que rara vez garantiza la fertilidad más adelante. Los comentaristas conservadores, especialmente los que denuncian la caída de la tasa de natalidad en el país, afirmaron que la fecundación in vitro y otras tecnologías reproductivas dan a las mujeres la falsa impresión de que se pueden esperar para tener hijos.

Allie Beth Stuckey, la famosa escritora y comentarista conservadora, publicó: “Está idealizando la mentira de que las mujeres pueden tenerlo todo. No se puede. La biología es una realidad y la forma en que organizas tu vida determina tu futuro”.

Independientemente de los riesgos o de la política, la tasa de congelación de óvulos se ha disparado: entre 2014 y 2024, el número de ciclos de congelación de óvulos pasó de 6090 a 38.930, según Jennifer Eaton, presidenta de la Sociedad de Tecnología de Reproducción Asistida.

Muchas mujeres ven la congelación de óvulos como un reflejo de esta época, mientras buscan formas de compaginar sus estudios, carreras profesionales y relaciones personales. En entrevistas, la describieron como una decisión personal que puede ser tanto empoderadora como defensiva, por si la esperanza de encontrar una pareja adecuada no se materializa.

La congelación de óvulos parece algo natural, afirmó Karina Martin de 34 años y residente en Sacramento, California. Se sometió al procedimiento hace dos años, antes de comenzar sus estudios para ser asistente médica. Comentó que en un principio pensó que estaría lista para utilizar los óvulos en unos cinco años. Si tiene que tener un hijo sola, lo hará, afirmó.

Ella empatiza con la decisión de Ocasio-Cortez de mantener abiertas sus opciones. “Es una mujer trabajadora que ha dado prioridad a su carrera”, afirma. “Es una decisión muy inteligente y no creo que tenga nada que ver con la política”.

Avni Barman, directora ejecutiva de la empresa de comunicación Gen She, congeló sus óvulos el año pasado, a pesar de que mantenía una relación seria y no esperaba necesitarlos.

Barman, de 29 años, publicó vídeos del proceso con la esperanza de demostrar que no es difícil, especialmente para las mujeres más jóvenes. “Me siento muy empoderada”, afirmó, porque tomé el control de algo que no quería dejar al azar.

En sus vídeos, explicó que el precio de congelar sus óvulos en la ciudad de Nueva York fue de unos 7000 dólares y que pudo encajar fácilmente el procedimiento en su ajetreada agenda, que incluía una conferencia y una cena con inversionistas.

“Soy amiga de muchas fundadoras exitosas que ganan siete, ocho o nueve cifras; todas lo hacen”, afirmó Barman en una entrevista. “Para ellas, es como comprarse una bolsa de diseñador —congelar los óvulos cuesta lo mismo— y esa es más o menos la mentalidad que existe al respecto”.

Sin embargo, los médicos y los expertos afirman que el proceso no suele ser tan sencillo. La congelación de óvulos y otros tratamientos de fertilidad pueden resultar tan estresantes como los tratamientos contra el cáncer, según Rena Gower, terapeuta especializada en fertilidad con sede en Manhattan.

La mujer debe inyectarse una combinación de medicamentos hormonales en el abdomen durante un periodo de entre ocho y doce días. A continuación, un médico extrae los óvulos mediante una aguja que se introduce a través de la pared vaginal mientras la paciente está sedada.

Los óvulos maduros se congelan rápidamente en nitrógeno líquido, lo que permite conservarlos durante muchos años. Se trata, en esencia, del primer paso de la fecundación in vitro, que consiste en descongelar los óvulos, fecundarlos en un laboratorio y crear embriones.

Muchos especialistas en infertilidad afirmaron que esperan que la transparencia de Ocasio-Cortez dé lugar a un debate más amplio y claro sobre el apoyo al deseo de las mujeres de tener hijos.

En la actualidad, la fertilidad es un tema poco comprendido, según señalaron. “He tenido pacientes de 48 años que acuden a mí y yo estoy lista para empezar a hablar sobre la menopausia, pero ellas están listas para hablar de fertilidad”, afirmó Audrey Buxbaum, ginecóloga de Downtown Women en la ciudad de Nueva York.

Gower, la terapeuta especializada en fertilidad, señaló que se ha encontrado con muchas mujeres que tienen miedo de contarle a alguien que habían congelado sus óvulos.

A veces, las mujeres se sienten obligadas a mantenerlo en secreto por sus familias, que consideran que es moralmente incorrecto, expresó. O sienten culpa o vergüenza porque piensan que su cuerpo podría verse como defectuoso o porque sus relaciones sentimentales no están funcionando.

A algunas mujeres les preocupa que la maternidad —incluso la mera perspectiva de ella— pueda afectar negativamente a sus trabajos.

Quinn, la creadora de contenidos a quien le sorprendió la franqueza de Ocasio-Cortez, dijo que la congelación de sus óvulos la dejó tan agotada que se sintió entumecida.

Recurrió a sus ahorros para pagar unos 16.000 dólares por el ciclo inicial, que solo produjo siete de los 18 óvulos congelados que su médico esperaba.

Quedó devastada. El médico le sugirió que completara uno o dos ciclos más, pero no podía soportar ni siquiera la idea, ni emocional ni económicamente.

Dos años más tarde, en 2020, conoció a su pareja, Greg Gomes. El 14 de febrero de 2023, cuando Quinn tenía 42 años, un médico le implantó el embrión que se convirtió en su hija, Rory.

El día de San Valentín de este año, Quinn se sintió lo suficientemente valiente como para publicar en las redes sociales los detalles de su camino hacia la maternidad y las lecciones que había aprendido. Quería dar esperanza a la gente “porque hay tantas incógnitas antes de llegar a este punto”.

El título era: “Congelé mis óvulos a los 37 años”.

“Me siento más segura para hablar de ello”, afirmó, “ahora que todo salió bien”.

Argenis Ereú tiene 55 años. Nació en Falcón, Venezuela, y después de mucho debatirse, alistó valijas, dejó su vida atrás y viajó hacia Colombia. Escogió Pereira como su domicilio, y Cali como un segundo hogar donde desarrollar sus planes de vida con su compañera sentimental. Hoy, los tres lugares donde transcurrió gran parte de su vida están gravemente afectados, o viven las secuelas de un desastre natural.

Esa situación de “perderlo todo varias veces” es la que algunos expertos consultados por El Espectador vaticinan se está viviendo en este momento y que no descartan que motive nuevas movilizaciones humanas en jurisdicción colombiana.

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La radiografía de los daños del terremoto de magnitud 7,4 que el pasado 10 de agosto sacudió a Colombia demuestra que algunas de las zonas con mayor afectación son lugares donde las personas aterrizaron buscando oportunidades. Hoy habitan municipios reducidos a concreto y mampostería desperdigados por el suelo.

Damnificados en Quibdó y Buenaventura que encontraron “tierra amiga” tras huir de la guerra en el Pacífico se preguntan si un nuevo capítulo de desplazamiento se abrió en sus vidas, esta vez tras un sismo. O está la diáspora venezolana: 2,8 millones de personas que escaparon del hambre y otros tantos que llegaron como perseguidos políticos. Muchos de ellos hoy ven el impacto en sus hogares en Cali, Medellín, Pereira, Armenia o Ibagué, todos con daños tras el sismo.

Para Catalina Arenas-Ortiz, experta en asuntos migratorios, el panorama de daños que deja el terremoto podría generar un efecto dominó, aunque pequeño, de nuevas movilizaciones. Al cierre de esta edición, el reporte preliminar era de más de 40.000 familias damnificadas, según la UNGRD. Sin un hogar, una escuela, un centro médico o sin el acceso a mínimos básicos como agua potable o electricidad, muchas familias podrían plantearse realizar una “migración pendular”, dice.

“La experiencia tras los terremotos en otros países muestra que no necesariamente las personas se movilizan, pero cuando no hay manera de continuar sus vidas en los lugares afectados, definitivamente tendrán que hacer un péndulo entre garantizar sus necesidades en ciudades donde hay capacidades para hacerlo, y residir en otros lugares”, dice la experta.

Lo importante y lo urgente

Como es lógico, lo más apremiante es encontrar hasta el último desaparecido que quedó aprisionado bajo los escombros, atender heridos en hospitales y rescatar toda forma de vida posible. Pero Giovanni Lepri, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), dice que en el mediano plazo esta emergencia mostrará una distinción entre lo importante y lo urgente de atender a personas que vieron cómo su “acceso a servicios básicos, escuelas, centros médicos o sus formas de vida se han visto truncados” y que también pertenecen a población perseguida por el chavismo o desplazada por actores armados. A ellas se podría sumar un nuevo grupo, el de quienes salieron de sus casas por catástrofes naturales.

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Lepri recapitula un diagnóstico hecho por Acnur que muestra que es muy probable que un alto porcentaje de los afectados por el terremoto estén viviendo una “doble afectación”. El informe asegura que Chocó y Valle del Cauca, dos de los focos de destrucción del temblor, concentran el 93 % del total de casos de desplazamiento forzado durante el último año. Además, grandes centros urbanos que también sintieron el colapso estructural tienen en sus calles centenares de familias venezolanas que viven allí, como Cali (133.138), Pereira (30.699), Armenia (15.452) o Ibagué (13.466).

“Son personas y familias que estaban reconstruyendo sus vidas en Colombia y esto puede implicar volver a perder su hogar (...) El desastre puede empeorar su situación, que ya era difícil con el acceso a vivienda digna, insumos vitales, agua o medios de vida y podría forzarlas a desplazarse nuevamente”, comenta Lepri.

En Quibdó, por mencionar un caso, los habitantes de barrios edificados por víctimas y sobrevivientes de masacres están a la espera de cuándo los hogares que quedaron en pie pueden volver a ser habitables, como Las Palmas, Medrano o 2 de mayo, construido por las familias que escaparon de la masacre de Bojayá de 2003. Cali, por su parte, registró que la Comuna 1, donde vive mayoritariamente población venezolana, tuvo que ser evacuada por posibles riesgos.

Sin una vivienda y posibilidades de una vida digna, temen los analistas, salir de esas comunidades sería uno de los pocos caminos disponibles para estas personas.

Experiencia previa

El papel de cómo atienda el Estado —gobiernos nacional, departamental y local— la emergencia, será clave para determinar si habrá una oleada de desplazamientos o, por el contrario, las familias permanecerán en su territorio a pesar de la devastación.

Lo fundamental, comenta Lepri, es aprender de capítulos dolorosos del pasado para enfrentar los problemas del presente. El representante de Acnur recuerda que Colombia ya se ha enfrentado a catástrofes, como las inundaciones de Córdoba o a mitigar el éxodo de al menos 7,1 millones de desplazados internos. Además, cuenta con jurisprudencia y un marco legal sólido que puede funcionar en tiempos de crisis, como sentencias de las altas cortes, entidades de atención a víctimas o mecanismos que han intentado acoger la diáspora.

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Ya hay unas iniciativas que fueron puestas en marcha. Nigeria Rentería, secretaria de Bienestar Social de Cali, comenta que la población migrante afectada ha recibido atención “como cualquier otro caleño” y ya hay directrices para que estas familias, que vivían en arriendos o en escenarios de informalidad laboral, tengan acceso a derechos, auxilios y también atención psicosocial para tramitar el duelo de haber perdido su hogar por segunda vez.

“Existen buenas prácticas para asegurar que las personas desplazadas puedan reconstruir sus vidas. El país tiene experiencia en buscar soluciones, pero también habrá que buscar en medio de esta situación dramática acciones que contribuyan a seguridad y reconstrucción de sus casas y medios de vida”, dijo Lepri.

Arenas-Ortiz, por su parte, asegura que la integración será una ficha clave en el pulso para determinar la permanencia o salida de las personas. “El Estado y sus instituciones, paralelo a la reconstrucción de infraestructura, tendrán que reubicar y garantizar la integración de las personas, sean damnificados, víctimas o población migrante para que se sientan parte de la comunidad y tengan motivos para quedarse”, concluye.

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La diáspora venezolana se ha movilizado para ofrecer ayuda en su segundo hogar. Este miércoles, se conoció que la Fundación Juntos Se Puede, una organización compuesta de exiliados y perseguidos políticos venezolanos, realizó la entrega oficial de las primeras 60 toneladas de ayuda humanitaria.

El cargamento, que partió desde Bogotá, llegó a inmediaciones de Cali para atender algunas de las necesidades básicas de las familias que sufrieron afectaciones de salud o en su defecto, perdieron sus viviendas.

El anuncio fue confirmado por Ana Karina García, directora de la Fundación, que recalcó que así como Colombia fue solidario con el “país hermano” tras el doble terremoto de La Guaira el pasado 24 de junio, los migrantes que residen en jurisdicción colombiana han hecho lo mismo.

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“Así como Colombia estuvo con Venezuela en los momentos más duros, aquí estamos nosotros, los venezolanos, en nuestro segundo hogar, acompañando y apoyando a quienes más lo necesitan. La solidaridad se devuelve con solidaridad y hoy queremos estar a la altura de todo lo que Colombia hizo por nosotros”, comentó.

Hace dos meses, la Fundación, con sede principal en Bogotá, logró recoger y distribuir cerca de 1.000 toneladas de ayuda humanitaria para atender a las familias venezolanas que fueron afectadas por el doble terremoto que dejó un total preliminar de 6.301 muertos y la pérdida parcial de casi 10.000 viviendas.

Un gran porcentaje de las donaciones que llegaron a Cali hacen parte de ayuda humanitaria que esperaba ser enviada a Venezuela, pero ante la urgencia del terremoto en Colombia, fueron destinadas a algunas de las ciudades que más daños sufrieron.

De acuerdo con el organigrama, gran parte de las ayudas serán distribuidas en Cali y posteriormente, se trasladarán hacia Pereira, donde la devastación del terremoto también dejó innumerables damnificados y pérdidas humanas.

Nuevas ayudas

Hacia Chocó y comunidades aledañas también fue despachado un camión que contiene cerca de 15 toneladas de insumos médicos y kits humanitarios para atender este departamento que, recordemos, fue el epicentro del terremoto de 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto.

“Esta respuesta tiene un significado especial. Durante los últimos años, Colombia ha sido un lugar de acogida y solidaridad para miles de venezolanos que encontraron en este país una oportunidad para reconstruir sus vidas. Hoy, ante la emergencia que viven distintas regiones colombianas, los venezolanos también quieren estar presentes”, explica la Fundación Juntos Se Puede.

De acuerdo con el informe más reciente del Gobierno de Abelardo De la Espriella, el terremoto ha dejado hasta el momento un saldo de 265 personas muertas, 3.494 heridas y al menos 496 desaparecidos.

Se espera que en los próximos días, la Fundación inicie el envío de nuevos cargamentos humanitarios a las ciudades más afectadas.

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“Continuaremos trabajando de manera articulada con las autoridades, organizaciones sociales, empresas y ciudadanos para que la ayuda pueda seguir llegando a los territorios”, concluyen.

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Lo primero que vio el pastor Wilmer fue cómo el colegio que se ubicaba al frente de su casa empezaba a desmoronarse. Él intentó ayudar con la evacuación de los niños; tenía que intentar que ningún escombro o los enormes bloques de concreto aprisionaran a los estudiantes.

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Después vino la calma. El terremoto de 7,4 de magnitud que ha dejado hasta al menos 181 personas muertas, según balance del presidente Abelardo De la Espriella, ya había terminado. Pero para él, iniciaba la tarea más difícil: ayudar al prójimo y ofrecerle calma a todos los que aún seguían con los nervios de punta a causa del sismo.

El Espectador conoció la historia del pastor Wilmer, un religioso que completa poco más de 30 horas de servicio sin descanso en Buenaventura recogiendo alimentos, insumos médicos y dinero para atender a los damnificados. Desde que finalizaron los movimientos telúricos del lunes 10 de agosto, el pastor Wilmer solo ha regresado a su casa para asearse y recoger nuevos insumos que puedan ayudarle a seguir auxiliando a los heridos o la remoción de escombros.

Su tarea se ha vuelto clave en la “Perla del Pacífico” para sumar voluntarios en una ciudad que también sintió los estragos del terremoto, tiene viviendas colapsadas en casi toda la jurisdicción y cuya única vía, la que conecta con el norte del Valle del Cauca, terminó bloqueada e imposibilitando el ingreso de ayuda humanitaria y labores de rescate.

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Ligia Córdoba, alcaldesa de la ciudad, realizó un diagnóstico preliminar de los daños que dejó el terremoto. Según el anuncio de la mandataria, siete personas han perdido la vida, pero el mayor daño se refleja en la infraestructura: 397 personas damnificadas y al menos 173 edificaciones parcial o totalmente afectadas, entre ellas tres colegios que, por sus daños estructurales, ya se catalogan como una “pérdida total”.

Vocación de servicio

El pastor Wilmer ha caminado los barrios de la ciudad inscribiendo colaboradores que lo ayuden a identificar quién necesita ayuda. También fue a un centro penitenciario para evaluar qué necesitaban las personas privadas de la libertad y, entrada la madrugada de este 11 de agosto, deambuló casa por casa ofreciendo abrazos y calma a las personas que temían volver a entrar a sus hogares.

Cuando el Hospital Santa Sofía empezó a mostrar deterioros estructurales, organizó rápidamente un grupo para colaborar con la evacuación y garantizar que los pacientes, aunque en la calle, recibieran atención adecuada.

“Toda la solidaridad nos ha funcionado para auxiliar a nuestra comunidad. Así sea una libra de arroz, es esa ayuda la que nos ha permitido desplegarnos por todos los barrios de Buenaventura para llegar a donde están las situaciones difíciles”, dijo el pastor.

A su “combo” de voluntarios ha sumado pastores de otras iglesias, enfermeras y líderes comunitarios que lo ayudan a conocer dónde destinar la ayuda o qué familia o barrio tiene más urgencia de ser atendida. Algunos de los párrocos le comentaron que perdieron sus viviendas y su segundo hogar, la iglesia; también quedaron gravemente afectadas, pero aun así se sumaban a su causa para ayudar a los bonavarenses. Ante la falta de manos para atender la emergencia, también convenció a algunas estudiantes de enfermería de Buenaventura para sumarlas al equipo y brindar atención médica en los distintos barrios.

En total, cerca de una treintena de personas han sido convencidas por el pastor Wilmer para caminar la ciudad y brindar ayuda. Algunos han ofrecido recursos, otros alimentos no perecederos e incluso, a la causa se sumó un voluntario con un vehículo que los moviliza por los barrios para transportar la ayuda humanitaria.

“Estamos en medio de procesos difíciles y seguimos en shock, pero nuestra vocación de servicio nos mueve a salir a ayudar a toda la comunidad”, indicó a este diario el pastor Wilmer.

También dispuso su patrimonio y el de otros adeptos para recoger recursos económicos y abrió un centro de acopio que recibirá alimentos, carpas o kits de ayuda humanitaria para ir personalmente a entregarlos a quienes lo necesiten.

Currículo de ayuda

Para el pastor Wilmer, la ayuda es clave en momentos difíciles. Durante los últimos cinco años ha sido el pastor de la Iglesia Bautista y constantemente sirve de puente para brindar oportunidades, educación o mínimos básicos a quienes más lo necesitan en Buenaventura.

En un episodio, por ejemplo, reunió recursos y esfuerzos para que 5.000 niños de la ciudad pudieran suplir sus necesidades más elementales y recibir platos de comida, pero también educación o encontrar en el deporte nuevos proyectos de vida.

A sus 42 años, el pastor asegura que seguirá dedicando el tiempo y los recursos necesarios para intentar aliviar el dolor que dejó el terremoto en Buenaventura. Por ahora, sigue recorriendo barrios de la ciudad, organizando dónde remover escombros o a qué familia entregar kits humanitarios.

“Haya o no haya emergencia, nos seguiremos moviendo para que la comunidad encuentre el progreso. Por ahora, entre más nos unamos, más ayudamos a quienes sufrieron los daños de este terremoto”, concluye el pastor Wilmer.