Durante décadas, el debate sobre género y agua se ha centrado, con razón, en las mujeres y las niñas como usuarias del agua. El acceso al agua potable y al saneamiento ha sido una prioridad de la agenda internacional y un componente esencial del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6. Sin embargo, hay una dimensión que sigue estando ausente en este debate: las mujeres como profesionales del sector del agua.

Miles de mujeres hoy son ingenieras, hidrólogas, científicas, emprendedoras, líderes comunitarias y responsables de políticas públicas. Negocian acuerdos sobre aguas transfronterizas, dirigen organismos operadores, desarrollan nuevas tecnologías y diseñan políticas para una gestión del agua más justa y sostenible.

Puede interesarle: Ocasio-Cortez se sinceró sobre la congelación de óvulos y abrió una importante conversación

Y, sin embargo, persiste una profunda contradicción. Aunque las mujeres desempeñan un papel cada vez más importante en la investigación, la gestión y la gobernanza del agua, estas continúan estando significativamente subrepresentadas en los puestos técnicos, de liderazgo y de toma de decisiones. El Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2026, de la Unesco, señala que, a nivel mundial, menos del 20 % del personal de los organismos operadores de agua está compuesto por mujeres y que entre 2018 y 2019 ellas representaban apenas el 17,7 % de esta fuerza laboral.

Al mismo tiempo, dos de cada tres países necesitan aumentar en al menos un 75 % su fuerza laboral en agua, saneamiento e higiene, y el 40 % reconoce no contar con la capacidad suficiente para gestionar los crecientes conflictos entre los diferentes usos del agua. En otras palabras, el sector necesita con urgencia a más profesionales, pero sigue desaprovechando una parte importante del talento disponible.

Esto no es únicamente una cuestión de igualdad, sino una cuestión de gobernanza, innovación y resiliencia institucional. El cambio climático, el crecimiento urbano, el envejecimiento de la infraestructura y la transformación digital exigen organizaciones capaces de atraer y retener al mejor talento disponible. No obstante, todavía sabemos muy poco sobre las trayectorias profesionales de las mujeres en el sector.

Recomendado: Una violencia que no deja marcas: la lucha de una madre por la justicia

¿Por qué siguen estando subrepresentadas en puestos directivos? ¿Qué políticas laborales favorecen realmente su desarrollo profesional? ¿Cómo influye una mayor diversidad en la calidad de las decisiones y en el desempeño de las instituciones responsables de la gestión del agua? ¿Qué barreras institucionales, culturales y organizacionales siguen limitando su desarrollo profesional?

Aún existen pocos datos comparables sobre contratación, promoción, liderazgo, remuneración o cultura organizacional en el sector hídrico. Sin evidencia, resulta difícil diseñar políticas públicas e institucionales que permitan aprovechar plenamente el talento disponible.

Las asociaciones profesionales también pueden contribuir a cerrar esta brecha de conocimiento. Redes como Women in Water & Sanitation Network (WWSN) demuestran el valor de conectar a mujeres profesionales mediante programas de mentoría, liderazgo e intercambio de experiencias. Del mismo modo, la Red de Politólogas ha contribuido a visibilizar a mujeres expertas y promover una participación más equitativa en los espacios de decisión.

Las consecuencias de esta brecha van mucho más allá de la igualdad de género. Al no atraer, retener y promover a un mayor número de mujeres, el sector del agua está perdiendo una oportunidad para fortalecer su fuerza laboral precisamente cuando más la necesita. Es una pérdida para las profesionales, pero también para las instituciones, las comunidades, los países y, en última instancia, para la seguridad hídrica mundial.

Las mujeres continúan estando subrepresentadas no solo en el sector privado, sino también en las instituciones públicas, el liderazgo científico, los espacios de decisión política y las conferencias internacionales. Su escasa presencia limita la diversidad de perspectivas necesaria para afrontar desafíos cada vez más complejos relacionados con el agua.

Véase también: Secretaría General de la ONU: las tres mujeres que aspiran a romper un techo de cristal

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 2026 representa una oportunidad para cambiar esta realidad. Además de debatir sobre financiamiento, resiliencia y gobernanza, debería impulsar una agenda internacional de investigación sobre las mujeres en la fuerza laboral del agua e incorporar esta dimensión en los futuros procesos de seguimiento de la gobernanza hídrica. Comprender quiénes trabajan en el sector, qué obstáculos enfrentan y qué condiciones favorecen su liderazgo permitirá diseñar mejores políticas laborales y fortalecer las instituciones responsables de garantizar la seguridad hídrica.

Cerrar la brecha de género en la fuerza laboral del agua no es únicamente una cuestión de justicia social, sino una condición necesaria para construir instituciones más sólidas, innovadoras y capaces de responder a los crecientes desafíos hídricos del siglo XXI.

El futuro del agua no dependerá únicamente de la infraestructura, la financiación o la tecnología, sino también de nuestra capacidad para reconocer, retener e impulsar el talento de las mujeres que ya están construyendo ese futuro.

Cuando Lidia Falcón decidió fundar el Partido Feminista de España en 1979, llevaba consigo una experiencia que difícilmente podía separarse de su manera de entender el poder. Había sido presa política durante el franquismo, torturada por sus ideas y había conocido de cerca las formas en que una estructura política puede convertir la vida de las mujeres en un asunto secundario. Años después explicaría que había sido detenida, vigilada, silenciada e insultada, además de haber defendido a mujeres víctimas de violencia cuando esa realidad apenas encontraba espacio en el debate público.

Su conclusión fue política: si las mujeres querían transformar las relaciones de poder, necesitaban disputar el poder organizado. Ella sostuvo que los partidos tradicionales tendían a defender intereses sociales determinados y que las mujeres necesitaban una organización capaz de defender los suyos desde una perspectiva propia. El partido fue constituido en Barcelona en 1979 y legalizado en 1981, en plena transición española hacia la democracia. Cuatro décadas después, la organización continúa reivindicándose como partido político feminista, aunque su trayectoria electoral haya sido limitada.

Puede interesarle: Ocasio-Cortez se sinceró sobre la congelación de óvulos y abrió una importante conversación

En Reino Unido, Catherine Mayer y Sandi Toksvig impulsaron en 2015 el Women’s Equality Party después de discutir públicamente la ausencia de las mujeres y sus necesidades en la política. La iniciativa nació en Londres y llegó a disputar elecciones locales, europeas y nacionales, colocando en la agenda asuntos como la representación, la igualdad salarial, los cuidados y la violencia contra las mujeres. En 2024 sus integrantes decidieron disolver el partido después de casi una década, argumentando dificultades financieras y un contexto político cada vez más polarizado. Sin embargo, demostraron que una formación pequeña podía conseguir que partidos mucho mayores incorporasen asuntos que antes ignoraban.

Suecia ha tenido su Feministiskt initiativ, creado en 2005 por Gudrun Schyman y otras activistas provenientes de la política tradicional, precisamente a partir de la insatisfacción con la respuesta de los partidos existentes frente a la igualdad. La organización llegó a obtener representación en el Parlamento Europeo y continúa presentándose como partido y movimiento feminista.

América Latina también tiene una historia propia que conviene recordar. En Panamá, mucho antes de que las mujeres obtuvieran el derecho al voto, Clara González y otras mujeres organizaron en 1923 el Partido Nacional Feminista. Su objetivo incluía conquistar el sufragio, pero también ampliar los derechos civiles, políticos, sociales y económicos de las mujeres y conseguir su presencia en los espacios donde se tomaban decisiones. Aquel partido desapareció hace décadas, pero su existencia demuestra que la idea de organizar políticamente a las mujeres no es una importación reciente ni una extravagancia contemporánea, sino que forma parte de nuestra propia historia democrática.

México también ofrece antecedentes que alimentan esta conversación. En 1929 surgió el Partido Feminista Revolucionario, mientras que décadas después aparecieron organizaciones como la Diversa Agrupación Política Feminista, reconocida en 1999 como Agrupación Política Nacional. En 2021, un grupo de diputadas de distintas fuerzas, reunidas bajo el nombre Rebeldes con Causa, volvió a plantear la posibilidad de crear un partido de mujeres, al considerar insuficiente la representación alcanzada dentro de las estructuras existentes.

Cuestión de diálogo

Esta es una discusión que vuelve a cobrar relevancia ante el retroceso democrático y las resistencias que todavía encuentran las mujeres cuando disputan espacios de poder.

La cuestión merece ser retomada precisamente porque hemos avanzado mucho y, al mismo tiempo, seguimos encontrando límites estructurales. Las mujeres ocupan más cargos públicos que hace algunas décadas, existen leyes de paridad en varios países y prácticamente todos los partidos importantes han incorporado alguna referencia a la igualdad. Sin embargo, las decisiones sobre economía, seguridad, cuidados, empleo, tecnología, fiscalidad, salud o infraestructura continúan tomándose desde estructuras donde las experiencias de las mujeres no siempre tienen el mismo peso político.

Recomendado: Una violencia que no deja marcas: la lucha de una madre por la justicia

La discusión adquiere todavía más urgencia en medio de la ola autoritaria que atraviesa el continente americano, donde el debilitamiento de las instituciones, la concentración del poder y el avance de discursos abiertamente hostiles a los derechos de las mujeres están alterando las reglas del juego democrático. En este escenario, construir partidos feministas puede convertirse en una forma de defensa activa de la democracia, entendidos como organizaciones capaces de disputar el poder electoralmente, defender la autonomía de las instituciones, incorporar la perspectiva de las mujeres en las decisiones económicas y sociales y hacer frente a los intentos de convertir nuestros derechos en moneda de cambio político.

Cuando la democracia se vuelve más frágil, la representación política de quienes históricamente han tenido menos poder adquiere un valor estratégico. Un partido feminista tendría, además, la oportunidad de articular una agenda democrática que vincule igualdad, libertad, derechos humanos y calidad institucional, colocando la vida de las mujeres en el centro de las políticas públicas y de la defensa del Estado de derecho.

Discusión de larga data

La experiencia internacional muestra que crear un partido feminista tampoco garantiza por sí sola el éxito electoral. Algunos han desaparecido, otros han conseguido representación limitada y otros han influido más en la agenda pública que en el número de escaños.

Pero precisamente allí puede estar parte de su valor. La política no cambia únicamente cuando un partido gana una elección; también cambia cuando consigue modificar aquello que los demás partidos consideran importante. Lo que está pendiente es decidir si ha llegado el momento de convertir esa experiencia dispersa en una alternativa electoral propia.

Véase también: Secretaría General de la ONU: las tres mujeres que aspiran a romper un techo de cristal

América Latina tiene millones de mujeres con experiencia profesional, comunitaria, empresarial, académica, sindical, social y política. Tiene también una larga tradición de organización feminista. Quizás el desafío de la próxima etapa no sea conseguir que las mujeres encuentren un lugar dentro de los partidos existentes, sino atreverse a construir espacios políticos capaces de cambiar las reglas con las que esos partidos funcionan.

La historia de Clara González, Lidia Falcón, Gudrun Schyman y tantas otras mujeres muestra que la política feminista ha sabido imaginar instituciones antes de que parecieran posibles.

Hace ocho largos años, Meg Quinn optó por no compartir los detalles de una decisión importante.

Tenía 37 años y acababa de salir de una larga relación cuando empezó a entrar en pánico. ¿Se le estaba acabando el tiempo para tener hijos? Sintiéndose impotente, decidió hacer algo que era caro, pero que podría aumentar la posibilidad de ser madre. Congeló sus óvulos.

“Me costaba hablar al respecto”, dijo Quinn, creadora de contenido gastronómico que ahora tiene 45 años, el lunes en una entrevista desde su casa en Los Ángeles. “Había tantas maneras distintas de cómo podría salir. Por ejemplo, podrías gastarte todo ese dinero y al final que no sirviera para nada”.

Así que cuando la diputada Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por Nueva York de 36 años, anunció el pasado fin de semana que iba a congelar sus óvulos —luego publicó un vídeo en Instagram en el que se inyectaba un medicamento justo antes de una entrevista en televisión—, Quinn quedó impresionada por la audacia de sus acciones.

“Me encanta que lo haga público”, expresó. “Entre mujeres, en cuanto más compartamos, mejor nos va”. Añadió: “Es duro para las mujeres. Tenemos que hacer todas estas cosas y bueno, ningún hombre tiene que hacerlas”.

Alrededor de 2012, la congelación de óvulos para preservar la fertilidad se consideraba una intervención experimental para casos urgentes, como el de las pacientes con cáncer cuya fertilidad se ve comprometida por el tratamiento.

Hoy en día, a medida que miles de mujeres más se someten al proceso, por fin se está hablando abiertamente del tema. Al igual que el cáncer de mama, la menopausia y la menstruación, la congelación de óvulos se ha convertido en otro tema más de salud femenina en el que el debate abierto se considera una forma de empoderamiento. La misma Ocasio-Cortez dijo que le parecía “increíble inyectarse en la sala de espera” de un estudio de televisión.

Sin embargo, esa revelación tan personal también llevaba una connotación política, ya que vinculó la decisión de congelar sus óvulos con los debates sobre la libertad reproductiva. “Curiosamente, compartir esta información conlleva un riesgo o un impuesto político”, afirmó y añadió que quería “mostrar más ejemplos de mujeres que llevan una vida plena en todos los sentidos y en cada decisión”.

En efecto, el anuncio también provocó preocupación por el mensaje médico que estaba dando y un rechazo rotundo a sus decisiones.

Aunque algunas personas se refieren a la congelación de óvulos como una “póliza de seguro”, los médicos señalan que no siempre es un proceso sencillo y que rara vez garantiza la fertilidad más adelante. Los comentaristas conservadores, especialmente los que denuncian la caída de la tasa de natalidad en el país, afirmaron que la fecundación in vitro y otras tecnologías reproductivas dan a las mujeres la falsa impresión de que se pueden esperar para tener hijos.

Allie Beth Stuckey, la famosa escritora y comentarista conservadora, publicó: “Está idealizando la mentira de que las mujeres pueden tenerlo todo. No se puede. La biología es una realidad y la forma en que organizas tu vida determina tu futuro”.

Independientemente de los riesgos o de la política, la tasa de congelación de óvulos se ha disparado: entre 2014 y 2024, el número de ciclos de congelación de óvulos pasó de 6090 a 38.930, según Jennifer Eaton, presidenta de la Sociedad de Tecnología de Reproducción Asistida.

Muchas mujeres ven la congelación de óvulos como un reflejo de esta época, mientras buscan formas de compaginar sus estudios, carreras profesionales y relaciones personales. En entrevistas, la describieron como una decisión personal que puede ser tanto empoderadora como defensiva, por si la esperanza de encontrar una pareja adecuada no se materializa.

La congelación de óvulos parece algo natural, afirmó Karina Martin de 34 años y residente en Sacramento, California. Se sometió al procedimiento hace dos años, antes de comenzar sus estudios para ser asistente médica. Comentó que en un principio pensó que estaría lista para utilizar los óvulos en unos cinco años. Si tiene que tener un hijo sola, lo hará, afirmó.

Ella empatiza con la decisión de Ocasio-Cortez de mantener abiertas sus opciones. “Es una mujer trabajadora que ha dado prioridad a su carrera”, afirma. “Es una decisión muy inteligente y no creo que tenga nada que ver con la política”.

Avni Barman, directora ejecutiva de la empresa de comunicación Gen She, congeló sus óvulos el año pasado, a pesar de que mantenía una relación seria y no esperaba necesitarlos.

Barman, de 29 años, publicó vídeos del proceso con la esperanza de demostrar que no es difícil, especialmente para las mujeres más jóvenes. “Me siento muy empoderada”, afirmó, porque tomé el control de algo que no quería dejar al azar.

En sus vídeos, explicó que el precio de congelar sus óvulos en la ciudad de Nueva York fue de unos 7000 dólares y que pudo encajar fácilmente el procedimiento en su ajetreada agenda, que incluía una conferencia y una cena con inversionistas.

“Soy amiga de muchas fundadoras exitosas que ganan siete, ocho o nueve cifras; todas lo hacen”, afirmó Barman en una entrevista. “Para ellas, es como comprarse una bolsa de diseñador —congelar los óvulos cuesta lo mismo— y esa es más o menos la mentalidad que existe al respecto”.

Sin embargo, los médicos y los expertos afirman que el proceso no suele ser tan sencillo. La congelación de óvulos y otros tratamientos de fertilidad pueden resultar tan estresantes como los tratamientos contra el cáncer, según Rena Gower, terapeuta especializada en fertilidad con sede en Manhattan.

La mujer debe inyectarse una combinación de medicamentos hormonales en el abdomen durante un periodo de entre ocho y doce días. A continuación, un médico extrae los óvulos mediante una aguja que se introduce a través de la pared vaginal mientras la paciente está sedada.

Los óvulos maduros se congelan rápidamente en nitrógeno líquido, lo que permite conservarlos durante muchos años. Se trata, en esencia, del primer paso de la fecundación in vitro, que consiste en descongelar los óvulos, fecundarlos en un laboratorio y crear embriones.

Muchos especialistas en infertilidad afirmaron que esperan que la transparencia de Ocasio-Cortez dé lugar a un debate más amplio y claro sobre el apoyo al deseo de las mujeres de tener hijos.

En la actualidad, la fertilidad es un tema poco comprendido, según señalaron. “He tenido pacientes de 48 años que acuden a mí y yo estoy lista para empezar a hablar sobre la menopausia, pero ellas están listas para hablar de fertilidad”, afirmó Audrey Buxbaum, ginecóloga de Downtown Women en la ciudad de Nueva York.

Gower, la terapeuta especializada en fertilidad, señaló que se ha encontrado con muchas mujeres que tienen miedo de contarle a alguien que habían congelado sus óvulos.

A veces, las mujeres se sienten obligadas a mantenerlo en secreto por sus familias, que consideran que es moralmente incorrecto, expresó. O sienten culpa o vergüenza porque piensan que su cuerpo podría verse como defectuoso o porque sus relaciones sentimentales no están funcionando.

A algunas mujeres les preocupa que la maternidad —incluso la mera perspectiva de ella— pueda afectar negativamente a sus trabajos.

Quinn, la creadora de contenidos a quien le sorprendió la franqueza de Ocasio-Cortez, dijo que la congelación de sus óvulos la dejó tan agotada que se sintió entumecida.

Recurrió a sus ahorros para pagar unos 16.000 dólares por el ciclo inicial, que solo produjo siete de los 18 óvulos congelados que su médico esperaba.

Quedó devastada. El médico le sugirió que completara uno o dos ciclos más, pero no podía soportar ni siquiera la idea, ni emocional ni económicamente.

Dos años más tarde, en 2020, conoció a su pareja, Greg Gomes. El 14 de febrero de 2023, cuando Quinn tenía 42 años, un médico le implantó el embrión que se convirtió en su hija, Rory.

El día de San Valentín de este año, Quinn se sintió lo suficientemente valiente como para publicar en las redes sociales los detalles de su camino hacia la maternidad y las lecciones que había aprendido. Quería dar esperanza a la gente “porque hay tantas incógnitas antes de llegar a este punto”.

El título era: “Congelé mis óvulos a los 37 años”.

“Me siento más segura para hablar de ello”, afirmó, “ahora que todo salió bien”.

Ana Lucía* no tenía moretones ni piel lacerada para demostrarle a la justicia que había sido víctima de violencia de género; pero sí tenía heridas psicológicas que se prolongaron por varios meses. En 2020 tomó una decisión muy difícil: terminar una relación; lo que temía que la dejara aún más vulnerable. No tenía ingresos formales, su pareja intentó convencerla de que no podía valerse por sí sola y, para agravar aún más el panorama, tenía que responder por las necesidades de un bebé que dependía de ella.

Pero acabó su relación y buscó refugio en un estrado judicial para mostrar que la violencia psicológica, aunque sin marcas físicas, también tiene secuelas en la vida de las mujeres.

En marzo de este año, la Corte Suprema de Justicia profirió la sentencia SP-123: un fallo que además de darles validez a las denuncias de Ana Lucía, ratificó la condena a seis años de cárcel contra su agresor por haber sido responsable de una “violencia invisible” que se ejerció bajo una “reprochable pauta cultural de sometimiento y discriminación” hacia las mujeres por “considerarlas inferiores”.

El fallo condena al hombre por “violencia intrafamiliar agravada” al precisar que agredir a una mujer, sea con golpes, insultos o chantajes, constituye una violencia igual de reprochable en todos los escenarios y debe castigarse. Además, reconoce que no solo Ana Lucía, sino todo el núcleo familiar fue desequilibrado a causa de los constantes ataques contra la integridad psicológica de la mujer.

Puede interesarle: Secretaría General de la ONU: las tres mujeres que aspiran a romper un techo de cristal

“Basta el acto de maltratar para lesionar el bien jurídico. La ausencia de pluralidad (varias) agresiones físicas o psicológicas no impide la configuración del ilícito”, señala la sentencia.

Choque de palabras

La sentencia del máximo tribunal se suma a la reducida baraja de fallos judiciales que estudian y sancionan las agresiones psicológicas y económicas contra las mujeres. Como en cualquier pleito penal, la presunción de inocencia solo puede derribarse con pruebas físicas o testimonios que permitan determinar que un delito sí se cometió.

Pero en este caso, Ana Lucía solo tenía su palabra, la de algunos testigos y los recuerdos de 12 meses de insultos y humillaciones que vivió. En el juicio contó en repetidas ocasiones cómo, además de golpizas, fue sometida a frases que la hicieron sentir inferior solo por ser mujer.

Al estrado llevó a vecinos y familiares que dieron fe de cómo el hombre atentaba físicamente contra ella. También, capítulos de la relación en que escuchaban que se refería a ella como “prepago” y ejercía chantajes psicológicos cuando mencionaba que “sin mí, estaría viviendo debajo de un puente”.

El menosprecio también llegó a otros escenarios en la vida de esta mujer. Ana Lucía no tenía trabajo ni ingresos estables y él, aprovechándose de su dependencia, se mofaba de ella por ser una “bachiller sin Icfes” y aseguraba: “Le puedo quitar a la niña cuando yo quiera; tiene todas las de perder”.

La defensa del agresor, en lugar de referirse a la violencia, intentó restar credibilidad a Ana Lucía con opiniones y conceptos que nada tenían que ver con la agresión. Por ejemplo, mencionó que era una “mamá descuidada” y sugirió que la relación, en lugar de haber terminado por una secuela de humillaciones y violencias que a todas luces ya eran un delito, finalizó porque ella fue infiel.

Recomendado: La incertidumbre embarga a las buscadoras con el ascenso de De la Espriella

Pero la respuesta de la Corte Suprema de Justicia fue determinante: la ausencia de una prueba que documentara los daños psíquicos no significaba que el relato de Ana Lucía pudiera descartarse.

Ese examen llevó a la Corte a considerar creíble el relato de Ana Lucía. Su testimonio sobre los insultos, las humillaciones y las amenazas no permaneció aislado: familiares y cercanos dieron cuenta del comportamiento del hombre cuando llegaba bajo los efectos del alcohol cerca de tres días a la semana para violentarla. Una de ellas, por ejemplo, relató que escuchaba los golpes y que Ana Lucía le pedía que no la agrediera mientras tenía a la niña en brazos.

“La violencia psicológica no siempre deja huellas visibles y no requiere prueba pericial obligatoria”, explica la sentencia.

Violencia invisible

Aunque no es la primera sentencia que reconoce la violencia psicológica, el fallo que hace justicia con Ana Lucía recuerda al mundo del derecho que este tipo de agresiones también deben ser sancionadas e incorporadas en la valoración de los jueces.

En la argumentación jurídica queda claro que paralelo a los insultos y amenazas, Ana Lucía también sufrió violencia económica, que le impedía salir de esa espiral de vulneraciones y mostrar algún disenso con el hombre que la mantenía y maltrataba al mismo tiempo.

“El maltrato psicológico se configura cuando de manera intencional se provoca dolor emocional o sufrimiento. Es una clase de violencia invisible que busca debilitar y manipular y tiene el fin de afectar su estabilidad”, explica el fallo.

Léase también: Un Congreso con menos mujeres asume la tarea de legislar con enfoque de género

¿Qué significa esto? Para el mundo del derecho, el fallo implica una muestra de cómo la justicia, en lugar de revictimizar a las mujeres agredidas, puede escuchar sus voces como prueba principal para surtir sus procesos de violencia. Eso no quiere decir que cualquier testimonio será válido a los ojos de un juez o que el rigor judicial para determinar culpabilidad será ignorado, sino que una condena puede argumentarse en los testimonios precisamente de quién sufrió esas violencias.

Para mujeres como Ana Lucía, que han vivido con insultos y agresiones psicológicas por años, el fallo reconoce que lo que vivieron existió y, más importante aún, sí puede ser valorado y sancionado por la justicia.

* Nombre modificado por privacidad.

El séptimo arte está siendo utilizado para cambiar la vida de las mujeres en Colombia. En 2018, la Fundación WWB estrenó una estrategia de varias cápsulas documentales con el objetivo de concientizar a mujeres en Cali y Valle del Cauca sobre los caminos para salir de la violencia por razones de género.

El propósito era utilizar el cine y la pedagogía para ofrecer un salvavidas a mujeres que convivían en contextos de agresión, poca autonomía financiera que las obligaba a depender de un tercero o incluso bajo el riesgo del feminicidio.

Ocho años después, la serie ha sido proyectada en casi todas las latitudes del país en pueblos y corregimientos. En efecto, la serie de cortometrajes “Ofelia no está sola”, enseña cuáles son los derechos básicos de las mujeres y propone opciones sobre qué hacer cuando una madre, esposa o hija vive agresiones sexuales, económicas, físicas o psicológicas.

Recomendado: La incertidumbre embarga a las buscadoras con el ascenso de De la Espriella

El eslogan de la estrategia es “Ninguna mujer está sola”, aludiendo a las rutas institucionales de atención disponibles para que una mujer pueda prevenir, denunciar y que sus derechos fundamentales sean garantizados.

El proyecto se ha convertido en una iniciativa taquillera: más de 48 fundaciones, entidades públicas o empresas privadas se han sumado a su difusión y destinan recursos, conocimientos y logística para que los cortometrajes se proyecten a la mayor cantidad de mujeres y niñas posible. Incluso ha llegado a salas de cine extranjeras: “Ofelia” ya se reproduce en Argentina, Chile y Bolivia, y ha sido galardonada por ser un caso de éxito en la prevención de agresiones de género y al convertirse en un manual de derechos.

Así lo reconoció la Universidad de Cambridge, institución educativa británica que en 2023 aplaudió la estrategia por “inspirar cambios e impulsar la transformación que permite a las mujeres identificar violencias y conocer rutas de atención”.

Aprender con arte

La estrategia tiene varias líneas de acción que buscan, por un lado, enseñar sobre derechos y cómo protegerlos y, por otro, aconsejar qué hacer cuando la violencia de género se manifiesta con amenazas y riesgos a la integridad. También ofrece un directorio con indicaciones de autoridades competentes para atender, dependiendo del caso, agresiones sexuales o maltratos psicológicos, y explicando qué hace una Comisaría de Familia, considerada la primera barrera de defensa para garantizar derechos.

Recomendado: Un Congreso con menos mujeres asume la tarea de legislar con enfoque de género

En algunos municipios, el equipo de WWB llega con sus aliados a proyectar el documental, que trata sobre un personaje ficticio que ha sufrido de violencia intrafamiliar y muestra cómo esas agresiones han afectado su proyecto de vida. Al final, muestra los caminos a los que puede enfrentarse en su búsqueda de atención, protección y acceso a la justicia, y distinguir cuándo un acto es una agresión contra la mujer, así sea una práctica normalizada o “tradicional”, como sucede con muchas mujeres rurales o poblaciones indígenas, aunque también en las ciudades.

El cortometraje se ha proyectado en comunidades como El Paujil (Caquetá), Inírida (Guainía) y en las veredas de Caldas, donde centenares de mujeres campesinas adscritas a la Federación Nacional de Cafeteros se han sumado a la campaña para prevenir riesgos contra sus derechos. También ha aterrizado en zonas en las que, por su complejidad geográfica, es difícil hacer cualquier programa de incidencia o garantía de derechos, como Amazonas, Guainía, Norte de Santander y San Andrés, para completar 25 departamentos donde se está dando la conversación de defensa de derechos.

Johana Urrutia, directora de programas de WWB considera que el documental ha tenido acogida en “zonas históricamente marginadas de estrategias de prevención (...). Es una estrategia pensada para sensibilizar sobre los diferentes tipos de violencia, no solo la física o psicológica, sino también la económica, patrimonial o simbólica, y para mostrarles que existen rutas de atención”.

En 2025, Ofelia les enseñó cómo proteger sus vidas y derechos a través del cine al menos a 6.765 mujeres de 117 municipios. La mayoría de los espacios concluye reflexiones o mesas redondas donde las participantes cuentan sus experiencias previas, cómo afrontaron la violencia y resaltan cómo el cortometraje puede impactar positivamente sus vidas.

Conversación urgente

La pantalla grande también ha llegado a poblaciones con mujeres que difícilmente accedieron a estudios y, por ende, no saben a ciencia cierta qué es violencia, cómo denunciarla ni enfrentarla. Así lo cuenta Mateo Vélez, coordinador de gestión del conocimiento de la Fundación Alpina, socio activo en la difusión de “Ofelia” en las zonas rurales de Colombia, donde se aprovecha la estrategia para enseñarles a las campesinas sobre formas de autonomía y a crear proyectos de vida que les permitan salir de ciclos de vulnerabilidad.

Puede interesarle: Electoras, votadas y no elegidas en Brasil

“Gracias a los cortometrajes, la Fundación ha impulsado discusiones sobre cómo edificar proyectos de vida libres de violencia; también brinda oportunidades para superar roles que históricamente han recaído en ellas, como el cuidado y el sostenimiento del hogar; y ayuda a que las mujeres rurales tengan voz para decidir el destino de sus veredas, familias y cosechas. Aunque les dicen las guardianas del campo, ellas son las más vulnerables frente a la desigualdad; eso también queremos cambiarlo”, dice Vélez.

La iniciativa, lejos de perder fuerza, continuará recorriendo trochas y municipios del país para revertir un escenario de agresiones contra niñas y mujeres. En 2025, la Defensoría del Pueblo documentó 113 feminicidios y poco más de 30.000 delitos sexuales y agresiones familiares.

Vélez concluye que “Ofelia” les dice a las colombianas que no están solas y que el arte y la pedagogía pueden mostrar que sí existe una vida libre de agresiones contra las mujeres.

Si desea conocer los cortometrajes puede hacerlo a través de este enlace o visitar directamente la iniciativa ´Ofelia no está sola´.

Cargar con varias décadas buscando a un ser querido desaparecido se está haciendo más pesado para las mujeres que se han dado a esa labor. Algunas sienten que el tiempo y las esperanzas de encontrarlos con vida, o en su defecto algún cuerpo al que poderle dar sepultura, se agota. Otro grupo asume que la búsqueda implicó enfermedades, empobrecimiento o secuelas irreparables, y desisten de recorrer trochas y lomas. Pero la gran mayoría de las casi 500.000 mujeres buscadoras coincide en que la elección del presidente Abelardo de la Espriella supone un nuevo reto para una búsqueda que llevan haciendo más de la mitad de sus vidas y que solo tiene como propósito encontrar a sus allegados, la verdad de los crímenes de los que fueron víctimas y garantías de no tener que volver a llorar a un familiar ausente.

El Espectador habló con algunas de las madres, esposas o hermanas que hace décadas pausaron sus vidas para emprender la búsqueda de sus desaparecidos acerca de sus expectativas para el próximo cuatrienio. La respuesta más repetida: preocupación y desazón respecto a la llegada de un presidente que, independientemente de su orilla política, no oriente los esfuerzos del Estado a cumplir demandas que han repetido por décadas y frente a diferentes mandatarios.

Recomendado: Fallo de la Corte Suprema de EE. UU. sobre la ciudadanía por nacimiento: ¿qué hay que saber?

El Estado (no el gobierno) tiene varios compromisos legales e internacionales con las mujeres buscadoras. En 2023, por ejemplo, el Congreso aprobó una ley que reconoce su lucha y ordena a las entidades llenar los vacíos que toda una vida de búsqueda dejaron en sus hogares, como nulo acceso a salud, ingresos dignos o educación y, por supuesto, avances en las investigaciones para determinar dónde están sus familiares y qué fue lo que realmente sucedió con ellos. También está la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dos entidades que en buena parte nacieron gracias a muchas de estas mujeres y las discusiones que llevaron a La Habana y que posteriormente se tradujeron en el Acuerdo de Paz de 2016.

“La búsqueda nos ha tocado hacerla por nuestra cuenta durante años. Hemos sobrevivido la tortura, el dolor, el silencio, la violencia sexual y la desaparición de otros familiares mientras buscábamos a los ausentes independientemente del gobierno de turno. Tememos ver que los avances que tantas décadas nos costaron, como la Ley de Buscadoras o las instituciones que nos ofrecen verdad, se devuelvan al punto de partida”, dice Nancy Galárraga, buscadora de Putumayo que aún espera verdad sobre la tortura, desaparición y violencia sexual a las que fueron sometidas sus cuatro hermanas en 2001.

Puede interesarle: El joven futbolista colombiano que le ganó un pulso migratorio al ICE en EE. UU.

De vuelta al silencio

El principal temor se extiende a que De la Espriella, que mencionó públicamente buscar tumbar la JEP “de un plumazo” o recortar “de 19 a nueve los ministerios”, se traduzca en un borrón y cuenta nueva para encontrar a sus desaparecidos, sea por falta de voluntad política como por decisiones ejecutivas que derrumben instituciones y leyes que construyeron por su propia cuenta.

Al no haber un empalme adecuado entre el gobierno Petro y el nuevo mandatario, muchas de esas apuestas que consiguieron las buscadoras pueden quedar en el limbo, dice Amparo Buzato, quien busca desde hace 23 años a su hija, Sully, por trochas y veredas de Guaviare y Meta sin ningún resultado hasta el momento.

“Ya no tenemos aliados. Siempre nos hemos hecho escuchar, y esta no será la excepción para que agachen la oreja (sic). Pero el panorama se complica cuando vemos que la búsqueda, las buscadoras y los derechos que nos quitó la desaparición no son una prioridad para el próximo gobierno”, dice.

En su programa de gobierno, compuesto principalmente por la “anticorrupción” o seguridad, De la Espriella no mencionó la reparación a las víctimas de la guerra o que desde sus directrices apoyará restablecer los derechos que las buscadoras perdieron con la desaparición de sus familiares.

La UBPD contestó a El Espectador que hasta el momento no hay fecha en el calendario para conocer cómo trabajará con el gobierno de De La Espriella para dar con el paradero de más de 136.000 desaparecidos registrados en sus bases de datos, como La Escombrera de Medellín o la intervención de cementerios. El Ministerio de Justicia (entidad que podría desaparecer bajo el recorte estatal que propone el gobierno entrante), muestra las mismas preocupaciones. Juan David Villalba, director de Justicia Transicional de esa cartera, asegura: “Al gobierno entrante le quedan cuatro herramientas listas para aplicar a resarcir el daño de la desaparición forzada. Si es responsable, debe recoger los avances y tramitarlos en respuestas. Pero los desafíos que enfrenta son muy importantes”.

Recomendado: Un Congreso con menos mujeres asume la tarea de legislar con enfoque de género

Este diario contactó a Iván Cancino, ministro de Justicia designado para el nuevo gobierno, quien nos remitió al equipo de comunicaciones del presidente electo, del que no obtuvimos respuesta.

Temor del pasado

Otras buscadoras sienten miedo de que Colombia vuelva al pasado, es decir, que vean nuevas desapariciones en el seno de sus familias o que sean violentadas mientras indagan dónde están. Ese es el caso de Cleiner Almanza, quien en los 28 años que ha recorrido los Montes de María en las pesquisas de su hermano ha sufrido violencia sexual y secuestros y, nuevamente en 2026, volvió a ser víctima de agresiones.

La defensora de derechos humanos fue atacada con alcohol hace unas semanas, al parecer por hombres del Clan del Golfo, y alerta que su agresión es un mensaje disuasorio a otras buscadoras que pone, nuevamente, la búsqueda en riesgo extremo.

“Lo único que tenemos es la ley que tanto nos costó llevar al Congreso. Tememos volver atrás no solo cuando retroceden nuestros avances, sino cuando, con la situación de seguridad en el país, vemos riesgos de ser violentadas mientras buscamos o, como me ha sucedido a mí, amenazan con desaparecer a otros familiares si seguimos buscándolos”, dice.

Para Galarraga y Almanza, solo el tiempo dirá qué vendrá en el próximo cuatrienio: un gobierno aliado con la búsqueda y la justicia que reclaman o, por el contrario, un nuevo mandato presidencial en el que ellas, a sus avanzadas edades, deberán nuevamente salir con pala y mapa en mano a intentar encontrar pistas.

“Nos mueve el amor por nuestros seres queridos y solo queremos que el próximo gobierno nos permita que el dolor de la desaparición forzada se convierta en derechos. Nada más”, concluyen.

👀📄 ¿Ya se enteró de las últimas movidas migratorias en Colombia, Latinoamérica y el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Son avances, pero son insuficientes. Así calificó la Defensoría del Pueblo la baja cifra de mujeres que ocupará nuevamente los escaños del Congreso para discutir y aprobar las leyes. Este 20 de julio, el Legislativo se posesionó formalmente para el próximo cuatrienio. Al acto oficial asistieron senadores y representantes a la Cámara de todo el país y pertenecientes a todas las orillas políticas, incluidos aquellos que dan voz a las poblaciones negras, las curules indígenas y los congresistas que tendrán una agenda de paz dentro del Salón Elíptico.

Pero una tendencia se mantiene: las mujeres siguen siendo una minoría en uno de los órganos con más poder de Colombia, pues allí se decide sobre el patrimonio o las libertades de todo un país, proyectos de ley que permiten o restringen conductas o cuestiones relacionadas con la vida cotidiana de cualquier colombiano.

Puede interesarle: Electoras, votadas y no elegidas en Brasil

Durante el período 2026-2030 el Legislativo tendrá a dos mujeres menos (84) con respecto al cuatrienio pasado, cuando hubo 86 tramitando proyectos, respaldando ponencias o transformando sus votos en derechos para otras mujeres; esto es, en cifras simples, menos de una tercera parte del Congreso.

La gráfica puede reducirse aún más teniendo en cuenta que Martha Peralta, senadora electa por el partido Mais, podría dejar la “silla vacía” al estar bajo el foco de la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Originalmente la cifra era mayor, pero el Consejo Nacional Electoral concluyó tras los escrutinios finales que la curul afro, que en el papel le pertenecía a Anyela Guanga, del consejo comunitario El Naranjo, perdió su escaño y en su lugar llegará un hombre a representar las negritudes del país.

“Tras más de dos décadas de medidas afirmativas y cuotas de género, la representación de mujeres continúa ubicándose por debajo del umbral del 50 % (...). El lento crecimiento constituye una señal de alerta de demanda y una revisión profunda de los mecanismos de promoción de la participación política, especialmente en región, donde persisten brechas pronunciadas”, señala la Defensoría.

Menos voces, mismos pendientes

ONU Mujeres señala que la presencia femenina en los asientos del Senado y la Cámara de Representantes históricamente se ha traducido en derechos para millones de niñas y mujeres en Colombia. En la legislatura pasada, el organismo de Naciones Unidas aplaudió que el Legislativo aprobó al menos 59 proyectos de ley que pretenden cerrar brechas y terminar décadas de violencia contra las mujeres, como la prohibición del matrimonio infantil o la ley que busca asistir a más de 3.000 huérfanos que perdieron a sus madres víctimas de feminicidio.

Las tareas pendientes, lejos de desaparecer, se acumulan. Un sondeo de ONU Mujeres realizado en 2025 alerta que aún hay al menos 16 proyectos que necesitan una discusión urgente en comisión y plenaria para saldar deudas con las mujeres, como una modificación al Código Sustantivo del Trabajo que hoy, dice el informe, tiene algunos acápites que van en “detrimento de la garantía de la igualdad para las mujeres”. O modificar normas puntuales, como la Ley 1900 de 2018, norma que habla de jefes de familia y excluye de la titularidad de la tierra a las mujeres rurales.

Recomendado: Más allá del trauma: sanar después de la violencia sexual

Para Aída Avella, congresista electa por el Pacto Histórico, la cifra de pendientes es muy superior. La senadora asegura que por el Congreso deben pasar, y rápido, al menos 247 discusiones que significarán a final de cuentas en derechos conquistados para las mujeres o avances que permitan una mayor igualdad, como adoptar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo y que, de incluirse en el bloque de constitucionalidad, obligará a Colombia a perfeccionar protocolos para prevenir y ofrecer justicia a casos de acoso sexual laboral.

María Inés Salamanca, representante de ONU Mujeres en Colombia, asegura: “Se ha avanzado en un robusto marco normativo para la igualdad, pero las mujeres aún no logran participar plenamente en sectores productivos y en la política. Las leyes no son solo textos, sino que son herramientas para transformar vidas”.

Cali será sede de la Conferencia Anual de la International Association for Feminist Economics (IAFFE), uno de los encuentros más importantes del mundo para debatir sobre economía, género, desigualdad y sostenibilidad. La edición número 34 de este evento global se realizará del 9 al 11 de julio, en la Universidad Icesi.

El evento tendrá como lema “Economía Feminista y Cambio Transformador: Ideas, Políticas y Movimientos”, una invitación a conectar discusiones académicas, experiencias territoriales y debates públicos alrededor de algunos de los retos más apremiantes que enfrentan las sociedades contemporáneas.

El Observatorio para la Equidad de las Mujeres (de la Universidad Icesi y la Fundación WWB Colombia), así como la Mesa de Economía Feminista de Bogotá, son las organizaciones aliadas en el país para este importante espacio académico.

“Cali se ha convertido en epicentro de diálogos fundamentales en las dimensiones culturales y académicas. Después de la COP16 han surgido varios eventos que ponen a nuestra ciudad en el centro de los diálogos globales. En esa ocasión tendremos la Conferencia Internacional de Economía Feminista, que discute los temas transformadores de la economía actual”, afirmó Lina Buchely, directora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres.

Durante tres días, más de 500 personas investigadoras, académicas, representantes de organismos multilaterales, organizaciones sociales y tomadoras de decisión provenientes de distintos continentes analizarán temas clave para el futuro de las sociedades.

Algunos de estos son el impacto de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales en el empleo, las economías del cuidado, la justicia fiscal, las crisis climáticas, las migraciones, la pobreza de tiempo, la participación económica de las mujeres y las nuevas formas de desigualdad.

Para Soraya Husain Talero, directora de Investigación de la Fundación WWB Colombia, “este evento es sumamente relevante para la ciudad, el país y la academia, ya que permitirá que personas de distintas trayectorias discutan y profundicen en temas fundamentales para la economía. El objetivo es profundizar el enfoque tradicional y visibilizar dinámicas que han permanecido invisibilizadas, como la relevancia del trabajo de cuidado. Asimismo, busca analizar las estructuras de poder, la familia y el mercado laboral, examinando cómo estas brechas y desigualdades afectan a las mujeres”.

La agenda también dará un lugar destacado a debates y experiencias de América Latina y Colombia, con investigaciones sobre políticas de cuidado, desigualdades laborales, migración, violencia contra las mujeres, envejecimiento, desarrollo rural y transformaciones del trabajo en contextos digitales. Cali será, además, escenario para reflexionar sobre desafíos locales como el feminicidio, el cuidado comunitario y las brechas de género en distintos ámbitos de la vida económica y social.

Este evento cuenta con el apoyo de organizaciones como Open Society, Oxfam Colombia, Fedesalud, las Mesas de Economía Feminista de Colombia, entre otras.

“En un contexto marcado por las transformaciones del mundo del trabajo, las crecientes desigualdades, la persistencia de las violencias basadas en género y la crisis de los cuidados, es fundamental construir respuestas desde los territorios y desde las personas que sostienen la vida todos los días. Creemos que hablar de cuidados es hablar de equidad, de trabajo digno, de autonomía económica para las mujeres y de justicia. Las respuestas a los desafíos del presente pasan necesariamente por poner la sostenibilidad de la vida en el centro de las decisiones públicas”, indicó Jenny Patricia Gallego Muñoz, responsable del programa Influyente de Oxfam Colombia.

La llegada de IAFFE posiciona a Cali y a Colombia en el mapa de las discusiones globales sobre economía y equidad. También convierte a la ciudad en un escenario de diálogo internacional donde convergen conocimiento, innovación y experiencias territoriales para pensar respuestas a algunos de los desafíos más urgentes del siglo XXI.

Si desea conocer más sobre la agenda, las expertas que participarán o los temas a desarrollar, puede consultarlo a través de este enlace.

En octubre, Brasil vivirá una elección presidencial que se perfila como una de las más disputadas de su historia, tras dos comicios que ya dividieron al país, en 2018 y 2022. Lula,cuenta hoy con ventaja en las encuestas sobre todo en las últimas semanas tras el más reciente escándalo de corrupción que salpicó al candidato de la familia Bolsonaro. Sin embargo, la campaña aún no está definidia y, a pesar de indicadores económicos muy positivos, el presidente Lula sigue enfrentando una baja popularidad. Jair Bolsonaro, el expresidente, está inhabilitado para competir y cumple arresto domiciliario, por lo que designó a su hijo como candidato. En medio de una disputa presidencial protagonizada exclusivamente por hombres, hay un actor político visiblemente ausente: por primera vez en 20 años, ninguna mujer disputará la presidencia.

Las mujeres son consideradas un electorado decisivo en estas elecciones. Conviene recordar que, el mismo día en que Brasil elija a su nuevo presidente, también se renovarán las cámaras de diputados y diputadas estaduales y federales, se elegirán gobernadores y gobernadoras y dos tercios del Senado.

Como en la mayoría de los países, las mujeres son mayoría en el electorado y, no por casualidad, en una disputa tan reñida sus votos son especialmente codiciados. Brasil, sin embargo, carga con una particularidad bastante vergonzosa: es el segundo peor país de América Latina en materia de representación política de las mujeres.

La importancia del voto femenino quedó especialmente en evidencia en las últimas elecciones presidenciales. En 2022, con la pandemia todavía fresca y el temor a que Bolsonaro continuara en el poder tras haber desalentado el uso y la producción de vacunas, las mujeres votaron mayoritariamente por Lula.

Así lo sugieren la mayoría de las encuestas, que apuntan a una lectura pragmática vinculada con la protección de la salud. Lo que ya se sabe, en todo caso, es que las mujeres tienden a votar desde una perspectiva del cuidado, lo que incluye la preocupación por la calidad de la educación y la inflación de los alimentos.

Ahora, sin la pandemia como marco de urgencia y con un gobierno que no ha logrado entusiasmar plenamente a ese electorado, la disputa por el voto femenino vuelve a abrirse. En ambos lados existe una preocupación por conquistar ese voto que se refleja en los esfuerzos para endurecer las penas por feminicidio, una acción apoyada por ambos grupos políticos. Aunque son actos que llaman la atención, es curioso notar que, detrás de esas estrategias persiste una lectura bastante simplista: la de que las mujeres tienen preferencias políticas similares por el solo hecho de ser mujeres.

Sin embargo, si la disputa por el voto femenino ocupa buena parte del debate, en estas elecciones del 2026 mucho menos se discute, dentro de los grandes partidos, el lugar de las mujeres como representantes. Así quedó en evidencia el 24 de junio, cuando Michelle Bolsonaro, precandidata a algun puesto, publicó un video en el que denunciaba a su hijastro y compañero de partido, Flávio Bolsonaro.

Actualmente, Brasil ocupa el puesto 135 en el ranking de la Unión Interparlamentaria sobre presencia femenina en los parlamentos: la segunda peor marca entre los países latinoamericanos, superado únicamente por Belice. Solo el 13 % de los municipios tiene una alcaldesa; 18 % de las diputadas federales son mujeres (la mayoría de ellas blancas y de partidos de derecha) y en casi 20 % de las ciudades brasileñas no hay una sola concejala.

Treinta años después de la ley de cuotas de género, el porcentaje de mujeres electas sigue siendo escaso y los avances han llegado a “paso de tortuga”.

En gran medida, esto se debe al sistema electoral brasileño, combinado con prácticas partidarias profundamente masculinizadas, que operan como un filtro y reducen sistemáticamente las posibilidades de las candidatas antes de que el electorado llegue siquiera a ver sus nombres en la urna.

Las cuotas que obligan a los partidos a incluir al menos un 30 % de mujeres en las listas existen desde fines de los años noventa. Sin embargo, en un sistema de lista abierta, garantizan solamente la candidatura, no que esta mujer tenga visibilidad. En un sistema como tal, donde cada candidata compite individualmente por hacerse conocer, el acceso al financiamiento resulta determinante. Y los recursos públicos de campaña siguen fluyendo de manera desproporcionada hacia los hombres, sobre todo hacia quienes ya ocupan cargos y controlan las estructuras partidarias.

Pero el problema va más allá. Como aumentar la presencia de mujeres implica necesariamente reducir el espacio de algunos hombres, lo que predomina es la preservación del status quo. A ello se suman las barreras informales. En una investigación reciente, publicada en la revista Electoral Studies y desarrollada junto a Thiago Fonseca y João Victor Guedes Neto, identificamos que, tras los cambios legales destinados a promover candidaturas de mujeres y de personas negras, los partidos incrementaron el número de candidatas, pero principalmente de aquellas con escasas posibilidades de ser electas, garantizando apenas que aportaran más votos a sus respectivas siglas.

Muchas veces, aun cuando existen mujeres dispuestas a competir, aquellas que podrían ser candidatas potencialmente competitivas no llegan a serlo porque el partido no las financia, no las apoya y no las proyecta. Y cuando el electorado no las conoce, simplemente no puede votarlas. A estas barreras se suma, además, la persistente violencia política de género, que en estas elecciones se ha vuelto visible, alejando a muchas mujeres de la disputa electoral.

El resultado es un sistema que necesita el voto de las mujeres, pero que sigue dificultando su acceso al poder. Las reglas que estructuran el juego político en Brasil fueron hechas, históricamente, por hombres y para hombres, y continúan reproduciendo una representación profundamente desigual.

En 2026, mientras Lula y el hijo de Bolsonaro (o quien finalmente dispute la presidencia) compiten por el voto del grupo mayoritario del electorado, las mujeres, que siguen siendo indispensables para decidir quién gobierna, continúan lejos de ocupar, en la misma proporción, los espacios donde se ejerce el poder.

En Colombia, el conflicto armado no ha afectado a todas las personas por igual. Las mujeres han sufrido de manera particular una violencia ejercida sobre sus cuerpos. La violencia sexual ha sido utilizada como una forma de dominación y deshumanización que no solo afecta a quienes la padecen, sino también al tejido social de comunidades enteras.

Sin embargo, una pregunta suele quedar relegada: ¿qué ocurre después de la violencia? Más allá de las consecuencias físicas y jurídicas, permanecen las huellas psicológicas que acompañan a las víctimas durante años. Los efectos emocionales del trauma son, con frecuencia, una de las dimensiones menos visibilizadas del conflicto armado.

La Corporación Vínculos es una organización que lleva 23 años acompañando a víctimas del conflicto armado en Colombia, especialmente a mujeres que sobrevivieron a la violencia sexual en este contexto. Su experiencia quedó recogida en la publicación Entrelazando saberes: acompañamiento a las víctimas de violencia sexual, un libro que sistematiza las prácticas que la organización considera fundamentales para brindar una atención integral y respetuosa.

La investigación busca servir como guía para profesionales, lideresas y líderes sociales que acompañan a mujeres víctimas de violencias basadas en género. El enfoque propuesto parte de una perspectiva de género y entiende el acompañamiento como una acción política y social, más que como un ejercicio neutral de atención.

“Aunque ese no era el objetivo central de la investigación, también evidenciamos muchas fallas institucionales en la atención a víctimas de violencia sexual. Existe una capacidad institucional limitada frente a la enorme demanda de acompañamiento psicosocial y emocional. Aunque hay rutas y programas de atención, la apuesta política por la salud mental y el fortalecimiento psicosocial sigue siendo insuficiente”, afirmó Valentina Gómez Vargas, profesional de incidencia y gestión de proyectos de la Corporación Vínculos.

De esa experiencia nació la publicación, que reúne las prácticas identificadas durante años de trabajo con mujeres sobrevivientes. El punto de partida es reconocer que cada mujer es la principal conocedora de su propia historia, de los recursos que le han permitido resistir y de las estrategias que ha desarrollado para seguir adelante. Desde esa perspectiva, el acompañamiento no busca “salvar” a las mujeres, sino fortalecer sus capacidades, mejorar su calidad de vida y contribuir a la reconstrucción de sus proyectos personales después del trauma.

“En Vínculos hemos trabajado desde la idea de que las personas son expertas en su propia vida. Incluso después de vivir hechos de violencia, las personas desarrollan estrategias para seguir adelante: resiliencia, resistencia o formas de afrontamiento. Reconocer eso pone a las terapeutas en una posición de humildad. Es decir, reconocer que la persona ya ha hecho muchas cosas para llegar hasta donde está”, explicó Gómez Vargas.

El Registro Único de Víctimas de la Unidad para las Víctimas ha incluido a 10.151.491 personas afectadas por el conflicto armado, de las cuales 49.741 fueron registradas como víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco de esa guerra.

Entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de marzo de 2025, fueron incorporadas 12.062 mujeres víctimas de violencia sexual, pero solo 110 recibieron indemnización, lo que equivale al 0,91%, es decir, menos del 1 %. A esto se suma que la impunidad en estos casos supera el 97 % y que apenas cerca del 18 % de las víctimas denuncia estos hechos, según Sisma Mujer. Las cifras evidencian la magnitud del dolor que deja la violencia sexual, así como el abandono institucional, la revictimización, la culpa, la injusticia y los señalamientos que enfrentan las sobrevivientes.

Karen Suárez, psicóloga y coordinadora regional de proyectos, señala que las categorías identificadas en la investigación surgieron a partir de los relatos de las profesionales en psicología y de las experiencias compartidas por las mujeres acompañadas. Explica que, si bien algunas de estas categorías se relacionan con marcos teóricos existentes, no fueron definidas previamente desde la teoría; por el contrario, emergieron primero de las voces y vivencias de las participantes y posteriormente se buscó su correspondencia con conceptos académicos.

Asimismo, destaca que uno de los conjuntos de prácticas más relevantes fue el asociado a la construcción de la relación terapéutica. En este sentido, enfatiza que más allá de la aplicación de técnicas psicológicas específicas, gran parte del éxito del proceso terapéutico depende de establecer un vínculo basado en la confianza, la horizontalidad y el cuidado ético. Sin una adecuada relación terapéutica, explica, resulta muy difícil alcanzar transformaciones significativas en las personas acompañadas.

El proceso parte del reconocimiento de las mujeres como actoras activas de su propia vida y de la necesidad de contextualizar las violencias sexuales dentro del conflicto armado. De esta manera, se comprende que se trata de una violencia sistemática utilizada como mecanismo de control y dominación. Bajo ninguna circunstancia la responsabilidad recae sobre las mujeres que la sufren. Sin embargo, muchas llegan a los procesos de acompañamiento cargando sentimientos de culpa por lo que hicieron o dejaron de hacer. Esa sensación, según las profesionales, suele verse reforzada por experiencias negativas dentro de los mismos sistemas institucionales que deberían brindar atención y protección.

“Existe una gran limitación en la formación de quienes trabajan atendiendo estos casos en el Estado. Muchas personas no tienen enfoque de género, enfoque diferencial ni comprensión suficiente sobre la violencia sexual en el conflicto armado. Las mujeres llegan frecuentemente contando experiencias negativas en instituciones estatales: sentirse juzgadas, maltratadas o no creídas desde el primer contacto”, explicó Gina Marcela Fontalvo, profesional psicosocial y psicóloga de la Corporación Vínculos.

Himelda Ariza, lideresa social del Meta y una de las mujeres que hizo parte del proceso de acompañamiento en Vínculos, afirmó que en ningún otro lugar se había sentido tan escuchada y comprendida.

“Fue una atención mucho más humana, amable y cercana. Me permitió sacarme un peso que me tenía demasiado afectada”, aseguró.

Ariza explica que el proceso también le permitió resignificar lo ocurrido.

“Allí entendí que la violencia sexual era una forma de control muy fuerte sobre nosotras como mujeres. Recordarlo duele muchísimo, produce tristeza y amargura, pero hoy mi manera de verlo es muy diferente”, dijo.

Como muchas otras mujeres en el conflicto armado, Himelda fue secuestrada en su territorio y durante ese tiempo sufrió violencia sexual.

“Lo primero que me dijeron fue que yo era un objetivo militar. Ellos decían que una era un ‘trofeo de guerra’. Las mujeres que fuimos secuestradas y abusadas vivíamos bajo su control absoluto”, recordó.

“Gracias a Dios conocí a Vínculos, porque me ayudaron muchísimo a superar todo esto. Yo sentía que la culpa de todo lo que había pasado era mía. Me sentía culpable hasta que en Vínculos me hicieron entender que nosotras, las mujeres víctimas de violencia sexual, no tenemos la culpa de lo que nos hicieron”, contó.

“El cambio cognitivo ocurre cuando las mujeres logran comprender que la violencia sexual no fue consecuencia de sus decisiones, su ropa o su comportamiento, sino de una intención específica de generar daño. Esa nueva comprensión ayuda a tramitar emocionalmente la culpa y la vergüenza”, añadió Suárez.

“Iluminar la vida”

El libro identifica 19 buenas prácticas para la atención psicosocial. Estas incluyen la construcción de espacios seguros, la escucha activa, el interés genuino, la empatía, la reflexividad y la humanidad, entre otras. Sin embargo, una de ellas sobresale por su capacidad de transformar la manera en que se entiende el acompañamiento: “iluminar la vida de las mujeres”.

Se trata de un concepto que busca ir más allá del trauma y del sufrimiento para reconocer aspectos de la identidad, los vínculos, los sueños y los recursos personales que la violencia ha opacado.

Iluminar la vida consiste en la capacidad de tejer conversaciones que permitan a las mujeres reencontrarse con aquellas dimensiones de sí mismas que quedaron eclipsadas por la experiencia de la violencia.

Cuando una persona ha sufrido una agresión tan extrema como la violencia sexual en el marco del conflicto armado, el dolor suele ocupar un lugar central. Con frecuencia, la sociedad, las instituciones e incluso la propia persona terminan reduciendo toda su historia a ese hecho traumático. Iluminar implica desplazar el foco de la victimización absoluta y recuperar otros aspectos de la experiencia vital.

La psicóloga Gina Marcela Fontalvo señala que esta práctica está estrechamente relacionada con lo que denominan una “doble escucha”.

Por un lado, implica escuchar el dolor, los traumas y las experiencias difíciles que las personas comparten. Pero, al mismo tiempo, supone prestar atención a aquellos elementos que emergen en sus relatos y que revelan fortalezas, capacidades, recursos personales o fuentes de bienestar que muchas veces pasan desapercibidas.

Según Fontalvo, estos aspectos suelen quedar ocultos detrás de la centralidad del sufrimiento. Por eso, iluminar también significa devolverlos a la conversación y ayudar a que las mujeres los reconozcan como parte de sí mismas.

“Acabas de mencionar algo muy importante”, puede decir una terapeuta. Muchas veces la respuesta es de sorpresa: “No lo había visto así”.

Las profesionales coinciden en que el acompañamiento no elimina por completo las consecuencias de la violencia, pero sí ofrece herramientas que pueden servirles a las mujeres a lo largo de sus vidas para afrontar emociones intensas, reconstruir la confianza en sí mismas y reconocer que su historia es mucho más amplia que aquello que sufrieron.

“Hay varias herramientas que las mujeres suelen mencionar como significativas. Una de ellas son las estrategias de regulación emocional y autocuidado. Muchas mujeres dicen: ‘Aprendí a respirar’, ‘aprendí a relajarme’. Son herramientas muy valoradas porque les permiten manejar emociones intensas y recuperar prácticas de cuidado hacia sí mismas”, afirmó Suárez.

Más que borrar el pasado, el objetivo es que las mujeres puedan construir nuevas formas de relacionarse con él. Que comprendan que la violencia no define la totalidad de quienes son y que, a pesar del dolor, siguen existiendo espacios para el cuidado, la esperanza y la construcción de una vida digna.

De izquierda, de centro o de derecha. Este jueves, más de 60 legisladoras de todas las orillas políticas se reunieron en Bogotá para llegar a acuerdos mínimos sobre lo que el Congreso ha logrado en el pasado y los varios retos que se avecinan en el período legislativo 2026-2030.

El encuentro fue organizado por la Mesa de Equidad de Género de la Cooperación Internacional, ONU Mujeres y la Embajada de Suecia, quienes hicieron un llamado a todas las senadoras y representantes electas a dejar de lado las posturas políticas y legislar en favor de los derechos y el cierre de brechas.

Así lo comentó María Inés Salamanca, diplomática chilena que funge como la representante del organismo de Naciones Unidas para las mujeres en Colombia.

“Colombia ha avanzado en un robusto marco normativo para la igualdad, pero los datos muestran que aún las mujeres no logran participar en sectores productivos y en la política (...) Las leyes no son solamente textos; son herramientas para transformar vidas y derribar brechas. La igualdad es un acelerador económico y de estabilidad social”, comentó Salamanca.

Ejemplos de legislar más allá de las orillas políticas sobran. De acuerdo con ONU Mujeres, desde que se profirió la Constitución de 1991, el Congreso ha logrado ponerse de acuerdo para aprobar al menos 150 leyes que cierren brechas o hagan acciones afirmativas con las mujeres vulnerables.

En el último cuatrienio, por ejemplo, legisladoras de centro, izquierda, derecha o pertenecientes a las circunscripciones territoriales o las curules de paz lograron ponerse de acuerdo y aprobar algunos de los referentes normativos más importantes, como la prohibición de la mutilación genital femenina, la ley de huérfanos de feminicidios o penalizar el matrimonio infantil.

Trámite por surtir

Pero aún queda trecho legislativo por recorrer. Aida Avella, congresista de larga data por el Pacto Histórico, comenta que más de 247 proyectos para las mujeres están pendientes de surtir el trámite en el Legislativo para avanzar hacia la igualdad, como la que alivia cargas a mujeres mayores que ya conviven con la menopausia o leyes que garanticen igualdad real en la participación política.

“El cuidado y la equidad de género no es de un color político en particular”, mencionó a su vez Ana Ligia Mora, congresista electa por el Centro Democrático para los próximos cuatro años.

Algunas de esas normas tienen que ver con reformar leyes discriminatorias, reducir brechas salariales que aún persisten entre hombres y mujeres o garantizar que la salud sexual y reproductiva de niñas y adolescentes llegue a todo el territorio colombiano.

Otras requieren debates más amplios y recursos legislativos aún más tediosos, como la adopción de tratados internacionales que prevengan el acoso laboral o que la participación política de quienes aspiran al poder sea un derecho garantizado para cualquiera que desea ocupar un escaño o plaza en el Ejecutivo.

Pero el Congreso, dice Francy Moreno, también debe servir como barrera de contención ante posibles retrocesos legislativos que perjudiquen a las mujeres. La representante por Cundinamarca del Pacto Histórico lo explica así: “En la práctica debemos lograr que esos derechos adquiridos en estos cuatro años se puedan mantener (...) y no desmejoren las condiciones de las mujeres”.

Más allá de la Casa de Nariño

Varias voces coincidieron en que el Congreso debe continuar legislando a favor de las mujeres, independientemente del resultado electoral que dio como ganador a Abelardo de La Espriella. Claro, el Ejecutivo y el Legislativo trabajan de la mano para manejar casi todos los asuntos de la vida pública de Colombia.

Pero Ana Paola García, senadora electa por el Partido de la U, comenta que el Congreso tiene tareas iguales o más importantes que ajustarse a la agenda del jefe de Estado.

“Cuando una mujer colombiana avanza, avanzan mil más. Debemos unificar temas, no politizarlos. Nuestro trabajo no es cuestión de un presidente”, comentó.

Por el Partido Liberal también se escucharon voces de unión. Arledy Alvarado, representante por el departamento de Casanare, aseguró que todas las 85 mujeres que consiguieron un escaño en el Congreso saben lo que es vivir con brechas de género y conocen cómo es el día a día como madres, esposas o amigas. Para la también primera mujer de Casanare en llegar a la Cámara de Representantes, los próximos cuatro años deben ser de construcción. “Debemos enfocar esfuerzos en conseguir recursos y trabajar en pro de las mujeres”, comenta Alvarado, que aterrizó al Congreso con el respaldo de Centro Democrático.

El Congreso, tanto Cámara como Senado, se posesionará el próximo 20 de julio y, constitucionalmente, tendrá la tarea de continuar haciendo leyes en pro de los colombianos. A partir de esa fecha, serán estas mujeres que se comprometieron a un consenso en favor de la igualdad de género las que decidirán si el próximo cuatrienio se logran más avances o si, por el contrario, se ahonda la disparidad que viven 27 millones de colombianas.

No lo digo para criticar a quienes estuvieron en la sala. Lo digo porque esa imagen revela algo que va mucho más allá de una reunión: la IA se está construyendo sin la mitad del talento disponible. Y eso tiene consecuencias.

El problema no es de buenas intenciones, es estructural. Las mujeres representan apenas el 12 % de los investigadores en IA y alrededor del 6 % de los programadores a nivel mundial, según la UNESCO. No es un problema de capacidad ni de interés. Es un problema de estructuras que durante décadas han enviado señales explícitas e implícitas de que ciertos espacios no eran para ellas.

Pero aquí está lo que muchas conversaciones sobre este tema no dicen con suficiente claridad: cuando una tecnología que va a mediar decisiones sobre empleo, salud, crédito, educación y seguridad se diseña sin diversidad real en los equipos que la construyen, el resultado no es neutro. Es sesgado. Y ese sesgo tiene víctimas concretas.

Los sistemas de selección de personal que discriminan a candidatas por patrones entrenados con datos históricos. Los modelos de diagnóstico médico son menos precisos en mujeres porque los datos de entrenamiento estaban dominados por hombres. Los algoritmos de crédito que penalizan trabajos de cuidado no remunerados. Estas no son anécdotas marginales. Son consecuencias directas de construir tecnología sin perspectivas diversas en la mesa.

La IA todavía está en construcción. Ese es el punto, a diferencia de otras revoluciones tecnológicas que ya consolidaron sus estructuras de poder el petróleo, banca, manufactura, etc, la inteligencia artificial todavía está definiendo sus reglas, sus estándares y sus liderazgos. Eso significa que la ventana para actuar no está cerrada. Pero tampoco es infinita.

Cada año que pasa sin abordar esto de manera estructural es un año más de modelos entrenados con sesgos, de productos diseñados sin perspectivas diversas, de decisiones de inversión tomadas en salas donde todas las mentes piensan parecido.

La buena noticia es que hay señales reales de cambio. Según Coursera, la participación de mujeres en cursos de IA generativa está creciendo más rápido que la masculina en América Latina, con Colombia como uno de los casos más destacados. El talento está ahí. El problema es lo que ocurre después: cómo lo absorbemos, cómo lo retenemos, cómo lo llevamos a los espacios donde se toman decisiones.

Entonces, ¿qué hacemos? Aquí es donde la mayoría de las conversaciones se quedan cortas. Señalan el problema, citan las estadísticas y concluyen con alguna variante de “necesitamos más mujeres en STEAM”. Cierto. Pero insuficiente.

Lo que necesitamos es un cambio en tres frentes simultáneos:

Primero, las empresas tienen que revisar sus pipelines de talento, no sus declaraciones de diversidad. ¿Cuántas mujeres hay en los equipos de ingeniería de datos e IA? ¿Cuántas lideran proyectos técnicos? ¿Cuántas participan en las decisiones sobre arquitectura de modelos o estrategia de datos? Si la respuesta es “pocas” o “ninguna”, el problema no se resuelve con un programa de mentorías anual. Se resuelve rediseñando los criterios de contratación, los procesos de promoción y la cultura interna que define quién “encaja” en esos roles.

Segundo, la formación técnica tiene que llegar antes, y tiene que ser accesible. Las niñas que hoy tienen entre 10 y 15 años son las que van a construir o a quedar fuera de la próxima ola tecnológica. Los programas de introducción a la programación, al pensamiento computacional y al análisis de datos en colegios públicos no son un lujo filantrópico. Son una inversión en el pool de talento del que dependerá la competitividad del país en los próximos 20 años. Las empresas tecnológicas, los gobiernos y las universidades tienen que financiar esto juntos, no esperar a que ocurra solo.

Tercero, necesitamos hacer visible lo invisible. Una de las razones por las que la subrepresentación persiste es porque las referencias importan. Las jóvenes que no ven mujeres liderando proyectos de IA, presentando en conferencias técnicas o fundando startups en este sector reciben un mensaje tácito: ese no es tu espacio. Cambiar eso requiere que quienes ya están adentro mujeres y hombres hagan el trabajo activo de visibilizar referentes, abrir puertas y amplificar voces.

No es cuota. Es competitividad. Quiero ser clara en algo: esto no es un argumento moral. Bueno, también lo es, pero no es el único. Es un argumento de negocio. Los equipos homogéneos tienen puntos ciegos. En sectores donde la velocidad de cambio es alta y los errores son costosos y la IA es exactamente eso, los puntos ciegos son un riesgo estratégico. Las organizaciones que construyen equipos genuinamente diversos no lo hacen porque es lo correcto. Lo hacen porque les funciona mejor.

La revolución de la inteligencia artificial no necesita más mujeres por solidaridad. La necesita porque construir el futuro con la mitad del talento disponible no es ambición. Es desperdicio.

Y en este momento, con la ventana todavía abierta, ese es un lujo que ninguna organización que quiera liderar puede permitirse.

“Aún hay chance de un futuro posible y sostenible con el medio ambiente”, dice Carolina García Arbeláez, una abogada de profesión que ha dedicado los últimos años al cuidado de la naturaleza y los ecosistemas. En 2025 tomó la decisión de juntar a varias mujeres colombianas y crear una consultora que busca convencer a algunas de las empresas más grandes del mundo de que la productividad y la conservación ambiental pueden ir de la mano. Esa apuesta la bautizaron Myzelio: un juego de palabras que hace referencia a la red subterránea que sostiene los ecosistemas del planeta a través de raíces y sistemas de todos sus organismos vivos.

Casi tres años después lidera una treintena de personas -la mayoría mujeres- especialistas en cómo conjugar la responsabilidad social, la productividad de las grandes corporaciones y el cuidado del medio ambiente. Y ha logrado transmitir su mensaje del “único futuro posible: el de convivir en equilibrio con la naturaleza”. Se lo ha entregado a grandes empresas, como Argos, Bavaria y Alianza Team, que emplean personas, pero también pueden contribuir en gran medida a mitigar el deterioro climático.

“No se puede abordar la crisis climática siguiendo las mismas lógicas que condujeron al planeta a este estado de emergencia. Nuestro trabajo es mostrarle a cualquier corporación, independientemente de su nicho, que se puede producir y al mismo tiempo proteger el planeta”, comenta García.

El arte de conectar

Una de las actividades principales que se han desarrollado en los cubículos y pasillos de la sede de Myzelio, en Bogotá, ha sido la de conectar grandes ideas con capitales igual de abultados que financien esas iniciativas. Si una corporación local, por ejemplo, en lugares alejados del centro en Colombia, tiene un modelo sostenible, que beneficie a la gran mayoría de sus participantes y de paso tenga réditos positivos con el medio ambiente, Myzelio conecta los bolsillos con las manos disponibles para hacerlos.

Así ha sucedido con corporaciones grandes que tienen casas matrices en varios países, como PepsiCo, L´Occitane y Marriott, al reorganizar el organigrama empresarial y enfocarlo a economías regenerativas y que aporten a la conservación desde sus diferentes industrias.

Pero su mensaje urgente de “hacer las paces” con la naturaleza también ha tenido eco en “startups” pequeñas, como Café Devoción, o en millonarios fondos filantrópicos, como Daughters for Earth, un fondo de USD 100 millones que financia a mujeres comprometidas con el liderazgo ambiental.

“Las empresas y la sostenibilidad no solo pueden ir de la mano, sino que deben ir juntas. Si no tenemos un planeta habitable en el futuro, tampoco estarán las empresas. Si no tenemos sistemas vivos, no habrá economía. Ese es el mensaje que difundimos y que han escuchado más de 30 aliados y organizaciones”, comenta la abogada.

Así sucedió a inicios de este 2026 con Moviendo (LO)CAL: una alianza entre la consultora y Yango, la empresa que transporta 1,5 millones de personas al mes en Colombia. La iniciativa trató sobre buscar proyectos pequeños de alto impacto y, luego de un concurso y varias proyecciones, entregarles bonos de COP 40 millones para impulsar su trabajo y maximizar el beneficio comunitario a largo plazo.

Una de las empresas ganadoras fue Ciclo Alternativo: organización de recicladores de oficio en Puente Aranda que trabaja para dignificar la labor de 340 clasificadores de residuos, entre mujeres, madres cabeza de hogar o personal de la tercera edad que dependen de cuántas toneladas recojan para poder sostenerse económicamente. El patrocinio servirá para mejorar sus condiciones laborales, kits de autocuidado y un paso más para formalizar a los integrantes que por décadas han estado al margen de la seguridad social y ganancias de ley.

“Hay muchas brechas y tropiezos. Este impulso significa reconocer a una población marginada y estigmatizada e incluirlos al andamiaje social y certificar una labor supremamente importante”, explicó a El Espectador María Alejandra Sánchez, ingeniera ambiental y vocera de la organización.

Cambio de modelo

Por supuesto, ha habido tropiezos en el camino. Uno de los principales, recuerda García, es la preocupación de centenares de empresas que ven la sostenibilidad y el cuidado ambiental más como un gasto que una inversión.

Razones no faltan: una gran corporación, independientemente del área en que funcione, debe destinar cientos de millones para reorientar sus esfuerzos en que sus productos no afecten tan drásticamente el planeta. Pero también tiene la tarea de entrar a una tarea contrarreloj de capacitar a todo su personal, desde la cúspide hasta la base de la pirámide, en apersonarse del objetivo de sostenibilidad.

Pero García y sus socias se han encargado de mostrar una realidad que trasciende más allá de la caja menor de las empresas. Uno de los ejemplos que más trae a colación es el de la energía renovable: empresas que utilizan electricidad “limpia” alivia cargas contaminantes a la atmósfera y, en cuestión de unos años, ahorran dinero al no tener que desembolsar por consumir combustibles fósiles que mantengan funcionando una planta o un inmenso edificio.

Mensaje recibido

García comenta que Myzelio es solo una plataforma que ha logrado mostrarle a Colombia que la sostenibilidad sí es posible, y las organizaciones han recibido el mensaje y lo han multiplicado. En el país, por ejemplo, hay al menos 150 empresas certificadas internacionalmente que combinan sus objetivos corporativos con acciones de cuidado ambiental, como Alquería, Bancolombia o algunas más pequeñas y de nicho, como lo es el caso de Alcaguete, un emprendimiento que por cada producto que comercializa destina un porcentaje a mitigar la desnutrición infantil y el desarrollo de comunidades vulnerables.

En unos años, dice la abogada, espera que el mensaje que empezaron a difundir se convierta en un rasgo del tejido empresarial colombiano.

“Todos, ciudadanos, empresas y privados, pueden sumarse al cambio. Es cuestión de transformar cualquier empresa en decisiones sostenibles que nos permitan seguir viviendo en equilibrio con la naturaleza”, concluye.

El pasado 20 de junio terminaron cuatro años de trabajo legislativo en el Congreso, con aportes a favor de las mujeres en Colombia. En el Salón Elíptico, donde se discuten semanalmente docenas de propuestas, los parlamentarios le mostraron a Colombia que los derechos de las mujeres y niñas sí pueden encontrar consensos en medio de tanta división política y disonancias ideológicas.

Cada proyecto costó tiempo, estudios y que algunos de sus principales ponentes fueran escaño por escaño para convencer a todo el Senado y la Cámara de Representantes sobre la importancia de legislar en contra de vacíos legales que perjudican a las mujeres o, en su defecto, modificar normativas de antaño que continuaban siendo violentas con los derechos de ellas.

Léase también: Corte Constitucional protege a madre lactante despedida: un fallo con enfoque de género

De acuerdo con ONU Mujeres, el Congreso logró la aprobación de al menos 59 proyectos a favor de las mujeres en el cuatrienio del Senado y la Cámara de Representantes. Algunos de esos avances requerían trámites en apariencia sencilla: proponer un proyecto, votarlo y, una vez aprobado, esperar la sanción presidencial. Pero el verdadero reto estuvo en lograr consensos en un Legislativo que también vivió la división del mundo político. Al final, parece haber entendido que los derechos son un bien superior a los intereses partidistas, afirma Alexandra Vásquez, congresista por el Pacto Histórico.

La representante a la Cámara por Cundinamarca recuerda algunas de las más valiosas y que lograron unanimidad entre izquierda, centro y derecha, como la ley que reconoce a buscadoras de desaparecidos en la guerra como constructoras de paz o la iniciativa de Mujeres Rurales, que reorienta los esfuerzos institucionales para sacar a millones de campesinas de la exclusión y la vulnerabilidad.

“Es un mensaje muy poderoso para un país dividido: dejamos los egos políticos a un lado y mostramos que el bien del país pesa más que la ideología”, dice Vásquez.

Cambiar votos por derechos

Carolina Giraldo, representante por el departamento de Risaralda, explica a El Espectador que varias de estas normas son “históricas e icónicas”, como la ley que prohíbe la mutilación genital o la norma que puso punto final a 70 años de niñas consumando matrimonios con cónyuges casi tres veces mayores que ellas. Por su despacho parlamentario también se tramitaron otras leyes que reunieron adeptos dentro del Congreso, como la norma que obliga al Estado a atender hasta los 25 años a los hijos de las mujeres que fueron víctimas de feminicidios y quedaron en completa desprotección.

“Este Congreso hizo historia no solo por legislar y hacer un legado normativo para niñas y mujeres, sino porque le mostró a Colombia que los consensos políticos pueden darse para garantizar los derechos de millones. Es el mayor logro que le dejamos al país: reunir mayorías para el bien”, explica la congresista risaraldense.

Recomendado: Gobernar para ellas: el desafío que se espera en la Casa de Nariño

Otras iniciativas reunieron el clamor de miles de madres y mujeres en el país, y convirtieron inmensos folios de papel en leyes y garantías, como la norma que amplía la licencia de paternidad y redistribuye las cargas de cuidado a las mujeres o la ley que reorganiza la arquitectura del país para proteger y garantizar espacios amigables con las madres lactantes.

También hubo leyes orientadas a algunas minorías, como la Ley de Utilidad Pública, que les da una segunda oportunidad a madres cabeza de hogar condenadas a cumplir su pena mediante obras comunitarias. Esta iniciativa, si bien se aprobó en el Congreso 2018-2022, el entonces presidente Iván Duque la objetó y fue gracias a esta nueva oleada de parlamentarios que se terminó sancionando en la Casa de Nariño.

Recomendado: “El próximo gobierno necesita una política frente a la explotación sexual”: Claudia Quintero

Ese es el caso de añadir a Colombia al bloque de constitucionalidad y ratificar el tratado internacional sobre eliminar la violencia y el acoso laboral o reformar la Ley 1257 de 2008 para catalogar como violencia de género agresiones digitales, institucionales, ginecoobstétricas o simbólicas.

“Tuvo que pasar más de un siglo para que Colombia avanzara en la eliminación y modificación de disposiciones normativas discriminatorias (...) un orden jurídico sin discriminación es un componente esencial de una sociedad que se considera democrática”, concluye ONU mujeres.

La inteligencia artificial vuelve esta conversación más urgente, pues está transformando la manera en que las personas aprenden, trabajan, toman decisiones y generan valor dentro de las empresas. Cada avance amplía las posibilidades para quienes desarrollan nuevas capacidades, pero también aumenta el riesgo de rezago para quienes quedan por fuera de esa transformación.

De acuerdo con la OCDE, en América Latina y el Caribe solo el 14 % de las niñas espera desempeñarse en ocupaciones relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, frente al 26 % de los niños. La diferencia tampoco desaparece al ingresar al mercado laboral, ya que actualmente, apenas tres de cada 10 profesionales que trabajan en estos campos son mujeres.

Léase también: Corte Constitucional protege a madre lactante despedida: un fallo con enfoque de género

La brecha se construye mucho antes de que una empresa publique una vacante: en las expectativas que se forman desde edades tempranas, en la ausencia de referentes, en la confianza para proyectarse en determinadas carreras y en el acceso a oportunidades de formación alineadas con las necesidades reales del mercado.

Durante décadas, gran parte del acceso a posiciones de alto valor dentro de la economía digital dependió de trayectorias relativamente predecibles. Determinadas universidades, determinados círculos profesionales y determinados recorridos laborales funcionaban como principales mecanismos de validación.

La irrupción de la inteligencia artificial no elimina esas estructuras, pero sí cambia las reglas de juego. La velocidad con la que evolucionan estas tecnologías está trasladando valor hacia capacidades que se construyen mediante aprendizaje continuo y adaptación permanente, atributos que ninguna credencial garantiza por sí sola.

Por primera vez en mucho tiempo, una parte importante de las competencias más demandadas por el mercado se desarrolla fuera de los canales tradicionales que históricamente definieron quién estaba preparado para participar en una industria. El conocimiento técnico ya no circula exclusivamente dentro de instituciones formales.

Herramientas, comunidades especializadas, programas intensivos de formación y plataformas abiertas permiten acceder a capacidades que hace pocos años requerían recursos significativamente mayores. La relevancia de este cambio no radica únicamente en la democratización del conocimiento, sino en la redistribución de oportunidades que puede generar para grupos que han estado subrepresentados dentro del sector tecnológico.

Ese cambio abre una posibilidad particularmente relevante para las mujeres, porque rompe con las barreras tradicionales que limitaron el acceso a ciertos espacios pierden influencia cuando el conocimiento evoluciona más rápido que las estructuras encargadas de certificarlo. La inteligencia artificial está generando nuevas especializaciones, nuevos roles y nuevas formas de crear valor que todavía no tienen jerarquías completamente consolidadas. Los sectores que se encuentran en construcción suelen ofrecer mayores oportunidades para redefinir quién participa en ellos.

Recomendado: “El próximo gobierno necesita una política frente a la explotación sexual”: Claudia Quintero

Las empresas también enfrentan una responsabilidad que trasciende la contratación. La pregunta relevante no es únicamente cuántas mujeres ingresan a una organización, sino cuántas tienen acceso a proyectos vinculados con inteligencia artificial, automatización, análisis de datos y desarrollo tecnológico. Los liderazgos del futuro se están formando en esos espacios.

La participación de más mujeres en ese proceso no constituye únicamente una aspiración de diversidad. Determinará quién diseña productos, dirige empresas, toma decisiones de inversión y define las prioridades tecnológicas que marcarán el desarrollo de la región durante los próximos años.

Los niños estaban acostumbrados a maltratar a las aves. A algunas las desplumaban, y otras quedaban tan malheridas, que por más voluntad que tuvieran no podían volver a alzar el vuelo. Hubo días en que esperaban sigilosos a que la bandada de pelícanos sobrevolara para derribarlos con una pieza de plomo amarrada a unos cuantos metros de nailon que frustraba cualquier maniobra de evitar colisionar contra el suelo.

En medio de la vía que conecta Barranquilla con Ciénaga, un grupo de mujeres se reunió hace seis años y decidió transformar esas prácticas destructivas en un proyecto de conservación ambiental. Primero se adiestraron en ornitología y medio ambiente. Luego educaron a los niños para que comprendieran que cada ave caída amenazaba gravemente el equilibrio en la Ciénaga Grande.

Tras media década de trabajo, hoy la apuesta vincula a cerca de una treintena de habitantes del pueblo, genera empleo y les ofrece futuro a los “pelaos” para que en la próxima generación sean ellos los líderes de la protección de la ciénaga y, por qué no, convertir a Tasajera de un pueblo en pobreza extrema a un referente de conservación y turismo sostenible.

Léase también: Corte Constitucional protege a madre lactante despedida: un fallo con enfoque de género

El proyecto fue apoyado inicialmente por Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Fundación ACDI/VOCA. Hoy es gracias a su perseverancia que la apuesta de conservación, aviturismo y pedagogía a los jóvenes empieza a conocerse en Colombia e incluso ya recibe visitas internacionales de “pajareros” o biólogos interesados en el programa.

“Mujeres, niñas, niños y hombres. Todos entran en este proyecto que nos da oportunidades, le cambia la cara a Tasajera y protege nuestro hogar y la biodiversidad”, dice la lideresa.

Restaurando Hábitat

Amarilis y su familia crecieron viendo cómo el lugar que los vio nacer se deterioraba con el tiempo. Tasajera está a la orilla del Vía Parque Isla Salamanca (Vipis): un inmenso espacio de 56.200 hectáreas de parque natural que alberga cerca de 200 especies, como el colibrí manglero o el caimán aguja. Cuando nació ya se sentía el impacto negativo de la Troncal del Caribe: la vía construida en la década de los 50, que partió en dos un ecosistema completo y causó una muerte prolongada de miles de hectáreas de manglar.

Recomendado: “El próximo gobierno necesita una política frente a la explotación sexual”: Claudia Quintero

Luego siguió el olor a madera quemada, producto de al menos 70 incendios registrados desde 2013 y, de vez en cuando, encontrar reptiles o docenas de pájaros carbonizados en el suelo.

Así que decidieron mitigar el deterioro ecológico. Al inicio fundaron el Semillero Alcatraz: un espacio para vincular a todos los jóvenes posibles, y en especial a las niñas, para que formaran habilidades en liderazgo. Allí ingresaron varios de los jóvenes que en el pasado maltrataban a las aves y, según sus cuentas, habían martirizado cerca de 1.000 ejemplares.

Después fundaron la Asociación Comunitaria Restaurando Hábitat: una organización formalmente constituida y que tiene como objetivo generar ingresos, garantizar la autonomía financiera de ellas y transformar el ideario de Tasajera en un destino apetecible para el turismo.

La organización ofrece trabajos formales a mujeres que se han dedicado al aviturismo, pero también imanta otros emprendimientos liderados por ellas y sus familias, como artesanías hechas con madera de manglar y gastronomía. Hoy, incluso, varias de estas mujeres que en el pasado no tenían acceso a un ingreso formal son versadas en la conservación, conocen el ecosistema y son las guías principales de algunos de los tours que Restaurando Hábitat hace en Isla Salamanca, también para generar recursos y continuar financiando la conservación.

Cada recorrido, señala Amarilis, implica una ganancia de cerca de COP 270.000 para ellas, lo que termina retribuyendo a sus familias y el resto de la economía en Tasajera, pueblo donde el 46,6 % de sus habitantes se ubican debajo del umbral de pobreza, según el DANE.

“Éramos un grupo de amas de casa y pescadores que transformamos las malas prácticas en oportunidades. Hoy somos, con orgullo, una asociación y unas lideresas que están logrando un futuro posible en Tasajera”, comenta Amarilis.

Incursión por agua

Pero Amarilis y el resto de ellas buscaron un impacto mayor. No bastaba con que los pájaros dejaran de ser maltratados o consolidar el turismo sostenible. También tenían que empezar a restaurar el territorio. Así que en asocio con VIPIS y ACDI/VOCA aunaron esfuerzos y empezaron a navegar las costas de la ciénaga para reforestar los manglares, claves para evitar la erosión marítima.

Puede interesarle: Violencia sin fronteras: uno de cada 10 feminicidios en Bogotá fue contra migrantes

Algunas veces lo hacían en sus piraguas, y otras en fila india con los matorrales de manglar listos para sembrar. De acuerdo con sus cuentas, se han sembrado cerca de 20 hectáreas de manglares.

“Ha sido un aprendizaje que se convirtió en oportunidades y resultados que nos ayudan económicamente y preserva nuestra tierra. Los jóvenes tienen un rumbo y las mujeres posibilidad de decidir”, subraya Amarilis, quien continúa buscando más niñas para vincular a Restaurando Hábitat.

A futuro

En algunos años estas mujeres sueñan con ser reconocidas a nivel nacional y mostrarle a Colombia el potencial del aviturismo sostenible. Según afirma la lideresa, el trabajo más difícil ya se hizo: convencer a todo un pueblo a conservar su territorio. Ahora falta otro tramo por recorrer, el de mantener un proyecto en las próximas generaciones. Mientras tanto, Amarilis y las otras 30 mujeres de la Asociación continuarán repitiendo en Tasajera y el resto de la Ciénaga Grande que deben proteger la naturaleza, sus especies y las oportunidades para sus mujeres y sus jóvenes.

La fiesta del fútbol que inició este jueves ha encendido las sirenas de alarma en México, Canadá y Estados Unidos por el posible efecto dominó que traería. Según organizaciones defensoras de derechos humanos, las violencias contra las mujeres se exacerban durante las competiciones, por lo que esta semana lanzaron diversas campañas para visibilizar el problema.

Hay alarmas frente a toda una baraja de posibles agresiones. La Red Nacional de Refugios (RNR) de México asegura que hay registros de cómo los casos de violencia intrafamiliar, trata de personas o el acoso sexual se van al alza cuando hay grandes eventos deportivos.

“Nos parece importantísimo nombrar las violencias que se incrementan dentro de estos espacios masivos deportivos y darles opciones a las mujeres para que sepan qué hacer ante una situación de violencia”, dice Wendy Figueroa, directora de RNR.

Léase también: Corte Constitucional protege a madre lactante despedida: un fallo con enfoque de género

La RNR se unió a las redes de derechos en Estados Unidos y Canadá para generar conciencia y reforzar el trabajo de asistencia a víctimas de violencia contra las mujeres que ya brindan, y acompañar a las nacionales y extranjeras que sean agredidas antes, durante y después de los partidos.

“No estamos diciendo que el fútbol genere la violencia, porque la violencia ya existe, está instalada en espacios públicos y privados, pero se incrementa”, asegura Figueroa, quien agrega que las otras dos redes coinciden con esa afirmación.

“Violencias naturalizadas”

La red mexicana ha documentado que cuando hay partidos del campeonato de fútbol local, reciben entre un 15 % y un 20 % más de llamadas de auxilio por parte de mujeres.

Se han registrado tendencias similares en otros países. Un estudio realizado en Brasil, por ejemplo, identificó que, entre 2015 y 2018, en los días en los que equipos locales jugaban, las amenazas contra mujeres aumentaban un 23,7 % y las agresiones físicas lo hicieron un 20,8 %.

Pero la violencia no solo se incrementa en los sitios donde se juega, se extiende a los espacios en los que se televisa.

Un estudio de la Universidad de Lancaster estudió denuncias policiales registradas en Inglaterra durante los Mundiales de 2002, 2006 y 2010, concluyó que el riesgo de violencia doméstica aumentó un 26 % cuando la selección inglesa ganó o empató, y un 38 % cuando perdió.

Recomendado: “El próximo gobierno necesita una política frente a la explotación sexual”: Claudia Quintero

Figueroa señala que las violencias machistas quedan invisibilizadas en estos contextos porque “se naturaliza la forma en la que los hombres expresan la euforia, el enojo y las rivalidades, que es a través del control, de los gritos, de los insultos, de pegarle a la pared, de romper la camiseta y muchas veces también de descargar estas emociones contra las mujeres, niños y niñas que están a su alrededor”.

Riesgo de aumento de trata

La RNR asegura que las agresiones no solo ocurren dentro de las casas o en contextos familiares o de pareja, sino también en las calles.

Figueroa dice que las mujeres y las niñas sufren acoso sexual dentro y fuera de los estadios y que, durante estos eventos deportivos, también pueden correr mayor riesgo de ser engañadas por redes de trata con fines de explotación sexual, lo que ha sido advertido en informes de la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc) y el Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef).

Nayely Sánchez, titular de programas en Unodc México, explica que las ofertas de trabajo suelen ser el principal anzuelo que usan las redes para captar a sus víctimas para eventos masivos como estos.

“Les ofrecen ticket de avión y alojamiento, y cuando llegan son explotadas sexualmente”, menciona.

Además, afirma que las redes suelen mover a sus víctimas entre países durante la competición para evitar que las autoridades las descubran.

En ese contexto, la Unodc ha lanzado una campaña en alianza con la organización Sin Trata, Uber y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México para que las personas que van al Mundial puedan identificar posibles casos.

También tienen un convenio con Airbnb para prevenir a los anfitriones de huéspedes que puedan ser tratantes o víctimas de estas organizaciones criminales.

Sánchez afirma que quienes acudan a los partidos seguramente aprovecharán para hacer turismo y que en esos lugares puede haber víctimas de explotación sexual, por lo que es vital que quienes detecten algo informen inmediatamente.

Hay una probabilidad muy alta de que la diplomacia mundial sea manejada por una mujer. Hace unas semanas, Naciones Unidas anunció formalmente los seis candidatos que disputarán la Secretaría General de las Naciones Unidas: un cargo que desde su creación, en 1945, fue considerado como el “trabajo más difícil del mundo” y que por ocho décadas ha sido fungido por hombres.

La contienda está así: del total de los contendientes, cuatro son mujeres y dos son hombres que cumplen con perfiles de larga data en la resolución de conflictos y en la diplomacia internacional. Viviana Gamba, argentina que desempeñó altos cargos en la defensa de los derechos de la niñez, tuvo que desistir de su candidatura al perder apoyos internacionales que respaldaban su aspiración.

Los hombres que aspiran a lo más alto de la ONU, por su parte, son el expresidente de Senegal, Macky Sall, y Rafael Grossi, argentino que ha desempeñado la dirección del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Léase también: Corte Constitucional protege a madre lactante despedida: un fallo con enfoque de género

Pero, aún con la caída de Gamba, quedan tres mujeres -todas ellas latinoamericanas- que podrían convertirse en el primer rostro femenino en manejar las riendas diplomáticas del mundo y marcar un punto disruptivo en 80 años de existencia de este organismo.

“Es extraño que en 80 años no se haya podido encontrar una mujer para secretaria general (...). Las niñas de todo el mundo podrían ver que también una mujer dirige la ONU. No es solo un tema de representación, sino de los mismos valores de las Naciones Unidas”, dijo Annalena Baerbock, presidenta de la Asamblea General (organismo donde sesiona la ONU), en diálogo con EFE.

Las candidatas

• Michelle Bachelet

La primera mujer en llegar a la Presidencia de Chile es quizá uno de los nombres más sonados en convertirse en secretaria general. A sus 74 años, Bachelet ha recorrido varias funciones, tanto públicas como diplomáticas en Chile y en el mundo. Es médica de profesión y, además, ocupó la cartera de Defensa y de Salud en territorio austral.

También cuenta en su currículo con varios cargos internacionales, como la dirección de ONU Mujeres o presidir la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. También ha contado su historia como víctima en la dictadura de Augusto Pinochet para fomentar un mensaje de que el mundo nunca más debería volver a un estado de sitio donde se vulneren derechos, desaparezcan forzosamente personas y se tramiten los conflictos y discrepancias políticas a través de la acción armada.

Una de sus principales propuestas es atender el “preocupante retroceso” de derechos de las mujeres que, según ella, está colonizando cada vez más países en el globo. La chilena insiste en que la ONU debe entrar a un período de reorganización y reformas que garanticen representatividad y equilibrio a toda la humanidad.

Recomendado: “El próximo gobierno necesita una política frente a la explotación sexual”: Claudia Quintero

Aunque fue postulada en el gobierno del expresidente chileno, Gabriel Boric, su respaldo fue retirado pocos días después de la llegada del nuevo jefe de Estado, José Antonio Kast. Aún así, decidió continuar con la carrera electoral de manera independiente.

Dentro de sus propuestas ha argumentado que Naciones Unidas debe funcionar como una contención a la “extrema derecha que bajo una retórica populista busca erosionar la igualdad y la democracia”. “En los países donde gobierna la ultraderecha no se considera que la igualdad de género es importante; la palabra género está prohibida”, ha dicho públicamente al defender su candidatura y propuestas para lograr equidad de género en el mundo.

• María Fernanda Espinosa

Ecuatoriana con 30 años de experiencia en apuestas de paz y prevención de conflictos armados. Fungió como presidenta de la Asamblea General de la ONU, y dentro de la plenaria de Naciones Unidas lideró varios espacios de diálogos para evitar guerras.

En tiempos de covid-19, Espinosa empezó a alzar su voz sobre la gobernanza global y cómo mantener los procesos de paz en el mundo. También ha estado afiliada a la Bosch Academy, en Alemania, y desde Madrid, como directora ejecutiva de Global Leaders, ha impulsado una mayor participación de mujeres en espacios de poder y decisión; en cargos políticos, se desempeñó como ministra de Relaciones Internacionales y encargada de Defensa en los gobiernos del ecuatoriano Rafael Correa.

“La gran deuda que tiene la ONU es fortalecer una arquitectura que prevenga conflictos y no llegar siempre tarde”, aseguró Espinosa a EFE poco después de oficializar su candidatura.

• Rebeca Grynspan

Diplomática postulada por su país natal, Costa Rica, y quien ha llegado a la carrera por la Secretaría General con la premisa de devolver la paz y la inclusión al planeta.

La costarricense cuenta con experiencia en el mundo de la función pública, pues fue vicepresidenta de ese país entre 1994 y 1998, y posteriormente ocupó varios cargos, como los ministerios de Hacienda, Vivienda y la cartera de Asuntos Económicos y Sociales.

Grynspan, de 70 años, promete llegar a la cúspide de Naciones Unidas para reformar el organismo y garantizar que sus respuestas sean oportunas y eficaces a la hora de garantizar derechos humanos, incluyendo los de minorías históricamente excluidas, como población las mujeres o los niños.

“Las Naciones Unidas afrontan una crisis de confianza en todo el mundo (...) Prevenir la guerra significa algo más que oponerse a ella, exige condiciones que permitan una paz perdurable, como el desarrollo, la dignidad humana y el derecho internacional”, cuenta Grynspan en sus propuestas de candidatura.

También ha alzado su voz en defensa de los derechos de las mujeres: “Las mujeres no son una cuestión secundaria. Somos la mitad de la población. Se nos debe considerar no por nuestras vulnerabilidades sino por nuestra capacidad”.

Oportunidad de hacer historia

Hay voces que consideran que es momento de que una mujer llegue a la ONU para reencauzar los propósitos del organismo internacional. Otras aseguran que una mujer podría devolver parte de la confianza que se ha evaporado en la entidad por haber permitido en los últimos años guerras y violaciones de derechos humanos.

El Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés), un think tank radicado en Estados Unidos, asegura que del próximo nombramiento en la Secretaría General de la ONU dependerán varios pilares que han mantenido la organización por 80 años.

Por una parte, de escogerse cualquiera de estas tres mujeres, la ONU viraría su mandato a Latinoamérica, continente que solo ha tenido un secretario general -oriundo de Perú- en los 80 años de funcionamiento.

Puede interesarle: Violencia sin fronteras: uno de cada 10 feminicidios en Bogotá fue contra migrantes

Sin embargo, el mayor reto ahora parece recaer en darle voz y representatividad a la población femenina, que totaliza poco más de la mitad del censo mundial y que, con una mujer frente a la diplomacia internacional, podría mostrar mayor respaldo ante las decisiones que se toman en Nueva York.

“Los anteriores secretarios a menudo han tenido dificultades para equilibrar los intereses contrapuestos del cargo (...) y para afrontar crisis abrumadoras, como el covid-19 o las guerras de Sudán, República Democrática del Congo, Ucrania y Gaza. El próximo secretario tendrá responsabilidades administrativas, humanas, de mediación y de mantenimiento de la paz”, concluye el CFR.

La elección se debería realizar antes de que termine el año, con las ratificación de los estados miembros de la Asamblea General.