El presidente Abelardo De la Espriella mencionó en un consejo de seguridad impartido desde Barranquilla que Colombia iniciaría un proceso de deportación a todo aquel migrante que tuviese líos penales o, como en la mayoría de los casos, no contara con su estatus regulatorio al día. El anuncio generó controversia sobre cómo un anuncio que es totalmente legítimo de definir la política migratoria del país, puede tener efectos adversos o ir en contravía del Derecho Internacional.

El Espectador habló con Giovani Lepri, representante en Colombia de Acnur, sobre las discusiones paralelas que deben darse cuando se habla de migración, seguridad y ante todo, derechos humanos. Entrevista.

¿Es riesgoso referirse a la migración como un asunto exclusivamente de seguridad y crimen para ser combatido?

La movilidad humana (sea desplazamiento forzado interno, transfronterizo, o migración voluntaria) y la criminalidad son fenómenos que no se deben equiparar ni confundir. Migrar no es un crimen. Encontrarse en situación migratoria irregular no convierte a una persona en delincuente. Quien comete un delito debe responder ante la justicia, independientemente de su nacionalidad o de su situación migratoria en el país.

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La movilidad humana es una realidad de naturaleza muy diversa. Hay personas que salen de sus países por diferentes razones, algunas se han visto forzadas a huir porque su vida, libertad, seguridad o integridad está en riesgo. A veces huyen de guerras, violaciones de derechos humanos, alteraciones de orden público, entre otras razones. Estas personas pueden estar en necesidad de protección internacional y deben poder acceder a mecanismos que permitan identificarlas y protegerlas.

Por eso es riesgoso reducir la movilidad humana a una cuestión de seguridad. La seguridad es una responsabilidad soberana de los Estados, que no es incompatible con el deber de proteger a quienes se encuentran en su territorio. Una gestión segura de la movilidad humana requiere el cumplimiento de la ley y de mecanismos que permitan a las personas definir su situación legal, acceder a documentación e integrarse. Quienes tienen necesidades de protección internacional, deben poder acceder a un sistema para la determinación de la condición de refugiado de asilo justo, eficaz y eficiente. Por otro lado, quien comete un delito, cualquiera que sea su situación migratoria o su nacionalidad, debe responder ante la justicia. Son situaciones diferentes y no deben confundirse.

En Colombia y en muchos otros países está demostrado que cuando las personas acceden a documentación, vivienda, educación y trabajo formal, derechos y servicios, se reducen los riesgos de entrar en la criminalidad o ser víctimas de esta, en la inseguridad económica, en el desempleo y la exclusión social. En ese sentido, la documentación y la inclusión socioeconómica reducen situaciones de vulnerabilidad, riesgos de explotación y abusos, y fortalecen la convivencia. No solo pueden hacer a las sociedades más seguras, sino que tienen impactos positivos en lo social, lo cultural y lo económico.

Sobre el aspecto económico, por ejemplo, el Banco Mundial ha mostrado que la regularización de venezolanos en Colombia generó un aumento del 48 % en el consumo per cápita, un incremento del 22 % en los ingresos laborales y mejores resultados en materia de salud. Estos avances fueron posibles gracias a un mayor acceso a los sistemas de protección social, a servicios de salud subsidiados y a servicios financieros.

Hay varios blindajes legislativos y constitucionales que protegen la movilidad humana. ¿Cuáles debería superar o derribar el Gobierno De la Espriella para seguir con su anuncio de deportar personas irregulares?

No lo describiría como “derribar blindajes”. Hablamos de garantías que forman parte del ordenamiento jurídico colombiano y de compromisos internacionales y regionales asumidos por el Estado.

Todo Estado tiene derecho a gestionar su seguridad y sus fronteras, y aplicar su legislación interna y los estándares internacionales. Colombia puede verificar la situación en que se encuentra una persona y, cuando corresponda, adoptar las medidas previstas en la legislación. Estas facultades se deben ejercer respetando garantías como el debido proceso, en particular salvaguardas para respetar el principio de la no-devolución para personas en necesidad de protección internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Más aun, si se hace evidente que algunas personas no deberían ser devueltas al lugar donde su vida o integridad corre un riesgo.

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Para ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, este último punto es fundamental. Antes que una medida pueda conducir al retorno de una persona extranjera, debe existir la posibilidad de identificar si tiene necesidades de protección internacional. Una persona puede no estar en situación regular y, al mismo tiempo, necesitar protección internacional. Una cosa no es excluyente de la otra.

Debemos distinguir la comisión de un delito, de la situación migratoria de una persona en el país de acogida. Si una persona, nacional o extranjera, comete un delito, debe responder ante las autoridades colombianas. Una cuestión distinta es la situación de quienes no cuentan actualmente con un estatus regular y requieren definir su situación en Colombia.

¿Por qué se apela a términos penales (“ilegales”, “criminales”) a un fenómeno que debe tener un enfoque de derechos?

El lenguaje es muy importante porque crea realidades, contribuye a proteger o a estigmatizar. Como ya mencioné, una persona puede encontrarse en situación migratoria irregular, pero esto no significa que haya cometido un delito o que sea un criminal. Las personas no son ilegales ni irregulares por cruzar una frontera sin documentos.

Esto no significa que un extranjero con una visa o cualquier otro documento no pueda cometer un delito, del mismo modo que una persona que no cuenta con estatus migratorio regular puede respetar plenamente las leyes del país que la acoge. Es clave que no asociemos automáticamente la situación irregular de una persona con la criminalidad.

La gran mayoría de las personas en situación irregular no son delincuentes, sino personas que tuvieron que huir de sus países y dejarlo todo atrás, incluso sus familias, sus documentos, sus proyectos de vida. El Estado colombiano ha reconocido esta realidad y ha hecho importantes esfuerzos, reconocidos por la comunidad internacional, para que estas personas puedan acceder a derechos fundamentales, a documentación y servicios básicos, a vivienda y empleo digno. El mecanismo de protección temporal para venezolanos (ETPV) es un ejemplo a nivel regional y global.

Se asocia principalmente la migración colombiana a venezolanos. ¿Qué otras nacionalidades o factores deben contemplarse en la fórmula para tener un panorama completo?

La gran mayoría de las personas refugiadas y en necesidades de protección internacional en Colombia son venezolanas. Se trata de un país hermano con el que Colombia comparte una de las fronteras más dinámicas y vivas de América Latina, además de grandes similitudes en lo social y cultural. También hay que recordar que Venezuela ha acogido a más de 6 millones de personas colombianas desde los años 90.

Colombia es hoy un país de acogida, tránsito, retorno y origen. Recibe personas refugiadas y migrantes de diferentes nacionalidades. Hoy en Colombia hay solicitantes para el reconocimiento de la condición de refugiado en su mayoría de Venezuela, pero también de Cuba, Ecuador, Perú, Rusia, Ucrania, entre otras nacionalidades. Al mismo tiempo, el país recibe colombianos que regresan, voluntariamente o después de medidas adoptadas por otros Estados.

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El mandato de ACNUR se enfoca en las personas refugiadas, solicitantes de asilo, apátridas y otras personas con necesidad de protección internacional. En Colombia, la población venezolana representa una parte muy importante de esta realidad, pero la necesidad de protección internacional no depende de la nacionalidad.

Una persona perseguida puede necesitar protección internacional. Una víctima de trata necesita protección y asistencia, y en ciertas circunstancias también podría requerir la protección como refugiada. Un colombiano retornado puede necesitar apoyo para reintegrarse. Entender los diversos perfiles y sus necesidades es fundamentar para una respuesta efectiva por parte del Estado.

En un momento de tanta incertidumbre, ¿cuál es el llamado más prudente a hacer?

El primer llamado es a mantener la calma, a brindar información clara y evitar que la incertidumbre y la desinformación se traduzca en miedo, angustia, desesperanza y estigmatización. En estos días hemos observado un aumento importante de las personas que buscan información sobre cómo definir su situación migratoria en Colombia. Esto muestra que hay una preocupación real y que es fundamental que las personas puedan acceder a información clara y confiable.

También es importante preservar los avances que Colombia ha construido durante años en materia de protección, documentación e inclusión. Colombia ha sido un referente internacional en la respuesta a la llegada de personas de Venezuela y ha demostrado que facilitar la documentación y la inclusión permite a las personas trabajar formalmente, contribuir a la economía y construir sus proyectos de vida con las comunidades que las acogen. Hoy hay casi 2 millones de personas venezolanas en situación regular en este país.

Al mismo tiempo, todavía existen personas que enfrentan barreras para definir su situación legal. Aún hay más de 520 mil personas venezolanas en situación irregular y más de 300 mil en proceso de regularización. Por eso consideramos importante mantener y fortalecer los mecanismos de estancia legal, especialmente para quienes hoy no cuentan con una vía que les permita resolver su situación.

Para quienes han sido forzados a huir, hay además un mensaje fundamental: la situación legal de una persona en un país no determina si necesita protección internacional.

Quienes no puedan regresar a su país porque su vida, libertad, seguridad o integridad pueden estar en riesgo deben acceder al sistema para la determinación de la condición de refugiado y contar con las garantías correspondientes. Nadie debe ser devuelto al lugar donde corre riesgos sin que sus necesidades de protección hayan sido debidamente identificadas y evaluadas.

El llamado de ACNUR es a gestionar la movilidad humana garantizando el cumplimiento de la ley y del debido proceso, preservar las garantías de protección y continuar avanzando con documentación, mecanismos de estancia e integración.

Colombia tiene experiencia, instituciones y herramientas para hacerlo. ACNUR está dispuesto a acompañar y ofrecer su experiencia para seguir apoyando al Estado colombiano en su conjunto en estos esfuerzos. Queremos seguir trabajando juntos para encontrar soluciones.

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Un mensaje de unos cuantos segundos, pronunciado por el presidente Abelardo De la Espriella, desenterró un temor que miles de familias migrantes habían mantenido sepultado desde hacía años. Se trataba de la incertidumbre de pensar si, una vez más, serían obligados a salir forzosamente del lugar que consideran su hogar.

La caja de Pandora se abrió principalmente en los hogares venezolanos: un poco más de 800.000 personas que echaron raíces en Colombia, y que al no tener un estatus de regularización se debaten entre arriesgarse a ser deportados, o por el contrario, volver voluntariamente a suelo venezolano, donde aún persisten las causas que los obligaron a huir.

Pero el desasosiego también tocó a las puertas de familias de al menos otras 14 nacionalidades que, según Migración Colombia, hoy conviven en el país y también podrían estar en un escenario de irregularidad.

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Expertos en migración consultados por El Espectador consideran que el anuncio del presidente De la Espriella, si bien es legítimo al determinar cómo gestiona su política migratoria o las fronteras, podría tener efectos adversos para más de 2,8 millones de personas que las atravesaron y desarrollan su proyecto de vida en Colombia.

El debate radica precisamente en que el jefe de Estado utiliza términos penales (“ilegales”) o policivos (“operativos”) en un asunto que tanto la Constitución en Colombia como su legislación y la evidencia internacional establecen que debe tratarse con un lente de derechos humanos.

“Se genera un escenario de temor que, aunque no fue profundizado en sus declaraciones, causa incertidumbre y emergencia a la movilidad humana”, dice Lublanc Prieto, directora de Refugiados Unidos, una ONG que durante los últimos cinco años ha litigado para que los migrantes, aún en irregularidad, reciban garantías y procesos sin violaciones a sus derechos.

El poder de las palabras

Tanto el presidente De la Espriella como su ministro de Interior, Rodrigo Lara, han señalado que sus “operativos” se dirigirán contra “inmigrantes ilegales” (denominación contraria al derecho internacional). Hay que hacer una salvedad: ambos distinguieron entre personas extranjeras con un prontuario judicial y ciudadanos que no están regularizados, aunque sin ofrecer ninguna cifra o respaldo numérico.

Tampoco mencionaron explícitamente la diáspora venezolana. Y no hizo falta, pues la mayor cantidad de extranjeros en suelo colombiano en la actualidad son oriundos del país vecino: algunos que escaparon hace más de una década de la persecución política que implementó Nicolás Maduro en su momento y otros que, debido a la crisis humanitaria, empacaron maletas para probar suerte en Colombia.

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Pero para María Gabriela Trompetero, investigadora y experta en movilidad humana de la Universidad de Bielefeld, Alemania, el lenguaje utilizado, además de inconveniente, crea una narrativa en la que la migración es un “problema” que debe ser gestionado a través de “operativos” y “persecución”, lo que la priva de cualquier discusión de derechos, garantías o humanitarismo.

“Estar en una situación irregular migratoria no es un delito, es una condición administrativa. Mezclar categorías como ‘inseguridad’ y ‘criminalidad’ con migración irregular es criminalizarla. Eso desaparece la pregunta de por qué más de 500.000 personas no han regularizado su situación y, en lugar de plantear si tienen vías para hacerlo, se refuerce el discurso de que ‘deciden vivir por fuera de la ley’”, dice Trompetero.

El peso del silencio

Lo que el presidente y su ministro de Interior no dicen también incide en el panorama y en cómo los colombianos reciben el mensaje de una nueva política migratoria. Por ejemplo, el foco se centró en la migración venezolana, acogida en Colombia durante la última década por medio de instrumentos legales.

Pero los datos de los últimos cuatro años de Migración Colombia muestran que hay al menos 3.847 extranjeros de otras nacionalidades diferentes a Venezuela que han estado envueltos en pleitos judiciales, como Argentina, China, Ecuador, República Dominicana e incluso personas provenientes de Estados Unidos relacionadas con delitos de explotación sexual. Los venezolanos, por su parte, representan el 35 % del total de extranjeros expulsados en el último cuatrienio.

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El Barómetro, iniciativa de la Universidad Externado que investiga la xenofobia en Colombia, señala que la población venezolana ha sido el principal receptor de discursos de odio. En 2021, por ejemplo, la iniciativa documentó que Colombia era el país donde más acechaba la xenofobia contra los venezolanos, por encima de otros países que también han vivido la diáspora, como Perú, Chile o Ecuador.

Giovanni Lepri, representante de Acnur en Colombia, considera que el debate no debería estar en si un ciudadano que viola la ley debe ser judicializado o deportado; eso es un deber del Estado y quien delinque debe responder por sus actos.

“El lenguaje crea realidades y contribuye a proteger o estigmatizar. Una persona puede estar en situación irregular, pero no significa que haya cometido un delito o sea criminal. No se es ilegal por cruzar una frontera sin documentos (...) Es clave que no asociemos automáticamente la situación irregular de una persona con la criminalidad”, subraya Lepri.

Aunque es muy pronto para conocer cómo, cuándo y dónde actuará el Gobierno de De la Espriella para incursionar en su nueva política migratoria, los analistas coinciden en que lo más prudente es un llamado a la calma y el diálogo. La mayoría de ellos señala que se puede construir sobre los años de experiencia en que Colombia ha ofrecido acogida y derechos a la migración, mientras que otros aseguran que el debate puede servir para ofrecer nuevas vías de regularización a quienes aún están indocumentados y, aún más importante, integrarlos en el andamiaje social de Colombia.

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El presidente Abelardo De la Espriella nombró a José Luis Castañeda, teniente coronel retirado de la Policía Nacional, como nuevo director de Migración Colombia. El nombramiento se formalizó a través del Decreto 1298 del 25 de agosto de 2026, firmado por el canciller Omar Nicolás Bula Escobar, quien aceptó la renuncia de la directora Gloria Esperanza Arriero López a su cargo.

Castañeda desarrolló su carrera en la Policía Nacional y ocupó su último cargo como oficial activo en 2018, cuando comandó el Departamento de Policía Cesar y acumuló experiencia en inteligencia y operaciones contra estructuras ilegales.

Su perfil llama la atención pues es, en esencia, el de un hombre formado para la seguridad operativa, no para la gestión administrativa, diplomática y de derechos humanos que exige dirigir una entidad que controla fronteras, aeropuertos y la permanencia de millones de extranjeros en el país.

El nombramiento llega, además, un día después de que De la Espriella había anunciado el inicio de “operativos coordinados” con la Policía contra migrantes en situación irregular, priorizando primero a quienes cometan delitos y luego a quienes no tengan su estatus regularizado.

La medida rompe con casi una década de consenso migratorio entre gobiernos de distintas orillas políticas y ubica a Colombia dentro de la ola de mano dura migratoria que ya gobierna buena parte de la región.

El experto Ronal Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, ya había advertido que el uso reiterado de la palabra “ilegales” para referirse a los migrantes no es un descuido: es una decisión deliberada que conecta al nuevo gobierno con el discurso antiinmigrante de la derecha latinoamericana. El impacto potencial es enorme: de los 2,8 millones de venezolanos que viven en Colombia, 848.000 están en situación irregular, y 193.000 de ellos son menores de edad.

Poner a un exuniformado con perfil de inteligencia y seguridad al frente de la agencia migratoria no es un experimento nuevo en la región, y la experiencia reciente ofrece motivos para la cautela. En México, el control migratorio lleva años en manos castrenses. El actual Instituto Nacional de Migración fue dirigido por Francisco Garduño, un funcionario que antes administró cárceles federales, y que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador terminó entregándole a la Marina el control de aduana y migración en el aeropuerto de Ciudad de México.

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El mensaje, en su momento, fue igual de directo que el de Bogotá hoy: la migración se trata como un asunto de seguridad nacional, no de derechos. Las consecuencias de ese enfoque quedaron documentadas. Organizaciones como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) señalaron que la militarización del control migratorio en México derivó en detenciones ilegales, violencia excesiva y hasta muertes bajo custodia estatal, al menos 26 desde 2015.

Lina Arroyave, abogada de Dejusticia, explicó que las fuerzas militares y policiales no son un cuerpo especializado en migración, la ven desde la seguridad y no desde un enfoque de derechos humanos capaz de tramitar lo que realmente implica la movilidad humana.

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La Fundación Juntos Se Puede anunció que el próximo viernes, 28 de agosto, dispondrá de abogados y personal especializado en trámites migratorios para resolver las dudas de venezolanos y otros migrantes que desconozcan cuál es su situación en Colombia. }

Su convocatoria se publicó pocas horas después de la directriz impartida por el presidente Abelardo De la Espriella de iniciar operaciones policivas para capturar y posteriormente expulsar a todo aquel migrante que tenga un prontuario judicial abierto o, como en la mayoría de los casos, no cuente con su papeleo migratorio al día.

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Ana Karina García, directora de la Fundación, aseguró que la convocatoria es una “mano amiga” para centenares de migrantes, en especial venezolanos, que residen en Colombia y por desconocimiento, falta de recursos o herramientas de regularización inexistentes, hoy están en el umbral de la irregularidad migratoria. Sin embargo, recalcó que su condición irregular o las declaraciones políticas de De la Espriella “no reemplazan la ley” que tanto en la Constitución como en otras legislaciones, protegen la movilidad humana.

“Lo primero que queremos es llamar al Gobierno a un diálogo y desarrollar una política migratoria con enfoque en derechos. Pero también queremos llamar al discurso: cuando se habla de un ser humano como legal o ilegal, puede generar xenofobia o problemas de convivencia”, comenta García.

La convocatoria estará abierta el próximo viernes 28 de agosto de 10 a.m. hasta las 12 m. En este período de tiempo los migrantes podrán ser caracterizados y recibirán talleres que resolverán sus dudas y encaminarán a qué hacer o en qué situación migratoria se encuentran.

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La Fundación hace hincapié en que el estatus migratorio de los más de 2,8 millones de venezolanos que permanecen en Colombia es una situación administrativa. Es decir, que tanto quienes han resuelto su situación como quienes no, están cobijados por derechos, rutas de atención y garantías mínimas que deben ser protegidas en todo momento.

“Una situación migratoria irregular no convierte a una persona en ´ilegal´: es una condición administrativa que no define la persona ni reconoce la pérdida de sus derechos, como la dignidad, el debido proceso, la no devolución o el derecho a la protección”, comenta Juntos Se Puede.

Más información

La jornada se desarrollará en las instalaciones de la Fundación, ubicado en el barrio Pasadena de Bogota, exactamente en la Calle 104 #54-31. Aunque es gratuita y no requiere de una inscripción o confirmación previa, la Fundación aclaró a El Espectador que tendrán un aforo máximo de 60 personas para poder atender personalmente cada uno de los casos que reciban en la atención de este próximo viernes.

“En momentos de incertidumbre, informarte bin también es protegerte. Conoce tus derechos y evita tomar tus decisiones basadas en rumores”, concluye la Fundación.

Por ahora se desconoce si habrá brigadas jurídicas y migratorias en el futuro, pero puede conocer más información sobre la convocatoria y la misionalidad de la jornada a través de este enlace.

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“La orden a Migración es clara: que empiecen los operativos coordinados con la Policía en Barranquilla para dar contra los ‘inmigrantes ilegales’. Primero, quienes estén cometiendo delitos. Segundo, quienes permanezcan en el país sin regularizar su situación migratoria”. Con esas palabras, y con menos de 20 días en el poder, el presidente colombiano Abelardo De la Espriella dio un duro golpe a casi una década en materia de política migratoria para Colombia, una hoja de ruta que había sido ampliamente alabada en todo el mundo.

La decisión, que rompe con el consenso que sostuvieron los tres gobiernos anteriores frente a la diáspora venezolana, ubica así a Colombia dentro de la ola de gobiernos de ultraderecha que en la región han hecho de la mano dura migratoria una bandera de gestión.

“Es una mala señal. Partiendo únicamente desde el uso de las palabras, al hacer referencia a los migrantes tanto en campaña como en esta primera declaración ya como presidente en ejercicio como ilegales, no es cuestión de un error: es una posición deliberada del presidente en el cual pues se asume un poco el discurso de un sector de la derecha latinoamericana que ha decidido encontrar en la narrativa antiinmigrante uno de sus nichos”, señaló Ronal Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y Profesor de la Universidad de La Sabana.

Desde 2015, cuando comenzó el éxodo de más de 7,8 millones de venezolanos, Colombia construyó una arquitectura jurídica de regularización que se convirtió en referencia global, sostenida indistintamente por gobiernos de centro, derecha e izquierda. Rodríguez advierte que el discurso oficial confunde irregularidad migratoria con criminalidad, una asociación que la evidencia no respalda y que, según él, reactiva un estigma del que Colombia se había mantenido al margen en gran medida.

“Se repite nuevamente lo de Claudia López cuando una persona con un cargo alto tiene que dirigirse respecto a la dinámica y al abordaje del tema migratorio, termina generando unas dinámicas muy fuertes de xenofobia”, añadió Rodríguez.

¿A quiénes va a afectar?

El gobierno no ha aclarado cómo se ejecutarían las operaciones contra la población migrante. Sin embargo, el impacto potencial de la medida es mayúsculo. De los 2,8 millones de venezolanos que viven en el país, 848.000 se encuentran en situación irregular -no ilegal, pues ningún ser humano está en condición de ‘ilegal’ como dice el mandatario-, según Migración Colombia, y 193.000 de ellos son menores de edad. “Eso es más que la población de Bucaramanga”, dice el experto. Muchos de estos migrantes estaban a la espera de mecanismos que permitieran su regularización.

Aunque el mandatario evitó nombrar directamente a Venezuela, esa comunidad representa cerca del 90 % del total de la población migrante y es, en la práctica, el destinatario principal del anuncio.

“El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos que desarrolló el presidente Duque fundamentalmente logró poder tener nombre y apellido, identificación plena a los ciudadanos venezolanos que se encontraban en nuestro territorio… sin lugar a duda el mejor efecto que logró el Estatuto fue la plena identificación de los venezolanos en materia de seguridad. Queda pendiente algo que debería ser resuelto por este gobierno: regularizar esos 847.894 venezolanos, pero por otro lado también tiene que trabajar en dirección al proceso de transición que van a tener los venezolanos”, añade Rodríguez.

A diferencia de Argentina o Chile, Colombia comparte con Venezuela 2.219 kilómetros de frontera activa y una relación diplomática tensa con el gobierno de Delcy Rodríguez, lo que complica trasladar sin matices las fórmulas de deportación masiva ensayadas por Javier Milei o José Antonio Kast.

Rodríguez insiste en que buena parte de la población migrante ha sido también víctima de estructuras ilegales que operan en esa zona, no su origen. Además, ha destacado su gran aporte a la economía local. Según estimaciones, la población venezolana aporta cerca de USD 3.000 millones anuales a la economía colombiana en consumo, impuestos y emprendimiento, una cifra que cualquier operativo masivo pondría en riesgo.

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Liberia recibió el jueves a los primeros 20 deportados de Estados Unidos como parte de un acuerdo con el gobierno de Donald Trump que contempla el traslado de hasta 1.200 personas al país de África occidental. Según medios internacionales, el grupo aterrizó en el aeropuerto internacional Roberts, cerca de la capital, Monrovia, y de ahí fue trasladado en autobús mientras personal de la Comisión Liberiana de Repatriación, Reasentamiento y Reintegración atendía a los recién llegados.

Los periodistas fueron mantenidos a distancia y no pudieron hablar con el grupo de migrantes deportados, según la agencia AFP. La ministra de Justicia, Natu Oswald Tweh, dijo en una rueda de prensa que la mayoría había cometido infracciones migratorias y que podrían solicitar asilo en Liberia si lo desean.

Sobre el resto de las personas que podrían llegar en los próximos meses, el ministro de Información liberiano, Jerolinmek Piah, precisó que los 1.200 deportados incluirán tanto a ciudadanos africanos como a nacionales de Norteamérica, Sudamérica y el Caribe.

El Gobierno de Liberia insiste en que las personas son “libres de abandonar el país cuando así lo deseen” y que el acuerdo es “enteramente humanitario”, sin que haya mediado compensación alguna a cambio de aceptar el programa.

Sin embargo, dichas declaraciones están en entredicho, pues Estados Unidos comprometió beneficios concretos para Liberia: extendió las visas de visitante para liberianos de 12 a 36 meses y prometió USD 124 millones en asistencia, según The Guardian.

El pacto con Liberia es, según el medio británico, el más grande de una serie de acuerdos que la administración Trump ha alcanzado con cerca de dos docenas de países para recibir deportados que no son sus nacionales. Muchos de estos acuerdos, cabe destacar, se han dado en secreto.

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El costo de las deportaciones de EE. UU.

Un informe reciente de Refugees International y Human Rights First, citado por The Guardian, calcula que Washington ha cerrado convenios con al menos 35 países y ha enviado a unas 23.000 personas a 26 de ellos hasta comienzos de agosto. Sierra Leona, Guinea Ecuatorial, Ghana, Ruanda, Sudán del Sur, Camerún, Esuatini y la República Democrática del Congo son otros países africanos que ya tienen acuerdos similares con Washington.

Todos estos acuerdos tienen un gran costo para los contribuyentes estadounidenses. Un informe elaborado por demócratas del comité de relaciones exteriores del Senado encontró que la administración pagó más de USD 32 millones a cinco gobiernos, varios con antecedentes deficientes en derechos humanos, para aceptar a unos 300 deportados de terceros países.

Según el informe, se estaría destinando USD 1,1 millones por persona a Ruanda por siete deportados, y USD 7,5 millones a Guinea Ecuatorial por 29, una cifra superior a toda la ayuda estadounidense a ese país en los ocho años anteriores. El mismo informe halló que más del 80 % de los enviados a terceros países terminó regresando a su país de origen de todos modos, muchas veces con un costo adicional para los contribuyentes.

Abogados de inmigración sostienen que estas deportaciones a terceros países funcionan como un vacío legal para forzar indirectamente el regreso de solicitantes de asilo a sus países de origen, ya que Washington solo tiene prohibido devolverlos directamente allí. En muchos casos, los migrantes terminan en naciones donde nunca han estado o donde corren riesgos de seguridad, sin más opción que regresar al país que intentaban dejar atrás.

El investigador Adam Isacson, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, explica que se trata de una medida “casi enteramente punitiva” que busca “difundir la dureza” del sistema para disuadir a otros migrantes.

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Pero la estrategia no se limita a los acuerdos formales con países africanos. Según reveló CBS News esta semana, la administración Trump también ha estado deportando en silencio a migrantes mexicanos hacia Guatemala y Honduras, evitando devolverlos a México pese a que ese país acepta el regreso de todos sus ciudadanos.

Dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron a la cadena que el objetivo es disuadir la migración irregular enviando a los mexicanos aún más lejos de la frontera. La Cancillería mexicana rechazó la práctica y afirmó que “no existe” ningún acuerdo de ese tipo.

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Antes, durante y después de atravesar la frontera, las mujeres migrantes dedican sus días al cuidado sin ninguna retribución real o suficiente. Ese es uno de los varios hallazgos que el centro de estudios jurídicos Dejusticia reveló en una investigación publicada en mayo y que concluye que hay un “hilo invisible” entre el cuidado, el género y la migración.

La investigación compiló la historia de 25 migrantes, todas residentes en Bogotá, para conocer cómo sus días, que ya de por sí son difíciles con la integración y regularización en Colombia, se tornan aún más tortuosos cuando deben emplear tiempo, dinero y esfuerzos a labores de cuidado no remunerado.

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El común denominador: la mayoría son mujeres, generalmente oriundas de Venezuela, que migraron buscando un mejor futuro para sus hijos o las personas que tienen a cargo. También se repite que han sido absorbidas en “círculos de pobreza y vulnerabilidad” que les privan de generar ingresos económicos, cursar proyectos de vida propios y cumplir “el sueño migratorio” de encontrar mejores posibilidades.

Cifras de una brecha

Aunque no es una investigación representativa a nivel nacional, muestra que las conclusiones pueden extrapolarse a patrones de vulnerabilidad que viven en su mayoría las cuidadoras migrantes en Colombia.

El DANE, en 2023, ya lo había determinado. De acuerdo con la Encuesta de Uso del Tiempo del Departamento Estadístico, las mujeres nacidas en otros países dedican 9,5 horas a labores de cuidado frente a las 7,5 horas que lo hacen madres, abuelas o hermanas oriundas de Colombia. Con el reloj en mano, significa que casi el 50 % del tiempo en que una mujer migrante permanece despierta es destinado a una labor que no le retribuye económicamente, ahonda desigualdades de género y le es endilgado solo por ser mujer.

Además, la investigación muestra que migrar y cuidar son sinónimos de mayores secuelas como pobreza extrema, afectaciones psicológicas o deterioros físicos derivados del poco descanso o tiempo empleado para atender su salud. Así lo determinó el Departamento Nacional de Planeación en 2024, cuando concluyó que seis de cada 10 hogares liderados por mujeres migrantes viven en el umbral de pobreza y para ese entonces, estas mujeres percibían apenas el 41 % del salario mínimo.

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Para Dejusticia, las conclusiones pueden extrapolarse tanto a las familias de los 2,8 millones de personas que pertenecen a la diáspora venezolana como a las mujeres de al menos 10 nacionalidades diferentes que también sostienen a sus allegados en Colombia, entre haitianas, ecuatorianas o mujeres provenientes de África.

“Las políticas públicas han tratado la migración y el cuidado como asuntos separados. Mientras la migratoria no considera las responsabilidades de cuidado de las mujeres, las de cuidado tampoco contemplan las barreras específicas que enfrentan las migrantes. Frente a ese vacío institucional, son las propias mujeres quienes sostienen la vida a través de redes informales, apoyos comunitarios y estrategias cotidianas para sobrevivir”, reza un apartado de la investigación.

Vacío sin llenar

La investigación hace énfasis en que el Estado y la sociedad usualmente se refieren a la migración como una población que debe ser regularizada con estatus migratorios e integradas en el andamiaje social. Pero son los vacíos, no las normas, los que generan consecuencias en las vidas de las mujeres. Dejusticia explica que las mujeres migrantes están más expuestas a cargar con el peso del cuidado no remunerado y que, como a millones de otras mujeres en Colombia o en el mundo, se les atribuye la responsabilidad de sostener el hogar, la familia, la economía o la supervivencia de niños pequeños y ancianos.

Una mujer venezolana, por ejemplo, carga con el duelo de haber dejado su tierra atrás, pero en su destino colombiano se encuentra con trabas para acceder a un estatus migratorio que la regularice. Sin ese documento, dice la investigación, las posibilidades de un trabajo formal o acceso a mínimos básicos como salud, educación para sus hijos o prestaciones laborales de ley, se convierten en un imposible que la obliga a trabajar informalmente y la encierra en un laberinto de vulneraciones, pobreza o escasez.

La difícil convalidación de títulos o falta de redes de apoyo para estas mujeres también se suma a la baraja de obstáculos para las mujeres migrantes, obligando a muchas de ellas, ya profesionales y con títulos universitarios, a buscar ingresos en labores informales y mal remuneradas como vendedoras, meseras o cocineras.

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Margarita Martínez, investigadora y coordinadora de la línea de género en Dejusticia, asegura que hay otras conclusiones derivadas de este asunto que se ha convertido en “invisible para el Estado”.

“Estamos viendo mujeres con dos o tres trabajos informales, asumiendo obligatoriamente esas cargas y que aún así, no es suficiente para poder salir de círculos de pobreza y precariedad”, comenta.

Margen de acción

Más que un llamado de atención sobre la situación de vulnerabilidad que viven las mujeres migrantes, la investigación propone pensar el cuidado como una tarea que se distribuya equitativamente y que adicionalmente tenga un enfoque de movilidad humana.

Martínez subraya que esta conversación, aunque lleva varios años en la agenda pública, también tiene impacto en la economía del país: según la información recabada, las labores de cuidado representan casi el 20 % del Producto Interno Bruto colombiano. Para la investigadora, quiere decir que se está permitiendo que una quinta parte de cómo se mueven las finanzas del país alimente pobreza y sumerja en vulnerabilidades a las responsables de “sostener la sociedad y la familia”.

“Es un asunto migratorio que debe entenderse en condiciones dignas, como un asunto de justicia social y derechos humanos. Se debe transformar la forma en que la sociedad sostiene la vida, pero que hoy se sostiene con mujeres migrantes en condiciones profundamente desiguales”, concluye.

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Argenis Ereú tiene 55 años. Nació en Falcón, Venezuela, y después de mucho debatirse, alistó valijas, dejó su vida atrás y viajó hacia Colombia. Escogió Pereira como su domicilio, y Cali como un segundo hogar donde desarrollar sus planes de vida con su compañera sentimental. Hoy, los tres lugares donde transcurrió gran parte de su vida están gravemente afectados, o viven las secuelas de un desastre natural.

Esa situación de “perderlo todo varias veces” es la que algunos expertos consultados por El Espectador vaticinan se está viviendo en este momento y que no descartan que motive nuevas movilizaciones humanas en jurisdicción colombiana.

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La radiografía de los daños del terremoto de magnitud 7,4 que el pasado 10 de agosto sacudió a Colombia demuestra que algunas de las zonas con mayor afectación son lugares donde las personas aterrizaron buscando oportunidades. Hoy habitan municipios reducidos a concreto y mampostería desperdigados por el suelo.

Damnificados en Quibdó y Buenaventura que encontraron “tierra amiga” tras huir de la guerra en el Pacífico se preguntan si un nuevo capítulo de desplazamiento se abrió en sus vidas, esta vez tras un sismo. O está la diáspora venezolana: 2,8 millones de personas que escaparon del hambre y otros tantos que llegaron como perseguidos políticos. Muchos de ellos hoy ven el impacto en sus hogares en Cali, Medellín, Pereira, Armenia o Ibagué, todos con daños tras el sismo.

Para Catalina Arenas-Ortiz, experta en asuntos migratorios, el panorama de daños que deja el terremoto podría generar un efecto dominó, aunque pequeño, de nuevas movilizaciones. Al cierre de esta edición, el reporte preliminar era de más de 40.000 familias damnificadas, según la UNGRD. Sin un hogar, una escuela, un centro médico o sin el acceso a mínimos básicos como agua potable o electricidad, muchas familias podrían plantearse realizar una “migración pendular”, dice.

“La experiencia tras los terremotos en otros países muestra que no necesariamente las personas se movilizan, pero cuando no hay manera de continuar sus vidas en los lugares afectados, definitivamente tendrán que hacer un péndulo entre garantizar sus necesidades en ciudades donde hay capacidades para hacerlo, y residir en otros lugares”, dice la experta.

Lo importante y lo urgente

Como es lógico, lo más apremiante es encontrar hasta el último desaparecido que quedó aprisionado bajo los escombros, atender heridos en hospitales y rescatar toda forma de vida posible. Pero Giovanni Lepri, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), dice que en el mediano plazo esta emergencia mostrará una distinción entre lo importante y lo urgente de atender a personas que vieron cómo su “acceso a servicios básicos, escuelas, centros médicos o sus formas de vida se han visto truncados” y que también pertenecen a población perseguida por el chavismo o desplazada por actores armados. A ellas se podría sumar un nuevo grupo, el de quienes salieron de sus casas por catástrofes naturales.

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Lepri recapitula un diagnóstico hecho por Acnur que muestra que es muy probable que un alto porcentaje de los afectados por el terremoto estén viviendo una “doble afectación”. El informe asegura que Chocó y Valle del Cauca, dos de los focos de destrucción del temblor, concentran el 93 % del total de casos de desplazamiento forzado durante el último año. Además, grandes centros urbanos que también sintieron el colapso estructural tienen en sus calles centenares de familias venezolanas que viven allí, como Cali (133.138), Pereira (30.699), Armenia (15.452) o Ibagué (13.466).

“Son personas y familias que estaban reconstruyendo sus vidas en Colombia y esto puede implicar volver a perder su hogar (...) El desastre puede empeorar su situación, que ya era difícil con el acceso a vivienda digna, insumos vitales, agua o medios de vida y podría forzarlas a desplazarse nuevamente”, comenta Lepri.

En Quibdó, por mencionar un caso, los habitantes de barrios edificados por víctimas y sobrevivientes de masacres están a la espera de cuándo los hogares que quedaron en pie pueden volver a ser habitables, como Las Palmas, Medrano o 2 de mayo, construido por las familias que escaparon de la masacre de Bojayá de 2003. Cali, por su parte, registró que la Comuna 1, donde vive mayoritariamente población venezolana, tuvo que ser evacuada por posibles riesgos.

Sin una vivienda y posibilidades de una vida digna, temen los analistas, salir de esas comunidades sería uno de los pocos caminos disponibles para estas personas.

Experiencia previa

El papel de cómo atienda el Estado —gobiernos nacional, departamental y local— la emergencia, será clave para determinar si habrá una oleada de desplazamientos o, por el contrario, las familias permanecerán en su territorio a pesar de la devastación.

Lo fundamental, comenta Lepri, es aprender de capítulos dolorosos del pasado para enfrentar los problemas del presente. El representante de Acnur recuerda que Colombia ya se ha enfrentado a catástrofes, como las inundaciones de Córdoba o a mitigar el éxodo de al menos 7,1 millones de desplazados internos. Además, cuenta con jurisprudencia y un marco legal sólido que puede funcionar en tiempos de crisis, como sentencias de las altas cortes, entidades de atención a víctimas o mecanismos que han intentado acoger la diáspora.

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Ya hay unas iniciativas que fueron puestas en marcha. Nigeria Rentería, secretaria de Bienestar Social de Cali, comenta que la población migrante afectada ha recibido atención “como cualquier otro caleño” y ya hay directrices para que estas familias, que vivían en arriendos o en escenarios de informalidad laboral, tengan acceso a derechos, auxilios y también atención psicosocial para tramitar el duelo de haber perdido su hogar por segunda vez.

“Existen buenas prácticas para asegurar que las personas desplazadas puedan reconstruir sus vidas. El país tiene experiencia en buscar soluciones, pero también habrá que buscar en medio de esta situación dramática acciones que contribuyan a seguridad y reconstrucción de sus casas y medios de vida”, dijo Lepri.

Arenas-Ortiz, por su parte, asegura que la integración será una ficha clave en el pulso para determinar la permanencia o salida de las personas. “El Estado y sus instituciones, paralelo a la reconstrucción de infraestructura, tendrán que reubicar y garantizar la integración de las personas, sean damnificados, víctimas o población migrante para que se sientan parte de la comunidad y tengan motivos para quedarse”, concluye.

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La diáspora venezolana se ha movilizado para ofrecer ayuda en su segundo hogar. Este miércoles, se conoció que la Fundación Juntos Se Puede, una organización compuesta de exiliados y perseguidos políticos venezolanos, realizó la entrega oficial de las primeras 60 toneladas de ayuda humanitaria.

El cargamento, que partió desde Bogotá, llegó a inmediaciones de Cali para atender algunas de las necesidades básicas de las familias que sufrieron afectaciones de salud o en su defecto, perdieron sus viviendas.

El anuncio fue confirmado por Ana Karina García, directora de la Fundación, que recalcó que así como Colombia fue solidario con el “país hermano” tras el doble terremoto de La Guaira el pasado 24 de junio, los migrantes que residen en jurisdicción colombiana han hecho lo mismo.

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“Así como Colombia estuvo con Venezuela en los momentos más duros, aquí estamos nosotros, los venezolanos, en nuestro segundo hogar, acompañando y apoyando a quienes más lo necesitan. La solidaridad se devuelve con solidaridad y hoy queremos estar a la altura de todo lo que Colombia hizo por nosotros”, comentó.

Hace dos meses, la Fundación, con sede principal en Bogotá, logró recoger y distribuir cerca de 1.000 toneladas de ayuda humanitaria para atender a las familias venezolanas que fueron afectadas por el doble terremoto que dejó un total preliminar de 6.301 muertos y la pérdida parcial de casi 10.000 viviendas.

Un gran porcentaje de las donaciones que llegaron a Cali hacen parte de ayuda humanitaria que esperaba ser enviada a Venezuela, pero ante la urgencia del terremoto en Colombia, fueron destinadas a algunas de las ciudades que más daños sufrieron.

De acuerdo con el organigrama, gran parte de las ayudas serán distribuidas en Cali y posteriormente, se trasladarán hacia Pereira, donde la devastación del terremoto también dejó innumerables damnificados y pérdidas humanas.

Nuevas ayudas

Hacia Chocó y comunidades aledañas también fue despachado un camión que contiene cerca de 15 toneladas de insumos médicos y kits humanitarios para atender este departamento que, recordemos, fue el epicentro del terremoto de 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto.

“Esta respuesta tiene un significado especial. Durante los últimos años, Colombia ha sido un lugar de acogida y solidaridad para miles de venezolanos que encontraron en este país una oportunidad para reconstruir sus vidas. Hoy, ante la emergencia que viven distintas regiones colombianas, los venezolanos también quieren estar presentes”, explica la Fundación Juntos Se Puede.

De acuerdo con el informe más reciente del Gobierno de Abelardo De la Espriella, el terremoto ha dejado hasta el momento un saldo de 265 personas muertas, 3.494 heridas y al menos 496 desaparecidos.

Se espera que en los próximos días, la Fundación inicie el envío de nuevos cargamentos humanitarios a las ciudades más afectadas.

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“Continuaremos trabajando de manera articulada con las autoridades, organizaciones sociales, empresas y ciudadanos para que la ayuda pueda seguir llegando a los territorios”, concluyen.

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La Fundación Juntos Se Puede, que lideró una de las campañas más exitosas de recolección de ayudas para Venezuela tras los terremotos que afectaron al vecino país, ahora se vuelca a auxiliar a su país de acogida.

“Nuestro segundo hogar se vio afectado”, dijo en redes sociales Ana Karina García, directora de la fundación, ubicada en Bogotá y fundada en 2019 para atender a migrantes venezolanos en Colombia.

La vocera explicó a sus seguidores que Bogotá no se vio tan afectada como el Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca en el marco del sismo que deja hasta el momento más de 110 muertos.

“Tenemos más 300 toneladas acopiadas gracias a tus donaciones”, dijo. Se refiere a las ayudas que la fundación reunió tras los terremotos que golpearon Venezuela el 24 de junio pasado.

Inicialmente fue en su sede en el barrio Pasadena y, tras la masiva respuesta de solidaridad, tanto de colombianos como de venezolanos en Colombia, lograron aliarse con reconocidas entidades como el Movistar Arena, Corferias y Vive Claro para acopiar y posteriormente despachar insumos, como agua, medicamentos, ropa, entre muchos otros elementos, a zonas afectadas en el vecino país, en donde más de 6.300 personas murieron por el doble terremoto.

“Ahora te pedimos que dones dinero para poder trasladar los insumos a las zonas afectadas (en Colombia)”, pidió García a los seguidores de la fundación. Los aportes se pueden hacer en este enlace.

Por cierto, la organización ha informado en el pasado que ya no está recibiendo donaciones materiales para Venezuela.

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Reporte a su desaparecido

El Espectador pone a su disposición sus canales de difusión para ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas tras el sismo que sacudió este lunes a Colombia.

Los numerales de emergencia

119 Bomberos

132 Cruz Roja

144 Defensa Civil

112 Policía Nacional

123 Línea Única de emergencias

Puntos de acopio

Bogotá

SAMU Sur – Cruz Roja

📍 Av. Cra. 68 #31-41 sur

Reciben: agua, alimentos no perecederos, cobijas, mantas, almohadas, colchonetas, toldillos, elementos de higiene y primeros auxilios.

SAMU Norte – Cruz Roja

📍 Cra. 7B Bis #132-31

Reciben: agua, alimentos no perecederos, cobijas, mantas, almohadas, colchonetas, toldillos, elementos de higiene y primeros auxilios.

Centro de Salvamento Acuático – Cruz Roja

📍 Av. La Esmeralda #63-81

Reciben: agua, alimentos no perecederos, cobijas, mantas, almohadas, colchonetas, toldillos, elementos de higiene y primeros auxilios.

Sede administrativa – Cruz Roja

📍 Cra. 24 #73-38

Reciben: agua, alimentos no perecederos, cobijas, mantas, almohadas, colchonetas, toldillos, elementos de higiene y primeros auxilios.

Bodega – Cruz Roja

📍 Diagonal 79B #62-53

Reciben: agua, alimentos no perecederos, cobijas, mantas, almohadas, colchonetas, toldillos, elementos de higiene y primeros auxilios.

Palacio de los Deportes

📍 Calle 63 #59A-06

Reciben: agua, alimentos no perecederos, cobijas, mantas, almohadas, colchonetas, toldillos, elementos de higiene y primeros auxilios.

Cali

Plazoleta Jairo Varela

📍 Centro de Cali

Reciben: agua, guantes de construcción, gafas de seguridad, cascos y colchonetas.

Banco de Alimentos de Cali

📍 Calle 24 #6-103, barrio San Nicolás

Reciben: alimentos no perecederos, agua embotellada y elementos de primeros auxilios.

Manizales

Banco Arquidiocesano de Alimentos de Manizales

📍 Calle 49 #27A-85

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Son al menos 330.000 los ciudadanos haitianos que a partir de esta semana quedaron en un limbo migratorio en Estados Unidos y deben escoger entre salir voluntariamente o arriesgarse a una deportación. Esta semana finalizó oficialmente el Estatuto de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que Washington les otorgó a miles de haitianos tras los terremotos y la compleja situación humanitaria y de seguridad que vive el país caribeño.

El permiso les permitía permanecer, vivir y trabajar en suelo estadounidense bajo una figura que reconocía que la situación en Haití era insostenible y volver suponía un riesgo para sus derechos, e incluso sus vidas. Pero una decisión de la Corte Suprema de Justicia, impulsada por el gobierno Trump, puso fin al TPS.

De contexto: Fallo de la Corte Suprema de EE. UU. sobre la ciudadanía por nacimiento: ¿qué hay que saber?

La disputa migratoria viene desde hace algunos meses, cuando Kristi Noem, entonces secretaria de Seguridad Nacional del gabinete Trump, impulsó una medida en la que alegaba que “Haití ya no cumple con la designación para su designación bajo el TPS”.

La decisión fue controvertida, pues el país tanto en aquel entonces como ahora mostraba todas las señales de alerta. Informes de la ONU aseguraron que la nación aún no ha podido reponerse del terremoto de 2010 que, además de dejar 300.000 muertos, afectó toda la infraestructura. Además, más de la mitad de la población (6,4 millones de personas) requieren atención humanitaria urgente, como alimento, servicios sanitarios o seguridad; sumado a que la guerra entre distintas pandillas ha causado el desplazamiento interno de cerca del 10 % de la población.

Al abanico de caos se suma que desde 2021, año en que fue asesinado el entonces presidente, Jovenel Moise, el liderazgo de Haití permanece acéfalo, lo que ha ahondado las necesidades sin una cabeza visible que tome las riendas del poder.

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Incluso, el mismo departamento de Estado, que hace parte de la cúpula política de Trump, mantiene a Haití como uno de los países más peligrosos del mapa. Así lo demuestra un informe del departamento, entidad que desde 2024 ha mantenido a la isla en “Alerta 4”, es decir, un país no recomendado para viajar, hacer turismo debido al “riesgo de delincuencia, secuestro, terrorismo, disturbios y servicios de salud limitados”.

Aún así, Noem insistió en que no había razones suficientes para que Washington ofreciera asilo migratorio a los haitianos en Estados Unidos, población que se calcula que podría superar los 350.000 personas. La decisión fue respaldada por un tribunal del Distrito de Columbia y posteriormente por la Corte Suprema, que determinó que el TPS expiraría esta semana.

¿Qué significa?

La decisión tiene impacto directo en la vida de al menos 330.000 haitianos que edificaron sus vidas en Estados Unidos bajo la sombrilla del TPS. Las secuelas sociales, alerta la Agencia EFE, serán las más notorias en el corto plazo. Y es que en Estados Unidos hay centenares de familias haitianas que han construido sus proyectos de vida alrededor del refugio otorgado por Washington en su momento. Hay casos, dice la agencia, de personas que completan casi tres décadas residiendo en EE. UU. pero ahora están en riesgo de ser detenidos y deportados.

“Las deportaciones implicarían que cerca de 50.000 niños que son ciudadanos pierdan al menos a uno de sus padres”, amplía EFE.

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Pero también podrían llegar efectos colaterales económicos. Debbie Wasserman, congresista demócrata en Ohio, aseguró que la mayoría de los haitianos en Estados Unidos hacen parte de la mano de obra que mueve la economía del país, como el sector de la salud, de los restaurantes o el turismo. De acuerdo con aproximaciones, se estima que los haitianos aportan poco más de USD 59.000 millones a la economía estadounidense cada año y tiene fuerza particularmente en ciudades como Miami u Ohio.

“Va a ser un esfuerzo enorme deportar a los 350.000. Y sé que separar a los haitianos de sus empleos y de sus hijos ciudadanos va a ser la prioridad de la Administración. Esa es una situación inaceptable y es algo que no deberíamos aceptar”, declaró Wasserman.

Kerwin García nunca planeó huir de Venezuela. Hoy a veces se pregunta si alguna vez encajará en Colombia.

Tras crecer en el estado costero de Falcón, García dejó la escuela y se alistó en el ejército, para luego trabajar brevemente como funcionario del gobierno. Pero a medida que la economía de Venezuela se hundía y la simple supervivencia se hacía difícil bajo el gobierno autoritario del presidente Nicolás Maduro, decidió unirse a su hermano mayor y a otros 2,8 millones de venezolanos, y migrar a la vecina Colombia.

“No quería dejar mi país”, advierte el joven.

García, de 24 años, vestía una camiseta negra, pantalones vaqueros y tenis blancos cuando esperaba en un centro comunitario al que acudió en busca de asesoría, en el barrio de Los Mártires en Bogotá, la capital de Colombia.

“No tengo permiso de trabajo, no tengo pasaporte, soy ilegal”.

Kerwin encontró trabajo inicialmente en una empresa que fabricaba gorras y luego en un restaurante. Pero fue despedido en julio de 2023 después de que le culparan de un dinero que faltaba, una experiencia que lo dejó molesto y abatido.

“Decían que los venezolanos son ‘ñucos’, son burros ―relata García, utilizando un coloquialismo que significa ignorante o inculto. Me trataban como a un delincuente”.

Su nuevo entorno lo ha marcado emocionalmente. “A veces cuando voy a hablar con un colombiano me da pena, siento temor de ser rechazado”, agrega.

Colombia y Venezuela tienen una larga historia común. Las dos naciones comparten una frontera de 1.378 millas, pero en el pasado esas divisiones no existían. Entre 1819 y 1831 formaron parte de lo que se conoció como la Gran Colombia. Sin embargo, las disputas fronterizas estallaron en enfrentamientos militares y en altercados más letales y duraderos. La guerra civil de Colombia entre los ejércitos guerrilleros y el Gobierno nacional, que duró décadas, se extendió a Venezuela. En los últimos años, además, las operaciones transfronterizas de los carteles multinacionales de la droga han exacerbado aún más las tensiones.

Desde 1930 hasta 1950, la oleada migratoria fue en dirección inversa. Los colombianos buscaron refugio en territorio venezolano. El desplazamiento aumentó en 1970 debido al conflicto interno en Colombia, mientras Venezuela prosperaba gracias a la producción de petróleo. En 2011, según datos del Censo de Población y Vivienda venezolano, más de 700.000 colombianos se encontraban en la nación vecina, y hasta 2022 se estima que eran más de cuatro millones. Antes de la crisis económica de 2015, el comercio bilateral entre Colombia y Venezuela era de USD 2.247 millones; para el 2021 se había desplomado a 391 millones, según un informe de la Universidad del Rosario.

Los patrones globales de inmigración han propiciado una nueva dinámica. Hasta finales de 2022, según la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), había 108,4 millones de desplazados en el mundo debido a persecuciones, violencia, violaciones de derechos humanos y sucesos que alteraron gravemente el orden público. ACNUR sostiene que 7,7 millones de personas son venezolanas, la cifra más alta para cualquier país latinoamericano.

Al igual que muchos recién llegados a otros rincones del mundo, las crecientes legiones de migrantes venezolanos a menudo se encuentran con que no son bienvenidos al cruzar las fronteras. Eso incluye a las decenas de miles que en los últimos años se abrieron camino a través del peligroso Tapón del Darién, una zona entre Colombia y Panamá, en ruta hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

Estados fronterizos estadounidenses como Texas y Arizona enviaron en autobús a los venezolanos solicitantes de asilo a “ciudades santuario” como Nueva York, cuyo alcalde del momento, Eric Adams, se quejó de que el gobierno de Joe Biden no hacía lo suficiente para asegurar la frontera. Estados Unidos también ha empujado a más inmigrantes de Venezuela y otros países de vuelta a México, y ha reanudado los vuelos de deportados.

Ningún país recibe más migrantes venezolanos que Colombia pese a la larga y compleja relación política entre ambos países. En 2015, al menos 1.500 colombianos que vivían en Venezuela fueron expulsados, y otros 22.000 se marcharon “voluntariamente”.

En la actualidad, se ha normalizado, en prácticamente cualquier espacio público de Bogotá ―y otras ciudades colombianas― la presencia de inmigrantes venezolanos pidiendo limosna en los autobuses, recogiendo botellas en las calles o intentando ganarse la vida de cualquier otra forma. Hay quienes han conseguido abrir restaurantes, peluquerías, salones de belleza y otros pequeños negocios.

En 2014 solo 23.573 inmigrantes venezolanos vivían en Colombia. Sin embargo, un estudio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, con sede en Bogotá, contabilizó para cerca de 10 años después alrededor de 2,8 millones de inmigrantes, el 59,8 % con un permiso temporal de protección que permite permanecer en Colombia bajo las normas migratorias y obtener un trabajo.

Esta movilidad humana ha provocado una reacción cultural y brotes xenófobos contra los inmigrantes que intentan integrarse a la sociedad colombiana, según Ronal Rodríguez, investigador y portavoz del Observatorio de Venezuela.

“La xenofobia está empezando a crecer en Colombia y va a una velocidad muy alta”, explica Rodríguez, y añade que se ha vuelto común que se culpe de todo tipo de delitos y otros problemas sociales a la población venezolana.

Un viernes por la noche, en el barrio Chapinero, al noreste de Bogotá, en una de las esquinas se encontraba un enjambre de jóvenes con el pelo engominado y muy bien vestidos. Se reunían para relajarse en una cervecería artesanal. Una canción de Bon Jovi sonaba en el patio: “Es mi vida / Es ahora o nunca / Pero no voy a vivir para siempre”. Pero a pocos metros, otros muchachos con cascos de moto y chamarras impermeables rojas, que trabajan como repartidores de comida, parecían ansiosos y agitados. El primer grupo estaba conformado por jóvenes colombianos. Los segundos eran inmigrantes venezolanos.

Entre los repartidores estaba Óscar Montes, de 32 años, quien llegó a Bogotá en 2021. En su natal Trujillo, al oeste venezolano, trabajaba haciendo queso. Entonces, su salario mensual era el equivalente a USD 20, un monto que alcanzaba para pagar únicamente un cartón de huevos, un kilo de carne y otro de queso.

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Hace una semana, VenEsperanza, un fondo humanitario que asistió a más de medio millón de venezolanos en Colombia, anunció su fin. Fue una alianza que durante siete años intentó garantizar mínimos básicos, como comida o servicios fundamentales, a quienes cruzaron la frontera en busca de nuevas oportunidades o huyeron de la crisis humanitaria compleja que detonó el chavismo en Venezuela. Inicialmente buscaron atacar el hambre de quienes llegaron solo con una valija. Luego incursionó en apoyar proyectos de vida y lograr que la mayoría de sus beneficiarios emprendieran o fueran autosuficientes, es decir, que se valieran por sí mismos sin ayuda humanitaria.

Resistió una pandemia, dos gobiernos distintos en la Casa de Nariño e, incluso, el cierre del grifo de recursos internacionales como los provenientes de Estados Unidos y, más recientemente, bolsillos europeos que financiaban la cooperación y asistencia migratoria.

Su final, que se aplazó el mayor tiempo posible, implica que la diáspora venezolana y sus necesidades entran a un período de transición que estará marcado por pocos recursos. Se trata de una migración que continúa, muchas veces con carencias que siguen afectando la vida de esta población, como regularización, empleabilidad o acceso a servicios básicos.

Claro, los flujos de entrada no son los mismos que hace unos años. Y el Estado, como documentó el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, ha sido artífice de al menos 131 herramientas legales para responder a la irregularidad y sus consecuencias: la falta de acceso a servicios de salud, financieros, empleo o educación.

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El cierre de VenEsperanza, más que encender las alarmas, significa que Colombia, el Gobierno entrante y las organizaciones de la sociedad civil deben ajustarse a los nuevos tiempos en que la integración es la tarea principal, más allá de repartir mercados o subsidios económicos.

VenEsperanza era la unión de esfuerzos de oenegés como Mercy Corps, Halu, World Vision o el Comité Internacional de Rescate, que reunían recursos humanos y económicos para llegar a 10 departamentos donde la situación migratoria, en ese entonces, estaba desbordaba.

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Así lo explica Diego Prado, quien estuvo dirigiendo el fondo humanitario durante los siete años que funcionó: “Hay aprendizajes muy valiosos, como la forma de acabar con el hambre para la población venezolana o cómo las organizaciones que formaron el consorcio unieron fuerzas, se antepusieron a los desafíos o crearon mecanismos de monitoreo. Pero no podemos olvidar que esto es un cimbronazo sobre la migración, que aún enfrenta necesidades graves y estructurales que necesitan respuestas”.

Primero lo urgente

Las cifras de la diáspora en Colombia revelan que si bien ha disminuido y mutado, sigue estando presente tanto en las fronteras de Cúcuta, Arauca y Paraguachón, así como en las principales ciudades colombianas.

Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio, explicó en El Espectador en días pasados que urge una nueva respuesta colombiana a la migración, esta vez tras el doble terremoto que podría motivar nuevos flujos de desplazamiento hacia Colombia.

Con base en datos de Migración Colombia, señala que hay 2.844.498 de venezolanos viviendo en Colombia; de ellos, 517.589 (casi el 20 %) siguen en un halo de irregularidad. La respuesta, más allá de atender la emergencia, debería enfocarse en la integración plena de estas personas.

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“Los terremotos obligan a tomar la respuesta (...) La complejidad que enfrenta el hermano país obliga la reunificación familiar. Colombia enfrentará nuevamente flujos, con menores volúmenes, pero nuevas demandas”, dice Rodríguez.

Al panorama se suman otros factores igual de apremiantes que han afectado la fórmula migratoria, como la escasez de dinero para financiar proyectos o traducir dineros de terceros países en nuevas oportunidades para los venezolanos. El caso más notorio es el de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), que congeló más de USD 400 millones, cerró abruptamente la mayoría de sus programas a inicios de 2025 y dejó, según dijeron a este diario algunas voces de la cooperación internacional, “cientos de programas huérfanos y se convirtió en una acción con daño al dejar sin dinero y margen de acción a millones de personas cuyos propósitos dependían de la Agencia”.

A menos dinero, menos posibilidades para venezolanos de oportunidades de integrarse o acceder a cupos escolares, kits de alimentación o atención psicosocial.

Nueva fase

Sin los dineros de la cooperación internacional, con nuevas llegadas y la permanencia de medio millón de personas en la irregularidad, el panorama ahora debe ajustarse a los nuevos tiempos.

Para Prado, el cierre de VenEsperanza marca el fin de una etapa, pero no de la migración venezolana en Colombia. La emergencia cedió terreno a un desafío más complejo: integrar a millones de personas que ya forman parte del país. Con menos recursos y nuevas necesidades, el éxito de la respuesta dejará de medirse por la cantidad de ayudas entregadas y empezará a depender de las oportunidades que esta logre construir.

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A Ricardo Hernández Navarrete le hicieron creer en varios momentos que era un “alien ilegal”, como han bautizado a los migrantes en Estados Unidos. Le hablaban tosco. Lo mantenían confinado e inmóvil, como si a sus 18 fuese un peligro para los demás. Y más de una vez, a través de comida fría, poco abrigo en invierno o al ser obligado a usar el overol de convicto, se lo creyó.

Compartió pabellones o módulos de detención con personas procesadas o condenadas por delitos graves; su mente le jugó en contra varias veces y nunca supo por qué fue detenido, esposado o amenazado constantemente de ser deportado.

El mensaje que querían transmitirle, dice, era claro: era un extranjero, foráneo. Un “otro”.

Pero lo salvó el recuerdo de su mamá, también detenida por cuestiones migratorias, y su sueño de seguir su carrera de joven promesa como futbolista.

El Espectador conoció la historia de Ricardo, un joven que huyendo de Colombia aterrizó con su madre en Chicago en busca de asilo. Pero su búsqueda de protección no fue plena: al acudir a una cita migratoria en el centro de la ciudad, fue víctima de una emboscada en donde los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le tendieron una “trampa” para detenerlo más de dos meses y conducirlo por cárceles y centros de detención de seis estados.

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Su historia, más allá de 10 semanas de maltratos y una captura de la que nunca encontró las razones, terminó con Ricardo libre y, apenas dos días después de salir de la custodia de ICE, recibiendo su diploma como bachiller para poder continuar su sueño de convertirse en futbolista, estudiar mecánica o pilotaje y garantizar una vida digna para él y su familia.

“La única falta que cometí en Estados Unidos fue jugando fútbol. Yo era un ‘alien’, y el temor queda luego de salir. Cada día me abstengo de hacer o de vivir, porque cualquier infracción me puede devolver allí”, dice Ricardo en diálogo con este diario.

Durante su captura, el caso de Ricardo llegó a despachos judiciales, medios de comunicación en Illinois e incluso al Congreso de los Estados Unidos, donde el senador demócrata Richard Durbin denunció que todo migrante tiene derecho a la dignidad y que ICE, justo como hizo con él, hacía redadas para detener a personas desvalidas afuera de cárceles, hospitales, escuelas o tribunales de migración.

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“Casos como el de Ricardo son una de las muchas razones para seguir luchando contra los agentes de ICE que actúan al margen de la ley”, dijo Durbin en una sesión plenaria.

La ruta de la detención

Ricardo repetía dos preguntas constantemente. La primera, “¿Por qué estoy detenido?”. Nunca tuvo respuesta, ni por parte de los agentes del ICE ni de mano de los dragoneantes de las cárceles en las que estuvo. Y la segunda era una preocupación que se traducía en inquietud: “¿Dónde está mamá? ¿Está bien? ¿Sigue en Estados Unidos?” Pero la respuesta más constante es que si seguía indagando no recibiría comida o sería conducido al calabozo, un espacio de cinco metros cuadrados donde una luz blanca lo despistaba sobre si era de día o de noche.

Recién fue capturado, Ricardo inició lo que él bautizó como el “tour de los deportados”. De Chicago fue trasladado en bus y aviones a pabellones de Indiana, Kansas, Oklahoma, Louisiana, Ohio, Kentucky y de vuelta a Chicago nuevamente.

Según recuerda, todo en esos centros penitenciarios fue un calvario. La comida era fría, los espacios hacinados y debía estar alerta de que sus pocas pertenencias, reducidas a una cobija o una porción de alimento, no fueran robadas o estropeadas en las constantes peleas que se daban dentro de los pabellones, donde llegó a haber 70 o más personas.

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Cuando buscó amparo en la justicia estadounidense, le contestaron que debía contar con un monto cercano a los USD 60.000 (casi COP 200 millones) para poder tener una mínima posibilidad de un abogado, un trámite justo y el pago de una fianza.

“Pensé incluso en firmar la devolución voluntaria. Pero resistí pensando en mi carrera y mi mamá”, recuerda Ricardo.

El ángel de los derechos

Pero a Ricardo se le apareció un ángel que lo salvó de continuar transitando estados y centros de detención. Esa fue Kristy Morrow, una defensora de derechos en Chicago que apenas conoció su caso empezó a mover todos los hilos posibles para obtener respuestas y posteriormente liberarlo.

Morrow explicó a El Espectador que primero inició con acciones judiciales para salvaguardar sus derechos fundamentales. Al tener 18 años, Ricardo ya era considerado como un adulto, así que pocos recursos en los estrados se podían interponer.

Pero, constitucionalmente, el ICE debía explicar bajo qué argumentos de ley Ricardo fue detenido y, en caso de que dicha detención no cumpliera con las enmiendas estadounidenses, su libertad debía ser ordenada inmediatamente. Así que redactó un Habeas Corpus (recurso para impugnar un encarcelamiento arbitrario) y paralelamente recorrió las calles y barrios de Chicago recolectando fondos para pagar una eventual fianza de liberación de Ricardo. La defensa del joven se fundamentó en que tenía arraigo en Chicago, no tenía ningún antecedente penal o administrativo y, además, era un adolescente que mostraba un proyecto de vida prometedor al tener ya una beca para jugar al fútbol.

Así que un juez de inmigración en Chicago concluyó que su detención fue arbitraria y ordenó que Ricardo podría continuar su proceso de asilo en libertad y lejos de una penitenciaría de ICE.

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Al cierre de esta publicación, ICE no ha contestado a El Espectador ninguna de las inquietudes sobre cómo, por qué y bajo qué presuntos delitos o infracciones migratorias fue arrestado Ricardo. Además, tampoco hubo respuesta sobre los criterios para que sus agentes, desplegados en las principales ciudades de EE. UU., esperen a las afueras de prisiones, escuelas o tribunales migratorios a personas para realizar detenciones.

“Recuperé la esperanza que los calabozos me quitaron. Hoy tengo un brazalete electrónico instalado por ICE, pero me siento feliz. Nunca supe por qué me detuvieron”, concluye el joven, quien en unas semanas decidirá qué carrera profesional estudiará y, cuenta, en unos años sueña con estar en la plantilla de algún equipo profesional de fútbol en el mundo.

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En medio de la tragedia que embarga a los hermanos venezolanos tras los dos terremotos es momento de retomar el camino de la respuesta colombiana a la migración proveniente de Venezuela. El Estado colombiano y su sociedad son un ejemplo global de acogida en momentos que la migración se instrumentaliza políticamente.

La respuesta colombiana no es el resultado de la solidaridad con los hermanos venezolanos, tampoco el agradecimiento porque ellos apoyaron a los colombianos en los momentos más difíciles o porque fueron una oportunidad para los cientos de miles que buscaron el desarrollo económico en los tiempos de la rica Venezuela, tampoco es la respuesta lógica y pragmática inherente entre dos vecinos que comparten 2.219 kilómetros de una porosa frontera con una profunda interdependencia.

La respuesta colombiana de acogida a la población migrante proveniente de Venezuela es, fue y será lo correcto ante el desastre de la Revolución Bolivariana, y ahora, lo es ante el desastre natural que enfrentan los venezolanos.

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Según la información de Migración Colombia 2.844.498 migrantes venezolanos se encuentran en el país, al corte de abril de 2026, de ellos el 29,81% en condición de irregularidad, unas 848.142 personas, entre los que son referidos como irregulares y los que la institución señala como “en proceso de regularización” sin dar mayor precisión. En otras palabras, 1.996.356 venezolanos están regularizados en Colombia, el 98,43 % regularizados gracias al Estatuto Temporal de Protección para migrantes Venezolanos (ETPV), quienes cuentan con su Permiso por Protección Temporal, el PPT.

En agosto de 2022, según los datos de Migración Colombia registrados en la Bitácora Migratoria, unos 2.453.570 venezolanos habían realizado el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), de ellos 1.935.981 (el 78,90 %) ya había realizado su registro biométrico y, para ese momento, 1.377.067 (el 56,12 %) contaba con el PPT. Al inicio de la administración de Gustavo Petro, se podría decir que unos 517.589 migrantes venezolanos estaban irregulares, a un mes del cierre de su gobierno los irregulares venezolanos crecieron el 63,86%.

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Durante el gobierno Petro la irregularidad de los venezolanos creció el 63,86 %.

Si bien el discurso del presidente Petro está en favor de la migración, su política migratoria se caracterizó desde un primer momento por tres cosas: la subordinación del tema migratorio a la relación con el régimen venezolano y sus narrativas, durante los cuatro años el presidente se dedicó a repetir las palabras del chavismo a pesar de las evidencias y los datos de las propias instituciones colombianas que desmentían al régimen.

En segunda instancia, y como resultado de la primera, los fugaces responsables del tema migratorio centraron sus acciones en la denominada estrategia de “desvenezolanización de la migración”, una apuesta por abordar otros flujos migratorios minimizando el impacto de la migración venezolana en Colombia, a pesar de los números. Un cambió de foco del gobierno que buscó subordinar las acciones de la cooperación internacional y la sociedad civil, con insuficientes resultados.

Y finalmente, dejó de lado el liderazgo en la búsqueda de recursos de cooperación internacional para la atención e integración de la población venezolana en condición de movilidad humana. Hoy no hay recursos para la integración migratoria porque desde la última conferencia de donantes, el flamante canciller de la paz como se autodenominaba Alvaro Leyva, no solicitó los recursos e incluso afirmó que el tema ya estaba superado.

En momentos en los que la cooperación internacional cambió tras el inicio del segundo período de Donald Trump en los Estados Unidos, no hubo estrategia ni liderazgo en la consecución de recursos, se dejaron perder los recursos que se tenían, o incluso se rechazaron recursos porque los funcionarios nombrados por el gobierno Petro consideraban que no tenían capacidad para administrarlos, a pesar de la evidente necesidad de los mismos.

Algunos de los responsables de la cooperación internacional han llegado a señalar que los miembros del gobierno se negaron a dar continuidad a procesos que venían de administraciones anteriores. No proponían, no hacían y no querían que lo que antes se hacía siguiera funcionando.

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Las políticas migratorias propuestas por el gobierno saliente no ofrecen resultados reales más allá de un desgaste institucional, organizaron cientos de reuniones con la cooperación internacional, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, los centros de pensamiento, las comunidades, los actores públicos y privados, miles de horas “escuchando al pueblo”, que arrojaron como resultado la formulación del certificado PPT La Visa V Visitante Especial, PEP Tutor, y Permiso Especial de Contingencia PEC (hoy en consultas de la sociedad civil). Estas medidas cubren a menos del 1,57 % de la población venezolana regularizada en Colombia. Medidas que beneficiaron a muy pocos y que sólo justificaron el pago de contratistas.

Los terremotos obligan a retomar la respuesta colombiana, cientos de venezolanos que están construyendo su proyecto de vida en Colombia hoy quieren traer a sus adultos mayores, padres y abuelos que permanecían en Venezuela porque era donde tenían sus propiedades, pero la complejidad que enfrenta el hermano país obliga a la reunificación familiar de este lado de la frontera. Colombia enfrentará nuevamente flujos migratorios de Venezuela, con menores volúmenes, pero nuevas demandas.

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Las nuevas autoridades en Colombia tienen dos retos principales, retomar el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, como herramienta de regularización y plena identificación de 848.142 personas irregulares que hoy están en Colombia, son más que la población de Bucaramanga. Asimismo, y en consonancia preparar la transición del Estatuto al régimen ordinario de regularización para que los venezolanos puedan hacer de Colombia su hogar más allá de 2031, momento en que se cumplen los 10 años del Estatuto.

*Vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.

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Para expulsar migrantes a África el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump aplica la estrategia del palo y la zanahoria: primero amenaza con aranceles o suspensión de visados y después saca el talonario, con incentivos económicos.

Fue así como el camboyano Pheap Rom, de 43 años, terminó en una prisión de alta seguridad en Esuatini, la última monarquía absoluta de África, dirigida con mano dura por el rey Mswati III.

“No entendía por qué me expulsaban a África, si yo soy camboyano”, declaró a la AFP.

Algunos fueron expulsados a la República Democrática del Congo o a Uganda y otros más desaparecieron de los radares tras ser enviados a Sudán del Sur, un país devastado por la guerra.

Estados Unidos recurre a las suspensiones de visados para obligar a países africanos a aceptar a nacionales de terceros en el marco de la ofensiva antimigración del presidente Donald Trump, afirmaron a la AFP dos exfuncionarios del Departamento de Estado.

Dos tercios de los 39 países del mundo afectados por las suspensiones de visados estadounidenses se encuentran en África.

Y según el recuento de oenegés y un informe de senadores del Partido Demócrata estadounidense, casi la mitad de los Estados que han suscrito acuerdos para recibir personas expulsadas de Estados Unidos son africanos.

“A estos países se les presiona a golpe de amenazas sobre aranceles, suspensiones de visados o disminución de la ayuda”, señalan los senadores en su reporte.

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Estos migrantes caen “en un agujero negro jurídico”, retenidos sin ser inculpados, en un lugar desconocido, a veces privados de derechos, reenviados a otro país o de vuelta a su hogar, aunque esto ponga en riesgo sus vidas, denunciaron abogados.

“La implementación de las políticas migratorias de la administración Trump es una prioridad absoluta”, respondió el Departamento de Estado.

Apenas regresó al Despacho Oval a principios del año pasado, Trump procedió a la expulsión masiva de migrantes hacia América Latina.

El caso más emblemático fue el envío a El Salvador de más de 250 venezolanos acusados, sin pruebas ni juicio, de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua y detenidos durante meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

África constituye, de alguna manera, un segundo capítulo. Según los exresponsables del Departamento de Estado, estas políticas de expulsión a terceros países fueron elaboradas por Stephen Miller, asesor del presidente estadounidense y partidario de una línea migratoria dura.

Para lograr sus objetivos, Washington empleó la táctica del palo y la zanahoria, con millones de dólares de ayuda desembolsados en el marco de acuerdos secretos.

Esuatini se comprometió así a recibir a 160 expulsados a cambio de 5,1 millones de dólares, según los senadores estadounidenses.

Ruanda habría aceptado recibir a hasta 250 personas a cambio de 7,5 millones de dólares de ayuda estadounidense, según la oenegé Human Rights Watch.

“Es como una trata moderna de seres humanos, por vías oficiales”, declaró a la AFP Tin Thanh Nguyen, un abogado radicado en Estados Unidos.

Deseos de “buena suerte”

Desde el inicio del segundo mandato de Trump ha crecido la lista de motivos de expulsión.

En junio, la Corte Suprema estadounidense respaldó su decisión de revocar un estatuto que protegía a 350.000 haitianos.

Numerosos migrantes embarcados en vuelos nocturnos hacia África gozaban de protección jurídica en virtud de la Convención contra la Tortura o de una suspensión de remoción, según los testimonios recogidos por la AFP a lo largo del último año.

Aunque en el pasado hayan podido vivir legalmente en Estados Unidos, la orden de expulsión sigue vigente con este tipo de protección, a diferencia del derecho de asilo.

Khalid, de 23 años, cruzó la frontera mexicana en 2024 para huir de la tortura en su país de origen, en África oriental, según contó a la AFP, que habló con él en febrero y en mayo.

Cuando el juez le otorgó un estatuto que lo protegía contra la expulsión, le deseó “buena suerte” en su nueva vida en Estados Unidos.

No obstante, en enero fue embarcado sin sus documentos rumbo a Guinea Ecuatorial, un país criticado por defensores de los derechos humanos, donde ahora está bloqueado en una situación inexplicable.

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Al llegar a Guinea Ecuatorial, el gobierno de ese Estado hispanohablante de África central le informó de que no podía quedarse y a finales de mayo lo volvió a subir a un avión con destino a su país natal, que lo devolvió a Guinea al no poder identificarlo con documentos oficiales.

De regreso en Guinea Ecuatorial, no puede ni marcharse ni solicitar asilo, un procedimiento que no existe en este país, confirma el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Las autoridades estadounidenses “no saben si estamos vivos, no saben nada”, lamenta Khalid.

La abogada Meredyth Yoon, afincada en Estados Unidos, dijo no conocer “a ningún abogado especializado en derecho de extranjería que haya dicho a sus clientes protegidos por la Convención contra la Tortura o por una suspensión de alejamiento: ‘Atención, podrían ser expulsados a un tercer país’”.

Según el gobierno de Trump, si las normas impiden devolver a estos migrantes a su país de origen, nada prohíbe que sean expulsados a otro Estado.

Según la abogada estadounidense Alma David, para los servicios migratorios “es bastante fácil, en términos de logística, expulsar a estas personas a un tercer país”. Sus clientes han sido dispersados por Sudán del Sur, Camerún, RDC y Esuatini.

Desaparecido durante semanas

Algunos llevaban una vida normal desde hacía años, incluso sin estatuto especial, como el cubano Roberto Mosquera, que llegó de niño a Florida.

Mosquera, de 59 años, perdió su tarjeta de residente tras cumplir dos penas de prisión, entre ellas por haber disparado, cuando era adolescente, en la pierna de un hombre durante una pelea entre pandillas.

Una amiga de Mosquera desde la infancia, que pidió ser identificada como Ada, comentó en octubre que “cuando salió [de prisión], cambió de vida”.

Mosquera “se casó, tuvo cuatro hijas preciosas, habla regularmente contra la violencia de las pandillas y su familia lo adora”, dijo Ada.

Sin embargo el servicio migratorio lo detuvo durante un control de rutina en Miramar, en el sureste de Estados Unidos, y estuvo desaparecido durante semanas.

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El gobierno primero aseguró a su familia que había sido enviado de vuelta a Cuba, país que rara vez acepta el retorno de sus nacionales.

Un día, Ada lo reconoció en una foto publicada en la red X por Tricia McLaughlin, entonces portavoz del Departamento de Seguridad Interior (DHS) estadounidense.

En realidad, Mosquera había sido enviado a Esuatini (antigua Suazilandia) y recluido sin cargos en la prisión de Matsapha, a 30 km al sur de la capital, Mbabane, donde seguía casi un año más tarde.

Mosquera había perdido pelo y adelgazado mucho, según las últimas noticias que Ada tuvo de él en el último otoño boreal.

Desde hace décadas, la cárcel de Matsapha, donde se pudren los opositores al rey, encarna la política de represión en este pequeño país de África austral.

Pheap Rom, el camboyano, pasó semanas allí. Él y sus compañeros de detención “conocieron la miseria”, con una única salida diaria de 15 minutos y una llamada telefónica semanal autorizada, relató a la AFP en abril en Phnom Penh, tras haber sido enviado a su país.

A los enviados a Ghana los mantuvieron detenidos en secreto en un campo militar, sin cargos en su contra.

¿Chantaje?

En la RDC y en Camerún, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ejerce presión para que estos migrantes llegados desde Estados Unidos firmen un programa de retorno “voluntario” a sus países, según la abogada David.

“Nos acorralan porque nos dicen: ‘Si no aceptan el programa de retorno a sus hogares, se quedarán atrapados en este lío, aquí, en el Congo’”, dijo la colombiana Gabriela, de 30 años, cuando la AFP se reunió con ella en abril en un hotel de Kinshasa, cerca del aeropuerto, donde había acabado con compatriotas, ecuatorianos y peruanos.

“Yo no quería venir al Congo, tengo miedo, no conozco el idioma”, confesó entonces.

Según testimonios recogidos por la abogada David entre sus clientes en Camerún, la OIM se negó a facilitar tratamiento médico para algunos detenidos.

“La asistencia humanitaria proporcionada a los migrantes” es “estrictamente voluntaria y basada en un consentimiento informado”, indicó al respecto la OIM a la AFP.

Para revertir una decisión de suspender los visados, la administración Trump impuso contrapartidas a los países afectados, explicó un exfuncionario del Departamento de Estado.

Algunas contrapartidas no eran particularmente controvertidas, como compartir datos sobre delincuentes conocidos, fomentar el respeto de la duración de validez de los visados o aceptar el retorno de sus nacionales objeto de una orden de expulsión.

Pero, cuando algún país decide no sumarse a la iniciativa, paga un alto precio. Burkina Faso, gobernado por una junta militar hostil a Occidente, se negó a aceptar esas condiciones.

“¿Se trata de una medida de presión? ¿Se trata de un chantaje?”, cuestionó en octubre el ministro burkinés de Asuntos Exteriores, Karamoko Jean Marie Traoré, después de que la embajada de Estados Unidos en Uagadugú dejara de repente de tramitar solicitudes de visado.

“Burkina Faso es una tierra de dignidad (...) no una tierra de deportación”, añadió el canciller.

Poco después, a sus nacionales se les prohibió la entrada en Estados Unidos.

Cuando Nigeria rechazó las propuestas estadounidenses para recibir venezolanos en 2025, “sabíamos que habría consecuencias”, declaró a la AFP un exfuncionario del gobierno de ese país.

En efecto, las restricciones de visados no tardaron en llegar.

Pero muchos países africanos aceptaron las reglas del juego, subrayaron los exfuncionarios del Departamento de Estado.

Poco después de que Ghana acogiera a expulsados de África occidental, Washington levantó sus restricciones de visados y suprimió aranceles del 15% sobre la exportación de cacao y productos agrícolas.

Pero, para otros países, participar en esa iniciativa no fue suficiente: Guinea Ecuatorial, por ejemplo, continúa sometida a sanciones pese al acuerdo firmado.

“Agujero negro jurídico”

El número de personas expulsadas y la lista de países que han aceptado recibirlas, así como el contenido preciso de los acuerdos suscritos con Washington, no se han hecho públicos.

Según senadores demócratas estadounidenses, nueve de los 25 Estados que han firmado acuerdos para acoger personas expulsadas de Estados Unidos están en África.

Según el recuento de las oenegés, el 40% de los acuerdos confirmados o presuntamente firmados se hicieron con países africanos.

Sin embargo, el informe del Senado no menciona a Sierra Leona, que recibió a sus primeros expulsados en mayo, ni a la República Centroafricana, que acogió a otros en junio, algunos de ellos de nacionalidad iraní.

A menudo, los abogados ni siquiera saben dónde están detenidos sus clientes.

De los enviados a Sudán del Sur, Nguyen explica que solo sabe que se encuentran en “un lugar secreto” y “custodiados por soldados”.

Pheap Rom, el camboyano enviado a Esuatini en octubre, había cumplido 15 años de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable de intento de homicidio por haber efectuado un disparo durante una pelea vecinal.

Cuando salió de prisión, en lugar de ser expulsado a Camboya, lo enviaron a Esuatini, donde estuvo encerrado durante meses sin ser inculpado.

Nguyen sospecha que el DHS ni siquiera intentó devolver a su cliente a su país.

El DHS primero aseguró que Rom había embarcado rumbo a Tailandia, país donde nació pero del que no tiene la nacionalidad, y luego admitió que se encontraba en Esuatini, en el centro de detención de Matsapha.

Esa prisión es un “agujero negro jurídico”, dice Nguyen. Allí, las personas expulsadas pueden permanecer retenidas de forma ilimitada, y sin poder acceder a un abogado, pese a una decisión del Tribunal Supremo de Esuatini que les reconoce el derecho a la asistencia.

Las impugnaciones judiciales no han hecho retroceder a la administración estadounidense.

Kilmar Abrego García, un inmigrante salvadoreño convertido en símbolo de la política de expulsiones de Trump, este año estuvo a punto de ser expulsado a Uganda, Esuatini, Ghana y Liberia, tras ser enviado “por error” el año pasado a El Salvador.

A finales de mayo, un juez estadounidense abandonó las acciones penales en su contra, pero esta decisión no lo protege todavía de una expulsión.

Incluso con tarjeta de residencia

Tras cumplir dos años de prisión por intento de fraude, Benjamin, nigeriano de unos cuarenta años, titular de una tarjeta de residencia y casado con una estadounidense, imaginaba reunirse con su familia.

Él pensaba que el procedimiento de expulsión abierto contra él sería anulado cuando saliera de la cárcel, puesto que un juez consideró que la ley lo protegía contra un eventual retorno a su país, donde estuvo metido en política, lo cual implica un riesgo.

Pero, al final, se acabó encontrando en Ghana, atrapado en un campo militar con otros compañeros de desgracia, expuestos a los mosquitos y a las enfermedades.

La presión de los abogados para obtener su liberación llevó al gobierno ghanés a sacarlos del campo, conducirlos a la frontera y abandonarlos sin papeles en el vecino Togo.

Una situación “terrible”, decía en septiembre a la AFP.

“He cumplido mi condena (...) asumo mis responsabilidades”, señaló. Pero la administración de Trump “violó el fallo judicial”.

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Isabella* tuvo 48 horas para aprender a defenderse en un mundo que no conocía: el judicial. En 2015, la represión del chavismo la obligó a salir de tierras venezolanas y buscar amparo en Colombia. Pero se encontró con estigma, criminalización y una deportación que la devolvió directamente a donde su vida corría peligro. Fue capturada, trasladada a través de tres departamentos y oía de las autoridades migratorias que su sexualidad diversa “no era bien vista por Dios”.

Hace unos días, la Corte Constitucional puso punto final a la historia de esta mujer trans, refugiada y trabajadora sexual que aún alegando el peligro que su vida corría si volvía a pisar Venezuela, terminó esposada y entregada a los alfiles del chavismo en el Puente de Tienditas, en Cúcuta.

El fallo es catalogado como histórico, pues hizo justicia con enfoque de género y perspectiva intersectorial para determinar que Isabella, aunque en condición de irregularidad migratoria, estaba amparada al encontrar refugio en Colombia y no ser castigada por buscar un lugar seguro.

Además, la sentencia ordenó a Migración Colombia y la Cancillería adoptar en los próximos dos meses un protocolo que ponga en la balanza el conjunto de riesgos a los que miles de migrantes se enfrentan antes de ser deportados y vetados de jurisdicción colombiana.

“Enfrentaba todas las barreras: ante la ley, con el lenguaje, por su condición de migrante refugiada y por su identidad de género. La sentencia reconoce la turbulencia que atraviesa la movilidad humana cuando solo busca derechos y protección en otro país”, explica a este diario Lublanc Prieto, directora de Refugiados Unidos y quien acompañó el litigio en los estrados.

Principios universales

La historia comenzó en 2025, cuando Isabella fue capturada por la Policía y posteriormente puesta en disposición de Migración Colombia. Durante años había intentado resolver su situación migratoria, pero las herramientas legales, como el Estatuto Temporal de Protección o el Permiso Especial de Permanencia, ya no la cobijaban.

Regularizarse a través de una visa tampoco era una opción, pues requería una gran inversión y ella, dependiente de su ganancias como trabajadora sexual, no podía costearla ni conocía el universo judicial para luchar por su permanencia en Colombia.

Lo único que sabía a ciencia cierta es que iba a ser deportada. Pero peleó en todos los frentes para que no sucediera. Alegó que Venezuela era tierra no grata, pues Nicolás Maduro cuando estaba en el poder ya había encarcelado cerca de un millar de presos que alzaban la voz por sus derechos, incluidos los LGBTIQ+. En ese país tenía que compartir su ubicación todos los días por temor a ser capturada, o peor, asesinada, como atestiguó con la muerte de una de sus compañeras.

La deportación, en principio, contaba con todas las de la ley. Si un extranjero permanece en situación irregular, Migración Colombia tiene la potestad de expulsarlo del país y negar su entrada por un tiempo determinado. Pero allí empezaron los problemas.

A través de una tutela, Isabella argumentó que era refugiada, que la deportación la acercaba a un peligro inminente y que nadie, ni Migración Colombia, ni la Policía ni otras cuatro entidades escuchó sus súplicas, que reunió en 98 folios que exponían cómo su integridad estaba comprometida. Pero en primera y segunda instancia las pretensiones de Isabella fueron ignoradas.

Finalmente, la Corte Constitucional le dio la razón. La sentencia de 41 páginas explica que el Estado falló y revictimizó a esta mujer migrante a quien, a ojos del alto tribunal, se le omitieron varias de las condiciones que la hacían vulnerable, como ser mujer trans, ejercer el trabajo sexual o pertenecer a los casi 500.000 venezolanos que residen en Colombia sin estatus migratorio regular. Sin regularización, comenta la sentencia, sus derechos tampoco estaban garantizados y había un camino muy tortuoso para que Isabella llevase una vida digna en Colombia.

El fallo se fundamentó principalmente en una regla internacional del derecho: el principio de no devolución, que establece tácitamente que la movilidad humana no es un crimen que deba castigarse, sino un derecho para cualquier ser humano. Además, que deportar a alguien con el contexto de Isabella no solo vulneraba derechos como el del debido proceso, la dignidad, sino otros a la par con su condición de persona LGBTIQ+, como la no discriminación y un trato igualitario ante la ley.

La deportación, comenta la Corte, violó los derechos de Isabella y también desconocía tratados internacionales que Colombia ha suscrito para dignificar la migración. Además, enviaba un mensaje equívoco a millones de venezolanos y extranjeros de otras nacionalidades sobre malos tratos y revictimización en un país que, constitucionalmente, debe protegerlos.

Medida ejemplar

La sentencia ordenó varios puntos considerados como “ejemplares” por Prieto. El primero fue ordenar a las autoridades migratorias realizar un proceso de asilo que permita a Isabella permanecer en Colombia, acceder a mínimos básicos tras su regularización y reconocer su condición como refugiada. También ordena a la Policía a retractarse públicamente por haber afirmado que Isabella era una “criminal recurrente” y aclarar que su condición de migrante no tiene ninguna relación con delitos o violaciones a las normas colombianas.

Para Prieto, el fallo pasa a formar parte de la reducida historia de decisiones judiciales sobre migrantes con enfoque de género e integral. La directora de Refugiados Unidos comenta que, gracias a la sentencia, Isabella por fin tiene posibilidades reales de acceder a mínimos básicos y regularización. Pero también comenta que la decisión de la Corte Constitucional sienta un precedente histórico para miles de personas extranjeras que llegan buscando asilo y, gracias a este caso, podrán mejorar sus expectativas ante la ley.

“Es una decisión que transforma un estado de indefensión absoluto en derechos. Llegar a un territorio nuevo está cargado de desafíos jurídicos, institucionales y de derechos, pero el fallo resuelve esa situación”, concluye Prieto.

*Nombre modificado por seguridad

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Desde Ecuador, Suiza y Alemania, María Pessina y sus hermanos pasaron cuatro días buscando noticias de su madre en grupos de chat y redes. El sábado una foto les confirmó lo peor: Magnolia murió en el derrumbe de su edificio en el doble terremoto que sacudió a Venezuela.

“La agonía terminó”, suspiró Pessina, investigadora venezolana en Quito, cuando pudo confirmar que la ropa de uno de los cuerpos encontrados bajo los escombros era de su madre, de 79 años.

La propia María podría haber estado allí. Había estado de visita durante tres semanas y abordó el avión de regreso a Ecuador unas horas antes de los sismos del 24 de junio.

“El terremoto ocurrió cuando yo volaba”, dice a la AFP por llamada telefónica. Al aterrizar, “explotó el teléfono de mensajes porque mucha gente creía que yo seguía en Caracas”, cuenta.

Antes de reencontrarse con los suyos para ir a casa, “ya había recibido un video del edificio en el suelo”. “Ahí la desesperación pasó a otro nivel”, confiesa.

Ella y sus hermanos empezaron entonces una angustiosa búsqueda. Activaron grupos de chat de la familia y de vecinos y contrataron a un motorizado para revisar las listas de vivos, heridos y desaparecidos en los hospitales de Caracas.

Gracias a un grupo de WhatsApp, los vecinos de los 14 pisos del edificio Petunia en Caracas pudieron reconectar con los emigrados que buscaban a sus familiares desde Miami, España, República Dominicana, Panamá o Ecuador.

El viernes, un mensaje de ese chat informó que habían recuperado un cuerpo similar al de Magnolia. Un día después, María confirmó que era su madre.

“Pasé tres semanas limpiando y doblando su ropa, por eso pude reconocer lo que llevaba puesto en esa foto”, explica esta investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

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“No sabemos nada de él”

La desesperación de los Pessina se repite entre millones de venezolanos en el exterior. La Emergencia Humanitaria Compleja auspiciada por el chavismo ha causado la salida de cerca de 9.000.000 de venezolanos de su país. La mayoría se asentaron en Colombia, Chile, Perú y otros países de Latinoamérica. Mientras que otros partieron a Europa, principalmente España, Italia. En total, son 70 países que sirvieron como países de acogida a la diáspora venezolana.

Muchos siguen buscando a familiares entre los más de 2.300 muertos y decenas de miles de desaparecidos de los terremotos de hace una semana, sin poder viajar ni sepultarlos en su país.

Venezuela cuenta con el mayor éxodo de la historia reciente de América Latina: 7,9 millones de personas han salido del país en la última década, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Desde Miami, Madrid y Santiago, esta diáspora movilizó redes para enviar medicinas, pañales y fórmulas infantiles, además de viralizar pedidos de rescate.

“Mi cuñado Jorge Sedano está en el edificio Vallarta, en Playa Grande, y todavía no sabemos nada de él”, dijo desde Miami Andre, que prefiere no dar su apellido por motivos profesionales.

En esa zona de La Guaira, arrasada por los sismos, los vecinos se organizaron solos hasta la llegada de rescatistas salvadoreños el fin de semana.

“No he dormido desde que pasó esta tragedia. Publico pedidos de ayuda, de donaciones, reconecto gente; se necesita de todo y me llegan miles de mensajes”, relata.

La indignación la quiebra al confirmar que el martes se suspendieron las labores de rescate en la residencia de su cuñado después de que vecinos sorprendieran a agentes de policía robando dólares entre los escombros.

“No llegaron a tiempo para salvar vidas. Quizá mi cuñado estaba vivo en las primeras horas. Pero sí llegaron a robar”.

Un adiós por streaming

“Es raro estar tan lejos, seguir la rutina. Estamos viviendo aquí, con la cabeza allá”, soltó en un chat de amigos del colegio Broli Rumbos, cuando se enteró desde España de que uno de sus amigos llevaba horas buscando a su familia entre los escombros de un edificio en La Guaira.

“Para bien y para mal ahora vivimos en tiempo real lo que pasa al otro lado del mundo”, dice resignada María Pessina.

En el edificio Petunia de su madre, situado en un sector de clase media y acomodado de Caracas, “casi todos tenían familia en el exterior”.

El martes supieron en el chat de vecinos que un matrimonio y su hija habían fallecido. Solo su otro hijo sobrevivió. Estaba estudiando en Italia.

Los Pessina se preguntan ahora cómo despedir a Magnolia a cientos o miles de kilómetros de distancia, probablemente por streaming una vez que las hermanas de su madre reciban las cenizas.

“No sabemos cuándo, todo eso es ahora mismo un caos”, cuenta.

Será una ceremonia con música “porque le encantaba cantar”. Y “me imagino que lo veremos en streaming como ya nos hemos venido acostumbrando quienes hicimos vida lejos”, comenta Pessina.

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Pero ella quisiera vivirlo con los vecinos del Petunia, con alguna ceremonia “en ese lugar que ahora recobra otro significado para todos”, dice de lo que fue su casa en Caracas desde que nació.

El doble sismo mató al menos a 2.300 personas y dejó miles de heridos y desaparecidos. Se estima que este viernes 3 de julio sea el último día de búsqueda intensiva para docenas de equipos de rescatistas que llegaron a Venezuela.

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Lo primero que hizo Gregory al enterarse del doble terremoto en Venezuela fue prender su moto, la que facilita su trabajo como domiciliario en Bogotá, y recorrer las calles de la capital en busca de suministros para enviar a casa. Intentó comunicarse con alguien en Trujillo, Caracas o Valencia; pero los pocos remitentes que contestaron su llamada, o no sabían muchos detalles, o desconocían el paradero de sus familiares desaparecidos.

Así que decidió mezclar su itinerario. En el día recogería, con un combo de 73 domiciliarios venezolanos más, comida y medicamentos, y en la tarde los entregaría a los centros de acopio de ayuda para los connacionales que iban rescatando bajo los escombros. Cuando hacía falta, abría las alforjas de su moto y medía la asistencia humanitaria en cuántos kilos podía soportar a la espalda en su maleta de domiciliario.

Algunos recogieron comida a pie; otros destinaron su salario como carniceros, mensajeros u otros trabajos informales derivados de su estatus migratorio irregular para comprar kits de ayuda. Así, de a pocos, se han recogido más de 75 toneladas de ayuda humanitaria que empezaron a llegar a Venezuela esta semana para auxiliar a los damnificados por los terremotos de 7,2 y 7,5 que hace más de una semana golpearon al vecino país.

“Nos falta el Gobierno, pero nos sobran hermanos. Venezuela nos necesita más que nunca y haremos cualquier cosa para que puedan estar mejor”, comenta.

Desde el pasado 24 de junio, día en que se conoció el doble terremoto que ha dejado 2.300 muertos, miles de los 2,8 millones de venezolanos que residen en Colombia, como Gregory, han volcado su tiempo, dinero y esfuerzo para ayudar tanto como puedan.

Gregory, por ejemplo, hace parte de uno de los más de 1.100 voluntarios que recorrieron todo el norte de Bogotá buscando cajas, cinta e insumos para despachar la ayuda. El esfuerzo se ha sumado al de miles de colombianos que también han aportado su grano de arena: hay casos de empresas transportadoras que prestan camiones y aviones para movilizar los insumos, ciudadanos que rebuscaron en sus despensas para entregar alimento u organizaciones que crearon cuadrillas de voluntarios para clasificar, marcar y remitir las toneladas de asistencia.

Pero la solidaridad ha llegado de todos los frentes: según conoció El Espectador, hay venezolanos en varias ciudades que, desde sus diferentes profesiones, han intentado aunar esfuerzos para ayudar a sus paisanos.

En Riohacha y Maicao, por ejemplo, se habilitaron dos centros de acogida con cupo para 135 personas en caso de que los venezolanos decidan traspasar la frontera de Paraguachón y buscar agua, alimento y medicina. Mientras que Medellín y Cali, dos de las ciudades que más integrantes de la diáspora han recibido en la última década, vieron cómo en plazas públicas, centros comerciales y hasta en las recepciones de los conjuntos residenciales, los venezolanos instalaban centros de recolección.

Ayuda inmediata

Una de las movilizaciones más masivas se dio a cargo de la Fundación Juntos Se Puede, una organización de perseguidos políticos por la cúpula chavista que, aún a pesar de tener acusaciones penales ficticias como “terroristas”, han “buscado ayuda hasta debajo de las piedras”, según dijo uno de sus integrantes.

Su directora, Ana Karina García, apeló a todos sus conocidos para que le hicieran llegar insumos, agua, alimentos no perecederos, transporte y, a quienes no disponían de los medios, los convocó en sus oficinas del barrio Pasadena para que sirvieran como voluntarios en la clasificación o haciendo cadenas humanas en el transporte de cajas.

Incluso levantó el teléfono y buscó aliados al otro lado de la frontera para que una vez los aviones aterricen en suelo venezolano la ayuda sea entregada cuanto antes, como sucedió en Los Caobos, La Guaira y Caracas, donde hay equipos establecidos que continúan recibiendo y distribuyendo ayudas a las familias sin hogar que habitaban los 855 edificios que colapsaron o quedaron con serios daños arquitectónicos.

También han garantizado toda la custodia de los insumos, desde que son donados en los centros de acopio hasta que el vuelo aterriza al aeropuerto de Maiquetía o arriban los camiones que llegaron por tierra. Incluso han hecho gestiones con personal diplomático colombiano y venezolano para que emisarios del chavismo no obstaculicen la entrega o transporte de la ayuda.

Una de sus principales preocupaciones, comenta, es que la ayuda no sea suficiente o que las réplicas del terremoto, que se elevan a 600, sigan sumando al número de víctimas y de 25.000 damnificados y heridos.

La Fundación explicó a este diario que en una semana han recaudado casi 900 toneladas de ayuda humanitaria y abrieron 22 puntos de acopio en distintos puntos de la capital, algunos de gran envergadura, como el del Vive Claro, el estadio al aire libre en el occidente de Bogotá que en un acto solidario prestó sus instalaciones, capaces de recibir 40.000 personas, para continuar con la tarea de recoger más ayuda humanitaria.

El día después de mañana

Lublanc Prieto, venezolana exiliada y directora de la Fundación Refugiados Unidos, comenta que los conocimientos técnicos también han sido utilizados como insumo para atender la emergencia. Desde su sede en Bogotá, Prieto y su equipo, compuesto en su mayoría de refugiados que huyeron del chavismo, elaboraron una propuesta con estándares internacionales para atender la emergencia y posteriormente ayudar a reconstruir las vidas y la infraestructura.

Prieto ya tiene preparado a todo un equipo de abogados, trabajadores sociales y psicólogos listos para atender a las miles de familias perjudicadas. Incluso no descarta que una nueva oleada de migrantes atraviesen la frontera hacia Colombia, lo que significará buscar nuevas respuestas a preguntas urgentes.

“Tenemos que pensar más allá de la respuesta reactiva. Debemos brindar atención inmediata, pero también directa en un futuro, prospectiva y sostenida, donde buscaremos atender humanitariamente y con una acción sin daño”, concluye.

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