El futuro digital de Colombia tendrá aliados europeos. Esta semana, la Unión Europea anunció que formará parte de los proyectos estratégicos en Colombia para implementar nuevas tecnologías y cerrar brechas con sus ciudadanos.

El anuncio fue pronunciado por Francoise Roudie, emisario del bloque europeo en Colombia y quien aseguró que la “alianza estratégica” entre los 27 países europeos y Colombia tendrá buenos resultados en un futuro no muy lejano. Su interlocución se dio en el marco de Andicom, una de las conferencias tecnológicas más importantes de Latinoamérica y que esta semana se ha desarrollado en Cartagena de Indias.

El espacio reúne a empresarios, cooperación internacional, emisarios de entidades políticas y emprendedores que ponen sobre la mesa la importancia de incorporar tecnología y cada vez más Inteligencia Artificial al servicio de las personas y sus necesidades.

“Es un honor poder llevar a Europa a Andicom 2026. Esta alianza (entre la UE y Colombia) refleja nuestro compromiso con el desarrollo de una economía digital innovadora, segura y centrada en las personas”, destacó el diplomático europeo.

Lazos estrechos

Las intenciones de tener voz y voto en el futuro digital por parte de la Unión Europea tiene varios beneficios. La Unión Europea, por ejemplo, es el bloque continental que más ha invertido en la industria tecnológica de Colombia, representando casi una cuarta parte de los rubros totales que se inyectan a crear e implementar nuevos ecosistemas digitales.

Pero también tiene impacto en la vida de las personas. Los proyectos, que varían en forma, fondo y alcance, han generado poco más de 120.000 empleos directos e indirectos en el país y han dejado capacidades instaladas en ciudades principales y jurisdicciones rurales sobre cómo cerrar brechas de conectividad y manejo de tecnologías.

Un ejemplo de esas inversiones que impactan a la ciudadanía está en la vereda Camarón, una parcela ubicada en el municipio de Carmen de Bolívar en donde se adelanta un proyecto piloto que busca conectar con internet a 80 familias para que puedan incursionar en un ecosistema digital y mejorar sus proyectos de vida, emprendimientos y desarrollo comunitario.

Además de inversión económica, Europa promete más beneficios con Colombia en materia digital. Por ejemplo, el bloque europeo puede exportar conocimientos jurídicos al haber sido el primer bloque continental en diseñar un marco regulatorio que permita saber cómo, cuándo y en qué circunstancias deben implementarse las inteligencias artificiales y la protección de datos.

“Compartimos en Andicom una visión de digitalización responsable y centrada en las personas”, resalta la Unión Europea.

A largo plazo

Roudie aseguró que en los años venideros, la Unión Europea seguirá siendo una aliada estratégica para conectar Colombia y garantizar que en lugar de una limitación, la tecnología sea un impulso para alcanzar el desarrollo.

La conectividad, cabe recordar, impacta básicamente todos los aspectos de la vida. El DANE ha recabado información que muestra que cerca de siete de cada 10 colombianos tienen conectividad estable. Sin embargo, casi el 30 % de la población aún encuentran brechas para conectarse al mundo digital, lo que implica barreras en su acceso a la educación, espacios de ocio, formación académica o la posibilidad de abrir puertas de negocio que garanticen su autonomía financiera.

En el campo, las veredas y las parcelas dispersas, la situación ha mejorado, pero sigue con saldos rojos. Los reportes del DANE indican que solo el 56 % de las zonas campesinas de Colombia tienen conectividad.

“Colombia puede contar con Europa, con nuestra cooperación, con nuestras empresas, nuestra tecnología, nuestros estándares, nuestra experiencia, nuestro banco de desarrollo y nuestra voluntad, nuestra convicción profunda de que vamos a construir juntos una alianza para la transformación digital”, concluye Roudie.

Un grupo de periodistas destinarán parte de sus labores de reportería a asesorar gratuitamente a quienes vieron que sus comercios quedaron reducidos a ruinas y escombros. Se trata de PR Unidos por Colombia: una iniciativa que ha reunido docenas de comunicadores a lo largo de todo el país y pretende aterrizar en las ciudades más afectadas para que estos, con sus conocimientos en opinión pública, redacción u otras habilidades comunicativas, los ayuden a reconstruir los emprendimientos afectados.

La iniciativa contempla que el terremoto, además de perjudicar la infraestructura y generar pérdidas humanas, también causará una inmensa secuela en la economía y los bolsillos de los hogares. Y es que los últimos reportes de daños contabilizan en poco más de 45.000 familias parcial o completamente afectadas. En las afectaciones hay desde familias que tuvieron que reasentarse debido a las fallas estructurales de los edificios, hasta emprendedores y comerciantes que quedaron privados de su única fuente de ingreso, también reducida a escombros y mampostería desperdigada en el suelo.

Para ponerle cifras al asunto: solo las valoraciones de daños ofrecidas por el presidente Abelardo De la Espriella estiman que si el país quisiera reconstruir cada una de las estructuras o inmuebles afectados, se necesitarían alrededor de COP 30 billones.

Unidos por Colombia pretende que la ayuda a los afectados se prolongue en el mediano y largo plazo.

Por supuesto, la atención principal se enfocó en ayudas humanitarias y los servicios médicos a quienes resultaron heridos por el sismo. Pero este grupo de periodistas intentará ofrecer ayudas que trasciendan el ámbito humanitario y se enfoquen en la reconstrucción del tejido empresarial y el sustento vital para las familias de ciudades como Quibdó, Pereira o Cali.

“Comunicar también es una forma de reconstruir Colombia. Significa recuperar empleos, volver a abrir las puertas de un negocio, reactivar ventas y permitir que cientos de familias puedan continuar adelante”, dice un comunicado de la iniciativa.

Vitrina solidaria

Los periodistas tendrán varias funciones en esta apuesta de solidaridad. La primera de ellas consiste en ofrecer conocimientos como la redacción, fotografía, marketing digital o la publicidad a pequeños empresarios que hoy solo tienen el anhelo de volver a que sus negocios sean productivos.

En este grupo de comunicadores hay una baraja muy amplia de personas que podrán asesorar a los comercios en maneras de cómo incursionar en el mercado digital o, para algunos que recién iniciaban su propósito de emprender, hacer un paso a paso para poder potenciar su negocio en redes sociales y canales digitales.

La otra tarea es un poco más ambiciosa. Se trata de visibilizar a todos esos pequeños comercios, negocios o historias de comerciantes que desean salir adelante tras el terremoto. Según informa Unidos por Colombia, los reporteros dialogarán con las personas, conocerán sus necesidades y contarán a miles, sino millones, de espectadores, qué se está haciendo superar esta tragedia natural.

“Los emprendimientos seleccionados recibirán este acompañamiento de manera completamente gratuita, de acuerdo con sus necesidades y con la capacidad disponible dentro de la red de voluntarios. La iniciativa tendrá además un banco de historias que permitirá organizar los casos, identificar oportunidades editoriales y conectar de manera más eficiente a periodistas, medios y creadores con emprendimientos que tengan historias relevantes para contar”, asegura la iniciativa.

Según informó Unidos por Colombia, los emprendedores pueden postularse a recibir las asesorías y acompañamiento de los comunicadores a través de este formulario y, luego de ser seleccionados, podrán ver cómo sus marcas reciben comentarios, aportes e ideas de líderes de opinión, creadores de contenido o reporteros que llevan años contando historias en el país.

Si desea conocer más sobre la iniciativa, puede hacer sus consultas a través del correo electrónico prunidosporcolombia@gmail.com.

“Cuando muchas voces deciden amplificar a quienes necesitan ser escuchados, la comunicación puede convertirse en una acción”, concluye Unidos por Colombia.

La Inteligencia Artificial ya puede responder llamadas, gestionar cobros y atender solicitudes de clientes. El problema para bancos y empresas financieras no está necesariamente en si estas herramientas funcionan, sino en si pueden hacerlo dentro de un sector donde cada decisión debe cumplir reglas de protección de datos, auditoría y supervisión.

Ese es uno de los retos que encontró DOMU, una startup colombiana especializada en agentes de Inteligencia Artificial de voz para servicios financieros regulados y respaldada por Y Combinator. La compañía ha apostado por desarrollar herramientas que puedan automatizar interacciones sin dejar de lado los controles que exige la industria.

En esa estrategia ha tenido un papel central Adriana Muñoz Vergara, uno de los cerebros de la compañía y quien ha trabajado en la intersección entre crecimiento comercial, asuntos legales y cumplimiento normativo. Su tarea ha sido incorporar esas exigencias desde las primeras etapas de una negociación para evitar que se conviertan en un obstáculo cuando una solución de Inteligencia Artificial ya está lista para ser implementada.

“Trabajo en la intersección entre la estrategia comercial, lo legal, el cumplimiento y el crecimiento”, explica Muñoz.

Su trabajo incluye aspectos como la residencia de los datos, la gobernanza, la trazabilidad y la responsabilidad sobre las decisiones automatizadas. También contempla mecanismos para que una interacción pueda ser trasladada a una persona cuando el sistema no está en condiciones de continuarla de manera autónoma.

La apuesta parte de una premisa que empieza a ganar importancia en el sector financiero: automatizar un proceso no significa eliminar los controles que existen alrededor de este.

Regulación desde el comienzo

Para las entidades financieras, implementar Inteligencia Artificial supone resolver preguntas que van más allá del rendimiento de un modelo. Algunas de ellas son dónde se almacenan los datos, quién responde por una decisión tomada por un sistema automatizado o qué ocurre cuando el agente no puede resolver una solicitud.

DOMU decidió abordar esas preguntas desde el diseño de sus soluciones. La compañía incorporó mecanismos de auditoría, gobernanza y escalamiento a personal humano con el propósito de que sus agentes puedan operar en procesos particularmente sensibles, como la cobranza y la administración de préstamos.

La estrategia comercial de Muñoz también ha estado vinculada a la expansión de la compañía. Lideró negociaciones contractuales con empresas como Nubank, Teleperformance y Alorica y, de acuerdo con la información entregada por DOMU, contribuyó a ampliar la presencia de sus licencias en Estados Unidos de menos de tres estados a más de 35.

Ese crecimiento estuvo acompañado por un aumento en los ingresos recurrentes anuales de la startup. En menos de un año, pasaron de cerca de USD 2 millones a más de USD 10 millones, según las cifras proporcionadas por la compañía.

“En industrias reguladas, las decisiones rápidas solo funcionan si están construidas sobre la confianza. La innovación y el cumplimiento normativo deben avanzar juntos, no competir entre sí”, señala Muñoz.

Prueba por hacer

Uno de los casos en los que DOMU ha puesto a prueba esta estrategia es el desarrollado junto con Alorica, compañía global dedicada a servicios de experiencia del cliente.

La startup implementó allí a Rebecca, un agente virtual bilingüe capaz de atender operaciones en inglés y español durante las 24 horas. El objetivo no era solamente automatizar conversaciones, sino hacerlo manteniendo mecanismos para registrar y supervisar las interacciones.

Durante sus primeros 30 días de operación, Rebecca resolvió de manera autónoma el 48 % de las consultas recibidas y alcanzó una tasa de éxito del 87 % en pagos. Además, facilitó la recuperación de cerca de USD 100.000, según los resultados reportados por DOMU.

La compañía asegura que durante ese periodo el agente alcanzó paridad humana en sus operaciones y mantuvo las interacciones auditables, con mecanismos automáticos para escalar los casos que requerían intervención de una persona.

Para Muñoz, ese tipo de implementación muestra hacia dónde se dirige la adopción de IA en las industrias reguladas.

“Lo fundamental es garantizar que cada interacción sea auditable y se ajuste a las políticas establecidas”, afirma.

El desafío, sin embargo, no termina con conseguir que un agente responda correctamente una llamada. Para bancos, fintech y compañías de servicios financieros, la siguiente etapa será demostrar que esas herramientas pueden mantenerse bajo control cuando aumente su escala y que sus decisiones puedan ser explicadas, supervisadas y auditadas.

En ese escenario, la regulación puede dejar de ser únicamente una barrera para la adopción de inteligencia artificial. Para empresas como DOMU, también puede convertirse en parte de la ventaja competitiva: desarrollar tecnología que no solo sea capaz de automatizar procesos, sino que pueda hacerlo dentro de las reglas de una de las industrias con mayores exigencias de control.

El sismo no solo dejó daños, también conflictos que deben ser dirimidos. Con ese mensaje, APG Conciliaciones anunció que creará jornadas gratuitas de conciliación para ofrecerle a miles de familias afectadas por el terremoto una vía rápida, barata y de pronta resolución tras resultar damnificada por el sismo.

La noticia fue comunicada por María Mercedes García, presidenta de APG, y quien explicó que aparte de los damnificados y la afectación a la infraestructura hay asuntos de arriendos, deudas u obligaciones contractuales que deben ser resueltas luego del terremoto y que las personas perjudicadas pueden hacerlo gratuitamente.

Y es que el terremoto del 7,4 de magnitud dejó destrucción parcial o completa en al menos 450 municipios, lo que representa casi el 41 % del país.

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“Para quien perdió su vivienda, surge la incertidumbre sobre su contrato de arrendamiento. Para quien perdió su negocio, quedan obligaciones pendientes con proveedores, trabajadores o clientes. Para quien sufrió daños en su inmueble, puede aparecer una reclamación frente a la aseguradora o una controversia con un vecino. Y para quien perdió sus ingresos, una deuda que ya no puede atender como antes. La conciliación: una vía de acceso a la justicia frente al terremoto Cuando estas controversias cumplen los requisitos legales para ser conciliadas, la conciliación extrajudicial ofrece esa vía”, explica APG.

Solucionar con diálogo

APG anunció que las jornadas de asesoría jurídica tendrán el enfoque de conciliación: una herramienta del derecho en que los ciudadanos pueden resolver sus discrepancias o conflictos con diálogo y acuerdo y así ahorrarse meses de procesos judiciales, dinero en abogados o largas esperas mientras un estrado define cada caso en particular.

Esta modalidad ha sido utilizada principalmente en poblaciones y municipios donde la administración de justicia es complicada y ha permitido que conflictos, desde asuntos de linderos, arriendos u obligaciones contractuales. En algunas zonas apartadas del país, incluso, la conciliación es una de las maneras más efectivas y pacíficas en que los ciudadanos resuelven sus diferencias.

“No se trata solamente de dialogar: es un mecanismo en que un conciliador neutral acompaña a acordar soluciones concretas, como plazos, formas de pago, reparaciones, terminación de relaciones contractuales, frente a lo que el terremoto dejó pendiente”, explica García.

De acuerdo con la convocatoria, la jornada estará orientada principalmente a los afectados con conflictos pendientes en las ciudades más afectadas, como municipios de Chocó, Pereira y Cali.

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Y es que las cifras de daños materiales y sociales del terremoto han causado alerta, tanto por los daños de la infraestructura, que según el presidente Abelardo De la Espriella se contabilizan en COP 30 billones. Pero quedan pendientes centenares de asuntos sin resolver, como las viviendas que quedaron reducidas a escombros, las obligaciones que por contrato deben cumplirse u otros trámites.

La convocatoria

Las fechas estipuladas para esta jornada gratuita se darán del 17 al 21 de septiembre. APG aclara que las conciliaciones se darán de manera gratuita y que intervendrán las partes interesadas en conciliar su conflicto que, de resolverse, tendrá su respectiva acta legal para proceder a terminar la discrepancia pacíficamente.

Atención: la recepción de solicitudes estará abierta desde esta semana hasta el próximo jueves 10 de septiembre.

En caso de no llegar a ningún acuerdo, García aclara que no significa un “camino perdido”: “cuando la ley establece la conciliación como requisito de procedibilidad, la constancia de no acuerdo permite continuar hacia la jurisdicción”.

Además, informó que el único requisito para acceder a esta convocatoria es acreditar que la persona que se postula y la controversia que quiere resolver debe estar estrictamente relacionada con las consecuencias derivadas del terremoto del 10 de agosto.

“Queremos contribuir a que quienes ya han sido afectados por el desastre no tengan que enfrentar, además, problemas jurídicos sin solución. La conciliación permite resolver conflictos y, cuando sea posible, preservar las relaciones que las personas necesitarán para reconstruir sus vidas, sus negocios y sus comunidades”, concluye García.

Si desea conocer más sobre la convocatoria, puede hacerlo a través de este enlace o resolver cualquier duda contactándose con conciliaciones@fundacionapg.org.

La niñez sigue sufriendo las consecuencias de las decisiones que toman los adultos. Hace unos días se realizó una charla que debatió cómo diseñar respuestas rápidas, oportunas y integrales para que millones de niños y adolescentes en el país no sufran con mayor dureza los estragos de un conflicto armado que colinda con sus veredas en las zonas rurales o, más recientemente, queden sin educación, vivienda o derechos básicos tras ver que un terremoto destruye todo su mundo cercano.

El evento “Los niños en el centro de la acción humanitaria” se desarrolló en Bogotá y contó con la participación de académicos, funcionarios y representantes de organizaciones dedicadas a la protección y garantía de los derechos de la niñez. El objetivo fue discutir cómo lograr respuestas rápidas y articuladas, y cómo garantizar que la atención no termine cuando desaparece la emergencia inmediata.

Representantes de Aldeas Infantiles, World Vision, Unicef y ACNUR hablaron de la atención de niños en contextos de alta vulneración de derechos. También participaron la Universidad Javeriana, la Fundación Plan y representantes de la Defensoría del Pueblo, quienes describieron cómo el Sistema de Alertas Tempranas puede convertirse en una herramienta para identificar riesgos y prevenir crisis humanitarias antes de que sea demasiado tarde.

En el foro, convocado por Aldeas Infantiles SOS, se mencionó que Colombia es un escenario recurrente de emergencias que afectan los derechos de sus ciudadanos y, de manera particular, los de niños y adolescentes. Aldeas Infantiles aseguró que, según un balance preliminar, en el país se presenta una emergencia humanitaria cada dos días. El desplazamiento, los desastres naturales y la migración forzada, dice la ONG, pueden alterar las condiciones en las que crece una generación entera.

El caso de la diáspora venezolana también muestra cómo una emergencia puede poner en riesgo los derechos de los niños. Al menos 2.336 niños oriundos de Venezuela han sido incluidos en programas de atención de derechos, mientras que otros han sido reportados como no acompañados y han requerido medidas de protección en zonas fronterizas como Necoclí, Cúcuta, La Guajira y Arauca.

La academia también puso sobre la mesa una dimensión que suele quedar relegada durante las primeras respuestas: la salud mental. Diana Betancourt, psicóloga y profesora de la Universidad Javeriana, destacó que los efectos de una emergencia pueden profundizarse con el paso del tiempo, sobre todo cuando los niños enfrentan la muerte de familiares, desplazamientos, pérdida de sus espacios cotidianos u otros acontecimientos traumáticos.

“Esta conversación tiene pertinencia y urgencia. Las emergencias irrumpen en sus vidas y alteran de manera abrupta lo que les daba seguridad; por eso debemos mirar las emergencias en un sentido amplio, con enfoque de salud mental prolongado en el tiempo”, comenta Betancourt.

Conversación urgente

La premisa es clara: las consecuencias de una emergencia son diferentes para quienes apenas están atravesando los primeros años de su vida y, en muchas ocasiones, no tienen autonomía plena para decidir cómo proteger su futuro.

En el panel se explicó que aplica a distintos escenarios. Una migración puede dejar a niños separados de sus familias o sin acompañamiento en el país de destino. Un desastre natural puede destruir en cuestión de minutos sus viviendas, escuelas y redes de protección, como ocurrió con el terremoto del 10 de agosto que ha dejado más de 45.000 familias damnificadas. Y un conflicto armado puede llevar al desplazamiento de familias o al reclutamiento de menores de edad por grupos armados que disputan el control territorial.

En el último año, por ejemplo, las unidades móviles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atendieron a 77.000 menores de edad en escenarios de emergencia, sumados al reporte de al menos 500 niños reclutados por grupos armados ilegales.

Una guerra, por supuesto, tiene afectaciones sobre poblaciones enteras: restringe la movilidad de las familias, amenaza la integridad de los pobladores y causa daños que alcanzan a comunidades completas. Pero los niños sufren perjuicios particulares que, según Esteban Reyes, director de Aldeas Infantiles, pueden prolongarse durante toda la vida.

Las consecuencias también alcanzan otros ámbitos, como la familia y la educación. Las emergencias ponen en riesgo que los niños crezcan en espacios de cuidado y protección o que, debido a la muerte o separación de sus adultos responsables, enfrenten la pérdida de sus redes familiares.

“Una emergencia tarda solo algunos segundos o semanas, pero puede impactar negativamente la vida de los niños. Debemos diseñar una respuesta en la que la acción humanitaria privilegie a los niños. Desde Aldeas Infantiles SOS creemos que la respuesta debe ser la niñez en el centro. En toda situación de emergencia debemos proteger el cuidado familiar para garantizar el bienestar de la niñez”, dice Reyes.

Decálogo por la niñez

El panel reunió varias voces para construir, en los próximos meses, una hoja de ruta que defina cómo debe atenderse a los niños, cuáles son las principales necesidades que enfrentan y de qué manera puede agilizarse la respuesta ante una emergencia. En este punto, comenta Reyes, todas las experiencias y opiniones cuentan. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, tiene décadas de experiencia alertando al Estado sobre la necesidad de prevenir crisis humanitarias o atender cuanto antes a quienes ya fueron afectados por un combate, una inundación o un desplazamiento. Las organizaciones sociales, por su parte, conocen las maneras de atender a la niñez, orientar recursos y procurar que su trabajo contribuya al restablecimiento de sus derechos.

Mientras el documento se construye y recibe nuevas perspectivas, la tarea de brindar respuestas urgentes sigue pendiente, pero también queda otra discusión: entender que atender una emergencia no significa solo responder mientras ocurre, sino acompañar a los niños cuando el desastre, el desplazamiento o el conflicto ya terminó.

Una emergencia puede durar un par de segundos o días, pero tiene repercusiones para toda la vida de los niños que la sufren. Ese será uno de los temas principales que se tratarán el próximo 19 de agosto en el evento “La niñez en el centro de la acción humanitaria”.

El evento, organizado por El Espectador y la ONG Aldeas Infantiles, tendrá expertos de alto nivel que debatirán cómo lograr que la respuesta estatal y de organizaciones no gubernamentales contenga un enfoque de derechos que mitigue las vulneraciones que viven los niños en diferentes coyunturas, como guerras, reclutamiento, migraciones forzadas o, como se vio en días pasados, desastres naturales que afectan sus derechos.

Esteban Reyes, director de Aldeas Infantiles, asegura que el debate llega en un momento clave para Colombia, pues el país presenta diferentes cifras que hacen un llamado de urgencia para responder a los niños frente a las vulneraciones que viven. Por ejemplo, el país sigue atestiguando cómo menores en regiones impactadas por el conflicto viven el fenómeno del reclutamiento forzado.

Algunos otros, en diferentes latitudes del país, viven las consecuencias de otras crisis: como niños venezolanos que han huido de sus países y aterrizaron a Colombia sin conocer sobre derechos o cómo garantizarlos; o menores de edad afectados por inundaciones, incendios y terremotos que también deben ser protegidos.

“Una emergencia tiene efectos en la vida de los niños para siempre. Las consecuencias son nefastas para la niñez, y por eso es importante alentar esta conversación para garantizar respuestas y derechos a nuestros menores de edad”, recalca Reyes.

El evento se realizará en las instalaciones de la Universidad Javeriana, sede Bogotá, a las 8:30 a.m.

En la agenda también están presentes otros perfiles que desde la acción humanitaria o la academia conocen sobre cómo salvaguardar derechos. Ese es el caso de algunos emisarios la Defensoría del Pueblo, quienes hablarán sobre cómo el Estado puede prevenir este tipo de agresiones antes de que sucedan antes de que ocurran a través del Sistema de Alertas Tempranas.

O también representantes de algunas de las oenegés más importantes en el cuidado de la infancia, como Unicef, World Vision o la misma Aldeas Infantiles, que ha desplegado un inmenso equipo de funcionarios para intentar que los niños, en lugar de terminar en orfanatos o instituciones, puedan ser acogidos por familias temporales.

Hoja de ruta

El evento también tendrá espacio para construir una hoja de ruta en la que queden establecidos los pasos necesarios para la atención humanitaria a los niños. Así, varias voces y perspectivas podrán reunirse en un solo documento que podría servir como política pública, pero también como panorama para que diferentes eslabones de poder prevengan la violación de derechos humanos de sus niños.

“La hoja de ruta permitirá la protección de la niñez en contextos de emergencia”, dice Aldeas Infantiles.

Si está interesado en asistir al evento, puede registrarse a través de este enlace y seguir la transmisión en vivo por todas las redes sociales de El Espectador y Región en Acción.

La corrupción es hoy un mecanismo de “gobierno” del crimen organizado, fenómeno que crece y evoluciona más rápido que las formas con las que Colombia lo enfrenta. Así lo explica la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Según esta agencia, la manera en que funcionaba la corrupción durante buena parte del siglo XX ahora tiene dinámicas distintas.

En ese entonces, explica la UNODC, la corrupción consistía en hechos puntuales protagonizados por funcionarios que aprovechaban su cargo para obtener beneficios privados, pero el fenómeno evolucionó. Esa agencia de la ONU subraya que las organizaciones criminales comprendieron que la confrontación abierta contra el Estado genera costos e incertidumbre permanente. “Así las cosas, resulta más eficiente disputar selectivamente algunas capacidades estatales que sustituirlas por completo”, señala UNODC.

“La corrupción se convierte en una capacidad organizacional permanente de las economías criminales (...). Si se comprendiera como un mecanismo de gobernanza y no como un acto aislado, el objetivo dejaría de ser únicamente sancionar el hecho corrupto y más bien identificar y desmantelar las funciones que el crimen organizado ha capturado para subsistir”, explica

Forma y fondo

La diferencia entre el pasado y el presente no solo radica en el tamaño de las organizaciones criminales, sino en la manera en que lograron integrarse a sectores estratégicos del Estado. Según UNODC, estas estructuras ya no buscan reemplazar las instituciones ni enfrentarlas directamente. Su estrategia consiste en infiltrar procesos específicos del mismo Estado para reducir riesgos, asegurar la continuidad de sus negocios y proteger sus ganancias.

Esta infiltración se observó en el marco de la Estrategia Nacional de Integridad Portuaria, proyecto de UNODC que logró consolidar información dispersa, identificar vulnerabilidades institucionales y proponer controles.

Transformar la respuesta institucional con tecnología

La nueva arquitectura institucional frente a la corrupción debe incluir inteligencia estratégica, interoperabilidad de datos, auditoría forense, análisis financiero, gestión de riesgos e inteligencia artificial.

Este enfoque se ha materializado en iniciativas pioneras de UNODC, entre ellas el diseño del Modelo de Análisis y Gestión de Alertas de Corrupción y la plataforma Alertas360, las cuales transforman información dispersa en alertas tempranas y evidencia técnica con foco en la contratación estatal.

¿Qué viene ahora?

Para Colombia, el verdadero desafío ya no es crear más instituciones ni aumentar las sanciones, sino articular y transformar la arquitectura institucional para conectar la gestión sectorial de riesgos con la acción penal, fiscal y disciplinaria.

También hay tareas paralelas, como fortalecer y llevar a las regiones la Línea 157 —mecanismo telefónico que permite denunciar la corrupción de forma anónima—, aprobar el Proyecto de Ley de Protección de Denunciantes y profundizar la alianza con el sector privado, para cerrar espacios de facilitación a redes corruptas que permiten el tráfico de armas, el narcotráfico y la minería ilegal, entre otros, incluyendo drones y sistemas antidrones. A ello se suma un desafío cada vez más relevante: fortalecer la cooperación internacional para recuperar activos robados al Estado e indemnizar a las víctimas.

Algunos temas priorizados

Para articular a las entidades territoriales y tener respuestas efectivas, como Estado, se debería consolidar una estrategia nacional de lucha contra la corrupción, que integre la recuperación de activos y la reparación de víctimas. También es importante para promover el desarrollo territorial y fortalecer la prevención de la corrupción en el contexto de las regalías. En sectores como el energético, la transición debería ser observada con atención. De manera transversal la contratación pública no puede obviarse.

Lo primero que vio el pastor Wilmer fue cómo el colegio que se ubicaba al frente de su casa empezaba a desmoronarse. Él intentó ayudar con la evacuación de los niños; tenía que intentar que ningún escombro o los enormes bloques de concreto aprisionaran a los estudiantes.

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Después vino la calma. El terremoto de 7,4 de magnitud que ha dejado hasta al menos 181 personas muertas, según balance del presidente Abelardo De la Espriella, ya había terminado. Pero para él, iniciaba la tarea más difícil: ayudar al prójimo y ofrecerle calma a todos los que aún seguían con los nervios de punta a causa del sismo.

El Espectador conoció la historia del pastor Wilmer, un religioso que completa poco más de 30 horas de servicio sin descanso en Buenaventura recogiendo alimentos, insumos médicos y dinero para atender a los damnificados. Desde que finalizaron los movimientos telúricos del lunes 10 de agosto, el pastor Wilmer solo ha regresado a su casa para asearse y recoger nuevos insumos que puedan ayudarle a seguir auxiliando a los heridos o la remoción de escombros.

Su tarea se ha vuelto clave en la “Perla del Pacífico” para sumar voluntarios en una ciudad que también sintió los estragos del terremoto, tiene viviendas colapsadas en casi toda la jurisdicción y cuya única vía, la que conecta con el norte del Valle del Cauca, terminó bloqueada e imposibilitando el ingreso de ayuda humanitaria y labores de rescate.

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Ligia Córdoba, alcaldesa de la ciudad, realizó un diagnóstico preliminar de los daños que dejó el terremoto. Según el anuncio de la mandataria, siete personas han perdido la vida, pero el mayor daño se refleja en la infraestructura: 397 personas damnificadas y al menos 173 edificaciones parcial o totalmente afectadas, entre ellas tres colegios que, por sus daños estructurales, ya se catalogan como una “pérdida total”.

Vocación de servicio

El pastor Wilmer ha caminado los barrios de la ciudad inscribiendo colaboradores que lo ayuden a identificar quién necesita ayuda. También fue a un centro penitenciario para evaluar qué necesitaban las personas privadas de la libertad y, entrada la madrugada de este 11 de agosto, deambuló casa por casa ofreciendo abrazos y calma a las personas que temían volver a entrar a sus hogares.

Cuando el Hospital Santa Sofía empezó a mostrar deterioros estructurales, organizó rápidamente un grupo para colaborar con la evacuación y garantizar que los pacientes, aunque en la calle, recibieran atención adecuada.

“Toda la solidaridad nos ha funcionado para auxiliar a nuestra comunidad. Así sea una libra de arroz, es esa ayuda la que nos ha permitido desplegarnos por todos los barrios de Buenaventura para llegar a donde están las situaciones difíciles”, dijo el pastor.

A su “combo” de voluntarios ha sumado pastores de otras iglesias, enfermeras y líderes comunitarios que lo ayudan a conocer dónde destinar la ayuda o qué familia o barrio tiene más urgencia de ser atendida. Algunos de los párrocos le comentaron que perdieron sus viviendas y su segundo hogar, la iglesia; también quedaron gravemente afectadas, pero aun así se sumaban a su causa para ayudar a los bonavarenses. Ante la falta de manos para atender la emergencia, también convenció a algunas estudiantes de enfermería de Buenaventura para sumarlas al equipo y brindar atención médica en los distintos barrios.

En total, cerca de una treintena de personas han sido convencidas por el pastor Wilmer para caminar la ciudad y brindar ayuda. Algunos han ofrecido recursos, otros alimentos no perecederos e incluso, a la causa se sumó un voluntario con un vehículo que los moviliza por los barrios para transportar la ayuda humanitaria.

“Estamos en medio de procesos difíciles y seguimos en shock, pero nuestra vocación de servicio nos mueve a salir a ayudar a toda la comunidad”, indicó a este diario el pastor Wilmer.

También dispuso su patrimonio y el de otros adeptos para recoger recursos económicos y abrió un centro de acopio que recibirá alimentos, carpas o kits de ayuda humanitaria para ir personalmente a entregarlos a quienes lo necesiten.

Currículo de ayuda

Para el pastor Wilmer, la ayuda es clave en momentos difíciles. Durante los últimos cinco años ha sido el pastor de la Iglesia Bautista y constantemente sirve de puente para brindar oportunidades, educación o mínimos básicos a quienes más lo necesitan en Buenaventura.

En un episodio, por ejemplo, reunió recursos y esfuerzos para que 5.000 niños de la ciudad pudieran suplir sus necesidades más elementales y recibir platos de comida, pero también educación o encontrar en el deporte nuevos proyectos de vida.

A sus 42 años, el pastor asegura que seguirá dedicando el tiempo y los recursos necesarios para intentar aliviar el dolor que dejó el terremoto en Buenaventura. Por ahora, sigue recorriendo barrios de la ciudad, organizando dónde remover escombros o a qué familia entregar kits humanitarios.

“Haya o no haya emergencia, nos seguiremos moviendo para que la comunidad encuentre el progreso. Por ahora, entre más nos unamos, más ayudamos a quienes sufrieron los daños de este terremoto”, concluye el pastor Wilmer.

Una nueva edición de ´Colombia son las regiones´ se vivió este fin de semana en el Parque de la 93, de Bogotá. Durante tres días, emisarios, artesanos y emprendedores de todas las latitudes del país asistieron a la capital para mostrar la diversidad cultural, gastronómica y biodiversa que tiene el país en un mismo espacio.

La jornada estuvo acompañada por la presencia de gobernadores, secretarios adscritos a diferentes gobernaciones e incluso pequeños empresarios que desde sus diferentes corregimientos o territorios le apuestan al desarrollo comunitario.

El evento fue organizado por la Federación Nacional de Departamentos, organización que le apostó este año a mostrar cómo Colombia está compuesta por diferentes piezas que son las regiones. Cada una de las gobernaciones, desde la de La Guajira hasta el gobierno departamental de Amazonas asistieron y le mostraron a miles de espectadores elementos característicos de la región.

Cesar, por mencionar un caso, contó con la presencia de indígenas arhuacos que dedican sus días a proteger la Sierra Nevada y el característico acordeón, instrumento fundamental del vallenato que se escucha a lo largo y ancho del departamento. Huila, por su parte, llevó productores de café y campesinos que han conseguido que el departamento se convierta en una verdadera potencia agrícola de Colombia y hoy esté liderando cifras de exportación agroindustrial.

Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación, asegura que se siente satisfacción de ver una afluencia masiva a un evento que muestra todas las riquezas de las distintas regiones del país.

“Ya superamos el aforo de años pasados. Es una respuesta positiva hacia los departamentos y que muestra que los capitalinos también tienen su corazón en las regiones”, dijo el director ejecutivo de la Federación, Didier Tavera, a los micrófonos de Caracol Radio.

Para Tavera, la feria superó el aforo de los 30.000 visitantes, superando ediciones realizadas en años anteriores y les ofrece visibilidad a docenas de comercios, emprendimientos y proyectos departamentales que hoy se adelantan en las diferentes regiones.

Jairo Aguilar, gobernador de La Guajira, comentó que la feria constituyó una oportunidad única para mostrar cómo el país, desde sus diferentes territorios, está alcanzando el progreso y el desarrollo para sus ciudadanos. Y es que el mandatario guajiro comentó, además de las diferentes iniciativas que se dan en el departamento wayuu, otras propuestas que buscan retomar para mejorar las condiciones de vida de todos los municipios y, por supuesto, de sus habitantes.

Una opinión similar tiene la gobernadora de Cesar, Elvia Milena Sanjuán, quien aprovechó el espacio para compartir que paralelamente a proyectos de vallenato y arraigo cultural del departamento, desde su despacho se adelantan obras que tienen que ver con el progreso en materia de educación, salud e infraestructura.

Progreso conjunto

Durante los tres días se presentaron artistas locales y departamentales que hicieron alusión a cómo la cultura es una forma de identidad en cada uno de los departamentos. Las arpas y los cantos llaneros llegaron como representación de los departamentos del llano, mientras que el bambuco o los bailes autóctonos de varias regiones también tuvieron cabida en la tarima.

Sin embargo, diferentes mandatarios mencionaron proyectos a mediano plazo que sin duda alguna fomentarán el beneficio comunitario para sus departamentos.

Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, recordó el plan de consolidar un tren de mediana velocidad que conecte Bogotá y Sogamoso y que “puede ser un polo de crecimiento para Colombia y la región”.

Por zonas amazónicas los proyectos también se hicieron escuchar. Secretarios y gobernadores de los departamentos de Putumayo, Vaupés, Guaviare y Guainía mencionaron que en planos existe la posibilidad de crear una región amazónica que aproveche la biodiversidad y la selva del Amazonas para consolidar proyectos de turismo que beneficien a los municipios.

En 2025, la feria contó con cientos de nuevas oportunidades de negocio para los territorios y una vitrina cultural que dejó ganancias millonarias que superaron los COP 1.000 millones.

Este año, aún con las cifras pendientes, se estima que el umbral de ganancias puede haberse superado y, aún más importante, haber mostrado cómo Colombia progresa de la mano de sus regiones.

Tavera lo resume en un éxito absoluto donde todos ganan, la Nación, las regiones y en especial, los colombianos: “Gobernar desde las regiones permitirá generar riqueza colectiva y empresarial para avanzar hacia una verdadera reactivación económica, con oportunidades que lleguen a todos los territorios (...) Colombia tiene una gran variedad de destinos que ofrecen un turismo experimental y que nos invitan a conocer, disfrutar y valorar la riqueza de cada región”.

Enseñar vale más que castigar. Ese es el lema que se maneja en los pasillos de la Secretaría de Cultura de Bogotá para recorrer los barrios de la capital y lograr que miles de metros cuadrados estén libres de desechos en andenes, riachuelos o esquinas. El proyecto, considerado como una apuesta que mezcla pedagogía, incentivos económicos y liderazgos comunitarios, ya ha logrado despejar más de 32 barrios y ha impulsado que vecinos o juntas de acción comunal sin ninguna formación en gestión de residuos consoliden propuestas hechas “por y para el territorio”.

Se trata de ´La basura a tiempo´: una estrategia que busca convertir la capital colombiana en referente de gestión de residuos mientras que los vecinos y asociaciones comunales diseñan estrategias —financiadas por la Secretaría— para embellecer los espacios y crear cultura ciudadana.

“Todo inicia con la participación ciudadana: los vecinos identifican problemas en sus propios barrios y luego las soluciones. Así se crea una mejor relación con los residuos, los espacios y se construye una cultura de limpieza y arraigo por las manzanas en Bogotá”, comenta Angélica Martínez, subsecretaria de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento de la Alcaldía.

Laboratorios de soluciones

La estrategia se remonta a 2024, cuando la Alcaldía detectó que la cultura ciudadana podría servir como principal aliciente para mantener limpias las calles con estrategias comunitarias y sentido de pertenencia. En aquel entonces se empezó a diseñar la apuesta para que los beneficios de disponer correctamente los residuos se potenciaran: el embellecimiento en las calles atraía turismo y este, a su vez, generaba réditos económicos para los comercios y quienes residían en los barrios.

La Alcaldía entendió que una Bogotá limpia no podía limitarse únicamente a sancionar a los vecinos que, por desconocimiento o indiferencia, disponen cientos de toneladas de desechos en andenes, calles o, como en el caso de Santadercito, en el riachuelo que da a espaldas del barrio. Así que creó una estrategia que pensó en todos los frentes de batalla para lograr limpieza y cultura cívica. La clave consiste en escuchar las propuestas diseñadas por los vecinos, quienes conocen desde hace décadas cómo funcionan los barrios y que elaboran un verdadero laboratorio de soluciones que versa sobre mantener limpios andenes, embellecer fachadas, postes o participar en campañas de comunicación y memoria para contar la historia de los sectores a través de los años.

La estrategia se complementó con la articulación que ha tenido la Alcaldía con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) para que cada integrante de la comunidad, sea residente o comerciante, conociera cuándo, cómo y dónde disponer adecuadamente los residuos y contribuir a barrios limpios, pero también beneficiándose de las bondades económicas y de arraigo de la estrategia de Barrios Vivos.

Así funcionó con don Gerardo, un habitante de larga data de la localidad de La Candelaria. Fue gracias a él que iniciativas de comunicación y pedagogía empezaron a materializarse en el centro histórico y sus alrededores para escuchar a los vecinos sobre cómo gestionar las basuras y de qué manera diseñar estrategias que beneficiaran la limpieza de una de las localidades más patrimoniales de la capital y, a la par, ofrecer beneficios económicos a sus habitantes. Entre las iniciativas de don Gerardo y los vecinos de La Candelaria nació la creación de personajes inspirados en la historia y el patrimonio de la localidad que fueron utilizados para enviar mensajes de cultura ciudadana. Además, participó junto con docenas de comerciantes de la zona en campañas de comunicación y el famoso “voz a voz” para que la limpieza en andenes y senderos peatonales fuese la norma, no la excepción.

Estrategia comprobada

Hay otras historias que ilustran cómo los laboratorios de soluciones muestran resultados aplicables y que pueden perdurar en el tiempo.

Magda Liliana Nieto, comerciante y habitante del barrio Santadercito, en la localidad de Usaquén, recuerda que durante años peleó con los transeúntes para que dispusieran correctamente los desechos. Encontraba colchones, bolsas de basura o grandes volúmenes de escombro a la salida de su vivienda o la papelería que le da los recursos para vivir.

Así que Nieto juntó otras 24 personas en el barrio, identificaron que el principal problema era la mala disposición en las calles, y diseñaron una estrategia que hoy tiene macetas, jardines y señalización en todos los postes del barrio para crear cultura ciudadana.

La Secretaría de Cultura, en este caso, respaldó el proyecto con conocimientos técnicos y un monto de casi COP 50 millones para que los vecinos en Santandercito lograran tener un barrio limpio, sin basuras, plagas y que se asociara gracias al embellecimiento en las calles al progreso, comercio y turismo.

“Este es nuestro barrio. Aquí crecimos, nuestros hijos también. La gente no quería entender al inicio, pero hoy es la mayoría de la comunidad trabajando en pro del bien común y de pasar de tener esquinas llenas de basura a calles limpias, coloridas y donde florece la cultura”, comenta Nieto.

Todas las latitudes

La estrategia, comenta la Secretaría, ha sido implementada en 19 de las 20 localidades urbanas que conforman Bogotá, pues el engranaje fundamental no son las distancias geográficas o las particularidades de cada una de las zonas. Para la Secretaría de Cultura, la campaña hasta ahora comienza todo un ciclo que busca sembrar las semillas de una capital más limpia y con más conciencia ciudadana. Martínez lo explica así: “Todos pueden cooperar, no solo en la disposición correcta de residuos, sino en la construcción de un tejido social compuesto de cultura ciudadana y arraigo por los barrios. Los 32 barrios que han hecho parte de la estrategia demuestran que sí es posible una ciudad limpia y consciente de sus contextos”.

Un pequeño colegio en el sur de Bogotá se está convirtiendo en un laboratorio donde prima el diálogo y el buen desempeño académico. En días pasados, el Colegio Las Margaritas, una escuela ubicada en la localidad de Kennedy, de Bogotá, fue nominado por World´s Best School Prizes como uno de los 10 colegios más innovadores e importantes del mundo.

La nominación en el “Top 10” se fundamenta en que Las Margaritas creó una malla curricular donde los estudiantes, a la par que cursan sus estudios en aritmética, biología o ciencias sociales, reciben enseñanzas para que la violencia nunca sea una opción para dirimir conflictos. Además, el colegio ha incorporado un espacio dentro de las instalaciones académicas donde los alumnos pueden tramitar sus sentimientos y diferencias y aprender competencias socioemocionales que les servirán en su futuro, no como profesionales, sino como seres humanos.

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Diana Basto, directora general de Alianza Educativa, explicó a El Espectador que el colegio está haciendo historia y puede convertirse en un referente local, nacional e incluso internacional. Y es que la educadora explica que la pedagogía versa más allá de impartir conocimientos en un pensum convencional, por lo que diseñaron todo un modelo en que los estudiantes también reciban pedagogía sobre inteligencia emocional y aprendan a dialogar.

“Es un logro impresionante. En estos círculos siempre hablamos de currículos, maestros, educación; pero lo que debe estar siempre en el centro es el estudiante. Que aprendan es fundamental, pero su bienestar también lo es”, dice Basto.

Retorno de la inversión

La idea de juntar las horas de clases con competencias socioemocionales en Las Margaritas nació hace 26 años. En aquel entonces, la Alcaldía de Bogotá propuso a una serie de colegios privados que ayudaran a cerrar algunas de las brechas que también son evidentes entre la educación privada y pública.

En ese momento, varios aliados privados se sumaron a la conversación, como el Colegio Los Nogales, Colegio San Carlos y la Universidad de Los Andes.

Su tarea: brindar conocimientos técnicos y herramientas para que el éxito de sus instituciones se extrapolara a escuelas públicas que no tenían mucho músculo financiero, infraestructura y en la mayoría de los casos, mucha demanda estudiantil para tan poca oferta.

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Así nació Alianza Educativa: una organización sin ánimo de lucro que, desde hace 26 años, trabaja por el cierre de brechas de desigualdad ofreciendo una educación pública de alta calidad.

Casi tres décadas después, los resultados empiezan a verse. La educación de calidad ha llegado a algunas de las localidades más vulnerables de Bogotá y, como sucedió en Las Margaritas, empieza a mostrar los resultados de invertirle a la educación y las próximas generaciones.

Hoy la red está compuesta por 11 escuelas, algunas ubicadas en Kennedy, Usme, Ciudad Bolívar o Bosa y ha formado poco más de 11.500 estudiantes y sus familias en la oportunidad de tener un proyecto de vida lejos de la deserción escolar o que los jóvenes sean absorbidos por actividades ilícitas.

“Un niño que no sepa o pueda transmitir sus emociones es un niño que no podrá aprender. Lo que ha sucedido en Las Margaritas es un mensaje sumamente poderoso para Colombia, donde se usa la violencia para solventar diferencias y se etiqueta al diferente”, comenta Basto, quien es directora general de Alianza Educativa.

El refugio socioemocional

La apuesta más valiosa en Las Margaritas en un aula de tamaño mediano bautizada como “el refugio”: espacio donde los estudiantes son reunidos periódicamente para aprender sobre resolución de conflictos y resolver diferencias a través del diálogo. Allí, luego que los jóvenes cursen sus estudios curriculares, aprenden sobre 18 competencias socioemocionales diferentes.

El escenario está distribuido en cuatro “rincones”. El artístico está diseñado para canalizar las emociones a través de lienzos y “transformar emociones intensas en expresiones creativas”. También está el “rincón de los retos”, lugar donde los alumnos aprenden a convivir con la frustración y se fortalece la resiliencia y la autoestima de quienes pasan por allí.

En tercer lugar, está el rincón dedicado al entrenamiento, donde se “promueve la vitalidad, equilibrio para liberar tensiones, se reduce la ansiedad y se busca favorecer la autorregulación fisiológica”, dice la Alianza.

Y finalmente se incorporó en los planos arquitectónicos el rincón de la meditación, donde los alumnos “recuperan el equilibrio interior” a través de pausas y aceptar los disensos y las emociones de los otros sin juzgar o recurrir a vías de hecho.

A la institución también han llegado otros aliados que refuerzan conocimientos en mediación y resolución pacífica de conflictos, como el Programa Hermes, de la Cámara de Comercio, y que ha graduado casi 150 niños como mediadores y conciliadores.

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¿Qué significa esto? Para Basto, los aprendizajes implican que los alumnos están adquiriendo herramientas que difícilmente adquirirán en otros momentos de sus vidas y eso los proyecta como adultos que hagan prevalecer “la palabra antes que el golpe”.

Y es que al Concejo de Bogotá han llegado cifras sobre cómo la violencia, más que herir física o psicológicamente estudiantes en los colegios, también rompe el tejido social. Un debate realizado en ese órgano denunció que solo en 2026 se dieron 2.319 casos de agresiones y acoso escolar, lo que representa un aumento del 38,8 % respecto al mismo período en 2025.

“El Refugio Socioemocional representa un espacio donde los estudiantes aprenden a identificar y gestionar sus emociones, donde los conflictos se convierten en oportunidades de diálogo y donde los propios jóvenes lideran la solución de los problemas de convivencia como mediadores certificados”, subraya Basto.

Colombia está saldando deudas estadísticas que arrastraba desde hace décadas. Este martes 14 de julio, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) lideró un conversatorio en el que presentó algunos de los avances censales más importantes del último cuatrienio para ofrecer información actualizada y de calidad sobre lo que sucede en todos los rincones del país.

El evento, realizado en la redacción de El Espectador, contó con la presencia de la directora del DANE, Piedad Urdinola, y media docena de expertos estadísticos que aplaudieron el trabajo de recabar, manzana a manzana en el país, información que tiene todo el potencial de transformarse en decisiones y políticas públicas efectivas.

Caso de éxito

Con el Censo Económico Nacional Urbano, el DANE cerró una brecha de 34 años sin que el país supiera cómo funciona la economía en los barrios, ciudades y municipios del país. Esta operación estadística, además de cumplir tareas pendientes que se postergaron por tres décadas, recorrió cada esquina de Colombia, encontrando que la economía urbana tiene más de 2.000.000 de unidades económicas y que, del total, más del 10 % son unidades de venta en calle (negocios ambulantes).

El escrutinio, que implicó siete maratónicos meses de recolección de información en las calles, COP 335.000 millones en inversión y más de 8.000 personas recorriendo medio millón de manzanas en las zonas urbanas del país, es más que un conjunto gigantesco de datos. Y emplearlos, por supuesto, va más allá de lo cuantitativo.

Y es que, además de ser una revisión minuciosa del tejido productivo en las cabeceras municipales y centros poblados del país, el Censo Económico muestra datos que son representativos a nivel nacional. Es decir, ofrece un sondeo de los 1.102 municipios que hay en Colombia y ahonda en datos claves que permiten entender cada uno de los territorios con sus diferentes particularidades.

Además, dijo la directora Urdinola, queda un legado de metodologías y herramientas que nunca se habían testeado en el territorio nacional para hacer un censo. En el económico, por mencionar un caso, se involucraron más de 8.000 personas encuestando a propietarios de negocios a través de un modelo híbrido que implicó a personas en territorios y centenares de funcionarios recogiendo las cifras de manera remota, mediante formularios vía web.

“Los censos son fundamentales para un país, son el único operativo que recorre todo su territorio y es representativo de la realidad de Colombia. Hemos dejado instalados legados que representan avances estadísticos para Colombia y sus estadísticas”, explicó.

El valor del dato

En el conversatorio se escucharon voces que extrapolan la importancia de los datos que ha recogido el DANE en los últimos ejercicios censales. Ese es el caso de Diana Carmona, decana de la Escuela de Negocios de la Universidad de La Salle. En su intervención, la experta en finanzas y economía aseguró que todo el país se beneficia al conocer, con cifras en mano, qué sucede en diferentes sectores y regiones.

“Este Censo Económico trazó una ruta muy relevante para nuestro país: es una experiencia que reconoce una Colombia diferente, con territorios, heterogeneidad y lo distinto de sus regiones. Esta experiencia debe trasladarse a los próximos censos”, comentó Carmona.

Y es que los datos e información estadística que produce el DANE, en la mayoría de los casos, se convierte en herramientas útiles para tomar decisiones desde un despacho de política pública. Según Andrea Ramírez, subdirectora del DANE, se trata de datos públicos que le muestran al país dónde, cuántos y de qué manera funcionan algunos de los sectores claves para Colombia, como el agropecuario, el minero, el social y el de vivienda.

“Imaginemos que debemos hacer una radiografía de cuerpo completo, pero solo teníamos datos sobre los pies y la cabeza. No sabíamos muy bien cómo estábamos; ahora, con el Censo Económico y la información completa, se pueden tomar decisiones adecuadas a lo que hay en realidad. Se beneficia también la investigación y las decisiones que se toman con esa información”, dijo Ramírez.

La información incluso puede ser utilizada por otros protagonistas que deseen conocer un paneo general de algún sector en específico en Colombia. El Censo Económico, por ejemplo, puede ser utilizado por inversionistas que deseen conocer cómo funcionan los emprendimientos o cómo apostarles a negocios que mitiguen la informalidad en las ciudades.

Un nuevo ciclo

El evento también hizo énfasis en la importancia del Ciclo Censal: una ley en la que se ordena que el Estado haga censos cada década. En el pasado, los censos se realizaban cada vez que había un presupuesto en el erario o la voluntad política de los administradores para enviar a sus funcionarios a las calles a recopilar información y preguntar a la ciudadanía. Esa norma, conocida como la Ley 2335 de 2023, cambia el panorama.

Urdinola aclaró que el Ciclo Censal, más que una directriz ordenada por una norma aprobada por el Congreso, significa una oportunidad. La ley ordena que asuntos de población, vivienda, minería, economía urbana o el mundo agropecuario tengan cifras actualizadas cada 10 años.

“Esta es una oportunidad y un legado para Colombia. Es fundamental preservar las capacidades construidas. En primer lugar, la capacidad tecnológica para capturar, monitorear y procesar grandes volúmenes de información con altos estándares de calidad. En segundo lugar, la integración de registros administrativos con la información censal, que permite mejorar la eficiencia de las operaciones estadísticas y reducir la carga para las fuentes de información”, concluyó.

Los drones se han convertido en una de las tecnologías más visibles de los últimos años, con aplicaciones en agricultura, infraestructura, logística, protección ambiental y seguridad. Pero detrás de ese crecimiento acelerado emerge un riesgo menos evidente y, sin embargo, cada vez más apremiante: su ecosistema puede convertirse en una puerta de entrada para la corrupción y el lavado de activos.

En Colombia, el sector crece con rapidez. El mercado de drones superó los USD 34 millones en 2025 y las proyecciones apuntan a que podría rebasar los USD 830 millones en la próxima década. Según la Aeronáutica Civil, ya existen más de 8.300 drones registrados, 5.000 operadores certificados y más de 137 empresas certificadas o en proceso de certificación. Ese dinamismo económico es, precisamente, lo que convierte al sistema de valor de los drones en un blanco atractivo para el crimen organizado: entre más grande y más rápido crece un mercado, mayores son las oportunidades para que actores ilegales se infiltren en él si no existen controles suficientes.

Doble filo

El principal desafío no es solo el uso ilícito de un dispositivo, sino el riesgo de que la corrupción facilite el desvío de esta tecnología hacia economías criminales. Ese fenómeno puede aparecer en cualquier eslabón de la cadena (importación, fabricación, comercialización, registro, operación, transporte o control), debilitando la trazabilidad y reduciendo la capacidad de supervisión del Estado.

A esa vulnerabilidad se suma una dimensión aún menos visible: el ecosistema de drones también puede convertirse en un vehículo de lavado de activos. La compra de flotas comerciales, la creación de empresas de servicios con drones o la importación de componentes tecnológicos pueden ser utilizadas por organizaciones criminales para introducir recursos ilícitos en la economía formal, aprovechando cadenas de suministro globales difíciles de rastrear y controles financieros todavía limitados.

Así lo advierte la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC): “El ecosistema de drones se ha convertido en un riesgo emergente de lavado de activos, en el que la adquisición de flotas comerciales, la creación de empresas de servicios con drones y la importación de componentes tecnológicos pueden ser utilizadas por organizaciones criminales para integrar recursos de origen ilícito en la economía formal”, señala el organismo. Precisamente la Unodc atribuye esa vulnerabilidad a la opacidad de las cadenas de suministro globales, la escasa trazabilidad de las transacciones del sector y las limitaciones de los sistemas de supervisión para detectar operaciones atípicas en un mercado de alta tecnología en plena expansión.

El riesgo, entonces, ya no se limita al desvío de un dron hacia un uso indebido. El desafío abarca la posibilidad de que la criminalidad organizada penetre toda la cadena de valor del ecosistema de drones y sistemas antidrones con implicaciones que alcanzan la seguridad nacional, la integridad institucional y la capacidad del Estado para ejercer control sobre tecnologías cada vez más estratégicas. La misma preocupación aparece del lado de los sistemas antidrones: los vacíos regulatorios y la falta de controles sobre las tecnologías de detección, inhibición o neutralización pueden abrir espacios de discrecionalidad y captura institucional, debilitando la gobernanza de un sector que gana relevancia año tras año.

Corrupción traducida en inseguridad

Esa fragilidad en el control institucional tiene, además, una expresión concreta en el territorio. Información del Ministerio de Defensa y de fuentes públicas muestra que durante 2025 se registraron miles de ataques con drones, concentrados principalmente en Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Arauca: en total, 8.935 ataques, de los cuales 333 fueron efectivos. En promedio un ataque cada 13 horas. Aunque solo una parte de esos ataques resultó efectiva, las cifras reflejan la velocidad con la que una herramienta diseñada para usos civiles y productivos puede terminar al servicio de organizaciones ilegales cuando fallan los controles de origen.

“Esto evidencia la rapidez con la que la tecnología de uso civil puede ser apropiada por actores ilegales (...). Se requiere fortalecer las capacidades institucionales para evitar que se desvíen en beneficio del crimen organizado”, comenta la UNODC. En otras palabras: el problema de seguridad es, en buena medida, síntoma de un problema previo de gobernanza, trazabilidad y control sobre la cadena de valor del sector.

Aprender de la experiencia

La experiencia internacional ofrece pistas concretas sobre cómo cerrar esos vacíos de control y trazabilidad. Estados Unidos e Israel han desarrollado marcos legales que permiten neutralizar drones hostiles bajo reglas claras; la Unión Europea avanza en sistemas de identificación digital en tiempo real que permiten saber quién opera cada equipo, mientras que Ucrania ha mostrado cómo los drones armados pueden ensamblarse con componentes civiles de bajo costo, lo que sitúa el control de esas piezas como prioridad. En otros continentes también hay ejemplos: China evidencia la necesidad de diversificar proveedores y mejorar la trazabilidad de los equipos en circulación; Brasil destaca por su modelo de registro digital ágil, y México se ha convertido en referente de advertencias sobre los riesgos de una regulación tardía frente al uso criminal de estas tecnologías.

En conjunto, estas experiencias confirman que la trazabilidad (de los equipos, de las empresas y de los flujos financieros asociados) es la variable que determina si un mercado de drones en expansión termina fortaleciendo la economía formal o alimentando economías ilícitas.

La apuesta de un ecosistema nacional de gobernanza

En Colombia, la UNODC, junto con el Reino de los Países Bajos y el Ministerio de Defensa, impulsa esfuerzos para fortalecer la gobernanza institucional alrededor de los drones y sistemas antidrones. Aunque el país ya cuenta con capacidades en regulación, registro, certificación y control, persiste la necesidad de una mayor articulación entre entidades para responder de forma integral a los riesgos de corrupción y lavado de activos.

En ese contexto, la UNODC ha planteado avanzar hacia un Ecosistema Nacional de Drones y Sistemas Antidrones: una propuesta que busca integrar todas las etapas del ciclo de vida de estas tecnologías bajo un mismo marco de gobernanza.

La apuesta es clara: promover la innovación sin perder de vista los riesgos, construyendo las herramientas institucionales que permitan a Colombia aprovechar el potencial económico y tecnológico de los drones mientras impide que esa misma tecnología termine financiando o blanqueando recursos del crimen organizado.

Ese fue, precisamente, el propósito del encuentro sostenido el pasado 17 de junio, cuando la UNODC se reunió con autoridades y otros actores de seguridad en Colombia para explorar los vacíos normativos y prácticos de la legislación colombiana frente a estos dispositivos.

Del encuentro surgieron lecciones aprendidas y también avances concretos: “Gracias a la articulación institucional, avanzamos en la construcción de un Sistema de Registro de Drones mediante una mesa técnica que fortaleció el diálogo interinstitucional, identificando capacidades, vacíos normativos y necesidades tecnológicas”, aseguró la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito.

El mensaje de fondo es que la tecnología de los drones no es, en sí misma, el problema ni la solución: lo que determina su impacto es la capacidad del Estado para trazar cada eslabón de su cadena de valor. Cerrar esos vacíos de gobernanza —antes que la corrupción y el lavado de activos se enquisten en el sector— es hoy la tarea pendiente de Colombia.

La cultura geek y el cosplay tendrán una de sus máximas exponentes internacionales en Colombia. Comic Con Colombia 2026 confirmó la participación de Elizabeth Rage, reconocida cosplayer, influencer y creadora de contenido digital, quien será una de las grandes invitadas de la convención que se realizará del 26 al 29 de junio en Corferias, Bogotá y del 27 al 29, en Plaza Mayor, de Medellín.

La artista, considerada una de las figuras más destacadas del cosplay a nivel mundial, se ha convertido en referente para millones de seguidores gracias a la calidad de sus caracterizaciones inspiradas en personajes del anime, los videojuegos, los cómics y la cultura pop. Su trabajo combina diseño, confección, maquillaje, escenografía y producción audiovisual, elementos que le han permitido consolidar una sólida comunidad en plataformas digitales.

Con su participación, Comic Con Colombia fortalece una programación que busca acercar al público nacional a algunas de las figuras más relevantes de la cultura geek internacional, en una edición que promete reunir a miles de aficionados del entretenimiento, la fantasía y la creatividad.

Durante su visita a Bogotá, programada para los días 27, 28 y 29 de junio, Elizabeth Rage participará en diversas actividades dirigidas a los asistentes. Una de ellas será la Fan Zone, espacio en el que los seguidores podrán interactuar con la invitada mediante sesiones de fotografías y firma de autógrafos.

Además, hará parte de la programación principal del Main Stage, donde compartirá detalles sobre su trayectoria profesional, el crecimiento de su comunidad digital y los desafíos que enfrenta la creación de contenido en un entorno cada vez más competitivo. Allí también hablará sobre la evolución del cosplay, una práctica que ha pasado de ser una afición de nicho a convertirse en una industria creativa con impacto global.

“La llegada de Elizabeth Rage a Corferias resalta el papel fundamental que tiene el diseño y la confección en la cultura geek. Es una oportunidad increíble para que las comunidades locales aprendan sobre la evolución del cosplay como una expresión artística global”, afirmó Tatiana Rudd, jefe de proyecto de Corferias para Comic Con.

La cosplayer internacional también tendrá una responsabilidad especial dentro de una de las competencias más esperadas por los asistentes: la Copa Cosplay. Como integrante del jurado oficial, evaluará aspectos como la creatividad, la interpretación de personajes, la calidad de los trajes y el nivel técnico de los concursantes que buscarán representar lo mejor del talento colombiano.

“Nos emociona mucho confirmar a Elizabeth para esta edición. Su trabajo minucioso e impacto en las plataformas digitales es un referente absoluto, y sabemos que su rol como jurado internacional inspirará enormemente a los participantes de la competencia de este año”, señaló Julio Caballero, productor de Comic Con Colombia.

La llegada de Rage se suma a la apuesta de Comic Con Colombia por consolidarse como uno de los principales encuentros de cultura pop en América Latina. Organizado por Planet Comics y Corferias, el evento reúne cada año a miles de seguidores de los cómics, el anime, el manga, los videojuegos, las series de televisión, el cine y las industrias creativas.

Más allá de los invitados internacionales, la convención se ha convertido en un espacio para el intercambio cultural y el fortalecimiento de comunidades creativas. Su programación incluye competencias de cosplay, exhibiciones comerciales, espacios académicos, encuentros con artistas e ilustradores, torneos de videojuegos, lanzamientos editoriales y actividades dirigidas tanto a fanáticos como a profesionales del sector.

Para la edición 2026, Corferias abrirá nuevamente sus pabellones a miles de visitantes que podrán recorrer zonas temáticas, participar en experiencias inmersivas y conocer de cerca a figuras reconocidas del entretenimiento internacional. La organización espera que el evento continúe posicionándose como una de las citas más importantes del calendario cultural y de entretenimiento del país.

La agenda de Comic Con Colombia no terminará en Bogotá. Tras la edición de junio, la convención continuará su recorrido nacional con Comic Con Medellín 2026, programada del 27 al 29 de noviembre en Plaza Mayor Medellín. El evento llevará a la capital antioqueña una amplia oferta de actividades relacionadas con el universo geek, incluyendo concursos de cosplay, encuentros con invitados especiales, espacios dedicados al anime, manga, cómics y videojuegos, así como experiencias interactivas para los asistentes.

La edición de Medellín se ha consolidado en los últimos años como uno de los encuentros más importantes para la comunidad geek del país, atrayendo a miles de visitantes de diferentes regiones y fortaleciendo el crecimiento de las industrias creativas vinculadas al entretenimiento, la ilustración y la creación de contenido digital.

Con eventos en Bogotá y Medellín, Comic Con Colombia reafirma su papel como una de las plataformas más relevantes para la difusión de la cultura pop en el país. La presencia de Elizabeth Rage representa una muestra de esa apuesta por conectar a los fanáticos colombianos con referentes internacionales que han transformado el cosplay en una disciplina artística reconocida a nivel mundial.

Las entradas para Comic Con Colombia Bogotá 2026 ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales del evento, que durante cuatro días convertirá a Corferias y Plaza Mayor en el principal punto de encuentro para los amantes de los cómics, el anime, los videojuegos, el streaming y la cultura geek.

Un proyecto colombiano que busca acabar con el hambre y la desnutrición infantil acaba de recibir un premio internacional.

La Fundación Oswaldo Cruz entregó un galardón que aplaude el trabajo que ha hecho Cundinamarca por consolidar uno de los programas más completos de lactancia y alimentación neonatal de toda Latinoamérica.

Se trata de una apuesta que creó en 2011 la Gobernación y que en cuestión de años ha estructurado una red pública que recolecta, almacena y distribuye leche materna, para evitar que bebés recién nacidos vean truncado su desarrollo o sufran graves enfermedades cuando no tienen acceso a este alimento.

Alimentando el futuro

El programa, en esencia, ha abierto varios bancos de leche humana en distintas zonas del departamento. Cada instalación está equipada con alta tecnología de refrigeración y pasteurización de leche donada, para que cualquier madre pueda llegar a las sedes y recibir gratuitamente el alimento que su hijo necesita para crecer sano y seguro.

Las cifras dan cuenta de la magnitud de este programa. De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, el Banco de Leche Humana ofrece alimentación constante al menos a 1.000 niños anualmente.

Hoy, en sus despensas y refrigeradores hay cerca de 350.000 litros de leche disponibles para combatir la desnutrición infantil y evitar el efecto dominó que una mala alimentación puede desencadenar en un niño, como retrasos en su crecimiento, en su desarrollo neurológicos o alteraciones en sus procesos de aprendizaje.

El proyecto, poco a poco, ha sumado adeptos, recursos y donantes al punto de convertirse, según la Fundación, en un referente en América Latina y el mundo sobre cómo convertir la lactancia materna en una política pública. Además, hay voces que opinan que el modelo puede exportarse a otras regiones de Colombia e, incluso, a otros países, para que los recién nacidos siempre tengan acceso a este alimento.

“La iniciativa refuerza el compromiso con la solidaridad y el cuidado de la vida desde los primeros días (...) La donación de leche materna no es responsabilidad exclusiva de la mujer, sino un compromiso colectivo”, dijo Danielle Aparecida da Silva, coordinadora en la Fundación Oswaldo Cruz.

Política de vida

Todo inició en 2011, cuando la Gobernación de aquel entonces insistió en que la lactancia materna no era únicamente un asunto de la vida privada de las familias, por lo que debía convertirse en una política pública.

Ese año, en Fusagasugá se habilitó el primer Centro de Leche Humana del departamento y del país. Al proyecto empezaron a sumarse aliados y recursos de la Gobernación para fortalecerlo. La idea era que cualquier mujer que necesitara leche para su hijo pudiera solicitarla y, de esta manera, garantizar la nutrición para su bebé.

La Red se ha expandido paulatinamente hasta alcanzar gran parte del territorio, cubriendo tanto cascos urbanos como zona rural. Según explica la Gobernación, hoy Cundinamarca tiene tres Bancos de Leche Humana en Fusagasugá, Facatativá y Zipaquirá y al menos 10 centros de recolección en otros municipios, como Pacho, Arbeláez, Guatavita o Soacha, uno de los puntos álgidos donde hay miles de madres y neonatos con necesidad de leche materna.

El proyecto también puede ser referente en otros departamentos de Colombia que, por ejemplo, solo cuentan con un Banco de Leche para millones de madres y niños.

Beneficios compartidos

Para la Fundación Oswaldo Cruz, este tipo de iniciativas tienen un impacto verificable en la vida de las madres y de los niños, que se blindan para prevenir la desnutrición o patologías más graves.

Pero también implica un beneficio para las regiones y la salud pública del departamento. Y es que Unicef ha alertado que la mala nutrición en los niños menores de un año tiene consecuencias para toda la vida.

En los registros del sistema de sanidad de Cundinamarca había casos de mujeres que, aún en su período biológico de lactancia, no podían amamantar a su bebé, o trabajadoras que, al estar en su espacio laboral a kilómetros de su casa, estaban físicamente impedidas para darles pecho a sus hijos.

Esto generaba malos hábitos alimenticios para miles de niños en el departamento, hijos de familias vulnerables, lo que potencia los riesgos de muerte por desnutrición.

Datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) aseguran que, si bien la mortalidad infantil por desnutrición ha disminuido en los últimos años, se siguen reportando cifras preocupantes y vidas que se pierden por no tener un alimento sobre las mesas.

En 2022 se registraron 406 casos, mientras que en 2025 la cifra descendió hasta los 160, principalmente en departamentos como La Guajira, Chocó o Antioquia.

A los centros de Cundinamarca llegan cerca de 400 mujeres lactantes que donan constantemente su leche para que las despensas siempre permanezcan llenas y el acceso al alimento esté disponible en todo momento. “El reconocimiento enorgullece a Cundinamarca y Colombia de haber consolidado un programa público y gratuito de lactancia materna. Por supuesto que tiene efectos, como evitar la muerte por desnutrición infantil (...) Es una política de vida”, concluye el gobernador.

Hoy enfrentamos retos que ningún país puede resolver por sí solo: la migración, el cambio climático, las crisis humanitarias, la seguridad, la pobreza y la construcción de paz. Por eso resulta importante comprender que pertenecer a estos organismos no significa renunciar a la soberanía. Significa ejercerla.

La cooperación internacional no es un favor que otros países le hacen a Colombia. Es una red de confianza construida durante décadas para enfrentar desafíos compartidos y generar oportunidades de desarrollo.

Los países fortalecen su capacidad de incidencia cuando participan en las conversaciones donde se toman las decisiones que afectan al mundo. Cuando están sentados en la mesa pueden proponer, negociar, liderar y defender sus intereses. Cuando se levantan de ella, otros deciden por ellos.

Mi pregunta se fundamenta en que tengo el privilegio de dirigir la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia, y con frecuencia encuentro personas que desconocen el impacto que tiene este trabajo en los territorios.

APC Colombia es la entidad encargada de gestionar, coordinar y promover la cooperación internacional del país.

Por eso creo que la discusión no debería centrarse en cómo abandonar espacios como las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, sino en cómo aprovecharlos mejor.

Gracias a mecanismos y plataformas de cooperación internacional, precisamente como la ONU o la OEA, Colombia ha conectado al país con gobiernos, organismos multilaterales, agencias de cooperación, fundaciones y organizaciones que aportan conocimiento, recursos, asistencia técnica y oportunidades para el desarrollo de nuestras comunidades.

Gracias a esa labor, hoy se fortalecen proyectos relacionados con la construcción de paz, el desarrollo rural, la seguridad alimentaria, la protección ambiental, la atención a poblaciones vulnerables, el emprendimiento, la igualdad de género y la adaptación al cambio climático.

También hemos logrado consolidar a Colombia como un país que no solo recibe cooperación, sino que la comparte. Nuestro país acompaña a otras naciones de América Latina, el Caribe y África en procesos de fortalecimiento institucional, intercambio de conocimientos y asistencia humanitaria.

Ese trabajo no ocurre en el vacío. Es posible porque Colombia participa activamente en espacios multilaterales como la ONU y la OEA, escenarios donde los países construyen acuerdos, gestionan soluciones comunes y defienden sus intereses frente a los grandes desafíos globales.

Pero hay más. Colombia acaba de ser elegida miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el período 2026-2027 con un respaldo ampliamente mayoritario de la comunidad internacional. Ese reconocimiento no llegó por casualidad. Es el resultado de décadas de trabajo diplomático, de construcción de confianza y de una tradición multilateralista que ha permitido posicionar al país como un actor respetado en temas de paz, seguridad y desarrollo.

La ONU ha acompañado algunos de los procesos más importantes de nuestra historia reciente, desde la implementación del Acuerdo de Paz hasta la atención humanitaria, la respuesta migratoria y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La OEA, por su parte, ha sido un escenario fundamental para la promoción de la democracia, los derechos humanos y el acompañamiento a los procesos de paz.

Desde APC Colombia vemos todos los días cómo esa cooperación se traduce en proyectos concretos para los territorios, en oportunidades para las comunidades y en soluciones para problemas que ningún país puede resolver en solitario.

Los grandes desafíos del siglo XXI exigen más cooperación, más diálogo y más capacidad de construir alianzas. Hoy el debate debería estar no en si Colombia continúa, o no, en estos mecanismos cuyos aportes están más que demostrados. Debería centrarse en cómo aprovecharlos mejor.

Porque los países que lideran no son los que se aíslan del mundo. Son los que participan en él y hacen escuchar su voz.

Colombia se prepara para un nuevo fenómeno de El Niño que, según el Ideam, no será moderado. La entidad estima un 82 % de probabilidad de que se consolide entre junio y agosto de 2026 con intensidad “fuerte” o “muy fuerte”, lo que se traduce en menos lluvias y embalses con niveles más bajos.

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Sin embargo, a diferencia de hace dos años, en Bogotá, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado aseveró que el Sistema Chingaza cuenta con un 49,90% de llenado (Chuza 40,14% y San Rafael 83,35%), “volumen de almacenamiento muy superior al registrado durante la temporada de sequía de 2024″.

“Esta recuperación en el almacenamiento de agua permite que el sistema Chingaza cuente, actualmente, con más de 21 millones de metros cúbicos por encima de la curva guía, una medida que registra los volúmenes históricos y la mejora significativa en el llenado de embalses”, agregó el Acueducto.

Para este buen pronóstico, la gerente, Natasha Avendaño, destacó acciones realizadas en el último año como las inversiones realizadas para la optimización y modernización de la planta Tibitoc —encargada de hasta 10,5 metros cúbicos de agua por segundo, disminuyendo el estrés hídrico sobre el sistema Chingaza—, así como la operación del sistema Río Blanco, que contempla la construcción, entrega y puesta en operación de nuevas obras de captación (bocatomas) en las quebradas Peñas Blancas, Charrascales, Chocolatal, Calostros, El Mangón y Barro-Plumaraña, ubicadas en el páramo.

“La entrada en operación del sistema Río Blanco representará cerca de 100.000 m3 por día de agua adicionales al sistema Chingaza”, destacó EAAB.

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Los campesinos del país, hombres y mujeres que madrugan antes que el sol, no solo enfrentan los desafíos del clima sino también la falta de reconocimiento y el difícil acceso al crédito. En ese escenario, el Banco Agrario se ha convertido en un aliado fundamental, una mano tendida que además de brindar créditos siembra esperanza en las familias campesinas y en los territorios. Por eso, hoy se conmemora el Día del Campesino con tres historias que evidencian que cuando el apoyo financiero y logístico llega a tiempo, el campo colombiano florece.

Una máquina única en Colombia, orgullo de toda una región

Custodiado por las montañas de Cundinamarca, al suroccidente de Bogotá, está ubicado el municipio de Gutiérrez, allí, un grupo de familias campesinas lleva más de dos décadas sembrando fríjol y sagú, lo que impulsó a que hace 22 años naciera la Asociación de Productores de Frijol y Sagú de Gutiérrez (Asofrisagut), que hoy agrupa a 27 socios permanentes y llega a reunir hasta 200 personas en épocas de cosecha.

Estos campesinos entendieron que para crecer había que dar un salto de calidad y, convencidos de su proyecto, tocaron las puertas del Banco Agrario, en donde obtuvieron los recursos que le permitió importar directamente desde Corea del Sur una máquina clasificadora de frijol por color.

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“Esta máquina es única en el país. Se instaló en enero del presente año, y nuestra idea es utilizarlo en otro tipo de granos para sacarle mayor provecho, e igualmente ofrecer el servicio a otros municipios de Cundinamarca y del país a partir del segundo semestre del presente año”, afirmó con orgullo Vitelmo Vizcaíno, presidente de Asofrisagut, quien explica que esta adquisición ha sido de gran beneficio, pues antes la clasificación se hacía manualmente, y una persona podía procesar máximo seis bultos al día. Ahora, el equipo coreano alcanza entre una y una tonelada y media por hora.

La máquina que llegó en enero de este año ya está cambiando la economía de las familias. De hecho, la producción anual de frjol en Gutiérrez ronda las 6.000 toneladas, y ahora la Asociación ya maneja el 20 %, y estiman llegar al 30 % en 2027.

El sagú, mientras tanto, sigue su propio camino. Se recolecta, se lava, se raya, se tamiza, se aclara y se seca hasta convertirse en almidón, la base de las tradicionales achiras que acompañan el desayuno y las onces de miles de colombianos. Y ya están gestionando un nuevo crédito con el Banco Agrario para adquirir la maquinaria que les permita procesar directamente el sagú y producir ese almidón sin intermediarios.

“El apoyo del Banco Agrario ha sido muy bueno porque nos ha permitido implementar nuevas tecnologías, y conocer las bondades de los créditos asociativos, porque el beneficio es para toda la comunidad, al tiempo que nuestra empresa se hace cada vez más sólida. Invito en esta fecha especial a todos los campesinos para que tengan emprendimientos, a que conformen asociaciones de productores y trabajen unidos, mantengan ese espíritu empresarial y no pierdan nunca los objetivos de la asociatividad”.

La historia de una semilla que se convirtió en cosecha

La Mojana sucreña es una región de ciénagas, sol inclemente y un arroz que crece con la tenacidad de quienes lo siembran. Allí, Iván Restrepo comenzó trabajando en un molino de arroz, sin más patrimonio que sus manos y un sueño difuso de tener su propio proyecto productivo. No imaginaba entonces que ese sueño se haría realidad, y mucho menos que se sostendría gracias a seis créditos otorgados por el Banco Agrario.

El primer préstamo llegó para consolidar su proyecto y ampliar sus siembras. Luego vino el segundo, el tercero, y así hasta completar seis. Cada crédito representó una etapa diferente: más hectáreas, mayor capacidad de producción y, finalmente, la adquisición de su propio tractor, ese símbolo de independencia que separa al pequeño productor del mediano.

Hoy, Iván Restrepo ya no es un campesino que trabaja para otros. Es un mediano productor con acceso a nuevos mercados y mejores condiciones para que su arroz llegue a más rincones del país. El salto lo ha dado con el acompañamiento del Banco Agrario, esa entidad que tiene la vocación de estar desde los primeros pasos junto a los pequeños productores que sueñan con ser grandes.

“Los sueños sí se cumplen de la mano del Banco Agrario”, afirma Iván con la seguridad de quien ha recorrido el camino y sabe de lo que habla. Su historia es un recordatorio de que en los territorios más apartados de Colombia, donde otros no llegan, el desarrollo también es posible cuando hay voluntad, constancia y una entidad que cree en el campo.

Perderlo todo y volver a empezar

Eddi Santiago Ibarra es un caucano de 42 años que llegó por azares del destino a Subachoque, Cundinamarca, donde encontró el amor, formó una familia con tres hijos y se dedicó con toda su energía al cultivo de fresa.

Pero llegó 2020 y la pandemia. Eddi lo perdió todo. Su cultivo se vino abajo, sus compradores desaparecieron y él mismo cayó enfermo, al punto de estar dos meses en coma por covid-19.

“Comenzar es muy duro, pero cuando uno tiene hambre de éxito ya tiene la motivación para seguir adelante”, dice hoy, con la mirada fija en sus cultivos florecientes. Al recuperarse, se dio cuenta que no tenía amigos ni conocidos dispuestos a invertir en su negocio.

Pero sí encontró una oportunidad y un aliado financiero en el Banco Agrario. Con un primer crédito volvió a comenzar, y en 2023 solicitó un segundo préstamo, que le permitió sembrar dos hectáreas de fresa. Eddi es la prueba viviente de que una segunda oportunidad, cuando llega en el momento justo y con el respaldo adecuado, puede transformar una tragedia en un proyecto de vida.

Entre agosto de 2022 y abril de 2026, el Banco Agrario fortaleció su apoyo a los proyectos productivos con desembolsos por COP 44 billones, de los cuales COP 24,3 billones son destinados para el sector agropecuario, impulsando especialmente a pequeños productores, mujeres y jóvenes rurales.

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La entidad consolidó la red de atención más amplia del país, amplió los alivios financieros para miles de familias rurales y fue reconocida por Finagro como líder en colocación de créditos para población vulnerable y economía popular.