Aunque la cuenta pendiente asciende a $250 mil millones y han sido continuas las denuncias y los llamados de atención por parte de los gerentes de los hospitales y de la Contraloría, esta es la hora en que no se han puesto al día.
Por eso, pese a que el secretario de Salud, Jorge Bernal Conde, le dijo a El Espectador recientemente que se iban a implementar todas las estrategias necesarias para lograr el pago, antes de proceder a demandas legales, ya se empiezan a escuchar voces que piden que se tomen medidas penales contra las deudoras.
Una de esas fue la del vicepresidente Angelino Garzón, quien recomendó a la alcaldesa Clara López hacer una denuncia penal ante la Fiscalía General contra las EPS morosas. Garzón aseguró que debido a su experiencia en una crisis similar como gobernador del Valle, lo mejor para la ciudad es hacer la denuncia contra los gerentes de las EPS que le deban a la red hospitalaria del Distrito.
Según el vicepresidente, la demanda penal procedería porque están atentando contra el derecho a la salud y poniendo en peligro el derecho a la vida.
El deterioro de las condiciones laborales de algunos de los trabajadores de la salud, que han dejado de percibir pagos por cuenta de la deuda, sumado a la posibilidad de que los hospitales tengan que negar sus servicios por falta de pago, demuestran que Garzón tiene razón.
Los hospitales de Ciudad Bolívar, Kennedy y El Tintal son los más afectados por las deudas de EPS como Humanavivir, Solsalud , Caprecom y Ecoopsos, que son las mayores morosas.
Para el recién posesionado secretario de Salud, esta situación, sumada a la ausencia de acciones contundentes por parte de la Superintendencia de Salud, indica que la única salida sería proceder con una demanda legal. Por eso, según Bernal, en este momento la alcaldesa Clara López está estudiando, de manera conjunta con un comité de la Secretaría de Salud y los gerentes de los hospitales, los pasos para iniciar la demanda.
Además, la mandataria prepara desde ya una tutela en contra de las prestadoras de salud para agilizar los pagos y espera poder reunirse con el ministro de Protección Social para buscar soluciones. Los ciudadanos, por su parte, adelantan para el próximo 23 y 24 de agosto una gran marcha con la participación de todas las localidades para exigir la garantía del derecho a la salud y que las EPS resuelvan sus deudas con los hospitales. Todo indica que llegó la hora en la que las EPS se pongan a paz y salvo con los hospitales del Distrito.