En la cárcel La Picota de Bogotá ya se encuentran recluidos el ex contralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi y el ex director técnico del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, Inocencio Meléndez quienes, por decisión del juez séptimo Penal con Funciones de Control de Garantías, fueron cobijados con medida de asegurmaniento en establecimiento carcelario como presuntos responsables del llamado carrusel de la conratación.
Después de 13 horas de audiencia, la operadora jurídica aceptó la petición del fiscal segundo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Germán Pabón, quien consideraba necesaria la detención de los ex funcionarios y de la ex directora del IDU Liliana Pardo para asegurar su comparecencia al proceso.
En el caso de Pardo Gaona, la procuradora Sonia Patricia Sierra sostuvo que su posición como madre jefe de hogar la hacía merecedora a la prisión domiciliaria, pero la juez consideró que no estaba suficientemente demostrado el hecho de que el hijo menor de edad de la ex funcionaria viera amenazados sus derechos fundamentales con la detención de su madre en un establecimiento carcelario. Sin embargo, este miércoles a la madrugada decidió aceptar la solicitud de la delegada del Ministerio Público.
Concluyó que los tres ex funcionarios sí pudieron ser responsables del detrimento patrimonial que sufrió el Distrito con esta defraudación, tienen medios suficientes para abandonar el país, eludiendo a la Justicia y que, por tanto, es previsible que no concurran a las audiencias del juicio que enfrentará por éste escándalo.
La juez avaló la postura del ente acusador, que considera que la gravedad de los delitos, que podría darles hasta 11 y 15 años de prisión, no garantiza su asistencia a las audiencias del proceso que cursa en su contra por el denominado carrusel, por cuanto, a su juicio, es necesario mantenerlos en prisión, aún cuando no tengan antecedente judicial alguno.
Según el fiscal segundo delegado ante la Cote Suprema de Justicia, Germán Pabón, se intuye la responsabilidad penal de los exfuncionarios en las irregularidades de los contratos de más de 2 billones de pesos que fueron cedidos al controvertido grupo Nule sin que los contratistas hubieran cumplido con sus compromisos.
La exdirectora del IDU deberá responder ante un juez de la República por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación de terceros, prevaricato por omisión e interés indebido en la celebración de contratos.
A Meléndez Julio, por su parte, la Fiscalía le endilga los punibles de prevaricato por acción, interés indebido en celebración de contratos, concusión como autor, prevaricato por omisión y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
Por su parte, al destituido jefe del ente de control fiscal capitalino se le endilgaron lo cargos de prevaricato por omisión y concusión, alrededor del cual, adelantó el fiscal, se argumenta su petición para que se le cobije con medida de aseguramiento.